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El Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH en relación con la protesta pacífica y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural que contribuya a tejer soluciones a los problemas del país

Ha pasado un año desde la primera movilización que borbotó uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente de Colombia. El 28 de abril de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y agobiados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Estado la garantía de su derecho a una vida digna. 

A lo largo de estos doce meses, distintas organizaciones se dieron a la tarea de recopilar y analizar datos sobre violación de derechos humanos en el marco de estas protestas. En particular, el trabajo de ILEX Acción Jurídica en colaboración con otras organizaciones se enfocó en las afectaciones sufridas por población afrodescendiente. En los dos informes publicados en 2021, se señalan las violencias sufridas por la población afrodescendiente durante el primer semestre del Paro Nacional, también se da cuenta de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales,  detenciones arbitrarias y casos de violencia de género de los que fueron víctimas diferencialmente las mujeres afrodescendientes. 

Sin embargo, la labor de las organizaciones y la sociedad civil, en el marco de este año de protestas, supera la labor de recopilación y difusión del información, hasta convertirse en acción constante y colectiva. Hoy 28 de abril, a un año del Paro Nacional, damos cuenta de la lucha de las víctimas, los colectivos barriales, comunitarios, de las OSC por visibilizar la impunidad, la omisión de la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía y la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita en junio de 2021. 

Las cifras reportadas sobre violaciones de derechos humanos se han actualizado de manera constante por organizaciones como Campaña Defender la Libertad, CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, el Instituto Raza e Igualdad, Temblores ONG, entre otras. En relación con población afrodescendiente, se pudo determinar que 40 (36,4%) de las 110 personas que fueron asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional pertenecían a esta población  

Ante este panorama distópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano promover un “diálogo nacional genuino”,  “garantizar el pleno goce del derecho a la protesta” y, entre otras cosas, “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación” de los miembros de la Fuerza Pública, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género”. 

De igual forma, la CIDH sugirió a las autoridades sistematizar la información de las vulneraciones de derechos humanos tomando en cuenta la variable de la pertenencia etnico-racial y adoptar “todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización” contra las personas históricamente discriminadas.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión, ILEX Acción Jurídica ha insistido en la necesidad de aterrizar los esfuerzos de este órgano en el seguimiento de las mismas y la aplicación del enfoque étnico racial en esta tarea a través de indicadores claros de cumplimiento. 

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

Además de estigmatizar a las víctimas de los casos de abuso policial, el Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural con la sociedad civil, que contribuya a tejer soluciones para los problemas estructurales del país, los cuales se hicieron más evidentes durante el Paro Nacional.  

Repitiendo los errores de sus antecesores, el Gobierno nacional se ha negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que persisten en Colombia. La promoción de una reforma policial que ayuda a perpetuar dinámicas como el uso excesivo de la fuerza y la falta de implementación de un enfoque diferencial que permita combatir estereotipos racistas, son apenas una muestra de su apatía por garantizar los derechos de todxs. 

Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la  Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnica en Colombia. 

Del mismo modo, exigimos al Estado que cese todo acto de vulneración a los derechos humanos en futuras manifestaciones y elabore una reforma policial que atienda las exigencias de la sociedad civil y las recomendaciones de organizaciones internacionales. La CIDH, por ejemplo, está en mora de definir el mecanismo de seguimiento a la adopción de las recomendaciones por parte del Estado, situación que trastoca el trabajo de veeduría y pedagogía encaminado por estas organizaciones. 

Los retos para las organizaciones sociales y cívicas que florecieron durante el Paro Nacional también son muchos. Lo sucedido en el marco de las manifestaciones es evidencia del tipo de relacionamiento que se da de manera cotidiana entre los agentes de la Fuerza Pública y las personas afrodescendientes en el país, en barrios de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones. 

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