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Colombia: el primer país de la región que incluye el cambio climático en la licencia ambiental | Comunicado Conjunto

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La Corte Constitucional decidió sobre una demanda en la que pedíamos incluir la emergencia climática como un elemento determinante en los estudios que miden el impacto ambiental de proyectos, obras o actividades. Tres décadas después de que se expidiera la Ley 99 de 1993, que, entre otros hitos, abrió las puertas al licenciamiento ambiental en Colombia, la crisis climática no era contemplada como un factor determinante a la hora de evaluar cuán graves podían ser los daños ambientales de un proyecto, obra o actividad. Por años, el artículo 57 de esta norma ha regulado los estudios de impacto ambiental (EIA), una herramienta indispensable para el trámite de una licencia, que permite determinar las afectaciones ambientales de un proyecto y diseñar planes para prevenir, mitigar, corregir y compensar sus impactos. Para ello, los EIA incluían en su análisis tres elementos sobre las áreas en las que se solicitaba una licencia: los elementos bióticos (vivos), los abióticos (componentes sin vida que afectan a organismos vivos) y los socioeconómicos. En tiempos de emergencia climática global —el 2023 fue el año más caluroso de la historia—, estos tres elementos son insuficientes, pues los riesgos climáticos son cada vez más complejos y sus variables requieren una evaluación especializada y particular, que incluya aspectos como la afectación en las economías locales, la seguridad alimentaria, los riesgos por eventos climáticos catastróficos, entre otros. Por eso, a comienzo de este 2024, Dejusticia, Ilex Acción Jurídica y un grupo de expertos radicamos una demanda ante la Corte Constitucional en la que advertimos que el artículo 57 de la Ley 99 no cumplía con los estándares constitucionales y del derecho internacional que obligan al Estado colombiano a luchar contra el mayor reto que enfrenta hoy la humanidad: el cambio climático y sus múltiples efectos para las personas, sus territorios y la naturaleza.. En ese sentido, solicitamos que, de forma urgente, se actualizara esta norma. Seis meses después, la Corte Constitucional decidió sobre nuestro pedido. Según se lee en un comunicado del Alto Tribunal, tal y como lo argumentamos, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 “presenta un déficit de protección constitucional que desconoce los artículos 79 y 80 de la Constitución”: garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano, proteger la diversidad e integridad del ambiente y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible. Desde ahora, continúa el comunicado, “los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático”. Para ello, La Corte le pide al Congreso de la República que expida una regulación que incluya las variables, medidas y herramientas que el Estado debe utilizar para estas evaluaciones, y solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en seis meses, actualice los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental en Colombia. El Alto Tribunal va más allá y reconoce que el cambio climático “incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”. Una decisión que hace historia La emergencia climática exige que las normas se interpreten para proteger los derechos de las personas (presentes y futuras), de tal manera que sean decisiones sostenibles y duraderas. La evaluación de los impactos ambientales requiere una mirada constitucional moderna que responda a las luchas y desafíos globales por el cambio del clima. Desde Dejusticia e Ilex celebramos la decisión de la Corte Constitucional, pues permitirá que las autoridades ambientales tomen mejores decisiones y que el licenciamiento ambiental se ajusten a los desafíos contemporáneos de la justicia ambiental, social y climática. Para nuestra directora de la línea Justicia Ambiental, Laura Santacoloma, la decisión de la Corte podrá garantizar que las autorizaciones de proyectos que generan impactos graves en el ambiente se evalúen por fin a la luz del actual contexto de emergencia climática, especialmente aquellos que sean ejecutados por períodos que abarcan décadas. “Esto incide, además, en que la adaptación climática tenga un enfoque territorial y los proyectos se desarrollen bajo condiciones que permitan reducir el riesgo de las comunidades aledañas”, agrega nuestra investigadora. Según Dayana Blanco, directora de Ilex, su organización recibe el comunicado con gran expectativa y como un impulso a los avances que deben darse en relación con la integración de los criterios de derechos humanos y cambio climático que deben acompañar los estudios de impacto ambiental. “Esperamos que con este paso adelante que ha dado la Corte, tanto el Ministerio de Ambiente como el Congreso, le cumplan a las comunidades y los territorios del país entendiendo que, tanto el cambio climático como los proyectos en territorios habitados por comunidades negras, indígenas y campesinas, pueden generar impactos negativos desproporcionados y afectaciones a la garantía de derechos humanos”. A lo anterior se suma que este litigio, el primero de este tipo en América Latina y el Caribe, dará elementos jurídicos a otros países de la región para que propongan repensar la evaluación de impacto ambiental con el fin de que el desarrollo se ajuste a estándares de mitigación y adaptación del cambio climático. Así mismo, los Estados podrán tener nuevas herramientas para transformar su producción en una que se oriente a un verdadero desarrollo sostenible. ¿Por qué era urgente esta decisión? Primero, porque la lucha contra el cambio climático es ineludible. La exacerbación de fenómenos climáticos, como huracanes, incendios, sequías e inundaciones, y el agravamiento de desplazamientos climáticos, algunas epidemias y hambrunas, son, según el IPCC, reflejo de cómo el clima nos está cambiando. En Colombia, proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que para 2070 la temperatura media podría aumentar entre dos y cuatro grados centígrados, con lo que se reducirían hasta en un 30% los niveles de lluvias. De igual forma, las actividades que regula el licenciamiento ambiental tienen graves efectos para la emergencia climática. Dentro de los impactos más frecuentes está la remoción de la capa …

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Afrolatinas y caribeñas unidas contra el empoderamiento tóxico

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Por: Sher Herrera En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora que tiene lugar cada 25 de julio, si eres una persona que consume contenido sobre temas afro, seguro el algoritmo te ha bombardeado con miles de mensajes de empoderamiento sobre mujeres negras. En vista de que el exceso de mensajes e imágenes que promueven el empoderamiento –entendido no sólo las ideas recurrentes de que podemos con todo, sino como un problema individual– está tornándose nocivo para nosotras, hoy nos quiero dedicar estas letras para hacer un llamado al autocuidado y a los cuidados colectivos, y en especial, cuestionar nuestra obsesión por ir más allá de las expectativas para comprobar nuestra valía y tratar de encarnar el “mito de la minoría modelo”. El “mito de la minoría modelo” consiste en la idea muy bien extendida por la supremacía blanca, de que existen “minorías” étnicas superiores a otras, dada su capacidad de adaptarse – aguantarse las imposiciones de las sociedades hegemónicas y más privilegiadas. Esta supuesta capacidad de adaptación está acompañada de otras técnicas de triangulación por parte del sistema en la jerarquía racial, literalmente para poner a competir a los grupos oprimidos y generar rivalidades, como por ejemplo, aplaudir una mayor capacidad de trabajo, disciplina y hasta afirmar una supuesta superioridad intelectual, como históricamente se ha dicho sobre las personas asiáticas, lo cual también ha causado mucho daño a esta comunidad en contextos como los Estados Unidos. Las mujeres negras, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, nunca hemos sido reconocidas por el sistema capitalista como una “minoría modelo”, todo lo contrario. Es precisamente por eso que, creo, se ha convertido en una tremenda aspiración encarnar el mito o lograr entrar en el régimen de respetabilidad de la blanquitud como sistema. Nos han empoderado diciendo que podemos con todo, que somos súper mujeres, que nuestras ancestras la tuvieron peor y que debemos estar agradecidas, ratificando creencias que nos deshumanizan. Y es precisamente, desde lo humanamente posible, no tenemos que poder con todo; podemos cometer errores sin que sea una apuesta todo o nada en cada aspecto de la vida. Esa gratitud frente a la idea de que puede ser peor, es una trampa. Para merecer una vida digna y con garantías de derechos, solo debemos ser humanas. ¿Somos humanas, el racismo, tal como lo ha explicado Fanon nos sigue sometiendo por debajo de la línea del no ser?. Decimos todo el tiempo “Quisiera tener la confianza de un hombre promedio, blanco y heterosexual” Ojalá lo logremos, porque lo merecemos. Disfrutar de nuestras comidas favoritas sin remordimiento, dormir hasta tarde un domingo y despertarnos sin culpa, trabajar y pedir ayuda si algo nos sobrepasa sin miedo a parecer insuficientes, sentirnos merecedoras de placer… etc, ojalá pueda ser nuestra gran aspiración, porque como dice una gran amiga “tanto sufrir pa uno morirse”. Y no se confundan, no vengo a decir que no debemos poner nuestro mejor esfuerzo en cada proyecto y sentirnos orgullosas de los resultados, ya sea la preparación de una cena familiar, el proyecto de jardinería o las responsabilidades laborales, que en el mejor de los casos se dan en condiciones dignificadas y nuestras familias pueden apreciarlas, cosa que no es tampoco lo más común. Muchas mujeres negras se quedan con la sensación de que después de haber dado más allá de todo, sus familiares, sus jefes y sus parejas aún se muestran muy inconformes con los resultados y, abiertamente, en un ejercicio de triangulación sobrevaloran a otras personas por menos. Hay que creer en la meritocracia para pensar que sobreponernos a los sistemas de poder es una tarea y responsabilidad individual, que es cuestión de “creernos el cuentos”, de sentirnos bellas, de sentirnos fuertes, de sentir que podemos con todo, cuando en realidad son nuestros sentimientos son insignificantes para las estructuras, y cualquier cambio sobre ellas es posible solo desde la colectividad. Sin embargo, seguimos creyendo que es cuestión de “hacer más esfuerzos”. Hemos aceptado el injusto acuerdo de que para cumplir nuestras metas y aspiraciones debemos trabajar el doble que los hombres negros y que las mujeres blancas, y el triple que los hombres blancos sin quejarnos. La razón para acogernos a estas presiones y tratar a toda costa de cumplir las expectativas sociales, es que ya sabemos que se siente que nos traten como inferiores y por eso, creemos que no podemos cometer errores, por más pequeños que puedan ser, que nos exponga al escrutinio y sirvan para comprobar los estigmas que la blanquitud ha impuesto sobre nuestras cuerpas. Esfuerzos que nunca son del todo valorados y devoran nuestra salud física y emocional. No es casualidad, ni mucho menos nuestra culpa actuar de esa manera. Respondemos humanamente a los estímulos externos de un sistema racista y capitalista que nos vende la falacia de la meritocracia, y nos desafía en todo momento a superar la ‘falla racial’. Superar la falla de ser mujeres negras con la disposición infinita de sacrificarnos por los demás en labores de cuidado, con títulos académicos, con el respaldo científico de todo lo que decimos — porque todo lo que decimos será mirado bajo la lupa de la desconfianza—, entre muchos otros esfuerzos para no ser tratadas o enmarcadas en los estereotipos negativos históricamente impuestos sobre los cuerpos de las mujeres negras. Pero pareciera que nunca fuera suficiente ¿alguna vez has tenido la sensación de que te han descartado por estar “sobre calificada”? contradictoriamente en una sociedad que siempre pone en duda nuestras capacidades, desarrollar tantas cualidades y talentos pueda ser motivo de desconfianza, una amenaza y, por lo tanto, también un motivo más de ser descartada o excluidas. Es como si no existiera una manera de escapar de la exclusión y el desdén. Algo muy triste de todo esto es que presionamos a otras mujeres y niñas negras para encajar en el modelo porque de no ser así por “su culpa” nos van a juzgar a todas las mujeres negras. Aquí es importante pensarse …

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Entre luces y sombras: Balance legislativo para la población afrodescendiente 2023-2024

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Este boletín da continuidad al seguimiento y lectura crítico-analítica de la labor de los congresistas afros, con el propósito de entender, monitorear y realizar control ciudadano a las iniciativas legislativas destinadas a cerrar las brechas, inequidades, barreras y obstáculos que enfrenta la población negra afrodescendiente en Colombia. DESCARGAR BALANCE AQUÍ De cara a la nueva legislatura 2024 – 2025 que inicia este 20 de julio, desde ILEX Acción Jurídica analizamos y revisamos en detalle cómo le fue al Congreso de la República y a la Cámara de Representantes en el último periodo (20 de julio de 2023 – 20 de junio 2024) que si bien no fue desalentador, sí deja algunas preocupaciones; la agenda étnica hoy sigue sin ser una realidad y los esfuerzos aún están distantes del trabajo colectivo. Esta segunda entrega, presenta el balance del periodo legislativo 2023-2024 titulado “Entre luces y sombras: Balance legislativo para la población afrodescendiente 2023-2024”. Este boletín da continuidad al seguimiento y lectura crítico-analítica de la labor de los congresistas afros, con el propósito de entender, monitorear y realizar control ciudadano a las iniciativas legislativas destinadas a cerrar las brechas, inequidades, barreras y obstáculos que enfrenta la población negra afrodescendiente en Colombia. Con este propósito se presenta una análisis de proyectos de ley y actos legislativos relacionados con la población afrodescendiente durante la segunda legislatura 4, enfocado desde su dimensión sustantiva. Este documento presenta el balance de análisis de los proyectos legislativos y ofrece conclusiones que se espera sean tenidas en cuenta para la revisión y deliberación de las medidas legislativas para población afrodescendiente. Y a su vez, se divide en tres partes principales: la primera, aborda de manera comparativa los resultados legislativos 2022-2023 y 2023-2024, presentando los proyectos más relevantes que fueron aprobados; la segunda, desarrolla el balance de los nuevos proyectos de ley que fueron presentados y debatidos durante la legislatura 2023-2024; finalmente, la tercera parte presenta las conclusiones, destacando que es necesario transitar de la representación descriptiva y estadística afro hacia un camino para la representación sustantiva y sistémica.

COMUNICADO CONJUNTO | Nuevo caso de violencia policial racista y transfóbica en Cartagena

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El día 19 de junio, a las alturas de la Av. Santander, Mandala Walker una mujer trans afrodescendiente reconocida en la ciudad de Cartagena por su activismo, fue detenida por un agente de policía mientras se transportaba en una mototaxi. En medio del procedimiento policial irregular, le fue retenida su dosis personal, fue amenazada con un arma de menor letalidad, específicamente un taser y además, violentada de forma verbal, pues el agente cuestionaba insistentemente su identidad y expresión de género. Esa noche no hubo un retén formal, tampoco se detuvieron otras motos y el joven que conducía, y transportaba a Tiffany, fue llevado a un CAI y le fue inmovilizada la moto, sin aparente justificación. Esto no es un caso aislado y tampoco es la primera vez que Mandala vive una situación así. El perfilamiento y hostigamiento al que ha sido sometida como mujer negra, trans y trabajadora sexual, ha sido constante. En años anteriores, también denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de actos transfobicos y racistas en un CAI de Cartagena, mientras buscaba protección, siendo una vez más expuesta a agresiones y violencias. Las acciones de la policía no son una coincidencia. Ilex Acción Jurídica, por ejemplo, ha registrado y documentado cómo el comportamiento de la fuerza pública, guiado por sesgos racistas y estereotipos discriminatorios basadas en la pertenencia étnico-racial y el género, afecta desproporcionadamente a los cuerpos de jóvenes, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas afrodescendientes. Esto también ha sido denunciado por organizaciones feministas y antirracistas de Cartagena en reiteradas ocasiones, sin que esto haya supuesto cambios en el comportamiento institucional. En Cartagena, las decisiones de aparente seguridad, que además son evidentemente arbitrarias y discriminatorias, han venido siendo respaldadas por el conocido Plan Titán de Cartagena, ampliamente mostrado por el alcalde Dumek Turbay Ayala. Sin embargo, este plan que, poco o nada se socializó y que ha pretendido parecer la salvación a la gran problemática de seguridad y explotación sexual, también ha desconocido los riesgos, limitaciones y vulneraciones que ha implicado, especialmente para las personas afrodescendientes de la ciudad. En febrero del presente año, distintas organizaciones, dentro de las que se encuentran muchas de las firmantes de este comunicado, alertaron sobre los posibles riesgos que esto representaría para la población afro en Cartagena que habita o trabaja en el Centro Histórico de Cartagena. En razón de lo anterior y teniendo en cuenta que este plan avanzó a toda la ciudad, el día 20 de mayo de 2024 enviamos un derecho de petición a través del cual solicitamos información y proponemos generar un diálogo con la ciudadanía sobre la motivación y los impactos que potencialmente tiene y ha tenido el Decreto 003 de 2024. En este derecho de petición exponemos las razones y advertimos, nuevamente, por qué el Decreto 003 de 2024, expone, vulnera, no contempla una visión de derechos humanos y desconoce el contexto de la ciudad de Cartagena en la que es necesario aplicar un enfoque étnico-racial y de género frente a las posibles afectaciones que este decreto trae a personas afrodescendientes, personas con identidades y expresiones de género diversas, así como personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica. La falta de respuesta de las autoridades y las acciones de violencia policial racista – como las vividas por Tiffany – son en extremo preocupantes y exponen a grupos en condiciones especiales de vulnerabilidad a múltiples violaciones de derechos, en la que las personas afrodescendientes son las principales víctimas del perfilamiento y la criminalización de los agentes del orden. Estas acciones se manifiestan en el uso excesivo de la fuerza, la violencia verbal, simbólica y psicológica, así como el incumplimiento de las normatividades que guían el accionar policial. Hacemos un llamado a que se tomen medidas de protección oportunas y adecuadas dentro y fuera de la vigencia del Decreto 003 de 2024, para que estas situaciones dejen de presentarse, se reformule la política de seguridad que está promoviendo las situaciones de discriminación y violencia institucional en la ciudad, y se establezcan los controles necesarios ante la actividad policial. Firmamos: Colectivos Contextos Voguea en el aleteo Mesa ball de Cartagena Ilex Acción Jurídica Mesa Ballroom Cartagena Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar House Of Galactic House of Ikoniks Movimiento de Mujeres, Negras, Barriales y Periféricas

Carta para mi papá ausente

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Escrita por Dayana Blanco Acendra De mi papá, aunque ausente, heredé riquezas incalculables. La riqueza de la alegría y el amor por la música jíbara, el pulpo guisao’ y un bocachico. Heredé todo lo que se del baseball, una gorra y su guante de pitcher. También el apasionamiento extremo por la parranda vallenata con caja, acordeón, guacharaca y ron. Heredé las mil Barbies que me mandaba al año y alguno que otro carro que también me regaló, tal vez sabía algo que yo todavía no. Esos carritos me acompañaron toda la vida. Me hubiese gustado jugar con él a los carritos, al constructor. Me gustaría saber ¿qué me habría dicho cuando salí del closet? Tengo de mi papá una riqueza que se cuenta en risas, en el tamaño de mis ojos, en el color de mi piel y la firmeza del pelo que también le heredé. Sin embargo, no pude con esa riqueza pagar la comida de mi lonchera, ni los útiles escolares, ni la matrícula, ni el almuerzo, ni la cena. No pude pagar con esa riqueza heredada de mi padre ausente, mis gastos de salud, ni la matrícula de la universidad, ni la buseta que en esa época costaba 900 pesos, ni las copias, ni los libros. No pude pagar nada. En días como hoy, que el comercio le ha regalado a los padres, pienso en el mío como aquel sujeto que me visitó tres o cuatro veces al mes desde que nací hasta mis 10 años y que ya luego fui viendo menos. Al que tengo 10 años sin ver en persona y al que deseo salud y también que la alegría que me heredó, le acompañe siempre. Para mi padre ausente no tengo odios porque lo que no me dio, lo recogí en mi madre multiplicado. La plata del bus y el amor al salir del closet, de ella todo multiplicado. Tampoco tengo para mi padre brazos abiertos, ni espera, porque con la ausencia cerré puertas y ventanas. Es mi padre pero está en una foto o en algún cuento de infancia, en ningún otro lugar. Feliz día para él porque de sus 11 hijos, que conozco, alguno le habrá llamado papá y tendrá para él en este día un regalo. Lastimosamente, para mi no estuvo, no me vio crecer y brillar con todos mis colores. No disfrutó de la parternidad bajo esta luz y esta escarcha. Sin embargo, sé de padres decididos, presentes y que acompañan a sus hijes desde su humanidad, con conciencia, solidaridad y valentía. Feliz día en especial a aquellos padres de personas con orientaciones sexuales diversas que saben que el amor es superior a la cajita diminuta del género y la heteronorma. Feliz día a los papás presentes que abrazan, que besan, que dan para el bus y las copias, y que también van a las marchas.

¿Qué pasó en lo legislativo este 21 de mayo para la población afrodescendiente?

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¿Que se discutió en la plenaria? En esta plenaria se lograron avances legislativos importantes para las comunidades étnicas, al aprobarse en segundo debate varios proyectos de ley destinados a esta población, tales como: En la plenaria étnica, el presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, felicitó al Representante de la Cámara y autor del Proyecto de Ley 078/23 Senado |362/23 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 16 de la Ley 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, H.R. Gersel Luis Pérez Altamiranda. Tras conocerse la votación favorable del debate en Senado, que aprobó la mencionada iniciativa logrando la elevación a municipio del corregimiento de San Basilio de Palenque. Posteriormente, al tomar la palabra en el recinto, el representante Pérez manifestó que la aprobación del Proyecto de Ley enmarca un hito histórico y trascendental en la vida de los habitantes del hasta entonces corregimiento de San Basilio de Palenque. Asimismo, exaltó y reconoció la labor de algunos representantes afrodescendientes que abonaron a los esfuerzos de la iniciativa. En este momento, es natural que nos preguntemos: ¿Cuál es la importancia de modificar el artículo 16 de la Ley 617 de 2000 para elevar a Municipio Especial y Etnocultural al corregimiento de San Basilio de Palenque en Bolívar? Tras la aprobación de la ley que modifica el artículo 16 de la ley 617 del 2000, el cual establece las excepciones de las Asambleas Departamentales de los municipios, en dichas excepciones se establece que se puedan crear municipios para la salvaguarda y Preservación del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y que tengan las declaratorias de la Unesco y del Ministerio de Cultura de la República de Colombia como bien de interés cultural de carácter nacional. Dicha modificación respalda el reconocimiento de San Basilio de Palenque, ya que ostenta el título de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad otorgado por la UNESCO, además de ser reconocido como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia, cumpliendo de esta manera con ambos criterios establecidos en las excepciones. En pocas palabras, la aprobación de esta Ley facilitará el marco legal a través del cual la Asamblea Departamental de Bolívar podrá proceder a elevar a la Categoría de Municipio Especial al Corregimiento de San Basilio de Palenque y reconoce la soberanía territorial con enfoque étnico apuntando a reivindicar históricamente a San Basilio de Palenque como el primer pueblo libre de Suramérica. Luego de cuatro debates en el Congreso, San Basilio de Palenque pasaría de ser un corregimiento de Mahates, a ser constituido como municipio por la Asamblea Departamental de Bolívar. San Basilio de Palenque se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Cartagena de Indias. Limita con los corregimientos de Malagana, San Cayetano y San Pablo. El poblado se encuentra ubicado en uno de los valles al pie de los Montes de María. Fue fundado en el siglo XVII por esclavizados fugitivos liderados por Benkos Biohó. Es el primer pueblo libre de Suramérica. Fuente: http://www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=547 Recorrido legislativo por el reconocimiento de Palenque como municipio especial En los últimos años, el Congreso de la República de Colombia ha tramitado en varias legislaturas iniciativas de proyecto de ley que buscaban elevar al corregimiento de San Basilio de Palenque a la categoría de Municipio Especial y Etnocultural. A continuación, se presenta una línea de tiempo que enmarca este proceso histórico: ¿Cuáles son los beneficios que Palenque sea un municipio y no un corregimiento? San Basilio de Palenque, está en busca de obtener el reconocimiento como municipio. Este cambio permitirá brindar gobernanza y autonomía administrativa a la comunidad palenquera. Este cambio permitirá acceder a fondos gubernamentales, los cuales podrán ser focalizados para mejorar la infraestructura local, incluyendo mejoras en los servicios públicos, la salud, educación, el agua potable y el saneamiento. Además, este reconocimiento facilitará el desarrollo económico local, adaptándose a las particularidades y necesidades específicas de Palenque. Es decir, la autonomía administrativa podría brindar mayor capacidad para decidir y gestionar sus propios recursos, promoviendo un desarrollo que respete y valore sus características culturales y sociales. La autonomía en políticas locales es particularmente importante para Palenque dada su rica herencia cultural. Esta comunidad es reconocida no solo por su historia, sino también por su lengua, saberes ancestrales, prácticas tradicionales, música, entre otros aspectos. La capacidad de gestionar sus propias políticas locales les permitiría diseñar estrategias que se articulen con sus necesidades específicas, garantizando la continuidad y revitalización de sus tradiciones e historia. El reconocimiento como municipio también otorgará una mayor visibilidad dentro del departamento y a nivel nacional, simbolizando una reivindicación histórica. Este cambio de corregimiento a municipio especial se espera una atención más amplia en términos de apoyo y fortalecimiento desde diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de otros actores e instituciones relevantes. En la actualidad las actividades económicas son rezagadas con generación de empleo informal. Convertirse en municipio especial abrirá las puertas a diferentes beneficios económicos, por ejemplo; se podría fortalecer aún más un turismo cultural: que va desde la su música palenquera, su lengua hasta la danza que pueden ser utilizados como un catalizador de desarrollo si se gestiona de una manera coherente y respetuosa. Por último, esta nueva situación fortalecerá la protección de los derechos territoriales y ambientales, contribuyendo así a la sostenibilidad y resiliencia de la región. Dentro del orden del día se contempló en el inciso V. Presentación del DANE: “Avances y cumplimientos de la sentencia T- 276 del 2022. a cargo de la directora Piedad Urdinola Contreras, en este: La directora del DANE enfatizó la relevancia de la Ley 2335 de 2023, que establece disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país, destacando especialmente el cuarto principio de inclusión. Este principio asegura que toda actividad de producción estadística respete la diversidad del país y considere las características particulares de ciertos grupos poblacionales. Es decir, este principio promueve una representación equitativa y precisa en los datos oficiales. Este enfoque es esencial para que las políticas …

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491 AÑOS DE CARTAGENA: Una vieja que renace en su juventud negra

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Por: Vanessa Castro Alvarez, comunicadora de ILEX Acción Jurídica Cartagena, la ciudad de muralla y de spots de fotos, la de historias, poesías y canciones, hoy cumple 491 años. También cumple la Cartagena viva, la del barrio y el picó. La Cartagena de calles llenas de barro y casitas de tabla, la que celebra los lunes y los martes la vida porque trabaja los fines de semana. La Cartagena que es Crespito, Flor del Campo y mi barrio Villa Corelca. En su cumpleaños, queremos celebrar a la Cartagena batalladora, negra e incansable, barrial que grita su lucha y defiende, como hace siglos, su dignidad. Esa Cartagena de tantos siglos, hoy más que nunca renace con su juventud negra. Activa y digna de admiración ante sus batallas de cuadra, de colegio, de calle, de paredes con grafitis, de bailes de semáforo. Afuera de las murallas, la ciudad se debate entre la alegría de la música champeta y salsa y el bullicio de la ficha de dominó estrellándose contra la mesa y la rabia constante ante la injusticia de la necesidad básica insatisfecha, la policia persiguiendo a los pelaos, el recibo de la luz llegando llevándose medio sueldo y la ausencia, y los yates acechando a las pelaitas. En Cartagena, a diario, se dan pequeñas batallas por la seguridad, dignidad y vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, impulsadas por ellxs mismos y con la esperanza firme de cambiar así sea a gritos y el pie en suelo sus realidades, con conciencia política y generando espacios de confianza, mientras apuestan por la justicia social de sus contextos. Frente a esta población y en particular, para su protección y seguridad, el alcalde elegido Dumek Turbay Ayala, ha propuesto un Plan que bautizó Titán a través del Decreto 03 de 2024. Con su dios griego, ha pretendido atacar la criminalidad y el mal llamado turismo sexual al que se ven expuestas las niñas y jóvenes. No obstante, esa Cartagena joven ha alertado los peligros que este puede significar para sus vidas sobre todo de juventudes y mujeres negras afrodescendientes, los criterios de la fuerza pública para ejecutar estos planes sesgados por prejuicios y estereotipos racistas que atentan contra los derechos fundamentales de nuestra población que, históricamente ha sido criminalizada, expuesta y vulnerada. Dicho lo anterior, en el marco de este cumpleaños y poniéndonos los lentes de una perspectiva étnico racial, desde ILEX analizamos la Política de Juventudes que también fue presentada este año y que, a grandes rasgos, parece tener buenas intenciones, pero que una vez más, no pone la lupa en lo que representaría la mayoría de la ciudad: la juventud afrodescendiente. Lo primero es que, aunque la Política menciona la violencia policial como uno de los problemas a tratar – realidad de la que también se habla hasta hace poco en la ciudad -, no es específica en mencionar que en Cartagena la violencia policial racista es un hecho que ha cobrado vidas de jóvenes y tampoco, hace énfasis en las acciones que va a tomar frente a esto. Nomás, por mencionar dos casos mediáticos, recordamos a Martín Elías Manjarres o Harol David Morales, ambos adolescentes negros que recibieron un impacto de bala por agentes del orden y por los que aún, sus familiares esperan que se haga justicia. Estos hechos se dieron en Villa Estrella y San Francisco, respectivamente. Zonas periféricas de la ciudad en las que “la Policía tiene mayor presencia y acción, teniendo en cuenta las estrategias gubernamentales de vigilancia focalizada en respuesta ante la inseguridad. En estos contextos los jóvenes afrodescendientes se ven expuestos a experimentar más procedimientos policivos que en otros lugares de Cartagena”. A partir de esto, también identificamos que no hay un reconocimiento de las condiciones de marginalidad a los que se enfrentan jóvenes afrodescendientes en estas zonas específicas de la ciudad, que responde precisamente a procesos de racialización territorial y a la no consciencia de lo que pasa fuera de las murallas del Centro Histórico. Como mencioné anteriormente, aunque existe un Plan, las acciones concretas para dar solución a la violencia policial racista, no solo es una tarea pendiente, sino también una conversación que no se puede seguir dando entre las lágrimas de las madres de las víctimas y los colectivos negros que exigen respuestas, sino que tiene que plantarse, sobre todo, desde la institucionalidad. Cabe resaltar y llama la atención, que en esta ciudad del Gran Caribe, capital del tercer departamento con mayor población afrodescendiente del país (27,6%), se enuncian y aprueban políticas sin un enfoque étnico-racial, ni de género. En la Política de Juventudes, si bien se tiene en cuenta factores específicos de diferenciación e incluso se intenta dar un concepto de “enfoque diferencial” con el propósito de “brindar una atención diferenciada a los jóvenes a partir de sus particularidades durante la implementación de la política”, y hasta se habla de derechos humanos “sin ningún tipo de exclusión o discriminación por motivos étnicos, raciales, de género, de discapacidad, de ideologías, preferencias políticas, zona habitada de la ciudad…”, no es claro cuáles son esas particularidades y cuáles serían las atenciones diferenciadas que se atenderán en los 10 años de vigencia de este documento. Cartagena ha sido sobre analizada, sobre estudiada y discutida en infinidades de conversatorios, pero las consecuencias del colonialismo, el racismo estructural y la falta de voluntad política que hemos acarreado por cientos de años, nos sigue pesando en la ausencia de políticas que tengan como centro a las poblaciones y a las personas que diariamente son marginalizadas y criminalizadas, que hagamos análisis y tomemos acciones más profundas y que se reflejen en el tiempo. Nos sigue pesando la ausencia de datos que permitan que se atiendan una a una las necesidades de los y las cartageneras. Nos sigue impidiendo que cerremos la herida que nadie ha estado dispuesto a sanar.

¿QUÉ PASA CON MIN. INGUALDAD Y QUÉ FUE LO QUE DIJO LA CORTE?

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A diferencia de lo que se ha dado a entender por los titulares de los medios y plataformas digitales, el Ministerio de la Igualdad no desaparece automáticamente. Su existencia ahora depende de que el Congreso, a iniciativa del Gobierno Nacional, apruebe nuevamente la ley cumpliendo con los requisitos constitucionales. Si esto no se logra en dos años, el Ministerio desaparecerá legalmente. Por lo tanto, es crucial analizar el impacto jurídico del pronunciamiento de la Corte Constitucional y sus implicaciones políticas y sociales. El día 25 de enero de 2023 en ejercicio del derecho a la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal, Paola Andrea Holguín y otros, presentaron demanda contra la Ley 2281 de 2023, por la cual se crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad y se adoptan los elementos de su estructura orgánica. Las demandantes argumentaron que la forma en que se aprobó la ley tenía fallas. Según el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda propuesta de ley debe explicar claramente cómo afectará el presupuesto del país, incluyendo si es compatible con el plan de gastos a mediano plazo. Pero en este caso, de acuerdo a la demanda, eso no se hizo. Además, la ley no dejaba muy claras las facultades especiales que le daba al Presidente de la República. Luego de un año y tres meses de vigencia de la Ley y puesta en marcha del Ministerio de Igualación y Equidad, en sesión del mayo 8 de 2024, tras una votación la Corte Constitucional decidió la demanda ciudadana. La ponencia correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. En su fallo, la Sala Plena de la Corte, que todavía no ha emitido comunicado oficial ni ha publicado la sentencia, afirmó que el trámite de la ley tiene error de procedimiento al no realizarse un estudio sobre cómo la creación del Ministerio de la Igualdad afectaría el presupuesto, como lo exige la Ley 819 de 2003. Esta omisión legislativa violó el artículo 151 de la Constitución Política, que establece los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias. Basándose en este argumento, la Corte en Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023. ¿Pero qué es el análisis de impacto fiscal y a quién le correspondía hacerlo? Es un estudio que debe hacerse en el marco del trámite de un proyecto de ley para saber sus costos y el impacto de su implementación. Según el art. 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. Esta es una tarea compartida entre el Gobierno y el Congreso de la República, Sentencia C-110 de 2019: Asimismo, la Corte también decidió que las consecuencias de este fallo no serán inmediatas, como suele ser común en las decisiones judiciales. Esto se debe a que eliminar la ley inmediatamente llevaría a la desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad y todo su sector administrativo. En consecuencia, para evitar interrupciones en las políticas que protegen los derechos especiales de ciertos grupos, la Corte dio tiempo al Congreso y al Gobierno para corregir la ley o ajustar las funciones del Ministerio y hacer los cambios necesarios en la administración pública. ¿Qué significa y cuál es el alcance que tiene la declaratoria de constitucionalidad diferida de la ley del Ministerio de Igualdad? Uno de los asuntos que más controversia ha causado es el efecto de la declaratoria de constitucionalidad diferida que la Corte Constitucional utilizó en esta sentencia. En términos sencillos, la constitucionalidad diferida es una medida judicial que la Corte emplea cuando detecta un defecto en el procedimiento legislativo que hace que una ley sea inconstitucional. Sin embargo, en lugar de eliminarla de inmediato, la Corte decide mantenerla en el ordenamiento jurídico debido a que su derogación podría ocasionar problemas mayores o “desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”. Por lo tanto, la permanencia del Ministerio queda condicionada a que el Gobierno Nacional y el Congreso vuelvan a tramitar la ley dentro de un plazo de dos años. Durante este periodo, el legislador debe corregir los errores de forma que surgieron durante el proceso legislativo inicial, llevando a cabo nuevamente todo el proceso de creación de la norma. Esto nos lleva a señalar lo siguiente: Considerar todo lo anterior implica reconocer que la desaparición del Ministerio de la Igualdad no es un proceso automático. Su continuidad o supresión depende de la corrección de la inconstitucionalidad durante las dos legislaturas de 2025-2026. De no adoptarse por parte del Congreso las medidas correctivas sobre la ley que lo establece durante este período legislativo, desaparecerá la única institución específicamente encargada de abordar las brechas de injusticia y discriminación histórica y estructural que afectan desproporcionadamente a grupos y sujetos de especial protección constitucional. Para estos grupos, aún queda pendiente la promesa de garantía de sus derechos fundamentales. Sin lugar a duda, este escenario implica riesgos institucionales para la correcta ejecución programática y presupuestal del sector de igualdad y equidad, en la medida en que deja condicionada su existencia al trámite en el Congreso, y por ende a la voluntad política del legislador. Es decir, que lo que ocurra en los próximos seis meses será fundamental para garantizar que se supere la incertidumbre sobre la materialización de las funciones para las que fue creado el ministerio. Desde la perspectiva de la justicia y los principios constitucionales que deben guiar al Estado colombiano, la superación de este problema no es solo necesaria, sino que demanda un liderazgo y una colaboración armónica entre las ramas del poder público ejecutivo y legislativo. Esto es fundamental …

¿QUÉ PASA CON MIN. INGUALDAD Y QUÉ FUE LO QUE DIJO LA CORTE? Leer más »

FORO PERMANENTE SOBRE LOS AFRODESCENDIENTE: Algunas reflexiones de dónde estamos y hacia dónde podemos ir

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Hace unas semanas, nuestra directora general, Dayana Blanco Acendra, asistió al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes que se llevó a cabo en Ginebra, entre el 16 y 19 de abril y que, este año tuvo su tercera edición. Este Foro es un mecanismo internacional que busca mejorar la seguridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes. Además, es un organismo consultivo del Consejo de los Derechos Humanos y a su vez, está conectado con el programa y aplicación del Decenio para los Afrodescendientes. En este espacio, ILEX estuvo participando y exponiendo las diferentes vulneraciones que presenta la población afrodescendiente en Colombia, específicamente los impactos de la violencia policial racista a la que se ven expuestas las personas afro LGBTIQ+; la ausencia de datos que persiste en las bases de datos administrativas del Estado y de los mecanismos que garanticen la atención y las acciones específicas para contrarrestar, desde una perspectiva interseccional esta problemática. Por último, la importancia de poner en el marco del debate de la justicia económica las barreras diferenciadas que viven las personas con pertenencia étnica-racial. Luego de estas participaciones, pensamos cómo este espacio puede seguir construyendo e incidiendo en los trabajos que las organizaciones asistentes realizamos en nuestros países y regiones. Además, cómo las recomendaciones entregadas por las OSC, pueden ser acogidas por los Estados y sobre todo, puestas en práctica. La escucha y realización de estos espacios son necesarios, pero no son suficientes si los resultados del estado no van conectados con las realidades y dificultades de la población. Ahora, ¿qué se dijo durante el Foro en torno a la población negra afrodescendiente del mundo? AGENDA 2030 Y REPARACIONES: JUSTICIA ECONÓMICA: EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS PROPIAS: II DECENIO INTERNACIONAL PARA LOS AFRODESCENDIENTES: En cuanto a las recomendaciones que se dan en el marco del Foro, revisamos cuáles de las que se habían presentando anteriormente se reforzaron, cuáles son nuevas y cuáles hicieron falta: ¿Qué se repitió en esta sesión del Foro Permanente? ¿Qué es lo nuevo en esta sesión del Foro? ¿Qué hizo falta?

EDITORIAL | La Corte vio la luz: ¡Elegida Fiscal General!

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Larga y dramática ha sido la espera en la que ha estado el país para saber finalmente el nombre de la persona que liderará la Fiscalía General de la Nación. Entre trinos, titulares de periódicos y pasquines, declaraciones del presidente de la Corte sobre la seguridad de la institución y sus magistrados, y acusaciones de presiones indebidas del gobierno, nos han tenido en vilo y preguntándonos ¿Por qué tanta demora para elegir uno de los cargos más importantes del Estado? La pregunta sobre la demora de la Corte en elegir resulta incómoda y chocante cuando estuvimos por primera vez frente a una terna conformada sólo por mujeres. No sólo la demora sino los debates que se dieron sobre si esta terna era válida o no. Entre estos debates, destacó el generado por el magistrado Botero Zuluaga, quien argumentó, a través de una acción de tutela, que la terna era inválida y violaba el derecho a la igualdad al no incluir también a hombres. Esta controversia puso en tela de juicio el proceso de selección y dejó al descubierto las tensiones en torno a la equidad de género en las altas esferas del poder judicial. Esperan ver mis ojos el día en que esas ternas además de ser conformadas solo por mujeres, se les de por integrar a mujeres indígenas y/o negras-afrodescendientes. Que el país camine hacia ese propósito de garantías en la participación, debe ser una tarea de todos como sociedad. A lo largo de este camino de espinas, vimos a las ternadas y sus familias ser expuestas a los medios y las redes, estos fieles a escudriñar en la intimidad del otro confundiendo las dinámicas propias de la esfera personal y familiar con la aptitud y preparación para asumir altos cargos públicos. Tal fue el caso de Amelia Perez quien el 12 de marzo presentó su renuncia irrevocable a la terna de fiscal general, unos minutos antes de que la Corte entrara a una nueva sesión para elección. La trama de la selección de la nueva fiscal parecia sacada directamente de un guión de telenovela, con giros inesperados que mantenial al público en vilo, al mejor estilo de producciones televisivas como televisa y telemundo. El pasado 13 de marzo, por lo menos no fue martes, conocimos finalmente, después de tres meses y cinco rondas de votaciones, el nombre de la persona que ocupará por 4 años el cargo, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, el titular de los periódicos esta vez era ¿Bueno y quién es Luz Adriana? Sobre el perfil de la nueva fiscal general destacaré los aspectos relevantes , para luego desarrollar mi cartita de pendientes de la fiscalía en relación con las personas afrodescendientes y el papel que puede jugar la nueva fiscal en esta agenda. La nueva fiscal es una destacada penalista que cuenta entre los logros de su carrera ser fiscal delegada y magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y haber integrado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig-ONU). Es reconocido su trabajo en investigación contra la corrupción y la parapolítica. También podría decirse que cuenta con el necesario sentido de justicia social, importante para que la institución que liderará aterrice en las necesidades de la sociedad colombiana e impulse cambios para la real transformación de la administración de justicia para y por los colombianos. Esto se dejó ver tímidamente en su discurso de presentación ante la Corte Suprema. Sus propuestas sobre priorización con enfoque territorial, fortalecimiento sobre atención a las víctimas podría abrir algunas puertas para conversaciones que interesan a grupos históricamente marginados, como la población afrodescendiente. Sobre su labor en el cargo, quisiera recomendarle dos cosas que nos interesan particularmente desde la labor que venimos haciendo en la transformación de la policía nacional y el mejoramiento de las bases de datos administrativas. Sobre lo primero, hemos insistido en la necesidad de transformación de la estructura de la Policía para su desarrollo en pro de la comunidad y la sociedad, es decir una Policía desmilitarizada que sirva para garantizar derechos humanos desde su servicio público. Para esto, el papel de la fiscalía es fundamental. Desde la Mesa por la Reforma a la Policía, las organizaciones sociales que la integran hemos estructurado un pliego de peticiones, que contiene algunas propuestas para la fiscalía que retomaré ante la ahora fiscal general: Para lo anterior, serán necesarias no solo mesas de trabajo; será indispensable que el Estado demuestre voluntad política real, garantizando la escucha y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Además deberá comprometerse a gestionar los cambios institucionales, de infraestructura y normativos necesarios. Esperemos que no ocurra lo mismo que ha sucedido con otras instituciones oficiales, donde destacados profesionales con un fuerte sentido de justicia social, algunos de ellos antiguos activistas, se han visto absorbidos por la burocracia y la parálisis inherente a sus instituciones. Esto nos ha llevado a un desgaste entorno a discusiones sobre la reforma a la policía que aún no han dado resultados concretos. En cuanto a lo segundo, en un afán por superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en bases de datos administrativas, hemos insistido ante las entidades del sector justicia sobre la urgente necesidad de mejoramiento en la recolección del dato. En nuestra investigación “¿Superar la desigualdad racial sin datos?”, damos algunas recomendaciones a esta institución para mejorar la captación de la variable étnico racial en sus bases de datos pues si bien distintos tratados internacionales obligan al Estado colombiano a recoger esta información desagregada, hay un vacío por parte de las instituciones del sector justicia, como ocurre con las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nacional y en la Policía Nacional en las que no se capta la variable étnico-racial de manera obligatoria. De acuerdo con la respuesta ofrecida por esta institución en el año 2022, la recolección de este tipo de información no cabe dentro de su competencia. Tal como lo informamos en nuestra investigación la fiscalía señala que …

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