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Justicia económica: Latinoamérica realizará la primera cumbre para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa

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Es necesario generar una agenda sobre las estrategias para eliminar los efectos directos e indirectos de los sistemas tributarios en grupos poblacionales como las personas afrodescendientes e indígenas. El Gobierno Nacional, en espacial el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, extendió su invitación a los lideres políticos de Latinoamérica y el Caribe, a conformar un espacio de diálogo, conversación y debate sobre la cooperación tributaria. La iniciativa se presentó en el marco de la participación en el Foro Económico Mundial de Davos y cuenta con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Open Society y Fedesarrollo. La primera Cumbre para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa en la región se realizará en Cartagena en julio del 2023. Por lo pronto, se dinamizarán espacios para escuchar a la sociedad civil, académicos y tomadores de decisiones en materia tributaria en Bogotá y en Santiago de Chile, en la última -sede central de CEPAL- se realizará una “precumbre” los días 15 y 16 de mayo. La inciativa tiene varios aspectos a resaltar. El primero de ellos, las pretensiones de Colombia de fortalecer la cooperación tributaria en América Latina y el Caribe por medio de la coordinación de acciones, en conjunto con otros países, que faciliten la agilidad en el intercambio de información financiera, disminuyan la competencia fiscal y ayuden a afrontar de manera óptima las crisis que pueden enfrentar la región. Esto es importante porque, según el Ministerio de Hacienda, sería la primera vez en la historia que los países de Latinoamérica se unirían para generar ideas sobre el tema tributario. (Te recomendamos leer: Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia) Estos planteamientos son deseables (de manera general) dada las carencias de los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe, incapaces de generar políticas tributarias progresivas y competitivas. Un ejemplo de ello, advierte la CEPAL, es que los impuestos indirectos en los sistemas tributarios representan el 50% de la recaudación total (afectando así a las personas más vulnerables). La misma entidad afirma que la evasión del impuesto de renta y del IVA resultó en una perdida de 325.000 millones de dólares para la región, alrededor del 6,1% del PIB, además de la poca competitividad que pueden generar dichos sistemas tributarios. Sin duda existen muchos desafíos sobre los sistemas tributarios en la región, que de alguna manera inciden en el poco desarrollo de sus países y explican incluso la alta desigualdad social que existe, por ello este tipo de plataformas son fundamentales para debatir de manera técnica soluciones necesarias para este tipo de problemáticas. Por otro lado, para generar un espacio sobre la equidad e inclusión, es necesario que la cumbre abra el debate sobre cómo los sistemas tributarios profundizan las desigualdades sociales en América Latina, por ejemplo, se deben generar ideas sobre cómo eliminar los diferentes sesgos (de genero u otros) que existen en los sistemas tributarios, los cuales normalmente se identifican de manera implícita o explicita y surgen por la propia naturaleza del tributo. (También puedes leer: Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro) Es importante que existan ideas sobre cómo mejorar la competitividad de la región, cómo generar un panorama amplio y propicio para la inversión extranjera, cómo desarrollar esquemas y estrategias para el buen desempeño de las instituciones fiscales y, en aspectos sociales, garantizar que los sistemas tributarios disminuyan la desigualdad social que caracteriza a los países de la región. Además, es necesario generar una agenda sobre las estrategias para eliminar los efectos directos e indirectos de los sistemas tributarios en grupos poblacionales como las personas afrodescendientes e indígenas y cómo garantizar de manera amplia sus derechos, así como se mencionó en el documento desarrollado por ILEX Acción Jurídica, cuyo objetivo es resaltar y orientar una política fiscal como herramienta de desarrollo y garantía de derechos humanos. Por último, la alienación de la política tributaria de la región debe sustentarse en la objetividad, en el debate con las empresas, sociedad civil, académicos y demás actores, con el fin de generar ideas y diálogos que generen un crecimiento y desarrollo económico sostenido en la región. Esta cumbre no debe ser un espacio aislado, sino transversal en las política económica de América Latina y el Caribe. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial en América Latina El documento aborda la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina.

Crisis climática amenaza la biodiversidad y supervivencia de los territorios afro del Colombia

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Además de albergar a un gran número de comunidades afrodescendientes de nuestro país, en el Litoral Caribe y el Chocó biogeográfico se concentran gran parte de los territorios colectivos que se han adjudicado o se encuentran en procesos de titulación colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993. En este orden de ideas, la mirada étnico racial debe ser central en la conversación sobre la adaptación y mitigación de este fenómeno mundial que afecta de forma desproporcional a los grupos étnicos del país.. En la actualidad sabemos que el litoral caribe cuenta con una baja cobertura boscosa que cada día disminuye más exponiéndose a que fenómenos como las sequías e inundaciones se manifiesten de forma más extrema en cada periodo seco y de lluvias. De la misma forma, el Chocó biogeográfico, identificado como el lugar más biodiverso del planeta por unidad de área, experimentará la pérdida acelerada de especies de fauna y flora debido principalmente a la degradación forestal, la deforestación, así como la elevación de las temperaturas medias del océano que afectan directamente el ecosistema manglar. Conforme al índice poblacional del DANE (2018), las comunidades negras que se verán mayormente afectadas por estos modificaciones propias del cambio climático estarían en todos los departamentos del Chocó biogeográfico (Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño); y en los departamentos de Bolívar, Cesar, Atlántico y Magdalena para el Caribe. La emergencia no da tregua. En La Guajira, la aridez de las tierras y los crecientes fenómenos climáticos extremos, aunados a otros desafíos socioeconómicos, han generado condiciones adversas para el Pueblo Indígena Wayuú en lo que respecta a cultivar y criarganado. Como resultado, muchas comunidades indígenas se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según se destaca en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2021). Ya en el Chocó biogeográfico, la comunidad del territorio colectivo y ancestral de COCOMASUR, ubicado sobre la cuenca del río Tolo y la zona costera sur del municipio de Acandí, ha emprendido desde el 2005 estrategias para afrontar el cambio climático y asegurar la subsistencia y la permanencia de las familias; esto ha implicado esfuerzos comunitarios, compromiso y entrega de hombres y mujeres que trabajan de forma voluntaria para conservar y proteger los bosques, la biodiversidad y la comunidad dentro del territorio colectivo. En este orden de ideas, es trascendental reconocer los elementos de la biodiversidad que convierten a estas regiones en dos lugares claves para la supervivencia de la vida en el planeta Tierra. Se extiende desde el Cabo Tiburón en el Golfo de Urabá, al Noroccidente del país, y en su extremo oriental con Venezuela, hasta el Hito Castilletes. Cuenta con una extensión cercana a los 1.642 kilómetros cuadrados. El clima en el Caribe colombiano es modulado por la posición geográfica de la zona de convergencia intertropical y por el movimiento meridional del sistema de monzones americanos (Andrade, 2000). Algunos de los fenómenos climatológicos más frecuentes en el litoral Ccaribe colombiano relacionados con la intervención de los vientos son Ciclones tropicales, Ondas tropicales, Marejadas y Mar de leva. Colombia ocupa la mayor parte de la cuenca occidental de la extensión del Caribe. Este mar semicerrado, de aguas cálidas y de relativa poca profundidad, presenta características ambientales complejas que determinan una gran cantidad de especies y de endemismos. El mar Caribe está influenciado, además, por gran cantidad de aporte fluviales provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Rió Magdalena y en sector suroccidental de los ríos Atrato y Sinú. RECURSOS HÍDRICOS La vertiente Caribe está conformada por los ríos que vierten sus aguas directamente o a través de alguno de sus afluentes al mar Caribe. Entre dichos ríos, los más importantes son El Magdalena y sus tributarios, el río Atrato y sus tributarios y los ríos Sinú, San Jorge y Ranchería, entre otros. Dada la gran cantidad de cuencas y microcuencas definidas (más de 700.000), Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. En la cuenca de la región Caribe se vierten 15.430 m3/s de agua (IDEAM, 2008) La tabla 1 muestra los principales afluentes y su caudal. Las ciénagas han sido clasificadas independientemente, se han reportado 1900 ciénagas plenamente identificadas que cubren 451.419 ha y 13000 cuerpos de agua no identificados que cubren cerca de 130.000 ha. Tabla 2, es importante mencionar que casi el 60 % de las mencionadas áreas están ubicadas en los departamentos de Bolívar y Magdalena. BIOMAS TERRESTRES Los biomas (zonas bioclimáticas) son unas divisiones apropiadas para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en ellos. Dentro de los elementos primarios que determinan los diferentes biomas se cuentan el clima, los suelos y la vegetación. Dentro de cada uno de los biomas hay asociaciones animales y vegetales que les son propias, con un componente de biodiversidad específico dependientes del clima y la vegetación y sus adaptaciones. Desde el nivel del mar hasta las colinas adyacentes de la región de la costa Caribe continental, especialmente de la Serranía de la Macuira y el basamento de la Sierra Nevada de Santa Marta, es probable encontrar tipos de vegetación terrestre como cardonales, Bosque Seco Tropical y bosque de colinas (Rangel et al.,1997). ECOSISTEMAS MARINOS La pérdida de hábitat litorales es un problema de dimensiones globales que afecta a muchos de los medios marinos más ricos y productivos en biodiversidad. Casi la mitad de las marismas y manglares del mundo han sido despejados, desecados, tapiados o terraplenados. Del 5% al 10% de los arrecifes coralinos del mundo han sido prácticamente eliminados por contaminación o destrucción directa y otro 60% corre el riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. Incluso las playas -que no son especialmente productivas, pero que son esenciales para muchas especies marinas, como las tortugas – están en peligro, ya …

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Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes

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¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas. En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias. De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas. El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias, y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación. Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”. A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid, listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes: En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

El Congreso debatirá este año la ratificación de la CIRDI, ¿por qué es importante?

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Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente. A pesar de que Colombia firmó en 2014 la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), el instrumento que busca combatir la discriminación racial en todas sus esferas y fortalecer los sistemas jurídicos en contra de la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, aún no ha sido ratificado por los y las congesistas del país. El panorama actual parece esperanzador. El 3 de noviembre del 2022 un grupo de congresistas, acompañados por representantes del Gobierno Nacional, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo la ratificación de la CIRDI. Aunque no se puede desconocer que han existido intentos recientes para la ratificación de este instrumento en el Congreso, estos proyectos han fracasado ante la falta de voluntad política de gobiernos anteriores. Teniendo en cuenta las probabilidades de que este proyecto de ley sea aprobado en la primera legislatura de 2023. A continuación, resaltamos algunos puntos sobre lo que implicaría la ratificación de la Convención: Desde desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado a los y las congresistas para que avancen este 2023 en la ratificación de la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente.

Las huellas del conflicto armado colombiano en los cuerpos de las mujeres negras

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Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, entre ellas, el desplazamiento, las violencias sexuales y el despojo. En Mi Cuerpo es la Verdad, el volúmen del Informe Final que muestra los actos intolerables que sufrieron las 10.864 mujeres escuchadas por la Comisión de la Verdad, se da cuenta de cómo el racismo, como una estructura de poder histórica que ordena las relaciones sociales sobre principios de superioridad e inferioridad y jerarquiza de acuerdo con valoraciones raciales, incidió en la barbarie perpetrada por los actores armados en contra de las mujeres afrodescendientes. “A mi esposo lo asesinaron las Autodefensas Gaitanistas como en el 2014, y después de eso empezaron a venir a la casa y me pedían que les guardara armas. Después dijeron que se iban a quedar y me obligaban a lavar ropa sucia de sangre, y en la noche venían y me obligaban a estar con ellos; no me dejaban salir, ni de día ni de noche. Me tenían como una esclava y me decían: “Maldita negra, tú sirves es para esto”. Yo descansé cuando lo pusieron preso”, dijo a la Comisión una mujer negra de Arjona (Bolívar). Los testimonios son desgarradores. Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Leidy, mujer negra del Cauca, narró que fue víctima de abuso sexual por parte de actores de armados que le ordenaban bañarse más porque decían que su olor era “más fuerte” y la obligaban a tener el cabello alisado “porque mi cabello natural les daba asco”. El conflicto armado también obligó a miles de mujeres afrodescendientes a desplazarse de sus territorios hacia lugares desconocidos, sin contar con vínculos que les permitieran enfrentar la pobreza, el hambre y la desprotección. “El desplazamiento me marcó la vida completamente. ¿Por qué? Antes de salir de mi territorio yo fui víctima de violencia sexual, abusada por un guerrillero […] que ya falleció, y también después de llegar a la ciudad de Cartagena, donde vino el contraste de llegar a una ciudad donde tú no conoces a nadie, donde tienes que empezar de cero, donde todo mundo te rechaza por tu connotación de ser negro. Pero además de ser negro tienes un estigma de ser desplazado, víctima. Sufrí una nueva violación en pleno centro de Cartagena”, relató una mujer afro. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”. Comisión de la Verdad De acuerdo con la Comisión, los trabajos domésticos y sexuales forzados que han desempeñado las mujeres negras, entre otras prácticas de jerarquización social, también están basadas en prejuicios racistas que imperan desde el período colonial. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”, asegura el Informe. Aquí puedes descargar el tomo Mi Cuerpo es la Verdad.

Conoce los hitos de ILEX Acción Jurídica durante el año 2022

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Desde ILEX Acción Jurídica queremos compartirles lo que para nosotros fue este 2022, un año lleno de muchos retos, pero también de importantes triunfos colectivos que contribuyeron al goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente en Colombia y América Latina. Nos alegra mucho saber que en cada una de nuestras líneas estratégicas logramos avanzar y crecer aún más como organización. Por eso, les invitamos a ver un poco de cómo fue nuestro año. A todxs, les deseamos un gran 2023 y esperamos seguir compartiendo y encontrándonos en el camino de nuestras luchas.

Organizaciones accionantes convocan al DANE para que exponga plan de cumplimiento a sentencia de la Corte que reconoció invisibilidad estadística en Censo 2018

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Durante el encuentro, las organizaciones tutelantes señalamos que la sentencia T-276 es el primer paso para lograr que el sistema estadístico nacional incluya de manera adecuada a la población afrodescendiente. Las organizaciones accionantes de la tutela que dio lugar a la sentencia T-276 de 2022, por medio de la cual la Corte Constitucional reconoció las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente acaecidos por la invisibilización estadística en el Censo 2018, vigilan con atención el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, que disponen, entre otras, realizar estudios que atiendan a los retos para contabilizar a la población afrodescendiente en este tipo de ejercicios estadísticos. El pasado 28 de noviembre, representantes de ILEX Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras, el Proceso de Comunidades Negras, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, y parte de la comunidad académica que apoyó el proceso de litigio, en representación de los accionantes, sostuvieron una reunión con la directora del DANE, Piedad Urdinola y su equipo, quienes, por solicitud de las mencionadas organizaciones, presentaron el plan inicial de cumplimiento de la sentencia. (Le recomendamos leer: Corte Constitucional reconoce que el Censo del 2018 vulneró los derechos de la población afrocolombiana y ordena tomar medidas para mitigar impactos) Durante el encuentro, las organizaciones tutelantes señalamos que la sentencia T-276 es el primer paso para lograr que el sistema estadístico nacional incluya de manera adecuada a la población afrodescendiente. Lo anterior teniendo en cuenta que la invisibilidad estadística también subsiste en las bases de datos de otros sectores estratégicos, como los de educación y justicia. Las organizaciones también argumentamos que es trascendental que el DANE aprenda de las lecciones pasadas y garantice la participación activa de la población afrodescendiente en la formulación y socialización de los diagnósticos sobre los errores de que conllevaron a la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en los anteriores censos. Para ello, sugerimos retomar las mesas interétnicas censales establecidas en algunas regiones del país como mecanismo de preparación para el censo. ILEX Acción Jurídica propuso que se analizaran distintos tipos de mecanismos que podrían contribuir a una mejor visibilización de la población afrodescendiente en los instrumentos estadísticos y registros administrativos. (También puedes leer: Invisibilidad estadística llega a la CIDH: ¿qué se argumentó en la audiencia pública?) La reunión concluyó con el compromiso de crear una mesa técnica de seguimiento al cumplimiento de la sentencia que contará con una participación activa de las organizaciones tutelantes, expertos y expertas nacionales e internacionales. También se acordó seguir un proceso donde mancomunadamente se garantice la participación efectiva de las organizaciones afrodescendientes en cada una de las etapas del cumplimiento de la sentencia.

Concejo de Bogotá reconoció a ILEX Acción Jurídica por sentencia de la Corte Constitucional que admitió invisibilidad estadística en el Censo 2018

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“Este es un reconocimiento para todas esas comunidades y personas que están haciendo resistencia cultural de lo que somos a pesar de la institucionalidad”, dijo Audrey Mena, subdirectora general de ILEX. Este lunes recibimos un reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, por ser una de las organizaciones tutelantes de la invisibilización estadística de Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, hacia las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, en el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018. “Este es un reconocimiento para todas esas comunidades y personas que están haciendo resistencia cultural de lo que somos a pesar de la institucionalidad. La invisibilidad estadística no sólo genera un daño irreversible para las comunidades en materia de acceso a garantía de derechos fundamentales, también genera el desconocimiento de todo lo que somos, en todas sus diferencias”, manifestó Audrey Mena, subdirectora general de ILEX Acción Jurídica. Y agregó: “Más que un reconocimiento para mis compañeras, bajo el liderazgo de Dayana Blanco y de todo el equipo de fundadoras, este también un reconocimiento para el equipo que se ha sumado a este sueño colectivo que tuvimos al fundar esta organización”. Finalmente, extendemos nuestras felicitaciones a las organizaciones que se sumaron a esta lucha colectiva: la Asociación Colombiana de Economistas Negras “Mano Cambiada”, la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), así como un grupo de personas afrocolombianas individualmente consideradas. Este proceso de litigio contó además con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. ¿Qué dice la sentencia de la Corte Constitucional? Esta distinción se hace luego de que la Corte Constitucional reconoció, por medio de la sentencia T-276 del 2022, las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente acaecidos por la invisibilización estadística en el Censo 2018. De acuerdo con la Sala Primera de Revisión, una variedad de factores, incluyendo errores cometidos por el DANE durante el proceso de ejecución del Censo 2018, dieron lugar a la disminución significativa en el número de personas contabilizadas como afrodescendientes, vulnerando así los derechos fundamentales a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, a la información de calidad y a la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población. (Te recomendamos leer:ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018) Este “daño irreversible” en la visibilización estadística de las comunidades afrocolombianas, asegura la Corte, afecta el “reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana” y “obstruye el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas”. Con la sentencia T-276 del 2022, la Corte Constitucional sentó un precedente histórico para el país al exhortar al DANE a realizar, en un plazo de diez meses, un estudio que “evalúe de manera sistemática y comprensiva” las causas que dieron lugar a la disminución en la identificación de la población afrodescendiente en los tres últimos censos. También se le ordenó a la entidad diseñar un Plan Integral de Preparación para el Censo en materia de identificación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia

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Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Tras conocer la noticia, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y futura ministra de la Igualdad, afirmó que se creará una “institucionalidad para garantizarle los derechos de la igualdad a todo el pueblo colombiano y de manera muy especial a las mujeres, a la población con discapacidad, a las comunidades LGTBQ+, a las poblaciones étnicas, a los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros”. ¿Qué viene ahora? Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Ministerio, ni se ha brindado mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema nacional de cuidado que implementaría la cartera. Desde ILEX Acción Jurídica, presentamos diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. (También puedes leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) 1. No esperar hasta la creación del Ministerio para desarrollar la agenda normativa y programática del gobierno en temas de igualdad. Los temas clave en la agenda de igualdad deben ser incorporados de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio, como la reforma agraria, la reforma a la policía, el plan nacional de desarrollo, entre otros. Si bien desde el plan de gobierno se previó la creación del Ministerio de la Igualdad, el alistamiento normativo, administrativo y técnico del Ministerio puede demorar meses, puesto que implica la aprobación de una ley de la república y su posterior reglamentación. Además, deben considerarse posibles escollos que demoren aún más la entrada en funcionamiento del Ministerio, como lo ocurrido en relación con el Ministerio de Ciencia, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al haber desconocido normas superiores relativas a la necesidad de regular de la estructura orgánica del Ministerio. En consecuencia, es importante garantizar que las apuestas de la nueva administración en materia de igualdad y no discriminación avancen de manera paralela al proceso de creación de la cartera de igualdad. Debería buscarse que asuntos clave en la agenda de igualdad se incorporen de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio. Así, por ejemplo, sería significativo que los asuntos de igualdad se incorporen en proyectos de ley como: a) la reforma tributaria; b) la reforma agraria; c) la reforma a la Ley 30 sobre educación superior; d) la reforma a la policía; e) el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo; f) la reforma a la ley 100 de 1993 sobre salud y pensionales; g) los proyectos de ley que se presenten sobre el sistema nacional de cuidado, entre otras. Muchos de estos proyectos de ley ya podrían encontrarse en discusión al interior de los movimientos políticos o en los procesos de empalme y se podrían empezar a radicar una vez se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, por lo que sería fundamental conocer el estado de dichos proyectos de ley y participar en su elaboración o, al menos, hacer comentarios sobre los borradores para asegurar que incorporen criterios de igualdad y no discriminación que luego faciliten el trabajo del Ministerio. 2. Evitar la redundancia funcional con otras instituciones del Estado, concentrando funciones en el Ministerio de Igualdad. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Muchos de los asuntos relacionados con grupos de especial protección constitucional ya tienen un lugar institucional (o lugares) dentro de la estructura orgánica del Estado. Así, por ejemplo, existe ya una dirección de comunidades negras y otra sobre indígenas, minorías y Rrom dentro del Ministerio del Interior, una Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Departamento de la Prosperidad Social maneja múltiples programas sociales del Estado dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social, etc. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Evitar la redundancia institucional no significa necesariamente desmantelar estas otras instancias de institucionalización de las necesidades de grupos de especial protección constitucional, sino que bastaría con garantizar que sus funciones y misión sean distintas y no se traslapen de manera injustificada con otros órganos del Estado. Esto implicaría negociar con las cabezas de las carteras afectadas por esta reestructuración institucional, puesto que sería previsible que haya oposición hacia esta posibilidad debido a sus implicaciones presupuestales. 3. Evitar que el Ministerio quede reducido buscar la “transversalización” de enfoques poblacionales. El Ministerio debe servir como una instancia que irradie las demás instituciones del Estado en asuntos de igualdad y no discriminación, pero no puede quedarse en este rol meramente simbólico o de carácter asesor, en especial porque, de ser así, no tendría capacidad de ejecución presupuestal adecuada. Sería importante velar porque el Ministerio de la Igualdad no se considerase …

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¿Cómo prevenir los actos de racismo en las escuelas de Colombia?: análisis del CEJR

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El Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica analiza por qué se debe sancionar el racismo y cómo la falta de estas medidas permite la perpetuación de dinámicas que ponen en peligro la integridad de personas afrocolombianas. Hace poco el país conoció un presunto caso de discriminación racial dentro de un entorno escolar en el departamento de Boyacá. Esta situación que ha alarmado a la población ha generado una necesidad de hacer un análisis sobre la capacidad de las instituciones educativas y de autoridades para responder de manera efectiva al racismo en entornos escolares y prevenir las consecuenciasque marcan a la infancia afrodescendiente. Desde Ilex Acción Jurídica queremos plantear algunos cuestionamientos bases para dimensionar la importancia no solamente de sancionar los actos de racismo, también de entender la relevancia de tener mecanismos adecuados para prevenir que menores afrodescendientes en sus escuelas sigan viviendo los efectos de una sociedad discriminatoria y violenta. Por consiguiente es esencial entender en un primer punto el por qué se debe sancionar el racismo y cómo la falta de estas medidas de sanción permite la perpetuación de dinámicas que ponen en peligro la integridad de personas etnico-racialmente diferenciadas y les quita la posibilidad de gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Desde el derecho internacional, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1) le ha dado a los Estados la responsabilidad de eliminar y prohibir la discriminación racial, lo que implica tener herramientas para sancionarlo. Asimismo, la Declaración y Plan de Acción de Durban (2) recomienda tener medidas eficaces para combatir los delitos motivados por el racismo y promover investigaciones exhaustivas e imparciales que den prioridad y que de manera coherente y enérgica puedan atender estos casos. Por otro lado, se tiene en cuenta que la prevención es un factor fundamental, por lo que la Declaración incita a medidas pedagógicas que no solo se enmarquen en las experiencias académicas, también las que se dan fuera de ella y las manifestaciones que pueden hacer los medios de comunicación. La importancia de la sanción contra los actos de racismo además de ser una forma de cumplir con los deberes de eliminar y prohibir la discriminación racial que como se denota en el párrafo anterior es una obligación internacional, reside en reconocer que las sociedades, especialmente la colombiana aún guarda la perpetuación de las raíces y factores históricos que mantienen una jerarquización de las vidas que “más o menos” importan. De ahí que la ausencia de estas sanciones que deben cumplir con condiciones como la garantía de la debida diligencia en las investigaciones que se adelantan y una reparación adecuada, refleja cómo el racismo no es considerado como un problema sistemático, lo que impide claramente su erradicación. Ahora bien, una vez entendido de que la sanción es un deber de los Estados y es una forma de garantizar el derecho a no ser víctima de discriminación, resulta pertinente preguntarse ¿cuáles son las consecuencias en el país de estos hechos discriminatorios?, tomando en consideración que el Fiscal que lleva el caso que nos motiva a explicar este tema, ha decidido abrir investigaciones por los delitos de “discriminación y racismo” (3). De esta decisión se desprende el hecho de que en Colombia los actos de discriminación están contemplados como delitos, lo que se dio a partir de Ley 1483 de 2011 como una forma de responder a la omisión legislativa de sancionar las prácticas o conductas de segregación racial conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (4). Específicamente esta ley contempla los tipos penales: Actos de racismo o discriminación, y el Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural. Los dos están orientados a sancionar a las personas que afecten los derechos de un sujeto por criterios sospechosos como la pertenencia étnico-racial, religión, sexo, entre otros. Las penas que se han establecido para estos delitos van de 12 a 36 meses y multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sanciones a las que están expuestos las personas a las que se le abrieron las investigaciones. Sin embargo, pese a que en Colombia estos actos de discriminación sean sancionados por el derecho penal y se contemplen como una forma de proteger a grupos que han sido históricamente discriminados, que esta norma sea aplicada de manera eficaz y que los procesos de investigación cuenten con capacidad de demostrar la discriminación, se pone en duda. La adecuación punitiva de los actos de racismo y/u hostigamiento en materia práctica está mediado por un problema estructural de discriminación que también permea a las instituciones e imposibilita muchas veces unas garantías de acceso efectivo a la justicia. No obstante a esta crítica, debemos tener en cuenta que este caso presenta elementos que van más allá de la sanción penal, que si bien es importante para responder a una exigencia de justicia, no puede perderse de vista que los hechos ocurridos se dieron en una institución educativa que exige la presencia de la secretaria de educación y que se activen la rutas para los casos de discriminación en los entornos escolares, así como también hay menores que han sido víctimas de esta situación, que involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por último, no se puede obviar que hay funcionarios públicos que tenían y tienen la responsabilidad de velar por los menores en custodia, lo que implica una actuación disciplinaria. Sabemos que no podemos obviar la importancia de una sanción penal, sin embargo los procesos de reparaciones deben contemplar todas las aristas que conllevaron a que se desprotegieran los derechos de los menores que sufrieron las limitaciones en el goce de sus derechos y libertades. Con respecto a entender que este caso tiene ciertas complejidades porque se dio en un espacio donde los menores deben estar seguros, es importante plantear el tema de racismo escolar partiendo de la idea que la escuela es el lugar donde se instalan las primeras …

¿Cómo prevenir los actos de racismo en las escuelas de Colombia?: análisis del CEJR Leer más »

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