Por falta de reglamentación del Invima, familias productoras no pueden transportar sus productos ni comercializarlos por redes sociales.
Las familias productoras tradicionales del viche en el Pacífico colombiano no están sintiendo en sus bolsillos los beneficios económicos del “furor” por la inclusión del viche en los menús de los bares y restaurantes más exclusivos del país.
De acuerdo con sus denuncias, a pesar del acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Policía en agosto del 2022, sus productos siguen siendo decomisados por las autoridades en varios territorios de la región. La falta de reglamentación por parte del Invima de la categoría “Artesanal Étnico (AE)”, estipulada en la Ley del Viche (Ley 2158 del 2021), ha sometido también a las familias productoras a persecuciones por parte Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que les prohíbe promocionar y comercializar sus productos por redes sociales.
“Por un lado nos dicen que estamos bien y luego nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, explicó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña, empresa que lleva más de 30 años vendiendo Viche y sus derivados en Cali.
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La cantaora y productora de Viche, Nidia Góngora, también ha elevado su voz de protesta ante este engranaje racista y extractivista que pareciera sólo estar beneficiando económicamente a las élites de la industria gastronómica colombiana. “Ahora no es viche del Pacífico sino viche de Bogotá. Mientras a los productores y transformadores del Pacífico se les decomisa su viche, en Bogotá hay cuchumil marcas de viche”, escribió Nidia en una publicación en Facebook.
En una declaración a el diario EL País de Cali, María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, afirmó que nada sirve que el viche sea considerado un patrimonio de la Nación si a los emprendedores y emprendedoras de la bebida les “dan la puñalada trapera”, cerrándoles las puertas para comercializar su producto.
(Consulta aquí nuestra cartilla ABC de protección y defensa de los recursos culturales)
ILEX Acción Jurídica ha evidenciado cómo en los últimos años este desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del Pacífico.
Cabe recordar que aunque la ley 2158 de 2021 ordenó a las autoridades sanitarias la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve sus prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica, a la fecha, tanto el Invima como el Ministerio de Salud han postergado la reglamentación de dicha categoría (AE).
Hace más de siete meses, luego de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica que buscaba amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral, el Ministerio de Cultura informó que la normativa estaría lista en enero de 2023 y que a partir de este mes los vicheros comenzarían a presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y pasarían a obtener el certificado que los acredita como vicheros tradicionales. Para esto se crearía un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de cada departamento.
Sin embargo, las promesas siguen sin cumplirse y los derechos de las familias negras productoras de esta bebida continúan siendo vulnerados. Las restricciones sanitarias y comerciales que pesan actualmente sobre el viche, dificultan la consolidación de cadenas productivas y el acceso de estas comunidades a mercados más estables y de mayor envergadura.
El “Gobierno del Cambio” no puede seguir permitiendo el extractivismo racista y rampante de nuestros recursos culturales.