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Alumbradoras de vida

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El primer parto que atendió Magdalena Obregón fue “impulsivo”, trepidante, inesperado. La matrona recuerda que muy joven tuvo que alumbrar el camino del bebé de una mujer que se encontraba sola y clamando por atención médica en su rancho perdido en la selva del Pacífico colombiano. “Atendí ese parto y dije tengo que capacitarme y aprender más, porque esto, la partería, fue lo que me tocó hacer en la vida”, asegura Magdalena con el espíritu fatigado. En estos más de cuarenta y tres años que lleva ejerciendo el oficio ancestral de la partería, la matrona ha alumbrado el camino a la vida de decenas de niños y niñas en Buenaventura, y socorrido a un centenar de mujeres que, bien sea por falta de recursos o por la baja cobertura del sistema de salud en la región, no pudieron contar con acompañamiento médico durante el parto. Sin embargo, la satanización histórica de la medicina ancestral de las comunidades negras ha sometido a las parteras a ejercer su trabajo bajo la sombra alienante del racismo estructural en el país. Magdalena, vinculada a la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa), la cual agrupa a más de 254 sabedoras de la región, relató que en muchas ocasiones se sintió discriminada y pordebajeada por el personal médico de los centros de salud a donde ingresa a las madres gestantes. Que nos anexen al Sistema de Salud significa que ya nosotras estamos a la par; ya nos van a ver con otros ojos y nosotras nos vamos a sentir recompensadas”. “Que nos anexen al Sistema de Salud significa que ya nosotras estamos a la par; ya nos van a ver con otros ojos y nosotras nos vamos a sentir recompensadas”, afirma la partera haciendo referencia a la sentencia T-128 del 2022, con la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se dio en respuesta a una acción de tutela interpuesta en febrero de 2021 por ILEX Acción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la Asociación de la Red Interétnica de parteras y parteros del departamento del Chocó (Asoredipar – Chocó). De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte, el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó, al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus. La decisión de la Corte rompe con una cadena histórica de vulneraciones de las que han sido víctimas las personas que ejercen la partería a lo largo y ancho del país. Eduvina Mena Ramírez, residente en el municipio de Medio San Juan (Chocó) y una de las 1.050 parteras afiliadas a Asoredipar-Chocó, denunció que ha tenido dificultades con los médicos en los hospitales porque a ellos “no les gusta que los partos se atienden en casa. También nos ponen trabas para emitir el Certificado del Nacido Vivo”. Cergelia Hernández Angulo, partera del Corregimiento de Santa María, en Timbiquí (Cauca), aseguró que también ha sido vetada de las salas de parto de los hospitales y que en muchas ocasiones su trabajo de acompañamiento médico no ha sido remunerado por estas instituciones. Para las parteras, su vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud representa una oportunidad para combatir la alta tasa de mortalidad materna en la región porque muchas veces los centros médicos “no tienen la capacidad de saber cuándo un niño viene atravesado o con una trama”. Además, las parteras brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen. De acuerdo con una investigación de la Universidad del Valle, la tasa de mortalidad materna en la región Pacífico es de 86,1 por cada 100.000 habitantes, 11,2 puntos más que el promedio nacional: 74.9. En el departamento del Chocó, la tasa asciende a 227,4, muertes de madres gestantes por cada 100.000 habitantes. En Cauca llega a 97,1 y en Nariño a 75,9. Para el Ministerio de Cultura, los partos llevados a cabo a través de la partería tradicional, reconocida en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reafirman el vínculo de las comunidades con su territorio y constituyen un acto de confianza que afianza los lazos de solidaridad existentes entre ellos. La cartera ha señalado que “al ser conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas y otros alimentos, también brindan estos conocimientos para interpretar la salud y la enfermedad de todas las personas de la comunidad y sus servicios son una alternativa confiable, frente al sistema de salud”. Al ser conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas y otros alimentos, también brindan estos conocimientos para interpretar la salud y la enfermedad de todas las personas de la comunidad y sus servicios son una alternativa confiable, frente al sistema de salud”. Informes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han aseverado que la partería contribuye a aliviar la saturación de los servicios de salud, brinda acceso a atención en salud en aquellos lugares donde no hay puestos médicos y tiene el potencial de disminuir la violencia contra la mujer y la discriminación que las comunidades raciales pueden experimentar por parte de algunas personas del personal hospitalario. En este orden de ideas, el fallo de la Corte Constitucional representa un hito para el país porque, además de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, establece una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de …

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La masacre de Melilla y las políticas fronterizas de la muerte

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El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural. La masacre de al menos 23 ciudadanos africanos en la valla fronteriza de Melilla (España) el pasado 24 de junio de 2022, es otra dolorosa muestra de las políticas migratorias de la muerte que rigen los pasos fronterizos hacia el “primer mundo”. Las cruentas imágenes del hecho muestran a decenas de hombres africanos tendidos en el suelo, en condiciones inhumanas, después de ser asesinados por los agentes del orden cuando intentaban cruzar la valla fronteriza de Mellilla. De acuerdo con la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, de las 2.000 personas que se acercaron ese día a las inmediaciones de España, 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, consiguieron llegar y ahora se encuentran recluidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Otros inmigrantes fueron devueltos de forma violenta e ilegal, lo cual representa una clara vulneración a la legislación internacional de derechos humanos. (Te recomendamos leer: ¿Cómo incluir el enfoque étnico y de género en la actuación de la Policía?) En una carta enviada a las Naciones Unidas, firmada por ILEX Acción Jurídica y otras 63 organizaciones de la sociedad civil, advertimos que las fuerzas del orden marroquíes, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, “violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. “Violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural donde la supremacía blanca como ideología establece nuestro valor, nuestra humanidad. Las organizaciones denunciamos que “la forma en que se despojan de los derechos humanos básicos de determinados grupos raciales y étnicos se justifica bajo el “control” de la migración eludiendo las leyes antidiscriminatorias y el derecho internacional de los derechos humanos bajo la garantía de la seguridad en suelo europeo”. Miembros del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (MIEI) de la ONU calificaron la masacre de Melilla como un hecho “gravemente preocupante” y recalcaron que “todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”. Los expertos solicitaron a los gobiernos de España y Marruecos información detallada sobre el incidente y sobre parámetros internos en cuanto al uso de la fuerza y las medidas adoptadas para garantizar que no se repita una situación similar en estas álgidas fronteras. Más que preocupante, el panorama es aterrador. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014 más de 34.000 migrantes han muerto en su travesía hacia los países del “Norte Global”, de ese total, casi 24.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo. Las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones del “Norte Global” se han transformado en escenarios de barbarie, deshumanización, abuso de la fuerza, impunidad y criminalización, amparados y aplaudidos por gobernantes que implementan políticas de selección y exclusión de migrantes, en base a criterios jerárquicos de opresión y exterminio como el origen, la nacionalidad, el género y la raza. En este entramado “necropolítico”, son estas categorías las que terminan por definir la distancia entre la persona migrante y la bala. (Te recomendamos leer: De Minneapolis a Bogotá) Por ahora, el círculo de migración y despojo pareciera estar lejos de cerrarse. Adriana Estévez, doctora en Derechos Humanos, considera que la migración masiva hacía estos destinos no es más que el “resultado residual de estrategias deproducción capitalista que los necropoderes utilizan para deshacerse de la gente que habita geografías ricas en recursos naturales renovables y no renovables mientras se benefician de tecnologías mortales como la violencia criminal y de pandillas, y la violencia sexual y de género, las cuales producen muerte lucrativa de hombres y mujeres diferenciadamente”. Las fronteras de Europa y Estados Unidos son expresiones de un “necropoder” que deshumaniza, subyuga y distingue formas “válidas” de vida, de muerte y de muerte en vida.

Derecho a la Verdad: el racismo justificó la violencia sufrida por la población afro durante el conflicto armado

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Informe Final de la Comisión de la Verdad señala que el racismo propició graves hechos de violencia contra comunidades negras, indígenas y ROM. En Colombia se han desarrollado sistemáticamente prácticas discriminatorias en todos los espacios de la vida social. En el marco del conflicto armado, esas prácticas han deshumanizado, subyugado y sometido a los pueblos étnicos a una secuencia interminable de vulneraciones de sus derechos. La Comisión de la Verdad, en el tomo ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del Informe Final presentado al país el pasado 28 de junio, explica que “negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios. Pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser, también, los que más han sufrido los efectos de la guerra”. El documento, resultado de un trabajo investigativo de más de cuatro años en el que se escucharon a más de 30.000 víctimas y actores del conflicto, explica que el racismo validó las narrativas esclavistas y colonizadoras y, también, propició hechos de barbarie que desgarraron a las comunidades negras, indígenas y ROM durante una guerra de más de medio siglo. Durante todo ese tiempo, las guerrillas no reconocieron las autonomías de las comunidades étnicas; mientras que el paramilitarismo, apoyado por las élites de poder, masacró y despojó de sus tierras a las comunidades étnicas. “Negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios”. En su propósito de demostrar la superioridad de su aparato bélico, las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública cometieron acciones atroces en contra de esta población históricamente discriminada. En el marco del evento de Reconocimiento por la Verdad del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, una mujer que fue marcada con un hierro por un comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia en Montes de María aseguró que fue violentada “porque era negra”: “Y me marcó como si fuera una esclava. En la época de la esclavitud marcaban las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí las autodefensas”. La discriminación y el prejuicio racial conllevaron a la deshumanización de las personas negras durante el conflicto, incluso al interior de las filas de los grupos armados: “Entonces hay maltrato al interior de las instituciones por el hecho de tu ser afro. Los mandos medios y altos no respetan la diferencia y te maltratan a ti por como tú hablas. Te maltratan por como tú eres. No te llaman por tu apellido, sino “negro, venga acátal cosa”. Todo es la palabra negro, que el negro es el sujeto fuerte, que el negro debe aguantarmás que los otros soldados porquees negro, y asociamos a los negros con aquel peón fuerte que puede soportar todo como una bestia”, relató a la Comisión un hombre afro, víctima del conflcito. La desprotección estatal y el despojo En el informe de la Comisión de la Verdad se sostiene que el racismo estructural también es conexo a los altos niveles de pobreza, desprotección estatal y acceso marcadamente desigual de las comunidades étnicas a sus derechos. Estos grupos también han sido excluidos de forma permanente y persistente del relato nacional, y vilipendiados implícita y explícitamente, con narrativas racistas instaladas en organismos institucionales, espacios de poder, medios de comunicación y otros actores decisores del país. A este entramado de exclusión y desprotección estatal se ha sumado, dice el Informe, “la baja aplicación de leyes que se han logrado con enormes luchas en la búsqueda de la equidad”. Entre ellas se destacan la autonomía de los gobiernos indígenas y la Ley 70 de 1993, la cual tiene por objeto reconocer a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva. Sobre esta última, aunque han pasado 27 años desde que se promulgó, la Ley aún no se ha reglamentado en su totalidad, lo que ha impedido que estas comunidades accedan al goce efectivo de sus derechos. De acuerdo con la Comisión, la concepción colonial y dominante de los territorios indígenas y negros basados en tres elementos: “i) espacios “baldíos”, ii) la relación entre violencia y economía y, iii) el acaparamiento de tierras como sinónimo de riqueza y poder, junto con la adopción de políticas de desposesión territorial, militarización y de exterminio y asimilación cultura que, también dieron lugar a la imposición sistemática de intereses ajenos sobre las formas tradicionales de vida y conservación territorial”, situación que se evidencia en violaciones como “el desplazamiento, el despojo, la apropiación y el control de los territorios y ante todo, la destrucción espiritual de estas poblaciones”. (También puedes leer: ABC DE DERECHOS TERRITORIALES Y TITULACIÓN COLECTIVA) Fue así como la definición de los territorios étnicos como espacios “salvajes”, una herencia colonial mantenida una “visión de productividad” en Occidente, permitió que se perpetuara la costumbre de “civilizar mediante el saqueo y el despojo”. Con la llegada de la explotación de petróleo a la región del pueblo barí en 1930, por ejemplo, se produjo un exterminio de la población, la cual fue reducida en un 80 % y despojada del 70 % de su territorio ancestral. Las violencias sufridas por las comunidades negras e indígenas en el Bajo Atrato evidencian la magnitud de lo que ha sido este engranaje de despojo y desolación. Desde finales de 1996, luego de los desplazamientos forzados generados por las operaciones Génesis de la Brigada XVII y el Bloque Elmer Cárdenas, la expulsión violenta de aproximadamente 15.000 personas de la región, así como el posterior reordenamiento territorial y social, facilitó que, en el marco de las alianzas que establecieron algunos agentes económicos (gremio bananero, Ecopetrol, multinacionales mineras, industria azucarera) con las AUC, miembros de la fuerza pública y funcionarios estatales, se consolidaran proyectos económicos a gran escala en los territorios despojados. El informe señala que la política de “repoblación” implementada por los paramilitares en los territorios étnicos buscaba, por medio de la violencia y el control territorial y …

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¿Independencia para quién?

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La proclamación de la independencia del imperio Español no significó el fin de la esclavitud en Colombia. Las declaraciones de igualdad y fraternidad escritas por los próceres de la era republicana, herederos del sistema colonial, no contemplaron la libertad de los esclavizados pese a que muchos de estos hicieron parte de los ejércitos libertarios como oficiales o soldados. Después de recorrer varios puertos caribeños tras la caída del segundo intento de gobierno republicano en 1814, Simón Bolívar viajó a Haití y se comprometió a dejar en libertad a los esclavizados de la nueva república a cambio de la ayuda de un batallón de soldados, municiones y barcos ofrecidos por Alejandro Petión, líder de la revolución afro que conquistó la independencia en 1791, antes que cualquier otra nación de América. Sin embargo, Bolívar no cumplió con su promesa y muchos soldados volvieron a quedar bajo el poder de sus amos después de dejar el alma en la titánica campaña libertadora. En una carta enviada al director de la Gaceta Real de Jamaica en 1815, Bolívar justificó sus causas para postergar la libertad de los esclavizados: “El colono español no oprime a su doméstico con trabajos excesivos: lo trata como a un compañero; lo educa en los principios de moral y de la humanidad, que prescribe la religión de Jesús. […] El esclavo en América española vegeta abandonado en las haciendas, gozando, por decirlo así, de la inacción, de la hacienda de su señor y de una gran parte de los bienes de la libertad. Como la religión le ha persuadido que es un deber sagrado servir, ha nacido y existido en esta dependencia doméstica, se considera en su estado natural, como un miembro de la familia de su amo, a quien ama y respeta. La experiencia nos ha mostrado que, ni aún excitado por los estímulos más seductores, el siervo español no ha combatido contra su dueño; y por el contrario, ha preferido muchas veces la servidumbre pacífica a la rebelión”. La carta de Bolívar evidencia cómo los próceres criollos estaban más preocupados por conservar los beneficios del sistema colonial, que por garantizar un proyecto de nación humanista, que protegiera los derechos de todxs. En Las Claves Mágicas de América, el escritor Manuel Zapata Olivella asegura que “los nuevos amos criollos entendían que el régimen neocolonialista debía contar, al menos por algún tiempo, con la mano esclava […] La libertad de los africanos en América no podría ser un acto de mera actitud filantrópica y de declaración de principios humanitario El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. “La justicia, la política, y la Patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza, he venido en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados”, sentenció Bolívar. No obstante, los intereses de los dueños de los esclavizados se impusieron sobre la justicia que demandaba la libertad de los antiguos comandantes y soldados esclavizados. Bolívar tampoco utilizó su poder para exigir el cumplimiento del decreto. La libertad de todas las personas esclavizadas en Colombia fue concedida en 1851, 37 años después de la promesa que Bolívar le hizo a Petión. Aunque se desconoce la cantidad de esclavizados que participaron en la campaña independentista, varias investigaciones señalan que fueron pocos los esclavizados que obtuvieron la libertad después de prestar servicio militar.

De pe a pa: 5 conceptos para entender cómo opera el racismo en Colombia

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¿Qué es la raza? La raza es una construcción social, una categoría que describe la jerarquización social de acuerdo con características como el fenotipo o la apariencia física, el linaje o la descendencia, e incluso factores culturales, como la etnia o la religión. ¿Qué es el racismo? El racismo es normalmente conceptualizado como una ideología que afirma que los seres humanos pueden ser clasificados en «razas» de acuerdo con factores biológicos o culturales. Esta idea sostiene que existen «razas» superiores e inferiores y aduce que las «razas superiores» tienen el derecho a subyugar a aquellas consideradas inferiores. Igualmente, el racismo incluye posturas ideológicas que defienden la separación de «las razas» como una forma de mantener su «pureza». ¿Qué es discriminación racial? La expresión «discriminación racial» denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Artículo 1 – Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). ¿Qué es Racismo estructural? La discriminación estructural es el conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y estándares de comportamiento, tanto de jure como de facto, que dan lugar a una situación de exclusión hacia un grupo de personas en un sentido generalizado, que se perpetúa en el tiempo. La discriminación estructural se refleja en la mentalidad colectiva y en los estereotipos y prejuicios continuos (CIDH / IACHR. ¿Qué es Racismo institucional? El concepto del racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes, incluso en lo que se refiere al racismo estructural e institucional, se entiende como la operación de un complejo, interrelacionado sistema de leyes, políticas, prácticas y actitudes en las instituciones del Estado, el sector privado y estructuras sociales que, combinadas, resultan en directa o indirecta, intencional o no intencional, de discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia de jure o de facto sobre la base de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico (ONU).

Los descendientes de esclavizados y el acceso a la tierra: debates sobre la propiedad en el Caribe

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La sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la categoría “descendientes de esclavos libertos” como elemento de identificación colectiva para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras. Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica En el 2016, la Corte Constitucional ordenó, con la sentencia T-601, la calificación y titulación de tierras a “descendientes de esclavos libertos” de la antigua Hacienda Arroyo Grande, que se encuentra en la zona de influencia de varios consejos comunitarios de comunidades negras en Cartagena y Bolívar. La sentencia puso en la arena de las disputas identitarias la categoría de “descendientes de esclavos libertos”, como una de los sujetos o figuras para acceder a la titulación de tierras de la antigua Hacienda Arroyo Grande, y abrió otro debate sobre las disputas por la identidad negra para el acceso a derechos territoriales en el Caribe. El derrotero de este conflicto tiene más de dos siglos. Gran parte de la historia de Colombia, asociada con la exigencia de derechos, está ligada a las luchas campesinas por la tierra, y en la historia reciente al movimiento campesino conglomerado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que tiene en el Caribe a sus representantes más radicales en la disputa por la reforma agraria. Aunque el nacimiento de la ANUC en los años 70 revistió a la lucha por la tierra de nociones relacionadas históricamente con procesos campesinos, a partir de los años 2000 se gestó en el Caribe un discurso alrededor la etnicidad y se empezaron a crear consejos comunitarios que solicitaron al Estado el reconocimiento de la propiedad colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993 -o Ley de Comunidades Negras-, tal como había estado ocurriendo en la zona del Pacífico por lo menos una década atrás. Cabe señalar que la expedición de una normativa especial de reconocimiento del derecho al territorio de las comunidades negras rurales se dio luego del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, con base en el cual se establecen herramientas que facilitan el trámite de demandas de reconocimiento, demarcación y protección de territorios colectivos. Esa disposición fue desarrollada por la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, creando instituciones, competencias y rutas de gestión de los derechos territoriales para las “comunidades negras”. Según la normativa, la “comunidad-negra” que demande el reconocimiento de derechos territoriales debe cumplir los siguientes requisitos: demostrar ocupación ancestral de las tierras (una historia común de poblamiento y ocupación de las tierras, que pueden ser baldíos nacionales o reservados por el Estado, propiedad pública con o sin derechos de uso y disfrute colectivo, o tierras de propiedad particular u otras formas de propiedad de otras personas que son o no de la comunidad); existencia de un proceso de autorreconocimiento como comunidad negra; y conformación de organizaciones y elección de autoridades encargadas de presentar la solicitud de titulación colectiva y de administrar el territorio (consejo comunitario, junta directiva, representante legal). En contraste con el Pacífico, en varias zonas del Caribe, la conformación de consejos comunitarios se dio en plena agudización de la violencia y con posterioridad a los desplazamientos masivos de población a causa de la guerra. De hecho, si se piensa en la historia contemporánea de zonas del Caribe como Montes de María, Sur de Bolívar, Córdoba, Cesar y Magdalena, se puede evidenciar que la violencia afectó de manera importante a los pueblos de mayor presencia de gente negra o afrodescendiente, de acuerdo con el censo del 2005. Estas organizaciones que antes se auto-reconocían como campesinas, se fueron apropiando de los lenguajes y prácticas de la etnización, lo que posibilitó la articulación de demandas al Estado sobre títulos colectivos, atención de necesidades con enfoque diferencial étnico, entre otros. Es así como la creación de consejos comunitarios ha puesto sobre la mesa disputas identitarias que tienen por objetivo un fin común: el acceso a derechos territoriales (sin que se limite a ellos). De manera concreta, el acceso a derechos territoriales por parte de poblaciones racializadas, como las negras/afro, se ha articulado desde diversos y complejos tránsitos de reconocimiento y autorreconocimiento identitario. En el Caribe estos tránsitos van desde el reconocimiento y posicionamiento de sujetos campesinos, organizados y no organizados, categoría sin distingo de razas/etnias; pasando por la identificación como comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, atravesada por el multiculturalismo introducido con la Constitución de 1991; y llegando a complejas situaciones de tensión identitaria que se disputan las políticas de la identidad al tiempo que el acceso a derechos como los territoriales (afrocaribeños, afro palenqueros, renacientes, entre otros). En este sentido, la sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la idea de “descendientes de esclavos libertos” como elemento o categoría de identificación para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras discriminadas e históricamente excluidas. Entre las cuestiones puede señalarse: ¿cómo se está apropiando la categoría “descendientes de esclavos libertos” por parte de las poblaciones negras/afros de la zona de Arroyo Grande?, ¿qué nos dice esa categoría sobre la relación raza-propiedad-esclavitud en la actualidad? y ¿cuáles son las tensiones o conflictos que genera esa categoría con las de “comunidad negra” o “consejo comunitario” para el acceso a tierras? El debate apenas comienza. *Esta columna nace de una ponencia presentada en la en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 al 10 de junio de 2022.

La violencia policial contra las mujeres negras es un problema transnacional

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Una mirada a esta problemática en Brasil, Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago En Colombia, Brasil, Estados Unidos y Trinidad y Tobado, las mujeres y niñas afrodescendientes que viven en comunidades racializadas y militarizadas, las madres, las personas que se identifican como LBTQI+, en particular las mujeres trans involucradas en el trabajo sexual, y las defensoras y líderesas comunitarias, experimentan cantidades desproporcionadas de alienación social y abandono y violencia patrocinada por el Estado que usualmente adopta la forma de brutalidad policial. Les presentamos los principales apartes un documento presentado por ILEX Acción Jurídica, Vigia Afro, la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos (Brasil), CAISO: sex and gender justice (Trinidad y Tobago) y Women’s All Points Bulletin (EE. UU.) al Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Aplicación de la Ley, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estados Unidos -La policía en los Estados Unidos mata a casi 2.000 personas cada año. -La agresión sexual es el segundo delito más alto cometido por miembros de la Policía, siendo las mujeres más del 90% de las víctimas. (*Instituto CATO). -Las mujeres afrodescendientes también suelen ser víctimas de la violencia policial cuando caminan por las calles o quedan en medio de operativos policiales. -Se han reportado casos de mujeres afrodescendientes que han muerto después de no haber sido puestas bajo “custodia protectora”, incluso después de haber informado a la Policía que habían intentado suicidarse previamente o que sufrían trastorno de estrés postraumático. Colombia –Los policías utilizan estereotipos racistas hacia las mujeres afrodescendientes, desatando actos de violencia verbal, sexual, física y psicológica relacionados con su identidad étnico-racial. -Muchas mujeres afrodescendientes son víctimas indirectas de los hechos violentos que impactan a sus familiares, ya que son sometidas a procesos de revictimización por una lucha incansable ante el sistema de justicia, situación que afecta su salud física y mental. Brasil -La policía entrenada en técnicas de contrainsurgencia dispara sus armas generalmente en comunidades residenciales donde la gente tiene sus casas, escuelas, tiendas y cafés. -Como resultado de la violencia policial en las favelas de Río, se ha registrado un aumento de los casos de muerte por suicidio, consumo excesivo de alcohol o drogas, cáncer o incluso enfermedades perfectamente tratables, denotando niveles de malestar psicológico casi característicos de una epidemia. -Las mujeres negras en Brasil están muriendo lentamente a causa de la violencia policial, particularmente después de perder a un hijo o a un padre en un asesinato policial. Trinidad y Tobago -Se han reportado casos de mujeres afrodescendientes que han sido asesinadas o víctimas de violencia policial durante protestas. -Las mujeres también han sido víctimas de violencia sexual a manos de policías. Las refugiadas y migrantes venezolanas han sido particularmente vulneradas debido al sentimiento xenófobo generalizado en el país. -Organizaciones han denunciado negligencia policial durante investigaciones sobre denuncias de violencia doméstica. Otros informes detallan la falta de políticas, capacitación y procedimientos para guiar a los agentes de policía en la ejecución de la ley que obliga a todos los oficiales a investigar y tratar con seriedad todos las denuncias sobre violencia doméstica. La Policía abusa y mata constantemente a las mujeres, pero sus historias son invisibilizadas en toda la Diáspora. Es necesario que se investiguen a profundidad los casos de violencia policial contra mujeres en América, para arrojar luces sobre un problema que el mundo suele ignorar.

Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso

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En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente. En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó. [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321

‘Con esa cara hay que requisarla’: hablemos del racismo contra personas afro en supermercados

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Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes. Esta semana, la artista Cary Sol denunció haber sido víctima de un acto de discrminación racial en una tienda de la marca de ropa Bershka, en Bogotá. La joven relató haber sido perfilada y requisada sin motivo alguno por la vigilante del establecimiento, quien posteriormente la agredió con comentarios racistas. La artista también denunció haber sido víctima de abuso policial por parte de los agentes que la esposaron y retuvieron injustamente tras salir de la tienda. No es un caso fortuito. Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes y las persiguen injustamente con vigilancia y llamadas a la Policía, a pesar de que las estadísticas muestran que las personas que roban en tiendas provienen, por igual, de todas las razas*. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Consumer Culture (2020), el 80% del total de personas afrodescendientes encuestadas en Estados Unidos afirmó haber experimentado actos de discrminación racial mientras compraba en alguna tienda. Este sesgo “anti-afros”, además de ser un delito, impacta negativamente las experiencias de compras de las personas afrodescendientes, quienes a menudo perciben que son perfiladas según estereotipos raciales y sujetas a un mal servicio y trato inferior por su color de piel. La investigación también señaló que hay dos estereotipos ligados a esta forma de perfilamiento racial. El primero es la asociación del crimen con la “negritud”. Las personas afrodescendientes suelen ser vistas como “ladrones potenciales” y señaladas como criminales. El segundo es la asociación de la pobreza con la “negritud”. Se considera que las personas afrodescendientes son demasiado pobres y no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para realizar una compra en un determinado local comercial. También se han conocido casos de trabajadores de supermercados, farmacias, boutiques y grandes almacenes que han establecido códigos para alertar a los vendedores sobre el ingreso de personas afrodescendientes al establecimiento. Continuamente, las personas afrodescendientes están sujetas a prácticas de seguridad innecesarias como el registro de sus bolsos al salir de una tienda después de haber realizado una compra, mientras que los clientes blanco-mestizos no suelen ser sometidos a registros similares. Para tener en cuenta: Actos de discriminación racial como los denunciados por Cary Sol corresponden a conductas delitivas sancionadas por el Código Penal colombiano con penas que varían entre los 12 y 36 meses de prisión. Además, reiteramos a los miembros de la Policía que no pueden utilizar más fuerza de la estrictamente necesaria para lograr la protección del orden público, ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones.

COLOMBIA AFRO: ¿CUÁNTXS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS?

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El problema de la falta de información estadística veraz y confiable El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV 2018), dejo varias preguntas sobre la visibilización estadística de la población afrodescendiente. Los resultados del ejercicio censal dieron a conocer que la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera era de 2,98 millones de personas, es decir, hubo una reducción 30,6% en comparación con los resultados del Censo General de 2005. Desde ese momento, organizaciones afros, universidades, entre otros actores, han mostrado su inconformidad con respecto a los resultados del Censo. No obstante, ejercicios posteriores del DANE, como la Encuesta Nacional de Calidad de 2018 (ECV 2018), concluyó que en Colombia hay un total de 4,67 millones de personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Este resultado representa un crecimiento poblacional del 8,3% en comparación con el Censo General de 2005; y agrupa el 9,34% de la población total nacional. En este sentido, tener una amplia visibilidad estadística de la población afrodescendiente permitirá contar con insumos coherentes para la garantía de la toma de decisiones en pro de los derechos humanos y el cierre de brechas de este grupo poblacional. A continuación, presentamos los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 y de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, dos ejercicios estadísticos desarrollados por el DANE. ¿Qué dicen los datos? De los 4,67 millones de personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, hay 2,35 millones de mujeres (50,4%) y 2,32 millones de hombres (49,6%). En cuanto a los grupos de edades, el 28,7% de la población está entre 0 y 14 años, seguido de las personas que están entre los 15 y 64 años que agrupan el 64,9% de la población total, y un 6,4% de ellos y ellas es mayor a 64 años. ¿En cuáles departamentos estamos? El 30,4% de personas negras, afrodescendientes, raizal y palenquera se concentran en Valle del Cauca (1.421.601), seguido de Bolívar con el 16,2% (758.988) y Antioquia con el 12,8% (599.220) según las estimación desde la Encuesta de Calidad de Vida de 2018; es decir, estos tres departamentos agrupan el 59,2% de la población afrodescendiente del país. Así mismo, se evidencio que 26 municipios no cuentan con participación de esta población. El 66,7% de la población vive en las cabeceras municipales, el 33,3% restante en zonas rurales. En el Censo de 2018 el promedio de personas afrocolombianas por hogar fue de 3,29. El promedio nacional es 3,1. ¿En qué estratos nos concentramos? El 66,1% de los hogares con jefatura negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se concentran en el estrato socioecónomico 1, seguido de un 20,1% que está en el estrato 2. El 0,8% se concentra en los estratos 5 y 6. ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Y el acceso a la educación? El 91,9% de la población afrodescendiente sabe leer y escribir, mientras que un 8,1% afirma no saberlo. Así mismo, se observa que las personas sin ningún grupo étnico tienen mejores resultados en cuando alfabetismo, en ambos sexos. Primaria y Secundaria (agrupados) es el nivel educativo con mayor participación dentro lapoblación negra, afrodescendiente, raizal y palenquera con el 50,5%, seguido de mediacon el 25,1%; y en menor medida está la educación superior (7,4% tecnólogos y 6,7%universitarios) y 1,8% a nivel de posgrado. Se evidencia que el 6,1% no tiene ningún niveleducativo. ¿Cómo estamos ocupados? Pobreza y necesidades Básicas Insatisfechas La proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas está en la zona rural, sin embargo, para ambas zonas geográficas el componente de servicios, observando que el 13,7% de las personas en la cabecera municipal y el 15,1% de las personas en la zona rural carecen de sanitario y acueducto. Además, según el Censo, el 39,7% de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera esta en situación de pobreza multidimensional. ¿Qué dicen las estadísticas de la CEPAL sobre la población afro en Colombia?

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