Los resultados de estas elecciones en Estados Unidos reflejan una realidad preocupante para la agenda de la justicia racial y los derechos humanos. No solo ha ganado un candidato con una agenda de extrema derecha profundamente racista y sexista, sino que también ha sido elegido por una mayoría de votantes, lo que indica un apoyo popular generalizado hacia políticas regresivas y excluyentes. El hecho de que Donald Trump haya ganado tanto el voto del Colegio Electoral como el voto popular es un hecho alarmante, especialmente considerando que se trata de un candidato imputado en múltiples cargos, algunos de ellos relacionados con abuso sexual, y que abiertamente respalda políticas que restringen derechos y libertades básicas.
Este respaldo mayoritario no puede desligarse de su mensaje de “Make America Great Again”, cuyo subtexto es hacer a Estados Unidos blanca otra vez. Este eslogan busca un regreso a una era en la que la supremacía blanca y los valores conservadores dominaban sin cuestionamientos. Las estadísticas respaldan esta interpretación: los datos muestran que Trump fue elegido por una mayoría de personas blancas, tanto hombres como mujeres, muchas de las cuales cuentan con un bajo nivel educativo. Este grupo ha sido clave en su victoria y parece responder a una narrativa que excluye y demoniza a las personas y comunidades racializadas, en particular a las personas negras y latinas.
La postura de Trump en relación con temas como la justicia racial y la equidad de género podría reforzar la agenda de grupos conservadores en América Latina. En Colombia, esto podría derivar en mayores obstáculos para la implementación de políticas públicas que implementen enfoques diferenciales, así como la reproducción de discursos racistas, afectando particularmente a la población afrocolombiana e indígenas que luchan por el reconocimiento y la protección de sus derechos.
Revisemos algunos temas:
ABORTO
Los derechos sexuales y reproductivos en EE.UU. han enfrentado retrocesos significativos, impulsados por decisiones políticas y judiciales que surgieron en el primer mandato de Donald Trump. Su influencia en la conformación de una Corte Suprema conservadora fue decisiva en la eliminación del precedente que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional. Durante su primer mandato, Trump implementó políticas como la “Global Gag Rule”, restringiendo el financiamiento a organizaciones que brindan información o servicios de aborto en el extranjero, lo que afectó la salud reproductiva en muchas regiones.
El presidente electo Donald Trump, aunque no ha mencionado recientemente una prohibición directa del derecho a la IVE, genera inquietud entre colectivos y ONG defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Esto se debe tanto a sus antecedentes como a las posibles acciones restrictivas que podría implementar en los primeros meses de su mandato, alineadas con la agenda conservadora del Proyecto 25. Este plan promueve una serie de políticas regresivas en derechos humanos y civiles, que incluyen ataques significativos a los derechos sexuales y reproductivos. Cabe decir que, hoy el 60% de las mujeres negras se encuentran en Estados con prohibiciones, limitaciones o restricciones para acceder a la IVE.*
Aunque los países de América Latina tienen sistemas de justicia distintos al de EE.UU., un segundo mandato de Trump plantea desafíos significativos en la región debido a los efectos “espejo” de sus políticas restrictivas:
- Fortalecimiento de posiciones conservadoras: Las decisiones de la Corte Suprema en EE.UU., especialmente el fallo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, ya han dado un fuerte impulso a sectores conservadores y religiosos en América Latina, promoviendo restricciones adicionales al aborto y bloqueando reformas progresistas. Aunque este fallo no fue emitido directamente por Donald Trump, sus decisiones de nombrar magistrados con posturas conservadoras y antiaborto durante su mandato sentaron las bases para que la Corte revocara el precedente de Roe v. Wade, afectando los derechos sexuales y reproductivos en EE.UU. y generando un efecto de legitimación para sectores conservadores en la región. Este contexto se ha visto en países como Brasil y El Salvador, donde dichos sectores usan el ejemplo estadounidense para justificar leyes restrictivas.
- Cooperación internacional:La “global gag rule” que restringe los fondos para organizaciones que ofrecen información o servicios de aborto, ha afectado a varias ONG en la región, limitando recursos y reduciendo su capacidad de brindar servicios integrales de salud reproductiva en zonas y países que lo necesitan.. Durante su primer mandato, Trump restableció y amplió esta política para impedir que la ayuda estadounidense para la salud global llegue a organizaciones extranjeras que proporcionen estos servicios o información, incluso si utilizan sus propios fondos. A diferencia de administraciones republicanas anteriores, que aplicaban esta restricción solo a programas de planificación familiar, Trump la extendió a todos los programas de salud global financiados por EE. UU., impactando áreas como el VIH, la malaria y otros servicios de salud pública. Con un nuevo mandato de Trump, es probable que esta regla se expanda aún más, afectando los fondos internacionales destinados a salud reproductiva y asistencia humanitaria, lo que agravaría la falta de acceso a servicios esenciales en comunidades vulnerables, especialmente en América Latina.
- Impacto en decisiones legales: Aunque América Latina no sigue el mismo sistema judicial, las decisiones estadounidenses tienen un peso simbólico que influye en el debate legal en la región. Esto podría alentar restricciones en el acceso al aborto, así como el uso de argumentos de derechos humanos para proteger la salud y autonomía de las personas gestantes.
VIOLENCIA POLICIAL RACISTA Y POLÍTICA DROGAS:
Durante su primer mandato, Trump tuvo un enfoque limitado hacia la paz en Colombia y en un segundo mandato, su administración podría priorizar una visión de seguridad centrada en la militarización de la lucha antidrogas, en lugar de apoyar los procesos de paz e inclusión de los pueblos étnicos en áreas afectadas por el conflicto. Esto podría fortalecer la violencia y vulnerabilidad en zonas de comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes son afectadas desproporcionadamente por el conflicto.
La reciente elección, aumentan las preocupaciones de acciones y represalias en torno al ejercicio del derecho a la protesta, la criminalización de grupos que han sido considerados históricamente sospechosos y el retroceso frente a las posturas actuales sobre la “política de drogas”. Esto, no solo por sus antecedentes en el 2020, sino también ante las promesas de campaña en las que afirmó aumentar los castigos para los delincuentes juveniles, imponer la pena de muerte por vender drogas, fomentar la vigilancia de las requisas y generar inmunidades y protecciones para policías que cometan abuso policial. No podemos olvidar que estas son propuestas peligrosas en un país donde las personas afrodescendientes tienen 2.9 más probabilidades de morir que las personas blancas, de acuerdo con Mapping Police Violence.
Ahora bien ¿Qué representa esto para Colombia y el panorama internacional?
- De forma general, Colombia hace aproximadamente dos años adelanta una reforma policial que ha estado financiada en parte por Estados Unidos. Un gobierno como el de Trump podría poner en riesgo las condiciones del financiamiento y legitimar procesos de reforma contrarios a los planteados, en los próximos años.
- Es probable que el panorama político que podemos enfrentar en las próximas elecciones encuentre asidero en las ideas contrarreformistas de Trump y sus posturas que legitiman la impunidad y persecución del ejercicio del derecho a la protesta, así como la negación del racismo dentro de las institución policial.
- Estados Unidos facilita los cambios de narrativas o por el contrario, los sostiene, sobre temas tan esenciales como la violencia policial racista y la política de drogas. La administración de Trump con sus tendencia criminalizadora implica que las conversaciones de transformación y reconocimiento de los impactos diferenciales de estas problemáticas tengan mayores dificultades en escenarios internacionales como Naciones Unidas.
CAMBIO CLIMÁTICO
La relación entre justicia climática y justicia racial en Colombia se ve afectada, también, por decisiones a nivel global que impactan la financiación y el compromiso con la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo la administración de Donald Trump en 2017 introdujo un punto de inflexión en la dinámica mundial de acción climática, cuyas repercusiones llegaron a países como Colombia, exacerbando las desigualdades que ya enfrentan las comunidades racializadas y empobrecidas.
Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, tomó la controvertida decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, un pacto global para mitigar el cambio climático al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de compromiso de la primera economía mundial afectó el financiamiento y la cooperación internacional necesarios para enfrentar los efectos del cambio climático, lo que impactó especialmente a las comunidades vulnerables en países del Sur Global, como Colombia. Sin la participación activa de Estados Unidos en la reducción de emisiones, la meta de limitar el calentamiento global se vuelve más inalcanzable, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indígenas.
Por eso, de frente a un nuevo cuatrienio presidencial de Trump, las alertas continúan siendo:
- La desregulación ambiental bajo la administración Trump podría reforzar políticas que afectarían negativamente a las comunidades vulnerables, como las afrocolombianas e indígenas, al desmantelar los programas de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Incremento de la vulnerabilidad en países del Sur Global por la falta de participación activa de EE.UU. en la lucha contra el cambio climático hace más difícil alcanzar las metas globales de reducción de emisiones, lo que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades afectadas en Colombia y otros países del Sur Global.
AGENDA INTERNACIONAL:
Las posturas de Trump racistas, misóginas y xenófobas tienen un impacto tanto a nivel nacional como internacional que han potencializado discursos de odio y la eliminación de políticas que garantizan los derechos de grupos históricamente discriminados. Las elecciones nos alertan sobre la efectividad de plantear una agenda llena de racismo bajo la idea de “hacer América blanca nuevamente” respaldado por el supremacismo blanco, lo que nos hace cuestionarnos de cómo esto se puede ver reflejado en el mundo:
- Trump ha amenazado y censurado las discusiones sobre el racismo y la discriminación racial, especialmente frente a la implementación de la teoría crítica de la raza. Esta estrategia de demonizar los análisis de cómo la raza afecta nuestras estructuras sociales, representa un retroceso en visibilizar los impactos del racismo como un fenómeno sistemático y en silenciar muchas conversaciones necesarias que se están desarrollando en otros países.
- No es un secreto que Estados Unidos da grandes aportes económicos a Naciones Unidas, sin embargo Trump ha sido un acérrimo enemigo de muchas de las discusiones que se están planteando en estos momentos, dentro de ellas la violencia policial racista y la conversaciones sobre la renovación del decenio internacional de los afrodescendientes. No sería extraño que estos temas perdieran gran parte de la financiación que brinda Estados Unidos y por ende cortaría espacios de acción.
