De acuerdo al más reciente ranking de países con mayor cobertura de acceso a internet, Colombia se encuentra en la posición número 27 en una lista de 100 países analizados, ubicándose un lugar debajo de Argentina y trece, por encima de naciones latinoamericanas como Venezuela y Perú. Pensaríamos entonces que el país tiene una población que, a pesar de las dificultades sociales y económicas, cuenta con amplia cobertura de internet.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), a corte del último trimestre de 2021, informó que Colombia superó las 46,5 millones de conexiones a internet con acceso fijo por encima de la meta trazada (45 millones). Es decir, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 16,53 a diciembre de 2021, frente a la tasa de 15,5 registrada en el 2020.
Al revisar cómo se encuentran los departamentos con población mayormente afro en lo que refiere a la conectividad, encontramos que según las estadísticas del DANE (2018), los niveles de acceso a internet en Valle del Cauca (46%), Chocó(15%), Nariño (5%), Bolívar (21%), y Antioquía (34%), son inferiores a la tasa de conectividad registrada en Bogotá (72%), Cundinamarca (54%), Santander (61%) y Risaralda (54%).
El panorama de la población afrodescendiente en este escenario resulta bastante limitante, pues solo el 26,3% de esta población tiene acceso a internet (Dane, 2019). Esto, propio del abandono, ausencia de Estado y falta de infraestructura que se ha dado históricamente en estos territorios.
La situación de inequidad es mucho desalentadora si se voltea la mirada hacia el 33,3% de la población afrodescendiente que habita en territorios rurales, según el Dane (2020). De acuerdo con las estadísticas de esa entidad, tan solo el 23,8% de estos hogares cuentan con acceso a internet. La cifra es casi tres veces inferior a la tasa de cobertura en las zonas urbanas: 66,5%.
En Bolívar, mientras la zona urbana cuenta con un 31% de conectividad a internet, en las zonas rurales la cobertura sólo llega a ser del 2%. Más al sur del país, en Nariño, la cobertura de internet en cabeceras municipales es del 9 % y en las zonas rurales llega a ser de un alarmante 1%.
Estas cifras no solo nos dan a conocer las enormes brechas digitales que existen en el país, sino que además representan obstáculos frente a los nuevos escenarios de desarrollo y competitividad, en otras palabras, imposibilita que las personas afrocolombianas accedan a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, información, entre otros.
De acuerdo con el DANE (2018), solo el 14% de la población negra en Colombia cuenta con educación superior y la mayoría (31,3%) solo culminó estudios de básica primaria. A esta preocupante radiografía se suma el hecho de que, según la CEPAL (2020), el 47,8% de las personas afrocolombianas se encuentran bajo la línea de pobreza.
En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, emitida por Naciones Unidas, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se afirma que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el derecho a la libertad expresión y asegurar el respeto de derechos como la educación, salud y trabajo.
Que los territorios y poblaciones afros puedan estar conectados no solo abre oportunidades, sino que también da la posibilidad de que se garanticen los derechos fundamentales de esta población y se pueda obtener un balance de movilidad social igualitaria y equitativo frente al resto del país.