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Transición energética: una discusión sobre territorios, poder y justicia que ya está en marcha

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez, directora de Movilización Legal y coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Entre el 24 y el 29 de abril de 2026, en Santa Marta, se celebró la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la que también por primera vez, en un proceso climático global, los pueblos afrodescendientes participaron como una delegación reconocida. Este hecho, en sí mismo, marca un punto de inflexión, pero también expone con claridad una tensión que atraviesa toda la discusión sobre la transición energética. Esta tensión es la respuesta a las preguntas sobre quién decide, quién gana y quién ha cargado históricamente con los impactos del cambio climático y las decisiones sobre las fuentes de energía, así que no se trata de si cambiamos o no las fuentes, se trata de cómo participan en esa decisión muchas comunidades marginadas, y sobre para qué y para quién se realiza ese cambio. Durante décadas, los territorios afrodescendientes han concentrado actividades extractivas, infraestructura energética y cargas ambientales desproporcionadas. Una realidad vinculada a procesos históricos de colonialismo, despojo y racialización de territorios, que siguen organizando la economía global y las decisiones sobre el cambio climático. Tal como lo manifestamos desde la delegación afrodescendiente: la economía fósil está entrelazada con sistemas de opresión más amplios, y cualquier transición que no los aborde corre el riesgo de reproducirlos. La evidencia de la mencionada tensión, estuvo presente incluso en el propio proceso de la conferencia. Mientras se reconocía formalmente la participación afrodescendiente, también se registraron exclusiones concretas, como la negación de visas a delegados africanos y la aparente exclusión de los afrodescendientes como grupo en las observaciones de la sesión plenaria de clausura de esta Primera Conferencia y en los preparativos para la Segunda Conferencia en 2027. Sin embargo, y pese a que estos hechos revelan los límites actuales de la gobernanza climática internacional y la necesidad de transformarla, desde la delegación afrodescendiente que pudo llegar al espacio, realizamos propuestas concretas para la transición, claramente ancladas territorial, histórica y políticamente. Abogamos, entre otras cosas, por el reconocimiento jurídico de los espacios colectivos habitados por comunidades afrodescendientes, tanto en contextos urbanos como rurales, como condición para garantizar decisiones efectivas sobre el territorio; por el fortalecimiento de economías territoriales que sostienen la vida y los ecosistemas, y que pueden reducir la dependencia de actividades extractivas; por el impulso de comunidades energéticas que permitan una participación directa en la generación y gestión de la energía; y por la transformación de la gobernanza climática global, incluyendo el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como sujetos políticos con capacidad de decisión, y la incorporación de conocimientos tradicionales en la formulación de políticas y en la toma de decisiones. En las discusiones que dimos y propusimos como delegación, también llamamos la atención sobre un elemento que suele quedar fuera del debate: la relación entre transición energética, militarismo y sistemas económicos globales. En muchos contextos, la instalación y operación de infraestructura extractiva ha estado acompañada por presencia militar, regímenes de seguridad especiales y restricciones a la organización comunitaria. Estas condiciones han sido parte fundamental del funcionamiento del modelo energético actual. A lo que se debe sumar el impacto directo de las actividades militares en términos de consumo de combustibles fósiles y emisiones, que con frecuencia no se incorporan en los balances, evaluaciones y compromisos climáticos de los Estados. Otro elemento es el papel de las mujeres en los territorios, para decir que, además del reconocimiento de los impactos diferenciados, se debe entender su rol en la sostenibilidad de sistemas económicos y sociales propios que han permitido resistir la expansión extractiva y sustentar formas de vida en medio de condiciones adversas, y, por supuesto, la creación de mecanismos robustos que garanticen su participación real en la toma de decisiones. Finalmente, debatimos sobre la forma en que se estructura el conocimiento en estos escenarios y procesos globales de discusión climática, mediada por lenguajes altamente especializados que tienden a excluir a comunidades cuyos conocimientos son igualmente rigurosos, aunque se expresen en otras formas o con lenguajes menos tecnificados. Esa estructuración, al dejar por fuera información directamente venida de los territorios más afectados por el cambio climático y el modelo energético, limita la participación y empobrece las decisiones tanto en su eficiencia y eficacia como en su legitimidad. En ese sentido, la discusión sobre transición energética debe revisar las maneras en que se organizan la producción, el comercio, el financiamiento y las decisiones sobre los territorios. Implica también decisiones sobre la reorganización profunda de la economía, del uso de la tierra y los territorios y maretorios, y de las relaciones de poder. Los acuerdos alcanzados en Santa Marta sobre la urgencia de medidas, sobre la necesidad de ir más allá de la discusión de emisiones y la relevancia de la confluencia de esfuerzos globales son un paso importante, pero no resuelven por sí mismos los problemas generados por el modelo de explotación y energético actual. Sin embargo, el éxito de todo esto, y de las demás decisiones y acuerdos que se deben alcanzar, dependen de si se abordan las condiciones que han producido las desigualdades actuales o si estas se mantienen bajo nuevas formas. Aquí, la participación de la delegación afrodescendiente en Santa Marta al tiempo que simboliza una ampliación de la participación de sectores poblacionales amplia y desproporcionadamente afectados por el cambio climático y el modelo energético, introduce una perspectiva que conecta la crisis climática con procesos históricos de desigualdad, y plantea condiciones concretas para avanzar. Atender a las condiciones en que se toman las decisiones y a quiénes han asumido históricamente sus costos, es parte central de cualquier discusión seria sobre el futuro energético.

El viche y la formalización condicionada al sistema fiscal

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Aunque el viche hoy es legal en el sistema colombiano, en la práctica producirlo, transportarlo y comercializarlo sigue siendo una actividad llena de obstáculos para las comunidades que lo sostienen.

Pequeña gran revolución: carta a Marcos

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Pequeño Marcos, Hay historias que comienzan con una decisión, algunas con un accidente, y otras, como la tuya, nacen de una mezcla de amor, muchas preguntas, largas conversaciones y un poco de magia. Antes de que llegaras, ya existías. No como una idea lejana, sino como una pregunta insistente: ¿Cómo queremos ser mamás?, ¿Qué tipo de familia queremos construir?, ¿Qué mundo queremos abrir para acompañar una vida nueva? Para que tú llegaras, tuvimos que inventar nuestra propia ecuación. Porque cuando dos mujeres deciden traer un bebé al mundo, no basta solo con el amor -aunque de eso hay mucho- , también hay que preguntar, inventar, sanar, conspirar e imaginar. Tuvimos que decidir en qué cuerpo crecerías, de qué óvulo vendrías, quién pondría su útero para cuidarte mientras crecías. Aprendimos palabras nuevas, seguimos protocolos médicos, hicimos preguntas incómodas en bancos de donantes, insistimos cuando nos cuestionaban o nos decían que no había, que tal vez, que así no. Hubo una conversación que nos marcó mucho. Una conversación incómoda, honesta, necesaria. Nos preguntamos por qué queríamos que fueras un bebé negro. Y la respuesta fue apareciendo poco a poco: porque queríamos que llegaras a este mundo siendo celebrado y que se abrieran para ti muchos caminos. Que tu negritud no representara una carencia ni una falta, sino una potencia. Porque ya nuestro amor era una mezcla de diferencias -dos mujeres, una pareja interracial, origenes diferentes, familias muy distintas- y tú venías a ser la suma hermosa de todo eso, no una dificultad más. Te pensamos negro antes de conocerte. Te soñamos negro antes de saber tu nombre. Y lo hicimos con orgullo y con esperanza. Cuando por fin empezó el embarazo, lo vivimos como un ritual. Muy nuestro. Muy cuidado. Comíamos rico pensando en que crecieras fuerte. Mirábamos las ecografías buscando tu naricita. Los domingos eran sagrados: teníamos una cita contigo para escuchar tu corazón, ponerte música, identificar qué fruta eras según tu tamaño. Eran pequeños rituales para acompañarte mientras aún estabas al otro lado de la piel. Te esperábamos con ganas de verte la cara. Con esa mezcla de paciencia y ansiedad que trae la maternidad. Con esa sensación de estar cuidando algo que ya amábamos, aunque todavía no pudiéramos abrazar. El día que naciste no salió como lo habíamos planeado. Faltaba un mes cuando fuimos a un control rutinario y terminamos hospitalizadas. La presión no bajaba y tus movimientos respiratorios escapaban al ecógrafo. Nos llenamos de miedo. Mucho movimiento, luces blancas, agujas, voces que iban y venían. Pero también una certeza profunda: por fin íbamos a conocerte. Naciste bajo unas luces intensas, en una sala fría y brillante, y ahí estabas tú: manos grandes, mucha grasita y un llanto determinado. Cuando te vimos por primera vez, el mundo se volvió pequeño y enorme al mismo tiempo. Todo lo que habíamos imaginado tomó forma en tu cara, en tu piel, en tu respiración. Y en ese momento también empezó otra historia que no habíamos planeado. Una historia de papeles, burocracia, firmas y reglas. Una historia en la que el mundo institucional -ese que te clasifica y te nombra desde el primer día- empezó a ponernos obstáculos justo cuando estábamos más vulnerables. Cuando pedimos nuestras licencias de maternidad, la EPS nos dijo que solo una de nosotras podía tenerla. Que la otra debía asumir una licencia de paternidad. Como si una de nosotras no fuera tu mamá. Detrás de esa decisión venía algo más profundo: el cuestionamiento de nuestra maternidad, de nuestra familia, de lo que significa cuidar a un bebé siendo dos mamás. Fue un golpe duro. Como si después de un proceso tan amoroso, alguien quisiera empañar nuestra alegría. Hubo momentos que nos dejaron cicatrices. Como cuando en tu certificado de nacimiento el hospital marcó que no pertenecías a ninguna raza, justo después de todo lo que habíamos hecho para que tu negritud fuera visible, celebrada, elegida con intención. Fue una contradicción dolorosa, pero también nos dejó una enseñanza que queremos que guardes: nunca permitas que nadie te haga sentir irrelevante. Nunca aceptes que alguien borre lo que eres. Entonces hicimos lo que sabemos hacer: cuidar y defender. Llamamos a las mejores abogadas negras del país y juntamos fuerzas para iniciar un proceso legal. No lo hacíamos solo por nosotras, sino por ti y por otras familias como la nuestra. Fue largo y frustrante. Recibimos negativas, argumentos ofensivos que desconocían quiénes somos y cómo cuidamos. Pero no desistimos. Sostenidas por nuestras grandes cómplices en ILEX, llevamos nuestra petición hasta la última instancia. Pues ya nos habíamos definido mucho antes de que cualquier institución intentara hacerlo por nosotras. Y un día, cuando ya tenías ocho dientes y llenabas la casa de risas, rutinas y dulce cansancio, llegó una noticia que nos cortó la respiración: ¡La Corte Constitucional falló a nuestro favor! Reconoció que una de tus mamás había sido vulnerada en sus derechos. Reconoció que una familia puede tener más de una licencia de maternidad. Reconoció que el país necesita cambiar la forma en que entiende el cuidado. No sabemos si cuando leas esto podrás dimensionar lo que significa que tu historia esté escrita en una sentencia. Pero queremos que sepas que tu llegada movió algo más grande que nuestra casa. Ayudó a abrir un camino para otras familias, otros bebés, otras formas de cuidar. Y aun así, Marcos, queremos que esta no sea una historia de lucha solamente. Porque aunque hubo momentos duros, lo que más recordamos cuando te miramos es la alegría de verte crecer: un bebé negro en nuestros propios términos. La manera en que trajiste otra energía a nuestras vidas. La forma en que hiciste que todo floreciera. La felicidad de confirmar que una mujer no tiene que haber parido para poder lactar, y la fortuna de que en esta familia te alimentamos a cuatro tetas. No somos una familia perfecta, pero somos una familia real, construida con intención, con preguntas, con amor y con mucha terquedad para sostener lo que creemos justo. Hay algo más …

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¡Ganamos! En un hito histórico, la corte constitucional reconoce los derechos de madres no gestantes y el derecho fundamental al cuidado

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En la Sentencia SU-068 de 2026, la Corte Constitucional concluyó que el sistema actual de licencias parentales excluye a las familias diversas. Desde ILEX Acción Jurídica representamos judicialmente a la accionante de una larga batalla legal por el reconocimiento y la garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, al cuidado, a la maternidad, a la seguridad social y a la protección reforzada de su hijo. El caso Paola, una mujer afrodescendiente, fue madre a través del método de reproducción asistida ROPA, en el que ella aportó el óvulo y su pareja gestó al hijo de ambas. El bebé nació prematuro y Andrea, la pareja de Paola, tuvo complicaciones médicas. Aunque Paola fue quien lactó al niño y también cuidó de su pareja, la EPS negó su licencia de maternidad y la redujo a una licencia de paternidad de solo 14 días. La justicia, en primera y segunda instancia, negó sus pretensiones con base en una interpretación restrictiva de la licencia de maternidad. ILEX Acción Jurídica solicitó la selección del caso ante la Corte Constitucional y, luego, con la insistencia a la Defensoría del Pueblo el Alto Tribunal lo seleccionó en agosto de 2025. Ahora, la decisión de la Corte cuestionó la rigidez del modelo actual de licencias; llamó la atención sobre prácticas institucionales discriminatorias y basadas en estereotipos sobre los modelos de familia, la reproducción y el cuidado; y exhortó al Congreso a rediseñar el sistema bajo un enfoque de corresponsabilidad y de protección del derecho fundamental al cuidado. Esta decisión marca un precedente clave porque reconoce una exclusión histórica en un sistema pensado para una sola forma de familia. Celebramos este avance hacia licencias parentales que respondan a la realidad, al cuidado y a los derechos de las familias diversas. La decisión abre la puerta a un modelo de licencias centrado en el derecho fundamental al cuidado, y reconoce que las madres no gestantes también son sujetas de protección especial. Esto es un precedente jurídico muy importante. La justicia racial también implica garantizar la protección integral de las maternidades afrodescendientes, cuyos cuerpos han sostenido históricamente el cuidado y la vida, en un contexto de profundas desigualdades en el acceso efectivo a la seguridad social y a los derechos reproductivos, incluidas las tecnologías de reproducción asistida.

Avanzar hacia la transformación: desafíos del Foro Permanente en la garantía de derechos de afrodescendientes

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Por: Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica La quinta sesión del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes en Ginebra es, en muchos sentidos, un momento de balance. A cinco años de su creación, y a veinticinco del Programa de Acción de Durban, el Foro se enfrenta a una pregunta ineludible: ¿Qué ha cambiado realmente en la vida de las personas afrodescendientes en el mundo? El Foro Permanente, conformado para mejorar la seguridad, calidad de vida y derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, ha logrado algo importante: abrir la puerta a una diversidad de actores. Desde Estados, organismos internacionales, sociedad civil, comunidades afrodescendientes hasta juventudes que históricamente habían sido excluidas de la conversación global. Y sí, definitivamente hay avances. El racismo estructural pasó de ser una categoría disputada a un hecho reconocido. También existe un ecosistema multilateral, integrado con mecanismos como el propio Foro, el Mecanismo de Expertos sobre Justicia Racial y los órganos de tratado. Y tenemos una agenda global que ha logrado posicionar temas antes marginales: la violencia policial racista, la invisibilidad estadística, las desigualdades en salud y educación, y más recientemente, la relación entre cambio climático y racismo, como lo vienen expresando países como Brasil y Colombia. Pero ese mismo balance revela sus límites. Por un lado, la apertura no es sinónimo de poder. La arquitectura misma de un espacio como el Foro sigue reproduciendo asimetrías profundas, intervenciones breves, agendas saturadas y espacios limitados para la deliberación sustantiva. Se escucha a muchos, pero se decide entre pocos. Por otro lado, en los distintos discursos de apertura del Foro hubo un consenso sobre las desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes siguen estando profundamente arraigadas en los legados de la esclavitud y el colonialismo, y continúan reproduciéndose en las instituciones, los mercados y las políticas públicas contemporáneas. En otras palabras, el diagnóstico está. El problema, creemos todes, es de transformación. A ello se suma un hecho reciente que marca un punto de quiebre en el derecho internacional y redefine el presente, el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como un crimen de lesa humanidad. Pero genera preguntas: ¿por qué si la esclavitud es un crimen de esa magnitud, sus consecuencias son tratadas como simples desigualdades sociales? Pues realmente son efectos no resueltos de un crimen internacional, pero el sistema aún no cuenta con un instrumento que esté a la altura de esa afirmación. Ese es el trasfondo de una de las discusiones más importantes que atraviesa el Foro: el impulso final hacia la adopción final de una Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Desde Ilex creemos que también es necesario recordar que hoy existen múltiples instrumentos. Desde la Convención contra la Discriminación Racial hasta el Programa de Acción de Durban, pero su implementación sigue siendo fragmentada, desigual y, en muchos casos, insuficiente. A pesar de los avances institucionales, el sistema internacional opera como un conjunto de piezas dispersas: comités, relatorías, mecanismos de expertos, espacios consultivos… Todos relevantes, pero sin un eje articulador que permita traducir estándares en transformaciones reales. Una declaración robusta, entonces, sería estratégica y articuladora. Podría, en primer lugar, ordenar el sistema internacional, funcionando como un marco interpretativo común que alinee los distintos mecanismos existentes y fortalezca su capacidad de incidencia frente a los Estados. En segundo lugar, podría cerrar la brecha entre reconocimiento y acción, en un momento en que el propio Foro insiste en la necesidad de pasar de los compromisos a la implementación efectiva. Y podría, en tercer lugar, incorporar dimensiones que hoy el derecho internacional no ha logrado integrar plenamente. Entre ellas, la conexión entre cambio climático, desigualdad racial y desarrollo global, porque las comunidades afrodescendientes enfrentan de manera desproporcionada los impactos de la crisis climática, no por azar, sino por la forma en que la historia ha distribuido el territorio, la riqueza y el poder. Para esto se necesita una declaración distinta de las que ya conocemos. El propio Foro ha señalado que el momento actual exige avanzar hacia la justicia reparatoria. No solo como reconocimiento simbólico, sino como transformación material de las condiciones que sostienen la desigualdad. Esto implica hablar de redistribución, de inversión pública, de acceso a la tierra, de reparación económica y de reconstrucción de dignidad. Ahí está el verdadero desafío. Una declaración robusta, anclada en las realidades contemporáneas y en la necesidad de reparación estructural, puede convertirse en el instrumento que el sistema internacional aún no tiene. Para ser transformadora, además, es necesario reconfigurar las condiciones de participación, fortalecer las alianzas entre actores y consolidar una agenda colectiva que permita pasar de la representación simbólica a la incidencia real. Porque, en última instancia, la pregunta no es solo qué se decide en estos espacios, sino quién tiene la capacidad de influir en esas decisiones y bajo qué condiciones. Particularmente creo que el Foro ha hecho su parte como un espacio de incidencia, es decir, ha producido diagnósticos, recomendaciones, ha abierto espacios y ha posicionado agendas. Pero el reto que planteo, pasar del balance al punto de quiebre, necesariamente pasa por decidir si el derecho internacional está dispuesto, finalmente, a transformar lo que durante décadas solo ha sido solo capaz de nombrar.

Lo blanco sirve, lo negro se bota: reciclaje, racismo estructural y la política simbólica del desecho

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez – Directora de Movilización Legal y Coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Desde hace unos meses, tengo una pregunta pegada. Estaba caminando por el centro de Bogotá, luego de salir de una reunión de trabajo, y delante de mí iban dos chicos de cerca de 13 años, uno blanco-mestizo (le voy a llamar Raúl) y el otro negro (le llamaré Julián), ambos vestidos con uniforme de colegio. Iban andando y jugando con la brusquedad que muchas veces da la confianza: uno le agarraba el pelo al otro, se reían, se jalaban los morrales, se reían, etc., de repente se retaron a saltar el mayor número de baldosas de un solo brinco. Julián le ganó la competencia a Raúl, y éste en el ardor de su perdida le dijo a Julián: “Lo importante es que la basura va en la bolsa negra”. A lo que Julián respondió: “¡Uy, no marica! Así no es juego”, respondió Julián. Me quedé de una pieza. Ambos se rieron, y siguieron su camino, aunque ya no iban jugando como antes. Mientras tanto, en mi cabeza inició un gran debate de mí conmigo. Pensaba: ¿hay racismo en la manera como coloreamos las bolsas de basura? ¡Si, hay racismo! Pero ¿no estarás exagerando un simple juego de niños? ¿cuántas veces te incluyeron en una “lista negra”? No lo sé, pero eso me hirió y me bloqueó posibilidades. Y sí, seguramente algunas personas me dirán que estoy exagerando y hasta me dirán que el país y la gente negra tienen problemas más urgentes. Sin embargo, en Colombia el color nunca ha sido solo un color. Durante siglos, lo blanco significó poder, humanidad plena, propiedad, prestigio. Lo negro significó esclavización, servidumbre, salvajismo, sospecha, marginalidad. Esa jerarquía no desapareció mágicamente con la Constitución de 1991. Se transformó, se volvió más sutil, más sofisticada, pero sigue operando. En cuanto a la política pública de separación en la fuente, Colombia adoptó un código de colores que hoy parece incuestionable: bolsa blanca para residuos aprovechables, bolsa negra para residuos no aprovechables y bolsa verde para orgánicos. El esquema fue formalizado en 2019 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de la estrategia nacional de gestión integral de residuos sólidos. A primera vista, se trata de una decisión técnica orientada a mejorar la eficiencia ambiental. Sin embargo, creo que ningún sistema simbólico es neutral en una sociedad estructurada por jerarquías raciales, y el lenguaje del color en América Latina y Colombia no es inocente. La asignación institucional de “blanco” a lo aprovechable y “negro” a lo desechable opera dentro de una historia colonial donde el color ha funcionado como mecanismo de clasificación social, moral y política. La pregunta que me surge sobre el sistema de separación de residuos es ¿qué ocurre cuando una política pública reproduce, aunque sea inadvertidamente, las jerarquías simbólicas de una sociedad racializada? ¡Oye! ¿significa que el Ministerio adoptó todo un sistema de colores con la intención de discriminar a la gente negra? No, no estoy diciendo que el Ministerio de Ambiente se sentó a diseñar un sistema racista, porque no quiero plantear una discusión sobre la intención de la decisión y que ahora se convierta en un reemplazo de bolsas negras y blancas porque es lo políticamente correcto. Estoy pensando en la estructura y en la posibilidad de diseñar políticas públicas que no refuercen, ni inadvertidamente, la vieja ecuación colonial que asocia blancura con valor y negritud con descarte. El Estado es un productor privilegiado de símbolos cuyas decisiones deben examinar quién gestiona los residuos y cómo los nombramos, porque el racismo estructural no siempre funciona con insultos evidentes; también lo hace cuando las jerarquías se vuelven sentido común, cuando nadie se pregunta por qué “blanco” equivale a limpio y “negro” a sucio, cuando el lenguaje reproduce, sin que lo notemos, viejas asociaciones coloniales. Cada vez que un niño o una niña aprende que en la bolsa blanca van las cosas que sirven y en la negra van las que no, está recibiendo una lección simbólica que sostiene jerarquías con pequeños gestos repetidos millones de veces, aunque nadie lo explique así. El mensaje es más fuerte en un país donde la negritud ha sido asociada, durante siglos, con trabajo servil y condiciones indignas. Solo quien nunca ha sido asociado con lo sucio, lo inferior o lo desechable puede decir que el color es irrelevante. ¿Significa esto que debemos dejar de reciclar? Por supuesto que no. La crisis climática es real y urgente, y separar residuos algo aporta. Pero tal vez haya alternativas técnicas sin esa carga histórica. Tal vez números, símbolos o códigos distintos. No se trata de escandalizarse, se trata de pensar, porque el problema no es la bolsa en sí misma, el problema es la naturalización, y la pretensión de neutralidad en sociedades racializadas. Si de verdad creemos que el racismo en Colombia es estructural, no podemos limitarnos a reaccionar cuando aparece un insulto explícito, también debemos revisar las formas más sutiles en que la jerarquía se cuela en lo cotidiano y naturaliza que lo blanco es lo que sirve, que lo negro es lo que se bota, y que eso no tiene nada que ver con nuestra historia.

Financiamiento climático sin justicia racial: una deuda pendiente en Colombia

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Una columna de Sibelys K. Mejía Rodríguez, Directora de Movilización Legal y Coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Colombia se ha posicionado en el escenario internacional como un país clave para la acción climática, particularmente a partir de su adhesión a los mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, en especial, al marco de REDD+ desde 2009. La biodiversidad, los bosques y el rol como sumidero de carbono convierten al país en una pieza central de las estrategias globales de mitigación del cambio climático. Sin embargo, detrás de esta narrativa verde persiste una tensión estructural poco discutida: gran parte de los territorios estratégicos para la acción climática coinciden con territorios históricamente racializados, empobrecidos y atravesados por múltiples violencias. Desde comienzos de la década de 1990, el ordenamiento constitucional colombiano reconoce a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras como sujetos de especial protección, titulares de derechos colectivos sobre los territorios que han habitado y usado ancestralmente, en particular a partir de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993. A la fecha, el Estado ha titulado más de 5,7 millones de hectáreas a 301 consejos comunitarios, principalmente en la región del Pacífico, y existen cientos de solicitudes adicionales en trámite. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los territorios afrocolombianos almacenan cerca de 774 millones de toneladas de carbono, lo que representa aproximadamente el 15 % de la mitigación potencial de emisiones del sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Esta riqueza ecológica convive con realidades sociales alarmantes: altos índices de pobreza, déficits históricos en infraestructura y servicios públicos, economías extractivas legales e ilegales, y una presencia persistente de actores armados. En este contexto, los mecanismos de financiamiento climático basados en instrumentos financieros —como los pagos por servicios ambientales (PSA) y los mercados de carbono, incluidos los proyectos REDD+— han ganado terreno en Colombia, especialmente a partir de esquemas de pagos por resultados y comercialización de créditos de carbono.[1] No obstante, el marco regulatorio colombiano no ha logrado cerrar la brecha entre acción climática y protección efectiva de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Aunque la normativa reconoce la obligación de respetar los derechos territoriales y de compartir beneficios, y la Corte Constitucional ha reiterado el derecho fundamental a la consulta previa cuando estas iniciativas puedan afectar a pueblos étnicos, persisten vacíos normativos significativos. En la Sentencia T-248 de 2024, la Corte advirtió la existencia de una práctica inconstitucional derivada de la invisibilización de las condiciones diferenciales de los pueblos étnicos en la regulación climática. El caso del Proyecto Forestal Tángara, en manglares del Pacífico colombiano, es ilustrativo. Investigaciones periodísticas de Rutas del Conflicto y El CLIP documentaron que el proyecto fue aprobado y empezó a comercializar créditos de carbono pese a la existencia de comunidades afrocolombianas con posesión ancestral sobre el territorio intervenido, pero sin título formal de propiedad reconocido por el Estado. Aquí, a pesar de que las autoridades han reconocido la existencia de un conflicto territorial, el proyecto continúa operando y generando beneficios económicos, mientras las comunidades quedan al margen de las decisiones y de los recursos. El marco jurídico actual no ofrece respuestas claras a preguntas fundamentales como: ¿puede un proyecto climático operar cuando los derechos territoriales están en disputa?, ¿quién debe beneficiarse mientras el Estado no resuelve el conflicto?, ¿qué mecanismos efectivos tienen las comunidades para exigir sus derechos en el marco de este tipo de conflictos? Estos vacíos resultan especialmente graves si se considera que Colombia asumió compromisos internacionales claros al adherirse al marco REDD+ de la CMNUCC, y que las salvaguardas adoptadas en la Decisión 1/CP.16 de la COP16 de Cancún obligan a los Estados a garantizar el respeto de los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales en las acciones climáticas. No obstante, la adaptación nacional de estas salvaguardas ha sido, hasta ahora, más declarativa que operativa, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la mentada sentencia T-248 de 2024. A ello se suma la opacidad estructural derivada de la inoperancia del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE), creado para centralizar información sobre proyectos climáticos, beneficios económicos y cumplimiento de salvaguardas, peor que no ha entrado en pleno funcionamiento, y cuya implementación fue suspendida por el Consejo de Estado en 2022, al considerar que el Ministerio de Ambiente había delegado irregularmente su administración. Esta suspensión y la inacción administrativa posterior han dejado a las comunidades sin acceso a información clave para ejercer control social, participar de manera informada y exigir rendición de cuentas. Sin información, no hay agencia; y sin agencia comunitaria, la acción climática pierde legitimidad y efectividad. Sin embargo, no todo es negativo. Existen algunas experiencias que muestran que un enfoque basado en derechos es posible. El proceso desarrollado por el Consejo Comunitario COCOMASUR, en alianza con organizaciones ambientales, evidencia que los proyectos de carbono pueden generar beneficios sostenidos cuando se construyen sobre la base del consentimiento informado y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Asimismo, decisiones recientes de la Corte Constitucional, como la Sentencia C-280 de 2024, que declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 57 de la ley 99 de 1993 sobre licenciamiento ambiental y ordenó la inclusión de la obligación de evaluar los impactos climáticos de los proyectos extractivos, abren una ventana de oportunidad para articular financiamiento climático con mayores estándares de participación y justicia ambiental. La pregunta de fondo es política y ética: ¿seguirá Colombia promoviendo la acción climática como un nuevo frente de acumulación económica sobre territorios racializados, o asumirá el reto de construir un modelo de financiamiento climático que repare, y no reproduzca, las desigualdades históricas? Integrar de manera real los derechos humanos, la justicia racial y la autodeterminación territorial no es un obstáculo para la acción climática; es, por el contrario, su condición de posibilidad. Sin ello, el financiamiento climático corre el riesgo de convertirse en otra promesa verde edificada sobre viejas injusticias. [1] Consulta, entre otros: https://portafolioreddmascomunitario.org/wp-content/uploads/2021/02/Con-los-pies-en-el-bosque_compressed.pdf; https://fcds.org.co/wp-content/uploads/2023/02/vf-document-deforestation-in-redd-projects-in-colombia.pdf

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: CUANDO EL RACISMO ES TRANSMITIDO SE CONVIERTE EN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

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Las organizaciones y personas firmantes, ILEX Acción Jurídica y comunicadores y periodistas afrodescendientes de Colombia manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la reiterada difusión de expresiones racistas en la televisión nacional, recientemente evidenciada en un reality show emitido por RCN Televisión, en el que una participante afirmó que otro concursante tenía “el alma y la mente igual de oscuras que su color de piel”. Este hecho no es aislado ni excepcional. Durante años, distintos formatos televisivos han reproducido, en vivo y sin consecuencias estructurales, estereotipos raciales sobre el cuerpo, el olor, la apariencia y supuestas inferioridades morales de personas negras. Estas narrativas reducen su humanidad y refuerzan un racismo estructural persistente, históricamente funcional a la exclusión social, política y económica de la población afrodescendiente. No se trata de un “error individual”: es racismo amplificado por equipos de producción y medios que conocen su capacidad de generar audiencia, conversación pública y rentabilidad. Es fundamental comprender por qué este tipo de discursos hacen daño. El racismo mediático no opera únicamente a través de insultos explícitos. Funciona, principalmente, mediante formas implícitas y normalizadas de violencia simbólica, como la reproducción reiterada de estereotipos raciales, los silencios editoriales frente a expresiones discriminatorias, los encuadres narrativos sesgados y las asociaciones persistentes entre la negritud y la criminalidad, la inferioridad moral, la suciedad o el atraso. Esta violencia simbólica no es inocua: organiza la percepción social, legitima jerarquías raciales históricas y prepara el terreno para la exclusión material, influyendo directamente en el acceso al empleo, a la educación, a la justicia y al trato digno. El daño que producen estos discursos no se limita a la persona directamente aludida. Es un daño colectivo, acumulativo e intergeneracional. Cada vez que una expresión racista se transmite sin advertencia ni contextualización, se refuerzan imaginarios que se instalan como “sentido común” y que afectan la vida cotidiana de millones de personas negras y afrodescendientes. El racismo, así, no solo refleja la desigualdad existente: la produce, la reproduce y la profundiza. La responsabilidad del periodismo y la televisión en la construcción de país El periodismo y la televisión no son actores neutrales ni simples plataformas de entretenimiento. Son constructores activos de país. A través de lo que deciden mostrar, cómo lo narran y qué omiten, configuran imaginarios colectivos, definen marcos de interpretación y contribuyen a establecer qué vidas importan, cuáles son dignas de respeto y cuáles pueden ser objeto de burla, sospecha o deshumanización. En un país atravesado por el racismo estructural, esta responsabilidad es aún mayor. Los contenidos mediáticos no solo informan o entretienen: educan políticamente a la sociedad, moldean percepciones sobre la diferencia racial y condicionan la manera en que se justifican o se cuestionan la exclusión, la violencia y la desigualdad. Cuando el racismo se presenta como anécdota, conflicto personal o “polémica”, se banaliza su gravedad y se diluye su carácter estructural, eliminando el poder simbólico que trasciende a la realidad de los cuerpos y vidas negras. La libertad de expresión y de prensa, pilares de la democracia, no se oponen a la responsabilidad social: la exigen. La televisión, como servicio público, y el periodismo, como función social, tienen el deber de no reproducir violencias, de no amplificar discursos discriminatorios y de actuar activamente para desmontar narrativas que dañan el tejido social. Construir un país desde los medios implica asumir una postura ética clara frente al racismo: nombrarlo, contextualizarlo, rechazarlo y evitar su uso como recurso narrativo o estrategia de rating. Desde el punto de vista jurídico, el marco normativo colombiano es claro. Los artículos 134A y 134B del Código Penal tipifican los actos de discriminación y hostigamiento por razones raciales, y el artículo 134C de la Ley 1482 de 2011 establece un agravante cuando estas conductas se ejecutan a través de medios de comunicación de difusión masiva. En 2024, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, se registraron más de 1.200 víctimas de actos de racismo y discriminación y más de 2.000 víctimas del delito de hostigamiento, lo que confirma que esta violencia no es marginal ni anecdótica, sino estructural y persistente. La libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, no es absoluta. Está condicionada al ejercicio de una responsabilidad social reforzada, especialmente exigible a los medios por su poder simbólico y su capacidad de amplificación. La retransmisión de contenidos racistas sin advertencias ni contextualización editorial constituye una omisión grave, que convierte a los medios en corresponsables del daño, más allá de las responsabilidades individuales de quienes emiten las expresiones. La expulsión posterior de una participante puede ser una medida inmediata, pero no transforma el fondo del problema. El racismo no se combate con sanciones simbólicas ni con comunicados reactivos, sino con decisiones estructurales, responsabilidad editorial sostenida y compromiso real con los derechos humanos. Por todo lo anterior, exigimos acciones claras e inmediatas: Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) A la Autoridad Nacional de Televisión Al Gobierno Nacional Al canal RCN y demás canales de televisión en Colombia A la Defensoría del Pueblo Las audiencias tampoco son neutrales ni pasivas. Ver, compartir, justificar o normalizar estos contenidos también es una forma de participación. Exigir cambios, cuestionar lo que se consume y dejar de premiar con atención y rating los discursos racistas es parte de la corresponsabilidad democrática. El racismo no es entretenimiento, no es opinión y no es exageración. Es una violación de derechos humanos que los medios no pueden seguir reproduciendo y que la sociedad no puede seguir tolerando. No aceptaremos respuestas simbólicas ni medidas reactivas: exigimos transformaciones estructurales reales. Firman: ILEX Acción Jurídica Periodistas afrodescendientes de Colombia(Organizaciones, colectivos y personas firmantes) Andreiza Carolina Anaya Espinoza Carolina Rodríguez Mayo. Shadya Harvey Fundación Maleua Francisco Javier Álvarez Martínez – Comité Etnoeducativo de Puerto Escondido – Córdoba. Julián Vivas Banguera Aranxa Selena Padilla Rincon – Studio Colabty Sergio Antonio Loboa Benítez Libia Díaz-Ulabares Soraya Palacios La Comunik SAS Jazmín Pilar Ávila Castillo Carlos Alberto Mera Jiménez Juan Camilo Parra Preciado Zuri …

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: CUANDO EL RACISMO ES TRANSMITIDO SE CONVIERTE EN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Leer más »

RACISMO EN PRIME TIME: No se trata de opiniones

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Hace un par de días se hizo viral una frase profundamente racista pronunciada por Johana Fadul contra Franck Luna Valencia “Campanita”, ambos participantes de un reality show transmitido por uno de los canales más tradicionales del país. Ante miles de espectadores, la actriz afirmó que su compañero tenía “el alma y la mente igual de oscuras que su color de piel”. Sin mayor reparo, fuerte y claro, el programa volvió a exhibir un acto de racismo en televisión nacional. Y sí, volvió, porque no es la primera vez. En este mismo formato televisivo ya se han presentado, en vivo y sin mayores consecuencias, conversaciones y situaciones atravesadas por el racismo. En su primera versión, una discusión sobre oportunidades y falta de acceso a derechos básicos, dejó al descubierto la burbuja social desde la que muchas personas viven en Colombia: una burbuja que no les permite reconocer el racismo que practican, ni comprender las realidades de quienes históricamente han sido excluidos de las decisiones que se toman en el “centro” del país. En la segunda versión ocurrió algo similar con la influencer conocida como La Jesuu: comentarios sobre su aspecto físico y su olor, expresiones que reprodujeron estereotipos raciales históricos que reducen a las personas negras a caricaturas, negando su humanidad. Lo ocurrido con Campanita, con La Jesuu, con Karen Sevillano, no es una opinión mal formulada, ni un error aislado. Es racismo puro, amplificado por un equipo de producción y un canal que sabe que este tipo de violencias genera audiencia, conversación y rating. El problema no es un comentario individual: el problema es la normalización de estas prácticas y el alcance masivo que han tenido durante décadas. Son heridas que se han enquistado en la vida cotidiana y que han resultado “atractivas” para ser dichas frente a todo un país. Y es fundamental entender lo que implican esas prácticas. El racismo no necesita manifestarse en agresiones físicas ni en insultos explícitos de superioridad racial para ser profundamente dañino. Basta con asociar a una persona negra con la inferioridad moral, la oscuridad o la violencia a partir de un rasgo inherente e inmodificable como el color de su piel para atacar su dignidad y, al mismo tiempo, la de todo el grupo al que pertenece. El daño que producen estas expresiones no es únicamente individual: es colectivo e intergeneracional. Cuando los discursos públicos refuerzan imaginarios que vinculan lo negro con lo negativo, impactan la vida cotidiana de millones de personas negras en su acceso al empleo, a la educación, a la justicia y al trato digno, reproduciendo exclusiones que se transmiten de generación en generación. Además, el racismo no requiere una intención explícita para existir. Muchas expresiones racistas operan desde prejuicios profundamente interiorizados: que una persona no se reconozca a sí misma como racista no reduce el carácter discriminatorio de sus palabras ni el daño que causan. El efecto sobre la persona directamente aludida y sobre la audiencia es el mismo, especialmente cuando estas expresiones se producen en espacios de alta visibilidad y legitimación social. Ahora, precisamente porque estos discursos atacan la dignidad de las personas en razón de rasgos invariables de su humanidad, el ordenamiento jurídico colombiano no los trata como simples opiniones y es importante decirlo con claridad: el racismo es un delito en Colombia. El Código Penal, en su artículo 134A, tipifica los actos de discriminación, sancionando a quien promueva o practique tratos diferenciados que menoscaben derechos por razones de raza, color de piel, origen étnico u otras condiciones. Además, el artículo 134B establece el delito de hostigamiento, cuando se promueven conductas orientadas a causar daño moral, humillación o exclusión contra una persona o grupo por estas mismas razones. Y, también, el artículo 134C de la Ley 1482 establece que las penas se aumentan de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ejecuta a través de medios de comunicación de difusión masiva. Es decir, no sólo se trata de simples “polémicas mediáticas”: estamos ante conductas que, jurídicamente, se reconocen como graves y sancionables. Los datos y la evidencia lo demuestran, en 2024, de acuerdo a datos de la Fiscalía, se registraron más de 1.200 víctimas de actos de racismo y discriminación, y más de 2.000 víctimas de hostigamientos. Es por esto que el reciente caso también interpela directamente a los medios de comunicación. En Colombia, los medios no son actores neutrales: el artículo 20 de la Constitución reconoce su libertad, pero la condiciona al ejercicio de una responsabilidad social. Esto implica un deber de ponderar el impacto de los contenidos que transmiten, especialmente cuando pueden reforzar violencias estructurales como el racismo. Por ello, el problema no se limita a la frase racista pronunciada por una participante, cuya responsabilidad es individual, sino a lo que el medio hizo —y dejó de hacer— al transmitir ese contenido en diferido. La ausencia de una advertencia o contextualización editorial constituye una omisión relevante. Una advertencia clara habría permitido señalar que el programa se aparta de expresiones discriminatorias y marcar una línea editorial de distanciamiento. Sin ella, el mensaje implícito es que el racismo hace parte de la dinámica normal del programa. La expulsión posterior de la participante fue una medida reactiva, orientada a responder al escándalo público y a la conducta individual. La advertencia editorial, en cambio, es una medida preventiva, dirigida a asumir la responsabilidad social del medio como amplificador del discurso. El programa adoptó la primera, pero omitió la segunda. La advertencia no es censura: es una forma mínima de responsabilidad editorial. El racismo no se combate con sanciones simbólicas ni con comunicados post reproducción y amplificación del discurso, sino con decisiones estructurales, responsabilidad editorial y compromiso real con los derechos humanos. Esto es lo que convierte al canal de mero vehículo en corresponsable del impacto. Por eso, el debate no puede quedarse únicamente en la sanción individual ni en la indignación momentánea, porque la memoria selectiva y la indignación temporal, es lo que nos sigue poniendo en situaciones como estas. La pregunta de fondo …

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INDICADORES ÉTNICOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022- 2026: ¿EN QUÉ QUEDARON?

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ILEX Acción Jurídica presenta un análisis del estado de avance de los indicadores étnicos concertados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, orientados a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este ejercicio recoge información oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y permite hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en distintos sectores, a un año de finalizar el actual periodo de gobierno. El documento examina un total de 163 indicadores: 71 de producto y 92 de gestión, distribuidos en sectores clave como justicia, educación, salud, ambiente, cultura, agricultura, estadística, función pública, entre otros. A partir de estos, se identifica un panorama marcado por avances desiguales: mientras algunos sectores muestran progresos importantes, otros presentan rezagos críticos que ponen en riesgo la materialización efectiva de derechos para las comunidades afrodescendientes. En términos generales, el promedio de avance de los indicadores de producto apenas alcanza el 29,8%, lo que evidencia que, pese a la existencia de metas concertadas, su implementación ha sido lenta y fragmentada. Sectores como Justicia, Estadística, Función Pública y Ciencia y Tecnología concentran los mayores niveles de cumplimiento, mientras que áreas estratégicas para el bienestar económico, social, cultural y territorial —como Agricultura, Educación, Ambiente, Cultura, Comercio e Interior— registran avances muy bajos o incluso nulos en varios de sus indicadores. Por su parte, los indicadores de gestión reflejan un rezago aún más preocupante: solo 6 de los 92 han sido cumplidos a la fecha, lo que da cuenta de debilidades en la acción interinstitucional, en la reglamentación de derechos históricos y en la puesta en marcha de políticas públicas con enfoque étnico-racial e interseccional. Este análisis no solo permite dimensionar el nivel de cumplimiento del Estado frente a los compromisos adquiridos con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sino también identificar brechas, alertas tempranas y sectores prioritarios que requieren acciones urgentes en el último año de gobierno. En este documento, se podrá encontrar el detalle sector por sector: qué indicadores avanzan, cuáles están en rezago, qué metas permanecen en cero y qué implicaciones tiene esto para la garantía de derechos territoriales, culturales, económicos, ambientales y de acceso a la justicia de las comunidades.

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