Derechos territoriales y justicia ambiental

Congreso alista propuesta de nuevo Código Minero para Colombia, ¿por qué es importante?

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La ley que rige la exploración y explotación de minerales en Colombia será reemplazada por un nuevo código después de dos décadas. Entre el 18 y 20 de noviembre, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la actualización del Código Minero realizarán en la Orinoquía y La Guajira, la undécima y duodécima audiencia pública del proceso de diálogo abierto que busca conocer las propuestas y demandas de las comunidades directamente impactadas por esta práctica extractiva en el país. Las audiencias públicas de concertación y participación con comunidades étnicas y los diálogos con el sector empresarial están contemplados en la primera fase, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año. Posteriormente, lxs congresistas que integran la Comisión reunirán las propuestas en un texto borrador para el proyecto de ley que establecerá el nuevo Código de Minas. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) El cronograma señala que entre febrero y junio del 2023 se llevará a cabo la validación y sometimiento a la Consulta Previa del proyecto de ley. La norma sería radicada en el Congreso el 20 de julio del 2023, y se espera que sea una de las principales apuestas de la bancada de Gobierno en la próxima legislatura. ¿Cómo ha impactado la minería a los territorios afro? La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece como su objetivo de interés público el fomento de la “exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente”. Sin embargo, a veintidós años de la aplicación de la norma, el balance dista de ser positivo. Hoy en colombia, tenemos: instituciones encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad minera que son débiles e incapaces de ejercer su papel de forma efectiva; falta de control de la minería a gran escala y la minería ilegal que han propiciado la contaminación de los ríos y la desterritorialización y exterminio de pueblos étnicos a lo largo y ancho del país. (Le recomendamos leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) De acuerdo con el tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en los territorios étnicos del país, se han impuesto mediante violencia formas de agroindustria o proyectos extractivos como minería a gran escala, poco respetuosas con la naturaleza. El mencionado documento sela que la “minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, muchas veces manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas”. Por ahora, desde la bancada de Gobierno en el Congreso aseguran que el nuevo Código Minero se enfocará en la protección de los territorios, del agua y la seguridad alimentaria. También se promoverá el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. (Le puede interesar: Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital) Estos planteamientos van de la mano con lo manifestado por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró durante el Congreso Nacional de Minería que el código debe ser reformado para que la práctica minera no gire “exclusivamente alrededor de la multinacional minera”. De acuerdo con el mandatario, la nueva norma debe “recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecer la minera tradicional, empoderarla”.

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina

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Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. El Gobierno Nacional incumplió los acuerdos firmados con el pueblo raizal para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el devastador paso del huracán Iota en las islas de Providencia y Santa Catalina, en noviembre del 2020. Así lo determinó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al señalar, por medio de la sentencia T-333-22, que el lento proceso de reconstrucción integral ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”. La Corte comprobó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, incumplieron los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico. El fallo de sentencia, que se dio en respuesta a una tutela presentada por el Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, también asegura que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron a estas comunidades el derecho fundamental a la consulta previa: “Esto se vio reflejado en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raiza”, dice la Corte. Sobre este asunto en particular, Susana Correa, exministra de Vivienda y gerente para la reconstrucción del archipiélago, ha señalado que sí hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según ella, tanto la decisión de construir con concreto, como la no importación de viviendas prefabricadas, fueron tomadas en conjunto con la comunidad. De acuerdo con la sentencia, la UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen un plazo de 30 días para intervenir el hospital de campaña y garantizar a la población raizal las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Las entidades también deberán garantizar el abastecimiento diario de agua potable y restaurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. De igual forma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el gobierno local deberán convocar a la comunidad raizal a un proceso de consulta sobre el programa de reconstrucción que permita corregir y reenfocar las medidas para la reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina. Estos acuerdos también deben garantizar la implementación de instrumentos internacionales que ayuden a fortalecer la resiliencia de las islas a los efectos del cambio climático. ‘El Gobierno ignoró nuestras propuestas e irrespetó los acuerdos‘ Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. ¿Cómo se ha evidenciado el racismo estructural e institucional durante el proceso de reconstrucción? Según afirma la Corte, sus sugerencias entorno al enfoque étnico en la reconstrucción fueron ignoradas por el Gobierno Hay un contexto histórico. Las islas fueron primero una colonia británica, luego se adhirieron a Colombia, en 1822, y desde entonces se han tomado medidas que tienden a homogeneizar, a “colombianizar” a la población de San Andrés. Estas medidas se han concentrado en desaparecer las características culturales de nosotros como etnia. Entre esas se encuentran haber impuesto la religión católica y prohibir la religión protestante y la de los pueblos provenientes de África. También prohibieron el habla del creole. Durante la reconstrucción, este racismo estructural se vio reflejado en la imposición de un modelo de casas que no está acorde con nuestra cultura, irrespetando así los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Nosotros solicitamos al Gobierno hacer una consulta previa pero dijeron que no, porque era una situación de emergencia y eso llevaba mucho tiempo. Luego, en las mesas de concertación llegamos a un acuerdo, consignado en el documento ‘Memoria técnica de acta de concertación’, en el que se afirma que las casas reconstruidas tienen que cumplir con la arquitectura típica de la isla, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional. Ellos ignoraron completamente este documento, lo único que hicieron fue hacer una fachada parecida a las de las casas típicas. Los materiales no sólo no eran los adecuados sino que además eran de la peor calidad posible. La madera se pudre, las paredes se agrietan, el piso se agrieta, la pintura se cae por la lluvia. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno tampoco cumplió con la construcción de las zonas seguras… La zona segura es una habitación, por lo menos una habitación en concreto con baño, para que en caso de que se volara la casa, por lo menos quedara esta habitación en concreto, con placa en concreto, para que las familias pudieran resguardarse durante y después del huracán. Ninguna de las casas las construyeron de esta manera. En resumen, no respetaron la concertación a la que llegamos y la mayoría de las casas no cumple con los requisitos ante Huracán, ni en el techo, ni en la estructura, ni con esta zona segura que habíamos exigido. ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a la construcción de la base de guardacostas en la Isla? ¿La Corte ya se pronunció al respecto? La Armada Nacional quería construir esta base en la comunidad con la excusa de que estaban reconstruyendo algo que ya estaba, lo cual …

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Siempre vigilado: testimonio de un hombre afro víctima del conflicto armado

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*Testimonio de un hombre afrodescendiente víctima del conflicto armado en El Piñal, Meta. Tomado del tomo Cuando los pájaros no cantaban, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Puedo decirle que en esa guerra la raza que más se vio afectada fue la raza negra. Nosotrosllegamos a Piñal, éramos ocho muchachos, ocho personas. Todos negros. En la época en quellegamos, Camerún había sido campeón. Tonces ya la gente conocía el poderío del fútbol africano en el territorio. Un día nos invitaron a jugar fútbol, y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya nos decían «la selección de Camerún». Éramos la verraquera en El Piñal. Empieza a llegar mucho negro al territorio, muchísimo. La mayoría era del Pacífico, que se había asentado en Cali durante muchos años. Cuando llegamos nosotros hacía un verano… y no se conseguía trabajo. Empecé a investigar y me dijo un negro al que le decían el Palomo: «Paisano, venga que le voy a contar algo. Con los negritos es delicado por aquí. Nadie quiere a los negros. Yo no he tenido problemas. Al principio fue muy duro. Tenga muchísimo cuidado porque a ustedes ya los tienen investigados. Andan detrás de ustedes a ver dónde se descachan. Sepan lo que dicen, lo que hablan». Inmediatamente reuní a los muchachos: «Muchachos, tienen que tener mucho cuidado porque no conocemos a nadie y no sabemos quién es el que manda». Luego supimos que eran las FARC. Los guerrilleros andaban de civil. Por su racismo inventaban cualquier cosa y aparecía un negro muerto. Al que le daba gana de matar un negro lo hacía y nadie le decía nada. Fuimos aprendiendo a vivir en ese territorio. Fui conociendo mucha gente, me fui empoderando, llenando de amigos. Los comerciantes grandes del pueblo me fueron conociendo. Me empezó a ir muy bien en mi negocio, gracias a Dios. Pero comenzaron a llegar más gentes, mucho raspa. Encontraba usted gente que tenía 70 negros trabajando en la finca. Había un tipo al que le decían «el Patrón de los Negros». Ese señor le daba trabajo en su finca, en la vereda Gorgona, a todo negro que llegaba. En las otras partes era difícil conseguir trabajo. Cualquier negro que medio la embarrara porái lo amarraban, lo sacaban, lo mataban. Eso era muy delicado. Uno tenía que andar es a lo bien, como quien dice, con toda la aliniatura. A veces los patrones se inventaban cualquier cosa para no pagar.«¡Váyase, negro triplehijueputa!». Y cuando el negro empezaba a reclamar, llegaba un miliciano que se lo llevaba. Ya era un desaparecido. Uno mantenía con ese temor y ese dolor por escuchar esa represión tan grande. Un día hubo una balacera muy inmensa. Duró toda la mañana. Empezó como a las cinco de la mañana, hacia el lado de la sabana. Esa bala no paraba de sonar. Era un enfrentamiento del Frente 27 con los paramilitares que se venían metiendo por esos sectores. Fue una pelea que duró como una semana. Hubieron muchas bajas de la guerrilla. Lo malo de esa pelea fue que, supuestamente, habían unos negros muy grandes a los que no les entraba la bala, y esos eran los que más bajas le daban a las FARC. Los milicianos empiezan a mirar a todo negro como objetivo militar. Para ellos, un negro era desconocido, un infiltrado, el perezoso, el ladrón o alguna cosa. Era lo malo en todos los sentidos. Los muchachos con los que llegué, ya con platica en el bolsillo, cogieron pa los pasajes para irse. Ahí se acabó ya el grupo que con el que andaba. Empezaron fue a dentrar otros negros de otra parte que uno no conocía. Del Valle, de todas partes. Dentraron unos que les decían Los Vallunos, y esos manes empezaron a calentar El Piñal. Se empezaron a perder televisores, a atracar a los borrachos. No sé quién dijo: «Son los negros», y ahí sí se intensificó la matazón de negros. Cuando terminó la pelea con los paramilitares, todo negro se volvió un objetivo militar. Nos dijeron que teníamos que irnos, nos decían: «El señor Alberto Pitufo mató 20 negros en un solo día». Uno se acostumbró a escuchar: «Ayer mataron tres, cuatro negros». «Ahorita están recogiendo los negros y Pitufo cargó tres buses y los mandó a botar en Villavicencio». «Este domingo recogió otros dos buses y los llenó, y le pagó al chofer para que los botara en Villavicencio. Porque ningún negro puede quedarse si un patrón no responde por él». Esas eran las órdenes. Masivamente mataron negros por aquí. El Frente 27 de las FARC. Toda esa gente era civil. Hacían fosas comunes. Loprimero que hacían los negros cuando los capturaban era su propio hueco. Allá quedaron. Sucedían esas cosas y usted tenía que olvidarlas. Eran temas que no podía volver a tocar. Usté no podía preguntar: «¿Verdá que mataron a tal fulano?». Nadie le contestaba. «¿Será que mataron a…?, ¿cómo lo mataron?». Nadie decía nada. Era la ley del silencio. Mi hijo salió de este territorio, se fue a Nariño. Allá también las FARC tenían un frente. Mi hijo estuvo un tiempo en el pueblo, empezó a trabajar en el río Satinga, donde estaba mi madre. Una vez tuvo un problema con un muchacho en el río. Ahí empezaron las rencillas y un día cualquiera vinieron, lo cogieron y se lo llevaron. Se lo llevaron a él y a otros dos adonde tenían sus campamentos, por allá a orilla del mar. Y no apareció. No apareció. Yo busqué y busqué, y él nuncavolvió más. No se podía denunciar allá en la Personería porque era peligroso. Entonces tocó denunciar por acá. Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja Internacional y lo metieron en su grupo de desaparecidos. Y sí, confirmaron que había sido muerto en El Bajito. Hace tres días tuve la llegada de la Cruz Roja. Vinieron con la psicóloga y me confirmaron la muerte de mi hijo. Yo fui desplazado en esa época, en el 2003. En el sector …

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Presentamos intervención ciudadana que controvierte nulidad del título colectivo del Consejo Comunitario de La Boquilla

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En el documento señalamos que el Tribunal Administrativo de Bolívar interpretó erróneamente el régimen de tierras para comunidades negras. ILEX Acción Jurídica radicó ante el Consejo de Estado una intervención ciudadana con el objetivo de contradecir los argumentos que llevaron a la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar (sentencia No. 1 del 31 de julio de 2020) que anuló la Resolución 467 de 2012 del INCODER que adjudicó la titulación colectiva de una parte del sector de la Boquilla a las comunidades negras de Cartagena. En el documento advertimos que el Tribunal Administrativo de Bolívar interpretó erróneamente el régimen de tierras para comunidades negras establecido en la LEY 70 de 1993, al argumentar que este territorio no podía ser adjudicado como propiedad colectiva debido a que se encuentra cobijadO por el “componente urbano” del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena (POT). Consideramos que esta conclusión es errada por tres razones: 1) Las expresiones “zona rural” y “área urbana” del régimen de tierras de las comunidades negras no se refieren a los componentes ni a las clasificaciones de suelo del régimen de ordenamiento territorial de los municipios y Distritos, sino a la organización político-administrativa entre corregimiento y comuna del régimen municipal y distrital. 2) Los POT, por su naturaleza jurídica, no pueden modificar los mecanismos de acceso a la propiedad, aunque sí pueden modificar usos que pueden afectar los derechos territoriales de comunidades negras. 3) La titulación colectiva en la Boquilla es necesaria para defender los derechos territoriales de las comunidades negras, frente a los riesgos que permite el POT de Cartagena. Descarga aquí la intervención completa.web

¿Qué está pasando en el barrio San Francisco de Cartagena?

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De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas La comunidad del barrio San Francisco y organizaciones de derechos humanos en Cartagena denunciaron que fueron víctimas de acciones violentas y abusivas por parte de 12 miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía de la ciudad. Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre y, según manifestó la comunidad, los hombres armados golpearon y trataron de forma violenta a tres mujeres durante un “falso operativo”, una de ellas menor de edad. De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas de este territorio que ha sido criminalizado y militarizado desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. Desde ILEX Acción Jurídica reprochamos estas graves vulneraciones a los derechos humanos y nos sumamos al llamado de la comunidad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el caso y la protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH en la comunidad. Insistimos en la necesidad de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar, que responda a un plan de emergencia de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para reducir los altos niveles de violación de derechos humanos en la zona. Aquí puedes leer el comunicado completo:

Resistir no es aguantar: 8 hallazgos del capítulo Étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad

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La Comisión de la Verdad presentó este 2 de agosto ‘Resistir no es aguantar’, el capítulo Étnico del Informe Final que da cuenta de lo acontecido durante más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Este capítulo recoge los relatos dolorosos escuchados por los y las comisionadas en los territorios de los pueblos indígenas, ROM y afrodescendientes del país. El capítulo evidencia cómo el racismo estructural, la invisibilidad estatal y la ausencia de garantías de seguridad fueron cómplices para la perpetuación del conflicto en estos pueblos. Compartimos ocho de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en este capítulo del Informe Final: “El trato colonial y el racismo estructural vivido por los pueblos étnicos en Colombia a lo largo de un continuum de violencias en que el Estado, por acción u omisión, ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminar ni revictimizar a ningún sector de la población, ya sea por su color de piel, pertenencia étnica o ubicación en la geografía nacional”. “El trato colonial persiste en pensamientos, discursos y prácticas basados en el proyecto identitario europeo que subordina a otras culturas para disolverlas dentro de sí […] El continuum de violencias contra los pueblos étnicos fue asimilado y replicado en el accionar de los grupos armados en el conflicto armado y causó daños e impactos desproporcionados”. De acuerdo con la Comisión, existen por lo menos diecisiete corredores del conflicto armado en territorios étnicos: “Estos corredores son dinámicos y han constituido el epicentro de la confrontación de los grupos armados que disputan las rentas de seguridad para desarrollar economías extractivas legales e ilegales”. “El trato colonial y el racismo estructural están expresados en la invisibilidad de información estadística sobre los pueblos étnicos, narrativas del conflicto armado y la violencia histórica, lo que ha impedido a la sociedad colombiana, bajo su propia voz y análisis, conocer la realidad de la historia de los pueblos étnicos y la dimensión de las violencias y daños sufridos en el marco del conflicto armado”. La Comisión explica que la barbarie del conflicto armado y las violencias históricas contra los pueblos étnicos han generado “graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización, y al territorio”. “El territorio y la naturaleza fueron víctimas del conflicto armado. Estos sufrieron múltiples daños y fueron profanados por el accionar violento de los grupos armados en asocio con sectores económicos o políticos que se beneficiaron del conflicto armado”. “Las violencias continuas contra los pueblos indígenas u originarios evidencian prácticas recurrentes que permiten la imposición cultural mediante procesos de invasión, ocupación del territorio y sometimiento de las comunidades y de sus miembros, lo que contribuye, en el marco del conflicto armado, al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas”. Par la Comisión, la “negación del ser al pueblo negro”, es decir, la privación de sus derechos a un territorio, a una cultura y a una nación libre de discriminación racial, ha sometido a esta población, en el marco del conflicto armado, a “ciclos desproporcionados de desterritorialización, ocupación de territorios, despojo y desprotección”.

¿Independencia para quién?

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La proclamación de la independencia del imperio Español no significó el fin de la esclavitud en Colombia. Las declaraciones de igualdad y fraternidad escritas por los próceres de la era republicana, herederos del sistema colonial, no contemplaron la libertad de los esclavizados pese a que muchos de estos hicieron parte de los ejércitos libertarios como oficiales o soldados. Después de recorrer varios puertos caribeños tras la caída del segundo intento de gobierno republicano en 1814, Simón Bolívar viajó a Haití y se comprometió a dejar en libertad a los esclavizados de la nueva república a cambio de la ayuda de un batallón de soldados, municiones y barcos ofrecidos por Alejandro Petión, líder de la revolución afro que conquistó la independencia en 1791, antes que cualquier otra nación de América. Sin embargo, Bolívar no cumplió con su promesa y muchos soldados volvieron a quedar bajo el poder de sus amos después de dejar el alma en la titánica campaña libertadora. En una carta enviada al director de la Gaceta Real de Jamaica en 1815, Bolívar justificó sus causas para postergar la libertad de los esclavizados: “El colono español no oprime a su doméstico con trabajos excesivos: lo trata como a un compañero; lo educa en los principios de moral y de la humanidad, que prescribe la religión de Jesús. […] El esclavo en América española vegeta abandonado en las haciendas, gozando, por decirlo así, de la inacción, de la hacienda de su señor y de una gran parte de los bienes de la libertad. Como la religión le ha persuadido que es un deber sagrado servir, ha nacido y existido en esta dependencia doméstica, se considera en su estado natural, como un miembro de la familia de su amo, a quien ama y respeta. La experiencia nos ha mostrado que, ni aún excitado por los estímulos más seductores, el siervo español no ha combatido contra su dueño; y por el contrario, ha preferido muchas veces la servidumbre pacífica a la rebelión”. La carta de Bolívar evidencia cómo los próceres criollos estaban más preocupados por conservar los beneficios del sistema colonial, que por garantizar un proyecto de nación humanista, que protegiera los derechos de todxs. En Las Claves Mágicas de América, el escritor Manuel Zapata Olivella asegura que “los nuevos amos criollos entendían que el régimen neocolonialista debía contar, al menos por algún tiempo, con la mano esclava […] La libertad de los africanos en América no podría ser un acto de mera actitud filantrópica y de declaración de principios humanitario El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. “La justicia, la política, y la Patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza, he venido en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados”, sentenció Bolívar. No obstante, los intereses de los dueños de los esclavizados se impusieron sobre la justicia que demandaba la libertad de los antiguos comandantes y soldados esclavizados. Bolívar tampoco utilizó su poder para exigir el cumplimiento del decreto. La libertad de todas las personas esclavizadas en Colombia fue concedida en 1851, 37 años después de la promesa que Bolívar le hizo a Petión. Aunque se desconoce la cantidad de esclavizados que participaron en la campaña independentista, varias investigaciones señalan que fueron pocos los esclavizados que obtuvieron la libertad después de prestar servicio militar.

Los descendientes de esclavizados y el acceso a la tierra: debates sobre la propiedad en el Caribe

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La sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la categoría “descendientes de esclavos libertos” como elemento de identificación colectiva para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras. Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica En el 2016, la Corte Constitucional ordenó, con la sentencia T-601, la calificación y titulación de tierras a “descendientes de esclavos libertos” de la antigua Hacienda Arroyo Grande, que se encuentra en la zona de influencia de varios consejos comunitarios de comunidades negras en Cartagena y Bolívar. La sentencia puso en la arena de las disputas identitarias la categoría de “descendientes de esclavos libertos”, como una de los sujetos o figuras para acceder a la titulación de tierras de la antigua Hacienda Arroyo Grande, y abrió otro debate sobre las disputas por la identidad negra para el acceso a derechos territoriales en el Caribe. El derrotero de este conflicto tiene más de dos siglos. Gran parte de la historia de Colombia, asociada con la exigencia de derechos, está ligada a las luchas campesinas por la tierra, y en la historia reciente al movimiento campesino conglomerado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que tiene en el Caribe a sus representantes más radicales en la disputa por la reforma agraria. Aunque el nacimiento de la ANUC en los años 70 revistió a la lucha por la tierra de nociones relacionadas históricamente con procesos campesinos, a partir de los años 2000 se gestó en el Caribe un discurso alrededor la etnicidad y se empezaron a crear consejos comunitarios que solicitaron al Estado el reconocimiento de la propiedad colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993 -o Ley de Comunidades Negras-, tal como había estado ocurriendo en la zona del Pacífico por lo menos una década atrás. Cabe señalar que la expedición de una normativa especial de reconocimiento del derecho al territorio de las comunidades negras rurales se dio luego del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, con base en el cual se establecen herramientas que facilitan el trámite de demandas de reconocimiento, demarcación y protección de territorios colectivos. Esa disposición fue desarrollada por la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, creando instituciones, competencias y rutas de gestión de los derechos territoriales para las “comunidades negras”. Según la normativa, la “comunidad-negra” que demande el reconocimiento de derechos territoriales debe cumplir los siguientes requisitos: demostrar ocupación ancestral de las tierras (una historia común de poblamiento y ocupación de las tierras, que pueden ser baldíos nacionales o reservados por el Estado, propiedad pública con o sin derechos de uso y disfrute colectivo, o tierras de propiedad particular u otras formas de propiedad de otras personas que son o no de la comunidad); existencia de un proceso de autorreconocimiento como comunidad negra; y conformación de organizaciones y elección de autoridades encargadas de presentar la solicitud de titulación colectiva y de administrar el territorio (consejo comunitario, junta directiva, representante legal). En contraste con el Pacífico, en varias zonas del Caribe, la conformación de consejos comunitarios se dio en plena agudización de la violencia y con posterioridad a los desplazamientos masivos de población a causa de la guerra. De hecho, si se piensa en la historia contemporánea de zonas del Caribe como Montes de María, Sur de Bolívar, Córdoba, Cesar y Magdalena, se puede evidenciar que la violencia afectó de manera importante a los pueblos de mayor presencia de gente negra o afrodescendiente, de acuerdo con el censo del 2005. Estas organizaciones que antes se auto-reconocían como campesinas, se fueron apropiando de los lenguajes y prácticas de la etnización, lo que posibilitó la articulación de demandas al Estado sobre títulos colectivos, atención de necesidades con enfoque diferencial étnico, entre otros. Es así como la creación de consejos comunitarios ha puesto sobre la mesa disputas identitarias que tienen por objetivo un fin común: el acceso a derechos territoriales (sin que se limite a ellos). De manera concreta, el acceso a derechos territoriales por parte de poblaciones racializadas, como las negras/afro, se ha articulado desde diversos y complejos tránsitos de reconocimiento y autorreconocimiento identitario. En el Caribe estos tránsitos van desde el reconocimiento y posicionamiento de sujetos campesinos, organizados y no organizados, categoría sin distingo de razas/etnias; pasando por la identificación como comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, atravesada por el multiculturalismo introducido con la Constitución de 1991; y llegando a complejas situaciones de tensión identitaria que se disputan las políticas de la identidad al tiempo que el acceso a derechos como los territoriales (afrocaribeños, afro palenqueros, renacientes, entre otros). En este sentido, la sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la idea de “descendientes de esclavos libertos” como elemento o categoría de identificación para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras discriminadas e históricamente excluidas. Entre las cuestiones puede señalarse: ¿cómo se está apropiando la categoría “descendientes de esclavos libertos” por parte de las poblaciones negras/afros de la zona de Arroyo Grande?, ¿qué nos dice esa categoría sobre la relación raza-propiedad-esclavitud en la actualidad? y ¿cuáles son las tensiones o conflictos que genera esa categoría con las de “comunidad negra” o “consejo comunitario” para el acceso a tierras? El debate apenas comienza. *Esta columna nace de una ponencia presentada en la en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 al 10 de junio de 2022.

Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso

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En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente. En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó. [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321

De la resistencia a la esperanza: Francia Marquez, la primera mujer afro vicepresidenta de Colombia

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La llegada de la abogada y lideresa caucana a la vicepresidencia de Colombia representa un hito histórico en la lucha por la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. Francia Elena Márquez Mina, la primera mujer afrodescendiente electa como Vicepresidenta de Colombia, nació el 1 de diciembre de 1981 en la vereda Yolombó, del municipio de Suárez (Cauca). Fue allí, en compañía de su comunidad, donde floreció el Ubuntu de su lucha incansable por la defensa del territorio y el cuidado de la naturaleza, dos banderas que impulsaron su carrera política y sembraron su camino hacía el segundo cargo más importante del país. Su activismo e incidencia social, política y comunitaria ha estado marcado por la defensa del territorio, de la “Casa Grande”, como espacio de vida. Además, ha luchado por el reconocimiento de los derechos inalienables de los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas del país. “A los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de las resistencia y de la esperanza”, dijo Francia Márquez en su discurso victorioso del pasado domingo. Y agregó: “Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los y las nadie de Colombia”. La llegada de la abogada y lideresa caucana a la vicepresidencia de Colombia representa un hito histórico en la lucha por la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente porque, como asegura la activista Angela Davis, “cuando mujeres negras como Francia Márquez avanzan, el mundo avanza con ellas. Como mujeres negras siempre hemos luchado por el resto de las personas”. Francia Márquez, galardonada con el Premio Goldman (2018), representa las luchas de miles de “nadies” que siguen reclamando al Estado la protección y garantía de su derecho a “vivir sabroso”, a una vida digna. Su experiencia de vida da cuenta de la resistencia, ancestralidad y sabiduría de la población afronortecaucana que continúa trabajando incesablemente por la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos humanos para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones de vida. “Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación, vamos por la paz sin miedo, vamos por la dignidad, por la justicia, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de nuestra comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de nuestras casa grande, vamos juntos a erradicar el racismo”, exclamó en su discurso la vicepresidenta electa.

Derechos territoriales y justicia ambiental

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