Desde hace tres meses las comunidades negras que habitan en la reserva natural de San Cipriano, en Buenaventura, comenzaron a percibir que el agua bajaba de las montañas con un color cobrizo alarmante.
Al poco tiempo comprobaron que sus sospechas eran ciertas. La plaga de la minería ilegal llegó a la cuenca de los ríos Escalarete y San Cipriano, dos arterías fluviales de esta área de conservación regional de 8.564 hectáreas, reconocida por su riqueza hidrológica y por estar situada en el corazón de la selva del Litoral Pacífico, la cuarta zona más húmeda y lluviosa del mundo.
“Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”, afirmó a finales de abril el alcalde de Buenaventura, Victor Vidal, tras realizar sobrevuelos en la zona y practicar pruebas de laboratorio en la fuente hídrica que abastece a los más de 432 mil habitantes del Distrito.
“Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”.
Los hallazgos son preocupantes. De acuerdo con la Corporación Regional del Valle del Cauca (CV), aunque en la zona no se encontraron retroexcavadoras, sí había implementos para la para la explotación de oro por medio de un sistema de cúbicos, el cual también genera graves afectaciones ambientales al ecosistema.
“Sobre esto llevamos once informes que se han entregado a la Alcaldia”, aseguró Edgar Sevilla, director general de la región Pacífico Oeste de la CVC. El funcionario invitó a las autoridades a “redoblar la vigilancia e implementar las acciones necesarias que permitan mejorar las condiciones ambientales de este ecosistema de vital importancia para el Distrito”.
Aunque estas pruebas ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación, los habitantes de las zonas de San Cipriano, Córdoba y Bodega temen que sus afluentes corran con la misma suerte de los otros ríos que han sido envenenados por el mercurio a lo largo y ancho de la región Pacífico.
El pasado 10 de junio las autoridades incineraron las retroescavadoras utilizadas en dos minas ilegales para la explotación del oro ubicadas el sector de Yanobajo, a 37 kilómetros de la reserva forestal de San Cipriano, y que pertenecerían a la disidencia Jaime Martínez de la extinta guerrilla de las Farc.
Ante las alertas, la Secretaría de Salud distrital y el operador del acueducto (SAAAB) han aumentado el monitoreo y las pruebas de laboratorio que realizan en el cauce del río Escalerete. Se espera que los resultados de los estudios sean conocidos a finales de este mes.
Una práctica que está envenenando a los ríos del Pacífico
De acuerdo con el último informe (2021) de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 35 % de las minas explotación de oro del país se encuentran en la Reserva Forestal del Pacífico, que alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta. La práctica posee al menos 43.325 hectáreas en jurisdicción de los Consejos Comunitarios de Mayor del Cantón de San Pablo (ACISANP), Mayor del Medio Atrato (ACIA) y ACADESAN. Estos dos últimos presentaron un incremento de evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) del 9 % y el 12 %, respectivamente, en comparación con el año anterior.
Investigadores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han denunciado que en el Pacífico las operaciones mineras ilícitas arrasan con amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad de esta región. Además, durante la explotación, los mineros ilegales utilizan mercurio y otros productos químicos que “envenenan los ríos, las especies que viven en ellos, y los humanos cuya alimentación y sustento depende de éstos”.
La organización advierte, además, que organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la guerrilla de las FARC, seducidas por los altos precios del oro, “supervisan directamente las operaciones mineras ilegales”, “extorsionan a los mineros” y “utilizan oro extraído ilegalmente para lavar dinero derivado del tráfico de drogas”.
Fueron estas afectaciones al ecosistema y a la salud de las comunidades étnicas de estos territorios las que llevaron a la Corte Constitucional a reconocer hace siete años, mediante la Sentencia T-622 de 2016, al río Atrato, su cuenca y afluentes como “una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”.
Para la Corte, “las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres de las comunidades étnicas asociados a la biodiversidad”.
Por ahora, los habitantes de Córdoba, San Cipriano que reciben gran parte de sus ingresos gracias al turismo ecológico que se práctica en la zona, esperan que esta fiebre enervante del oro no termine socavando aún más la biodiversidad de sus territorios.