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Nilson Antonio Velasquez Gil fue el primer líder social cuya vida perdimos en 2022. El pasado 10 de enero, el afrodescendiente de 51 años de edad y líder comunitario en el Medio San Juan (Chocó), fue torturado y asesinado  durante una arremetida violenta de la guerrilla del ELN que generó el desplazamiento masivo de las comunidades de Paimadó, Choqui y Calle del Fuerte. 

Siete días después, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia denunció el homicidio de Mario Jonathan Palomino, afrodescendiente, defensor del medio ambiente y profesor de una escuela rural en la vereda La Chapa, del municipio El Carmen Viboral. 

Sin embargo,  a pesar de que los dos crímenes estarían ligados a la grave crisis humanitaria que asola a buena parte de los territorios afrodescendientes en el país, la pertenencia étnico-racial de los líderes asesinados fue invisibilizada en las bases de datos de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. 

La ausencia de un sistema robusto, con parámetros claros y unificados para el registro o monitoreo sobre las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, ha permitido que en muchos casos el registro de amenazas y asesinatos (dos de las principales violaciones registradas) de defensores y defensoras deje de lado el factor étnico-racial cuando este no es identificado como la principal causa del riesgo. Esta situación también explicaría las discrepancias en las cifras de los consolidados sobre asesinatos de líderes líderes, lideresas y personas negras/afrodescendientes defensoras de derechos humanos en Colombia. 

Los hallazgos están consignados en el documento “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos”, realizado por ILEX Acción Jurídica y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos (FNDH).

De acuerdo con la investigación, la falta de claridad sobre la operación práctica del concepto de líder, lideresa y/o persona defensora de derechos humanos, sumado a las dificultades en el tratamiento de los datos que dan las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, impactan la recolección, procesamiento y difusión de la información generada por los actuales sistemas de monitoreo y, por lo tanto, en las cifras disponibles sobre las violencias sufridas por estos liderazgos.  

El documento reconoce que “aunque existen sistemas de monitoreo que alcanzan a recolectar el dato de identificación étnico-racial de las víctimas, al momento de difundir la información relacionada con sujetos de identidades o liderazgos múltiples optan, en muchos casos, por elegir la identidad o liderazgo “más relevante”, con el fin de mostrar la información de manera más sencilla. En este ejercicio suele ceder la identidad étnico-racial”.

“Aunque existen sistemas de monitoreo que alcanzan a recolectar el dato de identificación étnico-racial de las víctimas, al momento de difundir la información relacionada con sujetos de identidades o liderazgos múltiples optan, en muchos casos, por elegir la identidad o liderazgo “más relevante”

El subregistro es alarmante. De acuerdo con las bases de datos de algunas organizaciones de la sociedad civil, 128  líderes/as sociales y personas defensoras de DD.HH han sido asesinadas en Colombia en lo corrido del 2022. No obstante, aunque la tercera parte de los crímenes (37%) fueron cometidos en territorios de la región Pacífico, las bases de datos sólo dan cuenta de seis víctimas pertenecientes a la población afrodescendiente. La situación se repite en los informes de violaciones al derecho a la vida de las personas defensoras, líderes y lideresas publicados por algunas entidades estatales. 

ILEX Acción Jurídica pudo constatar que en los listados de varias organizaciones  también se invisibiliza la pertenencia étnico-racial de reconocidos líderes afrodescendientes como Steven Loaiza, asesinado el 18 de febrero en Buenaventura; y Roberto Carlos Rivas Hernández, defensor de derechos humanos, ultimado por hombres armados cuando se disponía a ejercer su labor como testigo electoral durante los comicios del pasado 19 de junio. 

“Aunque no todos los sistemas de monitoreo presentan esta falla, lo cierto es que varios siguen juntando las categorías causa e identidad étnico-racial, lo que arroja como resultado una invisibilidad de las identidades étnico-raciales. Con frecuencia, defensores/as afrodescendientes quedan incluidos en otras categorías como líderes ambientales, implementación del Proceso de Paz, PNIS, entre otros. Creemos que, así como el universo de víctimas se discrimina con la categoría sexo/género, del mismo modo deben poder ser identificadas las personas afrodescendientes, indígenas y población mayoritaria o mestizos”, explica el documento. 

Cabe señalar que si bien las organizaciones de la sociedad civil han reconocido estos inconvenientes al momento de registrar los datos sobre violaciones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, el documento reconoce sus avances en la implementación de  estrategias que atenúen la probabilidad de establecer cifras dispares que incrementen la existencia de un subregistro en materia de vulneraciones a los derechos de defensores/as afrodescendientes. De hecho, varias organizaciones han optado por reconocer que existen liderazgos múltiples que pueden estar en cabeza de una sola persona defensora. 

En diálogo con ILEX Acción Jurídica y ASOM, algunas organizaciones reconocieron que las cifras publicadas en sus bases de datos no representan la realidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en el país, “puesto que solo son reportados los casos que la comunidad y organizaciones de base conoce y reconoce como parte de su comunidad”. 

En cuanto al uso de la variable étnico-racial, la investigación señala que la falta de una definición conceptual y normativa clara sobre quién es líder/lideresa social afrocolombiano, resulta problemática en contextos de personas defensoras que no residen en territorios afrodescendientes o “ejercen cualquier actividad, rol o acción relacionada con la garantía y protección de derechos de las personas, pero no necesariamente de la población a la que étnico-racialmente pertenece”. 

¿Qué recomendamos para aportar a la superación  de estas dificultades en el registro de vulneraciones a derechos humanos de líderes, lideresas y personas afros?

El documento de ILEX Acción Jurídica y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) presenta algunas recomendaciones para la superación de las dificultades identificadas en el proceso de recolección de datos sobre vulneraciones a derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos, realizada por las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil: 

  1.  Que desde las Entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta la visión de las personas que ejercen liderazgos, se establezcan criterios para estructurar la operación del concepto de defensor/a afro de derechos humanos, para que sea utilizado al momento de la recolección de la información relacionada con vulneraciones a los derechos de estos. Para ello debe desarrollarse un proceso de construcción de dichos criterios de la mano de las poblaciones negras/afros, sus organizaciones y procesos.
  2. Ante la ausencia de uniformidad de criterios para caracterizar a los liderazgos sociales afro y de herramientas metodológicas que permitan el desarrollo de una ruta clara sobre el proceso de recolección de información con enfoque étnico-racial y de género, se debe desarrollar una ruta de recolección de información sobre vulneraciones articulada con las comunidades negras y las organizaciones de base negra/afro. Esta articulación permitiría visibilizar y analizar los impactos diferenciales que padecen líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos en función de su raza, su género, orientación sexual, origen de clase y tipo de liderazgo que ejercen. 
  3. Es indispensable la inclusión de la variable étnico-racial en todos los sistemas de monitoreo, de manera independiente y no asociada al tipo de liderazgo. Una de las dificultades en la captura de este dato está en la falta de autorreconocimiento por parte de las víctimas o que la fuente de recolección de información no arroja esta información (como puede ser el caso de la prensa). Por ello, consideramos que una forma adecuada puede ser el uso de estrategias mixtas de reconocimiento, estos son sistemas que combinan el autorreconocimiento y el heterorreconocimiento. 
  4. En la fase de procesamiento de los datos, al momento de analizar el universo de defensores/as víctimas se recomienda hacer la diferenciación entre los criterios “causa” e “identidad étnico-racial”. 
  5. Se recomienda que el Estado inicie la ruta legislativa pertinente para que se dé cumplimiento a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, a través de la expedición de normas que ordenen la realización de monitoreo, seguimiento y recopilación de datos sobre las vulneraciones a derechos humanos de los defensores/as afros de derechos humanos.
  6. Es indispensable la implementación de estrategias de sensibilización, formación y trabajo articulado con las y los comunicadores y/o periodistas de medios nacionales, locales, regionales, que tienen como parte de su ejercicio profesional el periodismo judicial y la investigación sobre derechos humanos.

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos