Derechos territoriales y justicia ambiental

¡UN REGALO DE NAVIDAD PARA LA JUSTICIA RACIAL Y DEFENSA LEGAL DE NUESTROS DERECHOS!

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ABC DE ACCIONES CONSTITUCIONALES La presente cartilla está dedicada a las acciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que consideramos son los más usados a fin de lograr el acceso a la administración de justicia en Colombia para las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, tales como: derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus, acción de cumplimiento y acciones populares. Aunque existen otros mecanismos constitucionales y legales que pueden ser ejercidos por las comunidades para la promoción y defensa de sus derechos que han sido vulnerados o amenazados por autoridades públicas o privadas, para efectos de esta cartilla nos limitaremos a desarrollar los previamente mencionados. DESCARGAR ABC DE ACCIONES En el desarrollo de la misión y visión de ILEX, se conecta y busca atender a las necesidades de asesoría, formación, acompañamiento y defensa legal de las poblaciones negras/afro que incluyen, por supuesto, la convicción de lucha contra el racismo y la discriminación, la defensa de los territorios ancestrales, la propiedad colectiva, el patrimonio cultural, y la identidad e integridad étnica y cultural. Siguiendo las líneas de trabajo de la organización y las apuestas de incidencia y movilización legal realizadas por más de seis años, presentamos a la sociedad, especialmente, para la población afrodescendiente en Colombia, comunidades negras afros, raizales y palenqueras, esta Cartilla de Garantías y Acciones Constitucionales que es parte de la caja de herramientas jurídicas de la organización, con el objetivo de brindar insumos de formación legal práctica para el ejercicio de mecanismos constitucionales ante las autoridades administrativas y/o judiciales, en virtud del cual se pueden adelantar procesos de movilización legal para la protección de los derechos constitucionales. Las acciones constitucionales son garantía del acceso a la administración de justicia y constituyen un elemento básico de la organización del Estado colombiano desarrollado por la Constitución Política de 1991. Apalancada en la evolución de los criterios normativos para reafirmar la existencia de una Constitución, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido la importancia de la incorporación de los mecanismos de protección de los derechos como piedra angular de la filosofía del Estado social y democrático de derecho. Así, ha señalado que la consagración constitucional de estos mecanismos pretenden establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades. En este sentido, ha precisado la relevancia de los principios de debido proceso, igualdad, la legalidad, la buena fe y la favorabilidad. Para cumplir con esta finalidad, los mecanismos de protección constitucional deben ser eficaces. Su carácter idóneo está determinado por la capacidad de dar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental individual o colectivo de cuya violación o amenaza se trata. La presente cartilla está dedicada a las acciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que consideramos son los más usados a fin de lograr el acceso a la administración de justicia en Colombia para las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, tales como: derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus, acción de cumplimiento y acciones populares. Aunque existen otros mecanismos constitucionales y legales que pueden ser ejercidos por las comunidades para la promoción y defensa de sus derechos que han sido vulnerados o amenazados por autoridades públicas o privadas, para efectos de esta cartilla nos limitaremos a desarrollar los previamente mencionados. Para tales efectos, en los apartes que siguen de esta cartilla se expondrán de manera breve y sumaria, los criterios normativos del contenido de las acciones constitucionales, su procedencia, la legitimidad y, aspectos procesales como oportunidad, reparto, y trámite conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes para cada uno. Se trata de un proyecto, con vocación pedagógica, que esperamos sea de la mayor utilidad para organizaciones, colectivos, estudiantes, consejos comunitarios y demás público general interesado en la defensa de los derechos de las comunidades negras afrodescendientes en Colombia.

Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes. Muchas preguntas pueden formularse en la temática de acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia. Por medio de este documento, ILEX Acción Jurídica desea contribuir en la discusión sobre el reconocimiento legal de los derechos territoriales a cargo del Estado en el que, si bien otras organizaciones han trabajado, es preciso seguir ahondando, máxime cuando aproximadamente 401 comunidades del país aún esperan por ello. Este trabajo de ILEX está enfocado en la región Caribe. La titulación colectiva cuenta con un número importante de hectáreas y familias beneficiarias, principalmente en el Pacífico. Alrededor de seis millones de hectáreas (6.000.000 ha) han sido reconocidas como tierras de comunidades negras, como una materialización del derecho fundamental colectivo al territorio, garantizando la efectiva aplicación de la igualdad en el plano formal y material. De esas tierras reconocidas, solo 6.090 hectáreas con 4.049 m² se encuentran el Caribe. Pese a lo anterior, los resultados sobre titulaciones de los últimos años evidencian que los avances no son los esperados, no se cumple con las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos y los “planes de choque” no han sido ejecutados. Esto se vio agravado por las situaciones propias de la pandemia generada por el Covid-19. Así pues, este texto presenta un panorama sobre la situación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del Caribe, a partir de datos abiertos y consultas realizadas a la entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras; así mismo, refiere la normativa y algunos elementos de la jurisprudencia constitucional, necesarios para el análisis, sin pretender agotar integralmente dicho punto; y aborda una serie de obstáculos sobre los que ya se ha abierto el debate y que aún están por resolverse. La información se presenta en tres capítulos, en los que se desarrollaron algunas ideas y elementos principalmente jurídicos, apoyados en datos y casos, para entender la situación actual de las comunidades negras del Caribe en los procesos de titulación colectiva pendientes de resolverse Te recomendamos leer: Cifras de titulaciones evidencian lento avance en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras del Caribe Consulta aquí la Cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

Comunidades negras del Caribe podrían tardar más de 60 años en obtener los títulos de sus territorios ancestrales o comunitarios

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En el ‘muntú’ de las comunidades negras de Colombia, el vivir dignamente ha estado ligado a un continuum de modelos ancestrales de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con su entorno. El territorio es la base de la construcción de la autonomía y autodeterminación de esta población. El espacio en el que se crea y recrean constantemente su identidad cultural. La garantía de los derechos colectivos sobre los territorios de las comunidades negras es un requisito indispensable para la pervivencia de su espíritu. Es en este espacio ancestral, material y simbólico sobre el cual se desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, utilizadas desde tiempos seculares para “garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”, según reseña un apartado de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de políticas públicas, el camino hacia la titulación de la propiedad colectiva implica para las comunidades negras recorrer una pendiente cuesta arriba plagada de barreras institucionales para la implementación del debido proceso y largas demoras para la adjudicación de las titulaciones. Hernando Vega, representante del Consejo Comunitario Curazao Giovanny Vega, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), afirma que las trabas en el procedimiento han ido apagando el sueño de la titulación en varias comunidades de su región. “Inicialmente teníamos muchas expectativas pero no imaginamos que este iba a ser un proceso tan tedioso”, reclamó. El líder comunitario solicitó a la Agencia Nacional de Tierras -entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural- tener en cuenta que son “comunidades pobres, víctimas del conflicto armado, y no contamos con un rubro económico para hacer todas las diligencias a las que nos someten a lo largo del proceso. Siempre está uno actualizando, pagando impuestos para mantener la documentación vigente de los predios para adquirir la titulación colectiva o lograr que ellos compren la tierra”. Los resultados sobre las titulaciones en los últimos años esbozan un panorama desalentador. De acuerdo con cifras de la ANT documentadas por un informe realizado por ILEX Acción Jurídica, en el país hay alrededor de 400 comunidades negras a la espera de que sus derechos territoriales sean reconocidos por una institucionalidad que se ha caracterizado por el incumplimiento en las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos, y por fallar en la implementación de los “planes de choque” que con los que se pretende remediar esta problemática del rezago. El estudio titulado ‘Desafiando las alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe’, documenta que para el 2021 el 47 por ciento de las solicitudes en el Caribe estaba en estado “rezago” y un número alto de solicitudes en etapa preliminar calificadas como “incompletas” hoy “peticiones”. Situación que representa una doble vulneración a los derechos fundamentales de estas comunidades negras, algunas de estas víctimas del conflicto armado, puesto que, conforme a lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2014, la protección de los derechos ancestrales de los pueblos étnicos está íntimamente relacionada con los derechos a la identidad cultural y, por ende, ligada a la subsistencia de los mismos. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos” No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. El estudio, fruto del trabajo investigativo de la línea de Derechos territoriales y titulación colectiva de ILEX Acción Jurídica, identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían …

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Plan Nacional de Desarrollo propone política para erradicación del racismo y medidas para la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras

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El Gobierno Nacional también destinará recursos para la modernización de los sistemas de información referentes a los pueblos étnicos y el reconocimiento y recuperación del patrimonio cultural e identidad del Pueblo Palenquero. El Gobierno Nacional presentó este lunes el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, por medio del cual se planea una inversión de $1.154 billones de pesos en políticas que garanticen el ordenamiento del territorio alrededor del agua, el derecho a la alimentación, la transformación productiva, la convergencia regional, la seguridad humana y la justicia social, desde un enfoque de género y étnico-racial. El Plan que recogió las peticiones de cerca de 250.000 colombianos a lo largo y ancho del país, propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y lo pueblos étnicos, con el objetivo de “avanzar en la garantía efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las desigualdades estructurales, y fortalecer su participación en el desarrollo político, económico y social del país”. (Le recomendamos leer: Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia) “Es un Plan Nacional de Desarrollo realmente histórico, capaz de entender otras nociones del desarrollo: las nociones del buen vivir, del vivir sabroso y de la vida digna para todos, todas y todes. Nosotros, el gobierno del cambio, entendemos que el eje del desarrollo es la construcción de paz, igualdad y equidad. Nosotros entendemos que el desarrollo pasa por hacer justicia con los territorios y las poblaciones que históricamente han sido marginadas y excluidas”, afirmó Francia Márquez, Vicepresidenta de la República, durante el evento de radicación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República. Precisamente, en lo que refiere a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos étnicos, el documento señala que el Gobierno ejecutará medidas de protección, restitución, ampliación, saneamiento y titulación de los mismos. Estos elementos también serán tenidos en cuenta a la hora de implementar políticas como el catastro multipropósito y el cumplimiento de los compromisos étnicos del Acuerdo de Paz. (También puedes leer: Crisis climática amenaza la biodiversidad y supervivencia de los territorios afro del Colombia) Otra de las principales apuestas del Plan consiste en la formulación de una política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial que será lideradada por el Ministerio de la Igualdad y construida de manera participativa con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom. La iniciativa será complementada por una política exterior antirracista que promueva la reparación histórica de estas comunidades, desde un enfoque étnico-racial. Las metas son ambiciosas. El Gobierno Nacional buscará disminuir las brechas de desigualdad que afectan a la población afrocolombiana garantizando la prestación de servicios como agua potable, salud con calidad y cobertura educación superior, vivienda, hábitat limpio, alimentación suficiente y culturalmente adecuada, y conectividad a través del desarrollo de políticas y programas que tengan en cuenta la especificidad de los territorios. En cuanto a las medidas para la protección y seguridad de las comunidades negras, el documento señala que se implementarán estrategias efectivas para el desmantelamiento de estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal y al narcotráfico que atentan contra la vida y la integridad de líderes sociales, y amenazan ecosistemas estratégicos para la supervivencia de la biodiversidad en el país. Adicionalmente, se garantizará la creación e implementación de un plan de desarrollo integral para las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el pacífico nariñense, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 620 de 2017. (Artículo relacionado: Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia) La hoja de ruta para este cuatrienio el Gobierno Nacional también plantea la destinación de recursos para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental de las comunidades étnicas, con el objetivo de emprender una restauración ecológica y acceso a la justicia ambiental en sus territorios, a partir de una mayor participación ciudadana mediante la consulta previa. “Los proyectos de energía solar y eólica tienen impactos socioculturales y ambientales en las comunidades que deben ser valorados y compensados de manera justa en el marco de procesos de consulta previa. Se trabajarán con los pueblos y comunidades étnicas las adecuaciones institucionales para el diseño de esquemas que les permitan obtener beneficios los proyectos para el fortalecimiento de su propio desarrollo”, agrega el documento. El Gobierno también destinará recursos para la modernización de los sistemas de información referentes a los pueblos étnicos, y para el reconocimiento y recuperación del patrimonio cultural e identidad del Pueblo Palenquero. Descarga aquí el documento del Plan Nacional de Desarrollo

Crisis climática amenaza la biodiversidad y supervivencia de los territorios afro del Colombia

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Además de albergar a un gran número de comunidades afrodescendientes de nuestro país, en el Litoral Caribe y el Chocó biogeográfico se concentran gran parte de los territorios colectivos que se han adjudicado o se encuentran en procesos de titulación colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993. En este orden de ideas, la mirada étnico racial debe ser central en la conversación sobre la adaptación y mitigación de este fenómeno mundial que afecta de forma desproporcional a los grupos étnicos del país.. En la actualidad sabemos que el litoral caribe cuenta con una baja cobertura boscosa que cada día disminuye más exponiéndose a que fenómenos como las sequías e inundaciones se manifiesten de forma más extrema en cada periodo seco y de lluvias. De la misma forma, el Chocó biogeográfico, identificado como el lugar más biodiverso del planeta por unidad de área, experimentará la pérdida acelerada de especies de fauna y flora debido principalmente a la degradación forestal, la deforestación, así como la elevación de las temperaturas medias del océano que afectan directamente el ecosistema manglar. Conforme al índice poblacional del DANE (2018), las comunidades negras que se verán mayormente afectadas por estos modificaciones propias del cambio climático estarían en todos los departamentos del Chocó biogeográfico (Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño); y en los departamentos de Bolívar, Cesar, Atlántico y Magdalena para el Caribe. La emergencia no da tregua. En La Guajira, la aridez de las tierras y los crecientes fenómenos climáticos extremos, aunados a otros desafíos socioeconómicos, han generado condiciones adversas para el Pueblo Indígena Wayuú en lo que respecta a cultivar y criarganado. Como resultado, muchas comunidades indígenas se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según se destaca en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2021). Ya en el Chocó biogeográfico, la comunidad del territorio colectivo y ancestral de COCOMASUR, ubicado sobre la cuenca del río Tolo y la zona costera sur del municipio de Acandí, ha emprendido desde el 2005 estrategias para afrontar el cambio climático y asegurar la subsistencia y la permanencia de las familias; esto ha implicado esfuerzos comunitarios, compromiso y entrega de hombres y mujeres que trabajan de forma voluntaria para conservar y proteger los bosques, la biodiversidad y la comunidad dentro del territorio colectivo. En este orden de ideas, es trascendental reconocer los elementos de la biodiversidad que convierten a estas regiones en dos lugares claves para la supervivencia de la vida en el planeta Tierra. Se extiende desde el Cabo Tiburón en el Golfo de Urabá, al Noroccidente del país, y en su extremo oriental con Venezuela, hasta el Hito Castilletes. Cuenta con una extensión cercana a los 1.642 kilómetros cuadrados. El clima en el Caribe colombiano es modulado por la posición geográfica de la zona de convergencia intertropical y por el movimiento meridional del sistema de monzones americanos (Andrade, 2000). Algunos de los fenómenos climatológicos más frecuentes en el litoral Ccaribe colombiano relacionados con la intervención de los vientos son Ciclones tropicales, Ondas tropicales, Marejadas y Mar de leva. Colombia ocupa la mayor parte de la cuenca occidental de la extensión del Caribe. Este mar semicerrado, de aguas cálidas y de relativa poca profundidad, presenta características ambientales complejas que determinan una gran cantidad de especies y de endemismos. El mar Caribe está influenciado, además, por gran cantidad de aporte fluviales provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Rió Magdalena y en sector suroccidental de los ríos Atrato y Sinú. RECURSOS HÍDRICOS La vertiente Caribe está conformada por los ríos que vierten sus aguas directamente o a través de alguno de sus afluentes al mar Caribe. Entre dichos ríos, los más importantes son El Magdalena y sus tributarios, el río Atrato y sus tributarios y los ríos Sinú, San Jorge y Ranchería, entre otros. Dada la gran cantidad de cuencas y microcuencas definidas (más de 700.000), Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. En la cuenca de la región Caribe se vierten 15.430 m3/s de agua (IDEAM, 2008) La tabla 1 muestra los principales afluentes y su caudal. Las ciénagas han sido clasificadas independientemente, se han reportado 1900 ciénagas plenamente identificadas que cubren 451.419 ha y 13000 cuerpos de agua no identificados que cubren cerca de 130.000 ha. Tabla 2, es importante mencionar que casi el 60 % de las mencionadas áreas están ubicadas en los departamentos de Bolívar y Magdalena. BIOMAS TERRESTRES Los biomas (zonas bioclimáticas) son unas divisiones apropiadas para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en ellos. Dentro de los elementos primarios que determinan los diferentes biomas se cuentan el clima, los suelos y la vegetación. Dentro de cada uno de los biomas hay asociaciones animales y vegetales que les son propias, con un componente de biodiversidad específico dependientes del clima y la vegetación y sus adaptaciones. Desde el nivel del mar hasta las colinas adyacentes de la región de la costa Caribe continental, especialmente de la Serranía de la Macuira y el basamento de la Sierra Nevada de Santa Marta, es probable encontrar tipos de vegetación terrestre como cardonales, Bosque Seco Tropical y bosque de colinas (Rangel et al.,1997). ECOSISTEMAS MARINOS La pérdida de hábitat litorales es un problema de dimensiones globales que afecta a muchos de los medios marinos más ricos y productivos en biodiversidad. Casi la mitad de las marismas y manglares del mundo han sido despejados, desecados, tapiados o terraplenados. Del 5% al 10% de los arrecifes coralinos del mundo han sido prácticamente eliminados por contaminación o destrucción directa y otro 60% corre el riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. Incluso las playas -que no son especialmente productivas, pero que son esenciales para muchas especies marinas, como las tortugas – están en peligro, ya …

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Conoce los hitos de ILEX Acción Jurídica durante el año 2022

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Desde ILEX Acción Jurídica queremos compartirles lo que para nosotros fue este 2022, un año lleno de muchos retos, pero también de importantes triunfos colectivos que contribuyeron al goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente en Colombia y América Latina. Nos alegra mucho saber que en cada una de nuestras líneas estratégicas logramos avanzar y crecer aún más como organización. Por eso, les invitamos a ver un poco de cómo fue nuestro año. A todxs, les deseamos un gran 2023 y esperamos seguir compartiendo y encontrándonos en el camino de nuestras luchas.

Revive nuestra intervención en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU

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El Foro Permanente es un mecanismo consultivo que nació con el objetivo de “mejorar la seguridad y la calidad de vida de los afrodescendientes”. “El registro y sistematización de datos sobre la presencia de las gentes negras/afros; y sobre las violencias que recibimos, son necesarios para avanzar varias de las tareas de la lucha antirracista”, afirmó este miércoles, Sibelys Mejía, directora de litigio estratégico de ILEX Acción Jurídica, durante su intervención en el primer Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, llevado a cabo en el Palacio de las Naciones de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). El Foro Permanente es un mecanismo consultivo para las personas afrodescendientes, que nació con el objetivo de “mejorar la seguridad y la calidad de vida y medios de subsistencia” de esta población. Durante este periodo de sesiones, las intervenciones de los representantes de colectivos y organizaciones afrodescendientes de diferentes partes del mundo se han centrado en la necesidad de implementar estrategias para combatir el racismo sistémico, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. A continuación, compartimos el texto completo de la declaración de ILEX Acción Jurídica en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU: “Soy Sibelys Mejía Rodríguez, directora de litigio estratégico de ILEX Acción jurídica, organización liderada por abogadas negras/afrodescendientes que hemos dispuesto nuestro trabajo para la justicia racial. Desde ILEX agradecemos este espacio y saludamos la instalación del Foro Permanente de afrodescendientes, y esperamos que se constituya en un referente articulador de la lucha antirracista global. Considero que ha habido bastante ilustración sobre las condiciones de desigualdad, exclusión, violencias y segregación que hemos tenido que soportar las poblaciones negras/afros del mundo, por lo que quiero limitarme a recoger alguna recomendaciones puntuales de cara a una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes: Obligaciones en materia de registro desagregado de datos para eliminar la invisibilidad estadística. El registro y sistematización de datos sobre la presencia de las gentes negras/afros; y sobre las violencias que recibimos, son necesarios para avanzar varias de las tareas de la lucha antirracista. En Colombia tenemos que aunque la mayor cantidad de violencias contra los liderazgos sociales son reportadas en lugares ampliamente habitados por gente negra/afro, en los sistemas de registro no se muestra con decisión la pertenencia étnico-racial de los liderazgos violentados. Herramientas o medidas para la protección de los liderazgos negros/afros, teniendo en cuenta las dimensiones colectivas que ello conlleva. Herramientas para la protección de los territorios y ecosistemas habitados por poblaciones negras/afros y la creación de condiciones adecuadas para afrontar los efectos diferenciales sobre la gente negra/afro del cambio climático. Medidas para la participación robusta y el respeto de la autonomía de los pueblos negros/afros en las decisiones ambientales. El racismo estructural, oprime a las comunidades negras/afros, hace que carguemos sobre nosotras la responsabilidad de cuidar, proteger y conservar la biodiveridad en recursos naturales y culturales, pero de soportar en peores condiciones los efectos de los desastres climáticos. Medidas para acortar las brechas en el acceso a derechos fundamentales. Creación de estándares para determinar y monitorear el cumplimiento o la garantía de la aplicación de los enfoques diferenciales, que ya incluyen en las políticas públicas, pero que poco se cumple en la materialidad. Aumentar el costo político del racismo. No puede seguir la impunidad del racismo. Finalmente, Necesitamos transformaciones estructurales para la dignificación de la vida. Esto implica pasar de los reconocimientos formales derechos a garantía material de los mismo, merecemos vivir con dignidad y sin miedo.”

Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

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Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro. Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz. De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX. En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro. (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación:

Congreso alista propuesta de nuevo Código Minero para Colombia, ¿por qué es importante?

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La ley que rige la exploración y explotación de minerales en Colombia será reemplazada por un nuevo código después de dos décadas. Entre el 18 y 20 de noviembre, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la actualización del Código Minero realizarán en la Orinoquía y La Guajira, la undécima y duodécima audiencia pública del proceso de diálogo abierto que busca conocer las propuestas y demandas de las comunidades directamente impactadas por esta práctica extractiva en el país. Las audiencias públicas de concertación y participación con comunidades étnicas y los diálogos con el sector empresarial están contemplados en la primera fase, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año. Posteriormente, lxs congresistas que integran la Comisión reunirán las propuestas en un texto borrador para el proyecto de ley que establecerá el nuevo Código de Minas. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) El cronograma señala que entre febrero y junio del 2023 se llevará a cabo la validación y sometimiento a la Consulta Previa del proyecto de ley. La norma sería radicada en el Congreso el 20 de julio del 2023, y se espera que sea una de las principales apuestas de la bancada de Gobierno en la próxima legislatura. ¿Cómo ha impactado la minería a los territorios afro? La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece como su objetivo de interés público el fomento de la “exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente”. Sin embargo, a veintidós años de la aplicación de la norma, el balance dista de ser positivo. Hoy en colombia, tenemos: instituciones encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad minera que son débiles e incapaces de ejercer su papel de forma efectiva; falta de control de la minería a gran escala y la minería ilegal que han propiciado la contaminación de los ríos y la desterritorialización y exterminio de pueblos étnicos a lo largo y ancho del país. (Le recomendamos leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) De acuerdo con el tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en los territorios étnicos del país, se han impuesto mediante violencia formas de agroindustria o proyectos extractivos como minería a gran escala, poco respetuosas con la naturaleza. El mencionado documento sela que la “minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, muchas veces manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas”. Por ahora, desde la bancada de Gobierno en el Congreso aseguran que el nuevo Código Minero se enfocará en la protección de los territorios, del agua y la seguridad alimentaria. También se promoverá el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. (Le puede interesar: Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital) Estos planteamientos van de la mano con lo manifestado por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró durante el Congreso Nacional de Minería que el código debe ser reformado para que la práctica minera no gire “exclusivamente alrededor de la multinacional minera”. De acuerdo con el mandatario, la nueva norma debe “recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecer la minera tradicional, empoderarla”.

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina

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Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. El Gobierno Nacional incumplió los acuerdos firmados con el pueblo raizal para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el devastador paso del huracán Iota en las islas de Providencia y Santa Catalina, en noviembre del 2020. Así lo determinó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al señalar, por medio de la sentencia T-333-22, que el lento proceso de reconstrucción integral ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”. La Corte comprobó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, incumplieron los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico. El fallo de sentencia, que se dio en respuesta a una tutela presentada por el Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, también asegura que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron a estas comunidades el derecho fundamental a la consulta previa: “Esto se vio reflejado en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raiza”, dice la Corte. Sobre este asunto en particular, Susana Correa, exministra de Vivienda y gerente para la reconstrucción del archipiélago, ha señalado que sí hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según ella, tanto la decisión de construir con concreto, como la no importación de viviendas prefabricadas, fueron tomadas en conjunto con la comunidad. De acuerdo con la sentencia, la UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen un plazo de 30 días para intervenir el hospital de campaña y garantizar a la población raizal las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Las entidades también deberán garantizar el abastecimiento diario de agua potable y restaurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. De igual forma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el gobierno local deberán convocar a la comunidad raizal a un proceso de consulta sobre el programa de reconstrucción que permita corregir y reenfocar las medidas para la reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina. Estos acuerdos también deben garantizar la implementación de instrumentos internacionales que ayuden a fortalecer la resiliencia de las islas a los efectos del cambio climático. ‘El Gobierno ignoró nuestras propuestas e irrespetó los acuerdos‘ Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. ¿Cómo se ha evidenciado el racismo estructural e institucional durante el proceso de reconstrucción? Según afirma la Corte, sus sugerencias entorno al enfoque étnico en la reconstrucción fueron ignoradas por el Gobierno Hay un contexto histórico. Las islas fueron primero una colonia británica, luego se adhirieron a Colombia, en 1822, y desde entonces se han tomado medidas que tienden a homogeneizar, a “colombianizar” a la población de San Andrés. Estas medidas se han concentrado en desaparecer las características culturales de nosotros como etnia. Entre esas se encuentran haber impuesto la religión católica y prohibir la religión protestante y la de los pueblos provenientes de África. También prohibieron el habla del creole. Durante la reconstrucción, este racismo estructural se vio reflejado en la imposición de un modelo de casas que no está acorde con nuestra cultura, irrespetando así los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Nosotros solicitamos al Gobierno hacer una consulta previa pero dijeron que no, porque era una situación de emergencia y eso llevaba mucho tiempo. Luego, en las mesas de concertación llegamos a un acuerdo, consignado en el documento ‘Memoria técnica de acta de concertación’, en el que se afirma que las casas reconstruidas tienen que cumplir con la arquitectura típica de la isla, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional. Ellos ignoraron completamente este documento, lo único que hicieron fue hacer una fachada parecida a las de las casas típicas. Los materiales no sólo no eran los adecuados sino que además eran de la peor calidad posible. La madera se pudre, las paredes se agrietan, el piso se agrieta, la pintura se cae por la lluvia. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno tampoco cumplió con la construcción de las zonas seguras… La zona segura es una habitación, por lo menos una habitación en concreto con baño, para que en caso de que se volara la casa, por lo menos quedara esta habitación en concreto, con placa en concreto, para que las familias pudieran resguardarse durante y después del huracán. Ninguna de las casas las construyeron de esta manera. En resumen, no respetaron la concertación a la que llegamos y la mayoría de las casas no cumple con los requisitos ante Huracán, ni en el techo, ni en la estructura, ni con esta zona segura que habíamos exigido. ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a la construcción de la base de guardacostas en la Isla? ¿La Corte ya se pronunció al respecto? La Armada Nacional quería construir esta base en la comunidad con la excusa de que estaban reconstruyendo algo que ya estaba, lo cual …

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Derechos territoriales y justicia ambiental

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