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¿Qué está pasando en el barrio San Francisco de Cartagena?

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De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas La comunidad del barrio San Francisco y organizaciones de derechos humanos en Cartagena denunciaron que fueron víctimas de acciones violentas y abusivas por parte de 12 miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía de la ciudad. Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre y, según manifestó la comunidad, los hombres armados golpearon y trataron de forma violenta a tres mujeres durante un “falso operativo”, una de ellas menor de edad. De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas de este territorio que ha sido criminalizado y militarizado desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. Desde ILEX Acción Jurídica reprochamos estas graves vulneraciones a los derechos humanos y nos sumamos al llamado de la comunidad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el caso y la protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH en la comunidad. Insistimos en la necesidad de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar, que responda a un plan de emergencia de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para reducir los altos niveles de violación de derechos humanos en la zona. Aquí puedes leer el comunicado completo:

El escrache y la injusticia epistémica

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El escrache tiene sentido como forma de justicia testimonial, en tanto mecanismo de respuesta a la violencia sistémica contra las mujeres. Análisis. Escrito por: Sibelys Mejía Rodríguez*, directora del área de Litigio de ILEX Acción Jurídica. *Este artículo fue publicado originalmente en la edición número 105 de la revista Cien Días vistos por Cinep. Introducción En el presente texto, retomo una reflexión que había abandonado hace unos meses. Regreso a ella con ocasión de la sentencia T-061 de febrero de 2022, en la que la Corte Constitucional decide la tutela promovida por un docente de la Universidad Nacional de Colombia, pidiendo la protección de sus derechos al buen nombre y a la intimidad. No me referiré a los hechos de esta sentencia, ya que esta solo ha sido una excusa para abordar nueva mente un tema que había interrumpido. Aquí abordaré el escrache, apelando a una propuesta de lectura de Miranda Fricker, y para defender el escrache como un mecanismo de protesta y de visibilización ante las violencias institucionalizadas que, muchas veces, terminan replicando las violen cias que piden ser atendidas. En su libro Injusticia epistémica, Miranda Fricker ofrece un marco conceptual para describir aquellos agravios que ocurren cuando la gente produce y circula conocimiento. Según su propuesta, habría dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y la hermenéutica. La primera ocurre cuando una persona recibe menos credibilidad, como resultado de un prejuicio identitario negativo por parte de quien la escucha; la segunda injusticia se refiere a una brecha en el conocimiento que no le permite a la gente comprender su experiencia social (Fricker, 2017). La propuesta de Fricker me hizo pensar en el escrache. Es una estrategia de denuncia pública y de presión social contra los perpetradores de actos reprochables, así como para aliviar a las víctimas (Tapia Jáuregui, 2020). En los últimos años lo han venido usando colectivos o movimientos feministas, generalmente para enfrentar el silenciamiento al que se ven sometidas las mujeres que son víctimas de violencia sexual, es decir, como un mecanismo de exposición en redes sociales o en espacios públicos de los agresores en casos de violaciones, maltratos, acosos o abusos. Podría decirse que es una estrategia para interrumpir la injusticia testimonial que pesa sobre las mujeres. Sin embargo, al intentar analizar con detalle los dilemas que ha suscitado esta práctica desde la propuesta de Fricker, me encontré algunos límites. En este ensayo describo cuáles son, y propongo algunas ideas para superarlos, con el fin de nutrir el concepto de injusticia testimonial. Entre el escrache y el debido proceso A finales de 2018, en los pasillos, baños y salones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional (sede Bogotá), comenzaron a aparecer grafitis o pintas en las paredes, en los que se acusaba a estudiantes y profesores de ser acosadores sexuales. Algunas solo eran denuncias abstractas, pero otras listaban con nombre propio a los presuntos agresores o especificaban los hechos con detalles. Esto fue una ola de escraches. Varias organizaciones estudiantiles de mujeres habían comenzado a manifestarse mediante esta práctica, pues los canales institucionales de la Universidad no les estaban brindado el apoyo que necesitaban para enfrentar la violencia sexual. Así que optaron por usar la exposición social y la denuncia pública. Considero que las causas de la deficiente atención institucional son muchas, y entre ellas podría ubicarse la injusticia testimonial: se le resta credibilidad a las mujeres que denuncian. Estas palabras de una las estudiantes de la Facultad, lo ilustra: Yo fui a poner una denuncia, para lo del Protocolo de Género, porque pues yo quería denunciar a alguien por algo que hizo, y fue un embolate. Y luego denuncio y me comienzan a preguntar “pero mira, ¿qué hiciste?, ¿por qué?, ¿cómo lo hiciste?, ¿pero tú sí querías?, ¿tú estabas segura que no querías?” Entonces yo siento que esa inoperancia todo el tiempo hace que uno diga ¿para qué denuncio? Y “¿para qué denuncio” se conlleva a que tu sigas callada y que el man siga, y el man siga… (Flujo Audiovisual Universidad Externado, 2019). A las denunciantes se les cuestionan los detalles de la agresión en su contra, por ejemplo, con soporte en estereotipos dominantes según los cuales las mujeres pueden acusar falsamente a los hombres por venganza o por llamar la atención (Gamero, 2018; Rodríguez Peñaranda, 2018). Así, el escrache es defendido como un mecanismo para que la voz de las mujeres sea escuchada, en lugar de silenciarse en las oficinas de las burocracias. ¿Esta forma de denuncia social sería una estrategia para combatir la injusticia testimonial? En la polémica que siguió a estas manifestaciones, algunos miembros de la comunidad universitaria, incluyendo a presuntos acosadores denunciados, criticaron los escraches porque no respetaban la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que quienes aparecen en las listas no tienen la misma posibilidad de contrastar las versiones de las supuestas víctimas, por lo que a las mujeres se les daría un exceso de credibilidad cuando exponen sus casos, en contraste con el rechazo y el estigma que reciben los hombres acusados, independientemente del contenido de su versión. Esta reacción frente a los escraches alega que existe una injusticia epistémica en contra de los hombres denunciados, ya que su credibilidad se ve reducida por el hecho de ser presentados como acosadores. Los temores de este sector que defiende el debido proceso de los acusados no son infundados. Existen casos de mujeres que han realizado falsas denuncias, lo que le ha generado mucho daño a quienes han sido injustamente acusados y a sus familias (Semana, 2021; Rodríguez, 2019; Semana, 2015). Sin embargo, también es cierto que los casos de falsas denuncias son muy pocos, en comparación con las acusaciones que han sido confirmadas, así como si se les contrasta con la enorme cantidad de casos de violencia sexual que no llegan a ser denunciados (Kauffman, 2015). Pero entonces, ¿cómo sabemos quién está siendo víctima de injusticia epistémica cuando alguien es acusado en un escrache? ¿Cómo sabemos que el hombre acusado no está entre los excepcionales casos …

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Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos

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La vida de la lideresa vallecaucana, María Antonia Caicedo Angulo, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia (2022), se entreteje en una secuencia admirable de luchas por la protección de los derechos de la población vulnerable de su territorio. María Antonia es directora de la fundación Paciamancao, miembro de la Corporación de Educadores del Litoral Pacifico (CORELIPA) y excandidata a la Circunscripción Afro de la Cámara de Representantes. En ejercicio de sus actividades de liderazgo y defensa de derechos humanos, ha sido víctima de tortura, secuestro, violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, lesiones personales físicas y psicológicas. Sin embargo, esto no ha sido capaz de quitarle su convicción y ganas de luchar por la defensa de derechos humanos, la protección de la vida y la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias sexuales. Durante más de dos décadas, desde la fundación Paciamancao, María Antonia ha promovido importantes procesos culturales y artísticos que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los barrios vulnerables y afectados por la violencia en Yumbo. Estas acciones, como parte de su arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos, la hicieron merecedora de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle y de la alcaldía de Yumbo en diciembre de 2021. “Me ha costado ser mujer”, exclamó la lideresa durante el primer Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras de Derechos Humanos. El verso hace parte de un poema estremecedor en el que María Antonia describe las violencias de las que ha sido víctima por ser mujer, afrodescendiente y defensora de derechos humanos: “Más que hablar de mi color / Yo he sufrido por ser mujer / en la lucha contra eso me ha tocado correr / Entre insultos, amenazas y sonrisas / Me he topado con mil hombres que me exigen esa visa / De cambiar mi propia vida y volverme una sumisa”. Intervencion de Maria Antonia Caicedo en el marco del 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 12 de agosto 2021 #LiderazgosAfroparaSanar @haurralde @Afromurcia @afropresencia @CimarronCol pic.twitter.com/Wbi0DCCUrj — ForoIberoamericanoAfroMujeres (@afro_foro) September 4, 2021 Para Maria Antonia, la nominación a este premio “significa un proceso valeroso, simbólico, que reconoce el valor, fortaleza y valentía de las mujeres de a pie que estamos al otro lado de la historia, discriminadas, estigmatizadas e invisibilizadas integralmente, poniendo nuestra vida, cuerpo y dignidad por la defensa de los derechos humanos”. Y agrega: “En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible”. En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible María Antonia Caicedo Angulo Las adversidades que marcan su biografía tampoco han amainado su espíritu de lucha. En diciembre de 2019 María Antonia fue víctima de violencia sexual, tortura y amenazas por parte de sujetos armados. Dos años después, el 12 de junio de 2021, la lideresa fue abordada y subida a la fuerza a un carro por sujetos armados en el barrio Calima, en Cali. Posteriormente, fue trasladada a una especie de bodega y retenida en contra de su voluntad durante casi veinte horas. La lideresa denunció haber sido amenazada y sometida a crueles torturas mientras era cuestionada por la labor que desempeñaba como defensora de derechos humanos en su territorio. De acuerdo con un concepto emitido por la Fiscalía General de la Nación, María Antonia fue víctima de “secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en concurso heterógeneo con tortura”. Sin embargo, luego de que en noviembre de 2021 solicitara el registro de estos hechos victimizantes ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la lideresa recibió la amarga noticia de que la entidad había decidido no reconocer el secuestro que padeció, pues, a su consideración, “no se logró determinar” que el caso “haya ocurrido en el marco de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. En palabras de la lideresa, la decisión de la UARIV, además de atentar contra su derechos como víctima, representó una vulneración a su “dignidad” y una afrenta a su dolor y a su sufrimiento: “Ha sido muy traumático, desgastante y humillante todo este proceso con la UARIV, utilizan cualquier cantidad de procesos tardíos, barreras burocráticas y administrativas haciendo caminar a las víctimas sobre pisos enjabonados, techos de cristal, escaleras de arena, vulnerando los derechos de las víctimas, pero sobre todo violando la Ley 1448 de 2011”, afirma.. Para colmo de males, y a pesar de los recursos jurídicos interpuestos por María Antonia, la entidad se negó en repetidas ocasiones a reconocer el hecho victimizante de secuestro, sometiendo así a la lideresa a un tortuoso ciclo de revictimizaciones y negándole el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición. Sibelys Mejía, abogada y directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, explica que este caso es evidencia de las múltiples violencias y revictimización a las que son sometidas las víctimas del conflicto y lo liderazgos que han dedicado su vida al trabajo a defender los derechos de sus comunidades. “Aplicar una interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011, según la cual la forma en que posiblemente se dieron los hechos no dan …

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Las claves del proyecto de ley que busca el ‘reconocimiento, perdón y reparación histórica’ de la población afrocolombiana

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El pasado 26 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley que busca el perdón, reconocimiento y reparación en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes y estructurado con base en los hallazgos y recomendaciones del informe defensorial ‘Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo’. Además, contó con los aportes de las comunidades, líderes y lideresas, expertos, académicos y representantes de organizaciones afrodescendientes. Con la propuesta legislativa se busca que se adopten “medidas especiales de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y combatir el racismo y la discriminación racial que afecta a estas comunidades”. Una de las principales pretensiones del proyecto es que el Estado y la sociedad en general reconozcan y se comprometan con los “actos materiales y simbólicos de perdón en favor del pueblo afrocolombiano, por los injustos y dolorosos hechos del pasado que los han puesto en desventaja”. También se busca que se adopten medidas efectivas para garantizar los derechos del pueblo afrocolombiano, la visibilización de sus contribuciones a la construcción de la nación y que se promuevan acciones permanentes tendientes a incentivar gestos de perdón y reconciliación por actos de racismo. (Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina) En cuanto a las medidas que se implementarían con la nueva “política estatal de reconocimiento, perdón y reparación histórica”, el proyecto señala que se deberán realizar actos públicos de petición de perdón por parte de las tres ramas del poder público, promover el acceso equitativo al empleo público y privado, y a la educación, especialmente en el nivel superior. El articulado también propende por la participación equitativa de la población afro en el Plan Nacional de Desarrollo, el acceso a medios de comunicaciones oficiales y la “reconstrucción de la memoria patria reivindicando los aportes del pueblo afrocolombiano”, mediante la inclusión de estos elementos en los textos escolares. Cabe señalar que para la elaboración de las normas que se desarrollen de esta ley, el Gobierno Nacional deberá consultar a la población afrocolombiana a través de las autoridades y organizaciones representativas, siguiendo los parámetros del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y dando cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada. Este proyecto de ley se presentó con el acompañamiento de varios representantes a la Cámara, entre ellos algunos afrodescendientes y pertenecientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Desde ILEX Acción Jurídica seguiremos exigiendo al Estado colombiano la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, que ayuden a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente del país.

Conectividad en los territorios afros: ¿un derecho o un privilegio?

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De acuerdo al más reciente ranking de países con mayor cobertura de acceso a internet, Colombia se encuentra en la posición número 27 en una lista de 100 países analizados, ubicándose un lugar debajo de Argentina y trece, por encima de naciones latinoamericanas como Venezuela y Perú. Pensaríamos entonces que el país tiene una población que, a pesar de las dificultades sociales y económicas, cuenta con amplia cobertura de internet. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), a corte del último trimestre de 2021, informó que Colombia superó las 46,5 millones de conexiones a internet con acceso fijo por encima de la meta trazada (45 millones). Es decir, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 16,53 a diciembre de 2021, frente a la tasa de 15,5 registrada en el 2020. Al revisar cómo se encuentran los departamentos con población mayormente afro en lo que refiere a la conectividad, encontramos que según las estadísticas del DANE (2018), los niveles de acceso a internet en Valle del Cauca (46%), Chocó(15%), Nariño (5%), Bolívar (21%), y Antioquía (34%), son inferiores a la tasa de conectividad registrada en Bogotá (72%), Cundinamarca (54%), Santander (61%) y Risaralda (54%). El panorama de la población afrodescendiente en este escenario resulta bastante limitante, pues solo el 26,3% de esta población tiene acceso a internet (Dane, 2019). Esto, propio del abandono, ausencia de Estado y falta de infraestructura que se ha dado históricamente en estos territorios. La situación de inequidad es mucho desalentadora si se voltea la mirada hacia el 33,3% de la población afrodescendiente que habita en territorios rurales, según el Dane (2020). De acuerdo con las estadísticas de esa entidad, tan solo el 23,8% de estos hogares cuentan con acceso a internet. La cifra es casi tres veces inferior a la tasa de cobertura en las zonas urbanas: 66,5%. En Bolívar, mientras la zona urbana cuenta con un 31% de conectividad a internet, en las zonas rurales la cobertura sólo llega a ser del 2%. Más al sur del país, en Nariño, la cobertura de internet en cabeceras municipales es del 9 % y en las zonas rurales llega a ser de un alarmante 1%. Estas cifras no solo nos dan a conocer las enormes brechas digitales que existen en el país, sino que además representan obstáculos frente a los nuevos escenarios de desarrollo y competitividad, en otras palabras, imposibilita que las personas afrocolombianas accedan a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, información, entre otros. De acuerdo con el DANE (2018), solo el 14% de la población negra en Colombia cuenta con educación superior y la mayoría (31,3%) solo culminó estudios de básica primaria. A esta preocupante radiografía se suma el hecho de que, según la CEPAL (2020), el 47,8% de las personas afrocolombianas se encuentran bajo la línea de pobreza. En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, emitida por Naciones Unidas, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se afirma que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el derecho a la libertad expresión y asegurar el respeto de derechos como la educación, salud y trabajo. Que los territorios y poblaciones afros puedan estar conectados no solo abre oportunidades, sino que también da la posibilidad de que se garanticen los derechos fundamentales de esta población y se pueda obtener un balance de movilidad social igualitaria y equitativo frente al resto del país.

¿Qué está pasando en Buenaventura?

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Los enfrentamientos entre las grupos armados locales mantienen confinados y en medio de la zozobra a miles de personas en la zona de Baja Mar del Distrito. Este martes, unidades de la policía de Buenaventura fueron hostigadas por más de dos horas por grupos al margen de la ley, en los barrios Kennedy, San Luis y Juan XXIII. “En el marco de las confrontaciones que se viene librando por parte de los “Shotas” y los “Espartanos” de la organización multicrimen la “Local”. (…) En el barrio Juan XXIII del Distrito de Buenaventura se presentó un intercambio de disparos entre estas dos estructuras (…) por lo cual se genera una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y la Armada Nacional que permitió oportunamente las circunstancias protegiendo la vida e integridad de los moradores”, manifestó en un comunicado Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura. Así reportaron la emergencia algunos/as lideres/as de la ciudad en sus redes sociales: Los Shotas y Los Espartanos son dos facciones armadas de La Local, un grupo multicrimen descendiente de las estructuras narco-paramilitares que cooptaron y formaron a toda una generación de niños y niñas bonaverenses en las lógicas de la guerra desde mediados de la década del 2000. Estas bandas también han capitalizado el resentimiento, la rabia o el ánimo de venganza de algunos jóvenes cuyos familiares o amigos han sido víctimas del mismo ciclo de violencia. “Ante la ausencia de oportunidades educativas y de empleo en la ciudad, los actores armados se convirtieron en los principales agentes socializadores para estas nuevas generaciones de bonaverenses”, señala la Comisión de la Verdad. De acuerdo con la Defensoría, en el último año, tanto Los Shotas como Los Espartanos han incrementado sus presiones para que niños, niñas y adolescentes se unan a cada una de las organizaciones criminales. Estos grupos ejercen control territorial en 40 barrios y nueve veredas donde se disputan el control de las rutas del narcotráfico, cobran extorsiones y envían mensajes a través de homicidios selectivos y actos de violencia basada en género. Los reportes de las autoridades señalan que en Buenaventura también hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Comando Coordinador de Occidente, a través de la Columna Móvil Jaime Martínez, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Fuerza Unida del Pacífico (FUP) y Defensores del Pacífico. Exigimos al Estado desarrollar acciones efectivas para garantizar la “vida digna”, la seguridad y los derechos humanos de la población afro de Buenaventura. Reitaramos que Estado Colombiano tiene la tarea de impulsar políticas públicas antirracistas, que promuevan la igualdad material y la desarticulación de las formas sistemáticas de violencia que afectan a la población afrodescendiente, sobre todo a los jóvenes.

Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

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Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial en América Latina El documento aborda la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina En América Latina ser una persona afrodescendiente significa transitar la vida en situación de desventaja. Ser una mujer afro descendiente implica hacerlo en situación de doble desventaja. Pese a la poca información estadística existente, se estima que los grupos afro (y en particular, las mujeres afro) tienen un menor acceso a la educación de calidad y menores probabilidades de conseguir un empleo formal en comparación con las personas no afro. Aun cuando se observa a las personas afro que acceden al empleo, en general sus salarios son más bajos en comparación con las personas no afro. En este contexto, las políticas fiscales no son neutrales. Los Estados tienen la obligación de recaudar recursos y asignar presupuesto con el fin de diagnosticar, visibilizar y compensar las desigualdades de facto a las que las poblaciones afro se ven sometidas. Parte de la problemática estructural de pobreza y desigualdad que afecta a estos grupos se explica por la falta de políticas fiscales enfocadas en asegurar una reparación histórica y el cumplimiento de programas destinados a garantizar el acceso a sus tierras ancestrales. Te invitamos a leer este documento, donde junto con ILEX Acción Jurídica abordamos la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Con apoyo en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, nos referimos al deber de los Estados de realizar esfuerzo fiscales para invertir en sistemas estadísticos robustos, desarrollar las capacidades técnicas profesionales de la población afrodescendiente, incentivar el desarrollo de empleos en zonas productivas donde se encuentra la población afro, garantizar el derecho al territorio, y asegurar su reparación simbólica, económica y memorial. Finalmente, establecemos algunas recomendaciones para los distintos actores que influyen tanto en los procesos de evaluación y formulación de la política fiscal, como de políticas destinadas a garantizar los derechos de las poblaciones afro descendientes. Aquí puedes descargar el documento y aquí puedes acceder a un artículo sobre el mismo.

Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina

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La nube de la justicia racial aún brisa distante de América Latina. Los niveles de pobreza e insatisfacción de la garantía de los derechos de la población afrodescendiente son desproporcionados en comparación con las personas no afros. Este constrasentido estaría ligado a la falta de políticas fiscales que atiendan las necesidades de este grupo que representa el 30 % de la población total de región, y a su exclusión histórica de los espacios de participación e incidencia en las decisiones sobre la destinación de recursos y la definición del gasto público. La radiografía es desalentadora. De acuerdo con datos consignados en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), realizado por ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, las personas afrodescendientes tienen menos probabilidades de obtener un empleo digno, devengan menores salarios que las personas no afro, y presentan dificultades para acceder a sus derechos territoriales en países como Brasil y Colombia. Ante este panorama transnacional de inequidad, afirma el documento, la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, ayudaría a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente en la región. Estos cambios se lograrían por medio de asignaciones presupuestales, gestión del gasto público y transferencias, impuestos directos, entre otras acciones dentro de la política fiscal. Los planteamientos del análisis representan un valioso aporte para la implementación de políticas fiscales progresivas en los Estados que, en cumplimiento de lo acordado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometan a tomar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de esta población. El documento propone varias medidas fiscales fundamentales para transformar las realidades de las personas afrodescendientes y alcanzar la justicia racial en América Latina. Entre ellas se encuentra invertir en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial; incrementar y desarrollar las capacidades técnicas y profesionales de esta población; invertir en programas de investigación e innovación que fomenten el desarrollo; e impulsar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo, al territorio y a la reparación simbólica, económica y memorial de esta población. No obstante, se sugiere que la implementación de estas medidas debe estar ligada a un proceso de fortalecimiento y reforma de los sistemas tributarios la región, con el fin de lograr un aumento del recaudo vía progresividad de los sistemas tributarios, teniendo en cuenta la equidad vertical y el rol redistributivo, para garantizar la equidad tributaria. En viñetas: La importancia de la política fiscal para alcanzar la justicia racial L La política fiscal y las mujeres afrodescendientes Las mujeres afrodescendientes son las más afectadas y rezagadas por la desigualdad y las brechas sociales en América Latina. De acuerdo con el documento, este grupo poblacional se encuentra sobrerrepresentado en los sectores más vulnerables y las políticas fiscales regresivas de los países de la región afectan desproporcionadamente a las que tienen ingresos precarios y están en situación de pobreza. Para ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, la situación de desigualdad que experimentan las mujeres afrodescendientes, debe ser analizada teniendo en cuenta la intersección entre raza y género en el goce de sus derechos. Este enfoque implica distinguir los impactos diferenciales que tiene la política fiscal en los contextos donde las brechas se amplían con respecto a estas categorías y reconocer el rezago de este grupo poblacional tanto en la participación de su formulación, como en las medidas concretas sobre cómo esta puede aminorar las discriminaciones históricas. En este sentido, se sugiere a los Estados implementar una política fiscal orientada a superar las desigualdades que afectan a las mujeres afrodescendientes y que movilice recursos que financien políticas públicas que puedan ayudar a garantizar su autonomía, ante las desventajas históricas acumuladas. Ahora bien, aunque en el texto solo se habla de mujeres afrodescendientes, por la complejidad que podía llegar a tener el mismo, se reasalta la necesidad de pensar en la población afro LGBTIQ+ y su relación con la política fiscal, denotando la invisibilidad de datos en este tema. ¿Cómo garantizar los derechos de las personas afrodescendientes por medio de la política fiscal? El documento presenta siete anotaciones generales para la implementación de políticas fiscales con enfoque diferencial: Las recomendaciones El documento plantea algunas recomendaciones generales que los Estados de América Latina podrían poner en práctica con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente y alcanzar la justicia racial en la región. La primera de ellas consiste en consolidar la visibilidad estadística de la población afrodescendiente, es decir, que en todos los instrumentos de recolección de información se incluya la variable de autorreconocimiento para captar la pertinencia étnico-racial. Esta herramienta ayudaría a los gobiernos a focalizar mejor los recursos necesarios para superar las brechas existentes entre grupos poblacionales, en especial las personas afrodescendientes. De igual forma, se sugiere construir políticas fiscales que no estén basadas en impuestos indirectos y promover la participación, acceso a información y rendición de cuentas de cada uno de los rubros de asignación y de gasto. Así mismo, se recomienda a los gobiernos, una vez implementados los presupuestos con enfoque étnico-racial y diferencial, socializar la funcionalidad de esta política fiscal y así mismo garantizar la participación representativa de dicho grupo poblacional en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Finalmente, el documento recomienda a las instituciones cívicas, organizaciones sociales o fundaciones, entre otras instituciones, realizar un seguimiento de las intervenciones en materia fiscal con el fin de llegar a una veeduría de dichos proyectos, pues este tipo de organizaciones tiene las herramientas para la generación de una visión crítica sobre las necesidades de la población afrodescendiente y la garantía de los derechos humanos. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde …

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Corte Constitucional reconoce que el Censo del 2018 vulneró los derechos de la población afrocolombiana y ordena tomar medidas para mitigar impactos

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Las organizaciones tutelantes celebramos esta decisión en favor de la garantía de los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes. La Corte Constitucional reconoció este martes las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente acaecidos por la invisibilización estadística en el Censo 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE). A través de la sentencia T-276 de 2022, la Corte resolvió la acción de tutela interpuesta por ILEX Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras “Mano Cambiada”, la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), así como un grupo de personas afrocolombianas individualmente consideradas. Este proceso de litigio contó además con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. De acuerdo con la Sala Primera de Revisión, una variedad de factores, incluyendo errores cometidos por el DANE durante el proceso de ejecución del Censo 2018, dieron lugar a la disminución significativa en el número de personas contabilizadas como afrodescendientes, vulnerando así los derechos fundamentales a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, a la información de calidad y a la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población. (Te recomendamos leer:ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018) Este “daño irreversible” en la visibilización estadística de las comunidades afrocolombianas, asegura la Corte, afecta el “reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana” y “obstruye el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas”. Cabe recordar que en la acción de tutela decidida por la Corte Constitucional las organizaciones tutelantes advertimos que en los resultados del Censo de 2018 el número de personas afrocolombianas contabilizadas disminuyó de 4´311.757 a 2´982.224 en relación con el Censo de 2005, lo que representa una reducción de 30.8% de esta población en el país. Esta situación desconoce el derecho del pueblo afrocolombiano de ser contabilizado adecuadamente en las estadísticas oficiales y puso en grave riesgo sus derechos económicos, sociales y culturales, para cuya materialización se requiere contar con datos estadísticos de calidad sobre los grupos étnico-raciales. (También puedes leer: INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA LLEGA A LA CIDH: ¿QUÉ SE ARGUMENTÓ EN LA AUDIENCIA PÚBLICA?) Además, argumentamos que las medidas correctivas adoptadas por el DANE, a manera de estimaciones estadísticas, no subsanaron completamente el impacto de estos errores en los derechos fundamentales de la población afrodescendiente. Con la sentencia T-276 del 2022, la Corte Constitucional sienta un precedente histórico para el país al exhortar al DANE a realizar, en un plazo de diez meses, un estudio que “evalúe de manera sistemática y comprensiva” las causas que dieron lugar a la disminución en la identificación de la población afrodescendiente en los tres últimos censos. De igual forma, se le ordena a la entidad diseñar un Plan Integral de Preparación para el Censo en materia de identificación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y evaluar y discutir con esta población, en el marco del Espacio Nacional de Consulta Previa, “la viabilidad, riesgos y conveniencia de incluir en la próxima Encuesta de Calidad de Vida un piloto de criterio de heterorreconocimiento en su operaciones estadísticas”. Las organizaciones accionantes celebramos esta decisión en favor de la garantía de los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes y reiteramos que la ausencia de información estadística confiable y de calidad sobre esta población es un elemento clave de la situación discriminación estructural que experimenta la población afrodescendiente que, en muchos casos, vive el racismo no a través de actos directos de exclusión sino por medio de situaciones estructurales de invisibilización. Así mismo, invitamos a las entidades de control y a la sociedad colombiana a hacer seguimiento al cumplimiento del fallo. ILEX ACCIÓN JURÍDICA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ECONOMISTAS NEGRAS “MANO CAMBIADA” CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS-PCN ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL NORTE DEL CAUCA (ACONC) ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS (AFRODES) CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS (CNOA).

Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes

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Conferencia dictada por Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, durante la Semana De La Inclusión Trust. En el marco de la Semana De La Inclusión Trust, Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, dictó la conferencia “Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes.” En el espacio se abordaron las principales barreras que las personas afrodescendientes experimentan en el acceso al trabajo en el país y América Latina. Te invitamos a ver la conferencia completa:

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