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Entramos por las ventanas: los caminos hacia el derecho al aborto

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Por: Eliana Robles-Pallares, directora de Investigaciones de ILEX Acción Jurídica En 1705, la naturalista Maria Sibylla Merian anotó en Surinam que las mujeres esclavizadas e indígenas usaban las semillas de la flor de pavo real para interrumpir sus embarazos. Lo hacían, escribió, para que “sus hijos no nacieran esclavos como ellas”. Las mujeres negras esclavizadas, dueñas del conocimiento y el uso de las plantas para la salud del útero y la regulación de la menstruación, encontraron en el aborto la manera de sostener el gobierno de su propia reproducción bajo un sistema que había atado su capacidad de gestar al lucro esclavista. Como mostró Angela Davis en Mujeres, raza y clase, interrumpir un embarazo fue para ellas un acto de resistencia contra un sistema que convertía su descendencia en propiedad y, a la vez, una afirmación de soberanía sobre sus propios cuerpos, allí donde el derecho no las reconocía como mujeres ni como personas. La pulsión por decidir sobre el propio cuerpo es tan antigua como el intento de negarla. Así como entonces, los caminos hacia el derecho al aborto los han labrado y andado las mujeres desde tiempos remotos, antes incluso de que existiera el control del Estado sobre las decisiones que atraviesan, afectan y transforman sus cuerpos. Y también después de los marcos legales restrictivos y de la mayor criminalización. Han sido muchos esos caminos y diversas las formas de abrirlos. Las mujeres de los años setenta, con el movimiento de prácticas de autoayuda, inventaron formas de acompañamiento y protocolos para la extracción menstrual que ayudaban a autogestionar el aborto de manera segura y clandestina, y diseminaron esas guías a otros territorios donde pudieran adaptarse. Eran aprendidas y practicadas por mujeres que buscaban el control colectivo de la salud, conformando redes que siguen siendo vitales frente a la criminalización. Angustiadas por una morbilidad y una mortalidad materna que en muchos países dobla y hasta triplica la de sus pares sin pertenencia étnico-racial, las mujeres negras han transmitido y garantizado el traspaso de información que salva vidas a través de acompañantes, multiplicadas como respuesta solidaria a los marcos legales que las empujan a la clandestinidad y al aborto inseguro. En el Brasil de los años ochenta, en un contexto de restricción total, las mujeres pobres, en su mayoría negras, siguieron buscando rutas, herramientas e invenciones que les permitieran interrumpir sus embarazos sin que les costara la vida, la salud y la libertad. Así encontraron un medicamento para las úlceras gástricas, con severas contraindicaciones en el embarazo porque provocaba abortos: el misoprostol, un medicamento que hoy hace parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Orgnanización Mundial de la Salud. A comienzos de este siglo, la médica holandesa Rebecca Gomperts comenzó a trasladar a mujeres desesperadas por interrumpir sus embarazos a un barco ubicado en aguas internacionales. Allí les suministraba Misoprostol y Mifepristona de forma segura y legal, pues allí regía la jurisdicción holandesa que protege el derecho al aborto. Gomperts llamó a su iniciativa Women on Waves (Mujeres en las olas), y, aunque fueron pocas las mujeres que llegó a atender, su estrategia se convirtió en un hito por hackear el derecho internacional para producir precedentes judiciales, conversación pública y presión legislativa alrededor de la necesidad de legalizar el aborto. En América Latina, esa fuerza tiene un color y se expresa vivamente en las calles. La Marea Verde, nacida en Argentina y hoy extendida por el continente, es un movimiento vivo y creativo: del pañuelo verde a la Causa Justa que amplió el derecho en Colombia, sacó el aborto del silencio y lo puso en el centro de la conversación pública. Dentro de esa marea, las mujeres negras han tejido su propio cauce. En el Pacífico, las parteras afrocolombianas y colectivos como la Red Mariposas de Alas Nuevas sostienen las redes de salud sexual y reproductiva que hacen posible decidir. El reclamo de las mujeres negras incluye el aborto, pero no se limita a él. Exigimos una justicia reproductiva que garantice el derecho a tener hijos, a no tenerlos y a criarlos en condiciones dignas. Que puedan crecer a salvo de los agrotóxicos que enferman y de la criminalización que se lleva la vida de los jóvenes negros. Gracias a esos esfuerzos multiplicados globalmente y a la movilización social sostenida de organizaciones, en las últimas décadas diversos países han empezado a flexibilizar sus prohibiciones y a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas y seguras. La existencia de un delito y de marcos restrictivos no nos detuvo en el pasado y no nos detendrá en el presente. Porque poder decidir sobre el propio cuerpo es también una medida de la salud de la democracia: donde ese derecho se niega, la ciudadanía de las mujeres queda a medias. Pero tenerlo escrito en el marco legal no basta para ejercerlo. En Colombia, el aborto es un derecho constitucional. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está permitida hasta la semana 24 sin necesidad de acreditar una causal y después, sin límite temporal, aplican las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006 (riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y violencia sexual). Así lo decidió la Corte Constitucional en 2022, en un proceso al que las organizaciones de mujeres negras presentaron escritos explicando los efectos desproporcionados de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes. Aún así, las mujeres negras, indígenas, migrantes, con discapacidad y las que viven en la ruralidad tardan más en saber que pueden acceder a la IVE, y son las que más tardan en llegar a los servicios. No por negligencia, como muchos piensan, sino por desigualdades estructurales en el acceso a la información, en la infraestructura vial y en las redes de salud cercanas. Como documentamos en ILEX Acción Jurídica en la investigación IVE desde el margen, es más probable que estas mujeres vivan en desiertos de anticoncepción, territorios donde conseguir un método, o siquiera la información para usarlo, resulta casi imposible. A

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Sobrina, hazte tus trenzas

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez, directora de Movilización Legal y coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Hace unos días, mi sobrina, a poco de cumplir dieciocho, me dijo que quería hacerse trenzas para su cumpleaños. Ella ha llevado su cabello crespo y abundante al natural toda la vida; desde los siete u ocho años no se lo trenza entero. Debo decir que me alegró. Pensé: “Le debe quedar muy bien y le va a gustar todo el proceso”. Pero luego me dijo otra cosa que me dejó helada: “si alguien me dice ESO, yo me pongo a llorar”. Se refiere a lo que me ha pasado, lo que le cuento sobre el mundo que me toca cuando me trenzo el pelo. Llevo casi tres semanas con el estilo que mi sobrina quiere emular. Es un peinado que me gusta, que creo que me sienta bien, que hago cada tanto, que toma horas y manos pacientes, y que hace parte de lo que muchas somos. Me hago trenzas porque me enseñaron a hacerlo, igual que me enseñaron a usar turbantes y cintillos. No debería tener que explicar nada más. Pero en este país el cuerpo de una mujer negra rara vez se deja en paz. Cuando tengo trenzas me observan más, me vigilan más. Pues bien, a los pocos días de estrenar mis trenzas volvió a pasar lo de siempre. Estaba sentada en un café, esperando mi pedido, cuando un hombre de mediana edad se acercó hasta la mesa y me dijo: “Lamento interrumpirle el descanso, pero ¿me puede atender? ¿Me puede mostrar la carta?”. ¿Tan evidente que ni se le ocurrió dudarlo? Su tono no era agresivo, pero llevaba la violencia de quien cree actuar desde una obviedad: para él una mujer como yo, sentada en ese lugar, solo podía estar ahí para atenderlo. El cuento de siempre, gente ayudándole al racismo y al clasismo funcionar a sus anchas. El comentario de mi sobrina me dice que ya sabe calcular el costo. Ya aprendió, a sus diecisiete años, sin que nadie se lo enseñara en un salón de clase, que hay estéticas que se pagan con exposición. Que ponerse las trenzas puede significar que un desconocido decida, en un café cualquiera, recordarte cuál cree él que es tu lugar. Le respondí a mi sobrina lo que creo: “¡No, señora! Hágase sus trenzas. Que el mundo aprenda. Nosotras no tenemos por qué dejar de hacer las cosas que nos gustan y que hacen parte de nuestras estéticas, nada más porque hay desgraciados en el mundo que se creen muy superiores”. Después de pensar y pensar, sigo creyendo cada palabra. No es negociable. La respuesta a la discriminación no puede ser que nosotras nos hagamos más pequeñas, que nos alisemos, que nos apaguemos, que renunciemos a lo que nos gusta para no incomodar a quien nos desprecia. Eso sería darles la victoria completa, que sería nuestra renuncia. Y sin embargo. Ahora soy yo la que tiene miedo. Porque una cosa es plantarme yo (adulta, algo curtida, con las palabras listas y la rabia entrenada). Y otra muy distinta es mandar a mi sobrina de diecisiete años a un mundo que ya la vi anticipar con temor. Cuando le dije “que el mundo aprenda”, le estaba pidiendo, sin darme cuenta, que fuera ella parte de la lección. Que pusiera el cuerpo. Que aguantara el comentario algunas veces amable y casi siempre demoledor para que otras, algún día, no tengan que aguantarlo. Esa es la trampa en la que nos agarran. Cuando agreden con el racismo nos mantienen a la saga, con la obligación de resistirlo. La misma trenza que quiero pasarle, tejida con el gusto por su propio cabello, las horas de conversación mientras se teje, la certeza de que es hermoso, viene con una coraza pegada que yo no escogí y que ella tampoco. Yo quisiera heredarle solo lo bonito. Quisiera no tener que heredarle también el miedo. Pero no me toca a mí escoger, parece que le toca a un país decidir si va a seguir obligando a unas niñas a ser valientes hasta para poder peinarse como quieran. Así que lo sostengo, aunque me tiemble un poco la voz: hazte tus trenzas, negra. Que el mundo aprenda. Y ojalá aprenda rápido, porque el miedo no debería ser el precio de regalarte un peinado en tu cumpleaños.

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‘Los Bárbaros’: ser y sentirse parte de la reconstrucción

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Por Beatriz Valdés Correa, líder de Comunicaciones e Incidencia de ILEX Acción Jurídica. El 10 de agosto de 2026, Yossuar Moreno Moreno durmió apenas una hora. ‘DJ Yomo’, como lo conoce todo el mundo, había terminado su trabajo en la fiesta quibdoseña bien avanzada la madrugada, y ya asomaba el sol cuando él apenas iba a tocar la cama. No duró mucho el sueño. A las 7:34 lo despertó el movimiento de la tierra. Un temblor de 7.4 grados sacudió el país, pero con mayor fuerza el Chocó y varios departamentos vecinos. Sabría después que el terremoto, aunque él no usa esa palabra, sino que dice “lo que pasó”, dejó 331 muertos en todo el país. Pero ese lunes no hubo mucho más que confusión. Darse cuenta de la magnitud de la tragedia, andar un poco la ciudad y estar con su familia. El martes, un amigo suyo publicó un estado en WhatsApp que cambió la forma en la que él y más de 150 jóvenes en Quibdó, la capital de Chocó, enfrentarían la catástrofe. Ese 11 de agosto llegaron a la Diócesis de Quibdó dos camiones llenos de ayuda humanitaria, pero no había quien los descargara. El llamado de su amigo era a que todos los jóvenes fueran a poner el hombro. Yomo, de 30 años, acudió al llamado, como lo hicieron otros que vieron el mensaje y regaron la petición, porque en Quibdó todo el mundo se distingue entre sí. Deimer Córdoba Murillo también fue. La misma mañana en la que a Yomo lo despertaba el terremoto, a Deimer se le sacudían los pies mientras regresaba a casa después de hacer su rutina en el gimnasio. Córdoba, de 27 años, es madrugador. Todos los días los empieza con ejercicio, que es lo que más le gusta y por lo que se hizo licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Entonces, claro, lo que pensó ante el llamado a descargar camiones era que esa fuerza, acumulada durante años, podía ser de ayuda. Y lo fue. Después de esos primeros dos camiones llegaron decenas más con toneladas de comida, agua e implementos necesarios para que las familias afectadas por el sismo pudieran gestionar su día a día: desde enlatados y colchonetas hasta productos de gestión menstrual. La carga era pesada. Por eso la comunidad que presenciaba la cadena humana, cajas y cajas que pasaban de mano en mano, con ritmo, con rapidez, empezó a exclamar: ¡Qué bárbaros! ¡Cómo cargan todo eso, son unos bárbaros! El nombre quedó. Está plasmado en las dos camisetas, la blanca y la negra, que recibieron como donación de un privado y de la Gobernación para identificarse. Son las prendas que terminan empapadas de sudor al final del día. Por el trabajo, por supuesto, pero también por el baile, por la recocha y, como dicen Yomo y Deimer, por la alegría. La alegría que también hace sudar. “¡Estamos listos para servir! Si quieres venir, pues vení”. Ese lema, cantado y bailado, anima la solidaridad. No solo la de los jóvenes de Quibdó que descargan los camiones sin recibir pago alguno, sino también la de una comunidad entera que se ha ocupado de alimentarlos y cuidarlos. Yomo recibe mensajes y llamadas a lo largo del día. Una persona le escribe para decirle: “¿Dónde están? ¿Tienen agua? Les voy a mandar 50 refrigerios”. Otra lo llama para decirle que ya pueden ir a almorzar en una olla comunitaria. Y todos les agradecen. Es una cadena de solidaridades. “Los Bárbaros son un grupo de jóvenes que a donde llegamos tratamos, desde lo que somos, desde lo que nos caracteriza, de llegar con energía y con el folclor para que la gente sienta que no están solos, para que sientan que la tristeza la podemos convertir en alegría, obviamente sin olvidarnos de lo que está pasando o de lo que pasó”, dice DJ Yomo. En una ciudad en la que ser joven ha sido un estigma durante demasiado tiempo, la tragedia modificó la mirada. ‘Los Bárbaros’ y ‘Las Barbaritas’, como les llamaban a las jóvenes que también cargan, agregaron una capa a esa cosa ya tan documentada y aparentemente inamovible, esa realidad de hace tantos años: Quibdó es una ciudad en la que existen pandillas y grupos armados que tienen alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo insurgente, y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un grupo paramilitar. Esta alianza violenta funciona reclutando a jóvenes que están a merced porque viven la pobreza y falta de acceso a derechos y servicios, como infraestructura en salud o conectividad. Lejos de ser un hecho casual, estas condiciones son producto del racismo estructural que se manifiesta en el abandono histórico a una región mayoritariamente formada por gente negra. En otro momento en el que, como ahora, la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y los colegios estuvieran cerrados, el conflicto ya se hubiera tragado a varios. Jóvenes con los que hablé hace algunos meses me lo dijeron: en el paro la gente se retira de la universidad. Mientras los jóvenes están desocupados, una voz vecina o amiga plantea un negocio del que después es imposible salir. Lo es porque los tentáculos del crimen son largos, pero también porque las autoridades e instituciones no se enfocan en prevenir, sino que rara vez actúan, y eso significa que, una vez más, los jóvenes pagarán con cárcel o muerte. Entonces, esta solidaridad en medio de la catástrofe resulta ser una protección: ellos ayudan, pero también reciben apoyo y reconocimiento. Deimer Córdoba lo ve así: — Al comienzo teníamos muchos nervios por los comentarios de que podía haber réplicas, pero ahora, como estamos enfocados en ayudar y descargar, el ánimo es diferente. Tenemos la mente con la sensación y con la alegría de saber que estamos aportando desde lo que podemos, dar nuestro granito de de arena para ayudar al Chocó. — ¿Te sientes parte de la reconstrucción?, le pregunto. — Me siento parte, la verdad. Y anímicamente me siento mejor. Porque sé

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Recuperar la imaginación política en tiempos difíciles

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Por Audrey Mena, directora de ILEX Acción Jurídica Las elecciones terminaron. Los votos fueron contados, comenzaron los empalmes, se anuncian los nombres del nuevo gabinete y el país debería estar entrando en una nueva etapa de debate sobre prioridades y políticas públicas. Pero Colombia parece incapaz de hacer esa transición. Para unos, los nombramientos anunciados por el presidente electo confirman el temor de un giro autoritario. Para otros, persiste la sospecha menos concreta, pero no por ello menos real, de que ciertos sectores económicos y políticos, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, impidan cualquier transformación sustantiva. No son miedos del mismo tipo. El primero se apoya en trayectorias verificables; el segundo, en una lectura estructural del poder. Pero ambos alimentan la misma sensación, el miedo sigue gobernando la conversación. Y quizás ese sea el dato político más importante que nos dejaron estas elecciones. Durante años hemos repetido que el gran problema de Colombia es la polarización. Cada vez estoy más convencida de que la polarización no es la enfermedad, sino apenas el síntoma. La enfermedad es que somos un país que nunca aprendió a reconocer el trauma colectivo que dejó la violencia. Durante décadas crecimos en medio del conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, la corrupción y una desigualdad persistente. Aprendimos a desconfiar del Estado, de las instituciones y, muchas veces, de quien piensa diferente. La violencia dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una manera de interpretar la realidad. Los traumas colectivos no desaparecen cuando disminuyen los enfrentamientos, permanecen en la forma en que una sociedad entiende el poder, responde a la incertidumbre y se relaciona con el otro. Cuando un trauma no se reconoce, encuentra otras maneras de expresarse: rabia, sospecha, necesidad permanente de encontrar culpables y la sensación de que cualquier cambio representa una amenaza existencial. Detrás de quienes votaron por la derecha y de quienes votaron por la izquierda existe la convicción compartida de que nadie cree que Colombia pueda seguir igual. Quienes respaldaron opciones de derecha expresaron, en su mayoría, una preocupación legítima por la inseguridad, la pérdida de confianza institucional y el deterioro económico. Quienes apoyaron opciones de izquierda manifestaron una inconformidad igualmente legítima frente a las desigualdades históricas, la exclusión y la urgencia de ampliar derechos. Las respuestas son distintas, pero la pregunta que intentan responder es, en el nivel ciudadano, la misma: ¿Cómo cambiamos un país que millones de colombianos sienten que ya no les ofrece certezas? Esa coincidencia ciudadana, sin embargo, no debe leerse como un consenso nacional sobre el cambio, porque no significa que todos los actores con capacidad real de decisión compartan ese interés. Sectores económicos y políticos con poder de veto, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, han demostrado una y otra vez su capacidad para bloquear las reformas que tocan su posición. Que la ciudadanía coincida en la necesidad del cambio no garantiza que quienes deciden coincidan en permitirlo. Y es ahí donde aparece una consecuencia más profunda del trauma colectivo, la pérdida de nuestra imaginación política. Las sociedades heridas tienen dificultades para imaginar futuros distintos, no por falta de inteligencia o creatividad, sino porque el miedo reduce el horizonte de posibilidades. En lugar de construir proyectos propios, organizan su política alrededor de aquello que desean evitar. Por eso nuestra conversación pública está llena de comparaciones, como el temor a ser el espejo de Argentina, El Salvador o Estados Unidos. Aprender de otras experiencias es sano; pensar exclusivamente a través de ellas, no. Cuando dejamos de preguntarnos qué necesita Colombia para preguntarnos qué ejemplo extranjero confirma mejor nuestros temores, renunciamos a imaginar un proyecto nacional propio. Escribo estas líneas no solo como ciudadana, sino como directora de ILEX Acción Jurídica, una organización que ha acompañado a poblaciones afrodescendientes que han vivido la guerra, el racismo, el despojo y el abandono estatal. Y si algo nos han enseñado esas comunidades es que la imaginación política nunca desapareció de Colombia. Lo que ocurrió fue que dejamos de reconocer dónde estaba. Mientras el país discutía cómo sobrevivir al conflicto armado, las parteras del Pacífico siguieron imaginando cómo proteger la vida. Durante la pandemia reorganizaron sus prácticas, fortalecieron redes comunitarias de cuidado y demostraron que el conocimiento ancestral también podía responder a una crisis sanitaria global, sin esperar a que llegara una política pública. Lo mismo ocurrió con el viche, tratado durante décadas como bebida ilegal donde en realidad existía una compleja economía cultural, sus productoras y productores insistieron en imaginar que ese conocimiento fuera reconocido como patrimonio. Y, antes de que existiera una ley que lo protegiera, existió una comunidad capaz de imaginar que ese reconocimiento era posible. Y mientras el Chocó aparecía en las noticias como sinónimo de violencia, procesos como Jóvenes Creadores del Chocó apostaron por la danza, la música y el arte, y construyeron escuelas y proyectos de vida para niños y jóvenes donde muchos solo veían un territorio condenado. Esa apuesta, que puede parecer únicamente cultural, es una negación a aceptar que la violencia tenga el monopolio del futuro. Podría mencionar también a los consejos comunitarios que protegieron los bosques antes de que el país hablara de justicia climática, o a quienes insistieron durante años en que sin datos étnico- raciales no habría igualdad real. Todas esas experiencias nacieron de la imaginación, no del poder. Y quizás ese sea uno de los mayores aportes que las comunidades históricamente excluidas pueden hacer hoy a Colombia, la justicia racial también consiste en ampliar quiénes tienen derecho a imaginar el futuro del país. Durante demasiado tiempo hemos tratado a las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y populares como destinatarias de políticas públicas, cuando en realidad han sido creadoras de algunas de las respuestas más innovadoras sobre cuidado, economía, cultura, territorio y desarrollo que tiene Colombia. Quizás el mayor desafío de los próximos años no sea demostrar quién tenía razón en estas elecciones, sino recuperar la capacidad de imaginar un país distinto, uno donde la seguridad y la

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Agenda de justicia racial e inclusión de los derechos de la población afrocolombiana en los programas de Gobierno de los candidatos a la presidencia de Colombia

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Entre la invisibilización y el reconocimiento sin medidas concretas. Colombia se encuentra ante unas elecciones presidenciales que revelan con claridad las profundas divergencias de visiones y proyectos de país. Los tres candidatos punteros en las encuestas —Paloma Valencia, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda— representan proyectos de nación estructuralmente distintos, y esa distinción se hace especialmente visible cuando se analizan sus programas desde la perspectiva de los derechos de la población afrocolombiana. Comparar los tres programas implica retos metodológicos considerables pues estos son heterogéneos en su forma —uno es un conjunto de discursos territoriales, otro un listado de 111 propuestas, otro una plataforma de trece puntos—, lo que hace difícil la comparación simétrica. Con esa advertencia, desde Ilex Acción Jurídica analizamos estos documentos a la luz de tres preguntas: 1) cómo se enuncia a la población afrocolombiana —negra, raizal y palenquera— en cada propuesta; 2) cómo se aborda el racismo y la discriminación racial; y 3), qué proponen concretamente para esta población o qué impacto diferencial —positivo o negativo— tienen sus políticas generales sobre la población negra. Lea al documento completo aquí: Agenda de justicia racial e inclusión de los derechos de la población afrocolombiana en los programas de Gobierno delos candidatos a la presidencia de Colombia

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Transición energética: una discusión sobre territorios, poder y justicia que ya está en marcha

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez, directora de Movilización Legal y coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Entre el 24 y el 29 de abril de 2026, en Santa Marta, se celebró la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la que también por primera vez, en un proceso climático global, los pueblos afrodescendientes participaron como una delegación reconocida. Este hecho, en sí mismo, marca un punto de inflexión, pero también expone con claridad una tensión que atraviesa toda la discusión sobre la transición energética. Esta tensión es la respuesta a las preguntas sobre quién decide, quién gana y quién ha cargado históricamente con los impactos del cambio climático y las decisiones sobre las fuentes de energía, así que no se trata de si cambiamos o no las fuentes, se trata de cómo participan en esa decisión muchas comunidades marginadas, y sobre para qué y para quién se realiza ese cambio. Durante décadas, los territorios afrodescendientes han concentrado actividades extractivas, infraestructura energética y cargas ambientales desproporcionadas. Una realidad vinculada a procesos históricos de colonialismo, despojo y racialización de territorios, que siguen organizando la economía global y las decisiones sobre el cambio climático. Tal como lo manifestamos desde la delegación afrodescendiente: la economía fósil está entrelazada con sistemas de opresión más amplios, y cualquier transición que no los aborde corre el riesgo de reproducirlos. La evidencia de la mencionada tensión, estuvo presente incluso en el propio proceso de la conferencia. Mientras se reconocía formalmente la participación afrodescendiente, también se registraron exclusiones concretas, como la negación de visas a delegados africanos y la aparente exclusión de los afrodescendientes como grupo en las observaciones de la sesión plenaria de clausura de esta Primera Conferencia y en los preparativos para la Segunda Conferencia en 2027. Sin embargo, y pese a que estos hechos revelan los límites actuales de la gobernanza climática internacional y la necesidad de transformarla, desde la delegación afrodescendiente que pudo llegar al espacio, realizamos propuestas concretas para la transición, claramente ancladas territorial, histórica y políticamente. Abogamos, entre otras cosas, por el reconocimiento jurídico de los espacios colectivos habitados por comunidades afrodescendientes, tanto en contextos urbanos como rurales, como condición para garantizar decisiones efectivas sobre el territorio; por el fortalecimiento de economías territoriales que sostienen la vida y los ecosistemas, y que pueden reducir la dependencia de actividades extractivas; por el impulso de comunidades energéticas que permitan una participación directa en la generación y gestión de la energía; y por la transformación de la gobernanza climática global, incluyendo el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como sujetos políticos con capacidad de decisión, y la incorporación de conocimientos tradicionales en la formulación de políticas y en la toma de decisiones. En las discusiones que dimos y propusimos como delegación, también llamamos la atención sobre un elemento que suele quedar fuera del debate: la relación entre transición energética, militarismo y sistemas económicos globales. En muchos contextos, la instalación y operación de infraestructura extractiva ha estado acompañada por presencia militar, regímenes de seguridad especiales y restricciones a la organización comunitaria. Estas condiciones han sido parte fundamental del funcionamiento del modelo energético actual. A lo que se debe sumar el impacto directo de las actividades militares en términos de consumo de combustibles fósiles y emisiones, que con frecuencia no se incorporan en los balances, evaluaciones y compromisos climáticos de los Estados. Otro elemento es el papel de las mujeres en los territorios, para decir que, además del reconocimiento de los impactos diferenciados, se debe entender su rol en la sostenibilidad de sistemas económicos y sociales propios que han permitido resistir la expansión extractiva y sustentar formas de vida en medio de condiciones adversas, y, por supuesto, la creación de mecanismos robustos que garanticen su participación real en la toma de decisiones. Finalmente, debatimos sobre la forma en que se estructura el conocimiento en estos escenarios y procesos globales de discusión climática, mediada por lenguajes altamente especializados que tienden a excluir a comunidades cuyos conocimientos son igualmente rigurosos, aunque se expresen en otras formas o con lenguajes menos tecnificados. Esa estructuración, al dejar por fuera información directamente venida de los territorios más afectados por el cambio climático y el modelo energético, limita la participación y empobrece las decisiones tanto en su eficiencia y eficacia como en su legitimidad. En ese sentido, la discusión sobre transición energética debe revisar las maneras en que se organizan la producción, el comercio, el financiamiento y las decisiones sobre los territorios. Implica también decisiones sobre la reorganización profunda de la economía, del uso de la tierra y los territorios y maretorios, y de las relaciones de poder. Los acuerdos alcanzados en Santa Marta sobre la urgencia de medidas, sobre la necesidad de ir más allá de la discusión de emisiones y la relevancia de la confluencia de esfuerzos globales son un paso importante, pero no resuelven por sí mismos los problemas generados por el modelo de explotación y energético actual. Sin embargo, el éxito de todo esto, y de las demás decisiones y acuerdos que se deben alcanzar, dependen de si se abordan las condiciones que han producido las desigualdades actuales o si estas se mantienen bajo nuevas formas. Aquí, la participación de la delegación afrodescendiente en Santa Marta al tiempo que simboliza una ampliación de la participación de sectores poblacionales amplia y desproporcionadamente afectados por el cambio climático y el modelo energético, introduce una perspectiva que conecta la crisis climática con procesos históricos de desigualdad, y plantea condiciones concretas para avanzar. Atender a las condiciones en que se toman las decisiones y a quiénes han asumido históricamente sus costos, es parte central de cualquier discusión seria sobre el futuro energético.

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El viche y la formalización condicionada al sistema fiscal

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Aunque el viche hoy es legal en el sistema colombiano, en la práctica producirlo, transportarlo y comercializarlo sigue siendo una actividad llena de obstáculos para las comunidades que lo sostienen.

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Pequeña gran revolución: carta a Marcos

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Pequeño Marcos, Hay historias que comienzan con una decisión, algunas con un accidente, y otras, como la tuya, nacen de una mezcla de amor, muchas preguntas, largas conversaciones y un poco de magia. Antes de que llegaras, ya existías. No como una idea lejana, sino como una pregunta insistente: ¿Cómo queremos ser mamás?, ¿Qué tipo de familia queremos construir?, ¿Qué mundo queremos abrir para acompañar una vida nueva? Para que tú llegaras, tuvimos que inventar nuestra propia ecuación. Porque cuando dos mujeres deciden traer un bebé al mundo, no basta solo con el amor -aunque de eso hay mucho- , también hay que preguntar, inventar, sanar, conspirar e imaginar. Tuvimos que decidir en qué cuerpo crecerías, de qué óvulo vendrías, quién pondría su útero para cuidarte mientras crecías. Aprendimos palabras nuevas, seguimos protocolos médicos, hicimos preguntas incómodas en bancos de donantes, insistimos cuando nos cuestionaban o nos decían que no había, que tal vez, que así no. Hubo una conversación que nos marcó mucho. Una conversación incómoda, honesta, necesaria. Nos preguntamos por qué queríamos que fueras un bebé negro. Y la respuesta fue apareciendo poco a poco: porque queríamos que llegaras a este mundo siendo celebrado y que se abrieran para ti muchos caminos. Que tu negritud no representara una carencia ni una falta, sino una potencia. Porque ya nuestro amor era una mezcla de diferencias -dos mujeres, una pareja interracial, origenes diferentes, familias muy distintas- y tú venías a ser la suma hermosa de todo eso, no una dificultad más. Te pensamos negro antes de conocerte. Te soñamos negro antes de saber tu nombre. Y lo hicimos con orgullo y con esperanza. Cuando por fin empezó el embarazo, lo vivimos como un ritual. Muy nuestro. Muy cuidado. Comíamos rico pensando en que crecieras fuerte. Mirábamos las ecografías buscando tu naricita. Los domingos eran sagrados: teníamos una cita contigo para escuchar tu corazón, ponerte música, identificar qué fruta eras según tu tamaño. Eran pequeños rituales para acompañarte mientras aún estabas al otro lado de la piel. Te esperábamos con ganas de verte la cara. Con esa mezcla de paciencia y ansiedad que trae la maternidad. Con esa sensación de estar cuidando algo que ya amábamos, aunque todavía no pudiéramos abrazar. El día que naciste no salió como lo habíamos planeado. Faltaba un mes cuando fuimos a un control rutinario y terminamos hospitalizadas. La presión no bajaba y tus movimientos respiratorios escapaban al ecógrafo. Nos llenamos de miedo. Mucho movimiento, luces blancas, agujas, voces que iban y venían. Pero también una certeza profunda: por fin íbamos a conocerte. Naciste bajo unas luces intensas, en una sala fría y brillante, y ahí estabas tú: manos grandes, mucha grasita y un llanto determinado. Cuando te vimos por primera vez, el mundo se volvió pequeño y enorme al mismo tiempo. Todo lo que habíamos imaginado tomó forma en tu cara, en tu piel, en tu respiración. Y en ese momento también empezó otra historia que no habíamos planeado. Una historia de papeles, burocracia, firmas y reglas. Una historia en la que el mundo institucional -ese que te clasifica y te nombra desde el primer día- empezó a ponernos obstáculos justo cuando estábamos más vulnerables. Cuando pedimos nuestras licencias de maternidad, la EPS nos dijo que solo una de nosotras podía tenerla. Que la otra debía asumir una licencia de paternidad. Como si una de nosotras no fuera tu mamá. Detrás de esa decisión venía algo más profundo: el cuestionamiento de nuestra maternidad, de nuestra familia, de lo que significa cuidar a un bebé siendo dos mamás. Fue un golpe duro. Como si después de un proceso tan amoroso, alguien quisiera empañar nuestra alegría. Hubo momentos que nos dejaron cicatrices. Como cuando en tu certificado de nacimiento el hospital marcó que no pertenecías a ninguna raza, justo después de todo lo que habíamos hecho para que tu negritud fuera visible, celebrada, elegida con intención. Fue una contradicción dolorosa, pero también nos dejó una enseñanza que queremos que guardes: nunca permitas que nadie te haga sentir irrelevante. Nunca aceptes que alguien borre lo que eres. Entonces hicimos lo que sabemos hacer: cuidar y defender. Llamamos a las mejores abogadas negras del país y juntamos fuerzas para iniciar un proceso legal. No lo hacíamos solo por nosotras, sino por ti y por otras familias como la nuestra. Fue largo y frustrante. Recibimos negativas, argumentos ofensivos que desconocían quiénes somos y cómo cuidamos. Pero no desistimos. Sostenidas por nuestras grandes cómplices en ILEX, llevamos nuestra petición hasta la última instancia. Pues ya nos habíamos definido mucho antes de que cualquier institución intentara hacerlo por nosotras. Y un día, cuando ya tenías ocho dientes y llenabas la casa de risas, rutinas y dulce cansancio, llegó una noticia que nos cortó la respiración: ¡La Corte Constitucional falló a nuestro favor! Reconoció que una de tus mamás había sido vulnerada en sus derechos. Reconoció que una familia puede tener más de una licencia de maternidad. Reconoció que el país necesita cambiar la forma en que entiende el cuidado. No sabemos si cuando leas esto podrás dimensionar lo que significa que tu historia esté escrita en una sentencia. Pero queremos que sepas que tu llegada movió algo más grande que nuestra casa. Ayudó a abrir un camino para otras familias, otros bebés, otras formas de cuidar. Y aun así, Marcos, queremos que esta no sea una historia de lucha solamente. Porque aunque hubo momentos duros, lo que más recordamos cuando te miramos es la alegría de verte crecer: un bebé negro en nuestros propios términos. La manera en que trajiste otra energía a nuestras vidas. La forma en que hiciste que todo floreciera. La felicidad de confirmar que una mujer no tiene que haber parido para poder lactar, y la fortuna de que en esta familia te alimentamos a cuatro tetas. No somos una familia perfecta, pero somos una familia real, construida con intención, con preguntas, con amor y con mucha terquedad para sostener lo que creemos justo. Hay algo más

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Avanzar hacia la transformación: desafíos del Foro Permanente en la garantía de derechos de afrodescendientes

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Por: Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica La quinta sesión del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes en Ginebra es, en muchos sentidos, un momento de balance. A cinco años de su creación, y a veinticinco del Programa de Acción de Durban, el Foro se enfrenta a una pregunta ineludible: ¿Qué ha cambiado realmente en la vida de las personas afrodescendientes en el mundo? El Foro Permanente, conformado para mejorar la seguridad, calidad de vida y derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, ha logrado algo importante: abrir la puerta a una diversidad de actores. Desde Estados, organismos internacionales, sociedad civil, comunidades afrodescendientes hasta juventudes que históricamente habían sido excluidas de la conversación global. Y sí, definitivamente hay avances. El racismo estructural pasó de ser una categoría disputada a un hecho reconocido. También existe un ecosistema multilateral, integrado con mecanismos como el propio Foro, el Mecanismo de Expertos sobre Justicia Racial y los órganos de tratado. Y tenemos una agenda global que ha logrado posicionar temas antes marginales: la violencia policial racista, la invisibilidad estadística, las desigualdades en salud y educación, y más recientemente, la relación entre cambio climático y racismo, como lo vienen expresando países como Brasil y Colombia. Pero ese mismo balance revela sus límites. Por un lado, la apertura no es sinónimo de poder. La arquitectura misma de un espacio como el Foro sigue reproduciendo asimetrías profundas, intervenciones breves, agendas saturadas y espacios limitados para la deliberación sustantiva. Se escucha a muchos, pero se decide entre pocos. Por otro lado, en los distintos discursos de apertura del Foro hubo un consenso sobre las desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes siguen estando profundamente arraigadas en los legados de la esclavitud y el colonialismo, y continúan reproduciéndose en las instituciones, los mercados y las políticas públicas contemporáneas. En otras palabras, el diagnóstico está. El problema, creemos todes, es de transformación. A ello se suma un hecho reciente que marca un punto de quiebre en el derecho internacional y redefine el presente, el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como un crimen de lesa humanidad. Pero genera preguntas: ¿por qué si la esclavitud es un crimen de esa magnitud, sus consecuencias son tratadas como simples desigualdades sociales? Pues realmente son efectos no resueltos de un crimen internacional, pero el sistema aún no cuenta con un instrumento que esté a la altura de esa afirmación. Ese es el trasfondo de una de las discusiones más importantes que atraviesa el Foro: el impulso final hacia la adopción final de una Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Desde Ilex creemos que también es necesario recordar que hoy existen múltiples instrumentos. Desde la Convención contra la Discriminación Racial hasta el Programa de Acción de Durban, pero su implementación sigue siendo fragmentada, desigual y, en muchos casos, insuficiente. A pesar de los avances institucionales, el sistema internacional opera como un conjunto de piezas dispersas: comités, relatorías, mecanismos de expertos, espacios consultivos… Todos relevantes, pero sin un eje articulador que permita traducir estándares en transformaciones reales. Una declaración robusta, entonces, sería estratégica y articuladora. Podría, en primer lugar, ordenar el sistema internacional, funcionando como un marco interpretativo común que alinee los distintos mecanismos existentes y fortalezca su capacidad de incidencia frente a los Estados. En segundo lugar, podría cerrar la brecha entre reconocimiento y acción, en un momento en que el propio Foro insiste en la necesidad de pasar de los compromisos a la implementación efectiva. Y podría, en tercer lugar, incorporar dimensiones que hoy el derecho internacional no ha logrado integrar plenamente. Entre ellas, la conexión entre cambio climático, desigualdad racial y desarrollo global, porque las comunidades afrodescendientes enfrentan de manera desproporcionada los impactos de la crisis climática, no por azar, sino por la forma en que la historia ha distribuido el territorio, la riqueza y el poder. Para esto se necesita una declaración distinta de las que ya conocemos. El propio Foro ha señalado que el momento actual exige avanzar hacia la justicia reparatoria. No solo como reconocimiento simbólico, sino como transformación material de las condiciones que sostienen la desigualdad. Esto implica hablar de redistribución, de inversión pública, de acceso a la tierra, de reparación económica y de reconstrucción de dignidad. Ahí está el verdadero desafío. Una declaración robusta, anclada en las realidades contemporáneas y en la necesidad de reparación estructural, puede convertirse en el instrumento que el sistema internacional aún no tiene. Para ser transformadora, además, es necesario reconfigurar las condiciones de participación, fortalecer las alianzas entre actores y consolidar una agenda colectiva que permita pasar de la representación simbólica a la incidencia real. Porque, en última instancia, la pregunta no es solo qué se decide en estos espacios, sino quién tiene la capacidad de influir en esas decisiones y bajo qué condiciones. Particularmente creo que el Foro ha hecho su parte como un espacio de incidencia, es decir, ha producido diagnósticos, recomendaciones, ha abierto espacios y ha posicionado agendas. Pero el reto que planteo, pasar del balance al punto de quiebre, necesariamente pasa por decidir si el derecho internacional está dispuesto, finalmente, a transformar lo que durante décadas solo ha sido solo capaz de nombrar.

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Lo blanco sirve, lo negro se bota: reciclaje, racismo estructural y la política simbólica del desecho

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez – Directora de Movilización Legal y Coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Desde hace unos meses, tengo una pregunta pegada. Estaba caminando por el centro de Bogotá, luego de salir de una reunión de trabajo, y delante de mí iban dos chicos de cerca de 13 años, uno blanco-mestizo (le voy a llamar Raúl) y el otro negro (le llamaré Julián), ambos vestidos con uniforme de colegio. Iban andando y jugando con la brusquedad que muchas veces da la confianza: uno le agarraba el pelo al otro, se reían, se jalaban los morrales, se reían, etc., de repente se retaron a saltar el mayor número de baldosas de un solo brinco. Julián le ganó la competencia a Raúl, y éste en el ardor de su perdida le dijo a Julián: “Lo importante es que la basura va en la bolsa negra”. A lo que Julián respondió: “¡Uy, no marica! Así no es juego”, respondió Julián. Me quedé de una pieza. Ambos se rieron, y siguieron su camino, aunque ya no iban jugando como antes. Mientras tanto, en mi cabeza inició un gran debate de mí conmigo. Pensaba: ¿hay racismo en la manera como coloreamos las bolsas de basura? ¡Si, hay racismo! Pero ¿no estarás exagerando un simple juego de niños? ¿cuántas veces te incluyeron en una “lista negra”? No lo sé, pero eso me hirió y me bloqueó posibilidades. Y sí, seguramente algunas personas me dirán que estoy exagerando y hasta me dirán que el país y la gente negra tienen problemas más urgentes. Sin embargo, en Colombia el color nunca ha sido solo un color. Durante siglos, lo blanco significó poder, humanidad plena, propiedad, prestigio. Lo negro significó esclavización, servidumbre, salvajismo, sospecha, marginalidad. Esa jerarquía no desapareció mágicamente con la Constitución de 1991. Se transformó, se volvió más sutil, más sofisticada, pero sigue operando. En cuanto a la política pública de separación en la fuente, Colombia adoptó un código de colores que hoy parece incuestionable: bolsa blanca para residuos aprovechables, bolsa negra para residuos no aprovechables y bolsa verde para orgánicos. El esquema fue formalizado en 2019 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de la estrategia nacional de gestión integral de residuos sólidos. A primera vista, se trata de una decisión técnica orientada a mejorar la eficiencia ambiental. Sin embargo, creo que ningún sistema simbólico es neutral en una sociedad estructurada por jerarquías raciales, y el lenguaje del color en América Latina y Colombia no es inocente. La asignación institucional de “blanco” a lo aprovechable y “negro” a lo desechable opera dentro de una historia colonial donde el color ha funcionado como mecanismo de clasificación social, moral y política. La pregunta que me surge sobre el sistema de separación de residuos es ¿qué ocurre cuando una política pública reproduce, aunque sea inadvertidamente, las jerarquías simbólicas de una sociedad racializada? ¡Oye! ¿significa que el Ministerio adoptó todo un sistema de colores con la intención de discriminar a la gente negra? No, no estoy diciendo que el Ministerio de Ambiente se sentó a diseñar un sistema racista, porque no quiero plantear una discusión sobre la intención de la decisión y que ahora se convierta en un reemplazo de bolsas negras y blancas porque es lo políticamente correcto. Estoy pensando en la estructura y en la posibilidad de diseñar políticas públicas que no refuercen, ni inadvertidamente, la vieja ecuación colonial que asocia blancura con valor y negritud con descarte. El Estado es un productor privilegiado de símbolos cuyas decisiones deben examinar quién gestiona los residuos y cómo los nombramos, porque el racismo estructural no siempre funciona con insultos evidentes; también lo hace cuando las jerarquías se vuelven sentido común, cuando nadie se pregunta por qué “blanco” equivale a limpio y “negro” a sucio, cuando el lenguaje reproduce, sin que lo notemos, viejas asociaciones coloniales. Cada vez que un niño o una niña aprende que en la bolsa blanca van las cosas que sirven y en la negra van las que no, está recibiendo una lección simbólica que sostiene jerarquías con pequeños gestos repetidos millones de veces, aunque nadie lo explique así. El mensaje es más fuerte en un país donde la negritud ha sido asociada, durante siglos, con trabajo servil y condiciones indignas. Solo quien nunca ha sido asociado con lo sucio, lo inferior o lo desechable puede decir que el color es irrelevante. ¿Significa esto que debemos dejar de reciclar? Por supuesto que no. La crisis climática es real y urgente, y separar residuos algo aporta. Pero tal vez haya alternativas técnicas sin esa carga histórica. Tal vez números, símbolos o códigos distintos. No se trata de escandalizarse, se trata de pensar, porque el problema no es la bolsa en sí misma, el problema es la naturalización, y la pretensión de neutralidad en sociedades racializadas. Si de verdad creemos que el racismo en Colombia es estructural, no podemos limitarnos a reaccionar cuando aparece un insulto explícito, también debemos revisar las formas más sutiles en que la jerarquía se cuela en lo cotidiano y naturaliza que lo blanco es lo que sirve, que lo negro es lo que se bota, y que eso no tiene nada que ver con nuestra historia.

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