Investigación social

¿Dónde están las personas afrocolombianas en el Estado? La representación de las personas afrocolombianas en el nivel nacional de la rama ejecutiva del poder público en Colombia

Este texto expone la teoría de la burocracia representativa y destaca la importancia de una función pública inclusiva que refleje y responda a las diversas necesidades y problemáticas sociales, planteando una crítica constructiva del ideal meritocrático para ingresar a cargos públicos. Lo anterior, entendiendo que la población afrocolombiana encuentra obstáculos adicionales debido a la naturalización de privilegios y desventajas heredadas, que socavan la noción del mérito. Es decir, la idea de mérito tradicionalmente entendida, no necesariamente funciona de manera justa para diferentes grupos poblacionales. Este escenario refleja la persistencia de estructuras sociales segregadas y evidencia la necesidad de abordar de manera efectiva las desigualdades estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en Colombia. DESCARGAR: ¿DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN EL ESPACIO? La representación de personas afrocolombianas al interior del Estado es un asunto paradójico en las discusiones sobre justicia racial en Colombia. De un lado, la experiencia indica que, al menos en el sector central del Estado, la presencia de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es escasa, en particular en los niveles más altos de las distintas ramas del poder público. Por otro lado, la falta de representación pasa, por lo general, inadvertida. La conversación pública sobre la inclusión de personas afrodescendientes en instituciones públicas sigue siendo incipiente cuando se le compara con otros grupos poblacionales que experimentan discriminación sistémica, como es el caso de las mujeres. Así mismo, en Colombia falta una discusión social franca sobre las implicaciones que la exigua representación afrocolombiana al interior de las instituciones públicas tiene sobre el funcionamiento del Estado y la protección de los derechos e intereses de las personas y comunidades afrocolombianas. La naturalización de estas dinámicas de exclusión étnico-racial constituye una grave manifestación del racismo sistémico, que: “[…] opera mediante una red interrelacionada o coordinada de leyes, políticas, prácticas, actitudes, estereotipos y prejuicios. Lo sostienen un amplio abanico de agentes, entre los que se encuentran las instituciones del Estado, el sector privado y las estructuras de la sociedad en sentido amplio”. (ONU, 2023, p. 3) Si bien en Colombia se han realizado diversos estudios sobre la administración pública, pocos se han enfocado en analizar la composición étnico-racial del Estado. Este documento intenta llenar este vacío en la literatura con un análisis cuantitativo descriptivo y cualitativo de la representación de personas afrocolombianas en las instituciones de la rama ejecutiva del poder público a nivel central. El propósito es avanzar en el debate sobre la igualdad en el acceso al empleo público y sobre la representación de las personas afrocolombianas en las instituciones del Estado y, con esto, contribuir a la materialización del principio de igualdad y no discriminación racial, elemento del estado social de derecho, en este ámbito particular. Antes de proceder con la explicación sobre el desarrollo metodológico de este documento se considera fundamental aclarar el uso de dos conceptos clave dentro de este informe. En primer lugar, siguiendo el marco conceptual desarrollado por Pitkin (1967), cuando hablamos de representación de personas afrocolombianas en las instituciones públicas hacemos referencia de manera específica a la representación descriptiva de esta población, es decir, a la inclusión o presencia de personas afrocolombianas al interior de las instituciones estatales en calidad de servidoras públicas. No es el propósito de este documento hacer un análisis sobre la representación sustantiva de este grupo poblacional dentro del Estado, es decir, sobre qué tanto representa o no el Estado y sus agentes las agendas e intereses de este grupo poblacional. Si bien un análisis sobre la representación sustantiva es, sin duda, importante, abordar esta cuestión desbordaría los propósitos de este documento de trabajo, por lo que dicho objetivo no será desarrollado en este texto. En segundo lugar, cuando se relaciona personas afrodescendientes/ afrocolombianas nos referimos a: “los descendientes de personas africanas esclavizadas, a través de generaciones y procesos de mestizaje, y sin importar el nivel de identidad individual o colectiva que estas poblaciones puedan tener” (Urrea y Barbary, 2004, p. 52). La representación descriptiva es un avance esencial y una condición fundamental en la búsqueda de igualdad y no discriminación racial en el Estado colombiano, en consonancia con los principios constitucionales. Sin embargo, no se asume que esta representación por sí sola sea suficiente para garantizar una incidencia significativa en las políticas públicas. En este sentido, la representación de personas afrocolombianas en las instituciones públicas debe considerarse un logro en sí misma y un reflejo de la diversidad de la nación, sin imponer una expectativa de alineación ideológica específica, pues aumentar la presencia física de personas afrocolombianas en el servicio público puede mejorar su visibilidad, la igualdad de oportunidades y participación política y permitir el acceso a sus aportes intelectuales. No obstante, para que esta representación tenga un impacto mayor es indispensable, por un lado, que las personas afrocolombianas puedan acceder a posiciones de liderazgo y toma de decisiones, desde donde su presencia tenga una incidencia directa en la formulación y ejecución de políticas; del otro, que estas personas al llegar a diferentes cargos cuenten con cierta formación política y conocimiento del contexto e interés por mejorar la calidad de vida de su grupo poblacional. Sin embargo, este texto solo se concentrará en el primer factor. Así, el objetivo no es solo aumentar su presencia en el sector público, sino también remover las barreras estructurales que limitan su participación en niveles de poder donde sus voces pueden influir de manera efectiva en el diseño de un Estado más justo. Aunque insuficiente por sí sola, la representación descriptiva es un punto de partida necesario para avanzar hacia una representación activa o sustantiva, es decir, aquella que permite influir en políticas públicas que reflejen los intereses de las personas y comunidades afrocolombianas. Este estudio se propone sistematizar datos sobre la participación de personas afrocolombianas en cargos de toma de decisiones, evaluar si su representación es proporcional a su presencia en la sociedad, identificar las barreras estructurales que impiden el acceso a estos espacios de poder y formular recomendaciones para que las entidades públicas y privadas superen dichas barreras. Asimismo, …

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CONOCE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARTILLA: ¿QUÉ HACER EN CASO DE ABUSO POLICIAL CONTRA PERSONAS AFROCOLOMBIANAS?

SEGUNDA EDICIÓN: ¿QUÉ HACER EN CASO DE ABUSO POLICIAL CONTRA PERSONAS AFROCOLOMBIANAS? Este documento es una actualización necesaria de la cartilla –¿Qué hacer en caso de abuso policial contra personas afrocolombianas? Guía de Formación en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para Personas y Comunidades Afrocolombianas–, que responde tanto a los avances institucionales como a la continuidad de prácticas relacionadas al relacionamiento de los agentes del orden con las personas afrodescendientes. DESCARGAR SEGUNDA EDICIÓN Desde la publicación de la primera edición de la cartilla “¿Qué hacer en caso de abuso policial contra personas afrocolombianas? Guía de Formación en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para Personas y Comunidades Afrocolombianas” , presentada en el año 2020, el panorama político, social y normativo en Colombia ha experimentado transformaciones significativas que inciden de forma directa en la manera en que entendemos y enfrentamos el impacto desproporcionado y diferenciado que el abuso policial tiene sobre grupos étnico-racialmente diferenciados, las personas en situación de vulnerabilidad económica, personas migrantes, entre otros. Este documento es, por tanto, una actualización necesaria de la cartilla, que responde tanto a los avances institucionales como a la continuidad de prácticas relacionadas al relacionamiento de los agentes del orden con las personas afrodescendientes. En estos cinco años, Colombia ha atravesado momentos clave de movilización social, como el Paro Nacional de 2021. Durante estas protestas, diversas organizaciones, entre ellas ILEX Acción Jurídica, documentaron múltiples violaciones de derechos humanos que afectaron especialmente a la población afrodescendiente. Se registraron casos de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y violencia de género, siendo las mujeres afrodescendientes víctimas diferenciales de estas agresiones, donde informes indicaron que, de las 110 personas asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional, el 36,4% pertenecían a la población afrodescendiente. Paralelamente, el proceso de transformación institucional impulsado por el Gobierno Nacional ha dado lugar a medidas como el Decreto 1231 de 2024, que introduce limitaciones al uso de la fuerza, refuerza criterios de proporcionalidad y promueve el control ciudadano sobre las actuaciones policiales. Sin embargo, estas medidas aún conviven con una realidad de perfilamiento racial, requisas arbitrarias y criminalización sistemática de las comunidades negras, especialmente en contextos urbanos y empobrecidos. Uno de los elementos más relevantes de esta actualización es la incorporación de un cambio de visión sobre la política de drogas. En ILEX Acción Jurídica entendemos que no se puede analizar el abuso policial racista sin considerar cómo la legislación y la práctica estatal en materia de control de estupefacientes ha servido históricamente como plataforma para la criminalización racializada. La aplicación diferencial de normas como la Ley 30 de 1986 y el artículo 376 del Código Penal facilita el perfilamiento hacia personas negras, particularmente jóvenes, bajo el supuesto de sospecha por porte o consumo. Esta dinámica reproduce un ciclo de estigmatización, exclusión y violencia que el Estado aún no ha desmontado. Esta cartilla busca seguir cumpliendo con su propósito fundamental: ser una herramienta de formación jurídica popular y de acceso a la justicia, dirigida especialmente a personas afrodescendientes, liderazgos sociales, defensoras de derechos humanos, población LGTBIQ+, y juventudes que enfrentan cotidianamente formas de abuso policial. A través de explicaciones claras, actualizadas y contextualizadas, este documento pretende acercar el derecho a quienes históricamente han sido excluidos del lenguaje y las estructuras jurídicas, democratizando el conocimiento y fortaleciendo capacidades para la defensa individual y colectiva frente a la actuación arbitraria por parte de los agentes del orden. En ese sentido, esperamos que este documento continúe ejecutando su labor de hacer más justas las relaciones entre las personas afrocolombianas, las instituciones y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en Colombia.

RECOMENDACIONES DE ILEX ACCIÓN JURÍDICA SOBRE CIRCULAR EXTERNA FRENTE AL ACCESO INTEGRAL DE LA IVE

Celebramos los avances de la nueva circular de la Superintendencia Nacional de Salud, para mejorar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que en gran medida incorpora un enfoque de género e interseccional, siguiendo los estándares establecidos por la Corte Constitucional colombiana y las recomendaciones de Ilex Acción Jurídica. En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional destacó que la penalización del aborto es ineficaz, injusta y discriminatoria. En lugar de prevenir, crea obstáculos para el acceso a la IVE, afectando desproporcionadamente a mujeres, hombres trans y personas no binarias, que enfrentan múltiples vulnerabilidades, como que viven en áreas rurales, pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes o Rom, viven con discapacidades, son menores de edad, están en situación de desplazamiento, migración irregular, viven privadas de la libertad, o son madres cabeza de familia.Condiciones, que a menudo hacen que lleguen tarde al sistema de salud o experimenten demoras prolongadas para acceder a la atención en aborto Desde Ilex, seguimos de cerca y recomendando al Ministerio de Salud y la Superintendencia para que las circulares y resoluciones sobre la IVE se traduzcan en acciones concretas y vinculantes. Es fundamental que las medidas adoptadas respondan a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, garantizando un acceso equitativo y seguro a la IVE. Recomendaciones de Ilex acogidas por la última circular de IVE: 1. Garantizar la atención integral en salud con un enfoque de género e interseccional. Ilex ha recomendado incluir estándares específicos para prevenir la discriminación étnico-racial. Esto permitirá incorporar un enfoque étnico-racial en las directrices, cumpliendo así con el mandato de la Corte Constitucional y reduciendo la desprotección que enfrentan las personas más vulnerables al intentar acceder a la IVE. Estas personas a menudo son víctimas de malos tratos, discriminación racial, estigmatización y criminalización dentro del sistema de salud. 2. Abstenerse de imponer barreras administrativas y/o de atención y/o de ejercer violencia obstétrica y/o prácticas discriminatorias. Celebramos que la circular ordene explícitamente a todos los actores del sistema de salud abstenerse de imponer barreras que puedan llevar a la discriminación por pertenencia étnica, así como a la estigmatización, culpabilización o revictimización de quienes solicitan la atención integral de IVE, evitando así cualquier afectación física, psicológica o emocional. 3. Vigilar y promover la participación en la orientación y apoyo para el acceso a la IVE a las parteras, los agentes de salud comunitarios, los agentes de la medicina tradicional y complementaria Este es un avance significativo que ILEX ha promovido, al incluir la integración de parteras tradicionales y otros actores comunitarios en la orientación y apoyo para el acceso a la IVE. Desde ILEX, recomendamos no solo la integración de la partería tradicional, sino también la capacitación de enfermeras en el uso de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y en la administración de abortos con medicamentos. Además, es fundamental la formación del personal en farmacias para que puedan brindar información clara y precisa sobre el aborto farmacológico. Ampliar la participación de estos actores garantizará que las comunidades afrodescendientes, así como aquellas que viven en zonas rurales o afectadas por el conflicto armado, accedan a servicios de IVE de manera adecuada y oportuna, sin necesidad de trasladarse a otros municipios. 4. Vigilar y monitorear que los prestadores de servicios en salud garanticen el acceso efectivo e inmediato a la IVE. Es crucial reiterar que el plazo de 5 días para la atención del aborto es excepcional, ya que debe considerarse un servicio esencial y urgente. Esta aclaración es vital para garantizar que las mujeres en zonas rurales, áreas de dispersión geográfica o en contextos de conflicto armado reciban atención oportuna. Estas barreras se agravan en los contextos en los que viven miles de mujeres afrodescendientes. 5. Vigilar el acceso a la asesoría en salud sexual y reproductiva y el suministro del método anticonceptivo en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Celebramos esta directriz, ya que en la investigación de Ilex se documentó un caso en el que una mujer negra fue forzada a aceptar un método anticonceptivo de larga duración, a pesar de haber expresado su desacuerdo. Se le impuso dicho método y se le entregó una orden médica para un procedimiento que no había elegido, violando así sus derechos reproductivos y su autonomía al no respetar su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. 6. Disponer de una red prestadora de servicios habilitados en las distintas modalidades de atención: presencial, telemedicina, interactiva o tele-experticia. Ilex recomendó que todas las EPS establezcan y comuniquen una red oficial de prestadores de servicios de IVE, identificando claramente las IPS que ofrecen estos servicios según la Resolución 3280 de 2018. Esta red debe brindar información precisa y accesible sobre la disponibilidad, nivel de complejidad y edades gestacionales atendidas en cada institución. Aunque esta disposición es un avance, ahora es crucial que las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales hagan seguimiento y socialicen estas redes con las mujeres en sus municipios. 7. Vigilar la garantía del derecho a la intimidad y confidencialidad por parte de los profesionales de la salud. Es fundamental reforzar esta directriz, ya que la violación del secreto profesional es una de las prácticas documentadas por Ilex que desincentivan a las mujeres afrodescendientes de acudir al sistema de salud cuando necesitan acceder a un aborto. 8. Fortalecer las capacidades del talento humano en salud de las parteras, agentes de salud comunitario, agentes de medicina tradicional y complementaria. Este es un avance significativo que incorpora una de las recomendaciones prioritarias de Ilex. La organización ha subrayado la urgencia de incluir a la partería tradicional en acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC), así como en el acompañamiento durante el aborto autogestionado con medicamentos seguros y en la identificación temprana de signos de alarma para prevenir posibles complicaciones. ¿Qué sigue haciendo falta para cumplir con el mandato de la Corte Constitucional? Para hacer realidad el mandato de la Corte Constitucional, es crucial desarrollar directrices que mejoren el registro de la pertenencia étnico-racial y la desagregación de datos relacionados con la …

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IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes

IVE desde el margen: Análisis del las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes El estudio se enfoca en identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en cuanto al acceso al aborto. Su propósito es comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos. El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Múltiples barreras encuentran las mujeres negras afrodescendientes a la hora de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto, entre esas, su situación económica, la estigmatización social, falta de educación sexual, carencia de redes de apoyo en salud mental y reproductiva, y las barreras institucionales. Estos fueron algunos de los hallazgos que se registraron en la investigación realizada por ILEX Acción Jurídica y documentada en el libro “IVE desde el margen: Análisis de las limitaciones socio jurídicas de las mujeres negras afrodescendientes”.  Esta investigación es el resultado de un esfuerzo colectivo que nos plantea la necesidad de poner sobre el debate nacional del aborto, la vida y los derecho sexuales y reproductivos de las mujeres negras afrodescendientes. “Nos preguntamos cuáles son esas barreras que están impidiendo que las mujeres negras afrodescendientes avancen en tanto avanza los marcos normativos y jurisprudenciales en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuáles son esas barreras que impiden que en tanto esos marcos normativos avanzan, la institucionalidad parece quedarse atrás y parece no observar cuáles son las brechas que nos impiden a las mujeres negras afrodescendientes acceder a servicios de salud, específicamente, a la IVE.  Este trabajo es una muestra de ese empeño, de esa lucha por descifrar cuáles son esas claves del derecho desde una perspectiva crítica, que ayuden a ampliar esas brechas o a reducirlas”, afirmó Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica.  “(…) nosotros tenemos una particularidad, que somos comunidades fluviales y carreteables. De pronto a las comunidades carreteables llega parte, un poquito de la información, pero Aguadua, La Brujita, (…) esa información no llega allá, es difícil que le llegue esa información. Entonces en ocasiones las niñas y mujeres acuden a abortos inseguros por el desconocimiento de que el aborto es legal y pueden solicitarlo en el sistema de salud.” El estudio tuvo como objetivo identificar, describir y analizar las barreras que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en Colombia en el acceso al aborto. Con el propósito de comprender los factores que influyen en la reducción de este acceso y proponer soluciones para adaptar las políticas públicas a las necesidades y circunstancias de las mujeres étnicamente diferenciadas y sus entornos.  El informe no solo presenta dificultades en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para estas mujeres, sino que también aborda su situación en salud sexual y reproductiva y los factores que inciden en procedimientos inseguros. Asimismo, resalta la importancia de involucrar a las comunidades afrocolombianas en el diseño e implementación de políticas que respondan a sus necesidades específicas, reconociendo el papel fundamental de las parteras tradicionales como actores clave en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en áreas con acceso limitado a la atención médica. Para Carolina Garcés Murillo, co autora de la investigación y médica epidemióloga, también es importante reconocer que para el avance del acceso al aborto en todas las mujeres, es necesario ponerse los lentes de la perspectiva étnico racial: “Una despenalización del aborto no garantiza automáticamente el acceso de todas las mujeres negras afrodescendientes a un servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque existen unas condiciones materiales de existencia particulares que impactan de manera diferente a algunos grupos en especial cuando se conectan distintas categorías sociales como la pertenencia étnico racial”.  En Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, departamentos donde se realizó esta investigación, se conocieron distintos testimonios de mujeres con experiencia de IVE voluntario y con experiencia de aborto espontáneo, en los que se reflejaban y reconocían las barreras y dificultades inicialmente mencionadas. Testimonios que dan cuenta de realidades como que las mujeres con una formación educativa más baja tienden a acceder aprocedimientos menos seguros, que existen falencias en el acceso a información sobre el estatus legal del aborto, que la presencia de actores armados influencia las normas culturales y el control físico y moral, y que la diiscriminación racial y tratos crueles y degradantes durante los procesos de acceso a la IVE o durante un aborto espontaneo, marca profundamente la vida de las mujeres negras afrodescendientes.  “En pandemia nos vimos expuestos fuertemente al alto índice del embarazo dado que éramos una comunidad como abandonada, nos tocaba (escoger) entre comer y planificar. El sistema de salud no llega hasta allá ni siquiera en pandemia. Y si no planificaba quedaba embarazada y si quedaba embarazada, te seguías reproduciendo y menos ibas a tener para comer, porque entonces tenías que pensar en los recursos que necesitaba un bebé también (…)” – Por todo lo anterior, para la investigadora y directora de investigaciones de ILEX, Eliana Robles-Pallares, este informe resulta fundamental. “Este estudio busca contribuir a subsanar un vacío en las investigaciones sobre aborto al centrarse en las experiencias y barreras específicas que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en relación con el acceso a la IVE. La investigación, con un enfoque socio jurídico, se apoyó en entrevistas y experiencias de mujeres negras afrodescendientes y parteras a través de la organización Asoredipar, conectando vivencias con registros del sistema de salud”, afirmó Robles. Este diagnóstico visibiliza las barreras sistémicas y estructurales que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes, analizando factores que dificultan el acceso a una interrupción del embarazo legal y segura, por tato, representa una aproximación inicial a la dimensión étnico-racial en el acceso al aborto, subrayando la necesidad de contar con datos desagregados por …

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“Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad

“Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad   Este documento da cuenta de una realidad y refleja cómo ha sido el relacionamiento que tiene la Policía Nacional de Colombia con las mujeres y personas asignadas con sexo femenino al nacer, específicamente afrodescendientes, está atravesado por escenarios de discriminación y violencia. Tanto en contextos de protesta como cotidianos, la vida, la dignidad humana, la seguridad personal y la intimidad de estas personas se ven sometidas a constantes abusos y patrones de violaciones a sus derechos humanos, a nivel individual y colectivo. DESCARGAR AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO Violencias físicas, simbólicas, verbal, entre otras, fueron algunos de los hallazgos encontrados en los testimonios relatados y registrados en el informe “Señora o lo que sea, deme su cédula”: Retratos de la violencia policial racista desde la interseccionalidad” que fue presentado en Cali este 11 de agosto.  El documento, adelantado por organizaciones como Posá Suto, el Observatorio sobre violencias basadas en género del Proceso de Comunidades Negras – Vigía Afro e ILEX Acción Jurídica, presenta y evidencia cómo la Policía Nacional, basados en criterios sospechosos como lo son la expresión e identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnico-racial y condición socioeconómica, vulnera los derechos humanos y dignidad de mujeres cis, personas con asignadas femeninas al nacer (AFAN), mujeres trans y personas no binarias. Por lo anterior, es importante revisar y hacer un análisis de la violencia policial racista desde un enfoque de interseccionalidad. Para Lina Carabalí, investigadora de Vigía Afro, considera que es fundamental que nos paremos desde esta mirada, pues “el tratamiento que se le da a las personas negras, conforme a las diferentes formas de habitar su cuerpo, su vida, sus contextos, es determinante en cuanto al tratamiento que se le da por parte de la fuerza pública. Esto es importante porque repercute en cómo se materializan las consecuencias en la vida de esta persona, después de haber sufrido un hecho violento por parte de los agentes del orden”  Cartagena, Tumaco, Cali y Bogotá, ciudades donde se llevó a cabo la metodología de la investigación, se se conocieron distintas declaraciones que reflejaban los estereotipos y acciones misóginas, transfóbicas y racistas que en la cotidianidad, tienen los agentes de policía con la población mencionada. De ahí la necesidad de realizar un análisis que no solo tenga en cuenta una, sino todas las realidades que atraviesan, desde distintos aspectos la vida, dignidad y humanidad  de las personas contra quienes se cometen actos de violencia policial racista, que además hace parte de una estructura de discriminación que históricamente se ha tenido con la institucionalidad.  “Es importante que desde nuestras experiencias como personas afrodescendientes y con expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales diversas, podamos mencionar nuestras palabras lo que nos pasa en el relacionamiento con el Estado en general, en este caso con los agentes del orden. Esto es un fenómeno que no reducimos a la Policía, esto es un fenómeno que habla de cómo el Estado se relaciona con las personas negras afrodescendientes” afirma Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica.  En los testimonios recogidos en el informe dan cuenta de que los comportamientos de la fuerza pública han sido sistemáticos y no cumplen, incluso, con las mismas reglamentaciones y regulaciones que tienen respecto al uso de su poder. Como menciona el documento, aunque la mayoría de las situaciones no hay riesgo de vida de un agente o de un tercero, la institución tiene un accionar desproporcionado.  “[…]Entonces salí corriendo y el policía me hizo disparos, fueron más de…cuando fui a ver fueron más de 10 casquillos. Yo corrí por- que me iban a meter presa por algo que yo no había hecho” mencionó Vanessa, una de las personas entrevistadas. Igualmente, Luisa, una joven que vivió un caso de acoso con la policía, contó que: “yo ahí tenía como unos 16, 17 años y entonces yo asustada lloraba que me quería ir para mi casa y pues el policía decía que si queríamos irnos teníamos que chuparle el pene, nos dijo (…) Nosotras que no, que no íbamos a hacer nada y de tanto llorar y gritar en ese CAI pues nos soltaron”  El informe hace recomendaciones que están enmarcadas en el proceso actual de reforma policial que se lleva a cabo en la policía nacional que, si bien no tiene una consolidación definida ni una estructura unificada, está promoviendo un debate público pendiente por parte del Gobierno. La reforma representa una oportunidad clara de incidencia de los grupos que históricamente han sido discriminados, que no han sido incluidos en estos temas, ni se han tenido en cuenta sus demandas.

Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe

Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes.  Muchas preguntas pueden formularse en la temática de acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia. Por medio de este documento, ILEX Acción Jurídica desea contribuir en la discusión sobre el reconocimiento legal de los derechos territoriales a cargo del Estado en el que, si bien otras organizaciones han trabajado, es preciso seguir ahondando, máxime cuando aproximadamente 401 comunidades del país aún esperan por ello. Este trabajo de ILEX está enfocado en la región Caribe. La titulación colectiva cuenta con un número importante de hectáreas y familias beneficiarias, principalmente en el Pacífico. Alrededor de seis millones de hectáreas (6.000.000 ha) han sido reconocidas como tierras de comunidades negras, como una materialización del derecho fundamental colectivo al territorio, garantizando la efectiva aplicación de la igualdad en el plano formal y material. De esas tierras reconocidas, solo 6.090 hectáreas con 4.049 m² se encuentran el Caribe. Pese a lo anterior, los resultados sobre titulaciones de los últimos años evidencian que los avances no son los esperados, no se cumple con las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos y los “planes de choque” no han sido ejecutados. Esto se vio agravado por las situaciones propias de la pandemia generada por el Covid-19. Así pues, este texto presenta un panorama sobre la situación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del Caribe, a partir de datos abiertos y consultas realizadas a la entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras; así mismo, refiere la normativa y algunos elementos de la jurisprudencia constitucional, necesarios para el análisis, sin pretender agotar integralmente dicho punto; y aborda una serie de obstáculos sobre los que ya se ha abierto el debate y que aún están por resolverse. La información se presenta en tres capítulos, en los que se desarrollaron algunas ideas y elementos principalmente jurídicos, apoyados en datos y casos, para entender la situación actual de las comunidades negras del Caribe en los procesos de titulación colectiva pendientes de resolverse Te recomendamos leer: Cifras de titulaciones evidencian lento avance en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras del Caribe Consulta aquí la Cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis  sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.  “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.  Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias. 

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Las amenazas y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia son una preocupación tanto nacional como internacional. En la actualidad, diferentes organizaciones de la sociedad civil afirman la existencia de sistematicidad en la comisión de estos delitos. Este fenómeno ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de entidades del Estado y la sociedad civil, razón por la cual existen varios sistemas de monitoreo que buscan entender la dimensión real del problema. Sin embargo, ello no ha sido del todo posible debido a la complejidad de lograr la interacción y diálogo entre estos sistemas. La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Al hacer un análisis de las cifras disponibles sobre amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se presenta una paradoja entre la informació geográfica de estas violencias y las cifras de violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Es decir, aunque las zonas en las que se registran la mayoría de estas violencias coinciden con los municipios que tienen alta presencia de comunidades negras, al consultar las cifras de afectación a los liderazgos afros, estas se presentan como mínimas o, en muchos casos, como nulas. Esto es lo que llamamos un subregistro de las violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Nos interesa dejar claro que, en este documento usamos las categorías “persona defensora de derechos humanos” y “líder” o “lideresa”, con pleno conocimiento y conciencia de las diferencias que se discuten al respecto, aunque en algunos apartes parezca usarse indistintamente. En el caso de las personas particulares que fueron entrevistadas en el desarrollo de la investigación, aclaramos que nos referimos a ellas como líderes y lideresas, respetando el autorreconocimiento que esa persona hizo en el desarrollo de la correspondiente entrevista. Reconocemos la necesidad de seguir reflexionando conjuntamente sobre este tema. Este documento no pretende llegar a conclusiones que cierren las brechas y problemas identificados en tanto su magnitud impide tal objetivo, sino identificar algunas dificultades y seguir construyendo el camino hacia su superación. Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

Nilson Antonio Velasquez Gil fue el primer líder social cuya vida perdimos en 2022. El pasado 10 de enero, el afrodescendiente de 51 años de edad y líder comunitario en el Medio San Juan (Chocó), fue torturado y asesinado  durante una arremetida violenta de la guerrilla del ELN que generó el desplazamiento masivo de las comunidades de Paimadó, Choqui y Calle del Fuerte.  Siete días después, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia denunció el homicidio de Mario Jonathan Palomino, afrodescendiente, defensor del medio ambiente y profesor de una escuela rural en la vereda La Chapa, del municipio El Carmen Viboral.  Sin embargo,  a pesar de que los dos crímenes estarían ligados a la grave crisis humanitaria que asola a buena parte de los territorios afrodescendientes en el país, la pertenencia étnico-racial de los líderes asesinados fue invisibilizada en las bases de datos de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.  La ausencia de un sistema robusto, con parámetros claros y unificados para el registro o monitoreo sobre las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, ha permitido que en muchos casos el registro de amenazas y asesinatos (dos de las principales violaciones registradas) de defensores y defensoras deje de lado el factor étnico-racial cuando este no es identificado como la principal causa del riesgo. Esta situación también explicaría las discrepancias en las cifras de los consolidados sobre asesinatos de líderes líderes, lideresas y personas negras/afrodescendientes defensoras de derechos humanos en Colombia. 

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección.  Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de  hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios. “La titulación colectiva es un derecho fundamental para los pueblos negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, por eso yo titulo mi propiedad”, se lee en la pared lateral de una vivienda anclada al Consejo Comunitario de Villa Gloria, en el norte del Cartegena.  Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de  hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios, garantizando así la materialización del derecho fundamental colectivo al Territorio y la aplicación efectiva  de la igualdad en el plano formal y material.  Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en la actualidad hay por lo menos 401 comunidades del país en espera de trámite y culminación de titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos resultados evidencian un estancamiento de los avances en lo que refiere a la protección del Estado de los derechos territoriales y la diversidad étnica y cultural de Colombia. En este contexto, ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección.  Nuestro documento tiene tres unidades, en los cuales hacemos un recuento de conceptos y definiciones básicas; presentamos el paso a paso para su formalización haciendo énfasis en las etapas en las que la comunidad interviene de manera más activa, además hacemos énfasis en algunos obstáculos que se han identificado para la materialización de este derecho, aterrizados en casos específicos del Caribe, como una breve reflexión sobre las implicaciones del Covid-19 en el contexto actual. También presentamos una caja de herramientas jurídicas, a partir de la jurisprudencia colombiana, reconociendo a la Corte Constitucional como una aliada en su calidad de intérprete de la Constitución.  Adicionalmente, referimos un capítulo relacionado con las afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado, los mecanismos para la protección y restitución formal y material de los derechos territoriales de las comunidades negras.