Noticias

Alerta en San Cipriano: minería ilegal estaría envenenando reserva forestal del Pacífico

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa, Sin categoría / Por ILEX Comunicaciones

Desde hace tres meses las comunidades negras que habitan en la reserva natural de San Cipriano, en Buenaventura, comenzaron a percibir que el agua bajaba de las montañas con un color cobrizo alarmante. Al poco tiempo comprobaron que sus sospechas eran ciertas. La plaga de la minería ilegal llegó a la cuenca de los ríos Escalarete y San Cipriano, dos arterías fluviales de esta área de conservación regional de 8.564 hectáreas, reconocida por su riqueza hidrológica y por estar situada en el corazón de la selva del Litoral Pacífico, la cuarta zona más húmeda y lluviosa del mundo. “Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”, afirmó a finales de abril el alcalde de Buenaventura, Victor Vidal, tras realizar sobrevuelos en la zona y practicar pruebas de laboratorio en la fuente hídrica que abastece a los más de 432 mil habitantes del Distrito. “Se llegó a la conclusión que efectivamente se están desarrollando prácticas de minería ilegal que genera turbiedad prolongada y exagerada en el río Escalerete por encima de la capacidad de tratamiento de nuestras plantas e impide el suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad”. Los hallazgos son preocupantes. De acuerdo con la Corporación Regional del Valle del Cauca (CV), aunque en la zona no se encontraron retroexcavadoras, sí había implementos para la para la explotación de oro por medio de un sistema de cúbicos, el cual también genera graves afectaciones ambientales al ecosistema. “Sobre esto llevamos once informes que se han entregado a la Alcaldia”, aseguró Edgar Sevilla, director general de la región Pacífico Oeste de la CVC. El funcionario invitó a las autoridades a “redoblar la vigilancia e implementar las acciones necesarias que permitan mejorar las condiciones ambientales de este ecosistema de vital importancia para el Distrito”. Aunque estas pruebas ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación, los habitantes de las zonas de San Cipriano, Córdoba y Bodega temen que sus afluentes corran con la misma suerte de los otros ríos que han sido envenenados por el mercurio a lo largo y ancho de la región Pacífico. El pasado 10 de junio las autoridades incineraron las retroescavadoras utilizadas en dos minas ilegales para la explotación del oro ubicadas el sector de Yanobajo, a 37 kilómetros de la reserva forestal de San Cipriano, y que pertenecerían a la disidencia Jaime Martínez de la extinta guerrilla de las Farc. Ante las alertas, la Secretaría de Salud distrital y el operador del acueducto (SAAAB) han aumentado el monitoreo y las pruebas de laboratorio que realizan en el cauce del río Escalerete. Se espera que los resultados de los estudios sean conocidos a finales de este mes. Una práctica que está envenenando a los ríos del Pacífico De acuerdo con el último informe (2021) de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 35 % de las minas explotación de oro del país se encuentran en la Reserva Forestal del Pacífico, que alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta. La práctica posee al menos 43.325 hectáreas en jurisdicción de los Consejos Comunitarios de Mayor del Cantón de San Pablo (ACISANP), Mayor del Medio Atrato (ACIA) y ACADESAN. Estos dos últimos presentaron un incremento de evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) del 9 % y el 12 %, respectivamente, en comparación con el año anterior. Investigadores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han denunciado que en el Pacífico las operaciones mineras ilícitas arrasan con amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad de esta región. Además, durante la explotación, los mineros ilegales utilizan mercurio y otros productos químicos que “envenenan los ríos, las especies que viven en ellos, y los humanos cuya alimentación y sustento depende de éstos”. La organización advierte, además, que organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la guerrilla de las FARC, seducidas por los altos precios del oro, “supervisan directamente las operaciones mineras ilegales”, “extorsionan a los mineros” y “utilizan oro extraído ilegalmente para lavar dinero derivado del tráfico de drogas”. Fueron estas afectaciones al ecosistema y a la salud de las comunidades étnicas de estos territorios las que llevaron a la Corte Constitucional a reconocer hace siete años, mediante la Sentencia T-622 de 2016, al río Atrato, su cuenca y afluentes como “una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. Para la Corte, “las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres de las comunidades étnicas asociados a la biodiversidad”. Por ahora, los habitantes de Córdoba, San Cipriano que reciben gran parte de sus ingresos gracias al turismo ecológico que se práctica en la zona, esperan que esta fiebre enervante del oro no termine socavando aún más la biodiversidad de sus territorios.

Invisibilidad estadística llega a la CIDH: ¿qué se argumentó en la audiencia pública?

Deja un comentario / Casos de litigio, Intervenciones, Litigio Estratégico, Noticias, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

Organizaciones afro señalamos el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. “Los afrodescendientes que no han sido cubiertos por censos anteriores son invisibilizados actualmente. Si quisieran pedir sus derechos no podrían porque no hacen parte de la población reconocida de Colombia”, manifestó la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette Macaulay, tras escuchar este miércoles los argumentos presentados en una audiencia pública citada por ILEX Accción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N). Durante la audiencia las organizaciones expusimos la grave situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con esta institución, la población contabilizada como afrodescendiente se redujo en un 30,8% entre los últimos dos censos. Se pasó de 4.311.757 personas censadas como afrodescendientes en el 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (También puedes leer: CIDH escuchará a organizaciones afro por invisibilidad estadística en censo) Para Daniel Gómez, director de la línea de Representación de ILEX Acción Jurídica, “la ausencia de información estadística veraz y confiable sobre la población afrocolombiana es un elemento clave de la situación discriminación racial estructural que experimenta esta población en el país. Si bien durante las últimas tres décadas se han hecho avances significativos respecto al reconocimiento de la diversidad étnico-racial en América Latina, la invisibilidad estadística sigue siendo un reto enorme para combatir del racismo y la discriminación racial, puesto que impide el goce pleno de los derechos humanos para la población afrodescendiente.” En la intervención también se señaló el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. “Es claro que los censos constituyen actos administrativos con altas implicaciones entre poblaciones y territorios étnicos, en la medida que con la información estadística se toman decisiones de orden fiscal y se definen las políticas públicas, en ambos casos con efectos directos en diversos aspectos de la vida de familias y comunidades”, argumentó Jader Gomez, representante del Proceso de Comunidades Negras (PCN). De acuerdo con Gómez, durante la ejecución del Censo se vulneraron los derechos de las comunidades negras porque “la participación de los directamente involucrados es necesaria en la manera como se planifican y se ejecutan ejercicios estadísticos como los censos, encuestas y demás estudios que involucren población de grupos étnicos, y es en este sentido que la Consulta Previa emerge como derecho fundamental en torno a la producción de estadísticas.” (Recomendamos el artículo: Comunidades afrodescendientes llegan a la CIDH por invisibilidad en el país) El diagnóstico de Glenda Palacios, cofundadora de la Asociación Colombiana Economistas Negras, fue contundente:”El DANE no tuvo solo errores con la variable étnica sino con las variables como asistencia escolar, fecundidad y vivienda”, manifestó. De igual forma, afirmó que las personas que hicieron las encuestas “no solo presentan unos sesgos implícitos sino también unos sesgos explícitos. Y fue muy claro en el informe que presentaron los auditores de cómo los encuestadores no hicieron las preguntas éticas durante los primeros meses del Censo. Pero el DANE ya sabía todos esos problemas porque estamos en una sociedad racista y ellos no hicieron nada para evitar esos problemas”. Te recomendamos leer: ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018) La audiencia también contó con la intervención del director del DANE, Juan Manuel Oviedo, quien explicó las acciones implementadas por esa institución para intentar remediar los daños derivados por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente, especialmente en un contexto como el de la pandemia por el coronavirus del Covid-19. El espació abrió un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos.

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

Deja un comentario / Investigación social, Noticias, Publicaciones, Sala de prensa, Sin categoría / Por ILEX Comunicaciones

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios. “La titulación colectiva es un derecho fundamental para los pueblos negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, por eso yo titulo mi propiedad”, se lee en la pared lateral de una vivienda anclada al Consejo Comunitario de Villa Gloria, en el norte del Cartegena. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios, garantizando así la materialización del derecho fundamental colectivo al Territorio y la aplicación efectiva de la igualdad en el plano formal y material. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en la actualidad hay por lo menos 401 comunidades del país en espera de trámite y culminación de titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos resultados evidencian un estancamiento de los avances en lo que refiere a la protección del Estado de los derechos territoriales y la diversidad étnica y cultural de Colombia. En este contexto, ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Nuestro documento tiene tres unidades, en los cuales hacemos un recuento de conceptos y definiciones básicas; presentamos el paso a paso para su formalización haciendo énfasis en las etapas en las que la comunidad interviene de manera más activa, además hacemos énfasis en algunos obstáculos que se han identificado para la materialización de este derecho, aterrizados en casos específicos del Caribe, como una breve reflexión sobre las implicaciones del Covid-19 en el contexto actual. También presentamos una caja de herramientas jurídicas, a partir de la jurisprudencia colombiana, reconociendo a la Corte Constitucional como una aliada en su calidad de intérprete de la Constitución. Adicionalmente, referimos un capítulo relacionado con las afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado, los mecanismos para la protección y restitución formal y material de los derechos territoriales de las comunidades negras.

Organizaciones afro expondremos ante CIDH implicaciones por invisibilidad estadística en Censo (2018)

Deja un comentario / Casos de litigio, Litigio Estratégico, Noticias / Por ILEX Comunicaciones

Las claves: Expondremos ante CIDH la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo 2018. La disminución de un 30,8% de la población contabilizada como afrodescendiente representa una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. El Estado colombiano ha fallado en adoptar medidas que puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente. También expondremos la necesidad de garantizar la inclusión de la variable étnico-racial en bases de datos administrativas y otros instrumentos estadísticos distintos del censo. Este miércoles 22 de junio, ILEX Acción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N) expondremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La audiencia ante la CIDH se enmarca en una larga batalla jurídica emprendida por estas organizaciones, junto con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de denunciar los efectos desproporcionados y discriminatorios que representa para los y las afrodescendientes la reducción de un 30,8 % del número de personas contabilizadas como parte de esta población en el Censo (2018). De acuerdo con el DANE, se pasó de 4.311.757 personas censadas como afros en el año 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (Le recomendamos leer: ABC de tutela por invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018) Esta alarmante disminución de la población afrodescendiente en los registros oficiales que determinan las decisiones que garantizan la atención de los derechos humanos para reducir las desigualdades, representa, además, una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. De igual forma, esta situación evidencia el incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos referentes a la protección de grupos históricamente discriminados y la transparencia en la información que se recoge, sistematiza y analiza para evaluar el desarrollo de la garantía de los derechos humanos y, por enlace, de otros compromisos internacionales. Durante la audiencia, las organizaciones citantes explicaremos a la CIDH las implicaciones de esta situación para los afrodescendientes, y expondremos las deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia, en el que tener datos actualizados y desagregados resulta indispensable para poder medir impactos diferenciales que ha tenido la emergencia sanitaria de la COVID-19. Cabe señalar que, actualmente, la acción de tutela presentada por las organizaciones afrodescendientes se encuentra en revisión por la Corte Constitucional bajo radicado T8374654 y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre las repercusiones de la invisibilidad estadística para la población afrodescendiente. En dicha acción judicial, las organizaciones pedimos a la Corte Constitucional que le ordene al Estado suspender el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país, hasta tanto se realicen los ajustes correspondientes. La audiencia pública que se adelantará frente a la CIDH representa un hito importante debido a que permitirá exponer el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. Así mismo, permitirá abrir un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos. Línea de tiempo del caso A continuación, una reseña de las organizaciones Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia. La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.

Corte Constitucional tuvo en cuenta argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica en fallo a favor de despenalización del aborto

Deja un comentario / Intervenciones, Litigio Estratégico, Noticias / Por ILEX Comunicaciones

Celebramos esta decisión que se basa en el principio de igualdad y en la urgencia de garantizar políticas de Estado para que mujeres y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo de forma segura. La Corte Constitucional recogió varios argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica, La COMADRE de AFRODES, Raza e Igualdad y la Asociación de Economistas Negras, “Mano Cambiada”, en su histórico fallo a favor de la despenalización del aborto durante las primeras venticuatro semanas de un embarazo al destacar que: 1. “Las mujeres afrocolombianas viven en promedio 11 años menos que el resto de las mujeres y la tasa de mortalidad materna para este grupo poblacional es de 109,18 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que contrasta con la tasa de 51 casos por cada 100.000 nacidos de la población en general” (p. 98). “Las mujeres afrocolombianas viven en promedio 11 años menos que el resto de las mujeres y la tasa de mortalidad materna para este grupo poblacional es de 109,18 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que contrasta con la tasa de 51 casos por cada 100.000 nacidos de la población en general” 2. Frente a los impactos diferenciales de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes, la Corte ha señalado que a pesar de los significativos avances del Estado hacia la garantía del derecho a la salud, la igualdad y la interrupción involuntaria del embarazo, aún existen barreras estructurales, operativas, económicas, sociales y legales que impiden la plena garantía de estos derechos ya reconocidos sobre todo para mujeres y niñas en condiciones de gran vulnerabilidad, como las mujeres y niñas negras, especialmente las asentadas en zonas rurales. (Te recomendamos leer: La lucha histórica y poco nombrada de las mujeres afrodescendientes) De acuerdo con la sentencia c-055 de 2022, el aborto inseguro y clandestino deja anualmente a por lo menos 132.000 mujeres con complicaciones médicas que deben atenderse en el sistema de salud colombiano y que podrían evitarse. De ese total, el 53 % de las afectadas son mujeres que habitan en la ruralidad. La Corte también advirtió que la mayoría de las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido habitan en zonas rurales y “están expuestas a factores interseccionales de discriminación que las hacen aún más vulnerables”. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta sentencia de la Corte Constitucional que se basa en el principio de igualdad y en la urgencia de garantizar políticas de Estado para que mujeres y personas gestantes, que así lo deseen y requieran, especialmente para que las más vulnerables, puedan interrumpir su embarazo de forma segura. Lee aquí la intervención completa:

ILEX presentó intervención ante el Consejo de Estado en el trámite de control de nulidad contra resolución que regula el Registro Único de Víctimas

Deja un comentario / Intervenciones, Litigio Estratégico, Noticias / Por ILEX Comunicaciones

ILEX Acción Jurídica presentó una intervención ante el Consejo de Estado en el marco del trámite de control de nulidad contra la Resolución No. 2016-244846 del 22 de diciembre de 2016 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015 y el Decreto Ley 4635 de 2011”, expedido por la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional. Teniendo en cuenta la relevancia constitucional y para la defensa y garantías de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de los pueblos negros/afrodescendientes del país, en el documento presentamos argumentos sobre la necesidad de declarar la validez de la Resolución No. 2016-244846 del 22 de diciembre de 2016.

La COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afros víctimas del conflicto armado en Colombia

Deja un comentario / Comunicación estrategica e incidencia, Litigio Estratégico, Noticias / Por ILEX Comunicaciones

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ha documentado desde el año 2001 múltiples casos de violencia sexual, reclutamientos forzados, asesinatos, desplazamientos, exilios, amenazas y torturas, así como ataques a las casas y sedes de las lideresas, entre otras vulneraciones que afectan de forma diferencial a las mujeres negras en el país. “Conmemoramos más de veinte años de lucha y resistencia en la visibilización de todas las problemáticas que hemos enfrentado como mujeres negras en el marco del conflicto armado y en una guerra que no es nuestra y hemos tenido que afrontar”, afirma Luz Marina Becerra Panesso, coordinadora de La COMADRE y ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año (2021). La historia de Luz Marina y de las otras siete mil mujeres agrupadas bajo el abrigo de La COMADRE se hilvana en una secuencia admirable de esfuerzos por ser reconocidas como sujetas de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), lo que les garantizaría el acceso a un proceso urgente de resarcimiento integral, con enfoque étnico racial, de género y cultural; y contribuiría a saldar parte de la deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres negras. Pero el camino ha estado plagado de obstáculos. En marzo del 2017, la UARIV reconoció a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica, en el marco del Decreto ley 4635 de 2011, que ordena la atención integral a la población afrocolombiana víctima del conflicto armado; sin embargo, un año después, la entidad expresó su intención de anular esta decisión y continuar el proceso de reparación como organización bajo la ley 1448 de 2011, desconociendo las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado en las mujeres negras de la COMADRE. Le recomendamos leer: La lucha de mujeres afro víctimas de la guerra para que Estado las repare. Con esta decisión, además de desconocer la senda jurisprudencia en la cual se conceptualiza de manera amplia el concepto de “Sujetos étnicos” por parte de la Corte Constitucional, la UARIV revictimiza y pasa por alto las medidas contempladas en el Decreto ley 4635 de 2011, teniendo en cuenta que existe una resolución de acto administrativo en firme que reconoce la calidad de La COMADRE como sujeto de reparación colectiva étnica. Desde ILEX Acción Jurídica, CODHES, AFRODES y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organizaciones que realizamos acompañamiento jurídico al proceso de Reparación Colectiva de la COMADRE, consideramos que esta decisión de la UARIV es perjudicial, primero, porque genera inseguridad jurídica en relación con las expectativas de un grupo poblacional que también ha sido víctima del conflicto. Segundo, el cuestionamiento sobre la calidad de sujeto étnico resulta contrario a lo desarrollado por la Corte Constitucional, ya que es el mismo sujeto colectivo étnico el que puede o no reconocerse de esa forma, de acuerdo con unos elementos objetivos y subjetivos. Según datos del Registro Único de Víctimas, en el último año más de 23.000 mujeres afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y por lo menos 133 han perdido la vida en el marco de un conflicto armado que aún flagela la cotidianidad de las poblaciones afro que residen en los márgenes del Pacífico y Caribe colombiano. “Los hijos de las mujeres negras son quienes hoy están engrosando las filas de los grupos armados por la falta de oportunidades, dentro de las cifras de desplazamiento forzado gran parte obedece a mujeres negras; las cifras de violencia sexual son alarmantes en mujeres negras, la desaparición forzada es tenebrosa y escalofriante en familiares de mujeres negras, sus hijos, sus compañeros”, advierte Luz Marina. Este 20 de mayo, en el marco de la conmemoración de los 20 años del establecimiento del Día de la Afrocolombianidad, La COMADRE realizó un encuentro en el que participaron representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir los obstáculos del proceso de reparación colectiva étnica de la organización. Además, se instaló una mesa de diálogo interinstitucional que propenderá por construir colectivamente ideas, estrategias y acciones concretas que permitan materializar una respuesta efectiva en clave de sanación y reparación colectiva, restaurativa y transformadora con carácter étnico. La mesa será un espacio solidario para sumar esfuerzos, voces, voluntades y agendas en favor de la exigibilidad y garantía de los derechos que históricamente han sido vulnerados a las mujeres negras afrocolombianas en el marco del conflicto armado interno en Colombia, violaciones que persisten aún luego de la firma del Acuerdo Final de Paz. Investigación e incidencia Además de acompañar a mujeres negras víctimas de desplazamiento y violencia basada en género, desde el 2007 la COMADRE ha elaborado varios informes sobre vulneraciones de derechos humanos de la población afro y ha trabajado en la promoción de acciones de incidencia que conduzcan a que el Gobierno diseñe e implemente políticas públicas y programas que garanticen la reparación integral de las mujeres afros víctimas de la guerra con un enfoque étnico y de género. Varias de sus investigaciones sobre las afectaciones a los derechos de las mujeres, jóvenes y niños afrocolombianxs desplazados han sido presentadas a la Corte Constitucional y han contribuido a la expedición de Autos como el 092 de 2008 y el 005 de 2009 que han ordenado al gobierno diseñar 37 programas de protección de los derechos de las mujeres negras y estrategias que ayuden a superar las brechas históricas de discriminación y de pobreza que las atraviesan De igual forma, la COMADRE ha presentado informes sobre la situación actual de las mujeres negras víctimas del conflicto armado a entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y a organismos internacionales como el CERD, CEDAW y la CIDH, los cuales incluyen impactos de la pandemia por el COVID-19 en la vida de los pueblos y …

La COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afros víctimas del conflicto armado en Colombia Leer más »

Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

Deja un comentario / Litigio Estratégico, Noticias / Por ILEX Comunicaciones

El fallo se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por ILEX Accción Jurídica, Asoparupa y Asoredipar – Chocó. En una decisión sin precedentes en el país, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta en 2021 por ILEX Accción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asoredipar – Chocó). De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte, el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó, al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus. En este sentido, la Corte pidió al Ministerio de Salud efectuar, en un plazo de seis meses, el pago del reconocimiento económico consagrado en el Decreto 538 de 2020 a las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar-Chocó y adelantar una campaña de información sobre la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades de las agremiaciones accionantes. La cartera también deberá realizar un censo nacional que ayude a determinar el número de personas que ejercen la partería en el país. En concordancia con los argumentos expuestos por ILEX Acción Jurídica, la Corte Constitucional también determinó que la Secretaría de Salud del Chocó y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca vulneraron los derechos de las parteras de Asoparupa y Asoredipar-Chocó, al no entregarles los elementos de protección personal requeridos para controlar infecciones y detener la transmisión del COVID-19. “Estas personas además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional”, manifestó la Corte, y agregó que es un “deber constitucional y legal” integrar la partería al Sistema de Seguridad Social. Finalmente, la sentencia T-128 del 2022 advierte al Ministerio de Salud y al Congreso Nacional que la vinculación de las parteras a este sistema debe respetar los conocimientos propios del saber ancestral de la partería y partir de la base de que esta práctica es una forma de medicina, reconocida por la jurisprudencia constitucional, por la ley, por el Ministerio de Cultura y por la sociedad. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta decisión que responde a la necesidad de desarrollar una línea jurisprudencial que ejerza una protección a las parteras y parteros como una forma de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, además de establecer una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de las poblaciones, promoviendo los derechos económicos, sociales y culturales, certificando su ejercicio y goce de los mismos.

Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional 2021

Deja un comentario / Investigación social, Noticias, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

El Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH en relación con la protesta pacífica y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural que contribuya a tejer soluciones a los problemas del país Ha pasado un año desde la primera movilización que borbotó uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente de Colombia. El 28 de abril de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y agobiados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Estado la garantía de su derecho a una vida digna. A lo largo de estos doce meses, distintas organizaciones se dieron a la tarea de recopilar y analizar datos sobre violación de derechos humanos en el marco de estas protestas. En particular, el trabajo de ILEX Acción Jurídica en colaboración con otras organizaciones se enfocó en las afectaciones sufridas por población afrodescendiente. En los dos informes publicados en 2021, se señalan las violencias sufridas por la población afrodescendiente durante el primer semestre del Paro Nacional, también se da cuenta de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y casos de violencia de género de los que fueron víctimas diferencialmente las mujeres afrodescendientes. Sin embargo, la labor de las organizaciones y la sociedad civil, en el marco de este año de protestas, supera la labor de recopilación y difusión del información, hasta convertirse en acción constante y colectiva. Hoy 28 de abril, a un año del Paro Nacional, damos cuenta de la lucha de las víctimas, los colectivos barriales, comunitarios, de las OSC por visibilizar la impunidad, la omisión de la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía y la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita en junio de 2021. Las cifras reportadas sobre violaciones de derechos humanos se han actualizado de manera constante por organizaciones como Campaña Defender la Libertad, CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, el Instituto Raza e Igualdad, Temblores ONG, entre otras. En relación con población afrodescendiente, se pudo determinar que 40 (36,4%) de las 110 personas que fueron asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional pertenecían a esta población Ante este panorama distópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano promover un “diálogo nacional genuino”, “garantizar el pleno goce del derecho a la protesta” y, entre otras cosas, “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación” de los miembros de la Fuerza Pública, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género”. De igual forma, la CIDH sugirió a las autoridades sistematizar la información de las vulneraciones de derechos humanos tomando en cuenta la variable de la pertenencia etnico-racial y adoptar “todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización” contra las personas históricamente discriminadas. Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión, ILEX Acción Jurídica ha insistido en la necesidad de aterrizar los esfuerzos de este órgano en el seguimiento de las mismas y la aplicación del enfoque étnico racial en esta tarea a través de indicadores claros de cumplimiento. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Además de estigmatizar a las víctimas de los casos de abuso policial, el Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural con la sociedad civil, que contribuya a tejer soluciones para los problemas estructurales del país, los cuales se hicieron más evidentes durante el Paro Nacional. Repitiendo los errores de sus antecesores, el Gobierno nacional se ha negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que persisten en Colombia. La promoción de una reforma policial que ayuda a perpetuar dinámicas como el uso excesivo de la fuerza y la falta de implementación de un enfoque diferencial que permita combatir estereotipos racistas, son apenas una muestra de su apatía por garantizar los derechos de todxs. Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnica en Colombia. Del mismo modo, exigimos al Estado que cese todo acto de vulneración a los derechos humanos en futuras manifestaciones y elabore una reforma policial que atienda las exigencias de la sociedad civil y las recomendaciones de organizaciones internacionales. La CIDH, por ejemplo, está en mora de definir el mecanismo de seguimiento a la adopción de las recomendaciones por parte del Estado, situación que trastoca el trabajo de veeduría y pedagogía encaminado por estas organizaciones. Los retos para las organizaciones sociales y cívicas que florecieron durante el Paro Nacional también son muchos. Lo sucedido en el marco de las manifestaciones es evidencia del tipo de relacionamiento que se da de manera cotidiana entre los agentes de la Fuerza Pública y las personas afrodescendientes en el país, en barrios de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones.

COMUNICADO CONJUNTO: la participación política de la población afrodescendiente y la necesaria lucha contra el racismo

Deja un comentario / Comunicación estrategica e incidencia, Noticias, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

Colombia, 5 de abril del 2022 – La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal. Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país. Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente. Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.

SUSCRÍBETE