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Política de drogas y población afrodescendiente: caso Cali y Cartagena

La política de drogas en Colombia, en particular la regulación del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, ha suscitado diversos debates en consecuencia a las amplias facultades otorgadas a las autoridades locales y a los agentes del orden. Dichas facultades se centran en la potestad que se les confiere a estas instituciones territoriales en la adopción de medidas restrictivas que podrían transgredir derechos fundamentales, como la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad consagrados en nuestra Constitución Política de 1991. En respuesta a posibles casos de limitaciones de derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha enfatizado a través de desarrollos Jurisprudenciales que cualquier limitación a los derechos fundamentales debe cumplir con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.  Sin embargo, se ha logrado evidenciar que muchas de las medidas adoptadas en el marco de la regulación del consumo de sustancias psicoactivas carecen de una justificación sólida que demuestre su adecuación y proporcionalidad frente al objetivo que pretende alcanzar. Creando este contexto un escenario de riesgo en la criminalización y perfilamiento asociados al consumo de sustancias psicoactivas para las poblaciones afrodescendientes dentro del territorio nacional. Un ejemplo de este tipo de medidas se refleja en ciudades como Cali y Cartagena, donde, mediante decretos locales, se restringe el consumo   de sustancias psicoactivas en espacios públicos. No obstante, estas regulaciones deben ser proporcionales y no pueden implicar una prohibición absoluta o completa que anule derechos constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud. La Corte Constitucional ha establecido límites a las facultades de las autoridades locales y ha reafirmado que el consumo personal o médico de sustancias psicoactivas, así como la posesión de dosis mínima en parques, está protegido constitucionalmente. Sin embargo, las autoridades territoriales, como las alcaldías, tienen la facultad de regular el consumo de drogas en espacios públicos para proteger derechos, especialmente los de niños, niñas y adolescentes. Para garantizar que estas medidas sean compatibles con los derechos fundamentales de las personas usuarias de drogas, deben superar un examen de proporcionalidad. Esto implica que las restricciones deben perseguir un fin constitucional, y ser idóneas, necesarias y proporcionadas. Así mismo, se ha demostrado que este tipo de intervenciones podrían ampliar perfilamientos raciales sobre población afrodescendiente, como se ha demostrado en diferentes contextos y países. En Colombia, como en muchos países en el mundo existe una criminalización sobre la población afrodescendiente, este grupo poblacional tiende a tener más probabilidades de ser arrestados, aprendidos, requisados o criminalizados por agentes del orden, por lo tanto, las acciones municipales como lo decretos en relación con el control y prohibición de medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes, si bien no son directas sobre un grupo poblacional, normalmente dejan a un lado la evidencia que orienta a un perfilamiento sobre la población afrodescendiente.  En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, en un estudio desarrollado por Human Rights Watch, encontraron que tanto las personas negras como las blancas cometen delitos relacionados con drogas a tasas similares. Sin embargo, los negros son desproporcionadamente foco de la “guerra contra las drogas”, lo que resulta en un número mucho mayor de arrestos y encarcelamientos en comparación con las personas blanco mestizas.  En este documento analizamos un aspecto específico de la política de drogas, en relación con la dosis mínima y su efecto en la población afrodescendiente en dos vías, el primero de ellos en el análisis de los decretos 03 de 2024 en Cartagena de Indias y decreto 0125 de 2024 en Cali, haciendo relación a su enfoque prohibitivo y su relación con las sentencias de la Corte Constitucional y, por último, un enfoque en salud pública, que abarca las problemáticas de este tipo de medidas y las prácticas que pueden ser o no efectivas en este tipo de contextos.  Conoce el análisis realizado en ciudades como Cali y Cartagena:

¿Un paso decisivo en la COP16?: Lo que se habló del reconocimiento a los Pueblos Afrodescendientes y su rol en el cuidado de la Biodiversidad y el medio ambiente

Una columna escrita por Audrey Mena, subdirectora de ILEX Acción Jurídica Al cierre de la COP16, se alcanzó un hito histórico con el reconocimiento de la población afrodescendiente en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), específicamente en el artículo 8(j), que protege los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la biodiversidad. La creación de un órgano subsidiario en la COP16 para pueblos indígenas y comunidades locales, junto con el reconocimiento explícito de la contribución única de los afrodescendientes en la gestión sostenible de los recursos naturales, representa un avance importante hacia la justicia ambiental y racial. No obstante, es crucial señalar que este reconocimiento, aunque significativo, no categoriza a los afrodescendientes como “pueblos” a la luz del derecho internacional, sino que los define como un [colectivo] diferenciado de las comunidades locales, lo cual tiene implicaciones relevantes que abordaré más adelante. Esta inclusión fue impulsada principalmente por Colombia y Brasil, países con las mayores poblaciones afrodescendientes de América Latina. En Brasil, el 56% de la población es afrodescendiente, mientras que en Colombia más del 10% (aproximadamente 4,6 millones de personas) se identifican como afrodescendientes, sobre todo en regiones ricas en biodiversidad como el Pacífico.   Los afrodescendientes han sido históricamente excluidos de las políticas ambientales, limitando su capacidad de proteger sus territorios. Brasil y Colombia asumieron la responsabilidad de liderar esta inclusión en el Convenio, reconociendo que la justicia ambiental y racial exige la protección de la biodiversidad a través de la participación activa de los afrodescendientes. ¿Qué implica el reconocimiento de la población afrodescendiente en el CDB?  Este reconocimiento abre la posibilidad de incluir formalmente las prácticas tradicionales de las comunidades negras en las políticas de conservación de la biodiversidad, fortaleciendo su identidad y participación. Incluir a las comunidades negras como un colectivo diferenciado de las “comunidades locales” en el artículo 8(j) visibiliza los conocimientos y prácticas ambientales únicos de estas comunidades, permitiéndoles un mayor protagonismo en la gestión de los recursos naturales y un reconocimiento más justo de su contribución a la biodiversidad. Además, se generan oportunidades para avanzar en términos de autonomía, acceso a recursos y protección de sus conocimientos tradicionales y territorios. A nivel general, el CDB emplea el término “comunidades locales” en varios artículos, especialmente en el artículo 8(j), que como ya lo mencioné  promueve la preservación de conocimientos y prácticas tradicionales para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, “comunidades locales” no se define explícitamente, y en la práctica ha incluido comunidades con conocimientos tradicionales sobre biodiversidad, sin limitarse a pueblos indígenas. En la práctica, las “comunidades locales” suelen referirse  como  un grupo de personas que vive en un lugar y tiene formas especiales de cuidar y entender la naturaleza. Estas comunidades saben cómo usar de manera sostenible la tierra y sus recursos, como las plantas, los ríos y los animales. En la COP16, el reconocimiento del rol de los afrodescendientes introduce la necesidad de ampliar la protección de los conocimientos tradicionales más allá de los pueblos indígenas. Sin embargo, lo cierto es que en términos de aplicación medidas accionables para gestión de derechos, la categorización de estas comunidades como “colectivos afrodescendientes” en lugar de “comunidades locales” no necesariamente implica un cambio sustancial en la protección de sus derechos colectivos. Este reconocimiento simbólico requiere la implementación de herramientas jurídicas específicas que garanticen derechos efectivos, como el consentimiento, libre e informado, y la propiedad colectiva, a fin de materializar el ejercicio pleno de sus derechos con respecto a la conservación y protección de la diversidad biológica en sus territorios. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades afrodescendientes rurales presentan una relación con el territorio que va más allá del manejo de los biomas, puesto que convierten el espacio que ocupan en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. En ese sentido, entiende que estos grupos étnicos tienen características específicas que requieren una protección especial.   En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido a las comunidades afrodescendientes como “grupos tribales” bajo el Convenio 169 de la OIT, dado su arraigo cultural, prácticas ancestrales e identidad colectiva diferenciada. En la Sentencia T-576 de 2014, la Corte reconoció derechos especiales para las comunidades negras y afrocolombianas, incluyendo derechos a la consulta previa, a la propiedad colectiva y a la preservación cultural, en condiciones similares a los pueblos indígenas.  Aunque el CDB es clave para la promoción de la biodiversidad, tiene limitaciones  desde un enfoque de derechos colectivos específicos. Esto se debe a que el CDB se estableció con el objetivo principal de conservar la biodiversidad, promover su uso sostenible y asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Al ser un acuerdo ambiental internacional, su enfoque central es ecológico, no de derechos humanos o colectivos. Por ello, si bien reconoce la importancia de los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales (como en el artículo 8(j)), el CDB no otorga explícitamente derechos colectivos sobre territorios o recursos.  A diferencia de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el CDB solo menciona la participación de “pueblos indígenas y comunidades locales”, sin garantías reales de protección sobre conocimientos, territorios o formas de vida, fomentando la integración de conocimientos tradicionales en la conservación de la biodiversidad. Por esto, aunque el reconocimiento de los afrodescendientes en el CDB es un avance simbólicamente poderoso, sigue siendo meramente enunciativo y no incluye obligaciones vinculantes específicas para los Estados firmantes del CDB, en cuanto a la implementación de mecanismos específicos de protección de escenarios de apropiación o uso indebido de los  conocimientos tradicionales. En ese sentido, se fija únicamente en reconocer sus contribuciones a la biodiversidad. Así, aunque el reconocimiento logrado en la COP16 representa un avance importante, también pone de relieve la distancia entre los compromisos internacionales y su aplicación en el ámbito nacional. En el caso de Colombia, si bien se destaca …

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Resultados de pobreza monetaria 2021-2023: ¿Cómo le fue a la población afrodescendiente?

La pobreza tiene un impacto profundo en la calidad de vida de la población y según los últimos cálculos de pobreza del DANE, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2022-2023), a nivel nacional, se observa una tendencia decreciente en la pobreza monetaria. En 2021, la pobreza monetaria se situó en un 39,7%, disminuyendo progresivamente a un 36,6% en 2022 y a un 33,0% en 2023. En 2023, la pobreza monetaria fue 3,6 puntos porcentuales (pps) menor a la registrada en 2022. La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica específica (DANE, 2024). A nivel nacional la línea de pobreza monetaria de una persona fue de 435.475, es decir, si un hogar está compuesto por 4 personas sería clasificado como pobre si su ingreso total es inferior a $1.741.500. Sin embargo, este valor varía dependiendo de la ubicación geográfica del hogar. Gráfico 1. Incidencia de pobreza monetaria (porcentaje) nacional, principales dominios. Fuente: Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021-2023) En las cabeceras, la pobreza monetaria también muestra una disminución, pasando de un 33,8% en 2022 a un 30,6% en 2023. En contraste, los centros poblados y rural disperso, aunque han experimentado la mayor reducción de pobreza monetaria (4,7 pps), pasando del 45,9% en 2022 al 41,2% en 2023, siguen siendo las zonas con los niveles más altos de pobreza en el país, lo cual, pone de manifiesto las desigualdades profundas y estructurales que aún existen entre las áreas urbanas y rurales en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza de la población afrodescendiente en los últimos tres años?  El análisis de la pobreza monetaria según el autorreconocimiento étnico-racial en Colombia revela desigualdades persistentes y profundas. A pesar de las mejoras, en términos generales, la reducción de la pobreza a nivel nacional, en los grupos étnico-raciales, particularmente las personas indígenas y afrodescendientes, continúan enfrentando tasas de pobreza significativamente más altas.  A nivel nacional, la pobreza en la población que se autorreconoce como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana se situó en 43,2% en 2023, una reducción de 3,8 pps con respecto a 2022, que se situó en 47%. Aún con esta reducción, la pobreza en este grupo poblacional es 10,2 pps más alta que el promedio nacional y 12,5 pps más alta en comparación con las personas que no se autorreconocen en algún grupo étnico-racial. Al analizar la tendencia de los resultados de pobreza monetaria, se observa que las personas que no se autorreconocen en algún grupo étnico-racial han experimentado una reducción más constante en los últimos tres años. En contraste, la pobreza monetaria aumentó en 2022 para las personas indígenas y afrodescendientes. Gráfico 2. Incidencia de pobreza monetaria según autorreconocimiento étnico-racial Fuente: Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021-2023) Gráfico 3. Incidencia de pobreza monetaria extrema según autorreconocimiento étnico-racial Fuente: Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021-2023) Para la población negra, mulata, afrodescendiente y afrocolombiana, los datos muestran disminución de la pobreza monetaria extrema. En el último año se situó en 17,3%, una disminución de 3,2 pps con respecto a 2022. Este resultado es 7,7 pps más alto en la población que no se autorreconocen en algún grupo étnico-racial, cuyo resultado en 2023 se situó en 9,6%.  Nota importante para la visibilidad estadística de la población afrodescendiente en Colombia:  El DANE no presenta el análisis de pobreza diferenciado para los grupos de autorreconocimiento étnico racial: Gitano (a) (Rom), Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ni Palenquero (a) de San Basilio debido a su baja prevalencia. Si bien, esta baja prevalencia podría aumentar el error muestral del indicador. La falta de datos desagregados por estos grupos limita la capacidad de comprender las diferencias en la experiencia de la pobreza entre diferentes grupos étnico-raciales. Por ello es importante que la institución garantice la representatividad de estos grupos poblaciones con el fin de conocer resultados desagregados, para mejor toma de decisiones.  Panorama departamental de la pobreza monetaria Tabla 1. Pobreza monetaria por departamento 2022-2023 Fuente: Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021-2023) En departamentos como Chocó, Cauca, y Cesar, ubicados, se observan incrementos en los niveles de pobreza, con Chocó ubicándose como el departamento con la mayor pobreza monetaria (67,7% en 2023) y un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior, es decir, en ese departamento entraron en pobreza monetaria 9.000 personas. Cauca también experimentó un aumento considerable de 3,6 puntos porcentuales, en este caso, 60.000 personas entraron en pobreza en dicho departamento según el DANE.  En el Pacífico, departamentos como Valle del Cauca y Nariño, presentaron resultados positivos, en estos dos departamentos, disminuye la pobreza monetaria con respecto a 2022, en 1,5 pps y 4,7 pps respectivamente. En la región Caribe, los resultados también son positivos, particularmente en Bolívar, donde la pobreza monetaria disminuyó en 9,4 puntos, pasando de 56% en 2022 a 46,6% en 2023. En este departamento salieron de la pobreza, un total de 198.000 personas. Así mismo, el departamento del Atlántico mostró un panorama similar, la pobreza pasó del 37,7% al 29,2%, una disminución de 8,5 pps, en este departamento salieron de pobreza monetaria 229.000 personas.   Sobre la pobreza monetaria extrema, departamentos como La Guajira, Quindío, Cauca y Cesar han registrado incrementos entre 2022 y 2023. La Guajira muestra el aumento más significativo, pasando de un 37,1% a un 40,6%, lo que representa un incremento de 3,5 puntos porcentuales. Este dato es especialmente alarmante dado que esta es una las zonas más vulnerables del país. Por otro lado, muchos departamentos han experimentado disminuciones notables en la pobreza monetaria extrema. Bolívar lidera estas reducciones, con una caída de 7,7 puntos porcentuales, seguido por Sucre (-6 puntos), Magdalena (-5,9 puntos). Tabla 1. Pobreza monetaria extrema por departamento 2022-2023 Fuente: Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021-2023) Conclusión: Analizando la pobreza monetaria en Colombia, se señala un panorama complejo y en algunos casos alentador, con variaciones significativas tanto a nivel regional como …

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Yo tampoco confío en la policía

En Colombia, han querido llamar manzanas podridas a los agentes de policía que cometen actos de abuso de poder y autoridad en contra de la ciudadanía. Los agentes de policía acusados de violentar sexualmente a mujeres en marchas o de quitarle la vida a niños y adolescentes negrxs en barrios empobrecidos de la ciudad de Cartagena o Cali no podrían ser manzanas podridas, más bien son el fruto de una institución creada para aislar y controlar a la población, especialmente a la población negra.  La Policía, una institución que surgió hace menos de dos siglos, se origina para controlar cuerpos disidentes de la normatividad: personas negras, afro, indígenas, LGBTQ+, etc. Esta institución basa su origen en la falsa dicotomía de “buenos y malos”. Los buenos, por supuesto: personas heteronormadas, clase alta, privilegiadas hasta los tuétanos, las cuales sostienen el status quo, que además les favorece por el simple hecho de existir. Por el otro lado, “lxs nadie”, nosotres: personas con diverso origen étnico-racial, disidencias sexo-género, empobrecidas, trabajadores de la economía popular, mujeres, jóvenes, todxs arrastradxs en un sistema pensado desde sus inicios para borrarnos. “La vigilancia policial durante la época de las colonias americanas no solía tener el objetivo de controlar la delincuencia, sino más bien el de mantener el orden social racial, asegurar una mano de obra estable y proteger los intereses de propiedad de la clase privilegiada blanca. Las patrullas de esclavos fueron unas de las primeras organizaciones de vigilancia pública que se formaron en las colonias americanas. Dicho de otro modo, la supremacía blanca fue la ley que estos primeros oficiales juraron hacer cumplir1. Por eso, cuando son las 7:30 A.M de un domingo cualquiera en Cartagena y me dispongo a tomar mis cosas para ir a la playa que, paradójicamente, solo visito dos veces al año pienso siempre en mis posibilidades de volver por las realidades que me atraviesan como mujer, que van desde la alta exposición a acoso, violencia sexual hasta saberme sola en una ciudad que a duras penas habito y que quien dice cuidarme puede convertirse en mi victimario.  Al subirme al bus, el paisaje de la ciudad -a veces tan repetitivo- me inunda.  Veo, mientras avanza el transporte, cómo ese paisaje se transforma y la pobreza extrema se ve de frente con la imponencia de edificios blancos con ventanas azules que ven al mar. El semáforo cambia, miro a una señora comadreando con otra vendedora bajo el palito de caucho. Mi sonrisa espontánea va borrándose al ver las vallas tan disruptivas que entorpecen la grandeza de la Torre del Reloj. Volteo la mirada y logro ver unos auxiliares de la Policía Nacional haciendo guardia, mientras otros patrulleros pasan a toda velocidad. Al percibir mi intranquilidad, pienso, ¿es normal la presión que siento al ver agentes de una institución hecha -según ellxs- para la protección de la ciudadanía? La respuesta es sí. Hay un patrón que trasciende mi experiencia individual, y más bien se conecta con uno histórico y estructural.  La policía y también otras autoridades públicas del Estado se han encargado de hacernos creer que se trata de comportamientos aislados y errores individuales, pero estos casos de abuso y violencia por parte de la policía tienen raíces históricas profundas y que tienen relación directa con cómo se ha entendido la identidad de las personas y cómo a partir de ella se les perfila, criminaliza y violenta. Existe una relación perversa entre el abuso policial y el racismo y la discriminación en relación con las violencias que se ejercen contra personas negras, afrocolombianas, indígenas y disidentes de género o con orientaciones sexuales diversas. ¿Cuándo el Estado se hará responsable por las tantísimas vivencias que experimentamos las personas negras afrodescendientes, indígenas, disidentes, al toparnos con un agente de policía y temer por nuestra vida o nuestra seguridad? Sobre esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “ya ha sostenido que la población afrodescendiente en las Américas es más susceptible de ser sospechosa de cometer crímenes, perseguida por la policía, procesada y condenada, en comparación con el resto de la población”2. En contraposición, el discurso que se ha mantenido y tomado fuerza para no cuestionar desde adentro los vínculos ya mencionados entre la fuerza pública y el racismo sistémico, para ocultar su base esencialmente racista, ha sido el de las manzanas podridas: definir que se trata de casos aislados, personas que no tenían la formación necesaria para ejercer este cargo, pero que para nada tiene que ver con la estructura racista que sostiene la misma institución. Es por esto que estas acciones se convierten en la consecuencia de un racismo que ha permeado dentro de la misma institución, como si no pudiéramos escapar de esa estructura y no hubiera ningún espacio para nosotrxs. Hace poco conocimos el caso de Luis Carlos Murillo, exintendente de la Inspección General de Policía Nacional de Colombia, quien denunció el racismo que vivió en esta institución durante más de 10 años3. Ayer se hizo viral un video donde un policía dice con claridad que “No confía en los negros”. No podríamos alcanzar a imaginar cuántos casos más de discriminación racial existen al interior de la policía, y aunque este es el más reciente, el 11 de octubre de 2022, quedó en firme la condena del caso de la expatrullera Angélica Cañizales que sufrió racismo dentro de la policía, por el cual sufrió parálisis facial e incluso, a raíz de lo ocurrido, intentó acabar con su vida. Insistimos, no es aislado, no son manzanas podridas, no es un caso y ya. Es importante entonces mencionar que, para 2022, según el Ministerio de Defensa, alrededor del 4% de las personas pertenecientes a la Policía Nacional pertenecen a la población afrodescendiente. Pero mucho más allá de las cifras y datos, se trata de nuestras vidas siempre expuestas a la discriminación y el riesgo que significa en una sociedad como esta, y en una institución tan racista como la policía, ser una persona negra afrodescendiente. Debemos, además, reiterar que lejos de lo …

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IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes

IVE desde el margen: Análisis del las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes El estudio se enfoca en identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en cuanto al acceso al aborto. Su propósito es comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos. El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Múltiples barreras encuentran las mujeres negras afrodescendientes a la hora de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto, entre esas, su situación económica, la estigmatización social, falta de educación sexual, carencia de redes de apoyo en salud mental y reproductiva, y las barreras institucionales. Estos fueron algunos de los hallazgos que se registraron en la investigación realizada por ILEX Acción Jurídica y documentada en el libro “IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes”.  Esta investigación es el resultado de un esfuerzo colectivo que nos plantea la necesidad de poner sobre el debate nacional del aborto, la vida y los derecho sexuales y reproductivos de las mujeres negras afrodescendientes. “Nos preguntamos cuáles son esas barreras que están impidiendo que las mujeres negras afrodescendientes avancen en tanto avanza los marcos normativos y jurisprudenciales en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuáles son esas barreras que impiden que en tanto esos marcos normativos avanzan, la institucionalidad parece quedarse atrás y parece no observar cuáles son las brechas que nos impiden a las mujeres negras afrodescendientes acceder a servicios de salud, específicamente, a la IVE.  Este trabajo es una muestra de ese empeño, de esa lucha por descifrar cuáles son esas claves del derecho desde una perspectiva crítica, que ayuden a ampliar esas brechas o a reducirlas”, afirmó Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica.  “(…) nosotros tenemos una particularidad, que somos comunidades fluviales y carreteables. De pronto a las comunidades carreteables llega parte, un poquito de la información, pero Aguadua, La Brujita, (…) esa información no llega allá, es difícil que le llegue esa información. Entonces en ocasiones las niñas y mujeres acuden a abortos inseguros por el desconocimiento de que el aborto es legal y pueden solicitarlo en el sistema de salud.” El estudio tuvo como objetivo identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en el acceso al aborto. Con el propósito de comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos.  El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. Asimismo, resalta la importancia de involucrar a las comunidades afrocolombianas en el diseño e implementación de políticas que respondan a sus necesidades específicas, reconociendo el papel fundamental de las parteras tradicionales como actores clave en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en áreas con acceso limitado a la atención médica. Para Carolina Garcés Murillo, co autora de la investigación y médica epidemióloga, también es importante reconocer que para el avance del acceso al aborto en todas las mujeres, es necesario ponerse los lentes de la perspectiva étnico racial: “Una despenalización del aborto no garantiza automáticamente el acceso de todas las mujeres negras afrodescendientes a un servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque existen unas condiciones materiales de existencia particulares que impactan de manera diferente a algunos grupos en especial cuando se conectan distintas categorías sociales como la pertenencia étnico racial”.  En Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, departamentos donde se realizó esta investigación, se conocieron distintos testimonios de mujeres con experiencia de IVE voluntario y con experiencia de aborto espontáneo, en los que se reflejaban y reconocían las barreras y dificultades inicialmente mencionadas. Testimonios que dan cuenta de realidades como que las mujeres con una formación educativa más baja tienden a acceder aprocedimientos menos seguros, que existen falencias en el acceso a información sobre el estatus legal del aborto, que la presencia de actores armados influencia las normas culturales y el control físico y moral, y que la diiscriminación racial y tratos crueles y degradantes durante los procesos de acceso a la IVE o durante un aborto espontaneo, marca profundamente la vida de las mujeres negras afrodescendientes.  “En pandemia nos vimos expuestos fuertemente al alto índice del embarazo dado que éramos una comunidad como abandonada, nos tocaba (escoger) entre comer y planificar. El sistema de salud no llega hasta allá ni siquiera en pandemia. Y si no planificaba quedaba embarazada y si quedaba embarazada, te seguías reproduciendo y menos ibas a tener para comer, porque entonces tenías que pensar en los recursos que necesitaba un bebé también (…)” – Por todo lo anterior, para la investigadora y directora de investigaciones de ILEX, Eliana Robles-Pallares, este informe resulta fundamental. “Este estudio busca contribuir a subsanar un vacío en las investigaciones sobre aborto al centrarse en las experiencias y barreras específicas que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en relación con el acceso a la IVE. La investigación, con un enfoque socio jurídico, se apoyó en entrevistas y experiencias de mujeres negras afrodescendientes y parteras a través de la organización Asoredipar, conectando vivencias con registros del sistema de salud”, afirmó Robles. Este diagnóstico visibiliza las barreras sistémicas y estructurales que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes, analizando factores que dificultan el acceso a una interrupción del embarazo legal y segura, por tato, representa una aproximación inicial a la dimensión étnico-racial en el acceso al aborto, subrayando la necesidad de contar con datos desagregados por …

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Carta para mi papá ausente

Escrita por Dayana Blanco Acendra De mi papá, aunque ausente, heredé riquezas incalculables. La riqueza de la alegría y el amor por la música jíbara, el pulpo guisao’ y un bocachico. Heredé todo lo que se del baseball, una gorra y su guante de pitcher. También el apasionamiento extremo por la parranda vallenata con caja, acordeón, guacharaca y ron.  Heredé las mil Barbies que me mandaba al año y alguno que otro carro que también me regaló, tal vez sabía algo que yo todavía no. Esos carritos me acompañaron toda la vida. Me hubiese gustado jugar con él a los carritos, al constructor. Me gustaría saber ¿qué me habría dicho cuando salí del closet? Tengo de mi papá una riqueza que se cuenta en risas, en el tamaño de mis ojos, en el color de mi piel y la firmeza del pelo que también le heredé. Sin embargo, no pude con esa riqueza pagar la comida de mi lonchera, ni los útiles escolares, ni la matrícula, ni el almuerzo, ni la cena. No pude pagar con esa riqueza heredada de mi padre ausente, mis gastos de salud, ni la matrícula de la universidad, ni la buseta que en esa época costaba 900 pesos, ni las copias, ni los libros. No pude pagar nada. En días como hoy, que el comercio le ha regalado a los padres, pienso en el mío como aquel sujeto que me visitó tres o cuatro veces al mes desde que nací hasta mis 10 años y que ya luego fui viendo menos. Al que tengo 10 años sin ver en persona y al que deseo salud y también que la alegría que me heredó, le acompañe siempre. Para mi padre ausente no tengo odios porque lo que no me dio, lo recogí en mi madre multiplicado. La plata del bus y el amor al salir del closet, de ella todo multiplicado. Tampoco tengo para mi padre brazos abiertos, ni espera, porque con la ausencia cerré puertas y ventanas. Es mi padre pero está en una foto o en algún cuento de infancia, en ningún otro lugar. Feliz día para él porque de sus 11 hijos, que conozco, alguno le habrá llamado papá y tendrá para él en este día un regalo. Lastimosamente, para mi no estuvo, no me vio crecer y brillar con todos mis colores. No disfrutó de la parternidad bajo esta luz y esta escarcha. Sin embargo, sé de padres decididos, presentes y que acompañan a sus hijes desde su humanidad, con conciencia, solidaridad y valentía.  Feliz día en especial a aquellos padres de personas con orientaciones sexuales diversas que saben que el amor es superior a la cajita diminuta del género y la heteronorma. Feliz día a los papás presentes que abrazan, que besan, que dan para el bus y las copias, y que también van a las marchas. 

EDITORIAL | La Corte vio la luz: ¡Elegida Fiscal General!

Larga y dramática ha sido la espera en la que ha estado el país para saber finalmente el nombre de la persona que liderará la Fiscalía General de la Nación. Entre trinos, titulares de periódicos y pasquines, declaraciones del presidente de la Corte sobre la seguridad de la institución y sus magistrados, y acusaciones de presiones indebidas del gobierno, nos han tenido en vilo y preguntándonos ¿Por qué tanta demora para elegir uno de los cargos más importantes del Estado? La pregunta sobre la demora de la Corte en elegir resulta incómoda y chocante cuando estuvimos por primera vez frente a una terna conformada sólo por mujeres. No sólo la demora sino los debates que se dieron sobre si esta terna era válida o no.  Entre estos debates, destacó el generado por el magistrado Botero Zuluaga, quien argumentó, a través de una acción de tutela, que la terna era inválida y violaba el derecho a la igualdad al no incluir también a hombres. Esta controversia puso en tela de juicio el proceso de selección y dejó al descubierto las tensiones en torno a la equidad de género en las altas esferas del poder judicial. Esperan ver mis ojos el día en que esas ternas además de ser conformadas solo por mujeres, se les de por integrar a mujeres indígenas y/o negras-afrodescendientes. Que el país camine hacia ese propósito de garantías en la participación, debe ser una tarea de todos como sociedad.  A lo largo de este camino de espinas, vimos a las ternadas y sus familias ser expuestas a los medios y las redes, estos fieles a escudriñar en la intimidad del otro confundiendo las dinámicas propias de la esfera personal y familiar con la aptitud y preparación para asumir altos cargos públicos. Tal fue el caso de Amelia Perez quien el 12 de marzo presentó su renuncia irrevocable a la terna de fiscal general, unos minutos antes de que la Corte entrara a una nueva sesión para elección.  La trama de la selección de la nueva fiscal parecia sacada directamente de un guión de telenovela, con giros inesperados que mantenial al público en vilo, al mejor estilo de producciones televisivas como televisa y telemundo.  El pasado 13 de marzo, por lo menos no fue martes, conocimos finalmente, después de tres meses y cinco rondas de votaciones, el nombre de la persona que ocupará por 4 años el cargo, Luz Adriana Camargo.  Sin embargo, el titular de los periódicos esta vez era ¿Bueno y quién es Luz Adriana? Sobre el perfil de la nueva fiscal general destacaré los aspectos relevantes , para luego desarrollar mi cartita de pendientes de la fiscalía en relación con las personas afrodescendientes y el papel que puede jugar la nueva fiscal en esta agenda. La nueva fiscal es una destacada penalista que cuenta entre los logros de su carrera ser fiscal delegada y magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y haber integrado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig-ONU). Es reconocido su trabajo en investigación contra la corrupción y la parapolítica. También podría decirse que cuenta con el necesario sentido de justicia social, importante para que la institución que liderará aterrice en las necesidades de la sociedad colombiana e impulse cambios para la real transformación de la administración de justicia para y por los colombianos. Esto se dejó ver tímidamente en su discurso de presentación ante la Corte Suprema. Sus propuestas sobre priorización con enfoque territorial, fortalecimiento sobre atención a las víctimas podría abrir algunas puertas para conversaciones que interesan a grupos históricamente marginados, como la población afrodescendiente.  Sobre su labor en el cargo, quisiera recomendarle dos cosas que nos interesan particularmente desde la labor que venimos haciendo en la transformación de la policía nacional y el mejoramiento de las bases de datos administrativas. Sobre lo primero, hemos insistido en la necesidad de transformación de la estructura de la Policía para su desarrollo en pro de la comunidad y la sociedad, es decir una Policía desmilitarizada que sirva para garantizar derechos humanos desde su servicio público. Para esto, el papel de la fiscalía es fundamental.  Desde la Mesa por la Reforma a la Policía, las organizaciones sociales que la integran hemos estructurado un pliego de peticiones,  que contiene algunas propuestas para la fiscalía que retomaré ante la ahora fiscal general: Para lo anterior, serán necesarias no solo mesas de trabajo; será indispensable que el Estado demuestre voluntad política real, garantizando la escucha y la participación activa  de las organizaciones de la sociedad civil. Además  deberá  comprometerse a gestionar  los cambios institucionales, de  infraestructura y normativos necesarios. Esperemos que no ocurra lo mismo que ha sucedido con  otras instituciones oficiales,  donde destacados profesionales con un fuerte  sentido de justicia social, algunos  de ellos antiguos activistas, se han visto absorbidos por la burocracia y la parálisis inherente  a sus instituciones. Esto nos ha llevado a un desgaste entorno a discusiones sobre la reforma a la policía que aún no  han dado resultados concretos. En cuanto a lo segundo, en un afán por superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en bases de datos administrativas, hemos insistido ante las entidades del sector justicia sobre la urgente necesidad de mejoramiento en la recolección del dato. En nuestra investigación “¿Superar la desigualdad racial sin datos?”, damos algunas recomendaciones a esta institución para mejorar la captación de la variable étnico racial en sus bases de datos pues si bien distintos tratados internacionales obligan al Estado colombiano a recoger esta información desagregada, hay un vacío por parte de las instituciones del sector justicia, como ocurre con las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nacional y en la Policía Nacional en las que no se capta la variable étnico-racial de manera obligatoria. De acuerdo con la respuesta ofrecida por esta institución en el año 2022, la recolección de este tipo de información no cabe dentro de su competencia. Tal como lo informamos en nuestra investigación la fiscalía señala que …

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LA INCAPACIDAD DE RECONOCER LA BRUTALIDAD POLICIAL RACISTA

Por Eliana Alcalá de Avila, Coordinadora de Acceso a la Justicia y Política Criminal La fuerza pública se ha inscrito en nuestra memoria como un actor violento, que más allá de protegernos, se ha ensañado en esparcir desde lo físico y lo simbólico el mensaje de represión y violencia. No por nada el 24 de febrero es el Día Nacional de la Brutalidad Policial, mismo día que, por medio de la directiva transitoria 0205 de 1999, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) un cuerpo que fue y ha sido un actor reconocido como perpetrador de múltiples hechos de uso excesivo de la fuerza en medio de la protestas, cobrando la vida de muchas víctimas que, aún hoy, no han recibido justicia. Es importante anotar que no solo el  ESMAD ha cometido estas acciones, y la Policía Nacional, en su conjunto, han replicado prácticas violentas sobre aquellos que deberían proteger y ha ejercido el control de lo que está fuera del status quo, además de enfocarse especialmente en los cuerpos que históricamente se han considerado como peligrosos, no deseables y sujetos de apropiación: “ los sospechosos”.  Sin embargo, esta última idea, la de la violencia ejercida por parte de la fuerza pública sobre las personas marginalizadas y discriminadas en razón de factores como la identidad etnico-racial, el género, su orientación sexual, entre otras, ha sido constantemente invisibilizada. Sí, ya sabemos que existe la percepción general de que la policía es violenta, en especial, que jóvenes han sido víctimas de estas acciones y que por eso se ha marchado y se ha exigido múltiples veces condenas y procesos de reforma policial. Sin embargo, es importante cuestionarse ¿cuándo estas demandas han analizado los impactos que la violencia policial tiene sobre la población afrodescendiente e indígena de forma específica? Creo que no recuerdo ninguna con la suficiente fuerza para convertirse en el foco principal de lo que se exige. Solo hasta hace muy poco empezamos a hablar sobre el fenómeno de violencia policial racista a nivel nacional,  de las dinámicas violentas de los agentes del orden sobre la población afrodescendiente, de reconocer cómo los perfiles raciales que es el uso de criterios subjetivos basados en la pertenencia étnico-racial, son motivadores para perseguir grupos específicos como la población afrodescendiente.  Esta invisibilidad de siglos, es en parte un proceso legitimación y normalización de la discriminación racial, reconociendo que estamos en un Estado racista que en su estructura más profunda, ha perpetuado las condiciones de desigualdad y violencia hacia la población afrodescendiente. En 2020, se podría decir que fue el año donde mundialmente se hizo más evidente la violencia policial racista a partir del movimiento “Black Lives Matter” (La vidas negras importan) en Estados Unidos, motivado por la muerte de George Floyd entre otros factores contextuales. Las Naciones Unidas incluso generaron órdenes que empezaron a analizar el comportamiento de los agentes del orden hacia la población afrodescendiente a nivel mundial, hasta se creó por primera vez un mecanismos especial enfocado solo en este tema, que es el  Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.  No obstante, esto no tuvo el mismo efecto catalizador en Colombia y mucho menos en las acciones del Estado para preguntarse si se estaban ejerciendo prácticas de violencia policial racista.  Atravesamos el Paro Nacional del 2021 en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que ciudades como Cali, con mayoría de población afrodescendiente, había sido el epicentro de la violencia por parte de la fuerza pública, en la que se pudo evidenciar el uso excesivo de la fuerza motivada por criterios racista que incluso se manifestó en declaraciones de funcionarios públicos. En razón de esto, se recomendaron procesos de formación con aplicación de enfoques diferenciales, procesos de reparación, incluso la necesidad de información estadística desagregada.  Asimismo hemos conocido los homicidios de jóvenes afrodescendientes como Anderson Arboleda, Milton Andres Peralza, Johan Estaban Infante, Harold Morales, Martín Elias Manjarres, que son solo la punta del iceberg de la violencia policial racista. El proceso  de invisibilización se ha dado de manera tan profunda, que hoy desconocemos las cifras reales de los homicidios por parte de la fuerza pública de personas afrodescendientes debido, además, a la negación constante de la institucionalidad por tener información estadística desagregada de forma adecuada. Así como también y en su mayoría, ignoramos las dinámicas internas de los territorios donde se encuentra  la población afrodescendiente, que se ve sometida a la persecución, al hostigamiento, a la judicialización injustificada por los patrones de criminalización y perfilamiento.  Son entonces las personas líderes de estos territorios, quienes en medio de sus procesos comunitarios y con lo que tienen a la mano, deben asumir la lucha que nadie ve y que pocos defienden, solo por tratar de sobrevivir al control policial y por rescatar la memoria de aquellos que se han ido injustamente, para salvar a quienes todavía están.  Al parecer nada de lo relatado, ni ningún esfuerzo es suficiente para que se  reconozca la necesidad de atender la violencia policial racista. Muestra de ello es que estamos en medio de una aparente reforma integral de la Policía que desconoce completamente la urgencia de integrar un enfoque étnico-racial, pese a las distintas exigencias. Ningún documento ni directiva ha evidenciado un interés real por asumir que la brutalidad policial racista existe, ninguno. Cuando hemos visto expresiones como “raza”, “etnia” o “enfoque diferencial” en lo que ha surgido de este proceso, solo  se hace referencia a la necesidad de procesos culturales, como si el perfilamiento racial y la criminalización, fuera un asunto de no conocer la cultura, en vez de entenderlo como parte de la discriminación estructural a la que se ha sometido la población afrodescendiente. Adicionalmente, en el ejercicio desgastante de estos espacios de reforma, reflexionamos sobre qué tanto se escuchan nuestras voces, que además son muy pocas y que realmente no son representativas frente al universo total de las personas afectadas por este fenómeno.  Es como estar en un foro donde los micrófonos …

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EN BUENAVENTURA REALIZAMOS EL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES NEGRAS QUE EJERCEN LA LABOR DE CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MUJERES NEGRAS CON DISCAPACIDAD

Durante los días 26 y 27 de junio ILEX Acción Jurídica y Fundación Asesorarte, con apoyo del Banco de la República sede Buenaventura, mujeres negras de varias regiones del país se dieron cita para trazar la hoja de ruta y una agenda para la generación de estrategias de incidencia sobre garantías para su labor y acciones claras para quienes cuidan dada su condición de discapacidad y mujeres negras en condición de discapacidad.  Constantemente y en otros espacios las participantes de este encuentro han alzado su voz por el reconocimiento de sus derechos y de quienes cuidan, y en estos dos días, el encuentro permitió el ejercicio de la escucha, el compartir experiencias y saberes que desde sus lugares han podido ejercer, agenciando las necesidades que se presentan de manera recursiva. Sin embargo, sentaron una ruta para iniciar el trabajo colectivo y hacer un llamado al Estado para la atención oportuna de su situación.  Como objetivo principal de este espacio para lideresas negras enfocadas en los cuidados de personas con discapacidad y mujeres negras con discapacidad, se estableció una agenda de incidencia para la formación y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, generar la primera red que llevará el mismo nombre del encuentro.  Las temáticas que se discutieron durante las jornadas de trabajo fueron el empoderamiento y apoyo mutuo, la defensa de los derechos, el reconocimiento de la labor de cuidado en las mujeres negras, generación de redes y alianzas.Para Audrey Mena, subdirectora de ILEX Acción Jurídica,   este encuentro en liderazgo conjunto con la Fundación Asesorarte y el apoyo del Banco de la República Sede Buenaventura, permitió generar “narrativas y reflexiones que de manera interna se dan en los procesos organizativos, pero de cara a las discusiones nacionales, sobre todo hacia las iniciativas legislativas, planes y programas que impactan la vida de estas mujeres negras. Este espacio fue fundamental para entre nosotras, valorar y discutir sobre el ejercicio de la labor de cuidado por las mujeres negras que constantemente es invisibilizado y subvalorado”.  Impulsar las vocerías y procesos individuales como escenario para reescribir una nueva historia, desde ILEX Acción jurídica, seguimos impulsando y acompañando procesos colectivos, así como esta gran red que se gestó en la ciudad de Buenaventura con la representación de 20 mujeres de todo el país.  Para mayor información: periodista@ilex.com.co, fundacionasesorarte@gmail.com

A DOS AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL DE 2021 ¡EXIGIMOS UNA REFORMA POLICIAL YA!

28 de abril de 2023 El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Durante más de tres meses, en todo el territorio nacional, amplios sectores de la sociedad civil expresaron de diversas formas, en las plazas y en las calles, en los barrios y comunas, una serie de  exigencias de condiciones de vida digna. A esta masiva expresión de descontento social se sumaron banderas, movimientos, organizaciones sociales y la población colombiana en general, para la reivindicación del goce efectivo de derechos fundamentales. La legítima expresión social fue respondida con violencia policial y múltiples violaciones a los derechos humanos, como la criminalización de la protesta pacífica y el perfilamiento racial. En cifras reportadas por organizaciones como la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se documentaron 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género. Algunas de estás Violencias tuvieron impactos diferenciales; así de acuerdo con el  Proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones afrodescendientes, se presentaron hechos de 15 violencias basadas en género contra mujeres afrodescendientes a nivel nacional, 26 desapariciones forzadas, 7 detenciones arbitrarias y 36 asesinatos contra personas afrodescendientes.  Por otra parte, cinco relatoras y relatores de la ONU divulgaron en marzo de este año una comunicación con su preocupación por la existencia de “un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta” con dos modalidades: aplicación indiscriminada de la captura en flagrancia y el traslado por protección en una primera etapa y; judicializaciones sustentadas en posibles montajes y apelando al uso de tipos penales desproporcionados, como el de terrorismo y concierto para delinquir a partir de junio de 2021.  Además, las detenciones y los traslados por protección fueron utilizados para la comisión de otras agresiones (violencias sexuales, agresiones físicas, torturas, tratos crueles e inhumanos) por lo que se recuerda que el Estado asume un deber de protección reforzado cuando una persona se encuentra privada de libertad y bajo su control efectivo. Al elevado número de víctimas se suma el alto nivel de impunidad. Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, de las denuncias recibidas por abusos de autoridad, tan solo 1.34% se encuentran en investigación, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecución de pena, 0.02% en terminación anticipada y tan sólo 0.7% de los casos se han emitido fallos. Esta preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su primer informe de seguimiento de recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia en 2021, expresó la necesidad de realizar una rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el contexto del Paro Nacional, especialmente asegurando medidas de reparación integral y oportuna para las víctimas. En ese sentido, no hay garantías efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición cuando a las víctimas de violencia policial se les niega el acceso a la justicia. A la vez se afecta la materialización de otras exigencias como la creación de una ruta de atención integral a víctimas, el acompañamiento jurídico y psicosocial, la atención médica oportuna y otras acciones relacionadas al goce de derechos fundamentales, que además tengan en cuenta  enfoques diferenciales como el étnico-racial y de género. El estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el trámite de dichos procesos en su mayoría han significado un perjuicio para las víctimas y han terminado en hechos de revictimización, afectando de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados como la población afrodescendiente, indígena y LBGTIQ.  A raíz de estos procesos movilizatorios y los intentos de autorreforma en la Policía Nacional durante el Gobierno de Duque, las consignas por una reforma policial integral con participación amplia de la sociedad civil y el desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) tomaron fuerza. Dos años después de la oleada de vulneraciones a los derechos humanos en el Paro Nacional, estas exigencias continúan pendientes.  En el último año, la Policía y el Ministerio de Defensa han impulsado un proceso de transformación del ESMAD hacia la consolidación de la UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden), una vez más, sin contar con la sociedad civil y con las víctimas de violencia policial para establecer diálogos y generar propuestas de manera conjunta y vinculante. Esto ha llevado a que la nueva Unidad conserve problemas estructurales, tales como: a. conservar la doctrina; b. actuar en contextos de riñas, minería ilegal, en centros penitenciarios y carcelarios y en la sustitución de cultivos ilícitos, cuando es una Unidad para la atención de manifestaciones; c. no incluir enfoques diferenciales; d. desarrollar acciones de inteligencia y perfilamiento de líderes y lideresas de las movilizaciones; y por último, e. continuar con el uso de armas potencialmente letales sin tener en cuenta sus impactos médicos, psicosociales y ambientales. A lo anterior se suma la preocupación por la no difusión, amplia y clara, de la Resolución 1091 del 31 de marzo de 2023, que expide el Manual para la atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios de la Policía Nacional de Colombia y que, de cara a la creación de la UNDMO, es clave que la sociedad civil conozca sus principios y funcionamiento. Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional para que reconozca públicamente los hechos cometidos durante el Paro Nacional por la Fuerza Pública, y así mismo se haga responsable de establecer rutas de atención y acompañamiento para las víctimas de la violencia policial en todo el país, adelantar acciones para su reparación y para la no repetición de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de la población colombiana, en especial aquella que merece especial protección constitucional.  Es necesario que el proceso de reforma a la Policía no esté basado en …

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