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Organizaciones afro expondremos ante CIDH implicaciones por invisibilidad estadística en Censo (2018)

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Las claves: Expondremos ante CIDH la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo 2018. La disminución de un 30,8% de la población contabilizada como afrodescendiente representa una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. El Estado colombiano ha fallado en adoptar medidas que puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente. También expondremos la necesidad de garantizar la inclusión de la variable étnico-racial en bases de datos administrativas y otros instrumentos estadísticos distintos del censo. Este miércoles 22 de junio, ILEX Acción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N) expondremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La audiencia ante la CIDH se enmarca en una larga batalla jurídica emprendida por estas organizaciones, junto con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de denunciar los efectos desproporcionados y discriminatorios que representa para los y las afrodescendientes la reducción de un 30,8 % del número de personas contabilizadas como parte de esta población en el Censo (2018). De acuerdo con el DANE, se pasó de 4.311.757 personas censadas como afros en el año 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (Le recomendamos leer: ABC de tutela por invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018) Esta alarmante disminución de la población afrodescendiente en los registros oficiales que determinan las decisiones que garantizan la atención de los derechos humanos para reducir las desigualdades, representa, además, una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. De igual forma, esta situación evidencia el incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos referentes a la protección de grupos históricamente discriminados y la transparencia en la información que se recoge, sistematiza y analiza para evaluar el desarrollo de la garantía de los derechos humanos y, por enlace, de otros compromisos internacionales. Durante la audiencia, las organizaciones citantes explicaremos a la CIDH las implicaciones de esta situación para los afrodescendientes, y expondremos las deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia, en el que tener datos actualizados y desagregados resulta indispensable para poder medir impactos diferenciales que ha tenido la emergencia sanitaria de la COVID-19. Cabe señalar que, actualmente, la acción de tutela presentada por las organizaciones afrodescendientes se encuentra en revisión por la Corte Constitucional bajo radicado T8374654 y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre las repercusiones de la invisibilidad estadística para la población afrodescendiente. En dicha acción judicial, las organizaciones pedimos a la Corte Constitucional que le ordene al Estado suspender el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país, hasta tanto se realicen los ajustes correspondientes. La audiencia pública que se adelantará frente a la CIDH representa un hito importante debido a que permitirá exponer el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. Así mismo, permitirá abrir un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos. Línea de tiempo del caso A continuación, una reseña de las organizaciones Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia. La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.

Corte Constitucional tuvo en cuenta argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica en fallo a favor de despenalización del aborto

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Celebramos esta decisión que se basa en el principio de igualdad y en la urgencia de garantizar políticas de Estado para que mujeres y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo de forma segura. La Corte Constitucional recogió varios argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica, La COMADRE de AFRODES, Raza e Igualdad y la Asociación de Economistas Negras, “Mano Cambiada”, en su histórico fallo a favor de la despenalización del aborto durante las primeras venticuatro semanas de un embarazo al destacar que: 1. “Las mujeres afrocolombianas viven en promedio 11 años menos que el resto de las mujeres y la tasa de mortalidad materna para este grupo poblacional es de 109,18 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que contrasta con la tasa de 51 casos por cada 100.000 nacidos de la población en general” (p. 98). “Las mujeres afrocolombianas viven en promedio 11 años menos que el resto de las mujeres y la tasa de mortalidad materna para este grupo poblacional es de 109,18 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que contrasta con la tasa de 51 casos por cada 100.000 nacidos de la población en general” 2. Frente a los impactos diferenciales de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes, la Corte ha señalado que a pesar de los significativos avances del Estado hacia la garantía del derecho a la salud, la igualdad y la interrupción involuntaria del embarazo, aún existen barreras estructurales, operativas, económicas, sociales y legales que impiden la plena garantía de estos derechos ya reconocidos sobre todo para mujeres y niñas en condiciones de gran vulnerabilidad, como las mujeres y niñas negras, especialmente las asentadas en zonas rurales. (Te recomendamos leer: La lucha histórica y poco nombrada de las mujeres afrodescendientes) De acuerdo con la sentencia c-055 de 2022, el aborto inseguro y clandestino deja anualmente a por lo menos 132.000 mujeres con complicaciones médicas que deben atenderse en el sistema de salud colombiano y que podrían evitarse. De ese total, el 53 % de las afectadas son mujeres que habitan en la ruralidad. La Corte también advirtió que la mayoría de las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido habitan en zonas rurales y “están expuestas a factores interseccionales de discriminación que las hacen aún más vulnerables”. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta sentencia de la Corte Constitucional que se basa en el principio de igualdad y en la urgencia de garantizar políticas de Estado para que mujeres y personas gestantes, que así lo deseen y requieran, especialmente para que las más vulnerables, puedan interrumpir su embarazo de forma segura. Lee aquí la intervención completa:

ILEX presentó intervención ante el Consejo de Estado en el trámite de control de nulidad contra resolución que regula el Registro Único de Víctimas

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ILEX Acción Jurídica presentó una intervención ante el Consejo de Estado en el marco del trámite de control de nulidad contra la Resolución No. 2016-244846 del 22 de diciembre de 2016 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015 y el Decreto Ley 4635 de 2011”, expedido por la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional. Teniendo en cuenta la relevancia constitucional y para la defensa y garantías de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de los pueblos negros/afrodescendientes del país, en el documento presentamos argumentos sobre la necesidad de declarar la validez de la Resolución No. 2016-244846 del 22 de diciembre de 2016.

La COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afros víctimas del conflicto armado en Colombia

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La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ha documentado desde el año 2001 múltiples casos de violencia sexual, reclutamientos forzados, asesinatos, desplazamientos, exilios, amenazas y torturas, así como ataques a las casas y sedes de las lideresas, entre otras vulneraciones que afectan de forma diferencial a las mujeres negras en el país. “Conmemoramos más de veinte años de lucha y resistencia en la visibilización de todas las problemáticas que hemos enfrentado como mujeres negras en el marco del conflicto armado y en una guerra que no es nuestra y hemos tenido que afrontar”, afirma Luz Marina Becerra Panesso, coordinadora de La COMADRE y ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año (2021). La historia de Luz Marina y de las otras siete mil mujeres agrupadas bajo el abrigo de La COMADRE se hilvana en una secuencia admirable de esfuerzos por ser reconocidas como sujetas de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), lo que les garantizaría el acceso a un proceso urgente de resarcimiento integral, con enfoque étnico racial, de género y cultural; y contribuiría a saldar parte de la deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres negras. Pero el camino ha estado plagado de obstáculos. En marzo del 2017, la UARIV reconoció a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica, en el marco del Decreto ley 4635 de 2011, que ordena la atención integral a la población afrocolombiana víctima del conflicto armado; sin embargo, un año después, la entidad expresó su intención de anular esta decisión y continuar el proceso de reparación como organización bajo la ley 1448 de 2011, desconociendo las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado en las mujeres negras de la COMADRE. Le recomendamos leer: La lucha de mujeres afro víctimas de la guerra para que Estado las repare. Con esta decisión, además de desconocer la senda jurisprudencia en la cual se conceptualiza de manera amplia el concepto de “Sujetos étnicos” por parte de la Corte Constitucional, la UARIV revictimiza y pasa por alto las medidas contempladas en el Decreto ley 4635 de 2011, teniendo en cuenta que existe una resolución de acto administrativo en firme que reconoce la calidad de La COMADRE como sujeto de reparación colectiva étnica. Desde ILEX Acción Jurídica, CODHES, AFRODES y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organizaciones que realizamos acompañamiento jurídico al proceso de Reparación Colectiva de la COMADRE, consideramos que esta decisión de la UARIV es perjudicial, primero, porque genera inseguridad jurídica en relación con las expectativas de un grupo poblacional que también ha sido víctima del conflicto. Segundo, el cuestionamiento sobre la calidad de sujeto étnico resulta contrario a lo desarrollado por la Corte Constitucional, ya que es el mismo sujeto colectivo étnico el que puede o no reconocerse de esa forma, de acuerdo con unos elementos objetivos y subjetivos. Según datos del Registro Único de Víctimas, en el último año más de 23.000 mujeres afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y por lo menos 133 han perdido la vida en el marco de un conflicto armado que aún flagela la cotidianidad de las poblaciones afro que residen en los márgenes del Pacífico y Caribe colombiano. “Los hijos de las mujeres negras son quienes hoy están engrosando las filas de los grupos armados por la falta de oportunidades, dentro de las cifras de desplazamiento forzado gran parte obedece a mujeres negras; las cifras de violencia sexual son alarmantes en mujeres negras, la desaparición forzada es tenebrosa y escalofriante en familiares de mujeres negras, sus hijos, sus compañeros”, advierte Luz Marina. Este 20 de mayo, en el marco de la conmemoración de los 20 años del establecimiento del Día de la Afrocolombianidad, La COMADRE realizó un encuentro en el que participaron representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir los obstáculos del proceso de reparación colectiva étnica de la organización. Además, se instaló una mesa de diálogo interinstitucional que propenderá por construir colectivamente ideas, estrategias y acciones concretas que permitan materializar una respuesta efectiva en clave de sanación y reparación colectiva, restaurativa y transformadora con carácter étnico. La mesa será un espacio solidario para sumar esfuerzos, voces, voluntades y agendas en favor de la exigibilidad y garantía de los derechos que históricamente han sido vulnerados a las mujeres negras afrocolombianas en el marco del conflicto armado interno en Colombia, violaciones que persisten aún luego de la firma del Acuerdo Final de Paz. Investigación e incidencia Además de acompañar a mujeres negras víctimas de desplazamiento y violencia basada en género, desde el 2007 la COMADRE ha elaborado varios informes sobre vulneraciones de derechos humanos de la población afro y ha trabajado en la promoción de acciones de incidencia que conduzcan a que el Gobierno diseñe e implemente políticas públicas y programas que garanticen la reparación integral de las mujeres afros víctimas de la guerra con un enfoque étnico y de género. Varias de sus investigaciones sobre las afectaciones a los derechos de las mujeres, jóvenes y niños afrocolombianxs desplazados han sido presentadas a la Corte Constitucional y han contribuido a la expedición de Autos como el 092 de 2008 y el 005 de 2009 que han ordenado al gobierno diseñar 37 programas de protección de los derechos de las mujeres negras y estrategias que ayuden a superar las brechas históricas de discriminación y de pobreza que las atraviesan De igual forma, la COMADRE ha presentado informes sobre la situación actual de las mujeres negras víctimas del conflicto armado a entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y a organismos internacionales como el CERD, CEDAW y la CIDH, los cuales incluyen impactos de la pandemia por el COVID-19 en la vida de los pueblos y …

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Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

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El fallo se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por ILEX Accción Jurídica, Asoparupa y Asoredipar – Chocó. En una decisión sin precedentes en el país, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta en 2021 por ILEX Accción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asoredipar – Chocó). De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte, el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó, al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus. En este sentido, la Corte pidió al Ministerio de Salud efectuar, en un plazo de seis meses, el pago del reconocimiento económico consagrado en el Decreto 538 de 2020 a las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar-Chocó y adelantar una campaña de información sobre la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades de las agremiaciones accionantes. La cartera también deberá realizar un censo nacional que ayude a determinar el número de personas que ejercen la partería en el país. En concordancia con los argumentos expuestos por ILEX Acción Jurídica, la Corte Constitucional también determinó que la Secretaría de Salud del Chocó y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca vulneraron los derechos de las parteras de Asoparupa y Asoredipar-Chocó, al no entregarles los elementos de protección personal requeridos para controlar infecciones y detener la transmisión del COVID-19. “Estas personas además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional”, manifestó la Corte, y agregó que es un “deber constitucional y legal” integrar la partería al Sistema de Seguridad Social. Finalmente, la sentencia T-128 del 2022 advierte al Ministerio de Salud y al Congreso Nacional que la vinculación de las parteras a este sistema debe respetar los conocimientos propios del saber ancestral de la partería y partir de la base de que esta práctica es una forma de medicina, reconocida por la jurisprudencia constitucional, por la ley, por el Ministerio de Cultura y por la sociedad. Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta decisión que responde a la necesidad de desarrollar una línea jurisprudencial que ejerza una protección a las parteras y parteros como una forma de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, además de establecer una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de las poblaciones, promoviendo los derechos económicos, sociales y culturales, certificando su ejercicio y goce de los mismos.

Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional 2021

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El Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH en relación con la protesta pacífica y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural que contribuya a tejer soluciones a los problemas del país Ha pasado un año desde la primera movilización que borbotó uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente de Colombia. El 28 de abril de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y agobiados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Estado la garantía de su derecho a una vida digna. A lo largo de estos doce meses, distintas organizaciones se dieron a la tarea de recopilar y analizar datos sobre violación de derechos humanos en el marco de estas protestas. En particular, el trabajo de ILEX Acción Jurídica en colaboración con otras organizaciones se enfocó en las afectaciones sufridas por población afrodescendiente. En los dos informes publicados en 2021, se señalan las violencias sufridas por la población afrodescendiente durante el primer semestre del Paro Nacional, también se da cuenta de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y casos de violencia de género de los que fueron víctimas diferencialmente las mujeres afrodescendientes. Sin embargo, la labor de las organizaciones y la sociedad civil, en el marco de este año de protestas, supera la labor de recopilación y difusión del información, hasta convertirse en acción constante y colectiva. Hoy 28 de abril, a un año del Paro Nacional, damos cuenta de la lucha de las víctimas, los colectivos barriales, comunitarios, de las OSC por visibilizar la impunidad, la omisión de la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía y la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita en junio de 2021. Las cifras reportadas sobre violaciones de derechos humanos se han actualizado de manera constante por organizaciones como Campaña Defender la Libertad, CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, el Instituto Raza e Igualdad, Temblores ONG, entre otras. En relación con población afrodescendiente, se pudo determinar que 40 (36,4%) de las 110 personas que fueron asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional pertenecían a esta población Ante este panorama distópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano promover un “diálogo nacional genuino”, “garantizar el pleno goce del derecho a la protesta” y, entre otras cosas, “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación” de los miembros de la Fuerza Pública, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género”. De igual forma, la CIDH sugirió a las autoridades sistematizar la información de las vulneraciones de derechos humanos tomando en cuenta la variable de la pertenencia etnico-racial y adoptar “todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización” contra las personas históricamente discriminadas. Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión, ILEX Acción Jurídica ha insistido en la necesidad de aterrizar los esfuerzos de este órgano en el seguimiento de las mismas y la aplicación del enfoque étnico racial en esta tarea a través de indicadores claros de cumplimiento. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Además de estigmatizar a las víctimas de los casos de abuso policial, el Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural con la sociedad civil, que contribuya a tejer soluciones para los problemas estructurales del país, los cuales se hicieron más evidentes durante el Paro Nacional. Repitiendo los errores de sus antecesores, el Gobierno nacional se ha negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que persisten en Colombia. La promoción de una reforma policial que ayuda a perpetuar dinámicas como el uso excesivo de la fuerza y la falta de implementación de un enfoque diferencial que permita combatir estereotipos racistas, son apenas una muestra de su apatía por garantizar los derechos de todxs. Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnica en Colombia. Del mismo modo, exigimos al Estado que cese todo acto de vulneración a los derechos humanos en futuras manifestaciones y elabore una reforma policial que atienda las exigencias de la sociedad civil y las recomendaciones de organizaciones internacionales. La CIDH, por ejemplo, está en mora de definir el mecanismo de seguimiento a la adopción de las recomendaciones por parte del Estado, situación que trastoca el trabajo de veeduría y pedagogía encaminado por estas organizaciones. Los retos para las organizaciones sociales y cívicas que florecieron durante el Paro Nacional también son muchos. Lo sucedido en el marco de las manifestaciones es evidencia del tipo de relacionamiento que se da de manera cotidiana entre los agentes de la Fuerza Pública y las personas afrodescendientes en el país, en barrios de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones.

COMUNICADO CONJUNTO: la participación política de la población afrodescendiente y la necesaria lucha contra el racismo

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Colombia, 5 de abril del 2022 – La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal. Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país. Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente. Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.

Las elecciones del 2022 y el hito político de las candidaturas afro

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| Mar 24, 2022 | Los resultados de los comicios representan un avance histórico en la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. Las elecciones del 2022 marcan un hito en lo que refiere a la representación política de la población afrodescendiente en Colombia. Aunque la nación con equidad racial soñada por el cimarrón Benkos Biohó aún está lejos de volverse realidad, la elección de la palenquera, Cha Dorina, como representante a la Cámara por Bolívar, y la posible llegada a la vicepresidencia de figuras como Francia Márquez, Luis Alberto Murillo, Sandra de las Lajas o Ceferino Mosquera, significa un avance histórico en lo que refiere a la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. La elección de por lo menos diecisiete congresistas afro en los comicios del pasado 13 de marzo también evidencia ciertos vientos de cambio. A pesar de que la cifra condensa sólo el 5,7 por ciento de los 296 miembros del legislativo, cabe destacar que entre los nuevos senadores y representantes a la Cámara se encuentran varias personalidades reconocidas por su lucha por la reivindicación de los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el país. En diálogo con el Espectador, la lideresa Cha Dorina afirmó que el arribo del pueblo palenquero a estos espacios de poder permitirá “continuar luchando por la dignidad y la libertad” siguiendo los preceptos de la ética Ubuntú: “Yo soy en tanto el otro también existe; por lo tanto, tenemos que trabajar por unas condiciones de vida colectivas que no abandonen los aspectos particulares y personales”, comentó. El fenómeno de Francia Marquez tampoco tiene precedentes en la historia política del país. La defensora del medio ambiente y activista, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, obtuvo la segunda votación más alta de la consulta interpatidista del Pacto Histórico (783.160 votos) y, de la mano del movimiento Soy Porque Somos, introdujo en la conversación nacional temas como la agenda medioambiental, la lucha contra el racismo y la discriminación, y la necesidad urgente de la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre su propio destino. En palabras de la activista Angela Davis, el reconocimiento del liderazgo de mujeres afro como Márquez puede llegar a significar transformaciones sustanciales porque “cuando las mujeres negras avanzan, el mundo avanza con ellas”. En conversación con la ganadora del premio Goldman Sachs (2018), la académica y escritora estadounidense afirmó que este momento político puede “llevar a una dirección histórica” que “nos puede salvar a todas” porque “como mujeres negras siempre hemos luchado por el resto de las personas”. Pero el balance de los comicios dista de ser enteramente positivo. La polémica por los posibles ganadores de las dos curules de circunscripción afro desempolvó el viejo debate sobre la necesidad de ampliar los requisitos para acceder a estos cargos de representación étnica. Por ahora, y a falta de la certificación de los resultados por parte de la Registraduría, cantan victoria Ana Monsalve, de Malambo (Atlántico) y hermana del actual alcalde de ese municipio (ambos auto declarados como indígenas ante el Ministerio del Interior); y Lina Martinez, de Buenaventura (Valle del Cauca) e hija de Juan Carlos Martinez, ex senador condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con la parapolítica. Cabe recordar que las curules afro son una medida constitucional de acción afirmativa que busca garantizar la representación y participación de personas afrodescendientes en el Congreso ante la exclusión histórica de la que hemos sido víctimas en estos espacios de discusión nacional. En este sentido, la ocupación de los escaños por parte de personas con intereses opuestos a los de los procesos colectivos de resistencia política y social de la población afrodescendiente representa un retroceso democrático para el país. Finalmente, celebramos la participación en estas elecciones de mujeres como la defensora de Derechos Humanos, Yolanda Perea, la periodista, Mabel Lara, y la medallista olímpica, Caterine Ibarguen. Sus candidaturas, además de generar esperanza en miles de afrodescendientes, promovieron una visión política con perspectiva territorial, feminista y étnico racial, indispensable para la construcción de una Colombia con equidad racial.

5 años en espera de la reparación colectiva étnica de la ‘Comadre’

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Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de la normativa internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. CONFERENCIA MUNDIAL Y ASAMBLEA GENERAL DEDICADA EL MILENIO DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE- es un colectivo de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, perteneciente a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Es un proceso organizativo horizontal que agrupa aproximadamente 7.000 mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado de 26 territorios y 14 departamentos del país. En su trayectoria ha desarrollado un proceso continuo de más de 15 años de diálogo y articulación que han permitido consolidarse como sujetas políticas centrales de los procesos institucionales, a través de los cuales el Gobierno colombiano ha ido construyendo las respuestas institucionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Pero, ante todo, La COMADRE se ha consolidado como alternativa autónoma para acompañar a las mujeres en la superación de los graves impactos que han experimentado como grupo poblacional más afectado. El 8 de marzo de 2017, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) notificó su decisión de incluir a la COMADRE en el RUV como sujeto de reparación colectiva étnica en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2011, a través de la Resolución No. 2016-244846.Sin embargo, el 30 de mayo de 2018 indicó que el proceso de reparación colectiva debía ser abordado bajo los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, argumentando que no se cumplían con los presupuestos para considerar a la COMADRE como una comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los términos del Decreto 4635 de 2011. Hoy se cumplen 5 años de la Resolución No. 2016-244846. Cinco años sin avances en la consolidación de una forma integral de reparación que las consulte como mujeres víctimas étnicas sujetas de reparación. Resulta desproporcionado que el Estado no concrete procesos de reparación propios de sujetos colectivos étnicos por falta de interpretación de las normas y jurisprudencias nacionales e internacionales. Por todo lo anterior, La COMADRE exige respuestas urgentes y acciones contundentes por parte del Estado colombiano dirigidas a activar la Ruta de reparación colectiva étnica para la protección de los derechos territoriales. Específicamente, ordenar a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y al Ministerio del Interior que de manera inmediata sigan con el proceso de reparación colectiva de LA COMADRE bajo los términos del Decreto Ley 4635 de 2011 y no de la Ley 1448 de 2011, en aras de desarrollar el Plan Integral de Reparación Colectiva y acceder a la reparación del daño ocasionado por el conflicto armado.

ADMITIERON TUTELA EN LA QUE PEDIMOS QUE PARTERAS AFRO SEAN INCLUIDAS EN EL PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 COMO PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA

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Fue admitida la acción de tutela con la que la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa), la Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) e Ilex Acción Jurídica pedimos al Ministerio de Salud y las secretarías de salud del Chocó y Valle del Cauca reconocer a las parteras y parteros tradicionales como parte del personal de salud de primera línea e incluirles en la etapa uno de la fase uno del plan nacional de vacunación contra el Covid-19. Entre las razones que tuvimos para interponer esta acción, resaltamos que con la llegada del Covid-19 al país y la posterior emergencia sanitaria que se desató, parteras y parteros han seguido atendiendo las necesidades de salud de sus comunidades en medio de las restricciones impuestas por las autoridades y el temor generado por la posible multiplicación de contagios, dada la grave situación de salud pública en los municipios apartados. De igual forma, exponemos que muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos económicos, lo que afectó su sostenimiento. Esto, teniendo en cuenta que la práctica de la partería, en la mayoría de los casos, no es una actividad lucrativa y los ingresos de quienes la ejercen provienen de actividades realizadas en la presencialidad. Según Liceth Quiñones Sánchez, coordinadora de Asoparupa, lo anterior se suma al hecho de que quienes practican la partería, en medio de la pandemia, han tenido que atender casos de Covid-19, debido a la falta de cobertura, carencia de atención adecuada del sistema de salud y el aumento de la violencia. Destaca que se ha multiplicado la cantidad de nacimientos que han tenido que atender por las restricciones de movilidad y porque la mayoría de mujeres teme ir a los hospitales y contagiarse. “Esta situación impacta directamente en la calidad de vida de la población que atendemos e incluso ha puesto en riesgo la manifestación de la partería. De modo que, es probable, que en el corto y mediano plazo tengamos un índice elevado de desnutrición en las niñas y niños desde la vida en el útero. Como parteras tradicionales y guardianas de la vida consideramos que, el arte de ayudar a nacer está en riesgo de desaparecer en aquellas zonas donde la violencia hace inviable cualquier posibilidad, debido a la falta de cobertura y atención adecuada del sistema de salud”, agrega Quiñones. En este mismo contexto, debido a que las secretarías de salud departamentales no han ejecutado proyectos para llevar la caracterización de las parteras y parteros en las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción, ni les han realizado pruebas diagnósticas de Covid-19, pedimos que se le ordene al Ministerio de Salud incluir a los miembros de Asoparupa y Asoredipar, como parte del talento humano en salud y que se les reconozca sus derechos en igual de condiciones, incluidas las bonificaciones temporales. En la tutela, también requerimos que se ordene a las secretarias de salud del Chocó y Valle del Cauca suministrar de manera integral, eficiente y periódica, los elementos de protección personal requeridos para el control de infecciones y detener la transmisión del coronavirus en los territorios donde laboran las parteras de Asoparupa y Asoredipar. Teniendo en cuenta que, hasta el momento, han fallecido 7 parteras de Asoparupa por Covid-19, solicitamos que las secretarías de salud de estos departamentos realicen jornadas de acompañamiento y transmisión de conocimientos técnicos para la contención comunitaria de la pandemia en territorios colectivos. En este mismo contexto y teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, también pedimos en la acción de tutela que las secretarias de salud implementen una ruta materno perinatal 3280, con enfoque diferencial de manera conjunta con las organizaciones de parteras de la zona. Es importante recordar que algunas parteras con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, generando secuelas irreparables en su salud. Así mismo, en medio de la pandemia y ante la emergencia de seguridad de Buenaventura, las parteras de Asoparupa se han desplazado de sus zonas. Consideramos que la situación de las parteras y los parteros del Chocó y Valle del Cauca, está en un punto en que su propia existencia se ve amenazada, sobre todo para quienes han ejercido su labor como una actividad social y comunitaria que garantiza la vida de muchas mujeres, junto a la función de servir de actores de contingencia contra el Covid-19 en las comunidades donde el sistema de salud es insuficiente. A continuación una reseña de las organizaciones accionantes Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia. Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) es una organización de base conformada por parteras tradicionales negras, con 32 años de experiencia en la visibilización, valoración y fortalecimiento de la partería en Buenaventura y en todo el país. Es la organización de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en Colombia. Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) es una asociación que busca resignificar la partería, que incorpora a mujeres y hombres que ejercen esta labor. Reconoce que “este proyecto -Partera Vital- integra acciones innovadoras, para que parteras y parteros puedan registrar a los niños que nacen, fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, y algo muy importante, logra unir la institucionalidad con la comunidad y fortalece la confianza entre líderes, lideresas y sus territorios”.

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