En el ‘muntú’ de las comunidades negras de Colombia, el vivir dignamente ha estado ligado a un continuum de modelos ancestrales de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con su entorno. El territorio es la base de la construcción de la autonomía y autodeterminación de esta población. El espacio en el que se crea y recrean constantemente su identidad cultural.
La garantía de los derechos colectivos sobre los territorios de las comunidades negras es un requisito indispensable para la pervivencia de su espíritu. Es en este espacio ancestral, material y simbólico sobre el cual se desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, utilizadas desde tiempos seculares para “garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”, según reseña un apartado de la Ley 70 de 1993.
Sin embargo, a pesar de los avances en materia de políticas públicas, el camino hacia la titulación de la propiedad colectiva implica para las comunidades negras recorrer una pendiente cuesta arriba plagada de barreras institucionales para la implementación del debido proceso y largas demoras para la adjudicación de las titulaciones.
Hernando Vega, representante del Consejo Comunitario Curazao Giovanny Vega, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), afirma que las trabas en el procedimiento han ido apagando el sueño de la titulación en varias comunidades de su región. “Inicialmente teníamos muchas expectativas pero no imaginamos que este iba a ser un proceso tan tedioso”, reclamó.
El líder comunitario solicitó a la Agencia Nacional de Tierras -entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural- tener en cuenta que son “comunidades pobres, víctimas del conflicto armado, y no contamos con un rubro económico para hacer todas las diligencias a las que nos someten a lo largo del proceso. Siempre está uno actualizando, pagando impuestos para mantener la documentación vigente de los predios para adquirir la titulación colectiva o lograr que ellos compren la tierra”.
Los resultados sobre las titulaciones en los últimos años esbozan un panorama desalentador. De acuerdo con cifras de la ANT documentadas por un informe realizado por ILEX Acción Jurídica, en el país hay alrededor de 400 comunidades negras a la espera de que sus derechos territoriales sean reconocidos por una institucionalidad que se ha caracterizado por el incumplimiento en las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos, y por fallar en la implementación de los “planes de choque” que con los que se pretende remediar esta problemática del rezago.
El estudio titulado ‘Desafiando las alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe’, documenta que para el 2021 el 47 por ciento de las solicitudes en el Caribe estaba en estado “rezago” y un número alto de solicitudes en etapa preliminar calificadas como “incompletas” hoy “peticiones”. Situación que representa una doble vulneración a los derechos fundamentales de estas comunidades negras, algunas de estas víctimas del conflicto armado, puesto que, conforme a lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2014, la protección de los derechos ancestrales de los pueblos étnicos está íntimamente relacionada con los derechos a la identidad cultural y, por ende, ligada a la subsistencia de los mismos.
“Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento.
“Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos”
No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina.
De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente.
“Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento.
No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina.
De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente.
Más allá de
los baldíos...
El estudio, fruto del trabajo investigativo de la línea de Derechos territoriales y titulación colectiva de ILEX Acción Jurídica, identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes.
A este enredo se suman las barreras jurídicas para la aplicación integral de la Ley 70 de 1993 en el Caribe. Las dificultades se deberían a factores ligados al diseño de una normativa pensada para una titulación colectiva de tierras limitada a las zonas rurales del país. La reglamentación tampoco presenta alternativas para la titulación de comunidades sujetas al fenómeno de la interculturalidad. Por ejemplo, sobre un mismo territorio pueden preexistir pretensiones de reconocimiento y formalización tanto de comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP), como de campesinos y pueblos indígenas.
Otro de los principales obstáculos para el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región radica en la ausencia de base de datos estatales en las que se identifiquen y se ubiquen cartográficamente los baldíos de la nación. De acuerdo con el estudio, la mayoría (51 %) de las pretensiones de titulación colectiva de las comunidades en el Caribe involucran la adjudicación de baldíos, y solo una cuarta parte (26 %) corresponden a adquisiciones por compra, cesión y donación de predios de naturaleza privada.
En lo que refiere a los recursos asignados por el Estado para los temas de titulación colectiva, el estudio concluye que han existido más esfuerzos presupuestales y de inversión en la región del Pacífico que en el Caribe colombiano. De la apropiación vigente a corte de 2020, el 53 % de ella se concentró en tres departamentos: Valle del Cauca con el 25 %, y Cauca y Bolívar con el 14 % cada uno; departamentos como el Magdalena y Atlántico solo contaron con el 4,3 %, y 4,0 %, respectivamente.
“De esta manera, y dadas las entrevistas realizadas por ILEX Acción Jurídica, se contrastó que hay un avance precario en la política de la titulación colectiva en la región Caribe. En los 28 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, con corte a octubre de 2021, solo se habían titulado 19 consejos comunitarios concentrados en Bolívar, Magdalena y La Guajira; estas cifras son apenas el 5 % de la meta propuesta desde ese entonces, donde se tenía proyectado titular por fuera de la región Pacífica 2,4 millones de hectáreas, específicamente un millón en la región del Caribe”, alerta el documento.
Se contrastó que hay un avance precario en la política de la titulación colectiva en la región Caribe. En los 28 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, con corte a octubre de 2021, solo se habían titulado 19 consejos comunitarios concentrados en Bolívar, Magdalena y La Guajira".
El conflicto de interés entre el Estado, los terceros y las comunidades negras por el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de algunas zonas donde están los territorios ancestrales solicitados representa otro gran obstáculo. Prueba de ello han sido las tensiones derivadas por proyectos como el Canal del Dique, los distritos de riego como María la Baja, los proyectos industriales y turísticos, los puertos industriales, los proyectos viales, la explotación de hidrocarburos e incluso proyectos militares como el caso de la isla de Tierra Bomba, en Cartagena.
El sexto elemento sería la relación entre las solicitudes de titulación colectiva rezagadas en el Caribe y el conflicto armado. Aunque está rezagada en este aspecto frente al Pacífico, la región comparte las “presiones, riesgos, amenazas y vulneraciones a los derechos territoriales a causa de una guerra de largo aliento, con multiplicidad de actores que buscan el control de las tierras y que tienen sus propias ideas de explotación y aprovechamiento de estas, indistintamente de quien las ocupe u ostente el derecho sobre ellas”.
El documento cierra con valiosas recomendaciones para las entidades del Gobierno Nacional y los entes de control. Se enfatiza en la necesidad de establecer medidas articuladas entre la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y las organizaciones de la sociedad civil, que permitan la completitud de las solicitudes identificadas en el Caribe que se encuentran en estado incompleto o petición, para que se decidan los actos de apertura e inicio de las actuaciones de titulación colectiva de estas comunidades, impidiendo así la declaratorias de desistimientos tácitos a las solicitudes.
El vaticinio es preocupante. De mantenerse el ritmo con el que han sido adjudicados los territorios colectivos hasta ahora, las comunidades negras del Caribe podrían tardar más de 60 años en obtener los títulos de sus territorios ancestrales o comunitarios
Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe
El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes.
