Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente.
A pesar de que Colombia firmó en 2014 la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), el instrumento que busca combatir la discriminación racial en todas sus esferas y fortalecer los sistemas jurídicos en contra de la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, aún no ha sido ratificado por los y las congesistas del país.
El panorama actual parece esperanzador. El 3 de noviembre del 2022 un grupo de congresistas, acompañados por representantes del Gobierno Nacional, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo la ratificación de la CIRDI.
Aunque no se puede desconocer que han existido intentos recientes para la ratificación de este instrumento en el Congreso, estos proyectos han fracasado ante la falta de voluntad política de gobiernos anteriores.
Teniendo en cuenta las probabilidades de que este proyecto de ley sea aprobado en la primera legislatura de 2023. A continuación, resaltamos algunos puntos sobre lo que implicaría la ratificación de la Convención:
- Este instrumento obliga a que los Estados combatan la discriminación en los
entornos tanto públicos como privados. Lo que es esencial para Colombia,
teniendo en cuenta las pocas garantías que se tiene para sancionar e investigar
situaciones de discriminación en contextos como el educativo y laboral. - Se compromete a los Estados a entender y estudiar el fenómeno de discriminación
racial, lo que representa un trabajo de visibilización y reconocimiento de las
dinámicas históricas de discriminación del país. - Se obliga a los Estados a garantizar el acceso a justicia de manera diferenciada y
eficiente. Esto es de suma importancia en un contexto de impunidad y
revictimización a los que se somete a la población afrodescendiente cuando
acceden al sistema judicial. - Presenta la responsabilidad de atacar las causas estructurales de la discriminación
y la comprensión de que existen categorías múltiples que inciden en escenarios de
vulneración de los derechos. Colombia se ve obligado a reconocer que las
condiciones de la población afrodescendiente es una expresión de este fenómeno
y no solo una situación aislada. Así como entender que las personas
afrodescendientes también están atravesadas por las categoría de género,
orientación sexual, entre otras, que definen muchas situaciones de violencia. - Se obliga a los Estado a establecer una institución nacional que debe ser
responsable del seguimiento de esta convención. Esto implicaría que el Estado
asuma la labor de enfocar sus esfuerzos en combatir la discriminación de manera
efectiva y no a través de instituciones que no tienen claras sus responsabilidades y
dejan el tema en un segundo plano.
Desde desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado a los y las congresistas para que avancen este 2023 en la ratificación de la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente.