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Escrita por Dayana Blanco Acendra De mi papá, aunque ausente, heredé riquezas incalculables. La riqueza de la alegría y el amor por la música jíbara, el pulpo guisao’ y un bocachico. Heredé todo lo que se del baseball, una gorra y su guante de pitcher. También el apasionamiento extremo por la parranda vallenata con caja, acordeón, guacharaca y ron.  Heredé las mil Barbies que me mandaba al año y alguno que otro carro que también me regaló, tal vez sabía algo que yo todavía no. Esos carritos me acompañaron toda la vida. Me hubiese gustado jugar con él a los carritos, al constructor. Me gustaría saber ¿qué me habría dicho cuando salí del closet? Tengo de mi papá una riqueza que se cuenta en risas, en el tamaño de mis ojos, en el color de mi piel y la firmeza del pelo que también le heredé. Sin embargo, no pude con esa riqueza pagar la comida de mi lonchera, ni los útiles escolares, ni la matrícula, ni el almuerzo, ni la cena. No pude pagar con esa riqueza heredada de mi padre ausente, mis gastos de salud, ni la matrícula de la universidad, ni la buseta que en esa época costaba 900 pesos, ni las copias, ni los libros. No pude pagar nada. En días como hoy, que el comercio le ha regalado a los padres, pienso en el mío como aquel sujeto que me visitó tres o cuatro veces al mes desde que nací hasta mis 10 años y que ya luego fui viendo menos. Al que tengo 10 años sin ver en persona y al que deseo salud y también que la alegría que me heredó, le acompañe siempre. Para mi padre ausente no tengo odios porque lo que no me dio, lo recogí en mi madre multiplicado. La plata del bus y el amor al salir del closet, de ella todo multiplicado. Tampoco tengo para mi padre brazos abiertos, ni espera, porque con la ausencia cerré puertas y ventanas. Es mi padre pero está en una foto o en algún cuento de infancia, en ningún otro lugar. Feliz día para él porque de sus 11 hijos, que conozco, alguno le habrá llamado papá y tendrá para él en este día un regalo. Lastimosamente, para mi no estuvo, no me vio crecer y brillar con todos mis colores. No disfrutó de la parternidad bajo esta luz y esta escarcha. Sin embargo, sé de padres decididos, presentes y que acompañan a sus hijes desde su humanidad, con conciencia, solidaridad y valentía.  Feliz día en especial a aquellos padres de personas con orientaciones sexuales diversas que saben que el amor es superior a la cajita diminuta del género y la heteronorma. Feliz día a los papás presentes que abrazan, que besan, que dan para el bus y las copias, y que también van a las marchas. 

Larga y dramática ha sido la espera en la que ha estado el país para saber finalmente el nombre de la persona que liderará la Fiscalía General de la Nación. Entre trinos, titulares de periódicos y pasquines, declaraciones del presidente de la Corte sobre la seguridad de la institución y sus magistrados, y acusaciones de presiones indebidas del gobierno, nos han tenido en vilo y preguntándonos ¿Por qué tanta demora para elegir uno de los cargos más importantes del Estado? La pregunta sobre la demora de la Corte en elegir resulta incómoda y chocante cuando estuvimos por primera vez frente a una terna conformada sólo por mujeres. No sólo la demora sino los debates que se dieron sobre si esta terna era válida o no.  Entre estos debates, destacó el generado por el magistrado Botero Zuluaga, quien argumentó, a través de una acción de tutela, que la terna era inválida y violaba el derecho a la igualdad al no incluir también a hombres. Esta controversia puso en tela de juicio el proceso de selección y dejó al descubierto las tensiones en torno a la equidad de género en las altas esferas del poder judicial. Esperan ver mis ojos el día en que esas ternas además de ser conformadas solo por mujeres, se les de por integrar a mujeres indígenas y/o negras-afrodescendientes. Que el país camine hacia ese propósito de garantías en la participación, debe ser una tarea de todos como sociedad.  A lo largo de este camino de espinas, vimos a las ternadas y sus familias ser expuestas a los medios y las redes, estos fieles a escudriñar en la intimidad del otro confundiendo las dinámicas propias de la esfera personal y familiar con la aptitud y preparación para asumir altos cargos públicos. Tal fue el caso de Amelia Perez quien el 12 de marzo presentó su renuncia irrevocable a la terna de fiscal general, unos minutos antes de que la Corte entrara a una nueva sesión para elección.  La trama de la selección de la nueva fiscal parecia sacada directamente de un guión de telenovela, con giros inesperados que mantenial al público en vilo, al mejor estilo de producciones televisivas como televisa y telemundo.  El pasado 13 de marzo, por lo menos no fue martes, conocimos finalmente, después de tres meses y cinco rondas de votaciones, el nombre de la persona que ocupará por 4 años el cargo, Luz Adriana Camargo.  Sin embargo, el titular de los periódicos esta vez era ¿Bueno y quién es Luz Adriana? Sobre el perfil de la nueva fiscal general destacaré los aspectos relevantes , para luego desarrollar mi cartita de pendientes de la fiscalía en relación con las personas afrodescendientes y el papel que puede jugar la nueva fiscal en esta agenda. La nueva fiscal es una destacada penalista que cuenta entre los logros de su carrera ser fiscal delegada y magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y haber integrado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig-ONU). Es reconocido su trabajo en investigación contra la corrupción y la parapolítica. También podría decirse que cuenta con el necesario sentido de justicia social, importante para que la institución que liderará aterrice en las necesidades de la sociedad colombiana e impulse cambios para la real transformación de la administración de justicia para y por los colombianos. Esto se dejó ver tímidamente en su discurso de presentación ante la Corte Suprema. Sus propuestas sobre priorización con enfoque territorial, fortalecimiento sobre atención a las víctimas podría abrir algunas puertas para conversaciones que interesan a grupos históricamente marginados, como la población afrodescendiente.  Sobre su labor en el cargo, quisiera recomendarle dos cosas que nos interesan particularmente desde la labor que venimos haciendo en la transformación de la policía nacional y el mejoramiento de las bases de datos administrativas. Sobre lo primero, hemos insistido en la necesidad de transformación de la estructura de la Policía para su desarrollo en pro de la comunidad y la sociedad, es decir una Policía desmilitarizada que sirva para garantizar derechos humanos desde su servicio público. Para esto, el papel de la fiscalía es fundamental.  Desde la Mesa por la Reforma a la Policía, las organizaciones sociales que la integran hemos estructurado un pliego de peticiones,  que contiene algunas propuestas para la fiscalía que retomaré ante la ahora fiscal general: Para lo anterior, serán necesarias no solo mesas de trabajo; será indispensable que el Estado demuestre voluntad política real, garantizando la escucha y la participación activa  de las organizaciones de la sociedad civil. Además  deberá  comprometerse a gestionar  los cambios institucionales, de  infraestructura y normativos necesarios. Esperemos que no ocurra lo mismo que ha sucedido con  otras instituciones oficiales,  donde destacados profesionales con un fuerte  sentido de justicia social, algunos  de ellos antiguos activistas, se han visto absorbidos por la burocracia y la parálisis inherente  a sus instituciones. Esto nos ha llevado a un desgaste entorno a discusiones sobre la reforma a la policía que aún no  han dado resultados concretos. En cuanto a lo segundo, en un afán por superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en bases de datos administrativas, hemos insistido ante las entidades del sector justicia sobre la urgente necesidad de mejoramiento en la recolección del dato. En nuestra investigación “¿Superar la desigualdad racial sin datos?”, damos algunas recomendaciones a esta institución para mejorar la captación de la variable étnico racial en sus bases de datos pues si bien distintos tratados internacionales obligan al Estado colombiano a recoger esta información desagregada, hay un vacío por parte de las instituciones del sector justicia, como ocurre con las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nacional y en la Policía Nacional en las que no se capta la variable étnico-racial de manera obligatoria. De acuerdo con la respuesta ofrecida por esta institución en el año 2022, la recolección de este tipo de información no cabe dentro de su competencia. Tal como lo informamos en nuestra investigación la fiscalía señala que …

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Por Eliana Alcalá de Avila, Coordinadora de Acceso a la Justicia y Política Criminal La fuerza pública se ha inscrito en nuestra memoria como un actor violento, que más allá de protegernos, se ha ensañado en esparcir desde lo físico y lo simbólico el mensaje de represión y violencia. No por nada el 24 de febrero es el Día Nacional de la Brutalidad Policial, mismo día que, por medio de la directiva transitoria 0205 de 1999, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) un cuerpo que fue y ha sido un actor reconocido como perpetrador de múltiples hechos de uso excesivo de la fuerza en medio de la protestas, cobrando la vida de muchas víctimas que, aún hoy, no han recibido justicia. Es importante anotar que no solo el  ESMAD ha cometido estas acciones, y la Policía Nacional, en su conjunto, han replicado prácticas violentas sobre aquellos que deberían proteger y ha ejercido el control de lo que está fuera del status quo, además de enfocarse especialmente en los cuerpos que históricamente se han considerado como peligrosos, no deseables y sujetos de apropiación: “ los sospechosos”.  Sin embargo, esta última idea, la de la violencia ejercida por parte de la fuerza pública sobre las personas marginalizadas y discriminadas en razón de factores como la identidad etnico-racial, el género, su orientación sexual, entre otras, ha sido constantemente invisibilizada. Sí, ya sabemos que existe la percepción general de que la policía es violenta, en especial, que jóvenes han sido víctimas de estas acciones y que por eso se ha marchado y se ha exigido múltiples veces condenas y procesos de reforma policial. Sin embargo, es importante cuestionarse ¿cuándo estas demandas han analizado los impactos que la violencia policial tiene sobre la población afrodescendiente e indígena de forma específica? Creo que no recuerdo ninguna con la suficiente fuerza para convertirse en el foco principal de lo que se exige. Solo hasta hace muy poco empezamos a hablar sobre el fenómeno de violencia policial racista a nivel nacional,  de las dinámicas violentas de los agentes del orden sobre la población afrodescendiente, de reconocer cómo los perfiles raciales que es el uso de criterios subjetivos basados en la pertenencia étnico-racial, son motivadores para perseguir grupos específicos como la población afrodescendiente.  Esta invisibilidad de siglos, es en parte un proceso legitimación y normalización de la discriminación racial, reconociendo que estamos en un Estado racista que en su estructura más profunda, ha perpetuado las condiciones de desigualdad y violencia hacia la población afrodescendiente. En 2020, se podría decir que fue el año donde mundialmente se hizo más evidente la violencia policial racista a partir del movimiento “Black Lives Matter” (La vidas negras importan) en Estados Unidos, motivado por la muerte de George Floyd entre otros factores contextuales. Las Naciones Unidas incluso generaron órdenes que empezaron a analizar el comportamiento de los agentes del orden hacia la población afrodescendiente a nivel mundial, hasta se creó por primera vez un mecanismos especial enfocado solo en este tema, que es el  Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.  No obstante, esto no tuvo el mismo efecto catalizador en Colombia y mucho menos en las acciones del Estado para preguntarse si se estaban ejerciendo prácticas de violencia policial racista.  Atravesamos el Paro Nacional del 2021 en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que ciudades como Cali, con mayoría de población afrodescendiente, había sido el epicentro de la violencia por parte de la fuerza pública, en la que se pudo evidenciar el uso excesivo de la fuerza motivada por criterios racista que incluso se manifestó en declaraciones de funcionarios públicos. En razón de esto, se recomendaron procesos de formación con aplicación de enfoques diferenciales, procesos de reparación, incluso la necesidad de información estadística desagregada.  Asimismo hemos conocido los homicidios de jóvenes afrodescendientes como Anderson Arboleda, Milton Andres Peralza, Johan Estaban Infante, Harold Morales, Martín Elias Manjarres, que son solo la punta del iceberg de la violencia policial racista. El proceso  de invisibilización se ha dado de manera tan profunda, que hoy desconocemos las cifras reales de los homicidios por parte de la fuerza pública de personas afrodescendientes debido, además, a la negación constante de la institucionalidad por tener información estadística desagregada de forma adecuada. Así como también y en su mayoría, ignoramos las dinámicas internas de los territorios donde se encuentra  la población afrodescendiente, que se ve sometida a la persecución, al hostigamiento, a la judicialización injustificada por los patrones de criminalización y perfilamiento.  Son entonces las personas líderes de estos territorios, quienes en medio de sus procesos comunitarios y con lo que tienen a la mano, deben asumir la lucha que nadie ve y que pocos defienden, solo por tratar de sobrevivir al control policial y por rescatar la memoria de aquellos que se han ido injustamente, para salvar a quienes todavía están.  Al parecer nada de lo relatado, ni ningún esfuerzo es suficiente para que se  reconozca la necesidad de atender la violencia policial racista. Muestra de ello es que estamos en medio de una aparente reforma integral de la Policía que desconoce completamente la urgencia de integrar un enfoque étnico-racial, pese a las distintas exigencias. Ningún documento ni directiva ha evidenciado un interés real por asumir que la brutalidad policial racista existe, ninguno. Cuando hemos visto expresiones como “raza”, “etnia” o “enfoque diferencial” en lo que ha surgido de este proceso, solo  se hace referencia a la necesidad de procesos culturales, como si el perfilamiento racial y la criminalización, fuera un asunto de no conocer la cultura, en vez de entenderlo como parte de la discriminación estructural a la que se ha sometido la población afrodescendiente. Adicionalmente, en el ejercicio desgastante de estos espacios de reforma, reflexionamos sobre qué tanto se escuchan nuestras voces, que además son muy pocas y que realmente no son representativas frente al universo total de las personas afectadas por este fenómeno.  Es como estar en un foro donde los micrófonos …

LA INCAPACIDAD DE RECONOCER LA BRUTALIDAD POLICIAL RACISTA Leer más »