Acceso a la justicia y política criminal

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos una reforma integral a la policía nacional de Colombia

Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. Hoy, 2 de marzo de 2023, en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos hicimos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz. Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego  surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz. Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!. Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado  para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución. POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA. Revive la transmisión del evento:

Llamado de ILEX a miembros de la ONU

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos

ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 169 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

“Fue un acto racista”: Juan Ramón Camarillo, hombre afro agredido por funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado

El doctor en ingeniería fue enfático al señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual”.  Juan Ramón Camarillo Peñaranda regresó a Colombia a finales del año pasado con un único objetivo: abrazar a su hijo. El ingeniero electricista y doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes, hizo una pausa en sus estudios de posdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, para pasar las fiestas de fin de año con su familia, después de casi un año de estar alejado de su entorno más cercano.  Nada salió como esperaba. El 24 de noviembre, tras arribar al país por el aeropuerto El Dorado (Bogotá), Juan Ramón fue víctima de violencia física y agresiones racistas por parte de Jaime Adolfo Sánchez,  un funcionario de Migración Colombia que, en un acto desmesurado de abuso de poder, atentó contra la humanidad del ingeniero después de que este le solicitó ayuda con la máquina de biometría que registra el ingreso de connacionales al país.  “Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle, pero no lo hice porque estoy seguro de que si yo hubiese golpeado ese señor ya estuviera preso en este momento”, confesó Juan Ramón en diálogo con ILEX Acción Jurídica. Además, fue enfático en señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó”.  ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Qué ocurrió exactamente tras su arribo al aeropuerto El Dorado? Llegué el día 24 de noviembre del 2022 a Colombia, específicamente al aeropuerto El Dorado. La idea era pasar el fin de año con mi familia después de un año de no estar con mi esposa y con mi hijo. Intento hacer el ingreso por medio de biometría y, bueno, la máquina no funcionaba. Le pedí ayuda al funcionario de Migración que me atendió en el aeropuerto y lo que recibí de su parte fue un trato racista.  Yo he sido víctima de racismo varias ocasiones en mi vida y uno no sabe cómo va a reaccionar cuando un hecho de estos ocurre.  En ese momento me alteré y comencé a responderle como me venía hablando esa persona. La situación  fue escalando hasta que el funcionario ya quería un enfrentamiento físico. Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle  pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. Hay personas a las que se le garantizan los derechos más que a otras, entonces,  decidí no responder. La respuesta a esa decisión fue que el funcionario me golpeó en una segunda oportunidad.  Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle  pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. ¿Cómo ha impactado este episodio su vida personal y profesional desde entonces? Después de lo ocurrido atravesé por un episodio de trastorno por estrés postraumático.  Sentía que todo el mundo me estaba mirando. Algunas personas se me acercaron en la calle para comprobar si efectivamente era yo el que había sido víctima de este caso de racismo que se volvió viral. Sin embargo, no voy a permitir que ese suceso me marque o modifique mi vida profesional. Yo sigo en lo mío, investigando, haciendo mi posdoctorado en Brasil y tratando de hacer las cosas como mejor las puedo hacer.  En distintos medios usted ha calificado lo que le sucedió como un acto racista, ¿por qué considera que fue así?  Yo he sufrido perfilamiento por la policía desde que tengo cédula, prácticamente. Y sí, lo que ocurrió en el aeropuerto fue un acto racista, hubo perfilamiento racial. Cuando le entregué el pasaporte al funcionario de Migración Colombia le informé, en un tono normal, que las máquinas no me estaban permitiendo el ingreso por biometría. Entonces, él procedió a gritarme y a responderme de forma grosera. Al final lo que creo es que por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó.  En el video que circuló por redes sociales se evidencia que los otros funcionarios que estaban en el lugar tampoco hicieron nada para protegerlo de las agresiones físicas y verbales de los que fue víctima. ¿Usted considera que esto también estaría ligado al hecho de que estas formas de perfilamiento racial permean todas las instituciones del país? Recuerdo que en ese momento, después de la primera agresión, había unas tres o cuatro personas de Migración Colombia rodeándome, limitando mis movimientos, mientras que el agresor estaba libre. Hubo fallas de todos los funcionarios que estaban ahí  en ese momento. Es decir, ¿cómo permiten que se repita la agresión? Digamos que no tenían cómo prever el primer golpe, pero el segundo sí.   Otra cosa grave que pasó y no se ve en los videos es que antes de entrar al cuarto en donde iba a poner la queja, el agresor se acercó a mí una tercera vez. Y se acercó bastante. Supongo que lo que él quería era que yo le pegara para tratar de equilibrar la situación, pero yo no le seguí el juego.  Los funcionarios de Migración Colombia tampoco detuvieron al agresor tras los ataques, ni lo apartaron de la sala a la que usted fue conducido para reportar la queja, afectando así la confianza en el debido proceso y vulnerando su derecho a recibir justicia. ¿Cómo considera que ha sido el accionar de la entidad durante este proceso?  Una vez entré al cuarto, los funcionarios de Migración Colombia me dejaron esperando unos 30 o 40 minutos porque no tenían claro cuál era el procedimiento en …

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Conoce los hitos de ILEX Acción Jurídica durante el año 2022

Desde ILEX Acción Jurídica queremos compartirles lo que para nosotros fue este 2022, un año lleno de muchos retos, pero también de importantes  triunfos colectivos que contribuyeron al goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente en Colombia y América Latina.  Nos alegra mucho saber que en cada una de nuestras líneas estratégicas logramos avanzar y crecer aún más como organización. Por eso, les invitamos a ver un poco de cómo fue nuestro año.  A todxs, les deseamos un gran 2023 y esperamos seguir compartiendo y encontrándonos en el camino de nuestras luchas.

Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro.  Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz.  De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que  dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX.  En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación: 

Perfiladxs: así opera la violencia policial racista en Colombia

La Violencia Policial Racista contra personas afrodescendientes en Colombia está vinculada a patrones históricos de discriminación. Los cuerpos negros, especialmente los cuerpos de las mujeres, son constantemente vulnerados, humillados y abusados sexualmente por la policía. Desde ILEX Acción Jurídica, Vigía Afro y Posá Suto, estamos orgullosxs de compartir con ustedes este proyecto audiovisual, en el que además de explicar las raíces de la violencia policial racista en Colombia, resaltamos, desde un enfoque interseccional, los impactos diferenciales de este fenómeno en los cuerpos y biografías de las mujeres negras y personas afro LGBTIQ+. Este video fue realizado con el apoyo del International Service for Human Rights, organización que coordina la Coalición Internacional Antiracista de la cual hace parte ILEX Acción Jurídica.

Decálogo para enfrentar la violencia policial racista en Colombia

Recomendaciones al Gobierno Nacional presentadas en el informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’. Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis  sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.  “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.  Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias. 

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena 

ILEX brindará acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la policía en Cartagena. Para Ariel Valdez es difícil recordar con exactitud el número de ocasiones en las que ha sido víctima de perfilamiento racial en su natal Cartagena. Ser un reconocido artista de las faldas del Cerro de la Popa y haber sido nombrado embajador para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 2018, tampoco lo ha librado de las constantes requisas, hostigamientos y malos tratos por parte de los agentes de policía en la ciudad.  El caso más reciente se presentó el pasado 27 de octubre.  Ariel y otros cuatro jóvenes afrodescendientes que hacen parte del proyecto Barrio Fino Mundial, un colectivo que promueve entornos de paz por medio de la producción musical en los barrios vulnerables de la ciudad, fueron perfilados, retenidos y traslados injustamente a una Estación de Policía ubicada cerca a la Plaza de la Aduana. “Esa noche habíamos salido de un evento en el Centro de Convenciones y nos encontramos en  la Plaza de la Trinidad con Sheyla, una comunicadora con la que estamos trabajando en un proyecto cultural. Pasaron diez minutos y fuimos interceptados por cuatro policías que atravesaron toda la plaza hasta llegar a donde estábamos nosotros. Sin más, no pidieron una requisa. Cuando preguntamos por qué el motivo de la requisa, no recibimos una respuesta. Lo único que nos dijeron fue: “que a quien le moleste, que no salga de su casa””, denunció Ariel.   La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el relato de Sheyla Blanco, la comunicadora social y gestora cultural que se encontraba con los jóvenes en la Plaza de la Trinidad, uno de los integrantes del grupo, sin justificación alguna, fue conducido por los agentes hasta un vehículo de la policía, pese a que ya se le había hecho la requisa.  “En ningún momento nos dijeron a dónde se iban a llevar al compañero. Todo el tiempo nos trataron de forma muy agresiva. Ahí fue cuando todos decidimos montarnos en el camión de la policía y acompañarlo”, recuerda Sheyla.  Los jóvenes  también relataron a ILEX Acción Jurídica que fueron víctimas de hostigamientos e intimidaciones verbales por parte de los agentes que los escoltaron en el camión hasta una estación de policía. Allí se toparon con otros treinta jóvenes que también habían sido retenidos esa noche, en su mayoría afrodescendientes, artistas y vendedores informales que trabajan en el gentrificado Centro Histórico de la Ciudad. “Me duele mucho que estas situaciones pasen. Lo he vivido en un banco en un barrio como Manga, como Crespo, simplemente por parecer sospechoso para la policía mereces ser requisado y conducido sin explicación a un CAI. Y si pides explicaciones y ellos se sienten ofendidos, quizás, hasta te pegan, en esta ciudad es así. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad”, denunció Ariel en un video grabado tras salir de la estación.  No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad” En las imágenes se ve al grupo de jóvenes con los rostros desconfigurados por las esquirlas de la violencia policial racista que acecha a diario los cuerpos de las personas afrodescendientes en una de las ciudades con mayor proporción de población afro en todo el país. “Por este tipo de situaciones es que cada vez nuestros chicos van menos al centro. Nos están desplazando del Centro Histórico. Uno no puede estar ahí porque enseguida le cae la policía porque creen que solo por ser afro uno es un criminal. No podemos seguir callando, estos hechos tienen que ser denunciados”, sentencia Sheyla.  Desde  ILEX Acción Jurídica condenamos este caso de perfilamiento racial y brindaremos acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la Policía en Cartagena. Además, reiteramos a la Policía que no puede hacer uso de la fuerza sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y no discriminación , ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones.  Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnico-racial en Colombia. La violencia policial racista que se esconde tras las murallas de Cartagena El “corralito de piedra” es un territorio inseguro para las juventudes afro. En los últimos dos años, ILEX Acción Jurídica ha registrado un aumento sustancial en el número de denuncias de homicidios y casos de violencia policial racista contra jóvenes afrodescendientes en la ciudad.  El 24 de agosto del 2020, durante el periodo de aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, fue asesinado en Cartagena, a manos de la policía, el adolescente afro, Harold Morales Payares, de 17 años de edad.  Sobre el caso, el antiguo comandante de la policía de Cartagena y actual director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, afirmó en su momento que el joven resultó herido en medio de un enfrentamiento armado con agentes de la policía. No obstante, tras una investigación alentada por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía pudo demostrar que le dispararon por la espalda mientras corría luego de un cruce de palabras con policías que lo asediaron en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías.  Ocho meses después del asesinato de Harold, el 7 de febrero del 2021, …

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Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital

El diálogo se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país.  Este 31 de octubre, previo al lanzamiento de nuestro informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’, Ana González, abogada y cofundadora de ILEX Acción Juíridica,  conversó en el programa El Lunes, de Canal Capital, sobre los graves impactos de este fenómeno en Cali, Cartagena y Bogotá. El diálogo, moderado por el periodista Santiago Rivas, se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial y violencia policial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país.  “El racismo es un problema institucional y estructural, y la policía no está exenta de ello. Hay conductas racistas dentro de la institución porque hay miembros que vienen con prejuicios racistas y dentro de la institución estos se refuerzan”, explicó González, y advirtió que la violencia policial racista en el país se rige bajo la lógica “amigo-enemigo” y el perfilamiento constante de las personas afrodescendientes.  En cuanto a los principales retos para la documentación de este fenómeno, González señaló que aunque desde hace mucho tiempo varias organizaciones afrodescendientes han denunciado la violencia policial racista, encontrar datos desagregados con enfoque étnico-racial sigue siendo un desafío. Como ya lo habíamos advertido, la barrera que impone la invisibilidad estadística implica un subregistro en los casos, y en consecuencia una ausencia de análisis de cómo la pertenencia étnico-racial impacta en el relacionamiento con los agentes de la fuerza pública.  María Fernanda Escobar, representante en Colombia de Raza e Igualdad, una de las organizaciones que participó en la construcción del informe, afirmó que la investigación nació con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre lo que estaba ocurriendo durante el Paro Nacional de 2021, combinando estrategias de investigación cuantitativas y cualitativas, con énfasis especial en los casos de violencia policial racista reportados por población afrodescendiente en el marco de la protesta.  El informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’ será presentado oficialmente a las 5:00 p.m. de este martes, 8 de noviembre, en la Sala 2 de la Cinemateca Distrital de Bogotá.  El evento, organizado por ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG,  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES-, y la Corporación Raza e igualdad, contará con la participación de personas afrodescendientes víctimas de violencia policial racista en Cali y Cartagena. Además, se realizará el lanzamiento oficial de un microdocumental animado que explica los entreverados de la violencia policial racista en Colombia. Inscríbete aquí en el listado de asistentes al evento de lanzamiento del informe.