Líneas estratégicas

¿Cómo incluir el enfoque étnico y de género en la actuación de la Policía?

Las personas afrodescendientes, indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ merecen ser tratadxs como sujetxs de derechos por parte de la Policía, institución que debe evitar, a toda costa, cualquier acto de discriminación. A pesar de que actualmente la Policía imparte a sus integrantes varios programas de formación con un enfoque diferencial, étnico racial y de género, desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado para que estos protocolos sean mantenidos y se exija el cumplimiento y seguimiento de su aplicación por parte de la Fuerza Pública. Teniendo en cuenta lo anterior, les presentamos algunas recomendaciones para la implementación y seguimiento de un enfoque, étnico, racial y de género en la formación de lxs integrantes de la Fuerza Pública: En los últimos años algunas organizaciones han registrado a través de informes las multiples violencias ejercidas por la Policía en distintos escenarios. En este sentido creemos que, como institución, se deben establecer criterios diferenciales en los procedimientos policiales relacionados con la población afrodescendiente, indígena, mujeres  y población LGBTIQ+ Los protocolos que guían el accionar policial deben de manera expresa condenar los actos de discriminación por razones de pertenencia etnico-racial, género, orientación sexual o expresión de género diversas. También, necesitan basarse en el marco jurídico nacional e internacional de protección de derechos humanos para grupos históricamente discriminados. En la actuación de la Policía, el uso de la fuerza, en los casos en los que sea estrictamente necesario, debe tener límites claros basados en la proporcionalidad, legalidad y necesidad. Esto evitará que estas acciones sean motivadas por prejuicios raciales, perfilamientos o criminalización de ciertos grupos sociales. Debe existir una formación para los policías que contemple evitar la elaboración de perfiles y discriminación por motivos de raza, etnia, origen nacional, religión, edad, género, género identidad / expresión, orientación sexual, estado migratorio, discapacidad, estado de vivienda, ocupación o fluidez del idioma. Además, debe haber un programa de formación para todos los policías en temas de diversidad cultural para que puedan generar confianza y legitimidad en diversas comunidades. Esto debe lograrse con la ayuda de grupos de defensa que representan los puntos de vista de las comunidades que han tenido tradicionalmente relaciones adversas con la aplicación de la ley. Los policías deben abrazar una cultura de transparencia y analizar si las acciones que se registran se presentan desproporcionalmente en ciertos grupos y si ciertas acciones se enfocan específicamente en mujeres, poblaciones racialmente diferenciadas, entre otras. Para lo anterior se debe publicar regularmente en el sitio web sobre detenciones, citaciones, arrestos, delitos denunciados y otras aplicaciones de la ley datos desagregados por demografía. Finalmente, el Estado debe abstenerse de prácticas que exijan a lxs policías un número predeterminado de tickets, citaciones, arrestos, citaciones o para iniciar contactos de investigación con ciudadanxs por motivos no directamente relacionados con la mejora de la seguridad pública, como generar ingresos.

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La COMADRE: 20 años de lucha por la reparación integral de las mujeres afros víctimas del conflicto armado en Colombia

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ha documentado desde el año 2001 múltiples casos de violencia sexual, reclutamientos forzados, asesinatos, desplazamientos, exilios, amenazas y torturas, así como ataques a las casas y sedes de las lideresas,  entre otras vulneraciones que afectan de forma diferencial a las mujeres negras en el país.  “Conmemoramos más de veinte años de lucha y resistencia en la visibilización de todas las problemáticas que hemos enfrentado como mujeres negras en el marco del conflicto armado y en una guerra que no es nuestra y  hemos tenido que afrontar”, afirma Luz Marina Becerra Panesso, coordinadora  de La COMADRE y ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría defensora del año (2021).  La historia de Luz Marina y de las otras siete mil mujeres agrupadas bajo el abrigo de La COMADRE se hilvana en una secuencia admirable de esfuerzos por ser reconocidas como sujetas de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), lo que les garantizaría el acceso a un proceso urgente de resarcimiento integral, con enfoque étnico racial, de género y cultural; y contribuiría  a saldar parte de la deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres negras.  Pero el camino ha estado plagado de obstáculos. En marzo del 2017, la UARIV reconoció a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica, en el marco del Decreto ley 4635 de 2011, que ordena la atención integral a la población afrocolombiana víctima del conflicto armado; sin embargo, un año después, la entidad expresó su intención de anular esta decisión y continuar el proceso de reparación como organización bajo la ley 1448 de 2011, desconociendo las afectaciones diferenciadas y desproporcionadas del conflicto armado en las mujeres negras de la COMADRE. Le recomendamos leer: La lucha de mujeres afro víctimas de la guerra para que Estado las repare.  Con esta decisión, además de desconocer la senda jurisprudencia en la cual se conceptualiza de manera amplia el concepto  de “Sujetos étnicos” por parte de la Corte Constitucional, la UARIV revictimiza y pasa por alto las medidas contempladas en el Decreto ley 4635 de 2011, teniendo en cuenta que existe una resolución de acto administrativo en firme que reconoce la calidad de La COMADRE como sujeto de reparación colectiva étnica. Desde ILEX Acción Jurídica, CODHES, AFRODES y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organizaciones que realizamos acompañamiento jurídico al proceso de Reparación Colectiva de la COMADRE, consideramos que esta decisión de la UARIV es perjudicial, primero, porque genera inseguridad jurídica en relación con las expectativas de un grupo poblacional que también ha sido víctima del conflicto. Segundo, el cuestionamiento sobre  la calidad de sujeto étnico resulta contrario a lo desarrollado por la Corte Constitucional, ya  que es el mismo sujeto colectivo étnico el que puede o no reconocerse de esa forma, de acuerdo con unos elementos objetivos y subjetivos.  Según datos del Registro Único de Víctimas, en el último año más de 23.000 mujeres afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y por lo menos 133 han perdido la vida en el marco de un conflicto armado que aún flagela la cotidianidad de las poblaciones  afro que residen en los márgenes del Pacífico y Caribe colombiano.  “Los hijos de las mujeres negras son quienes hoy están engrosando las filas de los grupos armados por la falta de oportunidades, dentro de las cifras de desplazamiento forzado gran parte obedece a mujeres negras; las cifras de violencia sexual son alarmantes en mujeres negras, la desaparición forzada es tenebrosa y escalofriante en familiares de mujeres negras, sus hijos, sus compañeros”, advierte Luz Marina.  Este 20 de mayo, en el marco de la conmemoración de los 20 años del establecimiento del Día de la Afrocolombianidad, La COMADRE realizó un encuentro en el que participaron representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir los obstáculos del proceso de reparación colectiva étnica de la organización. Además, se instaló una mesa de diálogo interinstitucional que propenderá por construir colectivamente ideas, estrategias y acciones concretas que permitan materializar una respuesta efectiva en clave de sanación y reparación colectiva, restaurativa y transformadora con carácter étnico. La mesa será un espacio solidario para sumar esfuerzos, voces, voluntades y agendas en favor de la exigibilidad y garantía de los derechos que históricamente han sido vulnerados a las mujeres negras afrocolombianas en el marco del conflicto armado interno en Colombia, violaciones que persisten aún luego de la firma del Acuerdo Final de Paz. Investigación e incidencia  Además de acompañar a mujeres negras víctimas de desplazamiento y violencia basada en género, desde el 2007 la COMADRE ha elaborado varios informes sobre vulneraciones de derechos humanos de la población afro y ha trabajado en la promoción de acciones de incidencia que conduzcan a que el Gobierno diseñe e implemente políticas públicas y programas que garanticen la reparación integral de las mujeres afros víctimas de la guerra con un enfoque étnico y de género.  Varias de sus investigaciones sobre las afectaciones a los derechos de las mujeres, jóvenes y niños afrocolombianxs desplazados han sido presentadas a la Corte Constitucional y han contribuido a la expedición de Autos como el 092 de  2008​​ y el 005 de 2009 que han ordenado al gobierno diseñar 37 programas de protección de los derechos de las mujeres negras y estrategias que ayuden a superar las brechas históricas de discriminación y de pobreza que las atraviesan De igual forma, la COMADRE ha presentado informes sobre la situación actual de las mujeres negras víctimas del conflicto armado a entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y a  organismos internacionales como el CERD, CEDAW y la CIDH, los cuales incluyen impactos de la pandemia por el COVID-19 en la vida de los pueblos y

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Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

El fallo se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por ILEX Accción Jurídica, Asoparupa y Asoredipar – Chocó. En una decisión sin precedentes en el país, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta en 2021 por ILEX Accción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asoredipar – Chocó).  De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte,  el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó,  al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus. En este sentido, la Corte pidió al Ministerio de Salud efectuar, en un plazo de seis meses, el pago del reconocimiento económico consagrado en el Decreto 538 de 2020 a las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar-Chocó y adelantar una campaña de información sobre la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades de las agremiaciones accionantes. La cartera también deberá realizar un censo nacional que ayude a determinar el número de personas que ejercen la partería en el país.  En concordancia con los argumentos expuestos por ILEX Acción Jurídica, la Corte Constitucional también determinó que la Secretaría de Salud del Chocó y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca vulneraron los derechos de las parteras de Asoparupa y Asoredipar-Chocó, al no entregarles los elementos de protección personal requeridos para controlar infecciones y detener la transmisión del COVID-19.  “Estas personas además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional”,  manifestó la Corte, y  agregó que es un “deber constitucional y legal” integrar la partería al Sistema de Seguridad Social.  Finalmente, la sentencia T-128 del 2022 advierte al Ministerio de Salud y al Congreso Nacional que la vinculación de las parteras a este sistema debe respetar los conocimientos propios del saber ancestral de la partería y partir de la base de que esta práctica es una forma de medicina, reconocida por la jurisprudencia constitucional, por la ley, por el Ministerio de Cultura y por la sociedad.  Desde ILEX Acción Jurídica celebramos esta decisión que responde a la necesidad de desarrollar una línea jurisprudencial que ejerza una protección a las parteras y parteros como una forma de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, además de establecer una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de las poblaciones, promoviendo los derechos económicos, sociales y culturales, certificando su ejercicio y goce de los mismos.

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Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional 2021

El Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH en relación con la protesta pacífica y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural que contribuya a tejer soluciones a los problemas del país Ha pasado un año desde la primera movilización que borbotó uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente de Colombia. El 28 de abril de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y agobiados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Estado la garantía de su derecho a una vida digna.  A lo largo de estos doce meses, distintas organizaciones se dieron a la tarea de recopilar y analizar datos sobre violación de derechos humanos en el marco de estas protestas. En particular, el trabajo de ILEX Acción Jurídica en colaboración con otras organizaciones se enfocó en las afectaciones sufridas por población afrodescendiente. En los dos informes publicados en 2021, se señalan las violencias sufridas por la población afrodescendiente durante el primer semestre del Paro Nacional, también se da cuenta de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales,  detenciones arbitrarias y casos de violencia de género de los que fueron víctimas diferencialmente las mujeres afrodescendientes.  Sin embargo, la labor de las organizaciones y la sociedad civil, en el marco de este año de protestas, supera la labor de recopilación y difusión del información, hasta convertirse en acción constante y colectiva. Hoy 28 de abril, a un año del Paro Nacional, damos cuenta de la lucha de las víctimas, los colectivos barriales, comunitarios, de las OSC por visibilizar la impunidad, la omisión de la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía y la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita en junio de 2021.  Las cifras reportadas sobre violaciones de derechos humanos se han actualizado de manera constante por organizaciones como Campaña Defender la Libertad, CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, el Instituto Raza e Igualdad, Temblores ONG, entre otras. En relación con población afrodescendiente, se pudo determinar que 40 (36,4%) de las 110 personas que fueron asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional pertenecían a esta población   Ante este panorama distópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano promover un “diálogo nacional genuino”,  “garantizar el pleno goce del derecho a la protesta” y, entre otras cosas, “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación” de los miembros de la Fuerza Pública, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género”.  De igual forma, la CIDH sugirió a las autoridades sistematizar la información de las vulneraciones de derechos humanos tomando en cuenta la variable de la pertenencia etnico-racial y adoptar “todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización” contra las personas históricamente discriminadas.   Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión, ILEX Acción Jurídica ha insistido en la necesidad de aterrizar los esfuerzos de este órgano en el seguimiento de las mismas y la aplicación del enfoque étnico racial en esta tarea a través de indicadores claros de cumplimiento.  ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Además de estigmatizar a las víctimas de los casos de abuso policial, el Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural con la sociedad civil, que contribuya a tejer soluciones para los problemas estructurales del país, los cuales se hicieron más evidentes durante el Paro Nacional.   Repitiendo los errores de sus antecesores, el Gobierno nacional se ha negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que persisten en Colombia. La promoción de una reforma policial que ayuda a perpetuar dinámicas como el uso excesivo de la fuerza y la falta de implementación de un enfoque diferencial que permita combatir estereotipos racistas, son apenas una muestra de su apatía por garantizar los derechos de todxs.  Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la  Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnica en Colombia.  Del mismo modo, exigimos al Estado que cese todo acto de vulneración a los derechos humanos en futuras manifestaciones y elabore una reforma policial que atienda las exigencias de la sociedad civil y las recomendaciones de organizaciones internacionales. La CIDH, por ejemplo, está en mora de definir el mecanismo de seguimiento a la adopción de las recomendaciones por parte del Estado, situación que trastoca el trabajo de veeduría y pedagogía encaminado por estas organizaciones.  Los retos para las organizaciones sociales y cívicas que florecieron durante el Paro Nacional también son muchos. Lo sucedido en el marco de las manifestaciones es evidencia del tipo de relacionamiento que se da de manera cotidiana entre los agentes de la Fuerza Pública y las personas afrodescendientes en el país, en barrios de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones. 

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COMUNICADO CONJUNTO: la participación política de la población afrodescendiente y la necesaria lucha contra el racismo

Colombia, 5 de abril del 2022 – La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal. Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país. Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente. Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.

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Solicitud de audiencia temática en el periodo 182 de la CIDH

Solicitud de audiencia temática en el periodo 182 de la CIDH Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Aliados: La COMADRE, CONPA, Race and Equality, KAMBIRÍ, ASOM, PCN, AFRODES, ACONC, CEPAC, FISH, CNOA, ANAFRO, CLAF, Comité cívico por la dignidad de Chocó, Comité cívico por la defensa de Buenaventura, Red de mujeres afrocaribeñas. Solicitud de audiencia temática en el periodo 182 de la CIDH. Litigio estratégico ante la CIDH para el reconocimiento de La COMADRE como sujetas étnicas de reparación colectiva mediante la implementación de la ruta étnica. Ilex presentó solicitud de audiencia temática en el periodo 182 de la CIDH de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil aliadas. Documentos

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Amicus Curiae de Ilex Acción Jurídica, Race and Equality y CNOA en la Acción de tutela con expediente T-8018193

Amicus Curiae de Ilex Acción Jurídica, Race and Equality y CNOA en la Acción de tutela con expediente T-8018193 Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Aliados: La COMADRE de AFRODES, Corporación Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos ( Raza e Igualdad), la Asociación de Economistas Negras “Mano Cambiada” Ilex pesentó intervención conjunta exponiendo sobre los impactos diferenciales de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes, sin embargo, Ilex no participó directamente en el litigio. Documentos

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Solicitud de selección acción de tutela con radicado T-8.390.409

Solicitud de selección acción de tutela con radicado T-8.390.409 Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Aliados: La COMADRE de AFRODES, CODHES. Litigio ante la Corte Constitucional en donde se presentó la Solicitud ciudadana de selección del expediente T-8.390.409 en proceso de tutela del Grupo Colectivo de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia LA COMADRE contra UARIV y Ministerio del Interior. Documentos

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CIDH – Reconocimiento del colectivo LA COMADRE como sujetas étnicas de reparación colectiva

CIDH – Reconocimiento del colectivo LA COMADRE como sujetas étnicas de reparación colectiva Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Aliados: La COMADRE de AFRODES, Race and Equality.   Ilex presentó carta artículo 41 conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil aliadas. Litigio internacional en donde se presentó la solicitud de Carta Artículo 41 CADH frente al reconocimiento del colectivo LA COMADRE como sujetas étnicas de reparación colectiva mediante la implementación de una ruta étnica. Documentos

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