racismo

Seis razones por las que el gobierno Colombiano se equivoca en su lectura restrictiva de la discriminación en la ONU

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Durante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la delegación de Colombia formuló una explicación de posición sobre las resoluciones L.9, L.17, L.20, L.29, L.30, L.34 y L.36, que el país apoyó, y sobre cualquier otra resolución del período que use los mismos términos. En ella, el Gobierno afirma que las «formas múltiples e interseccionales de discriminación», el «racismo sistémico, estructural e institucional» y la «justicia reparativa» son «términos sin definición convencional precisa, que no constituyen categorías jurídicas autónomas». Adicionalmente, en el mismo pronunciamiento, Colombia se abstuvo frente a las enmiendas que buscaban retirar de una resolución la referencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Dichas afirmaciones no son meros tecnicismos: constituyen una posición política y jurídica que promueve una interpretación restrictiva de la discriminación y de la reparación que contraría nuestra propia constitución y el bloque de constitucionalidad. Nuestra Constitución, la jurisprudencia constitucional e instrumentos internacionales ratificados especializados por el estado colombiano desarrollan estos conceptos. En primer lugar, Colombia tiene la obligación internacional de eliminar la discriminación racial en todas sus formas conforme a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CERD). Este mismo instrumento, define la discriminación (artículo 1.1), ordena medidas especiales para los grupos que la padecen (artículos 1.4 y 2.2) y exige reparación (artículo 6). Con base en ese tratado, el Comité que supervisa la implementación del mismo, señaló en su Recomendación General No. 26 que tribunales y otras autoridades competentes deberían considerar, siempre que sea conveniente, conceder compensación económica por los daños, materiales o morales, sufridos por la víctima el derecho a obtener una compensación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como resultado de esos actos de discriminación. De forma tal que la noción de justicia reparativa se encuentra en la misma Convención. Por otro lado, ha destacado la noción de discriminación estructural en su Recomendación General No. 34. Es necesario distinguir lo que la intervención del Gobierno de Colombia mezcla. La discriminación racial es una categoría jurídica definida en el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos raciales que tenga “por objeto o por resultado” anular o menoscabar el goce de los derechos humanos. El racismo es el sistema de ideas y prácticas fundado en la superioridad racial, que la misma Convención condena en su preámbulo y en su artículo 4. Las expresiones racismo sistémico, estructural e institucional describen la manera en que ese sistema se incorpora en las normas, las políticas, las instituciones y las prácticas sociales, y produce discriminación racial aun sin una intención individual de discriminar. Esta declaración pone en duda la disposición del Estado colombiano para reconocer y enfrentar el carácter estructural del racismo que históricamente ha afectado a los pueblos étnicos del país. Por sus posibles efectos restrictivos, esta declaración interpretativa representa un riesgo serio de retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de los pueblos étnicos. Sostenemos que la prohibición de la discriminación racial directa e indirecta, la obligación de eliminar la discriminación racial estructural, la obligación de abordar la discriminación múltiple e interseccional y el derecho a recursos efectivos y a reparación son obligaciones vinculantes para Colombia. Esas obligaciones derivan de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada mediante la Ley 22 de 1981, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la CEDAW y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su contenido ha sido precisado por los órganos de tratados y por la Corte Interamericana, y ha sido aplicado por el propio Estado. Una explicación de posición sobre resoluciones no vinculantes no puede modificar, restringir ni condicionar esas obligaciones. Sí puede, en cambio, orientar la política pública interna en sentido restrictivo, y ese es el riesgo que denunciamos. El principio de progresividad y la prohibición de regresividad, consagrados en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 26 de la Convención Americana, y desarrollados por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana, impiden que el Estado retroceda en el nivel de protección ya alcanzado sin una justificación estricta. Es cierto que estas tres expresiones no aparecen definidas literalmente en el texto de los tratados que vinculan a Colombia, y que no son derechos autónomos. Pero de ahí no se sigue lo que el Gobierno pretende: que carezcan de efectos jurídicos. Son categorías de interpretación que los órganos de tratados utilizan para dar contenido a obligaciones que sí son vinculantes. Ahora bien, ¿por qué esto importa fuera de Ginebra? El racismo estructural describe desigualdades persistentes que se reproducen mediante reglas, prácticas y distribución de recursos. El racismo institucional identifica el papel de las entidades y sus procedimientos; el racismo sistémico destaca la interacción entre distintos ámbitos. La discriminación también puede ocurrir cuando una regla parece neutral y produce desventajas raciales injustificadas. Si el Estado trata esos patrones como hechos aislados, puede sancionar un incidente sin cambiar las condiciones que permiten su repetición. La dimensión estructural permite preguntar por los protocolos policiales, las barreras de acceso a servicios, los datos que se recogen y la distribución territorial de la inversión. La interseccionalidad ayuda a identificar cómo el racismo interactúa con el género, la pobreza, la discapacidad u otras condiciones. La reparación exige atender a las víctimas y evitar nuevos daños. Por eso la afirmación del Gobierno es jurídicamente incorrecta por seis razones; Primera. La Convención ya obliga a enfrentar la dimensión estructural de la discriminación racial. Al incluir la discriminación “por resultado”, el artículo 1.1 prohíbe no solo la discriminación directa, sino también la indirecta, la que producen normas o prácticas aparentemente neutrales. El artículo 2.1c. obliga al Estado a “revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista”.

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Sobrina, hazte tus trenzas

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Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez, directora de Movilización Legal y coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica Hace unos días, mi sobrina, a poco de cumplir dieciocho, me dijo que quería hacerse trenzas para su cumpleaños. Ella ha llevado su cabello crespo y abundante al natural toda la vida; desde los siete u ocho años no se lo trenza entero. Debo decir que me alegró. Pensé: “Le debe quedar muy bien y le va a gustar todo el proceso”. Pero luego me dijo otra cosa que me dejó helada: “si alguien me dice ESO, yo me pongo a llorar”. Se refiere a lo que me ha pasado, lo que le cuento sobre el mundo que me toca cuando me trenzo el pelo. Llevo casi tres semanas con el estilo que mi sobrina quiere emular. Es un peinado que me gusta, que creo que me sienta bien, que hago cada tanto, que toma horas y manos pacientes, y que hace parte de lo que muchas somos. Me hago trenzas porque me enseñaron a hacerlo, igual que me enseñaron a usar turbantes y cintillos. No debería tener que explicar nada más. Pero en este país el cuerpo de una mujer negra rara vez se deja en paz. Cuando tengo trenzas me observan más, me vigilan más. Pues bien, a los pocos días de estrenar mis trenzas volvió a pasar lo de siempre. Estaba sentada en un café, esperando mi pedido, cuando un hombre de mediana edad se acercó hasta la mesa y me dijo: “Lamento interrumpirle el descanso, pero ¿me puede atender? ¿Me puede mostrar la carta?”. ¿Tan evidente que ni se le ocurrió dudarlo? Su tono no era agresivo, pero llevaba la violencia de quien cree actuar desde una obviedad: para él una mujer como yo, sentada en ese lugar, solo podía estar ahí para atenderlo. El cuento de siempre, gente ayudándole al racismo y al clasismo funcionar a sus anchas. El comentario de mi sobrina me dice que ya sabe calcular el costo. Ya aprendió, a sus diecisiete años, sin que nadie se lo enseñara en un salón de clase, que hay estéticas que se pagan con exposición. Que ponerse las trenzas puede significar que un desconocido decida, en un café cualquiera, recordarte cuál cree él que es tu lugar. Le respondí a mi sobrina lo que creo: “¡No, señora! Hágase sus trenzas. Que el mundo aprenda. Nosotras no tenemos por qué dejar de hacer las cosas que nos gustan y que hacen parte de nuestras estéticas, nada más porque hay desgraciados en el mundo que se creen muy superiores”. Después de pensar y pensar, sigo creyendo cada palabra. No es negociable. La respuesta a la discriminación no puede ser que nosotras nos hagamos más pequeñas, que nos alisemos, que nos apaguemos, que renunciemos a lo que nos gusta para no incomodar a quien nos desprecia. Eso sería darles la victoria completa, que sería nuestra renuncia. Y sin embargo. Ahora soy yo la que tiene miedo. Porque una cosa es plantarme yo (adulta, algo curtida, con las palabras listas y la rabia entrenada). Y otra muy distinta es mandar a mi sobrina de diecisiete años a un mundo que ya la vi anticipar con temor. Cuando le dije “que el mundo aprenda”, le estaba pidiendo, sin darme cuenta, que fuera ella parte de la lección. Que pusiera el cuerpo. Que aguantara el comentario algunas veces amable y casi siempre demoledor para que otras, algún día, no tengan que aguantarlo. Esa es la trampa en la que nos agarran. Cuando agreden con el racismo nos mantienen a la saga, con la obligación de resistirlo. La misma trenza que quiero pasarle, tejida con el gusto por su propio cabello, las horas de conversación mientras se teje, la certeza de que es hermoso, viene con una coraza pegada que yo no escogí y que ella tampoco. Yo quisiera heredarle solo lo bonito. Quisiera no tener que heredarle también el miedo. Pero no me toca a mí escoger, parece que le toca a un país decidir si va a seguir obligando a unas niñas a ser valientes hasta para poder peinarse como quieran. Así que lo sostengo, aunque me tiemble un poco la voz: hazte tus trenzas, negra. Que el mundo aprenda. Y ojalá aprenda rápido, porque el miedo no debería ser el precio de regalarte un peinado en tu cumpleaños.

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‘Los Bárbaros’: ser y sentirse parte de la reconstrucción

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Por Beatriz Valdés Correa, líder de Comunicaciones e Incidencia de ILEX Acción Jurídica. El 10 de agosto de 2026, Yossuar Moreno Moreno durmió apenas una hora. ‘DJ Yomo’, como lo conoce todo el mundo, había terminado su trabajo en la fiesta quibdoseña bien avanzada la madrugada, y ya asomaba el sol cuando él apenas iba a tocar la cama. No duró mucho el sueño. A las 7:34 lo despertó el movimiento de la tierra. Un temblor de 7.4 grados sacudió el país, pero con mayor fuerza el Chocó y varios departamentos vecinos. Sabría después que el terremoto, aunque él no usa esa palabra, sino que dice “lo que pasó”, dejó 331 muertos en todo el país. Pero ese lunes no hubo mucho más que confusión. Darse cuenta de la magnitud de la tragedia, andar un poco la ciudad y estar con su familia. El martes, un amigo suyo publicó un estado en WhatsApp que cambió la forma en la que él y más de 150 jóvenes en Quibdó, la capital de Chocó, enfrentarían la catástrofe. Ese 11 de agosto llegaron a la Diócesis de Quibdó dos camiones llenos de ayuda humanitaria, pero no había quien los descargara. El llamado de su amigo era a que todos los jóvenes fueran a poner el hombro. Yomo, de 30 años, acudió al llamado, como lo hicieron otros que vieron el mensaje y regaron la petición, porque en Quibdó todo el mundo se distingue entre sí. Deimer Córdoba Murillo también fue. La misma mañana en la que a Yomo lo despertaba el terremoto, a Deimer se le sacudían los pies mientras regresaba a casa después de hacer su rutina en el gimnasio. Córdoba, de 27 años, es madrugador. Todos los días los empieza con ejercicio, que es lo que más le gusta y por lo que se hizo licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Entonces, claro, lo que pensó ante el llamado a descargar camiones era que esa fuerza, acumulada durante años, podía ser de ayuda. Y lo fue. Después de esos primeros dos camiones llegaron decenas más con toneladas de comida, agua e implementos necesarios para que las familias afectadas por el sismo pudieran gestionar su día a día: desde enlatados y colchonetas hasta productos de gestión menstrual. La carga era pesada. Por eso la comunidad que presenciaba la cadena humana, cajas y cajas que pasaban de mano en mano, con ritmo, con rapidez, empezó a exclamar: ¡Qué bárbaros! ¡Cómo cargan todo eso, son unos bárbaros! El nombre quedó. Está plasmado en las dos camisetas, la blanca y la negra, que recibieron como donación de un privado y de la Gobernación para identificarse. Son las prendas que terminan empapadas de sudor al final del día. Por el trabajo, por supuesto, pero también por el baile, por la recocha y, como dicen Yomo y Deimer, por la alegría. La alegría que también hace sudar. “¡Estamos listos para servir! Si quieres venir, pues vení”. Ese lema, cantado y bailado, anima la solidaridad. No solo la de los jóvenes de Quibdó que descargan los camiones sin recibir pago alguno, sino también la de una comunidad entera que se ha ocupado de alimentarlos y cuidarlos. Yomo recibe mensajes y llamadas a lo largo del día. Una persona le escribe para decirle: “¿Dónde están? ¿Tienen agua? Les voy a mandar 50 refrigerios”. Otra lo llama para decirle que ya pueden ir a almorzar en una olla comunitaria. Y todos les agradecen. Es una cadena de solidaridades. “Los Bárbaros son un grupo de jóvenes que a donde llegamos tratamos, desde lo que somos, desde lo que nos caracteriza, de llegar con energía y con el folclor para que la gente sienta que no están solos, para que sientan que la tristeza la podemos convertir en alegría, obviamente sin olvidarnos de lo que está pasando o de lo que pasó”, dice DJ Yomo. En una ciudad en la que ser joven ha sido un estigma durante demasiado tiempo, la tragedia modificó la mirada. ‘Los Bárbaros’ y ‘Las Barbaritas’, como les llamaban a las jóvenes que también cargan, agregaron una capa a esa cosa ya tan documentada y aparentemente inamovible, esa realidad de hace tantos años: Quibdó es una ciudad en la que existen pandillas y grupos armados que tienen alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo insurgente, y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un grupo paramilitar. Esta alianza violenta funciona reclutando a jóvenes que están a merced porque viven la pobreza y falta de acceso a derechos y servicios, como infraestructura en salud o conectividad. Lejos de ser un hecho casual, estas condiciones son producto del racismo estructural que se manifiesta en el abandono histórico a una región mayoritariamente formada por gente negra. En otro momento en el que, como ahora, la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y los colegios estuvieran cerrados, el conflicto ya se hubiera tragado a varios. Jóvenes con los que hablé hace algunos meses me lo dijeron: en el paro la gente se retira de la universidad. Mientras los jóvenes están desocupados, una voz vecina o amiga plantea un negocio del que después es imposible salir. Lo es porque los tentáculos del crimen son largos, pero también porque las autoridades e instituciones no se enfocan en prevenir, sino que rara vez actúan, y eso significa que, una vez más, los jóvenes pagarán con cárcel o muerte. Entonces, esta solidaridad en medio de la catástrofe resulta ser una protección: ellos ayudan, pero también reciben apoyo y reconocimiento. Deimer Córdoba lo ve así: — Al comienzo teníamos muchos nervios por los comentarios de que podía haber réplicas, pero ahora, como estamos enfocados en ayudar y descargar, el ánimo es diferente. Tenemos la mente con la sensación y con la alegría de saber que estamos aportando desde lo que podemos, dar nuestro granito de de arena para ayudar al Chocó. — ¿Te sientes parte de la reconstrucción?, le pregunto. — Me siento parte, la verdad. Y anímicamente me siento mejor. Porque sé

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Recuperar la imaginación política en tiempos difíciles

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Por Audrey Mena, directora de ILEX Acción Jurídica Las elecciones terminaron. Los votos fueron contados, comenzaron los empalmes, se anuncian los nombres del nuevo gabinete y el país debería estar entrando en una nueva etapa de debate sobre prioridades y políticas públicas. Pero Colombia parece incapaz de hacer esa transición. Para unos, los nombramientos anunciados por el presidente electo confirman el temor de un giro autoritario. Para otros, persiste la sospecha menos concreta, pero no por ello menos real, de que ciertos sectores económicos y políticos, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, impidan cualquier transformación sustantiva. No son miedos del mismo tipo. El primero se apoya en trayectorias verificables; el segundo, en una lectura estructural del poder. Pero ambos alimentan la misma sensación, el miedo sigue gobernando la conversación. Y quizás ese sea el dato político más importante que nos dejaron estas elecciones. Durante años hemos repetido que el gran problema de Colombia es la polarización. Cada vez estoy más convencida de que la polarización no es la enfermedad, sino apenas el síntoma. La enfermedad es que somos un país que nunca aprendió a reconocer el trauma colectivo que dejó la violencia. Durante décadas crecimos en medio del conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, la corrupción y una desigualdad persistente. Aprendimos a desconfiar del Estado, de las instituciones y, muchas veces, de quien piensa diferente. La violencia dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una manera de interpretar la realidad. Los traumas colectivos no desaparecen cuando disminuyen los enfrentamientos, permanecen en la forma en que una sociedad entiende el poder, responde a la incertidumbre y se relaciona con el otro. Cuando un trauma no se reconoce, encuentra otras maneras de expresarse: rabia, sospecha, necesidad permanente de encontrar culpables y la sensación de que cualquier cambio representa una amenaza existencial. Detrás de quienes votaron por la derecha y de quienes votaron por la izquierda existe la convicción compartida de que nadie cree que Colombia pueda seguir igual. Quienes respaldaron opciones de derecha expresaron, en su mayoría, una preocupación legítima por la inseguridad, la pérdida de confianza institucional y el deterioro económico. Quienes apoyaron opciones de izquierda manifestaron una inconformidad igualmente legítima frente a las desigualdades históricas, la exclusión y la urgencia de ampliar derechos. Las respuestas son distintas, pero la pregunta que intentan responder es, en el nivel ciudadano, la misma: ¿Cómo cambiamos un país que millones de colombianos sienten que ya no les ofrece certezas? Esa coincidencia ciudadana, sin embargo, no debe leerse como un consenso nacional sobre el cambio, porque no significa que todos los actores con capacidad real de decisión compartan ese interés. Sectores económicos y políticos con poder de veto, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, han demostrado una y otra vez su capacidad para bloquear las reformas que tocan su posición. Que la ciudadanía coincida en la necesidad del cambio no garantiza que quienes deciden coincidan en permitirlo. Y es ahí donde aparece una consecuencia más profunda del trauma colectivo, la pérdida de nuestra imaginación política. Las sociedades heridas tienen dificultades para imaginar futuros distintos, no por falta de inteligencia o creatividad, sino porque el miedo reduce el horizonte de posibilidades. En lugar de construir proyectos propios, organizan su política alrededor de aquello que desean evitar. Por eso nuestra conversación pública está llena de comparaciones, como el temor a ser el espejo de Argentina, El Salvador o Estados Unidos. Aprender de otras experiencias es sano; pensar exclusivamente a través de ellas, no. Cuando dejamos de preguntarnos qué necesita Colombia para preguntarnos qué ejemplo extranjero confirma mejor nuestros temores, renunciamos a imaginar un proyecto nacional propio. Escribo estas líneas no solo como ciudadana, sino como directora de ILEX Acción Jurídica, una organización que ha acompañado a poblaciones afrodescendientes que han vivido la guerra, el racismo, el despojo y el abandono estatal. Y si algo nos han enseñado esas comunidades es que la imaginación política nunca desapareció de Colombia. Lo que ocurrió fue que dejamos de reconocer dónde estaba. Mientras el país discutía cómo sobrevivir al conflicto armado, las parteras del Pacífico siguieron imaginando cómo proteger la vida. Durante la pandemia reorganizaron sus prácticas, fortalecieron redes comunitarias de cuidado y demostraron que el conocimiento ancestral también podía responder a una crisis sanitaria global, sin esperar a que llegara una política pública. Lo mismo ocurrió con el viche, tratado durante décadas como bebida ilegal donde en realidad existía una compleja economía cultural, sus productoras y productores insistieron en imaginar que ese conocimiento fuera reconocido como patrimonio. Y, antes de que existiera una ley que lo protegiera, existió una comunidad capaz de imaginar que ese reconocimiento era posible. Y mientras el Chocó aparecía en las noticias como sinónimo de violencia, procesos como Jóvenes Creadores del Chocó apostaron por la danza, la música y el arte, y construyeron escuelas y proyectos de vida para niños y jóvenes donde muchos solo veían un territorio condenado. Esa apuesta, que puede parecer únicamente cultural, es una negación a aceptar que la violencia tenga el monopolio del futuro. Podría mencionar también a los consejos comunitarios que protegieron los bosques antes de que el país hablara de justicia climática, o a quienes insistieron durante años en que sin datos étnico- raciales no habría igualdad real. Todas esas experiencias nacieron de la imaginación, no del poder. Y quizás ese sea uno de los mayores aportes que las comunidades históricamente excluidas pueden hacer hoy a Colombia, la justicia racial también consiste en ampliar quiénes tienen derecho a imaginar el futuro del país. Durante demasiado tiempo hemos tratado a las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y populares como destinatarias de políticas públicas, cuando en realidad han sido creadoras de algunas de las respuestas más innovadoras sobre cuidado, economía, cultura, territorio y desarrollo que tiene Colombia. Quizás el mayor desafío de los próximos años no sea demostrar quién tenía razón en estas elecciones, sino recuperar la capacidad de imaginar un país distinto, uno donde la seguridad y la

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Avanzar hacia la transformación: desafíos del Foro Permanente en la garantía de derechos de afrodescendientes

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Por: Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica La quinta sesión del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes en Ginebra es, en muchos sentidos, un momento de balance. A cinco años de su creación, y a veinticinco del Programa de Acción de Durban, el Foro se enfrenta a una pregunta ineludible: ¿Qué ha cambiado realmente en la vida de las personas afrodescendientes en el mundo? El Foro Permanente, conformado para mejorar la seguridad, calidad de vida y derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, ha logrado algo importante: abrir la puerta a una diversidad de actores. Desde Estados, organismos internacionales, sociedad civil, comunidades afrodescendientes hasta juventudes que históricamente habían sido excluidas de la conversación global. Y sí, definitivamente hay avances. El racismo estructural pasó de ser una categoría disputada a un hecho reconocido. También existe un ecosistema multilateral, integrado con mecanismos como el propio Foro, el Mecanismo de Expertos sobre Justicia Racial y los órganos de tratado. Y tenemos una agenda global que ha logrado posicionar temas antes marginales: la violencia policial racista, la invisibilidad estadística, las desigualdades en salud y educación, y más recientemente, la relación entre cambio climático y racismo, como lo vienen expresando países como Brasil y Colombia. Pero ese mismo balance revela sus límites. Por un lado, la apertura no es sinónimo de poder. La arquitectura misma de un espacio como el Foro sigue reproduciendo asimetrías profundas, intervenciones breves, agendas saturadas y espacios limitados para la deliberación sustantiva. Se escucha a muchos, pero se decide entre pocos. Por otro lado, en los distintos discursos de apertura del Foro hubo un consenso sobre las desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes siguen estando profundamente arraigadas en los legados de la esclavitud y el colonialismo, y continúan reproduciéndose en las instituciones, los mercados y las políticas públicas contemporáneas. En otras palabras, el diagnóstico está. El problema, creemos todes, es de transformación. A ello se suma un hecho reciente que marca un punto de quiebre en el derecho internacional y redefine el presente, el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como un crimen de lesa humanidad. Pero genera preguntas: ¿por qué si la esclavitud es un crimen de esa magnitud, sus consecuencias son tratadas como simples desigualdades sociales? Pues realmente son efectos no resueltos de un crimen internacional, pero el sistema aún no cuenta con un instrumento que esté a la altura de esa afirmación. Ese es el trasfondo de una de las discusiones más importantes que atraviesa el Foro: el impulso final hacia la adopción final de una Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Desde Ilex creemos que también es necesario recordar que hoy existen múltiples instrumentos. Desde la Convención contra la Discriminación Racial hasta el Programa de Acción de Durban, pero su implementación sigue siendo fragmentada, desigual y, en muchos casos, insuficiente. A pesar de los avances institucionales, el sistema internacional opera como un conjunto de piezas dispersas: comités, relatorías, mecanismos de expertos, espacios consultivos… Todos relevantes, pero sin un eje articulador que permita traducir estándares en transformaciones reales. Una declaración robusta, entonces, sería estratégica y articuladora. Podría, en primer lugar, ordenar el sistema internacional, funcionando como un marco interpretativo común que alinee los distintos mecanismos existentes y fortalezca su capacidad de incidencia frente a los Estados. En segundo lugar, podría cerrar la brecha entre reconocimiento y acción, en un momento en que el propio Foro insiste en la necesidad de pasar de los compromisos a la implementación efectiva. Y podría, en tercer lugar, incorporar dimensiones que hoy el derecho internacional no ha logrado integrar plenamente. Entre ellas, la conexión entre cambio climático, desigualdad racial y desarrollo global, porque las comunidades afrodescendientes enfrentan de manera desproporcionada los impactos de la crisis climática, no por azar, sino por la forma en que la historia ha distribuido el territorio, la riqueza y el poder. Para esto se necesita una declaración distinta de las que ya conocemos. El propio Foro ha señalado que el momento actual exige avanzar hacia la justicia reparatoria. No solo como reconocimiento simbólico, sino como transformación material de las condiciones que sostienen la desigualdad. Esto implica hablar de redistribución, de inversión pública, de acceso a la tierra, de reparación económica y de reconstrucción de dignidad. Ahí está el verdadero desafío. Una declaración robusta, anclada en las realidades contemporáneas y en la necesidad de reparación estructural, puede convertirse en el instrumento que el sistema internacional aún no tiene. Para ser transformadora, además, es necesario reconfigurar las condiciones de participación, fortalecer las alianzas entre actores y consolidar una agenda colectiva que permita pasar de la representación simbólica a la incidencia real. Porque, en última instancia, la pregunta no es solo qué se decide en estos espacios, sino quién tiene la capacidad de influir en esas decisiones y bajo qué condiciones. Particularmente creo que el Foro ha hecho su parte como un espacio de incidencia, es decir, ha producido diagnósticos, recomendaciones, ha abierto espacios y ha posicionado agendas. Pero el reto que planteo, pasar del balance al punto de quiebre, necesariamente pasa por decidir si el derecho internacional está dispuesto, finalmente, a transformar lo que durante décadas solo ha sido solo capaz de nombrar.

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COMUNICADO | Rechazamos las críticas que profundizan y reproducen estereotipos racistas y sexistas contra las mujeres negras en la Función Pública

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Nos dirigimos a la opinión pública para expresar nuestra preocupación y rechazo ante las recientes críticas a funcionarios públicos, acompañadas de prejuicios raciales y sexistas. En particular, nos preocupa y rechazamos el tratamiento mediático y discursivo hacia mujeres negras en altos cargos del Estado, como es el caso de la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina. El 23 de mayo de 2025, el Presidente de la República replicó en su cuenta de X un video que contiene afirmaciones que reproducen estereotipos racistas y sexistas hacia las personas negras, en particular hacia las mujeres negras. En el video se afirma que la gente negra que denuncia el racismo se victimiza a sí misma y se afirma que la denuncia del racismo y el patriarcado al interior del Gobierno es utilizada como una forma de evadir la responsabilidad política por las acciones propias. El mensaje pone en duda también la comprensión del racismo y cuestiona competencias y habilidades de la Vicepresidenta y otros funcionarios afrocolombianos que han liderado carteras ministeriales durante el actual Gobierno, usando prejuicios racistas y sexistas como discursos válidos. Esta réplica realizada por el Presidente reproduce violencias simbólicas, continúa debilitando la reputación institucional y la confianza ciudadana en el gobierno. El uso de estos estereotipos contra las mujeres negras es un ejemplo de Misogynoir, que surge de la combinación de las palabras “misoginia” y “noir” (que significa “negro” en francés) y describe un tipo específico de opresión que experimentan las mujeres negras, a menudo caracterizado por una combinación de racismo y sexismo, lo cual incide en cómo somos percibidas, tratadas y muchas veces consideradas como indignas de respeto. Éste ha sido utilizado para describir experiencias como el trato a la Jueza afroamericana de la Corte Suprema de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson por parte de sectores de la prensa durante sus audiencias de confirmación. Reconocemos plenamente que el control ciudadano y la crítica a los altos funcionarios públicos es un derecho fundamental. En Colombia, los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y tienen el deber de rendir cuentas. Sin embargo, esa crítica no debe recurrir a estereotipos raciales o de género. Esto es fundamental, incluso cuando la misma crítica es formulada por personas negras, pues nada justifica usar estereotipos racistas y misóginos. Las mujeres, estaremos siempre dispuestas a escuchar las críticas constructivas, objetivas y respetuosas a nuestro trabajo y a corregir lo correspondiente. Esperamos que las críticas realizadas a su gestión, le sirvan a la vicepresidenta para fortalecer su labor. Los cuestionamientos a la gestión del actual gobierno en temas puntuales que afectan los derechos y garantías de la población afrodescendiente en Colombia, así como los realizados de manera directa a los avances e impacto del Ministerio de Igualdad, deben ser tramitados con la mayor seriedad y agilidad por parte del gobierno para dar respuestas claras a los/as ciudadanos/as. Sin embargo, no acompañaremos el uso de prejuicios racistas y sexistas, además de negacionistas para silenciar las voces de las mujeres negras que denuncian racismo y sexismo. Como mujeres y en especial, como mujeres negras, rechazamos categóricamente los mensajes que reafirman nuestra supuesta falta de capacidad para la gestión pública, nuestra emocionalidad exacerbada o que sugieren que nuestras denuncias de racismo y sexismo son meras excusas. Los estereotipos amplificados en el video mencionado son dañinos y limitan la percepción de nuestras habilidades y contribuciones. Hacemos un llamado a continuar con la formulación de la crítica política de manera respetuosa. Es posible y necesario ejercer el control ciudadano y la rendición de cuentas sin acudir a estereotipos dañinos. Se necesitan cambios a nivel estructural en nuestra sociedad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, para abordar cómo se percibe y trata a las mujeres negras en posiciones de poder. Firman, Movimiento de mujeres unidas diversas y emancipadas – MUDE Afroresistance Instituto Marielle Franco Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMUAFROC Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – C.N.O.A DEJUSTICIA Women’s Link Worldwide Corporación Humanas Asociación Colombiana de Economistas Negras – Mano Cambiada Red mariposas de alas Nuevas Laboratorio de Justicia y Política Criminal Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul, Brasil AMAFROCOL Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena y Boliviar Fenacoa Organización Social de Base de Comunidades Negras Denominada ” Futuro Social “ ONG Despertar-Tumaco Asociación de comunidades negras del Cesar KU SUTO. Corporación Amigos de la Unesco SINDHEP Fundeafro Quindío SINALTRAINAL Anyela Perea Lasso Liliana Fernanda Mendez Cabezas María Del Pilar Catacolí Vásquez Berarda Vasquez Noriega Yannia Sofía Garzón Valencia Martha Lorena Rosales Solartes Ingrid Paola Hurtado Sánchez Maritza Mosquera Martínez Maria Eugenia Betancur Naki Cristancho Edna Yiced Martinez Loretta Alejandra Meneses Moreno Anyela Valencia Estupiñán Laura Daniela Palacios Bonilla Caridad Restrepo Restrepo Luna Laverde Estela Simancas Mendoza Debbie Patricia Hernández Berrio Glenda Palacios Anye Rengifo Arlin Berrio Meza Zonia Benavides María Luzidalia Zambrano Paz Isabella López M Carolina Fernández Tovar Sher Herrera Martínez María Helena Quiñonez Lina Muñeton Kelly Johana Palacios Bonilla Edianny Ramos Valoyes Luisa Fernanda González Murillo Maura Alzate Giraldo Sara Catalina Viveros Granja EDYD torres Martha Cecilia Palacios Balanta Debaye Mornan Doris Clemencia Cortés Urbano Lilia Valentina Losada Mosquera María Paula Cabrera López Lusimar Asprilla Morales Milanys Arroyo Santos Yurleidy Perea Chaverra Gloria Patricia Palacios Villalobos Rafael Navarro Carrasco

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El regreso a clases y el racismo escolar: ¿Estamos listos para enfrentar esta realidad?

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Por: Audrey Mena, subdirectora de ILEX Acción Jurídica El inicio del año escolar es un momento clave para reforzar valores como la inclusión, el respeto y la diversidad. Sin embargo, para miles de estudiantes afrocolombianos, este regreso a clases significa también volver a enfrentar actitudes y prácticas racistas que afectan su bienestar y desarrollo educativo. El racismo en las escuelas no es solo un problema interpersonal; es un reflejo de dinámicas estructurales que han permeado la educación por décadas, como reflejo de la sociedad y que siguen vigentes en diversas formas de discriminación, a menudo invisibilizadas. Las expresiones del racismo escolar son diversas. Desde los apodos y burlas discriminatorias, que reducen a los niños y niñas afrocolombianos a categorías humillantes en lugar de reconocerlos por su identidad y nombre propio, hasta la reproducción de sesgos en los textos escolares que, históricamente, han retratado a las personas afrodescendientes como esclavizadas, en roles subalternos o simplemente han invisibilizado sus aportes en la historia y la cultura. También se encuentra el racismo en las expectativas que se depositan sobre los y las estudiantes afro, limitando sus posibilidades académicas al asumir que tienen habilidades “naturales” para la danza o el deporte, pero no para la ciencia, la filosofía o las matemáticas, esencializándoles. Asimismo, la falta de representación en los espacios de liderazgo dentro de las instituciones refuerza la idea de que ciertos grupos raciales no tienen un lugar legítimo en la toma de decisiones y en la producción de conocimiento. Por ejemplo, entre 2018 y 2022, la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá reportó 109 casos de racismo en instituciones educativas de la ciudad. Las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe registraron el mayor número de incidente. A nivel nacional, Bogotá presenta el mayor número de casos reportados por discriminación y racismo, seguida de ciudades como Medellín, Cartagena y San Andrés. El ámbito educativo es uno de los escenarios donde más se evidencian estas situaciones. Tambien en Medellín, una encuesta realizada por la Personería Distrital reveló que, de 42 instituciones educativas consultadas, 29 reconocieron la existencia de casos de discriminación racial y xenofobia. Además, se identificó la falta de protocolos con enfoque diferencial para atender estas situaciones, lo que dificulta una respuesta adecuada. El problema no es menor. La discriminación racial en entornos escolares no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además puede derivar en consecuencias psicológicas y emocionales graves, afectando la autoestima, el sentido de pertenencia y la permanencia en el sistema educativo. A pesar de los avances normativos, Colombia aún carece de una estrategia nacional efectiva para prevenir y sancionar estos actos de discriminación racial. No hay un protocolo claro y unificado que permita garantizar respuestas oportunas y efectivas, lo que deja a miles de estudiantes en una situación de desprotección. Esto no solo es una falla administrativa, sino también una omisión que perpetúa la violencia racial en las aulas. Aquí le hacemos una advertencia al Estado y en especial al Ministerio de Educación, por su incumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional. Ilex ha hecho seguimiento de la expedición de un protocolo para atender las situaciones de discriminación racial y este nunca ha sido desarrollado de forma específica, el Ministerio de Educación ha evadido sus responsabilidades de reconocer la discriminación racial como un tema que afecta el goce de derechos de muchos estudiantes afrodescendientes, y parece asumir que el enfoque de género es suficiente y abarca todas las complejidades del acoso escolar. Es necesario que el Estado implemente acciones concretas, como la capacitación obligatoria para docentes y personal educativo en el reconocimiento y manejo de casos de racismo; la incorporación real de la historia y cultura afrocolombiana en los programas educativos y no solo en conmemoraciones esporádicas que recaen precisamente en otros escenarios de exclusión; la creación de protocolos claros de denuncia y sanción accesibles para estudiantes y familias, y el fortalecimiento del acompañamiento psicológico y legal para las víctimas. Sin estas medidas, el racismo seguirá siendo una realidad cotidiana en las aulas, reforzando la exclusión y el silencio. Es fundamental recordar que la discriminación racial no es solo una falta ética o un problema de convivencia: es un delito. El Código Penal colombiano, en su artículo 134a, tipifica la discriminación racial como una conducta punible y establece sanciones para quienes la cometan. Es decir, no podemos tomarnos tal asunto a la ligera, como lo han hecho muchas instituciones educativas cuando tienen estos casos, demeritando estas experiencias. La Corte Constitucional ha señalado en la sentencia T-691 de 2012 y más recientemente en la sentencia T-198 de 2022 que, la discriminación racial en entornos escolares no puede analizarse bajo las reglas ordinarias de la carga de la prueba, reiterando la gravedad de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas situaciones, sino que exige la aplicación del principio de inversión de la carga probatoria. Esto significa que no es la víctima quien debe demostrar que fue discriminada, sino que es la institución educativa la que debe demostrar que no discriminó. Esta inversión de la carga de la prueba responde a la necesidad de garantizar justicia en contextos donde la discriminación suele estar naturalizada y es difícil de evidenciar. La educación es un derecho y un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, pero no puede cumplir su función si sigue reproduciendo las mismas estructuras de exclusión que pretende superar. Es responsabilidad del Estado, las instituciones educativas, las familias y la sociedad en su conjunto garantizar que las escuelas sean espacios seguros, donde todos los niños y niñas puedan aprender y desarrollarse sin temor a ser discriminados. No es suficiente con discursos de diversidad o campañas temporales; se necesitan acciones concretas y sostenidas en el tiempo. El racismo en las aulas no es un problema menor ni aislado, es una manifestación del racismo estructural que atraviesa el país y como tal debe ser tratado. No podemos permitir que otra generación de estudiantes afrocolombianos crezca en un sistema que les

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Yo tampoco confío en la policía

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En Colombia, han querido llamar manzanas podridas a los agentes de policía que cometen actos de abuso de poder y autoridad en contra de la ciudadanía. Los agentes de policía acusados de violentar sexualmente a mujeres en marchas o de quitarle la vida a niños y adolescentes negrxs en barrios empobrecidos de la ciudad de Cartagena o Cali no podrían ser manzanas podridas, más bien son el fruto de una institución creada para aislar y controlar a la población, especialmente a la población negra. La Policía, una institución que surgió hace menos de dos siglos, se origina para controlar cuerpos disidentes de la normatividad: personas negras, afro, indígenas, LGBTQ+, etc. Esta institución basa su origen en la falsa dicotomía de “buenos y malos”. Los buenos, por supuesto: personas heteronormadas, clase alta, privilegiadas hasta los tuétanos, las cuales sostienen el status quo, que además les favorece por el simple hecho de existir. Por el otro lado, “lxs nadie”, nosotres: personas con diverso origen étnico-racial, disidencias sexo-género, empobrecidas, trabajadores de la economía popular, mujeres, jóvenes, todxs arrastradxs en un sistema pensado desde sus inicios para borrarnos. “La vigilancia policial durante la época de las colonias americanas no solía tener el objetivo de controlar la delincuencia, sino más bien el de mantener el orden social racial, asegurar una mano de obra estable y proteger los intereses de propiedad de la clase privilegiada blanca. Las patrullas de esclavos fueron unas de las primeras organizaciones de vigilancia pública que se formaron en las colonias americanas. Dicho de otro modo, la supremacía blanca fue la ley que estos primeros oficiales juraron hacer cumplir1. Por eso, cuando son las 7:30 A.M de un domingo cualquiera en Cartagena y me dispongo a tomar mis cosas para ir a la playa que, paradójicamente, solo visito dos veces al año pienso siempre en mis posibilidades de volver por las realidades que me atraviesan como mujer, que van desde la alta exposición a acoso, violencia sexual hasta saberme sola en una ciudad que a duras penas habito y que quien dice cuidarme puede convertirse en mi victimario. Al subirme al bus, el paisaje de la ciudad -a veces tan repetitivo- me inunda. Veo, mientras avanza el transporte, cómo ese paisaje se transforma y la pobreza extrema se ve de frente con la imponencia de edificios blancos con ventanas azules que ven al mar. El semáforo cambia, miro a una señora comadreando con otra vendedora bajo el palito de caucho. Mi sonrisa espontánea va borrándose al ver las vallas tan disruptivas que entorpecen la grandeza de la Torre del Reloj. Volteo la mirada y logro ver unos auxiliares de la Policía Nacional haciendo guardia, mientras otros patrulleros pasan a toda velocidad. Al percibir mi intranquilidad, pienso, ¿es normal la presión que siento al ver agentes de una institución hecha -según ellxs- para la protección de la ciudadanía? La respuesta es sí. Hay un patrón que trasciende mi experiencia individual, y más bien se conecta con uno histórico y estructural. La policía y también otras autoridades públicas del Estado se han encargado de hacernos creer que se trata de comportamientos aislados y errores individuales, pero estos casos de abuso y violencia por parte de la policía tienen raíces históricas profundas y que tienen relación directa con cómo se ha entendido la identidad de las personas y cómo a partir de ella se les perfila, criminaliza y violenta. Existe una relación perversa entre el abuso policial y el racismo y la discriminación en relación con las violencias que se ejercen contra personas negras, afrocolombianas, indígenas y disidentes de género o con orientaciones sexuales diversas. ¿Cuándo el Estado se hará responsable por las tantísimas vivencias que experimentamos las personas negras afrodescendientes, indígenas, disidentes, al toparnos con un agente de policía y temer por nuestra vida o nuestra seguridad? Sobre esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “ya ha sostenido que la población afrodescendiente en las Américas es más susceptible de ser sospechosa de cometer crímenes, perseguida por la policía, procesada y condenada, en comparación con el resto de la población”2. En contraposición, el discurso que se ha mantenido y tomado fuerza para no cuestionar desde adentro los vínculos ya mencionados entre la fuerza pública y el racismo sistémico, para ocultar su base esencialmente racista, ha sido el de las manzanas podridas: definir que se trata de casos aislados, personas que no tenían la formación necesaria para ejercer este cargo, pero que para nada tiene que ver con la estructura racista que sostiene la misma institución. Es por esto que estas acciones se convierten en la consecuencia de un racismo que ha permeado dentro de la misma institución, como si no pudiéramos escapar de esa estructura y no hubiera ningún espacio para nosotrxs. Hace poco conocimos el caso de Luis Carlos Murillo, exintendente de la Inspección General de Policía Nacional de Colombia, quien denunció el racismo que vivió en esta institución durante más de 10 años3. Ayer se hizo viral un video donde un policía dice con claridad que “No confía en los negros”. No podríamos alcanzar a imaginar cuántos casos más de discriminación racial existen al interior de la policía, y aunque este es el más reciente, el 11 de octubre de 2022, quedó en firme la condena del caso de la expatrullera Angélica Cañizales que sufrió racismo dentro de la policía, por el cual sufrió parálisis facial e incluso, a raíz de lo ocurrido, intentó acabar con su vida. Insistimos, no es aislado, no son manzanas podridas, no es un caso y ya. Es importante entonces mencionar que, para 2022, según el Ministerio de Defensa, alrededor del 4% de las personas pertenecientes a la Policía Nacional pertenecen a la población afrodescendiente. Pero mucho más allá de las cifras y datos, se trata de nuestras vidas siempre expuestas a la discriminación y el riesgo que significa en una sociedad como esta, y en una institución tan racista como la policía, ser una persona negra afrodescendiente. Debemos, además, reiterar que lejos de lo

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“Fue un acto racista”: Juan Ramón Camarillo, hombre afro agredido por funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado

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El doctor en ingeniería fue enfático al señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual”. Juan Ramón Camarillo Peñaranda regresó a Colombia a finales del año pasado con un único objetivo: abrazar a su hijo. El ingeniero electricista y doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes, hizo una pausa en sus estudios de posdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, para pasar las fiestas de fin de año con su familia, después de casi un año de estar alejado de su entorno más cercano. Nada salió como esperaba. El 24 de noviembre, tras arribar al país por el aeropuerto El Dorado (Bogotá), Juan Ramón fue víctima de violencia física y agresiones racistas por parte de Jaime Adolfo Sánchez, un funcionario de Migración Colombia que, en un acto desmesurado de abuso de poder, atentó contra la humanidad del ingeniero después de que este le solicitó ayuda con la máquina de biometría que registra el ingreso de connacionales al país. “Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle, pero no lo hice porque estoy seguro de que si yo hubiese golpeado ese señor ya estuviera preso en este momento”, confesó Juan Ramón en diálogo con ILEX Acción Jurídica. Además, fue enfático en señalar que también fue víctima de perfilamiento racial: “Por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó”. ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Qué ocurrió exactamente tras su arribo al aeropuerto El Dorado? Llegué el día 24 de noviembre del 2022 a Colombia, específicamente al aeropuerto El Dorado. La idea era pasar el fin de año con mi familia después de un año de no estar con mi esposa y con mi hijo. Intento hacer el ingreso por medio de biometría y, bueno, la máquina no funcionaba. Le pedí ayuda al funcionario de Migración que me atendió en el aeropuerto y lo que recibí de su parte fue un trato racista. Yo he sido víctima de racismo varias ocasiones en mi vida y uno no sabe cómo va a reaccionar cuando un hecho de estos ocurre. En ese momento me alteré y comencé a responderle como me venía hablando esa persona. La situación fue escalando hasta que el funcionario ya quería un enfrentamiento físico. Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. Hay personas a las que se le garantizan los derechos más que a otras, entonces, decidí no responder. La respuesta a esa decisión fue que el funcionario me golpeó en una segunda oportunidad. Cuando me golpeó la primera vez, tuve la voluntad de responderle pero no lo hice porque estoy seguro de que si hubiese golpeado ese señor, estaría preso en este momento. ¿Cómo ha impactado este episodio su vida personal y profesional desde entonces? Después de lo ocurrido atravesé por un episodio de trastorno por estrés postraumático. Sentía que todo el mundo me estaba mirando. Algunas personas se me acercaron en la calle para comprobar si efectivamente era yo el que había sido víctima de este caso de racismo que se volvió viral. Sin embargo, no voy a permitir que ese suceso me marque o modifique mi vida profesional. Yo sigo en lo mío, investigando, haciendo mi posdoctorado en Brasil y tratando de hacer las cosas como mejor las puedo hacer. En distintos medios usted ha calificado lo que le sucedió como un acto racista, ¿por qué considera que fue así? Yo he sufrido perfilamiento por la policía desde que tengo cédula, prácticamente. Y sí, lo que ocurrió en el aeropuerto fue un acto racista, hubo perfilamiento racial. Cuando le entregué el pasaporte al funcionario de Migración Colombia le informé, en un tono normal, que las máquinas no me estaban permitiendo el ingreso por biometría. Entonces, él procedió a gritarme y a responderme de forma grosera. Al final lo que creo es que por mi color de piel la persona no me vio como un igual. Su racismo lo llevó a pensar que me podía agredir y tratar como quisiera y por eso todo terminó en lo que terminó. En el video que circuló por redes sociales se evidencia que los otros funcionarios que estaban en el lugar tampoco hicieron nada para protegerlo de las agresiones físicas y verbales de los que fue víctima. ¿Usted considera que esto también estaría ligado al hecho de que estas formas de perfilamiento racial permean todas las instituciones del país? Recuerdo que en ese momento, después de la primera agresión, había unas tres o cuatro personas de Migración Colombia rodeándome, limitando mis movimientos, mientras que el agresor estaba libre. Hubo fallas de todos los funcionarios que estaban ahí en ese momento. Es decir, ¿cómo permiten que se repita la agresión? Digamos que no tenían cómo prever el primer golpe, pero el segundo sí. Otra cosa grave que pasó y no se ve en los videos es que antes de entrar al cuarto en donde iba a poner la queja, el agresor se acercó a mí una tercera vez. Y se acercó bastante. Supongo que lo que él quería era que yo le pegara para tratar de equilibrar la situación, pero yo no le seguí el juego. Los funcionarios de Migración Colombia tampoco detuvieron al agresor tras los ataques, ni lo apartaron de la sala a la que usted fue conducido para reportar la queja, afectando así la confianza en el debido proceso y vulnerando su derecho a recibir justicia. ¿Cómo considera que ha sido el accionar de la entidad durante este proceso? Una vez entré al cuarto, los funcionarios de Migración Colombia me dejaron esperando unos 30 o 40 minutos porque no tenían claro cuál era el procedimiento en

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Cristobal Colón y los 530 años del holocausto indígena en Abya Yala (América)

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Cristóbal Colón, un viejo navegante italiano del Mediterráneo que ya había sido atacado por piratas, partió de las islas Canarias el 8 de septiembre, y llegó a una isla en el occidente del Atlántico el día 12 de octubre de 1492. Agotado, el “héroe” colonial* escribió en su diario que finalmente había llegado a las islas del Asia oriental, cerca de “Cipango” (Japón): “Vuestras Altezas (los reyes Católicos de España), como católicos y cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana […], y enemigos de la secta de Mahoma […], pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a dichas partes de India, para ver los dichos príncipes, y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas. y de todo. y la manera que se pudiera tener para la conversión dellos a nuestra santa fe”, se lee en la versión de Bartolomé de las Casas del Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón. Durante el primer siglo de la “Europa Latina”, las enfermedades que desembarcaron con los colonizadores y el sistema esclavista gestaron el exterminio de más del 90% de la población originaria de todo Abya Yala. Este fue el segundo periodo más mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, tan solo superado por la Segunda Guerra Mundial. La historia de la barbarie ha sido históricamente invisibilizada. Poco se habla de las minas de plata de Potosí (hoy Bolivia) en donde fueron aniquiladas millones de personas indígenas (“cuerpos de extracción”), explotadas, envenenadas y calcinadas por los europeos. Tampoco es casualidad que los libros de historia en las escuelas oculten lo que fue el genocidio de Tóxcatl, en México, en 1520; o el magnicidio del Inca Athahuallpa, y miles de personas indígenas que lo acompañaban en Cajamarca, Perú, en mayo de 1533. Durante la “asimilación” colonial, católicos y protestantes, argumentando que tenían la “única religión verdadera”, despojaron a estas comunidades indígenas de sus dioses y de su humanidad y orquestaron una empresa de aculturación de consecuencias inconmensurables: “Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea”, escribió el inglés William Howitt, en 1838. Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea Varios siglos después, en los relatos de los estados americanos sobre la nación, los pueblos indígenas siguieron siendo descritos como “bárbaros, no modernos e incivilizados”, y las comunidades negras como “inexistentes” o, en el mejor de los casos, como “una extensión de lo indígena”. Las conmemoraciones por el 12 de octubre son otra oportunidad para reiterar al Estado colombiano su obligación de implementar medidas que promuevan el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de los pueblos índigenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Las reparaciones históricas son necesarias para resarcir los impactos de un legado colonial que, como denunció Frantz Fanon, distorsionó, desfiguró y destruyó el pasado y saberes ancestrales de las poblaciones oprimidas, gestando así un “epistemicidio masivo”. Manuel Zapata Olivella describió así este episodio de barbarie en las Claves Mágicas de América (2020): “La mente asustada trata siempre de imaginar que el genocidio contra la etnia indígena de América pertenece a un pasado superado. Infortunadamente el miedo, como en el caso del avestruz, no destruye la realidad. Los sobrevivientes de los pocos grupos aborígenes que aún quedan en América están amenazados de muerte en todas partes”.

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