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IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes

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IVE desde el margen: Análisis del las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes El estudio se enfoca en identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en cuanto al acceso al aborto. Su propósito es comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos. El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Múltiples barreras encuentran las mujeres negras afrodescendientes a la hora de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto, entre esas, su situación económica, la estigmatización social, falta de educación sexual, carencia de redes de apoyo en salud mental y reproductiva, y las barreras institucionales. Estos fueron algunos de los hallazgos que se registraron en la investigación realizada por ILEX Acción Jurídica y documentada en el libro “IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes”. Esta investigación es el resultado de un esfuerzo colectivo que nos plantea la necesidad de poner sobre el debate nacional del aborto, la vida y los derecho sexuales y reproductivos de las mujeres negras afrodescendientes. “Nos preguntamos cuáles son esas barreras que están impidiendo que las mujeres negras afrodescendientes avancen en tanto avanza los marcos normativos y jurisprudenciales en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuáles son esas barreras que impiden que en tanto esos marcos normativos avanzan, la institucionalidad parece quedarse atrás y parece no observar cuáles son las brechas que nos impiden a las mujeres negras afrodescendientes acceder a servicios de salud, específicamente, a la IVE. Este trabajo es una muestra de ese empeño, de esa lucha por descifrar cuáles son esas claves del derecho desde una perspectiva crítica, que ayuden a ampliar esas brechas o a reducirlas”, afirmó Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica. “(…) nosotros tenemos una particularidad, que somos comunidades fluviales y carreteables. De pronto a las comunidades carreteables llega parte, un poquito de la información, pero Aguadua, La Brujita, (…) esa información no llega allá, es difícil que le llegue esa información. Entonces en ocasiones las niñas y mujeres acuden a abortos inseguros por el desconocimiento de que el aborto es legal y pueden solicitarlo en el sistema de salud.” El estudio tuvo como objetivo identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en el acceso al aborto. Con el propósito de comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos. El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. Asimismo, resalta la importancia de involucrar a las comunidades afrocolombianas en el diseño e implementación de políticas que respondan a sus necesidades específicas, reconociendo el papel fundamental de las parteras tradicionales como actores clave en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en áreas con acceso limitado a la atención médica. Para Carolina Garcés Murillo, co autora de la investigación y médica epidemióloga, también es importante reconocer que para el avance del acceso al aborto en todas las mujeres, es necesario ponerse los lentes de la perspectiva étnico racial: “Una despenalización del aborto no garantiza automáticamente el acceso de todas las mujeres negras afrodescendientes a un servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque existen unas condiciones materiales de existencia particulares que impactan de manera diferente a algunos grupos en especial cuando se conectan distintas categorías sociales como la pertenencia étnico racial”. En Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, departamentos donde se realizó esta investigación, se conocieron distintos testimonios de mujeres con experiencia de IVE voluntario y con experiencia de aborto espontáneo, en los que se reflejaban y reconocían las barreras y dificultades inicialmente mencionadas. Testimonios que dan cuenta de realidades como que las mujeres con una formación educativa más baja tienden a acceder aprocedimientos menos seguros, que existen falencias en el acceso a información sobre el estatus legal del aborto, que la presencia de actores armados influencia las normas culturales y el control físico y moral, y que la diiscriminación racial y tratos crueles y degradantes durante los procesos de acceso a la IVE o durante un aborto espontaneo, marca profundamente la vida de las mujeres negras afrodescendientes. “En pandemia nos vimos expuestos fuertemente al alto índice del embarazo dado que éramos una comunidad como abandonada, nos tocaba (escoger) entre comer y planificar. El sistema de salud no llega hasta allá ni siquiera en pandemia. Y si no planificaba quedaba embarazada y si quedaba embarazada, te seguías reproduciendo y menos ibas a tener para comer, porque entonces tenías que pensar en los recursos que necesitaba un bebé también (…)” – Por todo lo anterior, para la investigadora y directora de investigaciones de ILEX, Eliana Robles-Pallares, este informe resulta fundamental. “Este estudio busca contribuir a subsanar un vacío en las investigaciones sobre aborto al centrarse en las experiencias y barreras específicas que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en relación con el acceso a la IVE. La investigación, con un enfoque socio jurídico, se apoyó en entrevistas y experiencias de mujeres negras afrodescendientes y parteras a través de la organización Asoredipar, conectando vivencias con registros del sistema de salud”, afirmó Robles. Este diagnóstico visibiliza las barreras sistémicas y estructurales que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes, analizando factores que dificultan el acceso a una interrupción del embarazo legal y segura, por tato, representa una aproximación inicial a la dimensión étnico-racial en el acceso al aborto, subrayando la necesidad de contar con datos desagregados por …

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“Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad

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“Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad Este documento da cuenta de una realidad y refleja cómo ha sido el relacionamiento que tiene la Policía Nacional de Colombia con las mujeres y personas asignadas con sexo femenino al nacer, específicamente afrodescendientes, está atravesado por escenarios de discriminación y violencia. Tanto en contextos de protesta como cotidianos, la vida, la dignidad humana, la seguridad personal y la intimidad de estas personas se ven sometidas a constantes abusos y patrones de violaciones a sus derechos humanos, a nivel individual y colectivo. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Violencias físicas, simbólicas, verbal, entre otras, fueron algunos de los hallazgos encontrados en los testimonios relatados y registrados en el informe “Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad” que fue presentado en Cali este 11 de agosto. El documento, adelantado por organizaciones como Posá Suto, el Observatorio sobre violencias basadas en género del Proceso de Comunidades Negras – Vigía Afro e ILEX Acción Jurídica, presenta y evidencia cómo la Policía Nacional, basados en criterios sospechosos como lo son la expresión e identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnico-racial y condición socioeconómica, vulnera los derechos humanos y dignidad de mujeres cis, personas con asignadas femeninas al nacer (AFAN), mujeres trans y personas no binarias. Por lo anterior, es importante revisar y hacer un análisis de la violencia policial racista desde un enfoque de interseccionalidad. Para Lina Carabalí, investigadora de Vigía Afro, considera que es fundamental que nos paremos desde esta mirada, pues “el tratamiento que se le da a las personas negras, conforme a las diferentes formas de habitar su cuerpo, su vida, sus contextos, es determinante en cuanto al tratamiento que se le da por parte de la fuerza pública. Esto es importante porque repercute en cómo se materializan las consecuencias en la vida de esta persona, después de haber sufrido un hecho violento por parte de los agentes del orden” Cartagena, Tumaco, Cali y Bogotá, ciudades donde se llevó a cabo la metodología de la investigación, se se conocieron distintas declaraciones que reflejaban los estereotipos y acciones misóginas, transfóbicas y racistas que en la cotidianidad, tienen los agentes de policía con la población mencionada. De ahí la necesidad de realizar un análisis que no solo tenga en cuenta una, sino todas las realidades que atraviesan, desde distintos aspectos la vida, dignidad y humanidad de las personas contra quienes se cometen actos de violencia policial racista, que además hace parte de una estructura de discriminación que históricamente se ha tenido con la institucionalidad. “Es importante que desde nuestras experiencias como personas afrodescendientes y con expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales diversas, podamos mencionar nuestras palabras lo que nos pasa en el relacionamiento con el Estado en general, en este caso con los agentes del orden. Esto es un fenómeno que no reducimos a la Policía, esto es un fenómeno que habla de cómo el Estado se relaciona con las personas negras afrodescendientes” afirma Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica. En los testimonios recogidos en el informe dan cuenta de que los comportamientos de la fuerza pública han sido sistemáticos y no cumplen, incluso, con las mismas reglamentaciones y regulaciones que tienen respecto al uso de su poder. Como menciona el documento, aunque la mayoría de las situaciones no hay riesgo de vida de un agente o de un tercero, la institución tiene un accionar desproporcionado. “[…]Entonces salí corriendo y el policía me hizo disparos, fueron más de…cuando fui a ver fueron más de 10 casquillos. Yo corrí por- que me iban a meter presa por algo que yo no había hecho” mencionó Vanessa, una de las personas entrevistadas. Igualmente, Luisa, una joven que vivió un caso de acoso con la policía, contó que: “yo ahí tenía como unos 16, 17 años y entonces yo asustada lloraba que me quería ir para mi casa y pues el policía decía que si queríamos irnos teníamos que chuparle el pene, nos dijo (…) Nosotras que no, que no íbamos a hacer nada y de tanto llorar y gritar en ese CAI pues nos soltaron” El informe hace recomendaciones que están enmarcadas en el proceso actual de reforma policial que se lleva a cabo en la policía nacional que, si bien no tiene una consolidación definida ni una estructura unificada, está promoviendo un debate público pendiente por parte del Gobierno. La reforma representa una oportunidad clara de incidencia de los grupos que históricamente han sido discriminados, que no han sido incluidos en estos temas, ni se han tenido en cuenta sus demandas.

¿SUPERAR LA DESIGUALDAD RACIAL SIN DATOS?: La invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en los registros administrativos de los sectores de educación y justicia en Colombia.

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¿SUPERAR LA DESIGUALDAD RACIAL SIN DATOS?: la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en los registros administrativos de los sectores de educación y justicia en Colombia. Este informe se basa en un proceso de investigación sobre la invisibilidad de los registros administrativos de los sectores de educación y justicia, dado que en muchos casos no se encuentra información desagregada sobre la identidad étnico racial en las bases de datos oficiales sin categorías identitarias generando inconsistencias en los instrumentos de recolección pero sobretodo la consecuencia de políticas públicas diseñadas para garantizar la igualdad y la justicia racial en la comunidad afrocolombiana. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Es un hecho que, para alcanzar la justicia racial, es indispensable contar con datos desagregados, confiables y veraces en términos étnico-raciales, debido a que no hacerlo no solo implica la invisibilización de la población afrodescendiente, sino que podría impedir acciones focalizadas por parte del Estado para la garantía de derechos fundamentales de este sector social. Por esta razón, a través de este documento, ILEX Acción Jurídica analiza la situación de invisibilidad estadística de la población afrocolombiana en bases de datos administrativas de los sectores de educación y justicia y su impacto en la garantía de derechos humanos, teniendo en cuenta que esta situación parte de un incumplimiento del deber de igualdad y no discriminación del Estado colombiano. El informe da cuenta de cómo las instituciones de educación y justicia a nivel distrital, departamental y nacional, no reportan información desagregada sobre la identidad étnico-racial de las personas a las que prestan servicios o que desarrollan labores misionales en su interior. Lo anterior, implica la imposibilidad de generar políticas públicas diferenciadas que impacten realmente en el cierre de brechas de la población afrocolombiana en ámbitos como el acceso a la educación superior, la etnoeducación, el acceso a la justicia, las prácticas de perfilamiento racial, entre otras. Es por esto que no es fortuito que los sectores de análisis de este documento sean educación y justicia, entendiendo las posibilidades de materialización de derechos humanos y calidad de vida que puede impactar estos dos aspectos en la vida de las personas afrodescendientes. Las barreras que se presentan a la hora de acceder a la educación o en medio procesos en los que interfiere la justicia, en la mayoría de los casos, se presentan por la ausencia de datos que históricamente ha limitado el cumplimiento y garantía de derechos fundamentales de esta población.esolverse. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe decir que el documneto identifica de manera precisa las falencias que tienen las instituciones para recoger información desagregada en términos étnico-raciales, desde la inexistencia del deber tener información de este tipo como parte de su responsabilidad de no discriminación, las categorías usadas de forma inadecuada y los mecanismos aplicados para obtener los datos que denotan la falta de claridad conceptual. Este documento, además de detallar y hacer estudio de los casos por instituciones, genera un diagnóstico sobre la invisibilidad estadística desde un enfoque de derechos humanos y propone recomendaciones concretas a las instituciones para alcanzar la justicia de datos. Te recomendamos leer: La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos

La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos

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LA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS La invisibilidad estadística de la población afrodescendiente genera un desconocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población, que al final se ve reflejada en la falta de formulación de políticas que respondan de manera efectiva a las condiciones históricas de discriminación, configurándose con esta situación una expresión más de la discriminación estructural. La ausencia de información estadística confiable y de calidad sobre la población afrodescendientes está atada a la discriminación estructural que experimenta esta población, muchas veces expresada por medio de situaciones de invisibilización. En palabras de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette Macaulay, “los afrodescendientes que no han sido cubiertos por censos anteriores son invisibilizados actualmente. Si quisieran pedir sus derechos no podrían porque no hacen parte de la población reconocida de Colombia”. El documento titulado ‘La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos’, realizado por el equipo de investigadores/as de ILEX Acción Jurídica, analiza la relación entre la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente, la forma en cómo es contada la población desde el autorreconocimiento y heteroreconocimiento y su relación con la garantía de derechos humanos. A partir de un estudio de fuentes secundarias de carácter doctrinal, normatividad nacional e internacional, así como experiencias de litigio -como el llevado en el Censo nacional de población de 2018 en Colombia-, el documento presenta valiosos apuntes sobre la necesidad de reconocer esta forma de discrminación como un asunto que debe ser enfrentado por los estados con acciones concretas, que eliminen el patrón de marginación y desigualdad a la que ha sido sometida la población afrodescendiente en Colombia y América Latina. La investigación también analizó los impactos diferenciados de la invisibilidad estadística en la población afrodescendiente en países como Brasil, Perú y México. De igual forma, se estudiaron los entreverados de esta problemática en Colombia, teniendo como punto de partida el contexto reciente de la crisis social, económica y de salud generada por el COVID-19. El documento finaliza con recomendaciones a las entidades que de una u otra forma tienen la obligación por revertir los efectos de este fenómeno y empezar a captar información desagregada en aplicación a un enfoque diferencial étnico-racial.

Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes. Muchas preguntas pueden formularse en la temática de acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia. Por medio de este documento, ILEX Acción Jurídica desea contribuir en la discusión sobre el reconocimiento legal de los derechos territoriales a cargo del Estado en el que, si bien otras organizaciones han trabajado, es preciso seguir ahondando, máxime cuando aproximadamente 401 comunidades del país aún esperan por ello. Este trabajo de ILEX está enfocado en la región Caribe. La titulación colectiva cuenta con un número importante de hectáreas y familias beneficiarias, principalmente en el Pacífico. Alrededor de seis millones de hectáreas (6.000.000 ha) han sido reconocidas como tierras de comunidades negras, como una materialización del derecho fundamental colectivo al territorio, garantizando la efectiva aplicación de la igualdad en el plano formal y material. De esas tierras reconocidas, solo 6.090 hectáreas con 4.049 m² se encuentran el Caribe. Pese a lo anterior, los resultados sobre titulaciones de los últimos años evidencian que los avances no son los esperados, no se cumple con las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos y los “planes de choque” no han sido ejecutados. Esto se vio agravado por las situaciones propias de la pandemia generada por el Covid-19. Así pues, este texto presenta un panorama sobre la situación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del Caribe, a partir de datos abiertos y consultas realizadas a la entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras; así mismo, refiere la normativa y algunos elementos de la jurisprudencia constitucional, necesarios para el análisis, sin pretender agotar integralmente dicho punto; y aborda una serie de obstáculos sobre los que ya se ha abierto el debate y que aún están por resolverse. La información se presenta en tres capítulos, en los que se desarrollaron algunas ideas y elementos principalmente jurídicos, apoyados en datos y casos, para entender la situación actual de las comunidades negras del Caribe en los procesos de titulación colectiva pendientes de resolverse Te recomendamos leer: Cifras de titulaciones evidencian lento avance en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras del Caribe Consulta aquí la Cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

ABC Protección y defensa de los derechos sobre los recursos culturales

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ABC Protección y defensa de los derechos sobre los recursos culturales La presente cartilla pedagógica se encuentra enmarcada en la línea de trabajo de derechos sociales, económicos y culturales que tiene por objeto, entre otros, fortalecer y promover el empoderamiento, autonomía, desarrollo según su cosmovisión, gobernabilidad y consiguiente sobrevivencia de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP). Los “recursos culturales” son todos aquellos saberes, conocimientos, tradiciones específicas o generales que se transmiten de generación en generación y que son utilizados por las comunidades étnicas para el aprovechamiento del territorio y medio ambiente que los rodea, convirtiéndose así en la identidad cultural y los valores de una población. Estos elementos, necesarios para la pervivencia de las comunidades, nacen a partir de sus conocimientos ancestrales y la experiencia diaria sobre las plantas y animales, como nuevos conocimientos y prácticas para trabajar y obtener recursos; y complejas prácticas sociales que se transmiten por la experiencia, de forma oral y a través de otras expresiones. En algunos contextos étnicos, general e históricamente, han sido las mujeres las que han asumido el rol de transmisoras de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de las comunidades étnicas. Las mujeres tienen asignadas las actividades de cuidado, alimentación, medicina, dirección de los ritos fúnebres y administración de recursos del hogar, entre otras cosas. La presente cartilla pedagógica sobre el “ABC Protección y Defensa de los Derechos sobre los Recursos Culturales” se encuentra enmarcada en la línea de trabajo de derechos sociales, económicos y culturales que tiene por objeto, entre otros, fortalecer y promover el empoderamiento, autonomía, desarrollo según su cosmovisión, gobernabilidad y consiguiente sobrevivencia de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras(NARP); mejorar la calidad y cantidad de procesos de protección de derechos culturales ante las autoridades; y aumentar los niveles de acción colectiva organizada. En ese marco, esta cartilla ofrece una presentación básica de los conceptos relacionados con los derechos sobre los recursos culturales (conocimiento tradicional y expresiones culturales), amenazas o vulneraciones y mecanismos de protección para estos. Se espera que esta guía sirva como una herramienta práctica y accesible para construir y fortalecer las capacidades de la población NARP y abordar los derechos sobre los recursos culturales, su exigencia, garantía y protección.

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

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Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes. “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales. Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial

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Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Las amenazas y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia son una preocupación tanto nacional como internacional. En la actualidad, diferentes organizaciones de la sociedad civil afirman la existencia de sistematicidad en la comisión de estos delitos. Este fenómeno ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de entidades del Estado y la sociedad civil, razón por la cual existen varios sistemas de monitoreo que buscan entender la dimensión real del problema. Sin embargo, ello no ha sido del todo posible debido a la complejidad de lograr la interacción y diálogo entre estos sistemas. La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Al hacer un análisis de las cifras disponibles sobre amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se presenta una paradoja entre la informació geográfica de estas violencias y las cifras de violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Es decir, aunque las zonas en las que se registran la mayoría de estas violencias coinciden con los municipios que tienen alta presencia de comunidades negras, al consultar las cifras de afectación a los liderazgos afros, estas se presentan como mínimas o, en muchos casos, como nulas. Esto es lo que llamamos un subregistro de las violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Nos interesa dejar claro que, en este documento usamos las categorías “persona defensora de derechos humanos” y “líder” o “lideresa”, con pleno conocimiento y conciencia de las diferencias que se discuten al respecto, aunque en algunos apartes parezca usarse indistintamente. En el caso de las personas particulares que fueron entrevistadas en el desarrollo de la investigación, aclaramos que nos referimos a ellas como líderes y lideresas, respetando el autorreconocimiento que esa persona hizo en el desarrollo de la correspondiente entrevista. Reconocemos la necesidad de seguir reflexionando conjuntamente sobre este tema. Este documento no pretende llegar a conclusiones que cierren las brechas y problemas identificados en tanto su magnitud impide tal objetivo, sino identificar algunas dificultades y seguir construyendo el camino hacia su superación. Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

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Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial en América Latina El documento aborda la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina En América Latina ser una persona afrodescendiente significa transitar la vida en situación de desventaja. Ser una mujer afro descendiente implica hacerlo en situación de doble desventaja. Pese a la poca información estadística existente, se estima que los grupos afro (y en particular, las mujeres afro) tienen un menor acceso a la educación de calidad y menores probabilidades de conseguir un empleo formal en comparación con las personas no afro. Aun cuando se observa a las personas afro que acceden al empleo, en general sus salarios son más bajos en comparación con las personas no afro. En este contexto, las políticas fiscales no son neutrales. Los Estados tienen la obligación de recaudar recursos y asignar presupuesto con el fin de diagnosticar, visibilizar y compensar las desigualdades de facto a las que las poblaciones afro se ven sometidas. Parte de la problemática estructural de pobreza y desigualdad que afecta a estos grupos se explica por la falta de políticas fiscales enfocadas en asegurar una reparación histórica y el cumplimiento de programas destinados a garantizar el acceso a sus tierras ancestrales. Te invitamos a leer este documento, donde junto con ILEX Acción Jurídica abordamos la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Con apoyo en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, nos referimos al deber de los Estados de realizar esfuerzo fiscales para invertir en sistemas estadísticos robustos, desarrollar las capacidades técnicas profesionales de la población afrodescendiente, incentivar el desarrollo de empleos en zonas productivas donde se encuentra la población afro, garantizar el derecho al territorio, y asegurar su reparación simbólica, económica y memorial. Finalmente, establecemos algunas recomendaciones para los distintos actores que influyen tanto en los procesos de evaluación y formulación de la política fiscal, como de políticas destinadas a garantizar los derechos de las poblaciones afro descendientes. Aquí puedes descargar el documento y aquí puedes acceder a un artículo sobre el mismo.

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

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ABC de derechos territoriales y titulación colectiva ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios. “La titulación colectiva es un derecho fundamental para los pueblos negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, por eso yo titulo mi propiedad”, se lee en la pared lateral de una vivienda anclada al Consejo Comunitario de Villa Gloria, en el norte del Cartegena. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios, garantizando así la materialización del derecho fundamental colectivo al Territorio y la aplicación efectiva de la igualdad en el plano formal y material. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en la actualidad hay por lo menos 401 comunidades del país en espera de trámite y culminación de titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos resultados evidencian un estancamiento de los avances en lo que refiere a la protección del Estado de los derechos territoriales y la diversidad étnica y cultural de Colombia. En este contexto, ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Nuestro documento tiene tres unidades, en los cuales hacemos un recuento de conceptos y definiciones básicas; presentamos el paso a paso para su formalización haciendo énfasis en las etapas en las que la comunidad interviene de manera más activa, además hacemos énfasis en algunos obstáculos que se han identificado para la materialización de este derecho, aterrizados en casos específicos del Caribe, como una breve reflexión sobre las implicaciones del Covid-19 en el contexto actual. También presentamos una caja de herramientas jurídicas, a partir de la jurisprudencia colombiana, reconociendo a la Corte Constitucional como una aliada en su calidad de intérprete de la Constitución. Adicionalmente, referimos un capítulo relacionado con las afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado, los mecanismos para la protección y restitución formal y material de los derechos territoriales de las comunidades negras.

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