Sala de prensa

Señor ABELARDO DE LA ESPRIELLA Presidente de la República Al Gobierno Nacional, a las instituciones responsables de la atención de la emergencia y al país El sismo del 10 de agosto volvió a poner los ojos de Colombia sobre el Pacífico. Sabemos que cuando la emergencia deje de ocupar los titulares, las comunidades seguirán allí. Seguirán allí las familias que hoy necesitan atención, refugio, agua, vías y servicios de salud. Pero también seguirán allí las desigualdades que existían mucho antes de que la tierra temblara.  En razón a ello, nos permitimos proponer una serie de recomendaciones de cara a lo que sigue. Por eso queremos más allá de la atención inmediata de la emergencia: Colombia no puede reconstruir el Pacífico como si el punto de partida de todos los territorios fuera el mismo. Puede haber emergencias naturales, pero los impactos sociales de estas no son neutrales, sus consecuencias sí están determinadas por las condiciones en las que cada población enfrenta la emergencia, la calidad de sus viviendas, la presencia de hospitales, las vías disponibles, el acceso al agua, la conectividad, la capacidad fiscal de los municipios y la presencia efectiva del Estado. En el caso de un país como Colombia, esas condiciones tienen una historia profundamente marcada por la desigualdad racial. Durante décadas, las comunidades negras del Pacífico han vivido las consecuencias de una distribución profundamente desigual de la infraestructura, los servicios públicos y la inversión estatal. El Chocó se encuentra entre los territorios con mayores déficits en infraestructura sanitaria. En los municipios con más del 75% de población afrocolombiana la capacidad instalada en salud es de apenas 42 camas y 9 salas por cada 10.000 habitantes, frente a un promedio de 107 camas y 17 salas en el resto del país. El propio departamento del Chocó tiene el menor número de profesionales de salud del país en la mayoría de las áreas asistenciales; en 2017 contaba con solo 1.8 bacteriólogos por cada 10.000 habitantes, frente a 8,89 en Bogotá*. Asimismo, municipios con alta concentración de población afrodescendiente tienen menores capacidades fiscales propias y una alta dependencia de las transferencias nacionales. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la concentración de población afrocolombiana se asocia con aproximadamente 1,6 puntos porcentuales más de dependencia de transferencias fiscales y la cobertura del régimen subsidiado de salud disminuye aproximadamente 0,3 puntos. Estos mismos territorios registran mayor pobreza multidimensional y mayor mortalidad materna e infantil, con una razón de mortalidad materna que aumenta cerca de 9,5 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y una mortalidad infantil que aumenta cerca de 2,1 puntos por cada 1.000 nacidos vivos, por cada 10 puntos adicionales de concentración afrocolombiana**. Es decir, los territorios que enfrentan algunas de las mayores necesidades son, al mismo tiempo, aquellos que cuentan con menos recursos propios para responder a ellas. Por eso esta emergencia no puede ser atendida únicamente desde la lógica de la ayuda humanitaria. En el marco de estas circunstancias, los lineamientos de política pública para atender la emergencia y para la reconstrucción deben incluir criterios de justicia racial, inversión pública redistributiva y reconstrucción territorial. La respuesta estatal debe orientarse a contribuir a cerrar las brechas históricas que hicieron que esta emergencia golpeara con mayor fuerza a determinadas comunidades. Por ello resulta indispensable que la atención inmediata, la recuperación y la reconstrucción incorporen un enfoque étnico-racial explícito.  Hoy los sistemas presupuestales del Estado tienen enormes dificultades para identificar cuánto gasto público beneficia específicamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Al revisar los catálogos presupuestales del Presupuesto General de la Nación 2024 (3.645 registros) y del CUIPO (una muestra de 500.000 registros) con doce términos de búsqueda asociados al cuidado, no se encontró una sola fila desagregada por grupo étnico-racial en el CUIPO. Ninguno de los principales sistemas de información presupuestal del país (PGN, el SIIF y el CUIPO) cuenta hoy con un clasificador que permita aislar de manera sistemática el gasto dirigido a estas comunidades. Recomendamos que el Gobierno Nacional establezca desde el inicio de la emergencia un mecanismo público de seguimiento a los recursos de atención y reconstrucción, con información desagregada territorialmente y, cuando sea posible, étnico-racialmente. La participación comunitaria tampoco puede reducirse a socializar decisiones ya tomadas. Las comunidades negras del Pacífico cuentan con organizaciones, autoridades territoriales, liderazgos, sistemas comunitarios de cuidado y conocimientos propios que históricamente han sostenido la vida allí donde la presencia institucional ha sido insuficiente. Es necesario reconocerlas como interlocutoras de las decisiones que afectan sus territorios.  Asimismo, la incorporación del enfoque étnico-racial también debe comenzar desde el levantamiento de la información sobre la emergencia, considerando que una parte importante de las afectaciones se concentró en territorios del Pacífico colombiano. El Gobierno Nacional debe garantizar un registro único y territorialmente desagregado de personas, hogares y comunidades damnificadas, que no se limite a contabilizar viviendas afectadas o ayudas entregadas. Esta identificación debe garantizar como mínimo captación del autorreconocimiento étnico-racial, así como variables como sexo, edad, discapacidad y ubicación geográfica, incluido los aspectos territoriales, como la pertenencia a consejos comunitarios o resguardos indígenas. Dado el contexto territorial, es necesario garantizar la adecuada captación de afectaciones a la vivienda, pérdida de medios de vida, acceso a agua, salud, energía y conectividad, condiciones de movilidad y nivel de aislamiento territorial. La Constitución colombiana ha reconocido que la igualdad no consiste en tratar de manera idéntica realidades profundamente desiguales. El enfoque diferencial no es una concesión ni un privilegio. Es una herramienta para hacer efectiva la igualdad. Estas exigencias no nacen únicamente del derecho interno colombiano, sino que también encuentran fundamento en las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el país. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Colombia mediante la Ley 22 de 1981 obliga a los Estados partes a prohibir y eliminar la discriminación racial y a garantizar, en condiciones de igualdad, derechos como la vivienda, la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales, así como el acceso a los lugares y

Foto: Flicker Vicepresidencia de Colombia Por: Ana Margarita González – Subdirectora de ILEX Acción Jurídica  El 27 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció, a través de sus redes sociales, el cierre de 14 embajadas colombianas. La lista incluye países tan distintos entre sí como Cuba, Hungría, Barbados, Malasia y Azerbaiyán.  Pero algo llama la atención: de esas 14 embajadas, cinco están en África. Argelia, Etiopía, Ghana, Senegal y Sudáfrica desaparecerán del mapa diplomático colombiano. Casi el 36% de los cierres golpea la representación en un continente en el que Colombia tiene apenas el 11% de sus Embajadas.  Nadie parece preguntarse por qué estas Embajadas y no otras porque “es obvio”, de acuerdo con el anuncio, “no se puede mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”. Pero el presidente electo en realidad no da una explicación de fondo ¿Cuánto vale la operación de estas Embajadas? ¿Cuál es la diferencia entre el gasto que producen las sedes africanas y el de, digamos, la embajada en Filipinas y Singapur? ¿Qué hace a Addis Abeba menos estratégica que Manila? ¿Qué se entiende por resultados concretos? La respuesta, si se mira con honestidad, no está realmente en los números. Por los anuncios presidenciales y las declaraciones públicas de quién estará a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país, la respuesta parece estar en fundada en prejuicios similares a los que, durante años, llevaron a sectores de la opinión pública colombiana a tildar como “safari vicepresidencial” a las visitas de alto nivel que realizó el Gobierno Nacional bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano y, por supuesto, en una visión de la diplomacia que privilegia las relaciones con el Norte global y observa al continente africano bajo un pesado estigma de pobreza, crisis humanitarias y atraso.  Contra este telón de fondo, lo cierto es que Colombia ha sostenido relaciones diplomáticas de larga data con varios países del continente africano cuyas Embajadas cerrarían. La Embajada en Sudáfrica abrió en 1995, después de restablecer relaciones con ese país en 1994, el mismo año en que se celebraban las primeras elecciones con sufragio universal y Nelson Mandela asumía la presidencia. Por su parte, la Embajada en Ghana abrió en agosto de 2013, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, como parte de una apuesta colectiva junto con Chile, Perú y México, los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, como una estrategia conjunta de presencia en África Occidental. En Argelia, Colombia reabrió la embajada el 5 de febrero de 2014, como parte de una política deliberada de inserción en África del Norte y el mundo árabe. Durante este Gobierno se hizo una apuesta por fortalecer las relaciones con el continente africano sin precedentes, el PND estableció  “Colombia buscará construir una política exterior de justicia racial (…) que reconecte las diásporas y las relaciones con los países del Caribe y de África. Se abrirán nuevas embajadas en los países de África y el Caribe”. Esta apuesta se materializó en la Estrategia Colombia-África 2022-2026, “el primer esfuerzo plenamente estructurado del Estado colombiano” en materia de relaciones con África, un continente con el que nuestro país comparte una historia común y fuertes lazos sociales y culturales, además de desafíos compartidos. La Estrategia África ha avanzado con resultados puntuales como memorandos de entendimiento y acuerdos en áreas de comercio, cooperación técnica, educación, construcción de paz e igualdad de género. La apertura de una ruta de conexión aérea de carga que opera directamente hacia Etiopía, se impulsó el programa Ella Exporta a África, se tejieron puentes con la Unión Africana, y Colombia tomó el liderazgo del bloque latinoamericano y caribeño en el Foro CELAC-África celebrado en Bogotá en marzo de 2026. También se abrieron las embajadas de Senegal y Etiopía.  No obstante, la estrategia África ha sido objeto de todo tipo de improperios. Bajo un escrutinio sin precedentes se generó una controversia pública sobre el precio del combustible del avión que transportó a la comitiva en su primera visita. Se calificó como vagabundería la apertura de Embajadas en este continente y como un acto de banalidad personal y de ‘pendejada’ el propósito de reconectar a la diáspora afrocolombiana con el continente africano. La pregunta “¿para qué ir a África?” no parecía formulada sobre la eficiencia en el gasto público, sino desde los prejuicios racistas y estándares de medida diferentes según el destino de la política exterior: nunca se había armado una controversia por el valor del combustible cuando otros funcionarios viajaron a París o Madrid, nadie habló de vagabundería cuando Colombia abrió o mantuvo embajadas en países con los que el intercambio comercial es modesto. Lo que se juzgó no fue el gasto o la relevancia sino la audacia de considerar que África merecía la misma seriedad diplomática que cualquier otro continente. Esa visión prejuiciosa es la que impide reconocer que el continente africano es un interlocutor estratégico para Colombia. África crece por encima del promedio asiático. La Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) está creando el mayor bloque comercial del mundo en términos de número de países participantes. Las 55 naciones africanas son casi la mitad del sistema de Naciones Unidas, un bloque de voto inmenso para cualquier iniciativa multilateral. Además, Colombia tiene con África múltiples convergencias: ambas regiones padecen los efectos del cambio climático siendo las menos responsables de él; ambas buscan reformar las reglas del comercio internacional, ambas tienen experiencias de conflicto armado, construcción de paz y justicia transicional que pueden enriquecerse mutuamente. El modelo de integración de la Unión Africana, con sus mecanismos de resolución de crisis y su visión de largo plazo, tiene mucho que enseñarle a América Latina. Por su parte, las embajadas de Etiopía, Ghana, Senegal y Argelia son de gran relevancia. Etiopía es la sede de la Unión Africana. Tener embajada en Addis Abeba es tener presencia institucional frente a la arquitectura política continental. Ghana y Senegal son plataformas para toda África Occidental, una de las regiones de