Justicia económica y derechos culturales

Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia

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El presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, radicaron este 18 de octubre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tendrá como objetivo liderar, coordinar y ejecutar las políticas públicas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales que afectan a la población de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados. La nueva cartera estará bajo la batuta de Francia Márquez, y tendrá la tarea de proteger, desde un enfoque diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, y migrantes. Sin embargo, el proyecto de ley condensado en cuatro páginas y 11 artículos, deja algunos interrogantes importantes en cuanto a la estructura, presupuesto y alcance del ministerio. ¿Cuál es el presupuesto para la igualdad? En el texto del proyecto se menciona que el patrimonio con el que funcionará el Ministerio de Igualdad y Equidad saldrá de las sumas que se aprueben en el presupuesto nacional, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para la cartera y las donaciones que se reciban de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. No obstante, aún no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de esta cartera. Esta cuestión es trascendental si se tiene en cuenta que combatir el hambre y la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo implica una inversión importante de recursos. Desde ILEX Acción Jurídica planteamos que, por un lado, la construcción de presupuestos desde un enfoque etnico-racial debe responder a las necesidades específicas de la población diferencialmente racializada a partir de un análisis territorial en el que se pueda evaluar la pertenencia étnico-racial y su proporción. De igual forma, siguiendo las recomendaciones consignadas en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), consideramos que estos presupuestos deben contar con metas e indicadores que puedan evaluar y orientar las asignaciones de recursos, así como garantizar la participación representativa de estos grupos en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Los presupuestos públicos reflejan las prioridades reales de los gobiernos, tanto en la forma como se captan recursos, como en la forma en que se gastan. El Gobierno debe demostrar su voluntad política haciendo incidencia en el Congreso para que el presupuesto que se le asignen al Ministerio contribuya de forma efectiva al cierre de las brechas de inequidad en el país. ¿Cuáles serán las entidades que conformarán el Ministerio? El proyecto señala que la cartera liderará el sector administrativo de la Igualdad y Equidad y que las demás entidades del Ministerio “serán asignadas a través de una ley”. Además, se le otorgarán al presidente Petro facultades extraordinarias, por el término de seis meses, “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”. Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), adelantó por su parte que la cartera asumirá las funciones de dos consejerías claves para la equidad: la de la Mujer y la de la Juventud. “Lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que han estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”, afirmó en entrevista con Caracol Radio. Por ahora, desde ILEX consideramos que es indispensable que el Ministerio se articule de forma sólida con todas las carteras, pues consideramos que para alcanzar la equidad y la justicia racial es necesario la implementación de medidas que promuevan transformaciones sociales profundas en Colombia. La lucha por la igualdad de género y la garantía de los derechos de la población históricamente marginalizada debe ser una política de Estado. ¿Cuáles serán los alcances del Sistema Nacional de Cuidado? El Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales banderas de campaña del nuevo Gobierno, tendrá como objetivo “reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado”, desde un enfoque diferencial, de género, étnico e interseccional, y por medio de un modelo corresponsable entre familias, el Estado, la sociedad y el mercado. El objetivo es uno: “compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la injusta división sexual del trabajo”. Aunque reconocemos que este proyecto representa un avance importante hacia el cierre de brechas de género, el texto no brinda mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema que sería implementado por un Estado que sigue en mora de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan actualmente las labores de cuidado en el país. Aquí puedes leer el proyecto de ley completo:

Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro

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El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Columna escrita por Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica. Dada la necesidad de aumentar el recaudo, el pago de la deuda, las necesidades sociales, los desequilibrios que dejó la pandemia por el Covid-19, se hace necesaria una reforma tributaria. La presentada por el Gobierno actual espera recaudar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, 25 billones de pesos, estos estarán sustentados, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de la siguiente forma: $8,1 billones del 1% de las personas más ricas, $7 billones de recursos del uso del subsuelo, $5,1 billones de la reducción de exenciones y deducciones para las empresas, $2,5 billones de impuestos saludables y ambientales y $2,2 billones de otras medidas. El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Ambos elementos van con objetivos importantes como la reducción de la desigualdad del ingreso y la mejora del recaudo. No obstante, como lo han mencionado instituciones como la Universidad de los Andes y Fedesarrollo, la reforma también tiene aspectos negativos, pues podría afectar la generación el crecimiento económico y la generación de empleo. En cuanto a lo positivo, la reforma plantea aumentar la carga tributaria del 1% más rico del país, es decir, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Este aspecto es importante por la progresividad, pues este atributo logra promover la redistribución, y es posible que se reduzca la presión o tensión en las personas de menores ingresos (desde el punto de vista del impuesto directo), beneficiando así a la población que está en situación de pobreza o vulnerabilidad. Otro de los puntos importantes es la implementación del impuesto a los patrimonios de más 3.000 millones de pesos. Este impuesto, como ya lo ha mencionado la CEPAL y otros organismos como la OCDE, mejora la equidad vertical del sistema tributario y contribuye a la disminución de la desigualdad, pues, según la Cepal, la riqueza se distribuye incluso más desigual que otras bases imponibles como el consumo o el ingreso. En ese sentido, desde la perspectiva del recaudo y la progresividad vía impuestos directos, la reforma está bien encaminada ya que, de alguna manera, hay beneficios a una buena parte de la población, mediante programas sociales u otro tipo de intervención dado el aumento del recaudo para financiar el gasto público, estos pilares mejoran la redistribución y afecta positivamente a las personas que están en vulnerabilidad, como es el caso de la población afrodescendiente. Los aspectos esenciales de la reforma (progresividad y recaudo) son recomendados también en el documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, en donde se reafirma la importancia de estos dos pilares para llegar a una justicia racial, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la política fiscal tiene las herramientas necesarias para garantizar la disminución y el cierre de brechas. Dentro del documento hay recomendaciones que se recogen en la actual reforma tributaria, entre ellas la lucha contra la evasión y elusión, impuestos directos como el patrimonio y progresividad general en el sistema tributario. No obstante, dentro de la reforma existen algunos aspectos que pueden afectar a la población vulnerable (ya sea positiva o negativamente). Un ejemplo de ello, son la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En cuanto al primero, el exdirector el DANE Juan Daniel Oviedo señaló que este podría tener una incidencia directa en los hogares de los más vulnerables, pues son estos quienes más la consumen. Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas está en función del contenido de azúcar en la bebida y no al precio, tiene dos visiones: la primera es incentivar la producción de bebidas con menores cantidades de azúcar, y así en el mediano y largo plazo afectar positivamente en la salud de las personas que más consumen (lado positivo) y la otra, es que aunque no esté en función del precio, es posible que este impuesto afecte más a las personas vulnerables o pobres, entre ellas la población afrodescendiente; considerando que este grupo poblacional se concentra en zonas geográficas que más consumen este tipo de bebidas, como así lo señalo el DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2021, donde evidenciaron los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés (88,7%) Atlántico (79%), Córdoba (74,2%) , Bolívar (71,7%) y por el lado del pacifico esta Chocó (64,9%) y Valle del Cauca con el 59,8%. Por lo anterior, aunque el impuesto tenga una función deseable para la salud pública, como lo es prevenir la obesidad entre otros problemas ocasionados por este tipo de bebidas, no es claro cómo se pretende sustituir la bebida en poblaciones que carecen de un sustituto como el agua. Por lo tanto, es necesario que la reforma y las acciones de gobierno también sean acompañadas con inversión social en territorio,tal y cómo ha sido afirmado desde el Ejecutivo. Otro aspecto que se debería estudiar a mayor profundidad es el impacto en el crecimiento económico, inversión y el empleo, según la Universidad de los Andes en la Nota Macro número 44 se explica que, la reforma tributaria puede golpear la inversión, dada la nueva carga tributaria (impuesto a los dividendos) que podría afectar las personas con muy altos ingresos (aquellos que pueden generar inversiones) y esto al final podría desincentivar la inversión. El informe destaca otros puntos importantes, que, aunque son plausibles como la eliminación de beneficios tributarios, no se realiza con otro tipo de medidas como la reducción de la tarifa corporativa. En ese sentido, como se menciona en el mismo informe, existe una carga tributaria a quienes realizan inversiones …

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Raíces del Manglar: las mujeres concheras que son ejemplo de economía solidaria en Tumaco

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Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina La concha o piangua es un bivalvo que tiene como hábitat los bosques de manglar del Chocó biogeográfico y es fuente de alimento de las comunidades del Pacífico sur colombiano. Es por esta razón que un grupo de mujeres, llamadas concheras, generan ingresos a partir de la extracción de este molusco de los manglares. Aunque se trata de una práctica ancestral, fundamental para la cultura del territorio, las concheras no cuentan con condiciones laborales dignas y sus ingresos no les permiten salir de la pobreza, pese al arduo esfuerzo en su labor. Raíces del Manglar, mujeres concheras, ejemplo de economía solidaria en Tumaco, es un documental realizado por Play Tumaco y la Asociación de Mujeres Concheras Raíces Del Manglar, con el apoyo de ILEX Acción Jurídica y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. Desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado al Estado para que implemente medidas efectivas que permitan a las mujeres concheras de Tumaco desarrollar esta actividad de forma digna, garantizando así su autonomía económica y el desarrollo sostenible de sus comunidades. La conchería es una actividad que hace parte de la identidad étnico y cultural de la población afrodescendiente. Cuando el Estado al no protege a las concheras está poniendo un riesgo un activo cultural esencial dentro de las dinámicas de los territorios y los lazos comunitarios que esta implica. Así mismo, insistimos en la necesidad de implementar políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico racial, que subsanen de forma efectiva la desigualdad que afronta la población afrodescendiente en el país, especialmente en el Pacífico colombiano. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

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Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial en América Latina El documento aborda la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina En América Latina ser una persona afrodescendiente significa transitar la vida en situación de desventaja. Ser una mujer afro descendiente implica hacerlo en situación de doble desventaja. Pese a la poca información estadística existente, se estima que los grupos afro (y en particular, las mujeres afro) tienen un menor acceso a la educación de calidad y menores probabilidades de conseguir un empleo formal en comparación con las personas no afro. Aun cuando se observa a las personas afro que acceden al empleo, en general sus salarios son más bajos en comparación con las personas no afro. En este contexto, las políticas fiscales no son neutrales. Los Estados tienen la obligación de recaudar recursos y asignar presupuesto con el fin de diagnosticar, visibilizar y compensar las desigualdades de facto a las que las poblaciones afro se ven sometidas. Parte de la problemática estructural de pobreza y desigualdad que afecta a estos grupos se explica por la falta de políticas fiscales enfocadas en asegurar una reparación histórica y el cumplimiento de programas destinados a garantizar el acceso a sus tierras ancestrales. Te invitamos a leer este documento, donde junto con ILEX Acción Jurídica abordamos la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Con apoyo en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, nos referimos al deber de los Estados de realizar esfuerzo fiscales para invertir en sistemas estadísticos robustos, desarrollar las capacidades técnicas profesionales de la población afrodescendiente, incentivar el desarrollo de empleos en zonas productivas donde se encuentra la población afro, garantizar el derecho al territorio, y asegurar su reparación simbólica, económica y memorial. Finalmente, establecemos algunas recomendaciones para los distintos actores que influyen tanto en los procesos de evaluación y formulación de la política fiscal, como de políticas destinadas a garantizar los derechos de las poblaciones afro descendientes. Aquí puedes descargar el documento y aquí puedes acceder a un artículo sobre el mismo.

Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina

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La nube de la justicia racial aún brisa distante de América Latina. Los niveles de pobreza e insatisfacción de la garantía de los derechos de la población afrodescendiente son desproporcionados en comparación con las personas no afros. Este constrasentido estaría ligado a la falta de políticas fiscales que atiendan las necesidades de este grupo que representa el 30 % de la población total de región, y a su exclusión histórica de los espacios de participación e incidencia en las decisiones sobre la destinación de recursos y la definición del gasto público. La radiografía es desalentadora. De acuerdo con datos consignados en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), realizado por ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, las personas afrodescendientes tienen menos probabilidades de obtener un empleo digno, devengan menores salarios que las personas no afro, y presentan dificultades para acceder a sus derechos territoriales en países como Brasil y Colombia. Ante este panorama transnacional de inequidad, afirma el documento, la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, ayudaría a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente en la región. Estos cambios se lograrían por medio de asignaciones presupuestales, gestión del gasto público y transferencias, impuestos directos, entre otras acciones dentro de la política fiscal. Los planteamientos del análisis representan un valioso aporte para la implementación de políticas fiscales progresivas en los Estados que, en cumplimiento de lo acordado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometan a tomar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de esta población. El documento propone varias medidas fiscales fundamentales para transformar las realidades de las personas afrodescendientes y alcanzar la justicia racial en América Latina. Entre ellas se encuentra invertir en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial; incrementar y desarrollar las capacidades técnicas y profesionales de esta población; invertir en programas de investigación e innovación que fomenten el desarrollo; e impulsar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo, al territorio y a la reparación simbólica, económica y memorial de esta población. No obstante, se sugiere que la implementación de estas medidas debe estar ligada a un proceso de fortalecimiento y reforma de los sistemas tributarios la región, con el fin de lograr un aumento del recaudo vía progresividad de los sistemas tributarios, teniendo en cuenta la equidad vertical y el rol redistributivo, para garantizar la equidad tributaria. En viñetas: La importancia de la política fiscal para alcanzar la justicia racial L La política fiscal y las mujeres afrodescendientes Las mujeres afrodescendientes son las más afectadas y rezagadas por la desigualdad y las brechas sociales en América Latina. De acuerdo con el documento, este grupo poblacional se encuentra sobrerrepresentado en los sectores más vulnerables y las políticas fiscales regresivas de los países de la región afectan desproporcionadamente a las que tienen ingresos precarios y están en situación de pobreza. Para ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, la situación de desigualdad que experimentan las mujeres afrodescendientes, debe ser analizada teniendo en cuenta la intersección entre raza y género en el goce de sus derechos. Este enfoque implica distinguir los impactos diferenciales que tiene la política fiscal en los contextos donde las brechas se amplían con respecto a estas categorías y reconocer el rezago de este grupo poblacional tanto en la participación de su formulación, como en las medidas concretas sobre cómo esta puede aminorar las discriminaciones históricas. En este sentido, se sugiere a los Estados implementar una política fiscal orientada a superar las desigualdades que afectan a las mujeres afrodescendientes y que movilice recursos que financien políticas públicas que puedan ayudar a garantizar su autonomía, ante las desventajas históricas acumuladas. Ahora bien, aunque en el texto solo se habla de mujeres afrodescendientes, por la complejidad que podía llegar a tener el mismo, se reasalta la necesidad de pensar en la población afro LGBTIQ+ y su relación con la política fiscal, denotando la invisibilidad de datos en este tema. ¿Cómo garantizar los derechos de las personas afrodescendientes por medio de la política fiscal? El documento presenta siete anotaciones generales para la implementación de políticas fiscales con enfoque diferencial: Las recomendaciones El documento plantea algunas recomendaciones generales que los Estados de América Latina podrían poner en práctica con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente y alcanzar la justicia racial en la región. La primera de ellas consiste en consolidar la visibilidad estadística de la población afrodescendiente, es decir, que en todos los instrumentos de recolección de información se incluya la variable de autorreconocimiento para captar la pertinencia étnico-racial. Esta herramienta ayudaría a los gobiernos a focalizar mejor los recursos necesarios para superar las brechas existentes entre grupos poblacionales, en especial las personas afrodescendientes. De igual forma, se sugiere construir políticas fiscales que no estén basadas en impuestos indirectos y promover la participación, acceso a información y rendición de cuentas de cada uno de los rubros de asignación y de gasto. Así mismo, se recomienda a los gobiernos, una vez implementados los presupuestos con enfoque étnico-racial y diferencial, socializar la funcionalidad de esta política fiscal y así mismo garantizar la participación representativa de dicho grupo poblacional en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Finalmente, el documento recomienda a las instituciones cívicas, organizaciones sociales o fundaciones, entre otras instituciones, realizar un seguimiento de las intervenciones en materia fiscal con el fin de llegar a una veeduría de dichos proyectos, pues este tipo de organizaciones tiene las herramientas para la generación de una visión crítica sobre las necesidades de la población afrodescendiente y la garantía de los derechos humanos. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde …

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¡El viche se respeta, carajo!: Así va el proceso jurídico con el que buscamos amparar los derechos de lxs productorxs de esta bebida ancestral

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Anuncio de suspensión de incautación del viche llega una semana después de admisión de tutela interpuesta por ILEX Acción Jurídica y Viche Canao. La ministra de Cultura, Patricia Ariza, selló este domingo un acuerdo con el mayor General, Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, para suspender la incautación y decomiso del Viche a los productores artesanales del país. La decisión se dio a conocer una semana después de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica, con la que buscamos amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral. En la acción de tutela, admitida el pasado 8 de agosto por el Juzgado 19 laboral del circuito de Bogotá, solicitamos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a la Policía Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y a las Secretarías de Salud departamentales de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, y garantizar el derecho al trabajo y mínimo vital de los y las productoras de viche en el país. Para las organizaciones accionantes, la ausencia de la creación de la categoría Artesanal Étnico estipulada en la Ley 2158 del 2021, así como la falta de directrices y acompañamiento para la movilización y comercialización de la bebida y sus derivados durante el periodo de transición y expedición de la reglamentación sobre registro sanitario especial, vulneran los derechos de los y las productoras de esta bebida a la identidad étnica y cultural, a la igualdad y no discriminación, y al derecho al trabajo en condiciones dignas, justas y seguras. En este sentido, solicitamos al juez constitucional que ordene al Invima establecer un mecanismo o permiso transitorio conforme a lo que regula a esta institución, que les permita a las productoras de Viche Canao obtener los permisos sanitarios para continuar su producción y comercialización durante el periodo transición y/o creación de la categoría artesanal étnica dispuesta en la ley 2158 del 2021. De igual forma, pedimos que se decrete la medida provisional de ordenar detener el decomiso del Viche Canao, o extender los efectos de esta medida a los demás productores de viche hasta tanto esta categoría no haya sido reglamentada. ¿Qué han dicho las entidades accionadas? Tras ser notificado sobre la admisión de la acción de tutela por el Juzgado 19 laboral del circuito de Bogotá, el Ministerio de Cultura anunció la suspensión de la incautación del Viche a los productores artesanales e informó que la reglamentación de la categoría Artesanal Étnico estaría lista en enero del 2023. Posteriormente se comenzaría a reglamentar el registro sanitario para derivados como curao y tomaseca. “Una vez, la cartera de salud emita la reglamentación en enero de 2023 para obtener el registro sanitario ante INVIMA, los vicheros deberán presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el certificado como vicheros tradicionales para el cual se creará un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de su departamento, quienes los validarán como sabedores tradicionales del viche”, asegura el Ministerio de Cultura. De acuerdo con esa cartera, el Gobierno Nacional avanza actualmente en la recolección de muestras de la bebida tradicional que “permitirán determinar la línea base para registro sanitario artesanal étnico del Viche, gracias a la articulación con el Ministerio de Salud e INVIMA, quienes han demostrado toda la disposición para reglamentar este registro especial”. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos las medidas implementadas por las entidades accionadas, sin embargo, seguimos a la espera del fallo de primera instancia de la acción de tutela con el objetivo de que se construyan vías sólidas para garantizar la igualdad, mínimo vital y demás derechos fundamentales colectivos de los y las productoras de viche tradicional en las comunidades negras y afrocolombianas del Pacífico.

De pe a pa: 5 conceptos para entender cómo opera el racismo en Colombia

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¿Qué es la raza? La raza es una construcción social, una categoría que describe la jerarquización social de acuerdo con características como el fenotipo o la apariencia física, el linaje o la descendencia, e incluso factores culturales, como la etnia o la religión. ¿Qué es el racismo? El racismo es normalmente conceptualizado como una ideología que afirma que los seres humanos pueden ser clasificados en «razas» de acuerdo con factores biológicos o culturales. Esta idea sostiene que existen «razas» superiores e inferiores y aduce que las «razas superiores» tienen el derecho a subyugar a aquellas consideradas inferiores. Igualmente, el racismo incluye posturas ideológicas que defienden la separación de «las razas» como una forma de mantener su «pureza». ¿Qué es discriminación racial? La expresión «discriminación racial» denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Artículo 1 – Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). ¿Qué es Racismo estructural? La discriminación estructural es el conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y estándares de comportamiento, tanto de jure como de facto, que dan lugar a una situación de exclusión hacia un grupo de personas en un sentido generalizado, que se perpetúa en el tiempo. La discriminación estructural se refleja en la mentalidad colectiva y en los estereotipos y prejuicios continuos (CIDH / IACHR. ¿Qué es Racismo institucional? El concepto del racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes, incluso en lo que se refiere al racismo estructural e institucional, se entiende como la operación de un complejo, interrelacionado sistema de leyes, políticas, prácticas y actitudes en las instituciones del Estado, el sector privado y estructuras sociales que, combinadas, resultan en directa o indirecta, intencional o no intencional, de discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia de jure o de facto sobre la base de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico (ONU).

Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

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El fallo se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por ILEX Accción Jurídica, Asoparupa y Asoredipar – Chocó. En una decisión sin precedentes en el país, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta en 2021 por ILEX Accción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asoredipar – Chocó). De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte, el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó, al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus. En este sentido, la Corte pidió al Ministerio de Salud efectuar, en un plazo de seis meses, el pago del reconocimiento económico consagrado en el Decreto 538 de 2020 a las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar-Chocó y adelantar una campaña de información sobre la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades de las agremiaciones accionantes. La cartera también deberá realizar un censo nacional que ayude a determinar el número de personas que ejercen la partería en el país. En concordancia con los argumentos expuestos por ILEX Acción Jurídica, la Corte Constitucional también determinó que la Secretaría de Salud del Chocó y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca vulneraron los derechos de las parteras de Asoparupa y Asoredipar-Chocó, al no entregarles los elementos de protección personal requeridos para controlar infecciones y detener la transmisión del COVID-19. “Estas personas además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional”, manifestó la Corte, y agregó que es un “deber constitucional y legal” integrar la partería al Sistema de Seguridad Social. Finalmente, la sentencia T-128 del 2022 advierte al Ministerio de Salud y al Congreso Nacional que la vinculación de las parteras a este sistema debe respetar los conocimientos propios del saber ancestral de la partería y partir de la base de que esta práctica es una forma de medicina, reconocida por la jurisprudencia constitucional, por la ley, por el Ministerio de Cultura y por la sociedad. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta decisión que responde a la necesidad de desarrollar una línea jurisprudencial que ejerza una protección a las parteras y parteros como una forma de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, además de establecer una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de las poblaciones, promoviendo los derechos económicos, sociales y culturales, certificando su ejercicio y goce de los mismos.

Mapeando la herencia africana: de la esclavitud a las estrategias culturales de resistencia

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Las conmemoraciones por el Día de la Afrocolombianidad son una oportunidad para reconocer el aporte histórico y cultural de la población afrocolombiana al proyecto de nación. “Yo vengo de una raza que tiene / una historia pa´contá / que rompiendo sus cadenas / alcanzó la libertá”, advierte la poeta afrocolombiana Mary Grueso en las líneas intermedias de un poema colosal. En “Negra Soy”, la autora rechaza los eufemismos y pide que la llamen “negra” porque está orgullosa de sus ancestros africanos que “a sangre y fuego” abolieron el yugo esclavista “que por siglos nos aplastó”. En cada verso, la guapireña eleva su grito de resistencia antirracista para denunciar los oprobios que afectan desde hace siglos a una población afrocolombiana que aunque se liberó de la esclavitud hace más de 171 años, aún sigue siendo deshumanizada por un Estado que la invisibiliza y deslegitima su importancia en la construcción del proyecto de nación. Navegar hacia los holocenos de la herencia africana en Colombia implica indagar más allá del 21 de mayo de 1951, fecha en la que el presidente José Hilario López -acorralado por los movimientos afros y la lucha abolicionista-, puso fin a los más de cuatro siglos de la barbarie de la esclavitud en el país. Hasta ese entonces, por el puerto negrero de Cartagena habían pasado “legalmente” más de 270.000 personas africanas que fueron secuestradas, convertidas en cuerpos moneda y explotadas hasta la muerte en las metrópolis, los corredores auríferos del Pacífico y las grandes plantaciones que florecían a lo largo y ancho del continente. Tras ser cazadas, cosificadas, envenenadas y calcificadas por los colonizadores, las personas esclavizados fueron despojadas de su nombre, lengua e identidades mandingo, yolofo, biafara, zape, brane angola, congo, monicongo, anzico, ewé-fon (guacamayos), fanti-ashanti, akán (minas) e ibo (carabalíes). La historia de sus civilizaciones continentales que florecieron aisladas en la selva y a orillas de los grandes ríos (Senegal, Congo, Zambeze, Nilo y Níger), como los reinos de Axum, Ghana, Malí y Songay, o los imperios de Kanem – Bornu, Ruanda-Urundi y Congo Kivu fue borrada de sus cuerpos con “agua bendita”. “La Iglesia intentaba imprimirles un alma, “estirpar abominables males y creencias en el diablo”, mientras que por parte de los dueños intentaban asegurar la identificación de la propiedad, a través de la marca, ante las posibilidades de ‘extravío’ o fuga, para acudir a su recuperación”, explica el historiador Mario Romero en su estudio sobre la conformación de la familia afrocolombiana. “La Iglesia intentaba imprimirles un alma, “estirpar abominables males y creencias en el diablo”, mientras que por parte de los dueños intentaban asegurar la identificación de la propiedad, a través de la marca, ante las posibilidades de ‘extravío’ o fuga, para acudir a su recuperación” Para resistir durante siglos al terror de la mayor empresa de aculturación de la historia, la población afro, reducida a la extrema desnudez durante la esclavitud, construyó en América una célula cultural que nació del mestizaje de las tradiciones y saberes de los pueblos africanos, los pueblos indígenas y las dinámicas sociales impuestas por los colonizadores europeos. En el abanico de estrategias de supervivencia cultural se destacan rituales y festividades ancladas a sus cosmogonías africanas, composiciones de literatura oral, prácticas medicinales y curativas, y ritmos y danzas festivas (cumbia, mapalé, currulao) en las que los cuerpos “zapatean y coquetean” al son de tambores, gaitas, cununos y marimbas. En este contexto, las conmemoraciones en el marco del mes de la Herencia Africana y el Día de la Afrocolombianidad representan una oportunidad para reconocer el aporte histórico y cultural de esta población al proyecto de nación. La fecha también se ha consolidado como una ocasión para promover debates y acciones estructurales que ayuden a combatir el racismo, la inequidad y otras problemáticas que laceran la cotidianidad de las personas afrocolombianas. Negra Soy¿Por que me dicen morena?si moreno no es coloryo tengo una raza que es negra,y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuentodiciéndome de colordizque pa` endulzarme la cosay que no me ofenda yo. Yo tengo una raza puray de ella orgullosa estoyde mis ancestros africanosy del sonar del tambó. Yo vengo de una raza que tieneuna historia pa´contáque rompiendo sus cadenasalcanzó la libertá. A sangre y fuego rompieron,las cadenas de opresióny ese yugo esclavistaque por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpose empieza a desbocáse me sube a la cabezay comienzo a protestá yo soy negra como la noche,como el carbón mineral,como las entrañas de la tierray como el oscuro pedernal. Así que no disimulenllamándome de colordiciéndome morenaporque negra es que soy yo. (Mary Grueso Romero. Negra Soy. 2019: 20)

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