Noticias

Congreso alista propuesta de nuevo Código Minero para Colombia, ¿por qué es importante?

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa

La ley que rige la exploración y explotación de minerales en Colombia será reemplazada por un nuevo código después de dos décadas. Entre el 18 y 20 de noviembre, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la actualización del Código Minero realizarán en la Orinoquía y La Guajira, la undécima y duodécima audiencia pública del proceso de diálogo abierto que busca conocer las propuestas y demandas de las comunidades directamente impactadas por esta práctica extractiva en el país. Las audiencias públicas de concertación y participación con comunidades étnicas y los diálogos con el sector empresarial están contemplados en la primera fase, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año. Posteriormente, lxs congresistas que integran la Comisión reunirán las propuestas en un texto borrador para el proyecto de ley que establecerá el nuevo Código de Minas. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) El cronograma señala que entre febrero y junio del 2023 se llevará a cabo la validación y sometimiento a la Consulta Previa del proyecto de ley. La norma sería radicada en el Congreso el 20 de julio del 2023, y se espera que sea una de las principales apuestas de la bancada de Gobierno en la próxima legislatura. ¿Cómo ha impactado la minería a los territorios afro? La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece como su objetivo de interés público el fomento de la “exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente”. Sin embargo, a veintidós años de la aplicación de la norma, el balance dista de ser positivo. Hoy en colombia, tenemos: instituciones encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar la actividad minera que son débiles e incapaces de ejercer su papel de forma efectiva; falta de control de la minería a gran escala y la minería ilegal que han propiciado la contaminación de los ríos y la desterritorialización y exterminio de pueblos étnicos a lo largo y ancho del país. (Le recomendamos leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) De acuerdo con el tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en los territorios étnicos del país, se han impuesto mediante violencia formas de agroindustria o proyectos extractivos como minería a gran escala, poco respetuosas con la naturaleza. El mencionado documento sela que la “minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras en las cuencas de los ríos, muchas veces manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas”. Por ahora, desde la bancada de Gobierno en el Congreso aseguran que el nuevo Código Minero se enfocará en la protección de los territorios, del agua y la seguridad alimentaria. También se promoverá el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. (Le puede interesar: Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital) Estos planteamientos van de la mano con lo manifestado por el presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró durante el Congreso Nacional de Minería que el código debe ser reformado para que la práctica minera no gire “exclusivamente alrededor de la multinacional minera”. De acuerdo con el mandatario, la nueva norma debe “recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecer la minera tradicional, empoderarla”.

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa

Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. El Gobierno Nacional incumplió los acuerdos firmados con el pueblo raizal para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el devastador paso del huracán Iota en las islas de Providencia y Santa Catalina, en noviembre del 2020. Así lo determinó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al señalar, por medio de la sentencia T-333-22, que el lento proceso de reconstrucción integral ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”. La Corte comprobó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, incumplieron los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico. El fallo de sentencia, que se dio en respuesta a una tutela presentada por el Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, también asegura que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron a estas comunidades el derecho fundamental a la consulta previa: “Esto se vio reflejado en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raiza”, dice la Corte. Sobre este asunto en particular, Susana Correa, exministra de Vivienda y gerente para la reconstrucción del archipiélago, ha señalado que sí hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según ella, tanto la decisión de construir con concreto, como la no importación de viviendas prefabricadas, fueron tomadas en conjunto con la comunidad. De acuerdo con la sentencia, la UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen un plazo de 30 días para intervenir el hospital de campaña y garantizar a la población raizal las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Las entidades también deberán garantizar el abastecimiento diario de agua potable y restaurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. De igual forma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el gobierno local deberán convocar a la comunidad raizal a un proceso de consulta sobre el programa de reconstrucción que permita corregir y reenfocar las medidas para la reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina. Estos acuerdos también deben garantizar la implementación de instrumentos internacionales que ayuden a fortalecer la resiliencia de las islas a los efectos del cambio climático. ‘El Gobierno ignoró nuestras propuestas e irrespetó los acuerdos‘ Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. ¿Cómo se ha evidenciado el racismo estructural e institucional durante el proceso de reconstrucción? Según afirma la Corte, sus sugerencias entorno al enfoque étnico en la reconstrucción fueron ignoradas por el Gobierno Hay un contexto histórico. Las islas fueron primero una colonia británica, luego se adhirieron a Colombia, en 1822, y desde entonces se han tomado medidas que tienden a homogeneizar, a “colombianizar” a la población de San Andrés. Estas medidas se han concentrado en desaparecer las características culturales de nosotros como etnia. Entre esas se encuentran haber impuesto la religión católica y prohibir la religión protestante y la de los pueblos provenientes de África. También prohibieron el habla del creole. Durante la reconstrucción, este racismo estructural se vio reflejado en la imposición de un modelo de casas que no está acorde con nuestra cultura, irrespetando así los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Nosotros solicitamos al Gobierno hacer una consulta previa pero dijeron que no, porque era una situación de emergencia y eso llevaba mucho tiempo. Luego, en las mesas de concertación llegamos a un acuerdo, consignado en el documento ‘Memoria técnica de acta de concertación’, en el que se afirma que las casas reconstruidas tienen que cumplir con la arquitectura típica de la isla, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional. Ellos ignoraron completamente este documento, lo único que hicieron fue hacer una fachada parecida a las de las casas típicas. Los materiales no sólo no eran los adecuados sino que además eran de la peor calidad posible. La madera se pudre, las paredes se agrietan, el piso se agrieta, la pintura se cae por la lluvia. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno tampoco cumplió con la construcción de las zonas seguras… La zona segura es una habitación, por lo menos una habitación en concreto con baño, para que en caso de que se volara la casa, por lo menos quedara esta habitación en concreto, con placa en concreto, para que las familias pudieran resguardarse durante y después del huracán. Ninguna de las casas las construyeron de esta manera. En resumen, no respetaron la concertación a la que llegamos y la mayoría de las casas no cumple con los requisitos ante Huracán, ni en el techo, ni en la estructura, ni con esta zona segura que habíamos exigido. ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a la construcción de la base de guardacostas en la Isla? ¿La Corte ya se pronunció al respecto? La Armada Nacional quería construir esta base en la comunidad con la excusa de que estaban reconstruyendo algo que ya estaba, lo cual …

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina Leer más »

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Deja un comentario / Investigación social, Líneas estratégicas, Noticias, Publicaciones

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes. “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales. Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena

Deja un comentario / Comunicación estrategica e incidencia, Noticias, Sala de prensa

ILEX brindará acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la policía en Cartagena. Para Ariel Valdez es difícil recordar con exactitud el número de ocasiones en las que ha sido víctima de perfilamiento racial en su natal Cartagena. Ser un reconocido artista de las faldas del Cerro de la Popa y haber sido nombrado embajador para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 2018, tampoco lo ha librado de las constantes requisas, hostigamientos y malos tratos por parte de los agentes de policía en la ciudad. El caso más reciente se presentó el pasado 27 de octubre. Ariel y otros cuatro jóvenes afrodescendientes que hacen parte del proyecto Barrio Fino Mundial, un colectivo que promueve entornos de paz por medio de la producción musical en los barrios vulnerables de la ciudad, fueron perfilados, retenidos y traslados injustamente a una Estación de Policía ubicada cerca a la Plaza de la Aduana. “Esa noche habíamos salido de un evento en el Centro de Convenciones y nos encontramos en la Plaza de la Trinidad con Sheyla, una comunicadora con la que estamos trabajando en un proyecto cultural. Pasaron diez minutos y fuimos interceptados por cuatro policías que atravesaron toda la plaza hasta llegar a donde estábamos nosotros. Sin más, no pidieron una requisa. Cuando preguntamos por qué el motivo de la requisa, no recibimos una respuesta. Lo único que nos dijeron fue: “que a quien le moleste, que no salga de su casa””, denunció Ariel. La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el relato de Sheyla Blanco, la comunicadora social y gestora cultural que se encontraba con los jóvenes en la Plaza de la Trinidad, uno de los integrantes del grupo, sin justificación alguna, fue conducido por los agentes hasta un vehículo de la policía, pese a que ya se le había hecho la requisa. “En ningún momento nos dijeron a dónde se iban a llevar al compañero. Todo el tiempo nos trataron de forma muy agresiva. Ahí fue cuando todos decidimos montarnos en el camión de la policía y acompañarlo”, recuerda Sheyla. Los jóvenes también relataron a ILEX Acción Jurídica que fueron víctimas de hostigamientos e intimidaciones verbales por parte de los agentes que los escoltaron en el camión hasta una estación de policía. Allí se toparon con otros treinta jóvenes que también habían sido retenidos esa noche, en su mayoría afrodescendientes, artistas y vendedores informales que trabajan en el gentrificado Centro Histórico de la Ciudad. “Me duele mucho que estas situaciones pasen. Lo he vivido en un banco en un barrio como Manga, como Crespo, simplemente por parecer sospechoso para la policía mereces ser requisado y conducido sin explicación a un CAI. Y si pides explicaciones y ellos se sienten ofendidos, quizás, hasta te pegan, en esta ciudad es así. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad”, denunció Ariel en un video grabado tras salir de la estación. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad” En las imágenes se ve al grupo de jóvenes con los rostros desconfigurados por las esquirlas de la violencia policial racista que acecha a diario los cuerpos de las personas afrodescendientes en una de las ciudades con mayor proporción de población afro en todo el país. “Por este tipo de situaciones es que cada vez nuestros chicos van menos al centro. Nos están desplazando del Centro Histórico. Uno no puede estar ahí porque enseguida le cae la policía porque creen que solo por ser afro uno es un criminal. No podemos seguir callando, estos hechos tienen que ser denunciados”, sentencia Sheyla. Desde ILEX Acción Jurídica condenamos este caso de perfilamiento racial y brindaremos acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la Policía en Cartagena. Además, reiteramos a la Policía que no puede hacer uso de la fuerza sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y no discriminación , ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones. Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnico-racial en Colombia. La violencia policial racista que se esconde tras las murallas de Cartagena El “corralito de piedra” es un territorio inseguro para las juventudes afro. En los últimos dos años, ILEX Acción Jurídica ha registrado un aumento sustancial en el número de denuncias de homicidios y casos de violencia policial racista contra jóvenes afrodescendientes en la ciudad. El 24 de agosto del 2020, durante el periodo de aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, fue asesinado en Cartagena, a manos de la policía, el adolescente afro, Harold Morales Payares, de 17 años de edad. Sobre el caso, el antiguo comandante de la policía de Cartagena y actual director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, afirmó en su momento que el joven resultó herido en medio de un enfrentamiento armado con agentes de la policía. No obstante, tras una investigación alentada por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía pudo demostrar que le dispararon por la espalda mientras corría luego de un cruce de palabras con policías que lo asediaron en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías. Ocho meses después del asesinato de Harold, el 7 de febrero del 2021, …

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena Leer más »

Presentamos intervención ciudadana que controvierte nulidad del título colectivo del Consejo Comunitario de La Boquilla

Deja un comentario / Intervenciones, Litigio Estratégico, Noticias, Sala de prensa

En el documento señalamos que el Tribunal Administrativo de Bolívar interpretó erróneamente el régimen de tierras para comunidades negras. ILEX Acción Jurídica radicó ante el Consejo de Estado una intervención ciudadana con el objetivo de contradecir los argumentos que llevaron a la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar (sentencia No. 1 del 31 de julio de 2020) que anuló la Resolución 467 de 2012 del INCODER que adjudicó la titulación colectiva de una parte del sector de la Boquilla a las comunidades negras de Cartagena. En el documento advertimos que el Tribunal Administrativo de Bolívar interpretó erróneamente el régimen de tierras para comunidades negras establecido en la LEY 70 de 1993, al argumentar que este territorio no podía ser adjudicado como propiedad colectiva debido a que se encuentra cobijadO por el “componente urbano” del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena (POT). Consideramos que esta conclusión es errada por tres razones: 1) Las expresiones “zona rural” y “área urbana” del régimen de tierras de las comunidades negras no se refieren a los componentes ni a las clasificaciones de suelo del régimen de ordenamiento territorial de los municipios y Distritos, sino a la organización político-administrativa entre corregimiento y comuna del régimen municipal y distrital. 2) Los POT, por su naturaleza jurídica, no pueden modificar los mecanismos de acceso a la propiedad, aunque sí pueden modificar usos que pueden afectar los derechos territoriales de comunidades negras. 3) La titulación colectiva en la Boquilla es necesaria para defender los derechos territoriales de las comunidades negras, frente a los riesgos que permite el POT de Cartagena. Descarga aquí la intervención completa.web

La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa

El documento retoma varios de los argumentos que caracterizan la lucha de ILEX Acción Jurídica. El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley presentó este lunes 3 de octubre su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). Después de analizar los entreverados del racismo sistemático en los contextos de la aplicación de la ley, incluida la violación de los derechos humanos internacionales, el reporte del Mecanismo de Expertos advierte que en algunos Estados aún existen inmensos desafíos para la recopilación, publicación, interpretación y uso de datos desglosados sobre los casos de violencia policial contra población afrodescendiente en estos territorios. “El perfilamiento racial, el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de la ley internacional de derechos humanos durante y después de interactuar con agentes del orden y el sistema de justicia penal, continúan siendo reportados alrededor del mundo”, manifestó Yvonne Mokgoro, presidenta del Mecanismo de Expertos. Y agregó: “El tiempo para que los Estados traduzcan sus obligaciones y compromisos en acciones efectivas y progresivas en la lucha contra el racismo se ha agotado. Es esencial que el racismo sistemático sea visibilizado, incluyendo sus dimensiones estructurales e institucionales”. (También puedes leer: Abuso policial y discriminación racial hacia afrodescendientes: estudio de caso en las localidades de Usme y Kennedy de Bogotá) En este sentido, no se puede avanzar en la lucha contra el racismo sin sistemas de recopilación de información que incluyan datos de autoidentificación y formas interseccionales de discriminación. Los reportes, asegura el documento, deben complementarse con los datos de identificación de los agentes del orden involucrados en estos hechos, con el objetivo de poner de manifiesto el sesgo consciente o inconsciente de los uniformados. El documento retoma varios de los argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica y otras organizaciones aliadas ante el Comité de Expertos, al señalar que la ausencia de información estadística veraz y confiable sobre la población afrodescendiente es un elemento clave de la situación discriminación racial estructural que experimenta esta población en el mundo. También se recomienda a los Estados “adoptar métodos y herramientas eficaces para la recopilación de datos, a introducir salvaguardias de transparencia y supervisión; y a documentar los casos de discriminación racial asociados a la inteligencia artificial, junto con las sanciones y los recursos eficaces”. Desde ILEX Acción Jurídica reconocemos que si bien durante las últimas tres décadas se han hecho avances significativos respecto al reconocimiento de la diversidad étnico-racial en América Latina, la invisibilidad estadística sigue siendo un reto enorme para combatir del racismo y la discriminación racial, aún más en contextos de represión y abuso de poder por parte de los agentes del orden. (Te recomendamos leer: Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional 2021) De igual forma, reiteramos que debe existir una formación para los policías que contemple evitar la elaboración de perfiles y discriminación por motivos de raza, etnia, origen nacional, religión, edad, género, género identidad / expresión, orientación sexual, estado migratorio, discapacidad, estado de vivienda, ocupación o fluidez del idioma. Además, los protocolos que guían el accionar policial deben condenar expresamente los actos de discriminación por razones de pertenencia etnico-racial, género, orientación sexual o expresión de género diversas. Encuentra aquí el informe completo. Aquí puedes descargarla cartilla: ¿Qué hacer en caso de abuso policial contra personas afrocolombianas?

Raíces del Manglar: las mujeres concheras que son ejemplo de economía solidaria en Tumaco

Deja un comentario / Comunicación estrategica e incidencia, Noticias, Sin categoría

Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina La concha o piangua es un bivalvo que tiene como hábitat los bosques de manglar del Chocó biogeográfico y es fuente de alimento de las comunidades del Pacífico sur colombiano. Es por esta razón que un grupo de mujeres, llamadas concheras, generan ingresos a partir de la extracción de este molusco de los manglares. Aunque se trata de una práctica ancestral, fundamental para la cultura del territorio, las concheras no cuentan con condiciones laborales dignas y sus ingresos no les permiten salir de la pobreza, pese al arduo esfuerzo en su labor. Raíces del Manglar, mujeres concheras, ejemplo de economía solidaria en Tumaco, es un documental realizado por Play Tumaco y la Asociación de Mujeres Concheras Raíces Del Manglar, con el apoyo de ILEX Acción Jurídica y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. Desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado al Estado para que implemente medidas efectivas que permitan a las mujeres concheras de Tumaco desarrollar esta actividad de forma digna, garantizando así su autonomía económica y el desarrollo sostenible de sus comunidades. La conchería es una actividad que hace parte de la identidad étnico y cultural de la población afrodescendiente. Cuando el Estado al no protege a las concheras está poniendo un riesgo un activo cultural esencial dentro de las dinámicas de los territorios y los lazos comunitarios que esta implica. Así mismo, insistimos en la necesidad de implementar políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico racial, que subsanen de forma efectiva la desigualdad que afronta la población afrodescendiente en el país, especialmente en el Pacífico colombiano. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

Deja un comentario / Investigación social, Noticias, Sala de prensa

Nilson Antonio Velasquez Gil fue el primer líder social cuya vida perdimos en 2022. El pasado 10 de enero, el afrodescendiente de 51 años de edad y líder comunitario en el Medio San Juan (Chocó), fue torturado y asesinado durante una arremetida violenta de la guerrilla del ELN que generó el desplazamiento masivo de las comunidades de Paimadó, Choqui y Calle del Fuerte. Siete días después, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia denunció el homicidio de Mario Jonathan Palomino, afrodescendiente, defensor del medio ambiente y profesor de una escuela rural en la vereda La Chapa, del municipio El Carmen Viboral. Sin embargo, a pesar de que los dos crímenes estarían ligados a la grave crisis humanitaria que asola a buena parte de los territorios afrodescendientes en el país, la pertenencia étnico-racial de los líderes asesinados fue invisibilizada en las bases de datos de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. La ausencia de un sistema robusto, con parámetros claros y unificados para el registro o monitoreo sobre las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, ha permitido que en muchos casos el registro de amenazas y asesinatos (dos de las principales violaciones registradas) de defensores y defensoras deje de lado el factor étnico-racial cuando este no es identificado como la principal causa del riesgo. Esta situación también explicaría las discrepancias en las cifras de los consolidados sobre asesinatos de líderes líderes, lideresas y personas negras/afrodescendientes defensoras de derechos humanos en Colombia.

Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos

5 comentarios / Noticias, Sala de prensa

La vida de la lideresa vallecaucana, María Antonia Caicedo Angulo, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia (2022), se entreteje en una secuencia admirable de luchas por la protección de los derechos de la población vulnerable de su territorio. María Antonia es directora de la fundación Paciamancao, miembro de la Corporación de Educadores del Litoral Pacifico (CORELIPA) y excandidata a la Circunscripción Afro de la Cámara de Representantes. En ejercicio de sus actividades de liderazgo y defensa de derechos humanos, ha sido víctima de tortura, secuestro, violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, lesiones personales físicas y psicológicas. Sin embargo, esto no ha sido capaz de quitarle su convicción y ganas de luchar por la defensa de derechos humanos, la protección de la vida y la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias sexuales. Durante más de dos décadas, desde la fundación Paciamancao, María Antonia ha promovido importantes procesos culturales y artísticos que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los barrios vulnerables y afectados por la violencia en Yumbo. Estas acciones, como parte de su arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos, la hicieron merecedora de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle y de la alcaldía de Yumbo en diciembre de 2021. “Me ha costado ser mujer”, exclamó la lideresa durante el primer Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras de Derechos Humanos. El verso hace parte de un poema estremecedor en el que María Antonia describe las violencias de las que ha sido víctima por ser mujer, afrodescendiente y defensora de derechos humanos: “Más que hablar de mi color / Yo he sufrido por ser mujer / en la lucha contra eso me ha tocado correr / Entre insultos, amenazas y sonrisas / Me he topado con mil hombres que me exigen esa visa / De cambiar mi propia vida y volverme una sumisa”. Intervencion de Maria Antonia Caicedo en el marco del 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 12 de agosto 2021 #LiderazgosAfroparaSanar @haurralde @Afromurcia @afropresencia @CimarronCol pic.twitter.com/Wbi0DCCUrj — ForoIberoamericanoAfroMujeres (@afro_foro) September 4, 2021 Para Maria Antonia, la nominación a este premio “significa un proceso valeroso, simbólico, que reconoce el valor, fortaleza y valentía de las mujeres de a pie que estamos al otro lado de la historia, discriminadas, estigmatizadas e invisibilizadas integralmente, poniendo nuestra vida, cuerpo y dignidad por la defensa de los derechos humanos”. Y agrega: “En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible”. En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible María Antonia Caicedo Angulo Las adversidades que marcan su biografía tampoco han amainado su espíritu de lucha. En diciembre de 2019 María Antonia fue víctima de violencia sexual, tortura y amenazas por parte de sujetos armados. Dos años después, el 12 de junio de 2021, la lideresa fue abordada y subida a la fuerza a un carro por sujetos armados en el barrio Calima, en Cali. Posteriormente, fue trasladada a una especie de bodega y retenida en contra de su voluntad durante casi veinte horas. La lideresa denunció haber sido amenazada y sometida a crueles torturas mientras era cuestionada por la labor que desempeñaba como defensora de derechos humanos en su territorio. De acuerdo con un concepto emitido por la Fiscalía General de la Nación, María Antonia fue víctima de “secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en concurso heterógeneo con tortura”. Sin embargo, luego de que en noviembre de 2021 solicitara el registro de estos hechos victimizantes ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la lideresa recibió la amarga noticia de que la entidad había decidido no reconocer el secuestro que padeció, pues, a su consideración, “no se logró determinar” que el caso “haya ocurrido en el marco de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. En palabras de la lideresa, la decisión de la UARIV, además de atentar contra su derechos como víctima, representó una vulneración a su “dignidad” y una afrenta a su dolor y a su sufrimiento: “Ha sido muy traumático, desgastante y humillante todo este proceso con la UARIV, utilizan cualquier cantidad de procesos tardíos, barreras burocráticas y administrativas haciendo caminar a las víctimas sobre pisos enjabonados, techos de cristal, escaleras de arena, vulnerando los derechos de las víctimas, pero sobre todo violando la Ley 1448 de 2011”, afirma.. Para colmo de males, y a pesar de los recursos jurídicos interpuestos por María Antonia, la entidad se negó en repetidas ocasiones a reconocer el hecho victimizante de secuestro, sometiendo así a la lideresa a un tortuoso ciclo de revictimizaciones y negándole el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición. Sibelys Mejía, abogada y directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, explica que este caso es evidencia de las múltiples violencias y revictimización a las que son sometidas las víctimas del conflicto y lo liderazgos que han dedicado su vida al trabajo a defender los derechos de sus comunidades. “Aplicar una interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011, según la cual la forma en que posiblemente se dieron los hechos no dan …

Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos Leer más »

Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa, Sin categoría

La nube de la justicia racial aún brisa distante de América Latina. Los niveles de pobreza e insatisfacción de la garantía de los derechos de la población afrodescendiente son desproporcionados en comparación con las personas no afros. Este constrasentido estaría ligado a la falta de políticas fiscales que atiendan las necesidades de este grupo que representa el 30 % de la población total de región, y a su exclusión histórica de los espacios de participación e incidencia en las decisiones sobre la destinación de recursos y la definición del gasto público. La radiografía es desalentadora. De acuerdo con datos consignados en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), realizado por ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, las personas afrodescendientes tienen menos probabilidades de obtener un empleo digno, devengan menores salarios que las personas no afro, y presentan dificultades para acceder a sus derechos territoriales en países como Brasil y Colombia. Ante este panorama transnacional de inequidad, afirma el documento, la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, ayudaría a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente en la región. Estos cambios se lograrían por medio de asignaciones presupuestales, gestión del gasto público y transferencias, impuestos directos, entre otras acciones dentro de la política fiscal. Los planteamientos del análisis representan un valioso aporte para la implementación de políticas fiscales progresivas en los Estados que, en cumplimiento de lo acordado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometan a tomar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de esta población. El documento propone varias medidas fiscales fundamentales para transformar las realidades de las personas afrodescendientes y alcanzar la justicia racial en América Latina. Entre ellas se encuentra invertir en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial; incrementar y desarrollar las capacidades técnicas y profesionales de esta población; invertir en programas de investigación e innovación que fomenten el desarrollo; e impulsar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo, al territorio y a la reparación simbólica, económica y memorial de esta población. No obstante, se sugiere que la implementación de estas medidas debe estar ligada a un proceso de fortalecimiento y reforma de los sistemas tributarios la región, con el fin de lograr un aumento del recaudo vía progresividad de los sistemas tributarios, teniendo en cuenta la equidad vertical y el rol redistributivo, para garantizar la equidad tributaria. En viñetas: La importancia de la política fiscal para alcanzar la justicia racial L La política fiscal y las mujeres afrodescendientes Las mujeres afrodescendientes son las más afectadas y rezagadas por la desigualdad y las brechas sociales en América Latina. De acuerdo con el documento, este grupo poblacional se encuentra sobrerrepresentado en los sectores más vulnerables y las políticas fiscales regresivas de los países de la región afectan desproporcionadamente a las que tienen ingresos precarios y están en situación de pobreza. Para ILEX Acción Jurídica y el Center For Economics and Social Rights, la situación de desigualdad que experimentan las mujeres afrodescendientes, debe ser analizada teniendo en cuenta la intersección entre raza y género en el goce de sus derechos. Este enfoque implica distinguir los impactos diferenciales que tiene la política fiscal en los contextos donde las brechas se amplían con respecto a estas categorías y reconocer el rezago de este grupo poblacional tanto en la participación de su formulación, como en las medidas concretas sobre cómo esta puede aminorar las discriminaciones históricas. En este sentido, se sugiere a los Estados implementar una política fiscal orientada a superar las desigualdades que afectan a las mujeres afrodescendientes y que movilice recursos que financien políticas públicas que puedan ayudar a garantizar su autonomía, ante las desventajas históricas acumuladas. Ahora bien, aunque en el texto solo se habla de mujeres afrodescendientes, por la complejidad que podía llegar a tener el mismo, se reasalta la necesidad de pensar en la población afro LGBTIQ+ y su relación con la política fiscal, denotando la invisibilidad de datos en este tema. ¿Cómo garantizar los derechos de las personas afrodescendientes por medio de la política fiscal? El documento presenta siete anotaciones generales para la implementación de políticas fiscales con enfoque diferencial: Las recomendaciones El documento plantea algunas recomendaciones generales que los Estados de América Latina podrían poner en práctica con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente y alcanzar la justicia racial en la región. La primera de ellas consiste en consolidar la visibilidad estadística de la población afrodescendiente, es decir, que en todos los instrumentos de recolección de información se incluya la variable de autorreconocimiento para captar la pertinencia étnico-racial. Esta herramienta ayudaría a los gobiernos a focalizar mejor los recursos necesarios para superar las brechas existentes entre grupos poblacionales, en especial las personas afrodescendientes. De igual forma, se sugiere construir políticas fiscales que no estén basadas en impuestos indirectos y promover la participación, acceso a información y rendición de cuentas de cada uno de los rubros de asignación y de gasto. Así mismo, se recomienda a los gobiernos, una vez implementados los presupuestos con enfoque étnico-racial y diferencial, socializar la funcionalidad de esta política fiscal y así mismo garantizar la participación representativa de dicho grupo poblacional en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Finalmente, el documento recomienda a las instituciones cívicas, organizaciones sociales o fundaciones, entre otras instituciones, realizar un seguimiento de las intervenciones en materia fiscal con el fin de llegar a una veeduría de dichos proyectos, pues este tipo de organizaciones tiene las herramientas para la generación de una visión crítica sobre las necesidades de la población afrodescendiente y la garantía de los derechos humanos. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde …

Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina Leer más »

SUSCRÍBETE

Thank you!