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El 16 de enero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil aquí firmantes acudimos al llamado del Gobierno Nacional, representado por el entonces ministro de justicia, Nestor Osuna, a conformar la Comisión de expertas y expertos para la reforma a la justicia. Confiando en la posibilidad de aportar a la transformación real y estructural de la administración de justicia en Colombia, aceptamos la invitación. 

Como parte de la comisión, incorporamos y profundizamos discusiones relevantes como: i) la necesidad de diagnósticos actualizados sobre las barreras en el acceso a la justicia que incluyeran, los impactos diferenciados en  poblaciones históricamente excluidas, ii) la diversidad en la representación de estas poblaciones en el sector justicia, iii) asuntos relativos a la humanización y racionalización de la política criminal, incluido el sistema penitenciario; iii) las reformas a la justicia que se requieren para contribuir a la erradicación de las violencias basadas en género y iv) la administración eficiente y transparente de la Rama Judicial para lograr un acceso equitativo, efectivo y no discriminatorio, que tenga en cuenta las necesidades diferenciadas de las personas en todos los territorios. Además, llamamos permanentemente la atención sobre la necesidad de contar con una metodología clara de trabajo y sobre las limitaciones de pensarse las transformaciones de la justicia únicamente desde las reformas legales y no desde estrategias claras de política pública impulsadas desde el actual gobierno. 

A un año de la  puesta en marcha de la Comisión de Reforma a la Justicia, con la que nos hemos comprometido de forma entusiasta y diligente, consideramos importante  presentar no solo un balance de nuestra labor sino una invitación al gobierno nacional para que esta iniciativa no quede relegada a reuniones y revisiones de proyectos de ley.

Un año de trabajo de la Comisión de Reforma a la Justicia 

El gobierno nacional convocó a representantes de las Altas Cortes, de los sindicatos de la Rama Judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal, de organizaciones de la sociedad civil, entre otras instituciones, con el fin de integrar una Comisión plural que lo pudiera asesorar y contribuir a generar consensos en torno a las reformas a la justicia. El gobierno tenía el propósito de enfocar la reforma en cinco pilares que permitieran al país avanzar hacia: i) una justicia volcada hacia el esclarecimiento de la verdad; ii) una justicia eficaz en la lucha contra la corrupción; iii) una justicia que asuma los enfoques diferenciales; iv) una justicia accesible para las personas y grupos tradicionalmente excluidos; y v) una justicia robusta, moderna y eficaz, en la que las sentencias se cumplen.

Durante este año, las personas que hacemos parte de la Comisión nos encargamos de presentar y revisar proyectos de ley que intentaban atender algunas urgencias por materias, sobre todo procesales. El Ministerio de Justicia, en su momento liderado por el Dr. Nestor Osuna, también hizo una convocatoria pública para que la ciudadanía pudiera hacer sus aportes y soñar una nueva administración de justicia en Colombia. El Ministerio, tal como nos fue informado, recibió más de 500 propuestas por parte de la ciudadanía. 

La secretaría técnica de la Comisión la asumió el Ministerio de Justicia y fuimos convocadas periódicamente a sesiones plenarias y de subcomisiones sobre cinco asuntos: i. reformas constitucionales; ii. reformas de asuntos penales y penitenciarios; iii. justicia inclusiva; iv. mecanismos alternativos de solución de conflictos y asuntos procesales, y reformas de asuntos judiciales. Con la llegada de la Ministra, Angela María Buitrago Ruiz, hemos sido convocadas nuevamente a discutir textos con propuestas de reforma, en algunos temas puntuales. en algunos temas puntuales. 

Sin embargo, el balance no puede concretarse en resultados visibles y de transformaciones estructurales, a nuestro parecer, no solo por la interrumpida metodología de la Comisión de expertas y expertos que no ha estado a la altura de las discusiones sobre algunos de los asuntos de reforma a la administración de justicia en las cuales la diversidad de perspectivas, opiniones y sectores ha sido evidente, sino a la limitada visión de estas transformaciones, sólo desde las reformas legales. Tal como lo anunciamos al inicio de la comisión, no es posible pensarse transformaciones estructurales sólo desde la formulación de proyectos de ley, mucho menos sin la herramienta básica e inicial del diagnóstico de barreras en el acceso a la justicia que tanto hemos reclamado en el marco de la comisión. Además, una agenda de reforma requiere de una visión clara sobre las transformaciones transversales y estructurales que la justicia requiere. El resultado es que la apuesta de reforma del Gobierno nacional no ha avanzado al ritmo deseado. 

La reforma a la justicia sigue siendo una tarea urgente e importante para el país

La reflexión sobre la reforma a la justicia en el país sigue siendo urgente. Colombia necesita una administración e institucionalidad en el sector que garanticen un servicio de calidad, accesible y operativo, que reconozca las características del territorio en el que funciona y las poblaciones para las que trabaja. Ese ejercicio pasa por conocer no solo las formas en la que históricamente se han construido estas instituciones y sus geografías atadas a la desigualdad social, económica, de género y racial sino que aun en pleno siglo 21 se encuentra marcada por la necesidad de seguir formando a operadores judiciales  en asuntos relevantes no solo a nivel técnico-jurídico y procesal sino de enfoques, en un llamado urgente por la contextualización de la justicia a las necesidades de la ciudadanía.  

Las aquí firmantes hacemos un llamado al gobierno nacional liderado por el Ministerio de Justicia, a la Rama Judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, así como a nuestras y nuestros colegas en la Comisión de reforma a volver a discusiones que prioricen, profundicen y propongan reformas de política pública que permitan avanzar en las transformaciones que requiere la justicia en Colombia. Estas deberían enfocarse, al menos, en los siguientes cinco asuntos:

  1. Acceso a la justicia efectivo y equitativo. Aunque Colombia ha hecho varias reformas legales en los últimos años para mejorar el acceso, las barreras persisten y son particularmente severas en algunas regiones y territorios del país. Además, afectan de manera más profunda a las poblaciones y personas tradicionalmente excluidas y discriminadas. 
  2. Humanización del sistema penal y penitenciario. La apuesta por una política criminal en la que las medidas de prevención y reacción al crimen sean más racionales, analíticas y focalizadas, que a la vez sean efectivas contra la delincuencia y compasivas y conscientes de las desigualdades.  
  3. Una justicia diversa, antirracista y con paridad de género. La construcción de una justicia inclusiva y equitativa es un imperativo moral y constitucional. La representatividad en todas las ramas y estamentos de la justicia, incluidas las altas corporaciones judiciales es esencial para garantizar la legitimidad y la imparcialidad del sistema judicial.
  4. Lucha contra la discriminación y la violencia. Aunque el plan de desarrollo en su artículo 344 emitió la declaratoria de Emergencia por Violencia de Género en el país, conminando a la institucionalidad pública a avanzar de forma contundente en erradicar las violencias de género en Colombia, no existe una mirada compartida entre el gobierno y la sociedad civil del tipo de justicia que requieren las mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de genero y discriminación que permita que el sistema judicial sea un garante del derecho a vivir una vida libre de violencas. 
  5. Autonomía y rendición de cuentas de la Rama Judicial. La autonomía de la rama judicial es un pilar fundamental de nuestra democracia y debe ser reforzada. Esta autonomía debe estar acompañada de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas efectivos que cuenten con el compromiso decidido de las autoridades judiciales. 

El futuro de la agenda de reforma a la justicia 

Celebramos la iniciativa del gobierno actual por avanzar en una reforma a la justicia, consideramos que es una tarea inconclusa y urgente.  Es imperativo que el Gobierno del Cambio presente una agenda de reforma a la justicia que supere la visión que se ha sostenido hasta ahora en la comisión de reforma, limitada a reformas legales y solo pensado desde la rama judicial. La agenda debe partir de una visión global de la justicia, con metas claras sobre las transformaciones estructurales que se requieren y con acciones concretas se sostengan en el largo plazo y que integre a las tres ramas del poder en una apuesta propia del Estado.  El país no merece menos y a ello le hemos aportado como comisionadas. 

Quedan pocos meses de este gobierno y sería desafortunado no otorgar una alternativa de reforma a la justicia, humanizada. Nos disponemos a seguir construyendo en colectivo para aportar a la superación de las  las barreras de acceso a la justicia, la inclusión de una perspectiva de género,  antiracista y anticapacitista de esta transformación. 

Adriana Benjumea Rua – Corporación Humanas

Dayana Blanco Acendra – ILEX Acción Jurídica

Diana Esther Guzman – Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia

Gina Cabarcas  – Laboratorio de Justicia y Política Criminal

Alí Bantú Ashanti – Colectivo Justicia Racial