La ley que rige la exploración y explotación de minerales en Colombia será reemplazada por un nuevo código después de dos décadas.
Entre el 18 y 20 de noviembre, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la actualización del Código Minero realizarán en la Orinoquía y La Guajira, la undécima y duodécima audiencia pública del proceso de diálogo abierto que busca conocer las propuestas y demandas de las comunidades directamente impactadas por esta práctica extractiva en el país.
Las audiencias públicas de concertación y participación con comunidades étnicas y los diálogos con el sector empresarial están contemplados en la primera fase, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año. Posteriormente, lxs congresistas que integran la Comisión reunirán las propuestas en un texto borrador para el proyecto de ley que establecerá el nuevo Código de Minas.
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El cronograma señala que entre febrero y junio del 2023 se llevará a cabo la validación y sometimiento a la Consulta Previa del proyecto de ley. La norma sería radicada en el Congreso el 20 de julio del 2023, y se espera que sea una de las principales apuestas de la bancada de Gobierno en la próxima legislatura.
¿Cómo ha impactado la minería a los territorios afro?
La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece como su objetivo de interés público el fomento de la “exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente”.
Sin embargo, a veintidós años de la aplicación de la norma, el balance dista de ser positivo. Hoy en colombia, tenemos: instituciones encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad minera que son débiles e incapaces de ejercer su papel de forma efectiva; falta de control de la minería a gran escala y la minería ilegal que han propiciado la contaminación de los ríos y la desterritorialización y exterminio de pueblos étnicos a lo largo y ancho del país.
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De acuerdo con el tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en los territorios étnicos del país, se han impuesto mediante violencia formas de agroindustria o proyectos extractivos como minería a gran escala, poco respetuosas con la naturaleza. El mencionado documento sela que la “minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, muchas veces manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas”.
Por ahora, desde la bancada de Gobierno en el Congreso aseguran que el nuevo Código Minero se enfocará en la protección de los territorios, del agua y la seguridad alimentaria. También se promoverá el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente.
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Estos planteamientos van de la mano con lo manifestado por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró durante el Congreso Nacional de Minería que el código debe ser reformado para que la práctica minera no gire “exclusivamente alrededor de la multinacional minera”. De acuerdo con el mandatario, la nueva norma debe “recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecer la minera tradicional, empoderarla”.