El techo de cemento en la Corte Constitucional
En la Corte Constitucional de Colombia hay un techo de cemento. No uno de cristal, que al menos deja ver lo que hay arriba, sino uno macizo, rígido y normalizado. Ese techo no ha dejado ascender a ningún magistrado o magistrada titular negro, afrocolombiano, palenquero o raizal, aunque esa misma Corte haya escrito jurisprudencia pionera sobre derechos de las personas y comunidades negras. Ese cemento bloquea el ascenso y socava la capacidad misma de que las personas negras afrosdescendientes, puedan imaginarse allí. La Corte Constitucional de Colombia lleva 34 años funcionando. En ese tiempo, 52 personas han sido magistradas; ninguna ha sido afrodescendiente (el abogado afro Alexei Julio Estrada fue magistrado encargado entre 2012 y 2013). Treinta y nueve de esos 52 -el 75%- se formaron en solo cinco universidades: Externado, Rosario, Javeriana, Nacional y Andes, todas ellas en Bogotá. Este año, dos abogadas afrocolombianas, con trayectorias forjadas en Chocó y Valle del Cauca, al margen del centro, desafiaron ese techo al postularse para ser magistradas de esa corporación. Ninguna fue elegida, pero su postulación es significativa y paradójica: deja expuesto el mecanismo de jerarquización de preferencias raciales, territoriales y de trayectoria, al tiempo que activa la imaginación política de que ese techo de cemento se puede tumbar. Una es María Patricia Balanta, abogada de la Universidad Central del Valle con más de 45 años de experiencia en la Rama Judicial, 21 de ellos como magistrada del Tribunal Superior de Buga, y cuatro títulos de posgrado en universidades españolas incluyendo un doctorado en la Universidad de Jaén. La otra, Lisneider Hinestroza, abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) con doctorado en la Universidad Externado, lleva 22 años como docente e investigadora en la UTCH, especializada en derechos étnicos, y ha sido profesora de cátedra en universidades como Los Andes y Antioquia. Pese a sus trayectorias, ninguna fue elegida. Ambas llegaron a la etapa final del proceso de selección, que es la elección del Senado de la República, donde Balanta obtuvo 41 votos contra 62 de Carlos Camargo Assis; Hinestroza, apenas 8 votos contra 92 de Lina Marcela Escobar. Balanta denunció públicamente haber sido víctima de estigmatización y prejuicios por ser mujer y negra durante el proceso. De haber llegado, habría sido la primera vez que se ennegreciera la toga de la Corte Constitucional con una magistrada titular afrodescendiente. La ausencia de magistrados y magistradas afrodescendientes en la Corte frustra la promesa constitucional de igualdad y lesiona la confianza en la equidad e integridad de los procesos legales. Una rama judicial diversa requiere tanto paridad de género como representación étnico-racial, pluralidad territorial y de trayectorias. Este no es solo un problema simbólico, pues también compromete la legitimidad. Una justicia predominantemente blanca y masculina decide en un país donde las mujeres son la mitad de la población y en el que viven 4,67 millones de personas que se autoreconocen como negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y 2,5 millones de indígenas. Estos dos procesos de elección develan problemas estructurales: ¿qué tipos de conocimiento jurídico, y de qué orígenes, está rechazando sistemáticamente el proceso de selección de magistrados de altas cortes cuando privilegia trayectorias profesionales del centro del país, mayoritariamente blancas y de ciertas universidades? ¿Qué prejuicios sobre la negritud, que históricamente la asocian con ineptitud, ignorancia e inferioridad intelectual, sostienen este techo de cemento? Y más importante aún, ¿qué efectos tiene esta exclusión sobre la capacidad de esta población para imaginarse en lugares que les han sido negados tanto en el pasado colonial y esclavista como en el presente de la “igualdad social”? Ambas elecciones reflejan la dificultad del sistema para garantizar que el principio de igualdad permita superar la histórica subrepresentación de la población afrocolombiana en el poder judicial. Aunque muchos de quienes históricamente han sido elegidos tienen trayectorias valiosas, el sistema privilegia sistemáticamente perfiles profesionales construidos en el centro del país, marginando candidatas calificadas de regiones como el Chocó o el Valle del Cauca, de donde provienen Balanta e Hinestroza. Estos procesos de selección son altamente politizados y, aunque el sistema formal de carrera judicial se basa en el principio del mérito, la elección de los cargos de alta magistratura está sujeta a una amplia discreción de las instituciones que nominan y eligen. En la práctica, esa discreción se ejerce desatendiendo los criterios constitucionales de transparencia, publicidad e idoneidad. El mérito en estos procesos termina por enmascarar decisiones que en apariencia son inocentes a la raza, pero que están marcadas por jerarquías raciales, en las que el mérito generalmente lo encarna un hombre, blanco, formado en universidad privada y con una trayectoria hecha en el centro del poder en Bogotá. El rechazo de Balanta e Hinestroza no solo les cierra la puerta a ellas. Refuerza el patrón de exclusión que ha operado como mecanismo de pedagogía racial, que muestra a abogadas negras que ese espacio no les pertenece. La exclusión no solo funciona rechazando candidatas que llegan a postularse, sino que opera antes, limitando la capacidad de imaginarse siquiera postulándose. Como documenta Daniel Gómez Mazo en su investigación sobre representación afrodescendiente en las cortes latinoamericanas, esta exclusión genera lo que él identifica como una “presunción de incompetencia” que persigue a profesionales negros en el sistema judicial, a quienes se les exige demostrar constantemente su capacidad, mientras sus pares blanco mestizos son presumidos como competentes. El movimiento afrocolombiano ha luchado por el reconocimiento de sus epistemes y experiencias como saber legítimo, y por el derecho del pueblo negro a estar representado en el Estado con sus contribuciones intelectuales. Desde el proceso constituyente del 91, pasando por la Ley 70 de 1993, hasta las luchas por la consulta previa y políticas públicas antirracistas, el reclamo ha sido consistente en demandar presencia afrodescendiente en las instituciones del Estado y presencia del Estado en los territorios afrocolombianos. Esta exclusión responde a una jerarquía profundamente arraigada. La genealogía del derecho construida desde Europa y reproducida en ciertas universidades colombianas se asume como universal y creíble, mientras que otras formas de pensar lo jurídico desde
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