El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad.
Columna escrita por Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica.
Dada la necesidad de aumentar el recaudo, el pago de la deuda, las necesidades sociales, los desequilibrios que dejó la pandemia por el Covid-19, se hace necesaria una reforma tributaria. La presentada por el Gobierno actual espera recaudar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, 25 billones de pesos, estos estarán sustentados, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de la siguiente forma: $8,1 billones del 1% de las personas más ricas, $7 billones de recursos del uso del subsuelo, $5,1 billones de la reducción de exenciones y deducciones para las empresas, $2,5 billones de impuestos saludables y ambientales y $2,2 billones de otras medidas.
El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Ambos elementos van con objetivos importantes como la reducción de la desigualdad del ingreso y la mejora del recaudo. No obstante, como lo han mencionado instituciones como la Universidad de los Andes y Fedesarrollo, la reforma también tiene aspectos negativos, pues podría afectar la generación el crecimiento económico y la generación de empleo.
En cuanto a lo positivo, la reforma plantea aumentar la carga tributaria del 1% más rico del país, es decir, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Este aspecto es importante por la progresividad, pues este atributo logra promover la redistribución, y es posible que se reduzca la presión o tensión en las personas de menores ingresos (desde el punto de vista del impuesto directo), beneficiando así a la población que está en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Otro de los puntos importantes es la implementación del impuesto a los patrimonios de más 3.000 millones de pesos. Este impuesto, como ya lo ha mencionado la CEPAL y otros organismos como la OCDE, mejora la equidad vertical del sistema tributario y contribuye a la disminución de la desigualdad, pues, según la Cepal, la riqueza se distribuye incluso más desigual que otras bases imponibles como el consumo o el ingreso.
En ese sentido, desde la perspectiva del recaudo y la progresividad vía impuestos directos, la reforma está bien encaminada ya que, de alguna manera, hay beneficios a una buena parte de la población, mediante programas sociales u otro tipo de intervención dado el aumento del recaudo para financiar el gasto público, estos pilares mejoran la redistribución y afecta positivamente a las personas que están en vulnerabilidad, como es el caso de la población afrodescendiente.
Los aspectos esenciales de la reforma (progresividad y recaudo) son recomendados también en el documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, en donde se reafirma la importancia de estos dos pilares para llegar a una justicia racial, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la política fiscal tiene las herramientas necesarias para garantizar la disminución y el cierre de brechas. Dentro del documento hay recomendaciones que se recogen en la actual reforma tributaria, entre ellas la lucha contra la evasión y elusión, impuestos directos como el patrimonio y progresividad general en el sistema tributario.
No obstante, dentro de la reforma existen algunos aspectos que pueden afectar a la población vulnerable (ya sea positiva o negativamente). Un ejemplo de ello, son la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En cuanto al primero, el exdirector el DANE Juan Daniel Oviedo señaló que este podría tener una incidencia directa en los hogares de los más vulnerables, pues son estos quienes más la consumen.
Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas está en función del contenido de azúcar en la bebida y no al precio, tiene dos visiones: la primera es incentivar la producción de bebidas con menores cantidades de azúcar, y así en el mediano y largo plazo afectar positivamente en la salud de las personas que más consumen (lado positivo) y la otra, es que aunque no esté en función del precio, es posible que este impuesto afecte más a las personas vulnerables o pobres, entre ellas la población afrodescendiente; considerando que este grupo poblacional se concentra en zonas geográficas que más consumen este tipo de bebidas, como así lo señalo el DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2021, donde evidenciaron los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés (88,7%) Atlántico (79%), Córdoba (74,2%) , Bolívar (71,7%) y por el lado del pacifico esta Chocó (64,9%) y Valle del Cauca con el 59,8%.
Por lo anterior, aunque el impuesto tenga una función deseable para la salud pública, como lo es prevenir la obesidad entre otros problemas ocasionados por este tipo de bebidas, no es claro cómo se pretende sustituir la bebida en poblaciones que carecen de un sustituto como el agua. Por lo tanto, es necesario que la reforma y las acciones de gobierno también sean acompañadas con inversión social en territorio,tal y cómo ha sido afirmado desde el Ejecutivo.
Otro aspecto que se debería estudiar a mayor profundidad es el impacto en el crecimiento económico, inversión y el empleo, según la Universidad de los Andes en la Nota Macro número 44 se explica que, la reforma tributaria puede golpear la inversión, dada la nueva carga tributaria (impuesto a los dividendos) que podría afectar las personas con muy altos ingresos (aquellos que pueden generar inversiones) y esto al final podría desincentivar la inversión. El informe destaca otros puntos importantes, que, aunque son plausibles como la eliminación de beneficios tributarios, no se realiza con otro tipo de medidas como la reducción de la tarifa corporativa.
En ese sentido, como se menciona en el mismo informe, existe una carga tributaria a quienes realizan inversiones o generan actividades económicas, limitando aspectos en la generación de empleo en el sector formal; y en esa línea, es posible que las personas desempleadas tengan más barreras para acceder a ese sector, como lo son la población afrodescendiente. Es de destacar, que este grupo poblacional tiene menos probabilidades de acceder a un trabajo formal que las personas no afrodescendientes, por lo tanto, limitar la generación de empleo dada la carga tributaria podría expandir aún más las barreras al acceso al trabajo formal por parte de esta población y a la generación de inversiones en territorios en donde estos se encuentran.
Dentro del documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica, se dan algunas pautas para contrarrestar los efectos y buscar el cierre de brechas en las personas afrodescendientes, un ejemplo de ello, es la construcción de presupuestos con enfoque étnico racial, cuyo objetivo es la planeación, programación, y ejecución de recursos, este instrumento podría mejorar la veeduría y supervisión a los programas o inversión pública, pues se daría seguimiento a la asignación de recursos a necesidades específicas, y, además, respondería al mandato jurídico de no discriminación con el fin de evitar consecuencias indeseadas para ciertos grupos.
Por último, la reforma tributaria es necesaria y recoge buenos aspectos en torno a la disminución de la desigualdad, la progresividad y equidad, los cuales son transversales en el desarrollo de una sociedad, y en el desarrollo de poblaciones históricamente discriminadas como lo han sido la población afrodescendiente. Sin embargo, existen propuestas dentro de la reforma que también podrían incidir en el desarrollo de esta población y por ello es necesario revisar su impacto y generar aún más debate sobre los aspectos ya mencionados. Además, se espera que dentro del Plan Nacional de Desarrollo haya acciones afirmativas concretas hacia la población afrodescendiente con el fin de cerrar brechas y contribuir con el desarrollo óptimo de esta población.