ILEX Comunicaciones

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina

Deja un comentario / Noticias, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. El Gobierno Nacional incumplió los acuerdos firmados con el pueblo raizal para la reconstrucción de las viviendas afectadas tras el devastador paso del huracán Iota en las islas de Providencia y Santa Catalina, en noviembre del 2020. Así lo determinó la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al señalar, por medio de la sentencia T-333-22, que el lento proceso de reconstrucción integral ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”. La Corte comprobó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, incumplieron los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico. El fallo de sentencia, que se dio en respuesta a una tutela presentada por el Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, también asegura que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron a estas comunidades el derecho fundamental a la consulta previa: “Esto se vio reflejado en el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raiza”, dice la Corte. Sobre este asunto en particular, Susana Correa, exministra de Vivienda y gerente para la reconstrucción del archipiélago, ha señalado que sí hubo concertación con la comunidad y que esto incluso encareció el proyecto. Según ella, tanto la decisión de construir con concreto, como la no importación de viviendas prefabricadas, fueron tomadas en conjunto con la comunidad. De acuerdo con la sentencia, la UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen un plazo de 30 días para intervenir el hospital de campaña y garantizar a la población raizal las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud. Las entidades también deberán garantizar el abastecimiento diario de agua potable y restaurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. De igual forma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el gobierno local deberán convocar a la comunidad raizal a un proceso de consulta sobre el programa de reconstrucción que permita corregir y reenfocar las medidas para la reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina. Estos acuerdos también deben garantizar la implementación de instrumentos internacionales que ayuden a fortalecer la resiliencia de las islas a los efectos del cambio climático. ‘El Gobierno ignoró nuestras propuestas e irrespetó los acuerdos‘ Jade Lunazzi, abogada de la Veeduría Cívica de Old Providence, habló con ILEX Acción Jurídica sobre los incumplimientos del Gobierno durante el proceso de reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota. ¿Cómo se ha evidenciado el racismo estructural e institucional durante el proceso de reconstrucción? Según afirma la Corte, sus sugerencias entorno al enfoque étnico en la reconstrucción fueron ignoradas por el Gobierno Hay un contexto histórico. Las islas fueron primero una colonia británica, luego se adhirieron a Colombia, en 1822, y desde entonces se han tomado medidas que tienden a homogeneizar, a “colombianizar” a la población de San Andrés. Estas medidas se han concentrado en desaparecer las características culturales de nosotros como etnia. Entre esas se encuentran haber impuesto la religión católica y prohibir la religión protestante y la de los pueblos provenientes de África. También prohibieron el habla del creole. Durante la reconstrucción, este racismo estructural se vio reflejado en la imposición de un modelo de casas que no está acorde con nuestra cultura, irrespetando así los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Nosotros solicitamos al Gobierno hacer una consulta previa pero dijeron que no, porque era una situación de emergencia y eso llevaba mucho tiempo. Luego, en las mesas de concertación llegamos a un acuerdo, consignado en el documento ‘Memoria técnica de acta de concertación’, en el que se afirma que las casas reconstruidas tienen que cumplir con la arquitectura típica de la isla, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional. Ellos ignoraron completamente este documento, lo único que hicieron fue hacer una fachada parecida a las de las casas típicas. Los materiales no sólo no eran los adecuados sino que además eran de la peor calidad posible. La madera se pudre, las paredes se agrietan, el piso se agrieta, la pintura se cae por la lluvia. De acuerdo con su denuncia, el Gobierno tampoco cumplió con la construcción de las zonas seguras… La zona segura es una habitación, por lo menos una habitación en concreto con baño, para que en caso de que se volara la casa, por lo menos quedara esta habitación en concreto, con placa en concreto, para que las familias pudieran resguardarse durante y después del huracán. Ninguna de las casas las construyeron de esta manera. En resumen, no respetaron la concertación a la que llegamos y la mayoría de las casas no cumple con los requisitos ante Huracán, ni en el techo, ni en la estructura, ni con esta zona segura que habíamos exigido. ¿Cuál es la posición de la comunidad frente a la construcción de la base de guardacostas en la Isla? ¿La Corte ya se pronunció al respecto? La Armada Nacional quería construir esta base en la comunidad con la excusa de que estaban reconstruyendo algo que ya estaba, lo cual …

La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina Leer más »

RED DOROTY: visibilizando las experiencias de vida de las mujeres trans afro del Pacífico colombiano

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

ILEX acompañó el proceso de consolidación de la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY, durante su primera juntaza en Quibdó, Chocó. El pasado 10 de noviembre, las integrantes de la colectiva participaron en talleres de comunicación étnica para la justicia racial, impartidos por ILEX Acción Jurídica, con el objetivo de promover estrategias para la visibilización de los discursos y formas de “re-existencia” de esta población. “Les invitamos a que se unan a esta juntanza, a que nos acompañen en este proceso que apenas inicia. Sabemos que es una carrera larga, pero no difícil, porque las mujeres trans del Pacífico insistimos, resistimos y perseveramos”, afirmó María Victoria Palacios, integrante de la Red. María Victoria agregó que es importante abordar la realidad de las mujeres trans desde la conexión entre cuerpo y territorio, dos categorías que atraviesan a diario la experiencias de vida de las personas con expresiones de género diversas, principalmente en territorios marginalizados, como lo es Pacífico colombiano. Esta opinión fue apoyada por Bicky Bohorquez, de Palmira (Valle del Cauca), quien afirmó que son necesarias más políticas públicas para la población trans, desde un enfoque feminista e interseccional. Estas actividades están enmarcadas en nuestra línea Derechos de mujeres negras y personas afrodescendientes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, por medio de la cual brindamos apoyo técnico jurídico y en comunicaciones para la garantía del acceso a derechos. *La Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY es una iniciativa que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres TRANS AFRO del pacifico colombiano, visibilizando las violencias desde cada territorio y de ese modo descentralizar las dinámicas desde los privilegios blancos y un sistema patriarcal machista.

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Deja un comentario / Investigación social, Líneas estratégicas, Noticias, Publicaciones / Por ILEX Comunicaciones

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes. “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales. Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena

Deja un comentario / Comunicación estrategica e incidencia, Noticias, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

ILEX brindará acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la policía en Cartagena. Para Ariel Valdez es difícil recordar con exactitud el número de ocasiones en las que ha sido víctima de perfilamiento racial en su natal Cartagena. Ser un reconocido artista de las faldas del Cerro de la Popa y haber sido nombrado embajador para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 2018, tampoco lo ha librado de las constantes requisas, hostigamientos y malos tratos por parte de los agentes de policía en la ciudad. El caso más reciente se presentó el pasado 27 de octubre. Ariel y otros cuatro jóvenes afrodescendientes que hacen parte del proyecto Barrio Fino Mundial, un colectivo que promueve entornos de paz por medio de la producción musical en los barrios vulnerables de la ciudad, fueron perfilados, retenidos y traslados injustamente a una Estación de Policía ubicada cerca a la Plaza de la Aduana. “Esa noche habíamos salido de un evento en el Centro de Convenciones y nos encontramos en la Plaza de la Trinidad con Sheyla, una comunicadora con la que estamos trabajando en un proyecto cultural. Pasaron diez minutos y fuimos interceptados por cuatro policías que atravesaron toda la plaza hasta llegar a donde estábamos nosotros. Sin más, no pidieron una requisa. Cuando preguntamos por qué el motivo de la requisa, no recibimos una respuesta. Lo único que nos dijeron fue: “que a quien le moleste, que no salga de su casa””, denunció Ariel. La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el relato de Sheyla Blanco, la comunicadora social y gestora cultural que se encontraba con los jóvenes en la Plaza de la Trinidad, uno de los integrantes del grupo, sin justificación alguna, fue conducido por los agentes hasta un vehículo de la policía, pese a que ya se le había hecho la requisa. “En ningún momento nos dijeron a dónde se iban a llevar al compañero. Todo el tiempo nos trataron de forma muy agresiva. Ahí fue cuando todos decidimos montarnos en el camión de la policía y acompañarlo”, recuerda Sheyla. Los jóvenes también relataron a ILEX Acción Jurídica que fueron víctimas de hostigamientos e intimidaciones verbales por parte de los agentes que los escoltaron en el camión hasta una estación de policía. Allí se toparon con otros treinta jóvenes que también habían sido retenidos esa noche, en su mayoría afrodescendientes, artistas y vendedores informales que trabajan en el gentrificado Centro Histórico de la Ciudad. “Me duele mucho que estas situaciones pasen. Lo he vivido en un banco en un barrio como Manga, como Crespo, simplemente por parecer sospechoso para la policía mereces ser requisado y conducido sin explicación a un CAI. Y si pides explicaciones y ellos se sienten ofendidos, quizás, hasta te pegan, en esta ciudad es así. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad”, denunció Ariel en un video grabado tras salir de la estación. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad” En las imágenes se ve al grupo de jóvenes con los rostros desconfigurados por las esquirlas de la violencia policial racista que acecha a diario los cuerpos de las personas afrodescendientes en una de las ciudades con mayor proporción de población afro en todo el país. “Por este tipo de situaciones es que cada vez nuestros chicos van menos al centro. Nos están desplazando del Centro Histórico. Uno no puede estar ahí porque enseguida le cae la policía porque creen que solo por ser afro uno es un criminal. No podemos seguir callando, estos hechos tienen que ser denunciados”, sentencia Sheyla. Desde ILEX Acción Jurídica condenamos este caso de perfilamiento racial y brindaremos acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la Policía en Cartagena. Además, reiteramos a la Policía que no puede hacer uso de la fuerza sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y no discriminación , ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones. Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnico-racial en Colombia. La violencia policial racista que se esconde tras las murallas de Cartagena El “corralito de piedra” es un territorio inseguro para las juventudes afro. En los últimos dos años, ILEX Acción Jurídica ha registrado un aumento sustancial en el número de denuncias de homicidios y casos de violencia policial racista contra jóvenes afrodescendientes en la ciudad. El 24 de agosto del 2020, durante el periodo de aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, fue asesinado en Cartagena, a manos de la policía, el adolescente afro, Harold Morales Payares, de 17 años de edad. Sobre el caso, el antiguo comandante de la policía de Cartagena y actual director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, afirmó en su momento que el joven resultó herido en medio de un enfrentamiento armado con agentes de la policía. No obstante, tras una investigación alentada por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía pudo demostrar que le dispararon por la espalda mientras corría luego de un cruce de palabras con policías que lo asediaron en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías. Ocho meses después del asesinato de Harold, el 7 de febrero del 2021, …

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena Leer más »

Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

El diálogo se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país. Este 31 de octubre, previo al lanzamiento de nuestro informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’, Ana González, abogada y cofundadora de ILEX Acción Juíridica, conversó en el programa El Lunes, de Canal Capital, sobre los graves impactos de este fenómeno en Cali, Cartagena y Bogotá. El diálogo, moderado por el periodista Santiago Rivas, se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial y violencia policial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país. “El racismo es un problema institucional y estructural, y la policía no está exenta de ello. Hay conductas racistas dentro de la institución porque hay miembros que vienen con prejuicios racistas y dentro de la institución estos se refuerzan”, explicó González, y advirtió que la violencia policial racista en el país se rige bajo la lógica “amigo-enemigo” y el perfilamiento constante de las personas afrodescendientes. En cuanto a los principales retos para la documentación de este fenómeno, González señaló que aunque desde hace mucho tiempo varias organizaciones afrodescendientes han denunciado la violencia policial racista, encontrar datos desagregados con enfoque étnico-racial sigue siendo un desafío. Como ya lo habíamos advertido, la barrera que impone la invisibilidad estadística implica un subregistro en los casos, y en consecuencia una ausencia de análisis de cómo la pertenencia étnico-racial impacta en el relacionamiento con los agentes de la fuerza pública. María Fernanda Escobar, representante en Colombia de Raza e Igualdad, una de las organizaciones que participó en la construcción del informe, afirmó que la investigación nació con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre lo que estaba ocurriendo durante el Paro Nacional de 2021, combinando estrategias de investigación cuantitativas y cualitativas, con énfasis especial en los casos de violencia policial racista reportados por población afrodescendiente en el marco de la protesta. El informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’ será presentado oficialmente a las 5:00 p.m. de este martes, 8 de noviembre, en la Sala 2 de la Cinemateca Distrital de Bogotá. El evento, organizado por ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES-, y la Corporación Raza e igualdad, contará con la participación de personas afrodescendientes víctimas de violencia policial racista en Cali y Cartagena. Además, se realizará el lanzamiento oficial de un microdocumental animado que explica los entreverados de la violencia policial racista en Colombia. Inscríbete aquí en el listado de asistentes al evento de lanzamiento del informe.

Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

El presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, radicaron este 18 de octubre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tendrá como objetivo liderar, coordinar y ejecutar las políticas públicas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales que afectan a la población de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados. La nueva cartera estará bajo la batuta de Francia Márquez, y tendrá la tarea de proteger, desde un enfoque diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, y migrantes. Sin embargo, el proyecto de ley condensado en cuatro páginas y 11 artículos, deja algunos interrogantes importantes en cuanto a la estructura, presupuesto y alcance del ministerio. ¿Cuál es el presupuesto para la igualdad? En el texto del proyecto se menciona que el patrimonio con el que funcionará el Ministerio de Igualdad y Equidad saldrá de las sumas que se aprueben en el presupuesto nacional, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para la cartera y las donaciones que se reciban de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. No obstante, aún no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de esta cartera. Esta cuestión es trascendental si se tiene en cuenta que combatir el hambre y la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo implica una inversión importante de recursos. Desde ILEX Acción Jurídica planteamos que, por un lado, la construcción de presupuestos desde un enfoque etnico-racial debe responder a las necesidades específicas de la población diferencialmente racializada a partir de un análisis territorial en el que se pueda evaluar la pertenencia étnico-racial y su proporción. De igual forma, siguiendo las recomendaciones consignadas en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), consideramos que estos presupuestos deben contar con metas e indicadores que puedan evaluar y orientar las asignaciones de recursos, así como garantizar la participación representativa de estos grupos en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Los presupuestos públicos reflejan las prioridades reales de los gobiernos, tanto en la forma como se captan recursos, como en la forma en que se gastan. El Gobierno debe demostrar su voluntad política haciendo incidencia en el Congreso para que el presupuesto que se le asignen al Ministerio contribuya de forma efectiva al cierre de las brechas de inequidad en el país. ¿Cuáles serán las entidades que conformarán el Ministerio? El proyecto señala que la cartera liderará el sector administrativo de la Igualdad y Equidad y que las demás entidades del Ministerio “serán asignadas a través de una ley”. Además, se le otorgarán al presidente Petro facultades extraordinarias, por el término de seis meses, “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”. Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), adelantó por su parte que la cartera asumirá las funciones de dos consejerías claves para la equidad: la de la Mujer y la de la Juventud. “Lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que han estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”, afirmó en entrevista con Caracol Radio. Por ahora, desde ILEX consideramos que es indispensable que el Ministerio se articule de forma sólida con todas las carteras, pues consideramos que para alcanzar la equidad y la justicia racial es necesario la implementación de medidas que promuevan transformaciones sociales profundas en Colombia. La lucha por la igualdad de género y la garantía de los derechos de la población históricamente marginalizada debe ser una política de Estado. ¿Cuáles serán los alcances del Sistema Nacional de Cuidado? El Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales banderas de campaña del nuevo Gobierno, tendrá como objetivo “reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado”, desde un enfoque diferencial, de género, étnico e interseccional, y por medio de un modelo corresponsable entre familias, el Estado, la sociedad y el mercado. El objetivo es uno: “compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la injusta división sexual del trabajo”. Aunque reconocemos que este proyecto representa un avance importante hacia el cierre de brechas de género, el texto no brinda mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema que sería implementado por un Estado que sigue en mora de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan actualmente las labores de cuidado en el país. Aquí puedes leer el proyecto de ley completo:

Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Columna escrita por Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica. Dada la necesidad de aumentar el recaudo, el pago de la deuda, las necesidades sociales, los desequilibrios que dejó la pandemia por el Covid-19, se hace necesaria una reforma tributaria. La presentada por el Gobierno actual espera recaudar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, 25 billones de pesos, estos estarán sustentados, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de la siguiente forma: $8,1 billones del 1% de las personas más ricas, $7 billones de recursos del uso del subsuelo, $5,1 billones de la reducción de exenciones y deducciones para las empresas, $2,5 billones de impuestos saludables y ambientales y $2,2 billones de otras medidas. El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Ambos elementos van con objetivos importantes como la reducción de la desigualdad del ingreso y la mejora del recaudo. No obstante, como lo han mencionado instituciones como la Universidad de los Andes y Fedesarrollo, la reforma también tiene aspectos negativos, pues podría afectar la generación el crecimiento económico y la generación de empleo. En cuanto a lo positivo, la reforma plantea aumentar la carga tributaria del 1% más rico del país, es decir, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Este aspecto es importante por la progresividad, pues este atributo logra promover la redistribución, y es posible que se reduzca la presión o tensión en las personas de menores ingresos (desde el punto de vista del impuesto directo), beneficiando así a la población que está en situación de pobreza o vulnerabilidad. Otro de los puntos importantes es la implementación del impuesto a los patrimonios de más 3.000 millones de pesos. Este impuesto, como ya lo ha mencionado la CEPAL y otros organismos como la OCDE, mejora la equidad vertical del sistema tributario y contribuye a la disminución de la desigualdad, pues, según la Cepal, la riqueza se distribuye incluso más desigual que otras bases imponibles como el consumo o el ingreso. En ese sentido, desde la perspectiva del recaudo y la progresividad vía impuestos directos, la reforma está bien encaminada ya que, de alguna manera, hay beneficios a una buena parte de la población, mediante programas sociales u otro tipo de intervención dado el aumento del recaudo para financiar el gasto público, estos pilares mejoran la redistribución y afecta positivamente a las personas que están en vulnerabilidad, como es el caso de la población afrodescendiente. Los aspectos esenciales de la reforma (progresividad y recaudo) son recomendados también en el documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, en donde se reafirma la importancia de estos dos pilares para llegar a una justicia racial, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la política fiscal tiene las herramientas necesarias para garantizar la disminución y el cierre de brechas. Dentro del documento hay recomendaciones que se recogen en la actual reforma tributaria, entre ellas la lucha contra la evasión y elusión, impuestos directos como el patrimonio y progresividad general en el sistema tributario. No obstante, dentro de la reforma existen algunos aspectos que pueden afectar a la población vulnerable (ya sea positiva o negativamente). Un ejemplo de ello, son la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En cuanto al primero, el exdirector el DANE Juan Daniel Oviedo señaló que este podría tener una incidencia directa en los hogares de los más vulnerables, pues son estos quienes más la consumen. Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas está en función del contenido de azúcar en la bebida y no al precio, tiene dos visiones: la primera es incentivar la producción de bebidas con menores cantidades de azúcar, y así en el mediano y largo plazo afectar positivamente en la salud de las personas que más consumen (lado positivo) y la otra, es que aunque no esté en función del precio, es posible que este impuesto afecte más a las personas vulnerables o pobres, entre ellas la población afrodescendiente; considerando que este grupo poblacional se concentra en zonas geográficas que más consumen este tipo de bebidas, como así lo señalo el DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2021, donde evidenciaron los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés (88,7%) Atlántico (79%), Córdoba (74,2%) , Bolívar (71,7%) y por el lado del pacifico esta Chocó (64,9%) y Valle del Cauca con el 59,8%. Por lo anterior, aunque el impuesto tenga una función deseable para la salud pública, como lo es prevenir la obesidad entre otros problemas ocasionados por este tipo de bebidas, no es claro cómo se pretende sustituir la bebida en poblaciones que carecen de un sustituto como el agua. Por lo tanto, es necesario que la reforma y las acciones de gobierno también sean acompañadas con inversión social en territorio,tal y cómo ha sido afirmado desde el Ejecutivo. Otro aspecto que se debería estudiar a mayor profundidad es el impacto en el crecimiento económico, inversión y el empleo, según la Universidad de los Andes en la Nota Macro número 44 se explica que, la reforma tributaria puede golpear la inversión, dada la nueva carga tributaria (impuesto a los dividendos) que podría afectar las personas con muy altos ingresos (aquellos que pueden generar inversiones) y esto al final podría desincentivar la inversión. El informe destaca otros puntos importantes, que, aunque son plausibles como la eliminación de beneficios tributarios, no se realiza con otro tipo de medidas como la reducción de la tarifa corporativa. En ese sentido, como se menciona en el mismo informe, existe una carga tributaria a quienes realizan inversiones …

Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro Leer más »

Siempre vigilado: testimonio de un hombre afro víctima del conflicto armado

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

*Testimonio de un hombre afrodescendiente víctima del conflicto armado en El Piñal, Meta. Tomado del tomo Cuando los pájaros no cantaban, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Puedo decirle que en esa guerra la raza que más se vio afectada fue la raza negra. Nosotrosllegamos a Piñal, éramos ocho muchachos, ocho personas. Todos negros. En la época en quellegamos, Camerún había sido campeón. Tonces ya la gente conocía el poderío del fútbol africano en el territorio. Un día nos invitaron a jugar fútbol, y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya nos decían «la selección de Camerún». Éramos la verraquera en El Piñal. Empieza a llegar mucho negro al territorio, muchísimo. La mayoría era del Pacífico, que se había asentado en Cali durante muchos años. Cuando llegamos nosotros hacía un verano… y no se conseguía trabajo. Empecé a investigar y me dijo un negro al que le decían el Palomo: «Paisano, venga que le voy a contar algo. Con los negritos es delicado por aquí. Nadie quiere a los negros. Yo no he tenido problemas. Al principio fue muy duro. Tenga muchísimo cuidado porque a ustedes ya los tienen investigados. Andan detrás de ustedes a ver dónde se descachan. Sepan lo que dicen, lo que hablan». Inmediatamente reuní a los muchachos: «Muchachos, tienen que tener mucho cuidado porque no conocemos a nadie y no sabemos quién es el que manda». Luego supimos que eran las FARC. Los guerrilleros andaban de civil. Por su racismo inventaban cualquier cosa y aparecía un negro muerto. Al que le daba gana de matar un negro lo hacía y nadie le decía nada. Fuimos aprendiendo a vivir en ese territorio. Fui conociendo mucha gente, me fui empoderando, llenando de amigos. Los comerciantes grandes del pueblo me fueron conociendo. Me empezó a ir muy bien en mi negocio, gracias a Dios. Pero comenzaron a llegar más gentes, mucho raspa. Encontraba usted gente que tenía 70 negros trabajando en la finca. Había un tipo al que le decían «el Patrón de los Negros». Ese señor le daba trabajo en su finca, en la vereda Gorgona, a todo negro que llegaba. En las otras partes era difícil conseguir trabajo. Cualquier negro que medio la embarrara porái lo amarraban, lo sacaban, lo mataban. Eso era muy delicado. Uno tenía que andar es a lo bien, como quien dice, con toda la aliniatura. A veces los patrones se inventaban cualquier cosa para no pagar.«¡Váyase, negro triplehijueputa!». Y cuando el negro empezaba a reclamar, llegaba un miliciano que se lo llevaba. Ya era un desaparecido. Uno mantenía con ese temor y ese dolor por escuchar esa represión tan grande. Un día hubo una balacera muy inmensa. Duró toda la mañana. Empezó como a las cinco de la mañana, hacia el lado de la sabana. Esa bala no paraba de sonar. Era un enfrentamiento del Frente 27 con los paramilitares que se venían metiendo por esos sectores. Fue una pelea que duró como una semana. Hubieron muchas bajas de la guerrilla. Lo malo de esa pelea fue que, supuestamente, habían unos negros muy grandes a los que no les entraba la bala, y esos eran los que más bajas le daban a las FARC. Los milicianos empiezan a mirar a todo negro como objetivo militar. Para ellos, un negro era desconocido, un infiltrado, el perezoso, el ladrón o alguna cosa. Era lo malo en todos los sentidos. Los muchachos con los que llegué, ya con platica en el bolsillo, cogieron pa los pasajes para irse. Ahí se acabó ya el grupo que con el que andaba. Empezaron fue a dentrar otros negros de otra parte que uno no conocía. Del Valle, de todas partes. Dentraron unos que les decían Los Vallunos, y esos manes empezaron a calentar El Piñal. Se empezaron a perder televisores, a atracar a los borrachos. No sé quién dijo: «Son los negros», y ahí sí se intensificó la matazón de negros. Cuando terminó la pelea con los paramilitares, todo negro se volvió un objetivo militar. Nos dijeron que teníamos que irnos, nos decían: «El señor Alberto Pitufo mató 20 negros en un solo día». Uno se acostumbró a escuchar: «Ayer mataron tres, cuatro negros». «Ahorita están recogiendo los negros y Pitufo cargó tres buses y los mandó a botar en Villavicencio». «Este domingo recogió otros dos buses y los llenó, y le pagó al chofer para que los botara en Villavicencio. Porque ningún negro puede quedarse si un patrón no responde por él». Esas eran las órdenes. Masivamente mataron negros por aquí. El Frente 27 de las FARC. Toda esa gente era civil. Hacían fosas comunes. Loprimero que hacían los negros cuando los capturaban era su propio hueco. Allá quedaron. Sucedían esas cosas y usted tenía que olvidarlas. Eran temas que no podía volver a tocar. Usté no podía preguntar: «¿Verdá que mataron a tal fulano?». Nadie le contestaba. «¿Será que mataron a…?, ¿cómo lo mataron?». Nadie decía nada. Era la ley del silencio. Mi hijo salió de este territorio, se fue a Nariño. Allá también las FARC tenían un frente. Mi hijo estuvo un tiempo en el pueblo, empezó a trabajar en el río Satinga, donde estaba mi madre. Una vez tuvo un problema con un muchacho en el río. Ahí empezaron las rencillas y un día cualquiera vinieron, lo cogieron y se lo llevaron. Se lo llevaron a él y a otros dos adonde tenían sus campamentos, por allá a orilla del mar. Y no apareció. No apareció. Yo busqué y busqué, y él nuncavolvió más. No se podía denunciar allá en la Personería porque era peligroso. Entonces tocó denunciar por acá. Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja Internacional y lo metieron en su grupo de desaparecidos. Y sí, confirmaron que había sido muerto en El Bajito. Hace tres días tuve la llegada de la Cruz Roja. Vinieron con la psicóloga y me confirmaron la muerte de mi hijo. Yo fui desplazado en esa época, en el 2003. En el sector …

Siempre vigilado: testimonio de un hombre afro víctima del conflicto armado Leer más »

CASO 09: JEP investigará crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

Para los pueblos étnicos del país, la apertura del Caso 09 representa la oportunidad histórica de ser escuchados, restaurados, de manera individual y colectiva. La Jurísdicción Especial para la Paz (JEP) investigará los crímenes contra los pueblos y los territorios étnicos durante el conflicto armado en Colombia. Así lo anunció el 13 de septiembre la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa corporación, al explicar que por medio del Caso 09 se investigará, juzgará y sancionará los hechos cometidos por grupos ilegales y agentes del Estado y terceros, contra personas con pertenencia étnica, sujetos colectivos de derecho o contra territorios étnicos. De acuerdo con un amplio dossier en manos de la JEP, en los últimos sesenta años los pueblos étnicos han sido víctimas de múltiples conductas criminales como el asesinato selectivo de autoridades tradicionales, lideres y lideresas étnicas; amenazas, hostigamientos, persecuciones y confinamientos de familias y comunidades. Los informes sobre las vulneraciones de derechos sufridas por estas poblaciones también dan cuenta de casos de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo territorial, ocupaciones de espacios colectivos y la imposición de controles de comportamiento en las comunidades. En el marco de las indagaciones por el Caso 09, la JEP llamará a versiones voluntarias a los comandantes y demás miembros de las estructuras legales e ilegales señaladas en los 435 informes presentados a la corporación por entidades estatales y por organizaciones indígenas, afrocolombianas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La investigación se enfocará en tres patrones de macrocriminalidad: 1.”Conductas no amnistiables cometidas por las Farc-EP contra la autodeterminación y la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos y territorios étnicos en ejercicio del control social y territorial”. 2. “Conductas no amnistiables cometidas por integrantes de la fuerza pública u otros agentes del Estado, o en connivencia con terceros civiles o paramilitares, dirigidas a la privación de derechos fundamentales individuales, colectivos y territoriales de los Pueblos y Territorios Étnicos en ejercicio del control territorial y la radicalización de lucha contrainsurgente”. 3. “Conductas no amnistiables cometidas por la fuerza pública y las Farc-EP contra la integridad física, cultural, espiritual y territorial de los Pueblos y Territorios Étnicos en el marco de las hostilidades”. En lo que refiere a la definición de las penas para los responsables de esta barbarie, la Sala de Reconocimiento de Verdad partirá de la individualización de los mandos, teniendo en cuenta “los hallazgos en reglamentos internos, modos de operación, cadenas de mando, posiciones jerárquicas de facto y responsabilidades de cada unidad”. Para los pueblos étnicos del país, la apertura del Caso 09 representa la oportunidad histórica de ser escuchados, restaurados, de manera colectiva e individual, y de que sean garantizados sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición. Descarga aquí el Auto de la JEP.

Cristobal Colón y los 530 años del holocausto indígena en Abya Yala (América)

Deja un comentario / Blog, Sala de prensa / Por ILEX Comunicaciones

Cristóbal Colón, un viejo navegante italiano del Mediterráneo que ya había sido atacado por piratas, partió de las islas Canarias el 8 de septiembre, y llegó a una isla en el occidente del Atlántico el día 12 de octubre de 1492. Agotado, el “héroe” colonial* escribió en su diario que finalmente había llegado a las islas del Asia oriental, cerca de “Cipango” (Japón): “Vuestras Altezas (los reyes Católicos de España), como católicos y cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana […], y enemigos de la secta de Mahoma […], pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a dichas partes de India, para ver los dichos príncipes, y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas. y de todo. y la manera que se pudiera tener para la conversión dellos a nuestra santa fe”, se lee en la versión de Bartolomé de las Casas del Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón. Durante el primer siglo de la “Europa Latina”, las enfermedades que desembarcaron con los colonizadores y el sistema esclavista gestaron el exterminio de más del 90% de la población originaria de todo Abya Yala. Este fue el segundo periodo más mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, tan solo superado por la Segunda Guerra Mundial. La historia de la barbarie ha sido históricamente invisibilizada. Poco se habla de las minas de plata de Potosí (hoy Bolivia) en donde fueron aniquiladas millones de personas indígenas (“cuerpos de extracción”), explotadas, envenenadas y calcinadas por los europeos. Tampoco es casualidad que los libros de historia en las escuelas oculten lo que fue el genocidio de Tóxcatl, en México, en 1520; o el magnicidio del Inca Athahuallpa, y miles de personas indígenas que lo acompañaban en Cajamarca, Perú, en mayo de 1533. Durante la “asimilación” colonial, católicos y protestantes, argumentando que tenían la “única religión verdadera”, despojaron a estas comunidades indígenas de sus dioses y de su humanidad y orquestaron una empresa de aculturación de consecuencias inconmensurables: “Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea”, escribió el inglés William Howitt, en 1838. Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea Varios siglos después, en los relatos de los estados americanos sobre la nación, los pueblos indígenas siguieron siendo descritos como “bárbaros, no modernos e incivilizados”, y las comunidades negras como “inexistentes” o, en el mejor de los casos, como “una extensión de lo indígena”. Las conmemoraciones por el 12 de octubre son otra oportunidad para reiterar al Estado colombiano su obligación de implementar medidas que promuevan el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de los pueblos índigenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Las reparaciones históricas son necesarias para resarcir los impactos de un legado colonial que, como denunció Frantz Fanon, distorsionó, desfiguró y destruyó el pasado y saberes ancestrales de las poblaciones oprimidas, gestando así un “epistemicidio masivo”. Manuel Zapata Olivella describió así este episodio de barbarie en las Claves Mágicas de América (2020): “La mente asustada trata siempre de imaginar que el genocidio contra la etnia indígena de América pertenece a un pasado superado. Infortunadamente el miedo, como en el caso del avestruz, no destruye la realidad. Los sobrevivientes de los pocos grupos aborígenes que aún quedan en América están amenazados de muerte en todas partes”.

SUSCRÍBETE