Justicia económica y derechos culturales

Caso parteras

Caso parteras Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Ilex presentó conjuntamente acción de tutela en apoyo a las organización directamente afectadas: La Asociación de Parteras Unidas del Pacifico –ASOPARUPA-, Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó – ASOREDIPARCHOCO. Litigio para la defensa de los derechos a la salud, trabajo, identidad etnica y cultural e igualdad y no discriminación de  las parteras de ASOPARUPA y ASOREDIPAR  del Pacífico colombiano, quienes en medio del Covid-19 se encontraron en estado de desprotección. Documentos

Intervención ciudadana de Ilex Acción Jurídica en la Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 de la Ley 599 de 2000. Expediente D- 13956 con copia al proceso D0013856.

Intervención ciudadana de Ilex Acción Jurídica en la Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 de la Ley 599 de 2000. Expediente D- 13956 con copia al proceso D0013856. Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Aliados: La COMADRE de AFRODES, Corporacion Instituto Internacional de Raza, Igualdad y DerechosHumanos ( Raza e Igualdad), la Asociación deEconomistas Negras “Mano Cambiada” Litigio de acción de inconstitucionalidad frente al artículo 122 del código penal, que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, a través de un amicus. Se persigue la despenalización en defensa de los derechos de las personas gestantes, especialmente el derecho a la salud sexual y reproductiva, la libertad. Documentos

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

| Dic 10, 2021 | Las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las personas afrodescendientes han limitado de manera histórica la garantía de derechos fundamentales de esta población, situación que se agravó con la pandemia covid-19. Según el análisis de pobreza hecho por la Cepal, utilizando datos estadísticos disponibles hasta 2018, el mayor porcentaje de este indicador para población afrodescendiente en la región es el de Colombia, donde el 40,8% de quienes pertenecen a  ella están en la escala de pobreza, lo que en muchas ocasiones les reduce las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas, como la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros e impactando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, vivienda digana,  la igualdad, los económicos y la no discriminación. Sumado a la pobreza monetaria, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado ‘La salud de la población afrodescendiente en América Latina’, señala que Colombia se destaca por la existencia de mayores desventajas para la población afrodescendiente en materia de salud, teniendo menores probabilidades de acceder a la atención médica en comparación con la población no afrodescendiente. Tal y como lo expuso Ilex Acción jurídica, la pandemia por el covid-19 no tiene un impacto homogéneo. De acuerdo a la  investigación adelantada por los  profesores Carlos Viáfara y  Oscar Jehiny Larrahondo Ramos y al documento ‘Análisis de dos pandemias: racismo y crisis de salud pública’, de esta organización, al ser la tasa de letalidad del virus un 25% mayor en la población afrocolombiana, puede, por ejemplo, tener repercusiones en las condiciones de pobreza, debido a la pérdida de ingresos por hogares. Es así como para responder a la heterogeneidad de los factores que han impactado a la población afrodescendiente, no sólo durante el covid-19,  sino históricamente, es necesario que los Estados realicen acciones enfocadas al restablecimiento de derechos como el acceso a la vivienda digna o la educación, debido a que es notable el regazo de la población afrocolombiana con relación a las condiciones educativas y de vida. De acuerdo al DANE (2020), mientras que las personas sin pertenencia étnica, en promedio, tienen 15 años de educación, la población afrocolombiana ha estudiado un año menos, y los niveles de alfabetismo tienen  una diferencia de 4 puntos frente a la población no afrodescendiente. Durante el  covid-19 incrementaron las tasas de deserción escolar, lo cual tiene efectos en los niveles de pobreza, movilidad negativa y bajos salarios, según la misma entidad. Pero no podemos hablar del derecho a la educación sin hablar de la conexión y del uso del internet, considerado como una limitante para la población afrocolombiana durante la pandemia, debido a que este se convirtió en la manera más práctica de acceder a la educación durante las cuarentenas generadas a partir del covid-19.  Según el DANE, los municipios con mayor población afrocolombiana tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de este servicio y una diferencia significativa de 5.22 puntos menos respecto al resto del país. En lo que corresponde a vivienda digna, de acuerdo al DANE (2018)*, el 11.4% de la población afrocolombiana residía en condiciones inapropiadas, versus el 7.9% de población no étnica, lo cual va ligado a el acceso a servicios públicos, donde esta población tiene mayores brechas. En el año 2018, el 33.6% de las personas afrocolombianas no tenían acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. De la mano con lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el Estado colombiano, además de los ya mencionados, es la necesidad de proteger el derecho a defender derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”[1]. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado 130 asesinatos de líderes sociales entre enero y noviembre de 2021[2]; y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha informado que desde enero a lo que va del mes de diciembre del 2021 la cifra de líderes y lideresas asesinadas es de 162 personas, siento el caso más reciente el de Cristina Cantillo, lideresa, mujer trans, afrodescendiente de Santa Marta, quien desempeñaba labores de defensa a los derechos de las personas LGBTI[3]. A continuación recordamos algunas de las recomendaciones que hizo Ilex en materia de derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU): Advierta la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre el racismo y la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Reiteramos la necesidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y resaltamos las declaraciones de la Vicepresidencia Martha Lucía Ramírez, emitidas el día 09 de diciembre de 2021 en el marco del debate de control político al que fue citada por la Comisión afro del congreso, en orden de comprometerse con la ratificación la convención, después de aproximadamente 7 años de su firma. En este punto, reafirmamos que no basta solo con la expedición de normas y ratificación de tratados, sino que es urgente también una adecuada implementación de los mismos. Recalque la necesidad de obtener, recolectar y analizar datos estadísticos a través de la obligación de recoger la variable étnico racial en los registros oficiales, sobre todo al momento de la recepción de denuncias en los casos de abuso policial y en escenarios que permitan reconocer la situación socioeconómica de la población afrodescendiente. Esto es fundamental para poder visibilizar las problemáticas y las acciones concretas necesarias para eliminar prácticas que atentan contra los derechos humanos. Tome precauciones y llame la atención de los Estados, Colombia específicamente, por los altos niveles de impunidad, frente a casos de violencia policial racista que no son investigados, por el contrario, …

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Leer más »

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACÍA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

| Oct 14, 2021 Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural.  La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio. Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin  embargo,  ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo. “Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”,  “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no  los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos. En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo  en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice. Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo:  existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana. En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9%  las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrocolombiana solo se traduce en miseria,  crimen, la prostitución, deporte y  música. En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia. “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán. A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes: Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población  afrodescendiente. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población afrodescendiente. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.  

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

| Sep 15, 2021 | Según lo relatado por Laudicina Ramírez (2020), en una sociedad racista, desigual y regida por un modelo heteronormado, el covid-19 plantea un escenario que reafirma cifras preocupantes[1] y más aún cuando planteamos el plano de la reactivación económica, donde el Estado no tiene políticas fiscales que contemplen la población vulnerable del país, por tanto, es trascendental adoptar medidas de emergencia que defiendan el estado de derecho, protegiendo y respetando la democracia configurada en el acceso a los derechos fundamentales. A pesar del gran subregistro de la población afrocolombiana del Censo 2018, según el cual la población afrodescendiente se redujo de manera inexplicable en un 30.8%[2],  la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, de acuerdo con el estimativo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 realizada por el DANE, representa el 9,34% del total nacional, siendo 4.671.160 personas. De estas, el 50,4% son mujeres y el 49,6 son hombres y habitan mayoritariamente en el Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó y La Guajira[3]. Dos tercios de la población reside en zonas urbanas y un tercio en zonas rurales.  En los municipios con participación igual o mayor al 50% de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, los índices de pobreza multidimensional arrojaron un puntaje entre 80% y 85%, donde resaltan los municipios de Medio Baudó, López de Micay, Bajo Baudó (Chocó); Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño). Murindó (Antioquia) y municipios entre Turbo y Acandí arrojaron entre 50% y 51% y en ciudades como Providencia, Andalucía, Puerto Tejada y San Andrés, presentan los índices más bajos entre 14 % y 17%. Estas desventajas históricamente acumuladas se exacerban con la pandemia producida por el covid-19[4] que, tal como se evidenció con el estallido social del paro nacional, puso las economías altamente informales en una categoría que contempla retos que deben ser estudiados y desarrollados por el Estado, ya que la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica del 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y desigualdad[5]. Las respuestas a la pandemia en los países altamente informales requieren contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, créditos, y/o entrenamientos ligados a oportunidades dignas[6]. Lo anterior es necesario para comprender el actual contexto recrudecido por las situaciones laborales, académicas y de pobreza multidimensional que tiene como una de sus consecuencias el aumento de la violencia hacia personas afrodescendientes y afro LGBTIQA.  La situación de descontento social histórico en el país, exacerbada por la crisis que generó el covid-19 ha suscitado reclamos por parte de sectores invisibilizados de la sociedad colombiana, sobre todo, aquellos representados por las personas empobrecidas, negras, LBGT, indígenas que se lanzaron a las calles el 28 de abril reclamando mejoras en la calidad de vida y el respeto de esta. En el contexto de la movilización nacional, la población afro y afro LGBT ha tenido un rol muy importante, considerando que los diferentes colectivos a nivel nacional han salido a las calles a protestar, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, también contra factores estructurales como desempleo, falta de acceso a educación superior, discriminación, junto con otras violencias que agudizan la crisis nacional y siguen vigentes contra las personas con orientaciones, expresiones o identidades de género diversas, especialmente aquellas pertenecientes a la población afrodescendiente. Deborah Skenassy, directora de la Fundación Santamaría, relata que las personas trans han sido carne de cañón por años ante las desigualdades sociales, y que con motivo de la pandemia han visto sus derechos vulnerados y son expuestas a situaciones de alto riesgo, al punto de no contar con acceso a derechos básicos, como salud, vivienda, trabajo y alimentación. De ahí que la calle sea el espacio público por excelencia porque, parafraseando a Déborah, la calle, la esquina, el barrio, el parche de amigos han sido espacios de transformación social y de resistencia ante un estado “identicida” que en palabras de Skenassy, asesina, rechaza y desaparece personas por su identidad de género[7]. Otro asunto preocupante es la situación de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, pues están pasando situaciones de extrema vulnerabilidad pues sus ingresos no alcanzan ni para comer, por eso se han hecho ollas comunitarias en dos zonas de la ciudad de Cali para responder a esta situación de emergencia, aunque se hace de manera anónima por miedo a recibir agresiones por parte de la policía, ya que han intentado desaparecer a dos de sus compañeras en medio de las jornadas de protesta[8]. Las falencias estructurales en la garantía de los derechos fundamentales de las personas negras, que se han hecho mas evidentes y agudas en el marco de la pandemia, influyen directamente en la exacerbación de violencias racistas y homolesbotransbifobicas. Por tanto, es importante que el Estado colombiano para la reactivación económica tome medidas de impacto, como lo ha recomendado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9]. Es imperativo implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales que esta genera, siguiendo las políticas fiscales que deben cumplir con los Objetivos y metas del desarrollo Sostenible -ODS-. Asignar mayores recursos de gasto publico para potencializar el acceso a la salud en Colombia, mejorar la eficiencia del gasto, resguardar las fuentes de trabajo y los ingresos de las familias, y, sobre todo, resguardar a la población mas vulnerable antes, durante y después de la pandemia por covid-19. Frente al panorama actual, es importante que el Estado refuerce los sistemas sanitarios y haga frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia, lo que conlleva una mayor inversión del gasto público. De igual manera, Colombia al ser un país altamente informal requiere contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, crédito y/o capacitación ligados a oportunidades laborales dignas. Por último, es importante pensar y aplicar alternativas que ayuden a la reactivación de la …

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19 Leer más »