Sala de prensa

Revive nuestra intervención en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU

El Foro Permanente es un mecanismo consultivo que nació con el objetivo de “mejorar la seguridad y la calidad de vida de los afrodescendientes”. “El registro y sistematización de datos sobre la presencia de las gentes negras/afros; y sobre las violencias que recibimos, son necesarios para avanzar varias de las tareas de la lucha antirracista”, afirmó este miércoles, Sibelys Mejía, directora de litigio estratégico de ILEX Acción Jurídica, durante su intervención en el primer Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, llevado a cabo en el Palacio de las Naciones de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).  El Foro Permanente es un mecanismo consultivo para las personas afrodescendientes, que nació con el objetivo de “mejorar la seguridad y la calidad de vida y medios de subsistencia” de esta población. Durante este periodo de sesiones, las intervenciones de los representantes de colectivos y organizaciones afrodescendientes de diferentes partes del mundo se han centrado en la necesidad de implementar estrategias para combatir el racismo sistémico, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.  A continuación, compartimos el texto completo de la declaración de ILEX Acción Jurídica en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU:  “Soy Sibelys Mejía Rodríguez, directora de litigio estratégico de ILEX Acción jurídica, organización liderada por abogadas negras/afrodescendientes que hemos dispuesto nuestro trabajo para la justicia racial.  Desde ILEX agradecemos este espacio y saludamos la instalación del Foro Permanente de afrodescendientes, y esperamos que se constituya en un referente articulador de la lucha antirracista global. Considero que ha habido bastante ilustración sobre las condiciones de desigualdad, exclusión, violencias y segregación que hemos tenido que soportar las poblaciones negras/afros del mundo, por lo que quiero limitarme a recoger alguna recomendaciones puntuales de cara a una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes:  Obligaciones en materia de registro desagregado de datos para eliminar la invisibilidad estadística.  El registro y sistematización de datos sobre la presencia de las gentes negras/afros; y sobre las violencias que recibimos, son necesarios para avanzar varias de las tareas de la lucha antirracista.  En Colombia tenemos que aunque la mayor cantidad de violencias contra los liderazgos sociales son reportadas en lugares ampliamente habitados por gente negra/afro, en los sistemas de registro no se muestra con decisión la pertenencia étnico-racial de los liderazgos violentados. Herramientas o medidas para la protección de los liderazgos negros/afros, teniendo en cuenta las dimensiones colectivas que ello conlleva.  Herramientas para la protección de los territorios y ecosistemas habitados por poblaciones negras/afros y la creación de condiciones adecuadas para afrontar los efectos diferenciales sobre la gente negra/afro del cambio climático.  Medidas para la participación robusta y el respeto de la autonomía de los pueblos negros/afros en las decisiones ambientales. El racismo estructural, oprime a las comunidades negras/afros, hace que carguemos sobre nosotras la responsabilidad de cuidar, proteger y conservar la biodiveridad en recursos naturales y culturales, pero de soportar en peores condiciones los efectos de los desastres climáticos. Medidas para acortar las brechas en el acceso a derechos fundamentales. Creación de estándares para determinar y monitorear el cumplimiento o la garantía de la aplicación de los enfoques diferenciales, que ya incluyen en las políticas públicas, pero que poco se cumple en la materialidad.  Aumentar el costo político del racismo. No puede seguir la impunidad del racismo.  Finalmente, Necesitamos transformaciones estructurales para la dignificación de la vida. Esto implica pasar de los reconocimientos formales derechos a garantía material de los mismo, merecemos vivir con dignidad y sin miedo.”

“No podemos confiar en un sistema que no nos protege, ni nos cuida”: hermana de joven afro asesinado por la policía

El evento de lanzamiento de nuestro informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, también fue una oportunidad para escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de este fenómeno.  Una de ellas fue María Mercedes Majanrrés Mora, hermana de Martín Manjarres, un  joven de 16 años de edad que fue asesinado por agentes de la policía de Cartagena que  le dispararon por la espalda después de un cruce de palabras en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías.   A continuación, publicamos la versión completa del discurso que exclamó María Mercedes el pasado 8 de noviembre ante lxs asistentes al evento:   Mi nombre es Maria Mercedes Manjarres Mora, vengo de la ciudad de Cartagena, tengo 29 años y actualmente resido aquí en Bogotá. El día de hoy, vengo en representación de cuatro almas que buscamos justicia por el asesinato de mi hermano Martín a manos de la policía y por el abuso, la violencia de la cual hemos sido víctimas. El asesinato de mi hermano ocurrió en el barrio Villa Estrella, donde mi familia y yo vivimos, un sector, como muchos en Cartagena, donde vive gente trabajadora y en su mayoría, negra. Mi hermano se llamaba Martín Elías Manjarres Mora, y tenía 16 años el día que murió. Fue un domingo 7 de febrero de 2021, faltando casi un cuarto para la medianoche. ¿Cómo sucedió? Mi hermano como cualquier joven ese día, quería salir a dar una vuelta. Mi papá no quería, pero al final con la insistencia de Martín, le da un poco de dinero para que compre algo y luego regrese a la casa.  Al ver que Martín no llegaba, mi papá se duerme. Desafortunadamente despierta, y lo hace porque siente unos golpes en la ventana de personas que trataban de localizar desesperados al papá de Martín. Cuando él escucha que a mi hermano le habían disparado, no podía entenderlo, no se podía poner la ropa, no encontraba las llaves… Mi papá sale de nuestra casa en Cartagena, y ve cómo llevan a su hijo herido, montado en una moto. Grita fuertemente su nombre y ve cómo Martín mueve la cabeza, e intenta buscarlo con la mirada. Los testigos comentan cómo los policías llegaron, no siendo de nuestro cuadrante, sino de San José de los Campanos, y se encuentran con tres muchachos que vienen caminando. Estábamos en época de pandemia todavía y aún estaban las medidas de pico y cédula, y sabiendo que esta institución no siempre ha infundido respeto, sino miedo, mi hermano y sus amigos se asustaron.  Posterior a eso, ellos vieron un predio – que actualmente es un conjunto residencial que está en la septima cuadra del sector del prado nacional en villa estrella – y dos de ellos cruzan la malla, pero Martín que era un chico de 1,70 de estatura, se queda atascado y ahí es cuando le pegan una patada en la cara, quedando aturdido.  Martín intenta levantarse y el policía le dispara. La comunidad le grita de una que por qué le dispara, y aunque mi hermano intenta caminar unos cuantos metros, cae y se desangra. La bala le atravesó el pulmón derecho, lastimó su corazón y salió por el tórax. Fue un impacto que acabó con su vida en cuestión de minutos, por eso llega a la Clínica Madre Bernarda sin signos vitales.  Los policías cuando vieron que mi hermano no se levantaba, uno de ellos alcanzó a gritarle y pedirle que se levantara. Tampoco supieron qué pasó luego de, porque al no poder capturar a los otros dos muchachos, huyeron y no le prestaron ningún auxilio. Lo dejaron morir.  Posterior a esto, mi padre hace la denuncia y logró hacer contacto con los abogados que le llevan el caso a la señora Lizeth, madre de Harold Morales, otro joven que fue asesinado en San Francisco. Se hace el respectivo proceso, enterramos a Martín con una caminata hasta el cementerio en compañía de la comunidad que fue muy solidaria.  Nosotros recibimos mucho apoyo del barrio, también hicimos velatones, hemos dado entrevistas y acudimos a los medios para poder dar a conocer lo que pasó con Martín: Un homicidio violento, un acto de discriminación, un perfilamiento racial por parte de la policía, que asumió que mi hermano era un delincuente, como quedó claro del comunicado policial en el que se señaló que Martín hacía parte de un atraco y añadiendo supuestos integrantes de una banda, que no estaban esa noche.  Al sentirse amenazados, los agentes dijeron a vox populi que ellos tuvieron que dispararle a Martín, porque estaban en un operativo y él les había disparado primero, cuando el único casquillo que se encontró en la escena, provenía del arma del policía. La necropsia cuenta cómo mi hermano no estaba bajo efectos de ninguna sustancia, y que lo que sí pasó, fue un claro caso de violencia policial racista.  En cuanto al proceso del caso, ha sido muy lento, negligente e insuficiente por parte de un fiscal que, a pesar de tener la información de una investigación completa, que también conoce las incongruencias y falencias que se conocieron en la investigación interna que hace la institución, no toma una decisión para capturar a los culpables. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cara, pero nosotros al estar en todo este proceso, nos sentimos preocupados por la seguridad de nuestra familia y la mía.  En el barrio Villa Estrella y en toda Cartagena, nuestros derechos humanos están desprotegidos. No tenemos un alcalde que nos represente o que conozca lo que estamos viviendo. Los jóvenes están siendo asesinados diariamente de manera injusta, sobre todo, en los barrios del sur. Así como Martín, otros chicos mueren por su color de piel, por el barrio del que proceden, y esto lo que muestra es cómo la institución de la Policía está usando armas letales en contra de los ciudadanos.  Mi familia y yo, Maria Mercedes, no podemos confiar en un …

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Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro.  Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz.  De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que  dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX.  En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación: 

Perfiladxs: así opera la violencia policial racista en Colombia

La Violencia Policial Racista contra personas afrodescendientes en Colombia está vinculada a patrones históricos de discriminación. Los cuerpos negros, especialmente los cuerpos de las mujeres, son constantemente vulnerados, humillados y abusados sexualmente por la policía. Desde ILEX Acción Jurídica, Vigía Afro y Posá Suto, estamos orgullosxs de compartir con ustedes este proyecto audiovisual, en el que además de explicar las raíces de la violencia policial racista en Colombia, resaltamos, desde un enfoque interseccional, los impactos diferenciales de este fenómeno en los cuerpos y biografías de las mujeres negras y personas afro LGBTIQ+. Este video fue realizado con el apoyo del International Service for Human Rights, organización que coordina la Coalición Internacional Antiracista de la cual hace parte ILEX Acción Jurídica.

La reforma policial y el silencio del congreso ante las peticiones de la población afro: análisis del CEJR

El Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica analizó los retos para la implementación de un enfoque étnico racial en la Policia Nacional. A partir de esto, nos planteamos algunas preguntas: ¿qué tan en cuenta se ha tenido al tema de violencia policial racista en estos procesos de reforma y cuánta participación han tenido las organizaciones en los procesos legislativos?, a la vez de pensar ¿Cuál es el papel que debe tener la sociedad civil en este nuevo proceso de reforma? Desde ILEX Acción Jurídica consideramos necesario que las poblaciones específicamente afectadas por el accionar policial se relacionen y sean escuchadas en los procesos legislativos, ante la evidente ausencia de sus voces y aportes, que no solamente son vivenciales, sino investigativos. Es pertinente que los procesos de reforma, en especial el proyecto de ley 221 de 2022, pueda ser parte de un proceso plural.

Congreso alista propuesta de nuevo Código Minero para Colombia, ¿por qué es importante? 

La ley que rige la exploración y explotación de minerales en Colombia será reemplazada por un nuevo código después de dos décadas.  Entre el 18 y 20 de noviembre, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la actualización del Código Minero realizarán en la Orinoquía y La Guajira, la undécima y duodécima audiencia pública del proceso de diálogo abierto que busca conocer las propuestas y demandas de las comunidades directamente impactadas por esta práctica extractiva en el país.  Las audiencias públicas de concertación y participación con comunidades étnicas y los diálogos con el sector empresarial están contemplados en la primera fase, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año. Posteriormente, lxs congresistas que integran la Comisión reunirán las propuestas en un texto borrador para el proyecto de ley que establecerá el nuevo Código de Minas.  (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) El cronograma señala que entre febrero y junio del 2023 se llevará a cabo la validación y sometimiento a la Consulta Previa del proyecto de ley. La norma sería radicada en el Congreso el 20 de julio del 2023, y se espera que sea una de las principales apuestas de la bancada de Gobierno en la próxima legislatura.  ¿Cómo ha impactado la minería a los territorios afro? La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece como su objetivo de interés público el fomento de la “exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente”.  Sin embargo, a veintidós años de la aplicación de la norma, el balance dista de ser positivo.  Hoy en colombia, tenemos:  instituciones encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad minera que son débiles e incapaces de  ejercer su papel de forma efectiva;  falta de control de la minería a gran escala y la minería ilegal que han propiciado la contaminación de los ríos y la desterritorialización y exterminio de pueblos étnicos a lo largo y ancho del país.  (Le recomendamos leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) De acuerdo con el tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en los territorios étnicos del país, se han impuesto mediante violencia formas de agroindustria o proyectos extractivos como minería a gran escala, poco respetuosas con la naturaleza. El mencionado documento sela que la “minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, muchas veces manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas”.  Por ahora, desde la bancada de Gobierno en el Congreso aseguran que el nuevo Código Minero se enfocará en la protección de los territorios, del agua y la seguridad alimentaria. También se promoverá el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente.   (Le puede interesar: Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital) Estos planteamientos van de la mano con lo manifestado por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró durante el Congreso Nacional de Minería que el código debe ser reformado para que la práctica minera no gire “exclusivamente alrededor de la multinacional minera”. De acuerdo con el mandatario, la nueva norma debe “recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecer la minera tradicional, empoderarla”. 

Decálogo para enfrentar la violencia policial racista en Colombia

Recomendaciones al Gobierno Nacional presentadas en el informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’. Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y  Santa Catalina

Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota.  El Gobierno Nacional incumplió los acuerdos firmados con el pueblo raizal para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el devastador paso del huracán Iota en las islas de Providencia y Santa Catalina, en noviembre del 2020.  Así lo determinó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al señalar, por medio de la sentencia T-333-22, que el lento proceso de reconstrucción integral ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”. La Corte comprobó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, incumplieron los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico.  El fallo de sentencia, que se dio en respuesta a una tutela presentada por el Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, también asegura que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron a estas comunidades el derecho fundamental a la consulta previa: “Esto se vio reflejado en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raiza”, dice la Corte. Sobre este asunto en particular, Susana Correa, exministra de Vivienda y gerente para la reconstrucción del archipiélago, ha señalado que sí hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según ella, tanto la decisión de construir con concreto, como la no importación de viviendas prefabricadas, fueron tomadas en conjunto con la comunidad.  De acuerdo con la sentencia, la UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen un plazo de 30 días para intervenir el hospital de campaña y garantizar a la población raizal las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Las entidades también deberán garantizar el abastecimiento diario de agua potable y restaurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos.  De igual forma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el gobierno local deberán convocar a la comunidad raizal a un proceso de consulta sobre el programa de reconstrucción que permita corregir y reenfocar las medidas para la reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina. Estos acuerdos también deben garantizar la implementación de instrumentos internacionales que ayuden a fortalecer la resiliencia de las islas a los efectos del cambio climático. ‘El Gobierno ignoró nuestras propuestas e irrespetó los acuerdos‘ Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las   islas afectadas por el huracán Iota.  ¿Cómo se ha evidenciado el racismo estructural e institucional durante el proceso de reconstrucción? Según afirma la Corte, sus sugerencias  entorno al enfoque étnico en la reconstrucción  fueron ignoradas por el Gobierno Hay un contexto histórico. Las islas fueron primero una colonia británica, luego se adhirieron a Colombia, en 1822, y desde entonces se han tomado medidas que tienden a homogeneizar, a “colombianizar” a la población de San Andrés. Estas medidas se han concentrado en desaparecer las características culturales de nosotros como etnia. Entre esas se encuentran haber impuesto la religión católica y prohibir la religión protestante y la de los pueblos provenientes de África. También prohibieron el habla del creole. Durante la reconstrucción, este racismo estructural se vio reflejado en la imposición de un modelo de casas que no está acorde con nuestra cultura, irrespetando así los acuerdos a los que llegamos.  ¿Cuáles fueron esos acuerdos?  Nosotros solicitamos al Gobierno hacer una consulta previa pero dijeron que no, porque era una situación de emergencia y eso llevaba mucho tiempo. Luego, en las mesas de concertación llegamos a un acuerdo, consignado en el documento ‘Memoria técnica de acta de concertación’,  en el que se afirma que las casas reconstruidas tienen que cumplir con la arquitectura típica de la isla, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional.  Ellos ignoraron completamente este documento, lo único que hicieron fue hacer una fachada parecida a las de las casas típicas. Los materiales no sólo no eran los adecuados sino que además eran de la peor calidad posible. La madera se pudre, las paredes se agrietan, el piso se agrieta, la pintura se cae por la lluvia.  De acuerdo con su denuncia, el Gobierno tampoco cumplió con la construcción de las zonas seguras… La zona segura es una habitación, por lo menos una habitación en concreto con baño, para que en caso de que se volara la casa, por lo menos quedara esta habitación en concreto, con placa en concreto, para que las familias pudieran resguardarse durante y después del huracán. Ninguna de las casas las construyeron de esta manera. En resumen, no respetaron la concertación a la que llegamos y la mayoría de las casas no cumple con los requisitos ante Huracán, ni en el techo, ni en la estructura, ni con esta zona segura que habíamos exigido.  ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a la construcción de la base de guardacostas en la Isla? ¿La Corte ya se pronunció al respecto? La Armada Nacional quería construir esta base en la comunidad con la excusa de que estaban reconstruyendo algo que ya estaba, lo cual …

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RED DOROTY: visibilizando las experiencias de vida de las mujeres trans afro del Pacífico colombiano

ILEX acompañó el proceso de consolidación de la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY, durante su primera juntaza en Quibdó, Chocó. El pasado 10 de noviembre, las integrantes de la colectiva participaron en talleres de comunicación étnica para la justicia racial, impartidos por ILEX Acción Jurídica, con el objetivo de promover estrategias para la visibilización de los discursos y formas de “re-existencia” de esta población. “Les invitamos a que se unan a esta juntanza, a que nos acompañen en este proceso que apenas inicia. Sabemos que es una carrera larga, pero no difícil, porque las mujeres trans del Pacífico insistimos, resistimos y perseveramos”, afirmó María Victoria Palacios, integrante de la Red. María Victoria agregó que es importante abordar la realidad de las mujeres trans desde la conexión entre cuerpo y territorio, dos categorías que atraviesan a diario la experiencias de vida de las personas con expresiones de género diversas, principalmente en territorios marginalizados, como lo es Pacífico colombiano. Esta opinión fue apoyada por Bicky Bohorquez, de Palmira (Valle del Cauca), quien afirmó que son necesarias más políticas públicas para la población trans, desde un enfoque feminista e interseccional.  Estas actividades están enmarcadas en nuestra línea Derechos de mujeres negras y personas afrodescendientes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, por medio de la cual brindamos apoyo técnico jurídico y en comunicaciones para la garantía del acceso a derechos. *La Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY es una iniciativa que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres TRANS AFRO del pacifico colombiano, visibilizando las violencias desde cada territorio y de ese modo descentralizar las dinámicas desde los privilegios blancos y un sistema patriarcal machista.

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis  sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.  “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.  Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.