Violencia policial racista

Yo tampoco confío en la policía

En Colombia, han querido llamar manzanas podridas a los agentes de policía que cometen actos de abuso de poder y autoridad en contra de la ciudadanía. Los agentes de policía acusados de violentar sexualmente a mujeres en marchas o de quitarle la vida a niños y adolescentes negrxs en barrios empobrecidos de la ciudad de Cartagena o Cali no podrían ser manzanas podridas, más bien son el fruto de una institución creada para aislar y controlar a la población, especialmente a la población negra.  La Policía, una institución que surgió hace menos de dos siglos, se origina para controlar cuerpos disidentes de la normatividad: personas negras, afro, indígenas, LGBTQ+, etc. Esta institución basa su origen en la falsa dicotomía de “buenos y malos”. Los buenos, por supuesto: personas heteronormadas, clase alta, privilegiadas hasta los tuétanos, las cuales sostienen el status quo, que además les favorece por el simple hecho de existir. Por el otro lado, “lxs nadie”, nosotres: personas con diverso origen étnico-racial, disidencias sexo-género, empobrecidas, trabajadores de la economía popular, mujeres, jóvenes, todxs arrastradxs en un sistema pensado desde sus inicios para borrarnos. “La vigilancia policial durante la época de las colonias americanas no solía tener el objetivo de controlar la delincuencia, sino más bien el de mantener el orden social racial, asegurar una mano de obra estable y proteger los intereses de propiedad de la clase privilegiada blanca. Las patrullas de esclavos fueron unas de las primeras organizaciones de vigilancia pública que se formaron en las colonias americanas. Dicho de otro modo, la supremacía blanca fue la ley que estos primeros oficiales juraron hacer cumplir1. Por eso, cuando son las 7:30 A.M de un domingo cualquiera en Cartagena y me dispongo a tomar mis cosas para ir a la playa que, paradójicamente, solo visito dos veces al año pienso siempre en mis posibilidades de volver por las realidades que me atraviesan como mujer, que van desde la alta exposición a acoso, violencia sexual hasta saberme sola en una ciudad que a duras penas habito y que quien dice cuidarme puede convertirse en mi victimario.  Al subirme al bus, el paisaje de la ciudad -a veces tan repetitivo- me inunda.  Veo, mientras avanza el transporte, cómo ese paisaje se transforma y la pobreza extrema se ve de frente con la imponencia de edificios blancos con ventanas azules que ven al mar. El semáforo cambia, miro a una señora comadreando con otra vendedora bajo el palito de caucho. Mi sonrisa espontánea va borrándose al ver las vallas tan disruptivas que entorpecen la grandeza de la Torre del Reloj. Volteo la mirada y logro ver unos auxiliares de la Policía Nacional haciendo guardia, mientras otros patrulleros pasan a toda velocidad. Al percibir mi intranquilidad, pienso, ¿es normal la presión que siento al ver agentes de una institución hecha -según ellxs- para la protección de la ciudadanía? La respuesta es sí. Hay un patrón que trasciende mi experiencia individual, y más bien se conecta con uno histórico y estructural.  La policía y también otras autoridades públicas del Estado se han encargado de hacernos creer que se trata de comportamientos aislados y errores individuales, pero estos casos de abuso y violencia por parte de la policía tienen raíces históricas profundas y que tienen relación directa con cómo se ha entendido la identidad de las personas y cómo a partir de ella se les perfila, criminaliza y violenta. Existe una relación perversa entre el abuso policial y el racismo y la discriminación en relación con las violencias que se ejercen contra personas negras, afrocolombianas, indígenas y disidentes de género o con orientaciones sexuales diversas. ¿Cuándo el Estado se hará responsable por las tantísimas vivencias que experimentamos las personas negras afrodescendientes, indígenas, disidentes, al toparnos con un agente de policía y temer por nuestra vida o nuestra seguridad? Sobre esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “ya ha sostenido que la población afrodescendiente en las Américas es más susceptible de ser sospechosa de cometer crímenes, perseguida por la policía, procesada y condenada, en comparación con el resto de la población”2. En contraposición, el discurso que se ha mantenido y tomado fuerza para no cuestionar desde adentro los vínculos ya mencionados entre la fuerza pública y el racismo sistémico, para ocultar su base esencialmente racista, ha sido el de las manzanas podridas: definir que se trata de casos aislados, personas que no tenían la formación necesaria para ejercer este cargo, pero que para nada tiene que ver con la estructura racista que sostiene la misma institución. Es por esto que estas acciones se convierten en la consecuencia de un racismo que ha permeado dentro de la misma institución, como si no pudiéramos escapar de esa estructura y no hubiera ningún espacio para nosotrxs. Hace poco conocimos el caso de Luis Carlos Murillo, exintendente de la Inspección General de Policía Nacional de Colombia, quien denunció el racismo que vivió en esta institución durante más de 10 años3. Ayer se hizo viral un video donde un policía dice con claridad que “No confía en los negros”. No podríamos alcanzar a imaginar cuántos casos más de discriminación racial existen al interior de la policía, y aunque este es el más reciente, el 11 de octubre de 2022, quedó en firme la condena del caso de la expatrullera Angélica Cañizales que sufrió racismo dentro de la policía, por el cual sufrió parálisis facial e incluso, a raíz de lo ocurrido, intentó acabar con su vida. Insistimos, no es aislado, no son manzanas podridas, no es un caso y ya. Es importante entonces mencionar que, para 2022, según el Ministerio de Defensa, alrededor del 4% de las personas pertenecientes a la Policía Nacional pertenecen a la población afrodescendiente. Pero mucho más allá de las cifras y datos, se trata de nuestras vidas siempre expuestas a la discriminación y el riesgo que significa en una sociedad como esta, y en una institución tan racista como la policía, ser una persona negra afrodescendiente. Debemos, además, reiterar que lejos de lo …

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Transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con verdadera participación: Mesa por la Reforma Policial

Las organizaciones y plataformas de derechos humanos exigimos un diálogo amplio, con garantías y orientado a transformaciones reales e integrales. Bogotá, D.C. 13 de junio de 2023. Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa por la Reforma Policial, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso de transformación interno de la Policía Nacional, que se ha caracterizado como endógeno y cosmético, lo que no propicia transformaciones integrales y debates reales sobre la función policial en nuestra democracia y en escenarios de construcción de paz.  Entre las propuestas de campaña del nuevo Gobierno se encontraban la exclusión de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y su traslado a un ministerio de carácter civil; el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-; y la promoción del diálogo social sobre los problemas que subyacen a la protesta social.  Mientras se abandonó la discusión sobre la ubicación de la Policía Nacional, la institución policial avanza en reformas que no han sido discutidas amplia y democráticamente. Ejemplo de ello, es la expedición de la Resolución 1091 de 2023, a través de la cual se establece el procedimiento de actuación de la nueva Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO- que reemplazaría al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD-.  La nueva reglamentación para la atención policial de manifestaciones, recibió observaciones previas de la sociedad civil en una convocatoria que, además de ser limitada a un número muy reducido de actores, no propició una discusión completa y de fondo sobre aspectos sensibles de la resolución, para  llegar a consensos que recogieran las experiencias de las organizaciones sociales y de las víctimas de violencia policial. La participación se restringió a la presentación por escrito de unos comentarios que, en su mayoría, no fueron considerados en la construcción de la norma final. La resolución fue expedida sin un diálogo previo sobre las observaciones enviadas, generando inconformidad entre las organizaciones que participaron en las reuniones previas, quienes además habían llamado la atención sobre la importancia de otorgar amplitud al proceso de consulta.   La nueva UNDMO, aunque sustituye el ESMAD, no desmonta la antigua estructura y pretende legitimar prácticas abusivas y violatorias de derechos humanos en otros escenarios. Es así como se amplía el margen de actuación de esta Unidad a procedimientos de erradicación de cultivos ilícitos, control de la minería informal, control externo a motines penitenciarios y carcelarios, sin que se tenga en cuenta, de manera clara, la aplicación de reglas de tratamiento diferenciado a grupos de especial protección como población campesina, carcelaria, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas privadas de la libertad. Igualmente, se desaprovecha la oportunidad para afrontar y poner fin a prácticas de discriminación contra , mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversas y racismo estructural contra población afro y comunidades étnicas.  La novedad que resalta la Policía en esta nueva resolución tiene que ver con la constitución de equipos de diálogo al interior de las unidades de intervención y de atención, dedicados a la mediación para la resolución de los conflictos, articulándose con los equipos de diálogo y mediación de las demás entidades y el Ministerio Público.  La inclusión de estos equipos resulta insuficiente, por las siguientes razones: (i) no hay claridad en el  procedimiento, creación y la utilización de armas por parte de sus integrantes (ii) la vinculación de apenas dos personas a los Equipos de Diálogo frente a 25 agentes que integrarían los Equipos Móviles de Intervención, EMI; (iii) los policías con funciones de diálogo están bajo el mando del comandante de los dispositivos; (iv) la ineficacia del “enfoque de construcción de confianza”, al carecer de canales de facilitación más allá de los ya establecidos y (v) falta de integración y representación de las organizaciones y veedurías civiles.  En suma, se mantiene el énfasis en una noción reactiva pero no facilitadora y asertiva en la gestión de conflictos sociales. Resulta inaceptable con las víctimas de violencia policial – sobre las cuales se mantiene en la impunidad la responsabilidad por las agresiones en su contra- que la nueva unidad de diálogo procure agotar la intervención violenta a la protesta en una tanqueta “modificada” para generar dentro de ella una presunta mediación con las y los manifestantes.  Tampoco existe claridad en la propuesta sobre las circunstancias de terminación del diálogo bajo el argumento indefinido de “peligro inminente”. Adicionalmente, los agentes de policía dispuestos para el diálogo harán uso de colores y elementos de distintivos históricamente usados utilizados por el movimiento de DDHH, organismos humanitarios y organizaciones internacionales.   Aún más preocupante dentro de las etapas de actuación de las unidades de Policía, que en la anterior resolución se identificaban como acciones previas, concomitantes y posteriores, ahora se incluyen las etapas de anticipación y preparación, dentro de las cuales se prevén acciones de inteligencia que busquen prevenir la comisión de delitos.  Autorizan el uso de dispositivos tecnológicos, sin embargo, falta reglamentar el procedimiento/protocolo para definir: (i) ¿cuáles tecnologías serán utilizadas?; (ii) ¿quiénes tendrán acceso a la información recaudada por los dispositivos tecnológicos? (Ej. drones, body cams o imsi catcher) y en cuáles condiciones; (iii)¿cuál será acceso a la información por parte de las autoridades civiles, organizaciones civiles, ciudadanía y los organismos de control, (iv) la cadena de custodia del material probatorio y; (v) el presupuesto y controles a la adquisición de tecnologías, incluido un estudio de impacto en derechos humanos, entre otros.  Varias organizaciones sociales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado acerca de los riesgos de las actividades de ciberpatrullaje a través de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas -OSINT- y otras herramientas tecnológicas con capacidades de vigilancia masiva en internet.  La previsión de estas acciones en la reglamentación oficial implica legitimar prácticas de hostigamiento y persecución a través de la criminalización arbitraria de quienes promueven y participan en las manifestaciones públicas, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-7641 del 22 de septiembre de 2020. Por ello, la falta de regulación específica sobre la valoración táctica de riesgos y amenazas por parte de los comandantes …

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Las organizaciones de la sociedad civil exigimos una reforma integral a la policía nacional de Colombia

Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. Hoy, 2 de marzo de 2023, en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos hicimos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz. Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego  surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz. Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!. Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado  para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución. POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA. Revive la transmisión del evento:

Conoce los hitos de ILEX Acción Jurídica durante el año 2022

Desde ILEX Acción Jurídica queremos compartirles lo que para nosotros fue este 2022, un año lleno de muchos retos, pero también de importantes  triunfos colectivos que contribuyeron al goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente en Colombia y América Latina.  Nos alegra mucho saber que en cada una de nuestras líneas estratégicas logramos avanzar y crecer aún más como organización. Por eso, les invitamos a ver un poco de cómo fue nuestro año.  A todxs, les deseamos un gran 2023 y esperamos seguir compartiendo y encontrándonos en el camino de nuestras luchas.

Perfiladxs: así opera la violencia policial racista en Colombia

La Violencia Policial Racista contra personas afrodescendientes en Colombia está vinculada a patrones históricos de discriminación. Los cuerpos negros, especialmente los cuerpos de las mujeres, son constantemente vulnerados, humillados y abusados sexualmente por la policía. Desde ILEX Acción Jurídica, Vigía Afro y Posá Suto, estamos orgullosxs de compartir con ustedes este proyecto audiovisual, en el que además de explicar las raíces de la violencia policial racista en Colombia, resaltamos, desde un enfoque interseccional, los impactos diferenciales de este fenómeno en los cuerpos y biografías de las mujeres negras y personas afro LGBTIQ+. Este video fue realizado con el apoyo del International Service for Human Rights, organización que coordina la Coalición Internacional Antiracista de la cual hace parte ILEX Acción Jurídica.

La reforma policial y el silencio del congreso ante las peticiones de la población afro: análisis del CEJR

El Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica analizó los retos para la implementación de un enfoque étnico racial en la Policia Nacional. A partir de esto, nos planteamos algunas preguntas: ¿qué tan en cuenta se ha tenido al tema de violencia policial racista en estos procesos de reforma y cuánta participación han tenido las organizaciones en los procesos legislativos?, a la vez de pensar ¿Cuál es el papel que debe tener la sociedad civil en este nuevo proceso de reforma? Desde ILEX Acción Jurídica consideramos necesario que las poblaciones específicamente afectadas por el accionar policial se relacionen y sean escuchadas en los procesos legislativos, ante la evidente ausencia de sus voces y aportes, que no solamente son vivenciales, sino investigativos. Es pertinente que los procesos de reforma, en especial el proyecto de ley 221 de 2022, pueda ser parte de un proceso plural.

Decálogo para enfrentar la violencia policial racista en Colombia

Recomendaciones al Gobierno Nacional presentadas en el informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’. Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis  sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes.  “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales.  Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias. 

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena 

ILEX brindará acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la policía en Cartagena. Para Ariel Valdez es difícil recordar con exactitud el número de ocasiones en las que ha sido víctima de perfilamiento racial en su natal Cartagena. Ser un reconocido artista de las faldas del Cerro de la Popa y haber sido nombrado embajador para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 2018, tampoco lo ha librado de las constantes requisas, hostigamientos y malos tratos por parte de los agentes de policía en la ciudad.  El caso más reciente se presentó el pasado 27 de octubre.  Ariel y otros cuatro jóvenes afrodescendientes que hacen parte del proyecto Barrio Fino Mundial, un colectivo que promueve entornos de paz por medio de la producción musical en los barrios vulnerables de la ciudad, fueron perfilados, retenidos y traslados injustamente a una Estación de Policía ubicada cerca a la Plaza de la Aduana. “Esa noche habíamos salido de un evento en el Centro de Convenciones y nos encontramos en  la Plaza de la Trinidad con Sheyla, una comunicadora con la que estamos trabajando en un proyecto cultural. Pasaron diez minutos y fuimos interceptados por cuatro policías que atravesaron toda la plaza hasta llegar a donde estábamos nosotros. Sin más, no pidieron una requisa. Cuando preguntamos por qué el motivo de la requisa, no recibimos una respuesta. Lo único que nos dijeron fue: “que a quien le moleste, que no salga de su casa””, denunció Ariel.   La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el relato de Sheyla Blanco, la comunicadora social y gestora cultural que se encontraba con los jóvenes en la Plaza de la Trinidad, uno de los integrantes del grupo, sin justificación alguna, fue conducido por los agentes hasta un vehículo de la policía, pese a que ya se le había hecho la requisa.  “En ningún momento nos dijeron a dónde se iban a llevar al compañero. Todo el tiempo nos trataron de forma muy agresiva. Ahí fue cuando todos decidimos montarnos en el camión de la policía y acompañarlo”, recuerda Sheyla.  Los jóvenes  también relataron a ILEX Acción Jurídica que fueron víctimas de hostigamientos e intimidaciones verbales por parte de los agentes que los escoltaron en el camión hasta una estación de policía. Allí se toparon con otros treinta jóvenes que también habían sido retenidos esa noche, en su mayoría afrodescendientes, artistas y vendedores informales que trabajan en el gentrificado Centro Histórico de la Ciudad. “Me duele mucho que estas situaciones pasen. Lo he vivido en un banco en un barrio como Manga, como Crespo, simplemente por parecer sospechoso para la policía mereces ser requisado y conducido sin explicación a un CAI. Y si pides explicaciones y ellos se sienten ofendidos, quizás, hasta te pegan, en esta ciudad es así. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad”, denunció Ariel en un video grabado tras salir de la estación.  No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad” En las imágenes se ve al grupo de jóvenes con los rostros desconfigurados por las esquirlas de la violencia policial racista que acecha a diario los cuerpos de las personas afrodescendientes en una de las ciudades con mayor proporción de población afro en todo el país. “Por este tipo de situaciones es que cada vez nuestros chicos van menos al centro. Nos están desplazando del Centro Histórico. Uno no puede estar ahí porque enseguida le cae la policía porque creen que solo por ser afro uno es un criminal. No podemos seguir callando, estos hechos tienen que ser denunciados”, sentencia Sheyla.  Desde  ILEX Acción Jurídica condenamos este caso de perfilamiento racial y brindaremos acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la Policía en Cartagena. Además, reiteramos a la Policía que no puede hacer uso de la fuerza sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y no discriminación , ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones.  Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnico-racial en Colombia. La violencia policial racista que se esconde tras las murallas de Cartagena El “corralito de piedra” es un territorio inseguro para las juventudes afro. En los últimos dos años, ILEX Acción Jurídica ha registrado un aumento sustancial en el número de denuncias de homicidios y casos de violencia policial racista contra jóvenes afrodescendientes en la ciudad.  El 24 de agosto del 2020, durante el periodo de aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, fue asesinado en Cartagena, a manos de la policía, el adolescente afro, Harold Morales Payares, de 17 años de edad.  Sobre el caso, el antiguo comandante de la policía de Cartagena y actual director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, afirmó en su momento que el joven resultó herido en medio de un enfrentamiento armado con agentes de la policía. No obstante, tras una investigación alentada por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía pudo demostrar que le dispararon por la espalda mientras corría luego de un cruce de palabras con policías que lo asediaron en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías.  Ocho meses después del asesinato de Harold, el 7 de febrero del 2021, …

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Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital

El diálogo se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país.  Este 31 de octubre, previo al lanzamiento de nuestro informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’, Ana González, abogada y cofundadora de ILEX Acción Juíridica,  conversó en el programa El Lunes, de Canal Capital, sobre los graves impactos de este fenómeno en Cali, Cartagena y Bogotá. El diálogo, moderado por el periodista Santiago Rivas, se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial y violencia policial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país.  “El racismo es un problema institucional y estructural, y la policía no está exenta de ello. Hay conductas racistas dentro de la institución porque hay miembros que vienen con prejuicios racistas y dentro de la institución estos se refuerzan”, explicó González, y advirtió que la violencia policial racista en el país se rige bajo la lógica “amigo-enemigo” y el perfilamiento constante de las personas afrodescendientes.  En cuanto a los principales retos para la documentación de este fenómeno, González señaló que aunque desde hace mucho tiempo varias organizaciones afrodescendientes han denunciado la violencia policial racista, encontrar datos desagregados con enfoque étnico-racial sigue siendo un desafío. Como ya lo habíamos advertido, la barrera que impone la invisibilidad estadística implica un subregistro en los casos, y en consecuencia una ausencia de análisis de cómo la pertenencia étnico-racial impacta en el relacionamiento con los agentes de la fuerza pública.  María Fernanda Escobar, representante en Colombia de Raza e Igualdad, una de las organizaciones que participó en la construcción del informe, afirmó que la investigación nació con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre lo que estaba ocurriendo durante el Paro Nacional de 2021, combinando estrategias de investigación cuantitativas y cualitativas, con énfasis especial en los casos de violencia policial racista reportados por población afrodescendiente en el marco de la protesta.  El informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’ será presentado oficialmente a las 5:00 p.m. de este martes, 8 de noviembre, en la Sala 2 de la Cinemateca Distrital de Bogotá.  El evento, organizado por ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG,  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES-, y la Corporación Raza e igualdad, contará con la participación de personas afrodescendientes víctimas de violencia policial racista en Cali y Cartagena. Además, se realizará el lanzamiento oficial de un microdocumental animado que explica los entreverados de la violencia policial racista en Colombia. Inscríbete aquí en el listado de asistentes al evento de lanzamiento del informe.