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Las elecciones del 2022 y el hito político de las candidaturas afro

| Mar 24, 2022 | Los resultados de los comicios representan un avance histórico en la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. Las elecciones del 2022 marcan un hito en lo que refiere a la representación política de la población afrodescendiente en Colombia. Aunque la nación con equidad racial soñada por el cimarrón Benkos Biohó aún está lejos de volverse realidad, la elección de la palenquera, Cha Dorina, como representante a la Cámara por Bolívar, y la posible llegada a la vicepresidencia de figuras como Francia Márquez, Luis Alberto Murillo, Sandra de las Lajas o Ceferino Mosquera, significa un avance histórico en lo que refiere a la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente. La elección de por lo menos diecisiete congresistas afro en los comicios del pasado 13 de marzo también evidencia ciertos vientos de cambio. A pesar de que la cifra condensa sólo el 5,7 por ciento de los 296 miembros del legislativo, cabe destacar que entre los nuevos senadores y representantes a la Cámara se encuentran varias personalidades reconocidas por su lucha por la reivindicación de los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el país. En diálogo con el Espectador, la lideresa Cha Dorina afirmó que el arribo del pueblo palenquero a estos espacios de poder permitirá “continuar luchando por la dignidad y la libertad” siguiendo los preceptos de la ética Ubuntú: “Yo soy en tanto el otro también existe; por lo tanto, tenemos que trabajar por unas condiciones de vida colectivas que no abandonen los aspectos particulares y personales”, comentó. El fenómeno de Francia Marquez tampoco tiene precedentes en la historia política del país. La defensora del medio ambiente y activista, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, obtuvo la segunda votación más alta de la consulta interpatidista del Pacto Histórico (783.160 votos) y, de la mano del movimiento Soy Porque Somos, introdujo en la conversación nacional temas como la agenda medioambiental, la lucha contra el racismo y la discriminación, y la necesidad urgente de la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre su propio destino. En palabras de la activista Angela Davis, el reconocimiento del liderazgo de mujeres afro como Márquez puede llegar a significar transformaciones sustanciales porque “cuando las mujeres negras avanzan, el mundo avanza con ellas”. En conversación con la ganadora del premio Goldman Sachs (2018), la académica y escritora estadounidense afirmó que este momento político puede “llevar a una dirección histórica” que “nos puede salvar a todas” porque “como mujeres negras siempre hemos luchado por el resto de las personas”. Pero el balance de los comicios dista de ser enteramente positivo. La polémica por los posibles ganadores de las dos curules de circunscripción afro desempolvó el viejo debate sobre la necesidad de ampliar los requisitos para acceder a estos cargos de representación étnica. Por ahora, y a falta de la certificación de los resultados por parte de la Registraduría, cantan victoria Ana Monsalve, de Malambo (Atlántico) y hermana del actual alcalde de ese municipio (ambos auto declarados como indígenas ante el Ministerio del Interior); y Lina Martinez, de Buenaventura (Valle del Cauca) e hija de Juan Carlos Martinez, ex senador condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con la parapolítica. Cabe recordar que las curules afro son una medida constitucional de acción afirmativa que busca garantizar la representación y participación de personas afrodescendientes en el Congreso ante la exclusión histórica de la que hemos sido víctimas en estos espacios de discusión nacional. En este sentido, la ocupación de los escaños por parte de personas con intereses opuestos a los de los procesos colectivos de resistencia política y social de la población afrodescendiente representa un retroceso democrático para el país. Finalmente, celebramos la participación en estas elecciones de mujeres como la defensora de Derechos Humanos, Yolanda Perea, la periodista, Mabel Lara, y la medallista olímpica, Caterine Ibarguen. Sus candidaturas, además de generar esperanza en miles de afrodescendientes, promovieron una visión política con perspectiva territorial, feminista y étnico racial, indispensable para la construcción de una Colombia con equidad racial.

5 años en espera de la reparación colectiva étnica de la ‘Comadre’

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Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de la normativa internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. CONFERENCIA MUNDIAL Y ASAMBLEA GENERAL DEDICADA EL MILENIO DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE- es un colectivo de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, perteneciente a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Es un proceso organizativo horizontal que agrupa aproximadamente 7.000 mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado de 26 territorios y 14 departamentos del país. En su trayectoria ha desarrollado un proceso continuo de más de 15 años de diálogo y articulación que han permitido consolidarse como sujetas políticas centrales de los procesos institucionales, a través de los cuales el Gobierno colombiano ha ido construyendo las respuestas institucionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Pero, ante todo, La COMADRE se ha consolidado como alternativa autónoma para acompañar a las mujeres en la superación de los graves impactos que han experimentado como grupo poblacional más afectado. El 8 de marzo de 2017, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) notificó su decisión de incluir a la COMADRE en el RUV como sujeto de reparación colectiva étnica en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2011, a través de la Resolución No. 2016-244846.Sin embargo, el 30 de mayo de 2018 indicó que el proceso de reparación colectiva debía ser abordado bajo los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, argumentando que no se cumplían con los presupuestos para considerar a la COMADRE como una comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los términos del Decreto 4635 de 2011. Hoy se cumplen 5 años de la Resolución No. 2016-244846. Cinco años sin avances en la consolidación de una forma integral de reparación que las consulte como mujeres víctimas étnicas sujetas de reparación. Resulta desproporcionado que el Estado no concrete procesos de reparación propios de sujetos colectivos étnicos por falta de interpretación de las normas y jurisprudencias nacionales e internacionales. Por todo lo anterior, La COMADRE exige respuestas urgentes y acciones contundentes por parte del Estado colombiano dirigidas a activar la Ruta de reparación colectiva étnica para la protección de los derechos territoriales. Específicamente, ordenar a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y al Ministerio del Interior que de manera inmediata sigan con el proceso de reparación colectiva de LA COMADRE bajo los términos del Decreto Ley 4635 de 2011 y no de la Ley 1448 de 2011, en aras de desarrollar el Plan Integral de Reparación Colectiva y acceder a la reparación del daño ocasionado por el conflicto armado.

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

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| Dic 10, 2021 | Las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las personas afrodescendientes han limitado de manera histórica la garantía de derechos fundamentales de esta población, situación que se agravó con la pandemia covid-19. Según el análisis de pobreza hecho por la Cepal, utilizando datos estadísticos disponibles hasta 2018, el mayor porcentaje de este indicador para población afrodescendiente en la región es el de Colombia, donde el 40,8% de quienes pertenecen a ella están en la escala de pobreza, lo que en muchas ocasiones les reduce las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas, como la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros e impactando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, vivienda digana, la igualdad, los económicos y la no discriminación. Sumado a la pobreza monetaria, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado ‘La salud de la población afrodescendiente en América Latina’, señala que Colombia se destaca por la existencia de mayores desventajas para la población afrodescendiente en materia de salud, teniendo menores probabilidades de acceder a la atención médica en comparación con la población no afrodescendiente. Tal y como lo expuso Ilex Acción jurídica, la pandemia por el covid-19 no tiene un impacto homogéneo. De acuerdo a la investigación adelantada por los profesores Carlos Viáfara y Oscar Jehiny Larrahondo Ramos y al documento ‘Análisis de dos pandemias: racismo y crisis de salud pública’, de esta organización, al ser la tasa de letalidad del virus un 25% mayor en la población afrocolombiana, puede, por ejemplo, tener repercusiones en las condiciones de pobreza, debido a la pérdida de ingresos por hogares. Es así como para responder a la heterogeneidad de los factores que han impactado a la población afrodescendiente, no sólo durante el covid-19, sino históricamente, es necesario que los Estados realicen acciones enfocadas al restablecimiento de derechos como el acceso a la vivienda digna o la educación, debido a que es notable el regazo de la población afrocolombiana con relación a las condiciones educativas y de vida. De acuerdo al DANE (2020), mientras que las personas sin pertenencia étnica, en promedio, tienen 15 años de educación, la población afrocolombiana ha estudiado un año menos, y los niveles de alfabetismo tienen una diferencia de 4 puntos frente a la población no afrodescendiente. Durante el covid-19 incrementaron las tasas de deserción escolar, lo cual tiene efectos en los niveles de pobreza, movilidad negativa y bajos salarios, según la misma entidad. Pero no podemos hablar del derecho a la educación sin hablar de la conexión y del uso del internet, considerado como una limitante para la población afrocolombiana durante la pandemia, debido a que este se convirtió en la manera más práctica de acceder a la educación durante las cuarentenas generadas a partir del covid-19. Según el DANE, los municipios con mayor población afrocolombiana tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de este servicio y una diferencia significativa de 5.22 puntos menos respecto al resto del país. En lo que corresponde a vivienda digna, de acuerdo al DANE (2018)*, el 11.4% de la población afrocolombiana residía en condiciones inapropiadas, versus el 7.9% de población no étnica, lo cual va ligado a el acceso a servicios públicos, donde esta población tiene mayores brechas. En el año 2018, el 33.6% de las personas afrocolombianas no tenían acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. De la mano con lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el Estado colombiano, además de los ya mencionados, es la necesidad de proteger el derecho a defender derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”[1]. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado 130 asesinatos de líderes sociales entre enero y noviembre de 2021[2]; y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha informado que desde enero a lo que va del mes de diciembre del 2021 la cifra de líderes y lideresas asesinadas es de 162 personas, siento el caso más reciente el de Cristina Cantillo, lideresa, mujer trans, afrodescendiente de Santa Marta, quien desempeñaba labores de defensa a los derechos de las personas LGBTI[3]. A continuación recordamos algunas de las recomendaciones que hizo Ilex en materia de derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU): Advierta la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre el racismo y la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Reiteramos la necesidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y resaltamos las declaraciones de la Vicepresidencia Martha Lucía Ramírez, emitidas el día 09 de diciembre de 2021 en el marco del debate de control político al que fue citada por la Comisión afro del congreso, en orden de comprometerse con la ratificación la convención, después de aproximadamente 7 años de su firma. En este punto, reafirmamos que no basta solo con la expedición de normas y ratificación de tratados, sino que es urgente también una adecuada implementación de los mismos. Recalque la necesidad de obtener, recolectar y analizar datos estadísticos a través de la obligación de recoger la variable étnico racial en los registros oficiales, sobre todo al momento de la recepción de denuncias en los casos de abuso policial y en escenarios que permitan reconocer la situación socioeconómica de la población afrodescendiente. Esto es fundamental para poder visibilizar las problemáticas y las acciones concretas necesarias para eliminar prácticas que atentan contra los derechos humanos. Tome precauciones y llame la atención de los Estados, Colombia específicamente, por los altos niveles de impunidad, frente a casos de violencia policial racista que no son investigados, por el contrario, …

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TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

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| Oct 29, 2021 Faltando pocos días para Halloween, para algunos ‘La Fiesta de Disfraces’ o simplemente el 31 de octubre, es importante saber cómo evitar caer en la reproducción de estereotipos racistas a la hora de escoger los disfraces. Acá dejamos algunas recomendaciones. Lo primero que debemos hacer es reconocer que en Colombia, al igual que en América Latina, persisten ideas, imaginarios y prácticas heredadas de la colonización. Por tanto, el racismo permanece de forma estructural tanto en las instituciones como en el relacionamiento social, “fijando huellas de la esclavitud” de manera naturalizada, como lo menciona Rosa Campoalegre Septien en su texto ‘Educar en resistencias y contra hegemonías más allá del decenio’. De igual forma, es importante entender que los disfraces, en general, se usan para las fiestas y carnavales, bajo un contexto burlesco y desfigurativo, que puede llegar a ser ofensivo con las identidades de las demás personas y sus factores culturales o históricos. El siguiente paso es cuestionarse si el disfraz que se quiere utilizar está asociado al tono de piel de una persona. Advertencia: es fundamental tachar el blackface, los disfraces de negra/ negro, esclavizados o cualquiera que se base en la identidad étnico-racial de las personas. No olvidemos que el blackface fue y sigue siendo una práctica ofensiva e hiriente. Recordemos que «todas estas representaciones en las que se hace burla de las personas negras, y de su cuerpo, buscan reforzar la ideología racista», como lo dijo el historiador panafricanista español de origen colombiano Antumi Toasijé en un reportaje de la BBC Mundo sobre el blackface en 2019. En caso de que el disfraz pretenda hacer referencia a un hecho o periodo histórico es importante investigar y a partir de allí preguntarse si revictimiza, es insensible frente al dolor padecido por algún grupo de personas o saca de contexto alguna práctica cultural o conocimiento tradicional de un grupo poblacional / comunidad. Así mismo, es clave hacer énfasis en evitar disfraces que apelen a la hipersexualización de las personas racializadas. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de acciones ahonda en las afectaciones físicas y psicológicas que han tenido que sobrellevar las personas afrodescendientes, derivadas de la relación entre la colonización y sus cuerpos. ¿Y qué pasa con los disfraces de español o que hacen alusión a personas blancas? El personaje de Samantha White en la serie ‘Dear White People’ de Netflix responde lo siguiente frente a un debate similar cuando en el campus de la universidad personas blancas se disfrazan de negros en una fiesta de disfraces: “La diferencia es esta: mis bromas no encarcelan a sus jóvenes a tasas alarmantes o hacen que sea inseguro para ustedes caminar por sus vecindarios, pero las suyas sí, cuando se burlan o nos denigran, refuerza el sistema imperante, cuando un policía apunta un hombre negro no ve un ser humano, ve una caricatura, un delincuente, un negro. Así que no, no pueden disfrazarse de estereotipos de nosotros en una fiesta de Halloween y decir que es irónico o alegar ignorancia, ya no”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACÍA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

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| Oct 14, 2021 Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural. La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio. Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin embargo, ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo. “Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”, “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos. En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice. Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo: existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana. En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9% las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrocolombiana solo se traduce en miseria, crimen, la prostitución, deporte y música. En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia. “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán. A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes: Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población afrodescendiente. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población afrodescendiente. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY VICHE

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| Sep 21, 2021 | La aprobación de la ‘Ley del viche’ por el Senado, significa, sin duda alguna, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, representada en el conjunto de prácticas tradicionales de las comunidades negras del Pacífico. Es un avance histórico en materia de garantías de derechos étnicos colectivos de las comunidades negras en Colombia. Este marco normativo generará impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades étnicas y vuelve a establecer la discusión sobre la protección, uso y administración del acervo tradicional intelectual colectivo, detrás de la elaboración de una botella de viche o sus derivados. A través de esta ley, el Congreso por primera vez, marca un hito para la explotación económica de un producto como el viche, que es el resultado de producciones intelectuales que se han dado por generaciones de formas particulares y dotadas de especificidades que las distinguen de las producciones intelectuales ordinarias de otro tipo de bebidas, así mismo plantea un modelo de administración institucional que incluye la creación de diferentes instancias de aval y otorgamiento de los derechos de explotación . Lo anterior, plantea cuestiones de protección jurídica relacionadas, por un lado, con los derechos fundamentales colectivos cimentados en el principio de autonomía de las comunidades, frente a las dinámicas de participación con las que se vayan a orientar la reglamentación del proyecto de ley en los próximos meses. En este caso, la participación se constituye más que en un elemento, en una demanda de las comunidades étnicas para entablar cualquier relación respetuosa relacionada con el uso y administración de sus conocimientos tradicionales materializados en el viche. Lo anterior, porque para este tipo de recursos culturales como el viche, que reúne conocimiento tradicional relacionado con las formas de uso de la biodiversidad, pero que también encierra unas expresiones culturales alrededor de su uso, el alcance de los derechos fundamentales parte de la identidad del sujeto étnico que lo crea y no del valor del uso y venta del producto sobre el cual se materialice el conocimiento tradicional étnico colectivo. Por otro lado, plantea cuestiones jurídicas de protección frente al riesgo de generación de cargas operacionales y de apropiación indebida y desbalance en el mercado, que un proceso de explotación del viche a gran escala sin el acompañamiento y financiación efectiva del Gobierno nacional pueda generar en las comunidades como pequeñas productoras frente a las grandes industrias de licores en el país. Finalmente, entre otras disposiciones, la normatividad aprobada les brinda a las comunidades étnicas afrodescendientes del Pacífico la posibilidad de reclamar la propiedad intelectual del viche a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso, producción, comercialización y distribución, según el tipo de protección utilizada registro marcario o denominación de origen, así mismo como flexibilidades para la obtención del registro Invima. Sin embargo, el uso de la expresión “propiedad intelectual” tiene una carga ideológica que termina por reducir y limitar el acervo tradicional milenario e intelectual colectivo de las comunidades afrodescendientes, a una cosa, ?al y como lo hace la protección que se ofrece sobre el individualismo posesivo de la propiedad privada. De ahí qué, cualquier propuesta de regulación debe reconocer y proteger la dimensión colectiva detrás de un producto como el viche.

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

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| Sep 15, 2021 | Según lo relatado por Laudicina Ramírez (2020), en una sociedad racista, desigual y regida por un modelo heteronormado, el covid-19 plantea un escenario que reafirma cifras preocupantes[1] y más aún cuando planteamos el plano de la reactivación económica, donde el Estado no tiene políticas fiscales que contemplen la población vulnerable del país, por tanto, es trascendental adoptar medidas de emergencia que defiendan el estado de derecho, protegiendo y respetando la democracia configurada en el acceso a los derechos fundamentales. A pesar del gran subregistro de la población afrocolombiana del Censo 2018, según el cual la población afrodescendiente se redujo de manera inexplicable en un 30.8%[2], la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, de acuerdo con el estimativo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 realizada por el DANE, representa el 9,34% del total nacional, siendo 4.671.160 personas. De estas, el 50,4% son mujeres y el 49,6 son hombres y habitan mayoritariamente en el Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó y La Guajira[3]. Dos tercios de la población reside en zonas urbanas y un tercio en zonas rurales. En los municipios con participación igual o mayor al 50% de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, los índices de pobreza multidimensional arrojaron un puntaje entre 80% y 85%, donde resaltan los municipios de Medio Baudó, López de Micay, Bajo Baudó (Chocó); Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño). Murindó (Antioquia) y municipios entre Turbo y Acandí arrojaron entre 50% y 51% y en ciudades como Providencia, Andalucía, Puerto Tejada y San Andrés, presentan los índices más bajos entre 14 % y 17%. Estas desventajas históricamente acumuladas se exacerban con la pandemia producida por el covid-19[4] que, tal como se evidenció con el estallido social del paro nacional, puso las economías altamente informales en una categoría que contempla retos que deben ser estudiados y desarrollados por el Estado, ya que la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica del 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y desigualdad[5]. Las respuestas a la pandemia en los países altamente informales requieren contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, créditos, y/o entrenamientos ligados a oportunidades dignas[6]. Lo anterior es necesario para comprender el actual contexto recrudecido por las situaciones laborales, académicas y de pobreza multidimensional que tiene como una de sus consecuencias el aumento de la violencia hacia personas afrodescendientes y afro LGBTIQA. La situación de descontento social histórico en el país, exacerbada por la crisis que generó el covid-19 ha suscitado reclamos por parte de sectores invisibilizados de la sociedad colombiana, sobre todo, aquellos representados por las personas empobrecidas, negras, LBGT, indígenas que se lanzaron a las calles el 28 de abril reclamando mejoras en la calidad de vida y el respeto de esta. En el contexto de la movilización nacional, la población afro y afro LGBT ha tenido un rol muy importante, considerando que los diferentes colectivos a nivel nacional han salido a las calles a protestar, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, también contra factores estructurales como desempleo, falta de acceso a educación superior, discriminación, junto con otras violencias que agudizan la crisis nacional y siguen vigentes contra las personas con orientaciones, expresiones o identidades de género diversas, especialmente aquellas pertenecientes a la población afrodescendiente. Deborah Skenassy, directora de la Fundación Santamaría, relata que las personas trans han sido carne de cañón por años ante las desigualdades sociales, y que con motivo de la pandemia han visto sus derechos vulnerados y son expuestas a situaciones de alto riesgo, al punto de no contar con acceso a derechos básicos, como salud, vivienda, trabajo y alimentación. De ahí que la calle sea el espacio público por excelencia porque, parafraseando a Déborah, la calle, la esquina, el barrio, el parche de amigos han sido espacios de transformación social y de resistencia ante un estado “identicida” que en palabras de Skenassy, asesina, rechaza y desaparece personas por su identidad de género[7]. Otro asunto preocupante es la situación de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, pues están pasando situaciones de extrema vulnerabilidad pues sus ingresos no alcanzan ni para comer, por eso se han hecho ollas comunitarias en dos zonas de la ciudad de Cali para responder a esta situación de emergencia, aunque se hace de manera anónima por miedo a recibir agresiones por parte de la policía, ya que han intentado desaparecer a dos de sus compañeras en medio de las jornadas de protesta[8]. Las falencias estructurales en la garantía de los derechos fundamentales de las personas negras, que se han hecho mas evidentes y agudas en el marco de la pandemia, influyen directamente en la exacerbación de violencias racistas y homolesbotransbifobicas. Por tanto, es importante que el Estado colombiano para la reactivación económica tome medidas de impacto, como lo ha recomendado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9]. Es imperativo implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales que esta genera, siguiendo las políticas fiscales que deben cumplir con los Objetivos y metas del desarrollo Sostenible -ODS-. Asignar mayores recursos de gasto publico para potencializar el acceso a la salud en Colombia, mejorar la eficiencia del gasto, resguardar las fuentes de trabajo y los ingresos de las familias, y, sobre todo, resguardar a la población mas vulnerable antes, durante y después de la pandemia por covid-19. Frente al panorama actual, es importante que el Estado refuerce los sistemas sanitarios y haga frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia, lo que conlleva una mayor inversión del gasto público. De igual manera, Colombia al ser un país altamente informal requiere contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, crédito y/o capacitación ligados a oportunidades laborales dignas. Por último, es importante pensar y aplicar alternativas que ayuden a la reactivación de la …

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LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS

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| Ago 5, 2021 | La Constitución Política de 1991 representó avances jurídicos para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y demás grupos étnicos, entre los que se destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7); lenguas y dialectos (Art. 10); su protección (Art. 8); el derecho a la igualdad real y efectiva (Art. 13). También abrió la puerta para el reconocimiento del derecho a la titulación colectiva de las comunidades negras (Art. Transitorio 55). El desarrollo legal y jurisprudencial de estas normas ha permitido entender y ampliar el alcance de estos derechos. En el marco de este reconocimiento de derechos, el derecho fundamental al territorio ha resultado trascendental para la defensa y supervivencia de las comunidades étnicas, específicamente negras en Colombia. La Ley 70 de 1993, producto del ejercicio de la movilización y exigibilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera[1], intentó responder a la búsqueda de soluciones estructurales a necesidades históricas de formalidad de la tierra, reconocimiento de ocupación ancestral, protección de la diversidad y la cultura, entre otras. En conjunto con esta ley se han expedido otras normas como el Decreto 1745 de 1995 sobre el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras; el Decreto 1320 de 1998 sobre la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio; el Decreto 140 de 2006 sobre atención educativa para grupos étnicos, catedra de estudios afrocolombianos, proceso de selección de etnoeducadores/as y su ingreso a la carrera administrativa. Sin embargo, su aplicación ha sido accidentada e insuficiente para los casi 30 años que han pasado desde la expedición de su norma superior. La mayoría de las comunidades étnicas colombianas tienen histórica permanencia en el territorio y han desarrollado una relación especial con el mismo. Los derechos territoriales de las comunidades étnicas se traducen en “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Estos derechos territoriales están comprendidos dentro del conjunto de derechos colectivos de las comunidades negras, derivados de los usos y costumbres ancestrales o de sus sistemas de derecho propio. El Estado, en el marco de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991), está obligado a reconocer y proteger los territorios de las comunidades negras en Colombia, su propiedad, posesión sobre la tierra de manera integral, esto es la garantía de otros derechos y libertades como la consulta previa, uso y goce de recursos naturales y su autodeterminación y Gobierno. El territorio es la base fundamental para desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad, su subsistencia económica y cosmovisión. De allí que se entienda la tierra o territorio “no como un objeto de propiedad sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por esto, la propiedad de la tierra no se asume de manera individual sino colectiva”. El acceso a la tierra por parte de las comunidades negras es un medio de conservación, pues “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”. A pesar de la importancia del territorio para esta población y las obligaciones nacionales e internacionales del Estado por garantizarlo como derecho fundamental, los procesos de titulación colectiva avanzan a paso de tortuga, en ocasiones, luego de años de radicación de la solicitud se les comunica que hacen falta documentos, dando cuenta de la nula gestión del asunto hasta ese momento por parte de las entidades oficiales. En Colombia, para el año 2010, de acuerdo con Indepaz, hay 276 consejos comunitarios mayores, integrados por 1.454 consejos comunitarios locales. De estos, hasta la fecha, en el Ministerio del Interior se encuentran inscritos solo 298 y uno está en estado de aprobación. Así mismo, desde la aprobación de la Ley 70 de 1993 hasta abril de 2021 se han expedido 210 resoluciones de titulación colectiva a su favor, lo que en promedio son poco menos de 10 resoluciones por año. A la lenta implementación de los procesos de titulación colectiva se le suman las constantes amenazas a liderazgos que defienden el territorio y los desplazamientos, que se han duplicado en lo que va del 2021. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de marzo, “Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano-. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”. Son muchos los casos que podemos citar respecto de estas demoras y limitaciones al derecho fundamental al territorio. Sobre esta problemática, Mónica P. Hernández en su ponencia Regímenes racistas de propiedad en el Caribe Colombiano: la revocatoria del título colectivo a la comunidad negra de La Boquilla, producto de su investigación doctoral Afro Colombian Communities, Conflict, and Collective Land Titling, expone que las comunidades étnicas son queridas hasta que se convierten en un obstáculo para quienes desean implementar/imponer sus proyectos y en la costa Caribe a diferencia que en el Pacífico se empeñan en desligar a las comunidades negras de su relación con el territorio y defensa del medio ambiente, pues los “capaces” de realizar esa protección son los proponentes de megaproyectos. Hernández agrega que producto de su investigación no se evidenciaba una sistematicidad en la titulación, pero sí en el despojo e identifica elementos de esta estrategia, como desvirtuar la posesión, criminalizar a la población, y presentarlos desligados de la protección del medio ambiente, incapaces de autogestionarse, adaptarse a los cambios, especialmente los climáticos. Curiosamente esta es la virtud que más destacan poseer dichos megaproyectos, mientras que las comunidades serían ocupadores de alto riesgo. En el informe “Despojo invisible de una selva chocoana” presentado por Verdadabierta.com, se alerta, …

LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS Leer más »

LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

Blog, Sala de prensa / Por ILEX

Ilex | Jul 23, 2021 | Opinión Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta nación que reconoce, en su mayoría, la labor de los hombres mientras omite los nombres y legados de ellas. Este mes de la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que ha coincidido con la celebración de los 30 años de la constitución de 1991, debemos recordar que lo obtenido en el proceso de la constituyente, es también un logro de muchas mujeres afrodescendientes dentro del escenario político directo de la asamblea. Mujeres como Mercedes Moya, impulsaron la ley 70 de 1993 y participaron activamente del proceso constituyente que conocemos hoy. La Red de Mujeres Negras del Pacífico Sur que desde temprano en 1992, puso en la mesa las reivindicaciones de género y la integración de las mujeres en los procesos políticos. En el Caribe, las mujeres afrodescendientes también son la representación de resistencia y lucha por sus derechos y los de sus comunidades. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, son una fiel muestra de cómo los procesos conjuntos de mujeres resultan escenarios de reparación y reconstrucción del tejido social a partir de distintas expresiones simbólicas que son su voz para narrar lo ocurrido en el conflicto armado y su forma de reivindicar derechos. Esta lucha es también compartida por mujeres afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que a través de formas de resistencia como la comparsa diversa de las fiestas de San Pacho en Quibdó, liderada por mujeres trans afrodescendientes, les recuerdan a sus comunidades que existen, transforman y resisten. Las mujeres negras, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora encarnan autonomía, liderazgo y ciertamente la voz para enfrentar y transformar las realidades que enfrenta la población afrocolombiana. En ese escenario, tal vez por ello y por las violencias que sufren, se han convertido en figuras de defensa en medio del conflicto armado, defensa del medio ambiente, abanderadas de las luchas por la igualdad de género y las libertades sexuales. Son la voz líder en los barrios marginalizados, en los escenarios de la guerra, y responden, muchas con veces hasta con sus vidas, a la discriminación estructural y violencia institucional que les afecta. Son distintos los contextos donde las mujeres afrodescendientes han demostrado su capacidad de liderazgo y defensa por los derechos humanos. En el campo político, social, ambiental y comunitario han sido el sustento de la población, pese a la tendencia de su invisibilización y contante amenaza. Mujeres como Johana Maturana, Erlendy Cuero, Juana Ruiz, Francia Márquez, Teresa Cassiani, Inis Mosquera, Yolanda Perea, Charo Mina, Regina Miranda, entre otras muchas, han vivido la experiencia de ser impulsoras, lideresas, promotoras de derechos de la población afrocolombiana. Hoy las reconocemos en su lucha que ha permitido que la realidad de nuestra población se transforme un poco, y quienes vienen encontrarán un camino gracias a ellas. Esta semana, en particular fue un día histórico para la población afrocolombiana, para el pueblo negro, Francia Márquez anunció que oficializaba su precandidatura a la presidencia, la primera mujer negra en aspirar a este cargo de forma pública y con la visibilidad suficiente como para impactar en las discusiones de cara a las elecciones del 2022.

Medidas de protección a líderes sociales: ausencia de cifras reales y de un enfoque étnico-racial adecuado

Blog, Sala de prensa / Por ILEX

| Jun 16, 2021| Por: Yuly Paola Campiño, abogada- ILEX Acción Jurídica A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as. La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades. La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad. La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado. En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección. Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno. En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-. Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

ILEX

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