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Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso

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En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente. En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó. [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321

‘Con esa cara hay que requisarla’: hablemos del racismo contra personas afro en supermercados

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Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes. Esta semana, la artista Cary Sol denunció haber sido víctima de un acto de discrminación racial en una tienda de la marca de ropa Bershka, en Bogotá. La joven relató haber sido perfilada y requisada sin motivo alguno por la vigilante del establecimiento, quien posteriormente la agredió con comentarios racistas. La artista también denunció haber sido víctima de abuso policial por parte de los agentes que la esposaron y retuvieron injustamente tras salir de la tienda. No es un caso fortuito. Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes y las persiguen injustamente con vigilancia y llamadas a la Policía, a pesar de que las estadísticas muestran que las personas que roban en tiendas provienen, por igual, de todas las razas*. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Consumer Culture (2020), el 80% del total de personas afrodescendientes encuestadas en Estados Unidos afirmó haber experimentado actos de discrminación racial mientras compraba en alguna tienda. Este sesgo “anti-afros”, además de ser un delito, impacta negativamente las experiencias de compras de las personas afrodescendientes, quienes a menudo perciben que son perfiladas según estereotipos raciales y sujetas a un mal servicio y trato inferior por su color de piel. La investigación también señaló que hay dos estereotipos ligados a esta forma de perfilamiento racial. El primero es la asociación del crimen con la “negritud”. Las personas afrodescendientes suelen ser vistas como “ladrones potenciales” y señaladas como criminales. El segundo es la asociación de la pobreza con la “negritud”. Se considera que las personas afrodescendientes son demasiado pobres y no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para realizar una compra en un determinado local comercial. También se han conocido casos de trabajadores de supermercados, farmacias, boutiques y grandes almacenes que han establecido códigos para alertar a los vendedores sobre el ingreso de personas afrodescendientes al establecimiento. Continuamente, las personas afrodescendientes están sujetas a prácticas de seguridad innecesarias como el registro de sus bolsos al salir de una tienda después de haber realizado una compra, mientras que los clientes blanco-mestizos no suelen ser sometidos a registros similares. Para tener en cuenta: Actos de discriminación racial como los denunciados por Cary Sol corresponden a conductas delitivas sancionadas por el Código Penal colombiano con penas que varían entre los 12 y 36 meses de prisión. Además, reiteramos a los miembros de la Policía que no pueden utilizar más fuerza de la estrictamente necesaria para lograr la protección del orden público, ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones.

COLOMBIA AFRO: ¿CUÁNTXS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS?

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El problema de la falta de información estadística veraz y confiable El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV 2018), dejo varias preguntas sobre la visibilización estadística de la población afrodescendiente. Los resultados del ejercicio censal dieron a conocer que la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera era de 2,98 millones de personas, es decir, hubo una reducción 30,6% en comparación con los resultados del Censo General de 2005. Desde ese momento, organizaciones afros, universidades, entre otros actores, han mostrado su inconformidad con respecto a los resultados del Censo. No obstante, ejercicios posteriores del DANE, como la Encuesta Nacional de Calidad de 2018 (ECV 2018), concluyó que en Colombia hay un total de 4,67 millones de personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Este resultado representa un crecimiento poblacional del 8,3% en comparación con el Censo General de 2005; y agrupa el 9,34% de la población total nacional. En este sentido, tener una amplia visibilidad estadística de la población afrodescendiente permitirá contar con insumos coherentes para la garantía de la toma de decisiones en pro de los derechos humanos y el cierre de brechas de este grupo poblacional. A continuación, presentamos los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 y de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, dos ejercicios estadísticos desarrollados por el DANE. ¿Qué dicen los datos? De los 4,67 millones de personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, hay 2,35 millones de mujeres (50,4%) y 2,32 millones de hombres (49,6%). En cuanto a los grupos de edades, el 28,7% de la población está entre 0 y 14 años, seguido de las personas que están entre los 15 y 64 años que agrupan el 64,9% de la población total, y un 6,4% de ellos y ellas es mayor a 64 años. ¿En cuáles departamentos estamos? El 30,4% de personas negras, afrodescendientes, raizal y palenquera se concentran en Valle del Cauca (1.421.601), seguido de Bolívar con el 16,2% (758.988) y Antioquia con el 12,8% (599.220) según las estimación desde la Encuesta de Calidad de Vida de 2018; es decir, estos tres departamentos agrupan el 59,2% de la población afrodescendiente del país. Así mismo, se evidencio que 26 municipios no cuentan con participación de esta población. El 66,7% de la población vive en las cabeceras municipales, el 33,3% restante en zonas rurales. En el Censo de 2018 el promedio de personas afrocolombianas por hogar fue de 3,29. El promedio nacional es 3,1. ¿En qué estratos nos concentramos? El 66,1% de los hogares con jefatura negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se concentran en el estrato socioecónomico 1, seguido de un 20,1% que está en el estrato 2. El 0,8% se concentra en los estratos 5 y 6. ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Y el acceso a la educación? El 91,9% de la población afrodescendiente sabe leer y escribir, mientras que un 8,1% afirma no saberlo. Así mismo, se observa que las personas sin ningún grupo étnico tienen mejores resultados en cuando alfabetismo, en ambos sexos. Primaria y Secundaria (agrupados) es el nivel educativo con mayor participación dentro lapoblación negra, afrodescendiente, raizal y palenquera con el 50,5%, seguido de mediacon el 25,1%; y en menor medida está la educación superior (7,4% tecnólogos y 6,7%universitarios) y 1,8% a nivel de posgrado. Se evidencia que el 6,1% no tiene ningún niveleducativo. ¿Cómo estamos ocupados? Pobreza y necesidades Básicas Insatisfechas La proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas está en la zona rural, sin embargo, para ambas zonas geográficas el componente de servicios, observando que el 13,7% de las personas en la cabecera municipal y el 15,1% de las personas en la zona rural carecen de sanitario y acueducto. Además, según el Censo, el 39,7% de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera esta en situación de pobreza multidimensional. ¿Qué dicen las estadísticas de la CEPAL sobre la población afro en Colombia?

De pe a pa: 5 libros para entender los orígenes del racismo estructural en Colombia

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Estos libros exponen los hilos entre el legado colonial y las formas estructurales de discriminación racial que deshumanizan a la población indígena y afrodescendiente en América. Las claves de América, Manuel Zapata. En su radiografía del mestizaje en América, Manuel Zapata Olivella cava en las profundas heridas de la historia de la población afrodescendiente en este continente. En el ensayo, el autor viaja por los mundos de las culturas a las que pertenecían las personas africanas que fueron esclavizadas y posteriormente sometidas a la mayor empresa de aculturación de la historia. Zapata Olivella desenreda los hilos de un sistema capitalista industrial europeo y de comercio mundial que nació a partir de la trata esclavizante y el sometimiento a indígenas y mestizos americanos. Además, expone cómo ese legado colonial es el principal responsable de las formas estructurales de discriminación racial que deshumanizan a la población indígena y afrodescendiente en América. Link de descarga. Ensayos escogidos de Rogerio Velásquez Los ensayos escritos por el chocoano Rogerio Velásquez, uno de los pioneros en los estudios afroamericanistas en Colombia, son un material fundamental para entender los procesos de formación de la nación colombiana y las flagrantes injusticias en las que ella se funda. En sus textos sobre historia, etnografía, y literatura y narración oral, Velasquez describe al territorio chocoano y a sus masas de afrodescendientes aislados y abandonados a su suerte por un Estado que ha condenado a esta población a la exclusión de los beneficios del desarrollo económico. Los ensayos también son una ventana a las expresiones culturales de las comunidades afrocolombianas. Link de descarga. Antología de mujeres poetas afrocolombianas La Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas reúne la obra de 58 autoras de todo el país y ha sido catalogada como la recopilación más “amplia y completa” de poetas afrocolombianas nacidas entre 1940 y 1980. Las autoras que hacen parte de la antología marcaron el nacimiento de un movimiento literario feminista que dialoga simultáneamente con las intersecciones identitarias del racismo, el cisheteropatriarcado y el capitalismo. En sus composiciones, la memoria de la diáspora y el cuerpo son el lugar de producción de su poesía porque en ellos se entrelazan, irremediablemente, las estructuras de opresión etnica y sexo-genericas de nuestro mundo occidental. De igual forma, además de seguir el camino empedrado de los “autoras-pueblo” que desafían el silenciamiento de los grupos étnicos históricamente subordinados, las poetas presentan en sus obras un discurso que construye y asume una identidad de mujer afrocolombiana, y que ayuda a fortalecer las ideas de identidad al transformar la memoria colectiva de sus comunidades en literatura. Link de descarga. Negro ni mi caballo, historia del racismo en Colombia Sergio Antonio Mosquera explica cómo el racismo ha pretendido naturalizar una desigualdad social como categoría congénita y biológica, para justificar un orden de dominación y explotación. De acuerdo con el autor, este racismo le confiere a la gente afrodescendiente unas representaciones que abarcan desde aspectos físicos, morales, psíquicos e intelectuales, con el objetivo de asignarles un lugar inferior en la jerarquía racial que permitiera la explotación, la dominación y la la segregación. Fronteras imaginadas Alfonso Múnera ofrece en sus siete ensayos un conjunto sistemático de conocimientos y reflexiones sobre cómo un grupo de intelectuales construyó en la república del siglo XIX un pensamiento dominante sobre la nación colombiana, de profundas connotaciones racistas, que convirtió a negros e indígenas en seres inferiores y a las costas caribe y pacífico en territorios marginales y negados para el progreso.

¿Marica quién? Marica tú. Marica yo. Marica, ¡jaja!

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Por: Dayana Blanco Acendra – Directora general de ILEX Acción Jurídica. Esta canción y la lucha por la resignificación del lenguaje nos recuerdan que en este campo también hemos librado una batalla histórica, constante que sigue viva. En 2008, el dúo Los Morancos, lanzó su éxito “Marica tu”. Un hit en Latinoamérica, obviamente. Esta canción es una pretendida parodia del tema “Dragostea Din Tei”, cuya letra y video logran una accidentada y perfecta mezcla entre la burla constante de esta sociedad homófoba, sexista y misógina, y nuestro deseo de una vida digna y libre. Las personas con orientaciones sexuales y de género diversas, vemos pasar nuestra niñez, adolescencia y vida adulta entre el sonsonete del “fiesta, fiesta pluma, pluma gay” y la lucha constante por nuestros derechos, en las calles, la guerra, la academia, el trabajo y hasta en nuestras familias. Yo también bailé esa canción en mi adolescencia e hice coreografías con mi amigos homófobos. Cobarde me llamarán ustedes, superviviente me nombraré porque acá estoy echando el cuento. El duo Los Morancos usó la palabra “Marica” para darle fuerza a su parodia, porque como tal, debían imprimirle ese tono burlesco a la letra del tema que se convertiría en hit. No nos duele, ya nos dolió suficiente. Esta canción y la lucha por la resignificación del lenguaje nos recuerdan que en este campo también hemos librado una batalla histórica, constante que sigue viva. Parte de esa lucha ha implicado que nos nombremos, que nos reconozcamos como areperas, machorras, travestis, queer, maricas y que nos apropiemos de los términos con los que históricamente nos han violentado para quitarles poder sobre nosotras/os/es. “Tortillera”, “mariana men”, “cagá”, “paloma cojo”, “bajito e sal”, “Sapatão” en Brasil entre otros, son algunos nombres con los que nos han llamado intentando burlarse pero acá seguimos orgullosas y mariquísimas. Mariquísima es una palabra esdrújula que bien podría servir de ejemplo en las clases de gramática de las escuelas pero el país apenas se prepara para esa discusión. Con bastante razón, colectivas y movimientos barriales y comunitarios de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas vienen acercándose a los términos que han marcado su existencia desde sus contextos empobrecidos y quieren resignificar y apropiar para darle su propio sentido: marica, machorra, arepera, travesti. Le están quitando poder a la violencia de la palabra sin contexto y se están alejando de la sigla LGBT, que si bien ha jugado un papel importante en la lucha de esta población ha sido tomada de experiencias del norte global que no retratan con precisión las experiencias de partes del mundo donde habita la marica empobrecida. En estos momentos de cambios y convulsiones quienes pretenden, así sea en un ataque de corrección política, estar a la altura del tiempo que les obliga, quizás se incomoden por la cantidad de letras que tiene la sigla LGBTQIA+, o se pregunten cómo nos deben llamar, o se cuestionen por el desparpajo de nuestra enunciación, pero verán, la palabra nos nombra y confirma que existimos. Ahora, la palabra debe atender a la realidad de nuestra existencia. Como la cultura, el lenguaje debe transformarse con nosotras/os/es. La palabra describe a la sociedad y su tiempo. ¿Cómo deben llamarnos? Como nosotras/os/es les decimos que nos nombren, con el nombre que nosotras/os/es nos hemos dado. Y esto no aplica solo para nuestra orientación sexual, también para nuestra identidad de género. Si la persona que está a tu lado te dice que se llama Juan y sin cuestionarlo le llamas Juan, ¿por qué si Juan te dice que su pronombre es “elle” buscas explicaciones? Su nombre es Juan y su pronombre es elle, sencillo, no te compliques. Si Juan te dice que además de que su pronombre es ella, se considera una marica, no te compliques: es Juan, su pronombre es elle y es una marica. No cuestiones a Juan, ni sus decisiones, ni la manera en la que decidió habitar el mundo, ese no es tu problema y tampoco tienes derecho a cuestionarlo. La batalla por la resignificación y la apropiación del lenguaje abarca la orientación sexual y él género no ha sido fácil en esta sociedad. Sobre la importancia de los pronombres, de no asumir el género de la otra persona, habrá que escribir otro texto. Por lo pronto diré que si nos despojamos de la equivocada idea de creer que tenemos derecho a nombrar a la otra persona en su orientación sexual y su género o a opinar sobre ello, seremos más felices. Y si no sabe pregunte. Si usted ve a Juan y no sabe si es hombre o mujer, en la forma en la que esta sociedad le ha enseñado, pregúntele a Juan con qué pronombres se identifica, si no, simplemente llámele Juan y no asuma que es “él” o “ella”. Tampoco siga usando despectivamente la palabra “marica”, hay una legión de maricas construyendo esta nación, gente que merece respeto y que está dispuesta a exigirlo.

De la resistencia a la esperanza: Francia Marquez, la primera mujer afro vicepresidenta de Colombia

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La llegada de la abogada y lideresa caucana a la vicepresidencia de Colombia representa un hito histórico en la lucha por la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. Francia Elena Márquez Mina, la primera mujer afrodescendiente electa como Vicepresidenta de Colombia, nació el 1 de diciembre de 1981 en la vereda Yolombó, del municipio de Suárez (Cauca). Fue allí, en compañía de su comunidad, donde floreció el Ubuntu de su lucha incansable por la defensa del territorio y el cuidado de la naturaleza, dos banderas que impulsaron su carrera política y sembraron su camino hacía el segundo cargo más importante del país. Su activismo e incidencia social, política y comunitaria ha estado marcado por la defensa del territorio, de la “Casa Grande”, como espacio de vida. Además, ha luchado por el reconocimiento de los derechos inalienables de los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas del país. “A los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de las resistencia y de la esperanza”, dijo Francia Márquez en su discurso victorioso del pasado domingo. Y agregó: “Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los y las nadie de Colombia”. La llegada de la abogada y lideresa caucana a la vicepresidencia de Colombia representa un hito histórico en la lucha por la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente porque, como asegura la activista Angela Davis, “cuando mujeres negras como Francia Márquez avanzan, el mundo avanza con ellas. Como mujeres negras siempre hemos luchado por el resto de las personas”. Francia Márquez, galardonada con el Premio Goldman (2018), representa las luchas de miles de “nadies” que siguen reclamando al Estado la protección y garantía de su derecho a “vivir sabroso”, a una vida digna. Su experiencia de vida da cuenta de la resistencia, ancestralidad y sabiduría de la población afronortecaucana que continúa trabajando incesablemente por la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos humanos para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones de vida. “Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación, vamos por la paz sin miedo, vamos por la dignidad, por la justicia, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de nuestra comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de nuestras casa grande, vamos juntos a erradicar el racismo”, exclamó en su discurso la vicepresidenta electa.

Alerta en San Cipriano: minería ilegal estaría envenenando reserva forestal del Pacífico

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Desde hace tres meses las comunidades negras que habitan en la reserva natural de San Cipriano, en Buenaventura, comenzaron a percibir que el agua bajaba de las montañas con un color cobrizo alarmante. Al poco tiempo comprobaron que sus sospechas eran ciertas. La plaga de la minería ilegal llegó a la cuenca de los ríos Escalarete y San Cipriano, dos arterías fluviales de esta área de conservación regional de 8.564 hectáreas, reconocida por su riqueza hidrológica y por estar situada en el corazón de la selva del Litoral Pacífico, la cuarta zona más húmeda y lluviosa del mundo. “Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”, afirmó a finales de abril el alcalde de Buenaventura, Victor Vidal, tras realizar sobrevuelos en la zona y practicar pruebas de laboratorio en la fuente hídrica que abastece a los más de 432 mil habitantes del Distrito. “Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”. Los hallazgos son preocupantes. De acuerdo con la Corporación Regional del Valle del Cauca (CV), aunque en la zona no se encontraron retroexcavadoras, sí había implementos para la para la explotación de oro por medio de un sistema de cúbicos, el cual también genera graves afectaciones ambientales al ecosistema. “Sobre esto llevamos once informes que se han entregado a la Alcaldia”, aseguró Edgar Sevilla, director general de la región Pacífico Oeste de la CVC. El funcionario invitó a las autoridades a “redoblar la vigilancia e implementar las acciones necesarias que permitan mejorar las condiciones ambientales de este ecosistema de vital importancia para el Distrito”. Aunque estas pruebas ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación, los habitantes de las zonas de San Cipriano, Córdoba y Bodega temen que sus afluentes corran con la misma suerte de los otros ríos que han sido envenenados por el mercurio a lo largo y ancho de la región Pacífico. El pasado 10 de junio las autoridades incineraron las retroescavadoras utilizadas en dos minas ilegales para la explotación del oro ubicadas el sector de Yanobajo, a 37 kilómetros de la reserva forestal de San Cipriano, y que pertenecerían a la disidencia Jaime Martínez de la extinta guerrilla de las Farc. Ante las alertas, la Secretaría de Salud distrital y el operador del acueducto (SAAAB) han aumentado el monitoreo y las pruebas de laboratorio que realizan en el cauce del río Escalerete. Se espera que los resultados de los estudios sean conocidos a finales de este mes. Una práctica que está envenenando a los ríos del Pacífico De acuerdo con el último informe (2021) de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 35 % de las minas explotación de oro del país se encuentran en la Reserva Forestal del Pacífico, que alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta. La práctica posee al menos 43.325 hectáreas en jurisdicción de los Consejos Comunitarios de Mayor del Cantón de San Pablo (ACISANP), Mayor del Medio Atrato (ACIA) y ACADESAN. Estos dos últimos presentaron un incremento de evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) del 9 % y el 12 %, respectivamente, en comparación con el año anterior. Investigadores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han denunciado que en el Pacífico las operaciones mineras ilícitas arrasan con amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad de esta región. Además, durante la explotación, los mineros ilegales utilizan mercurio y otros productos químicos que “envenenan los ríos, las especies que viven en ellos, y los humanos cuya alimentación y sustento depende de éstos”. La organización advierte, además, que organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la guerrilla de las FARC, seducidas por los altos precios del oro, “supervisan directamente las operaciones mineras ilegales”, “extorsionan a los mineros” y “utilizan oro extraído ilegalmente para lavar dinero derivado del tráfico de drogas”. Fueron estas afectaciones al ecosistema y a la salud de las comunidades étnicas de estos territorios las que llevaron a la Corte Constitucional a reconocer hace siete años, mediante la Sentencia T-622 de 2016, al río Atrato, su cuenca y afluentes como “una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. Para la Corte, “las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres de las comunidades étnicas asociados a la biodiversidad”. Por ahora, los habitantes de Córdoba, San Cipriano que reciben gran parte de sus ingresos gracias al turismo ecológico que se práctica en la zona, esperan que esta fiebre enervante del oro no termine socavando aún más la biodiversidad de sus territorios.

Invisibilidad estadística llega a la CIDH: ¿qué se argumentó en la audiencia pública?

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Organizaciones afro señalamos el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. “Los afrodescendientes que no han sido cubiertos por censos anteriores son invisibilizados actualmente. Si quisieran pedir sus derechos no podrían porque no hacen parte de la población reconocida de Colombia”, manifestó la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette Macaulay, tras escuchar este miércoles los argumentos presentados en una audiencia pública citada por ILEX Accción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N). Durante la audiencia las organizaciones expusimos la grave situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con esta institución, la población contabilizada como afrodescendiente se redujo en un 30,8% entre los últimos dos censos. Se pasó de 4.311.757 personas censadas como afrodescendientes en el 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (También puedes leer: CIDH escuchará a organizaciones afro por invisibilidad estadística en censo) Para Daniel Gómez, director de la línea de Representación de ILEX Acción Jurídica, “la ausencia de información estadística veraz y confiable sobre la población afrocolombiana es un elemento clave de la situación discriminación racial estructural que experimenta esta población en el país. Si bien durante las últimas tres décadas se han hecho avances significativos respecto al reconocimiento de la diversidad étnico-racial en América Latina, la invisibilidad estadística sigue siendo un reto enorme para combatir del racismo y la discriminación racial, puesto que impide el goce pleno de los derechos humanos para la población afrodescendiente.” En la intervención también se señaló el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. “Es claro que los censos constituyen actos administrativos con altas implicaciones entre poblaciones y territorios étnicos, en la medida que con la información estadística se toman decisiones de orden fiscal y se definen las políticas públicas, en ambos casos con efectos directos en diversos aspectos de la vida de familias y comunidades”, argumentó Jader Gomez, representante del Proceso de Comunidades Negras (PCN). De acuerdo con Gómez, durante la ejecución del Censo se vulneraron los derechos de las comunidades negras porque “la participación de los directamente involucrados es necesaria en la manera como se planifican y se ejecutan ejercicios estadísticos como los censos, encuestas y demás estudios que involucren población de grupos étnicos, y es en este sentido que la Consulta Previa emerge como derecho fundamental en torno a la producción de estadísticas.” (Recomendamos el artículo: Comunidades afrodescendientes llegan a la CIDH por invisibilidad en el país) El diagnóstico de Glenda Palacios, cofundadora de la Asociación Colombiana Economistas Negras, fue contundente:”El DANE no tuvo solo errores con la variable étnica sino con las variables como asistencia escolar, fecundidad y vivienda”, manifestó. De igual forma, afirmó que las personas que hicieron las encuestas “no solo presentan unos sesgos implícitos sino también unos sesgos explícitos. Y fue muy claro en el informe que presentaron los auditores de cómo los encuestadores no hicieron las preguntas éticas durante los primeros meses del Censo. Pero el DANE ya sabía todos esos problemas porque estamos en una sociedad racista y ellos no hicieron nada para evitar esos problemas”. Te recomendamos leer: ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018) La audiencia también contó con la intervención del director del DANE, Juan Manuel Oviedo, quien explicó las acciones implementadas por esa institución para intentar remediar los daños derivados por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente, especialmente en un contexto como el de la pandemia por el coronavirus del Covid-19. El espació abrió un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos.

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

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ABC de derechos territoriales y titulación colectiva ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios. “La titulación colectiva es un derecho fundamental para los pueblos negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, por eso yo titulo mi propiedad”, se lee en la pared lateral de una vivienda anclada al Consejo Comunitario de Villa Gloria, en el norte del Cartegena. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios, garantizando así la materialización del derecho fundamental colectivo al Territorio y la aplicación efectiva de la igualdad en el plano formal y material. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en la actualidad hay por lo menos 401 comunidades del país en espera de trámite y culminación de titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos resultados evidencian un estancamiento de los avances en lo que refiere a la protección del Estado de los derechos territoriales y la diversidad étnica y cultural de Colombia. En este contexto, ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Nuestro documento tiene tres unidades, en los cuales hacemos un recuento de conceptos y definiciones básicas; presentamos el paso a paso para su formalización haciendo énfasis en las etapas en las que la comunidad interviene de manera más activa, además hacemos énfasis en algunos obstáculos que se han identificado para la materialización de este derecho, aterrizados en casos específicos del Caribe, como una breve reflexión sobre las implicaciones del Covid-19 en el contexto actual. También presentamos una caja de herramientas jurídicas, a partir de la jurisprudencia colombiana, reconociendo a la Corte Constitucional como una aliada en su calidad de intérprete de la Constitución. Adicionalmente, referimos un capítulo relacionado con las afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado, los mecanismos para la protección y restitución formal y material de los derechos territoriales de las comunidades negras.

Organizaciones afro expondremos ante CIDH implicaciones por invisibilidad estadística en Censo (2018)

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Las claves: Expondremos ante CIDH la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo 2018. La disminución de un 30,8% de la población contabilizada como afrodescendiente representa una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. El Estado colombiano ha fallado en adoptar medidas que puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente. También expondremos la necesidad de garantizar la inclusión de la variable étnico-racial en bases de datos administrativas y otros instrumentos estadísticos distintos del censo. Este miércoles 22 de junio, ILEX Acción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N) expondremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La audiencia ante la CIDH se enmarca en una larga batalla jurídica emprendida por estas organizaciones, junto con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de denunciar los efectos desproporcionados y discriminatorios que representa para los y las afrodescendientes la reducción de un 30,8 % del número de personas contabilizadas como parte de esta población en el Censo (2018). De acuerdo con el DANE, se pasó de 4.311.757 personas censadas como afros en el año 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (Le recomendamos leer: ABC de tutela por invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018) Esta alarmante disminución de la población afrodescendiente en los registros oficiales que determinan las decisiones que garantizan la atención de los derechos humanos para reducir las desigualdades, representa, además, una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. De igual forma, esta situación evidencia el incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos referentes a la protección de grupos históricamente discriminados y la transparencia en la información que se recoge, sistematiza y analiza para evaluar el desarrollo de la garantía de los derechos humanos y, por enlace, de otros compromisos internacionales. Durante la audiencia, las organizaciones citantes explicaremos a la CIDH las implicaciones de esta situación para los afrodescendientes, y expondremos las deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia, en el que tener datos actualizados y desagregados resulta indispensable para poder medir impactos diferenciales que ha tenido la emergencia sanitaria de la COVID-19. Cabe señalar que, actualmente, la acción de tutela presentada por las organizaciones afrodescendientes se encuentra en revisión por la Corte Constitucional bajo radicado T8374654 y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre las repercusiones de la invisibilidad estadística para la población afrodescendiente. En dicha acción judicial, las organizaciones pedimos a la Corte Constitucional que le ordene al Estado suspender el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país, hasta tanto se realicen los ajustes correspondientes. La audiencia pública que se adelantará frente a la CIDH representa un hito importante debido a que permitirá exponer el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. Así mismo, permitirá abrir un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos. Línea de tiempo del caso A continuación, una reseña de las organizaciones Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia. La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.

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