febrero 2023

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 169 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 168 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Mes de la Historia Negra: ¿qué significa y por qué se celebra?

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En Estados Unidos, del 1 de febrero hasta el 1 de marzo, se celebra el Mes de la Historia Negra, que se celebra principalmente para reconocer y resaltar los aportes de la diáspora afroaméricana al desarrollo del país. Además, se busca poner sobre la agenda pública la discriminación, el racismo y abusos con las que se han tenido que luchar durante años, y que siguen siendo el diario vivir de muchas personas afrodescendientes en EEUU. Esta celebración se ha dado desde 1915, cuando Carter G. Woodson inspirado por la conmemoración de los 50 años de la emancipación de la comunidad afroaméricana, dio inicio a la celebración de la Semana de la Historia Negra y a la conformación de una asociación que se encargaría de estudiar de manera científica la vida e historia de las personas negras. Esta asociación hoy lleva por nombre ASALH (Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Afroamericanos). Para Woodson y su coequipero, en ese entonces ministro Jesse E. Moorland, era importante que las personas negras fueran conscientes de su historia, de las contribuciones al país y a sus luchas. Esta revolución alrededor de dignificar la existencia de les afrodescendientes, creó todo un movimiento que no solamente creció y destacó desde distintos aspectos sociales, políticos y económicos la huella que ya había marcado la historia de todo un pueblo, sino que también fue la inspiración de quienes comenzaban a ser parte de una nueva sociedad, en la que tendrían que enfrentar los retos de su existencia. En un evento público, las palabras del académico ante estudiantes del Instituto Hampton fueron: “Vamos a volver a esa hermosa historia y nos va a inspirar a logros más grandes”. Luego en 1976 y tras un arduo camino de consciencia, el ex presidente Gerald R. Ford, quien instó a los estadounidenses a “buscar la oportunidad para honrar los logros de los afroestadounidenses, con mucha frecuencia ignorados, en todas las áreas de actividad de nuestra historia”, anunció el primer mes de la historia negra, que además, desde un principio estuvo enmarcado con la fecha de nacimiento de Fredrick Douglass, líder del movimiento abolicionista y del presidente Abraham Lincoln. A lo largo de esta celebración se han destacado otros nombres y celebridades que también siguieron forjando el camino hacía la visibilidad, no solo de la historia y de los logros que como población fueron alcanzando, sino también de la continuación de las muchas formas de intolerancia, racismo y discriminación estructural que sigue cobrando vidas y vulnerando los derechos de la comunidad afroaméricana. Anualmente esta celebración enfoca la agenda y el discurso en distintos temas que siguen atravesando la realidad de les afroestadounidenses y para 2023, se tuvo en cuenta la “Resistencia negra”, esto a raíz de los casos de violencia policial que le han dado la vuelta al mundo en los últimos años y como lo mencionó oficialmente la ASALH: “Este es un llamamiento a todos, dentro y fuera de la academia, para estudiar la historia de las respuestas de los estadounidenses negros para establecer espacios seguros, donde la vida negra pueda sostenerse, fortificarse y respetarse”.

Derecho al aborto: 6 recomendaciones para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) desde un enfoque étnico-racial

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Desde el Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica consideramos importante aplicar un enfoque etnico-racial que tenga en consideración que las mujeres afrodescendientes tienen barreras estructurales que deben ser tenidas en cuenta para brindar el servicio de IVE de manera adecuada. Cuando la Corte Constitucional en Sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en todas las circunstancias, analizó que esta decisión estaba motivada en parte para la protección de mujeres en estado de vulnerabilidad, quienes eran las que mayores impactos sufrían con un sistema que penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De manera específica, dispuso que más allá de la penalización, el Estado debía promover y garantizar una política con un enfoque de género y un alcance interseccional, en el sentido de que pueda proteger específicamente a quienes están expuestas a más de un factor de vulnerabilidad. En consecuencia, se debe responder a una IVE en condiciones de igualdad y sin discriminación, adoptando que estos contienen dos mandatos: el primero, de abstención de tratos discriminatorios; y el segundo, de intervención, donde se obliga a superar las condiciones de desigualdad. (También puedes leer: Corte Constitucional tuvo en cuenta argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica en fallo a favor de despenalización del aborto) Este último mandato de superar las condiciones de desigualdad implica reflexionar que incluso con la despenalización del aborto no se garantiza automáticamente el acceso a un servicio de interrupción del embarazo de todas las mujeres, porque hay condiciones de desigualdad que impactan de manera diferencial a algunos grupos en específico cuando se conectan distintas categorías sociales, como la pertenencia etnico-racial, debido a que pueden determinar la posibilidad socioeconómica de obtener servicios de salud, la infraestructura hospitalaria de los territorios donde viven e incluso el acceso a la información. Teniendo en cuenta lo anterior, y la decisión de la Corte Constitucional, en cumplimiento de las órdenes establecidas en la sentencia, en el mes de enero se publicó la resolución 051 de 2023, Por medio del cual se adopta la regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se modifica el numeral 4.2 del Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptado mediante la Resolución 3280 de 2018. La regulación tiene como objetivo establecer disposiciones para todas las entidades que integran el sistema de salud con el fin de garantizar de manera integral el derecho al aborto de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Respecto al contenido de la resolución, desde el Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica consideramos importante establecer recomendaciones que resaltan la importancia de aplicar un enfoque etnico-racial, que tenga en consideración que las mujeres afrodescendientes tienen barreras estructurales que deben ser tenidas en cuenta para brindar el servicio de IVE de manera adecuada. Estas condiciones, aunque son múltiples, pueden reflejarse en datos como que las mujeres afrodescendientes son más afectadas por la pobreza, con un índice de feminidad de la pobreza de 121, mientras que, en las mujeres no afro, es de 116.6. Adicionalmente, las mujeres afro que son madres cabezas de hogar, tienen una tasa de pobreza del 47,9%, más de 10 puntos porcentuales por encima de los hogares monoparentales liderados por mujeres no afro, en la que el índice de pobreza es de 31.8%. Por último, es importante recordar que para el año 2021, la tasa de mortalidad de mujeres afrodescendientes era 1,8 veces mayor que las mujeres no afro. Los datos referenciados son una expresión de que las mujeres afrodescendientes no cuentan con la misma posibilidad de acceder a información, servicios de calidad o controles sobre su salud sexual y reproductiva, lo que coarta su derecho a escoger libremente sobre sus procesos de gestación. Por consiguiente, cuando nos vemos enfrentadas a analizar este tipo de regulaciones es primordial generar algunas reflexiones, que serán enumeradas a continuación: 1. La aplicación de la resolución 051 de 2022, debe junto a la enunciación de estándares con las cuales se debe brindar la IVE, en condiciones de pertinencia, accesibilidad, disponibilidad y el principio de no discriminación, generar diagnósticos reales y efectivos sobre las necesidades especificas de las mujeres afrodescendientes que puedan establecer las problemáticas que enfrentan en contextos tanto rurales como urbanos, que debe traer como consecuencia enfocarse en la superación de estas barreras y/o en la forma de minimizarlas. 2. Es importante que esta resolución también sea de conocimiento de los sistemas tradicionales de salud, como organizaciones de parteras tradicionales del Pacífico u otras zonas donde se identifique su trabajo. Se deben evaluar las posibilidades de articulación para realizar trabajos de capacitación que puedan combatir estigmas o prejuicios frente a la IVE, sin que esto implique el desconocimiento de la identidad etnico y cultural de estos sistemas 3. La resolución menciona el derecho a establecer una información oportuna, suficiente y adecuada. Este punto debe responder a las diferencias culturales de las poblaciones, sus dinámicas y visiones, que claramente abarcan a las mujeres afrodescendientes. 4. Uno de los puntos que puede afectar la aplicación real en territorios que no tienen un sistema de salud adecuado, que coincide con aquellos habitados por mayoría afrodescendiente, es el manejo de la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud. La aplicación de la resolución debe contemplar que muchas mujeres afro, pueden no tener ni siquiera la posibilidad de trasladarse a centros hospitalarios que puedan brindar la IVE, por eso, es preciso integrar una evaluación de las posibilidad que de manera integral garantice el derecho al aborto. 5. En el artículo 12 de la resolución, se contempla el registro de atenciones en salud para la IVE. Es necesario que el sistema de salud enfrente la obligatoriedad de captar información desagregada en términos de pertenencia etnico-racial que posibilite obtener información de calidad que sea insumo para la generación de acciones con enfoque diferencial. 6. Es importante considerar el trabajo pedagógico sobre la IVE, que pueda ser de manera clara y …

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes. Muchas preguntas pueden formularse en la temática de acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia. Por medio de este documento, ILEX Acción Jurídica desea contribuir en la discusión sobre el reconocimiento legal de los derechos territoriales a cargo del Estado en el que, si bien otras organizaciones han trabajado, es preciso seguir ahondando, máxime cuando aproximadamente 401 comunidades del país aún esperan por ello. Este trabajo de ILEX está enfocado en la región Caribe. La titulación colectiva cuenta con un número importante de hectáreas y familias beneficiarias, principalmente en el Pacífico. Alrededor de seis millones de hectáreas (6.000.000 ha) han sido reconocidas como tierras de comunidades negras, como una materialización del derecho fundamental colectivo al territorio, garantizando la efectiva aplicación de la igualdad en el plano formal y material. De esas tierras reconocidas, solo 6.090 hectáreas con 4.049 m² se encuentran el Caribe. Pese a lo anterior, los resultados sobre titulaciones de los últimos años evidencian que los avances no son los esperados, no se cumple con las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos y los “planes de choque” no han sido ejecutados. Esto se vio agravado por las situaciones propias de la pandemia generada por el Covid-19. Así pues, este texto presenta un panorama sobre la situación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del Caribe, a partir de datos abiertos y consultas realizadas a la entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras; así mismo, refiere la normativa y algunos elementos de la jurisprudencia constitucional, necesarios para el análisis, sin pretender agotar integralmente dicho punto; y aborda una serie de obstáculos sobre los que ya se ha abierto el debate y que aún están por resolverse. La información se presenta en tres capítulos, en los que se desarrollaron algunas ideas y elementos principalmente jurídicos, apoyados en datos y casos, para entender la situación actual de las comunidades negras del Caribe en los procesos de titulación colectiva pendientes de resolverse Te recomendamos leer: Cifras de titulaciones evidencian lento avance en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras del Caribe Consulta aquí la Cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

Comunidades negras del Caribe podrían tardar más de 60 años en obtener los títulos de sus territorios ancestrales o comunitarios

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En el ‘muntú’ de las comunidades negras de Colombia, el vivir dignamente ha estado ligado a un continuum de modelos ancestrales de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con su entorno. El territorio es la base de la construcción de la autonomía y autodeterminación de esta población. El espacio en el que se crea y recrean constantemente su identidad cultural. La garantía de los derechos colectivos sobre los territorios de las comunidades negras es un requisito indispensable para la pervivencia de su espíritu. Es en este espacio ancestral, material y simbólico sobre el cual se desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, utilizadas desde tiempos seculares para “garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”, según reseña un apartado de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de políticas públicas, el camino hacia la titulación de la propiedad colectiva implica para las comunidades negras recorrer una pendiente cuesta arriba plagada de barreras institucionales para la implementación del debido proceso y largas demoras para la adjudicación de las titulaciones. Hernando Vega, representante del Consejo Comunitario Curazao Giovanny Vega, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), afirma que las trabas en el procedimiento han ido apagando el sueño de la titulación en varias comunidades de su región. “Inicialmente teníamos muchas expectativas pero no imaginamos que este iba a ser un proceso tan tedioso”, reclamó. El líder comunitario solicitó a la Agencia Nacional de Tierras -entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural- tener en cuenta que son “comunidades pobres, víctimas del conflicto armado, y no contamos con un rubro económico para hacer todas las diligencias a las que nos someten a lo largo del proceso. Siempre está uno actualizando, pagando impuestos para mantener la documentación vigente de los predios para adquirir la titulación colectiva o lograr que ellos compren la tierra”. Los resultados sobre las titulaciones en los últimos años esbozan un panorama desalentador. De acuerdo con cifras de la ANT documentadas por un informe realizado por ILEX Acción Jurídica, en el país hay alrededor de 400 comunidades negras a la espera de que sus derechos territoriales sean reconocidos por una institucionalidad que se ha caracterizado por el incumplimiento en las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos, y por fallar en la implementación de los “planes de choque” que con los que se pretende remediar esta problemática del rezago. El estudio titulado ‘Desafiando las alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe’, documenta que para el 2021 el 47 por ciento de las solicitudes en el Caribe estaba en estado “rezago” y un número alto de solicitudes en etapa preliminar calificadas como “incompletas” hoy “peticiones”. Situación que representa una doble vulneración a los derechos fundamentales de estas comunidades negras, algunas de estas víctimas del conflicto armado, puesto que, conforme a lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2014, la protección de los derechos ancestrales de los pueblos étnicos está íntimamente relacionada con los derechos a la identidad cultural y, por ende, ligada a la subsistencia de los mismos. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos” No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. El estudio, fruto del trabajo investigativo de la línea de Derechos territoriales y titulación colectiva de ILEX Acción Jurídica, identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían …

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Usurpadores de tradición: el viche del Pacífico está siendo decomisado y lo están suplantando en decenas de bares exclusivos en Bogotá

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Por falta de reglamentación del Invima, familias productoras no pueden transportar sus productos ni comercializarlos por redes sociales. Las familias productoras tradicionales del viche en el Pacífico colombiano no están sintiendo en sus bolsillos los beneficios económicos del “furor” por la inclusión del viche en los menús de los bares y restaurantes más exclusivos del país. De acuerdo con sus denuncias, a pesar del acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Policía en agosto del 2022, sus productos siguen siendo decomisados por las autoridades en varios territorios de la región. La falta de reglamentación por parte del Invima de la categoría “Artesanal Étnico (AE)”, estipulada en la Ley del Viche (Ley 2158 del 2021), ha sometido también a las familias productoras a persecuciones por parte Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que les prohíbe promocionar y comercializar sus productos por redes sociales. “Por un lado nos dicen que estamos bien y luego nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, explicó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña, empresa que lleva más de 30 años vendiendo Viche y sus derivados en Cali. (Le recomendamos leer: Así va el proceso jurídico con el que buscamos amparar los derechos de lxs productorxs de esta bebida ancestral) La cantaora y productora de Viche, Nidia Góngora, también ha elevado su voz de protesta ante este engranaje racista y extractivista que pareciera sólo estar beneficiando económicamente a las élites de la industria gastronómica colombiana. “Ahora no es viche del Pacífico sino viche de Bogotá. Mientras a los productores y transformadores del Pacífico se les decomisa su viche, en Bogotá hay cuchumil marcas de viche”, escribió Nidia en una publicación en Facebook. En una declaración a el diario EL País de Cali, María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, afirmó que nada sirve que el viche sea considerado un patrimonio de la Nación si a los emprendedores y emprendedoras de la bebida les “dan la puñalada trapera”, cerrándoles las puertas para comercializar su producto. (Consulta aquí nuestra cartilla ABC de protección y defensa de los recursos culturales) ILEX Acción Jurídica ha evidenciado cómo en los últimos años este desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del Pacífico. Cabe recordar que aunque la ley 2158 de 2021 ordenó a las autoridades sanitarias la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve sus prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica, a la fecha, tanto el Invima como el Ministerio de Salud han postergado la reglamentación de dicha categoría (AE). Hace más de siete meses, luego de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica que buscaba amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral, el Ministerio de Cultura informó que la normativa estaría lista en enero de 2023 y que a partir de este mes los vicheros comenzarían a presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y pasarían a obtener el certificado que los acredita como vicheros tradicionales. Para esto se crearía un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de cada departamento. Sin embargo, las promesas siguen sin cumplirse y los derechos de las familias negras productoras de esta bebida continúan siendo vulnerados. Las restricciones sanitarias y comerciales que pesan actualmente sobre el viche, dificultan la consolidación de cadenas productivas y el acceso de estas comunidades a mercados más estables y de mayor envergadura. El “Gobierno del Cambio” no puede seguir permitiendo el extractivismo racista y rampante de nuestros recursos culturales.

Plan Nacional de Desarrollo propone política para erradicación del racismo y medidas para la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras

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El Gobierno Nacional también destinará recursos para la modernización de los sistemas de información referentes a los pueblos étnicos y el reconocimiento y recuperación del patrimonio cultural e identidad del Pueblo Palenquero. El Gobierno Nacional presentó este lunes el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, por medio del cual se planea una inversión de $1.154 billones de pesos en políticas que garanticen el ordenamiento del territorio alrededor del agua, el derecho a la alimentación, la transformación productiva, la convergencia regional, la seguridad humana y la justicia social, desde un enfoque de género y étnico-racial. El Plan que recogió las peticiones de cerca de 250.000 colombianos a lo largo y ancho del país, propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y lo pueblos étnicos, con el objetivo de “avanzar en la garantía efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, superar las desigualdades estructurales, y fortalecer su participación en el desarrollo político, económico y social del país”. (Le recomendamos leer: Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia) “Es un Plan Nacional de Desarrollo realmente histórico, capaz de entender otras nociones del desarrollo: las nociones del buen vivir, del vivir sabroso y de la vida digna para todos, todas y todes. Nosotros, el gobierno del cambio, entendemos que el eje del desarrollo es la construcción de paz, igualdad y equidad. Nosotros entendemos que el desarrollo pasa por hacer justicia con los territorios y las poblaciones que históricamente han sido marginadas y excluidas”, afirmó Francia Márquez, Vicepresidenta de la República, durante el evento de radicación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República. Precisamente, en lo que refiere a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos étnicos, el documento señala que el Gobierno ejecutará medidas de protección, restitución, ampliación, saneamiento y titulación de los mismos. Estos elementos también serán tenidos en cuenta a la hora de implementar políticas como el catastro multipropósito y el cumplimiento de los compromisos étnicos del Acuerdo de Paz. (También puedes leer: Crisis climática amenaza la biodiversidad y supervivencia de los territorios afro del Colombia) Otra de las principales apuestas del Plan consiste en la formulación de una política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial que será lideradada por el Ministerio de la Igualdad y construida de manera participativa con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom. La iniciativa será complementada por una política exterior antirracista que promueva la reparación histórica de estas comunidades, desde un enfoque étnico-racial. Las metas son ambiciosas. El Gobierno Nacional buscará disminuir las brechas de desigualdad que afectan a la población afrocolombiana garantizando la prestación de servicios como agua potable, salud con calidad y cobertura educación superior, vivienda, hábitat limpio, alimentación suficiente y culturalmente adecuada, y conectividad a través del desarrollo de políticas y programas que tengan en cuenta la especificidad de los territorios. En cuanto a las medidas para la protección y seguridad de las comunidades negras, el documento señala que se implementarán estrategias efectivas para el desmantelamiento de estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal y al narcotráfico que atentan contra la vida y la integridad de líderes sociales, y amenazan ecosistemas estratégicos para la supervivencia de la biodiversidad en el país. Adicionalmente, se garantizará la creación e implementación de un plan de desarrollo integral para las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el pacífico nariñense, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 620 de 2017. (Artículo relacionado: Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia) La hoja de ruta para este cuatrienio el Gobierno Nacional también plantea la destinación de recursos para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental de las comunidades étnicas, con el objetivo de emprender una restauración ecológica y acceso a la justicia ambiental en sus territorios, a partir de una mayor participación ciudadana mediante la consulta previa. “Los proyectos de energía solar y eólica tienen impactos socioculturales y ambientales en las comunidades que deben ser valorados y compensados de manera justa en el marco de procesos de consulta previa. Se trabajarán con los pueblos y comunidades étnicas las adecuaciones institucionales para el diseño de esquemas que les permitan obtener beneficios los proyectos para el fortalecimiento de su propio desarrollo”, agrega el documento. El Gobierno también destinará recursos para la modernización de los sistemas de información referentes a los pueblos étnicos, y para el reconocimiento y recuperación del patrimonio cultural e identidad del Pueblo Palenquero. Descarga aquí el documento del Plan Nacional de Desarrollo

“Fue un acto racista”: Juan Ramón Camarillo, hombre afro agredido por funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado

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El doctor en ingeniería fue enfático al señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual”. Juan Ramón Camarillo Peñaranda regresó a Colombia a finales del año pasado con un único objetivo: abrazar a su hijo. El ingeniero electricista y doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes, hizo una pausa en sus estudios de posdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, para pasar las fiestas de fin de año con su familia, después de casi un año de estar alejado de su entorno más cercano. Nada salió como esperaba. El 24 de noviembre, tras arribar al país por el aeropuerto El Dorado (Bogotá), Juan Ramón fue víctima de violencia física y agresiones racistas por parte de Jaime Adolfo Sánchez, un funcionario de Migración Colombia que, en un acto desmesurado de abuso de poder, atentó contra la humanidad del ingeniero después de que este le solicitó ayuda con la máquina de biometría que registra el ingreso de connacionales al país. “Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle, pero no lo hice porque estoy seguro de que si yo hubiese golpeado ese señor ya estuviera preso en este momento”, confesó Juan Ramón en diálogo con ILEX Acción Jurídica. Además, fue enfático en señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó”. ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Qué ocurrió exactamente tras su arribo al aeropuerto El Dorado? Llegué el día 24 de noviembre del 2022 a Colombia, específicamente al aeropuerto El Dorado. La idea era pasar el fin de año con mi familia después de un año de no estar con mi esposa y con mi hijo. Intento hacer el ingreso por medio de biometría y, bueno, la máquina no funcionaba. Le pedí ayuda al funcionario de Migración que me atendió en el aeropuerto y lo que recibí de su parte fue un trato racista. Yo he sido víctima de racismo varias ocasiones en mi vida y uno no sabe cómo va a reaccionar cuando un hecho de estos ocurre. En ese momento me alteré y comencé a responderle como me venía hablando esa persona. La situación fue escalando hasta que el funcionario ya quería un enfrentamiento físico. Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. Hay personas a las que se le garantizan los derechos más que a otras, entonces, decidí no responder. La respuesta a esa decisión fue que el funcionario me golpeó en una segunda oportunidad. Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. ¿Cómo ha impactado este episodio su vida personal y profesional desde entonces? Después de lo ocurrido atravesé por un episodio de trastorno por estrés postraumático. Sentía que todo el mundo me estaba mirando. Algunas personas se me acercaron en la calle para comprobar si efectivamente era yo el que había sido víctima de este caso de racismo que se volvió viral. Sin embargo, no voy a permitir que ese suceso me marque o modifique mi vida profesional. Yo sigo en lo mío, investigando, haciendo mi posdoctorado en Brasil y tratando de hacer las cosas como mejor las puedo hacer. En distintos medios usted ha calificado lo que le sucedió como un acto racista, ¿por qué considera que fue así? Yo he sufrido perfilamiento por la policía desde que tengo cédula, prácticamente. Y sí, lo que ocurrió en el aeropuerto fue un acto racista, hubo perfilamiento racial. Cuando le entregué el pasaporte al funcionario de Migración Colombia le informé, en un tono normal, que las máquinas no me estaban permitiendo el ingreso por biometría. Entonces, él procedió a gritarme y a responderme de forma grosera. Al final lo que creo es que por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó. En el video que circuló por redes sociales se evidencia que los otros funcionarios que estaban en el lugar tampoco hicieron nada para protegerlo de las agresiones físicas y verbales de los que fue víctima. ¿Usted considera que esto también estaría ligado al hecho de que estas formas de perfilamiento racial permean todas las instituciones del país? Recuerdo que en ese momento, después de la primera agresión, había unas tres o cuatro personas de Migración Colombia rodeándome, limitando mis movimientos, mientras que el agresor estaba libre. Hubo fallas de todos los funcionarios que estaban ahí en ese momento. Es decir, ¿cómo permiten que se repita la agresión? Digamos que no tenían cómo prever el primer golpe, pero el segundo sí. Otra cosa grave que pasó y no se ve en los videos es que antes de entrar al cuarto en donde iba a poner la queja, el agresor se acercó a mí una tercera vez. Y se acercó bastante. Supongo que lo que él quería era que yo le pegara para tratar de equilibrar la situación, pero yo no le seguí el juego. Los funcionarios de Migración Colombia tampoco detuvieron al agresor tras los ataques, ni lo apartaron de la sala a la que usted fue conducido para reportar la queja, afectando así la confianza en el debido proceso y vulnerando su derecho a recibir justicia. ¿Cómo considera que ha sido el accionar de la entidad durante este proceso? Una vez entré al cuarto, los funcionarios de Migración Colombia me dejaron esperando unos 30 o 40 minutos porque no tenían claro cuál era el procedimiento en …

“Fue un acto racista”: Juan Ramón Camarillo, hombre afro agredido por funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado Leer más »

febrero 2023

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