Larga y dramática ha sido la espera en la que ha estado el país para saber finalmente el nombre de la persona que liderará la Fiscalía General de la Nación. Entre trinos, titulares de periódicos y pasquines, declaraciones del presidente de la Corte sobre la seguridad de la institución y sus magistrados, y acusaciones de presiones indebidas del gobierno, nos han tenido en vilo y preguntándonos ¿Por qué tanta demora para elegir uno de los cargos más importantes del Estado?

La pregunta sobre la demora de la Corte en elegir resulta incómoda y chocante cuando estuvimos por primera vez frente a una terna conformada sólo por mujeres. No sólo la demora sino los debates que se dieron sobre si esta terna era válida o no.  Entre estos debates, destacó el generado por el magistrado Botero Zuluaga, quien argumentó, a través de una acción de tutela, que la terna era inválida y violaba el derecho a la igualdad al no incluir también a hombres. Esta controversia puso en tela de juicio el proceso de selección y dejó al descubierto las tensiones en torno a la equidad de género en las altas esferas del poder judicial. Esperan ver mis ojos el día en que esas ternas además de ser conformadas solo por mujeres, se les de por integrar a mujeres indígenas y/o negras-afrodescendientes. Que el país camine hacia ese propósito de garantías en la participación, debe ser una tarea de todos como sociedad. 

A lo largo de este camino de espinas, vimos a las ternadas y sus familias ser expuestas a los medios y las redes, estos fieles a escudriñar en la intimidad del otro confundiendo las dinámicas propias de la esfera personal y familiar con la aptitud y preparación para asumir altos cargos públicos. Tal fue el caso de Amelia Perez quien el 12 de marzo presentó su renuncia irrevocable a la terna de fiscal general, unos minutos antes de que la Corte entrara a una nueva sesión para elección.  La trama de la selección de la nueva fiscal parecia sacada directamente de un guión de telenovela, con giros inesperados que mantenial al público en vilo, al mejor estilo de producciones televisivas como televisa y telemundo. 

El pasado 13 de marzo, por lo menos no fue martes, conocimos finalmente, después de tres meses y cinco rondas de votaciones, el nombre de la persona que ocupará por 4 años el cargo, Luz Adriana Camargo.  Sin embargo, el titular de los periódicos esta vez era ¿Bueno y quién es Luz Adriana?

Sobre el perfil de la nueva fiscal general destacaré los aspectos relevantes , para luego desarrollar mi cartita de pendientes de la fiscalía en relación con las personas afrodescendientes y el papel que puede jugar la nueva fiscal en esta agenda.

La nueva fiscal es una destacada penalista que cuenta entre los logros de su carrera ser fiscal delegada y magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y haber integrado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig-ONU). Es reconocido su trabajo en investigación contra la corrupción y la parapolítica. También podría decirse que cuenta con el necesario sentido de justicia social, importante para que la institución que liderará aterrice en las necesidades de la sociedad colombiana e impulse cambios para la real transformación de la administración de justicia para y por los colombianos. Esto se dejó ver tímidamente en su discurso de presentación ante la Corte Suprema. Sus propuestas sobre priorización con enfoque territorial, fortalecimiento sobre atención a las víctimas podría abrir algunas puertas para conversaciones que interesan a grupos históricamente marginados, como la población afrodescendiente. 

Sobre su labor en el cargo, quisiera recomendarle dos cosas que nos interesan particularmente desde la labor que venimos haciendo en la transformación de la policía nacional y el mejoramiento de las bases de datos administrativas. Sobre lo primero, hemos insistido en la necesidad de transformación de la estructura de la Policía para su desarrollo en pro de la comunidad y la sociedad, es decir una Policía desmilitarizada que sirva para garantizar derechos humanos desde su servicio público. Para esto, el papel de la fiscalía es fundamental. 

Desde la Mesa por la Reforma a la Policía, las organizaciones sociales que la integran hemos estructurado un pliego de peticiones,  que contiene algunas propuestas para la fiscalía que retomaré ante la ahora fiscal general:

  • Establecer una reglamentación interna que impida a la Fiscalía General de la Nación promover colisiones de jurisdicción con la justicia penal militar cuando se investiguen casos de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional. 
  • La Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), que ejerce la actividad de policía judicial a través de sus seccionales (SIJIN), debe estar completamente subordinada a la Fiscalía General de la Nación y desarrollar sus funciones en el marco de investigaciones acordes con la normativa procesal penal vigente. 
  • Investigar con debida diligencia las violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía Nacional en lógica de crímenes de sistema, especialmente en los casos de violencia policial masiva, sistemática y diferencial en donde es necesario reconocer patrones de violencia y determinar las responsabilidades correspondientes, incluyendo las de las líneas de mando respectivas. Para ello la Fiscalía General de la Nación deberá crear una unidad especializada, otorgándole recursos y capacidades suficientes para el cumplimiento de su labor.

Para lo anterior, serán necesarias no solo mesas de trabajo; será indispensable que el Estado demuestre voluntad política real, garantizando la escucha y la participación activa  de las organizaciones de la sociedad civil. Además  deberá  comprometerse a gestionar  los cambios institucionales, de  infraestructura y normativos necesarios. Esperemos que no ocurra lo mismo que ha sucedido con  otras instituciones oficiales,  donde destacados profesionales con un fuerte  sentido de justicia social, algunos  de ellos antiguos activistas, se han visto absorbidos por la burocracia y la parálisis inherente  a sus instituciones. Esto nos ha llevado a un desgaste entorno a discusiones sobre la reforma a la policía que aún no  han dado resultados concretos.

En cuanto a lo segundo, en un afán por superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en bases de datos administrativas, hemos insistido ante las entidades del sector justicia sobre la urgente necesidad de mejoramiento en la recolección del dato. En nuestra investigación “¿Superar la desigualdad racial sin datos?”, damos algunas recomendaciones a esta institución para mejorar la captación de la variable étnico racial en sus bases de datos pues si bien distintos tratados internacionales obligan al Estado colombiano a recoger esta información desagregada, hay un vacío por parte de las instituciones del sector justicia, como ocurre con las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nacional y en la Policía Nacional en las que no se capta la variable étnico-racial de manera obligatoria.

De acuerdo con la respuesta ofrecida por esta institución en el año 2022, la recolección de este tipo de información no cabe dentro de su competencia. Tal como lo informamos en nuestra investigación la fiscalía señala que no es un órgano consultivo y, de manera incoherente, afirma que los conceptos emitidos podrían ir en contravía de los funcionarios que tienen casos bajo su conocimiento. 

“La recolección de datos para la identificación como aspecto de interés del género y la pertenencia étni- co-racial de los peticionarios, fue implementada en la herramienta tecnológica SIPQR2S, a partir del mes de septiembre del año 2020. No se toman datos sobre la persona denunciada porque no son un factor valorativo. No se da cuenta de la pertenencia étnico-racial en los reportes” (Fiscalía General, 2022)

Además de los grandes retos que ya le han documentado a la nueva fiscal los distintos expertos, desde ILEX Acción Jurídica le traemos estos dos, muy sencillos de impulsar si hay gestión y voluntad institucional y política. Al país, mucha fortaleza después de esta larga espera y mucha atención y coherencia para hacerle seguimiento a la gestión de la nueva fiscal. A las organizaciones de la sociedad civil mucha fuerza y controlada esperanza para impulsar y provocar los cambios que esperamos de esa institución.