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El poder de las mujeres afrodescendientes en Colombia

En Colombia hay 22,6 millones de mujeres que lideran 14,2 millones de núcleos familiares. Esto es equivalente a que el 40.7% de los hogares los lidera una mujer según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. De este porcentaje el 47% que se autorreconoce dentro de un grupo étnico, residen en las zonas rurales del país y el 33.1% se consideran negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes. Apropósito del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, es imprescindible reflexionar sobre la situación de estas mujeres en Colombia, sobre su aporte en la movilización de economías locales en las regiones con alta influencia étnica y en cómo han estructurado formas diferentes de vivir, donde la riqueza no está en la capacidad de acumular, sino en la capacidad de distribuir, en la capacidad de coexistir con las otras.   Pese a que hablar de justicia economía en Colombia, claramente tiene unas variables de género, clase, etnia y orientación sexual, que determinan su crecimiento y presentan diferencias dependiendo de dónde y de quién vengan, a este punto de nuestra historia, es necesario reconocer que en Colombia las mujeres afrodescendientes han demostrado un doble poder.  Por un lado, su capacidad de impulsar los sistemas económicos locales en los distintos territorios, que, aunque aún no les permiten romper ciclos de pobreza, si les permite hacer resistencia económica y cultural dentro de los mismos. Y por otro, el poder de desafiar los estereotipos arraigados en una sociedad estructurada desde el racismo y la discriminación. La invisibilización histórica de las mujeres afrodescendientes ha perpetuado una realidad de discriminación y exclusión. A menudo, se encuentran en desventaja tanto por su género como por su origen étnico, lo que se traduce en dificultades para acceder a la educación, el empleo y la salud. Esta situación se agrava en las zonas rurales y en comunidades afrodescendientes aisladas, donde los recursos y servicios básicos son escasos.  Generalmente las mujeres afrodescendientes son relacionadas principalmente, actividades como la docencia, agricultura, labores domésticas e incluso actividades sociales y culturales que, particularmente, son ejecutadas desde la voluntariedad y sin mucha remuneración.  No obstante, ellas han generado sin querer un modelo de prosperidad inclusiva   que va desde la transformación de recursos propios de la biodiversidad en los territorios, hasta llegar a las artesanías locales y culturales como medio de subsistencia.  Sin embargo, como sociedad, erróneamente se nos ha enseñado que, en las manos de estas mujeres, la artesanía, la agricultura, el arte y la docencia no generan escenarios potenciales de desarrollo. Que productos como las cocadas del Pacífico y el Caribe, el dulce de leche del Valle del Cauca, el cacao en Tumaco y la producción de Viche no tiene el potencial suficiente para generar plataformas de un posible mercado de exportaciones para Colombia.   Pero lo cierto es que muchas familias se han sostenido desde estos sistemas, pese a las condiciones estructurales de desventajas en el acceso a recursos básicos de vida.  Por ejemplo, la concha o piangua es un bivalvo que tiene como hábitat los bosques de manglar del Chocó biogeográfico y también es una fuente de alimento de las comunidades del Pacífico sur colombiano, liderado por las mujeres en estos territorios, que representa un ingreso clave en los hogares, además de ser uno de los alimentos propio de los municipios que conforman el andén costero del Pacífico.   Otro ejemplo es que, pese a que las mujeres negras trabajan el concepto de cuidado desde la óptica de la familia extensa donde, ya sea en términos de salud, educación y economía, hay una ayuda mutua que viene de sus saberes ancestrales. El trabajo doméstico o trabajo del hogar remunerado es una actividad laboral que cuenta con muy poca valoración a nivel social, al igual que la remuneración económica y otros factores que enfrenta como la desprotección social y precariedad. No obstante, este ha sido fundamental para la sostenibilidad de los núcleos familiares afrodescendientes en Colombia.  En esta fecha es necesario pensar que, en el caso de las mujeres afrocolombianas, negras raizales y palenqueras, hablar de autonomía económica no es solo una cuestión de derechos humanos. Es decir, de que las mujeres tienen derecho de participar en igualdad frente a los hombres en el mercado laboral y ser autosuficientes. Es un asunto de eficiencia económica en los territorios, tiene que ver con que las mujeres tengan, no solo ingresos propios, sino también la capacidad de generarlos de manera individual y colectiva y administrarlos por sí mismas. Y esto, de alguna manera, también tiene que ser asistido desde el Estado.   Hoy más que nunca, es necesario articular los emprendimientos desarrollados por las mujeres negras con cadenas productivas que les otorguen condiciones de generación y apropiación de valor agregado que les permitan ampliar sus niveles de acumulación y su poder de negociación individual y colectivo. Por Audrey Mena. La autora es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la subdirectora de ILEX Acción Jurídica.

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“Aunque las enfermeras sabían que soy un hombre trans, me llamaron insistentemente con pronombres femeninos”: Lucas Loaiza, víctima de ‘deadnaming’

Las personas trans están expuestas constantemente a la invisibilización y vulneración de sus derechos a ser llamadas y reconocidas por su nombre. Lucas ‘Lulo” Loaiza es un hombre trans de Manizales que accedió a la mastectomía a través de su EPS y terminó sufriendo un calvario dentro de la clínica que lo atendió por cuenta de prácticas discriminatorias y transfobicas en esta institución.   La cadena de vulneraciones comenzó cuando Lucas se registró en el centro médico. “Cuando llegué a la clínica a la que me iban a realizar el procedimiento, pues me tuve que registrar, y lo primero que me pareció extraño al entrar a la clínica fue que en mi manilla de identificación decía: “Lucas Loaiza. Sexo: mujer”, recordó el joven cocinero.  A pesar de que su relación con el anestesiólogo y el cirujano se habían llevado con total tranquilidad, después de la cirugía tuvo que soportar el uso constante del pronombre “ella” por parte de los funcionarios de la clínica que lo atendieron durante su recuperación.  “Eso me pareció extraño. Yo ya había realizado todos los cambios en todas las bases de datos, al menos del sistema de salud porque ya había realizado mi cambio de nombre y componente también en la cédula”, afirmó Lucas.  La pesadilla se prolongó durante varios días.  ¿Qué pasó después de la operación?  Se supone que esta cirugía era una cirugía ambulatoria, pero yo me compliqué. Me dejaron en observación y me tuve que quedar hasta el otro día. Y ahí fue donde empezó lo maluco, porque tenía que ser auxiliado, porque estaba impedido para ir al baño. Aunque las enfermeras sabían por la historia clínica que yo era un hombre trans, ellas me llamaban insistentemente con pronombres femeninos.  Todo el tiempo tuve que estar rectificándome en que era un hombre trans.  Cuando llegó el tercer día de hospitalización yo exploté.  Les pedí el traslado de clínica, o que me dejaran ir. Pensé en renunciar a mi derecho a la salud porque ya estaba supremamente incómodo. Pensaba que era mejor ir a descansar a mi casa porque mi salud mental se estaba viendo afectada.  ¿En algún momento se retractaron?  Se les notaba mucho el prejuicio. Cuando me miraban, cuando me tocaban. Incluso a mi acompañante le tocaba ir a decirle: “Oye, se te olvidó ponerle el medicamento a Lucas”.  Muchas cosas que tenían que hacer, no las hacían. Y su disculpa era que ellos casi no atendían personas trans. Eso no es excusa porque es que nosotrxs hemos existido toda la vida.  ¿Ha pasado por otras situaciones de discriminación similares? Yo me salí de la universidad porque no pude con la burocracia. Cuando yo le informé a la directora del programa que realicé un cambio de nombre, de componente en la cédula y que necesito hacerlo efectivo en sistema, ella me dice que le avise a los profesores. Cuando eso sucede, uno de estos señores me responde: “Sí, bueno no hay problema. Pero me va a tener que paciencia, porque yo lo conozco de antes” Fue como una batalla maluca, de derecho de petición y todo. O sea, me pedían que entrara a las clases con el anterior correo, que renunciara a mi identidad. Porque legalmente, cuando estamos en estos ámbitos virtuales, esto no está muy establecido, pero tengo entendido que tu correo es tu identidad.   El ‘deanaming’ y el marco jurídico colombiano Los casos de ‘deadnaming‘ o ‘necrónimo’ a personas trans o personas no binarias jurídicamente no tienen muchas referencias. Sin embargo, sí  hay una protección a la identidad de genero de las personas trans frente a los hechos de discriminación.  La Corte Constitucional ha definido el derecho a la identidad de género como aquel que tiene una conexión intrínseca con la dignidad, la igualdad, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad de la persona. A la vez, ha reconocido que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional y deben recibir un tratamiento que esté acorde a su identidad de género.  Ahora bien, frente al respeto del cambio de nombre y por esta expresión de afirmación de la identidad, la jurisprudencia precisa que la ausencia de reconocimiento del cambio o corrección de la identidad de género de las personas trans constituye un obstáculo frente al respeto de los derechos de estas, tal como ocurrió en el caso concreto.  Es  necesario mencionar también que, pese a que en una primera medida se reconozca que no llamar a una persona por el nombre por el cual se identifica es una vulneración a la identidad de genero y los derechos relacionados, exponiéndole a situaciones de discriminación, lo ocurrido con Lucas, por ejemplo, añade la dimensión de entender las garantías que se le deben dar a una persona trans cuando interactúa con el sistema de salud. Como establece la sentencia T-771 de 2013: La relación entre el derecho a la salud y la identidad sexual de las personas trans demanda la garantía de acceso a un servicio de salud apropiado con el fin de asegurar su derecho a reafirmar su identidad sexual o de género; y, por último, (v) la garantía de acceso a atención médica apropiada para las personas trans implica reconocer no solo las particularidades de los asuntos de salud relativos a las transiciones  emocionales, mentales y físicas al momento de reafirmarse sino también la situación de marginación y discriminación que enfrentan, la cual constituye una barrera de acceso al Sistema de Seguridad Social. Además de esto, las implicaciones psicológicas y emocionales que tiene atravesar por esta situación puede representar limitaciones en el proceso de identidad de las personas trans o no binarias.  De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, los principales hechos de violencia denunciados por la población transgénero en Colombia son la violencia psicológica, con 122 registros, y la violencia física, con 74 casos. Las regiones donde se han presentado la mayor cantidad de estos casos son Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Bogotá, Magdalena y Boyacá Algunas acciones jurídicas que puedes

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Las personas afrodescendientes con discapacidad necesitan garantías para el acceso a la educación y a sus derechos sexuales y reproductivos

Al menos el 15% de las personas con discapacidad en Colombia se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Pero las cifras no son del todo confiables. Según el registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia existen 1,3 millones personas con  discapacidad. La cifra, a corte del 2020, equivale al 2,6% de la población nacional.  Yina Pérez, activista y líder de Mujeres Sobre Ruedas, fundación que vela por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, asegura que esta población cuenta con “múltiples capacidades” y “aportes a la construcción de la ciudadanía y los espacios socioculturales.” Por ello, coincide en que es importante que las personas con discapacidad denuncien las barreras que les restan autonomía. Una de las principales barreras para el acceso a derechos de esta población es la invisibilidad estadística. El Registro de Localización y Caracterizacion de Personas con Discapacidad (RLCPD), principal mecanismo estatal de suministro de información sobre esta población, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por la falta de datos robustos y confiables.  (Te recomendamos leer: Sin justicia de datos no hay justicia racial: una investigación sobre invisibilidad estadística y su impacto en los derechos de la población afro) De acuerdo con el último reporte del RLCPD, al menos el 15% de las personas registradas se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Tal como lo ha evidenciado ILEX Acción Jurídica, contar con  información  estadística verídica y de calidad  sobre las condiciones vitales, sociales y económicas de las personas negras con discapacidad impedirá el diseño de políticas públicas, planes sociales y distribución de presupuesto ajustado a la realidad de esta población.  La invisibilidad estadística también impacta su acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación.  Según ONU Mujeres, las principales razones por las que esta población presenta mayores inconvenientes en el acceso a este derecho está relacionada con las barreras de acceso a estos servicios. De ese total, el 53% corresponde a barreras administrativas, en el 29% la falta de apoyos y ajustes razonables, el 11% la falta de información, y el 8% a otras barreras. Un ejemplo que resulta preocupante respecto al acceso a la salud, tiene que ver con el goce de derechos de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. A pesar de que el marco normativo colombiano protege este derecho y de que el Sistema Nacional de Salud tiene el deber de garantizarlo, la falta de ajustes razonables y las barreras administrativas continúan obstaculizando su acceso.  De acuerdo con la activista, Yina Perez, a las personas con discapacidad “se les niega la maternidad, la autonomía, y los derechos sexuales y reproductivos. Esto se evidencia cuando practican una citología sentada a una mujer usuaria de silla de ruedas, colocándola en una situación de dolor e incomodidad. Este un tema que atraviesa todo el sistema de derechos”. (También puedes leer: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial) Respecto a la educación el panorama no es muy alentador.  Según el Censo poblacional de 2018, el promedio de analfabetismo en el país  para la población en general se encuentra en 5,2%, mientras que para las personas con discapacidad el porcentaje llega al 17%. Por lo anterior, ONU Mujeres señala que entre los obstáculos para el acceso y permanencia en el sistema educativo se encuentran la falta de voluntad de la comunidad educativa y la falta de apoyos o ajustes de movilidad.  En este estudio, la ONU Mujeres concluye que, “la educación se ubica como una de las principales prioridades y acciones que debe realizar el gobierno nacional, local y la cooperación internacional para mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia”. De este modo, la principal recomendación, en procura de la dignidad de las personas negras con discapacidad, es el fortalecimiento y unificación de sistemas de registros y caracterización, los cuales cumplen un papel fundamental en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de acceso, tal y como se requiera a los sistema nacionales de Salud y Educación, dando espacios a las voces de las personas con discapacidad, para que estos cambios se realicen desde la diversidad y desde un enfoque de género y étnico-racial. 

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#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente.  En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región.  En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional.  María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares.  Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares.  Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó:  “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena.  Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.

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Aurora Vergara y la primavera de un sueño colectivo

La historia de vida de la nueva Ministra de Educación encarna luchas históricas de la población afro por el acceso a educación de calidad.   El nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación representa la primavera de una lucha de casi un siglo por el acceso al derecho a la educación de la población afrocolombiana, que ha sido liderada por decenas de miles de maestras y maestros que promueven la enseñanza como principal herramienta para superar las barreras sociales impuestas por el legado colonial. Vergara, Socióloga de la Universidad del Valle y doctora en Sociología de la Universidad de Massachussetts-Amherst (EE.UU), ha manifestado que sus principales banderas serán la “revolución de la infraestructura educativa en las regiones que más lo requieren” y  “el aumento de la cobertura para garantizar que muchas personas que necesitan acceder al sistema de educación superior puedan encontrar una oportunidad para alcanzar la formación de sus sueños”. Además, trabajará porque las instituciones “pongan en el centro de su gestión el reconocimiento de la dignidad de cada persona”.  La llegada de la ganadora del premio Martin Diskin de LASA (2014) a uno de los cargos públicos más importantes del país también representa un desafío a los imaginarios racistas de un Estado que ha discriminado y marginalizado históricamente a las mujeres negras,  al considerarlas como objetos y no como sujetas pensantes, o productoras de conocimiento.  Con el fin de romper estas cadenas de opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres de la Diáspora, Aurora Vergara -siguiendo los pasos luminosos de sus maestras en la Normal Superior de Itsmina- ha enfocado su vida profesional hacía el desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad, la equidad y múltiples formas de acceso a la educación en Colombia y América Latina. Estas mismas banderas marcaron su gestión como Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF (2013 -2022), y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi (2012 -2022). En el Pacífico colombiano, región madre de Aurora Vergara, la educación tiene poderes inconmensurables. Mary Grueso, escritora y narradora oral, asegura que el acceso a la escolaridad es lo que le ha permitido a las mujeres confrontar las opresiones del pensamiento patriarcal, reivindicar su identidad individual y colectiva, y alcanzar su emancipación, su autonomía.  “Por eso cuando llega a la ciudad, anhela lo que no tiene en su municipio o río de origen y siempre ha deseado: el acceso a la educación. […] Por eso trabaja como vendedora de chontaduro, platonera o empleada doméstica, a la vez que cursa la primaria para aprender a leer y a escribir. En términos de género, esta mujer adopta el modelo alternativo, sin renunciar por completo a las enseñanzas del modelo tradicional, y transforma su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela”, expone Grueso en ‘Las muchachas se fueron. De Migraciones y Sentires’, un análisis sobre la construcción del sujeto femenino en la poesía Afropacífico. La enseñanza también nos ha permitido construir proyectos de resistencia colectiva. En regiones como el norte del Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en la costa Caribe, principalmente en San Basilio de Palenque y en los pueblos raizales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las profesoras afrodescendientes han liderado procesos educativos que integran  la cultura local de estas comunidades a sus procesos curriculares, como método para enfrentar los modelos desarrollistas y garantizar la cohesión de la vida sociocultural y comunitaria. De acuerdo con la etnoeducadora y representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, esta forma de concebir la educación  también le ha permitido a los pueblos étnicos del país fortalecer su autonomía,  reencontrarse con su memoria colectiva,  recuperar sus lenguas tradicionales y reafirmar su sabiduría ancestral.  El acceso a la educación superior de calidad ha posibilitado a las mujeres afrodescendientes llegar a espacios de poder antes restringidos. Las investigadoras Diana Caicedo y Lizeth Sinisterra afirman que desde estos cargos las mujeres afro se han caracterizado por ejercer liderazgos políticamente activos y promover la democratización de la educación y “otras formas organizativas de participación, inclusive de lazos de solidaridad en sus propios territorios ancestrales”.  Los desafíos son titánicos. Como ministra, Aurora tendrá el reto de liderar políticas públicas antirracistas que  promuevan el cierre de las brechas en el acceso a la educación que impactan de manera diferencial a la niñez afrodescendiente del país.  El ecosistema de inequidad también cimenta las barreras históricas que enfrentan hombres y mujeres de estas regiones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo. La educación fue y sigue siendo una bandera importante en la lucha por tener la capacidad de brindar oportunidades para superar las barreras sociales impuestas por el colonialismo a la población afrodescendiente. Desde ILEX Acción Jurídica extendemos nuestras felicitaciones a Aurora Vergara Figueroa por su nombramiento y le deseamos grandes éxitos en este imperioso reto. 

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Usurpadores de tradición: el viche del Pacífico está siendo decomisado y lo están suplantando en decenas de bares exclusivos en Bogotá

Por falta de reglamentación del Invima, familias productoras no pueden transportar sus productos ni comercializarlos por redes sociales.  Las familias productoras tradicionales del viche en el Pacífico colombiano no están sintiendo en sus bolsillos los beneficios económicos del “furor” por la inclusión del viche en los menús de los bares y restaurantes más exclusivos del país. De acuerdo con sus denuncias, a pesar del acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Policía en agosto del 2022, sus productos siguen siendo decomisados por las autoridades en varios territorios de la región. La falta de reglamentación por parte del Invima de la categoría “Artesanal Étnico (AE)”, estipulada en la Ley del Viche (Ley 2158 del 2021), ha sometido también a las familias productoras a persecuciones por parte  Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que les prohíbe promocionar y comercializar sus productos por redes sociales.  “Por un lado nos dicen que estamos bien y luego nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, explicó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña, empresa que lleva más de 30 años vendiendo Viche y sus derivados en Cali. (Le recomendamos leer: Así va el proceso jurídico con el que buscamos amparar los derechos de lxs productorxs de esta bebida ancestral) La cantaora y productora de Viche, Nidia Góngora, también ha elevado su voz de protesta ante este engranaje racista y extractivista que pareciera sólo estar beneficiando económicamente a las élites de la industria gastronómica colombiana. “Ahora no es viche del Pacífico sino viche de Bogotá. Mientras a los productores y transformadores del Pacífico se les decomisa su viche, en Bogotá hay cuchumil marcas de viche”, escribió Nidia en una publicación en Facebook.  En una declaración a el diario EL País de Cali,  María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, afirmó que nada sirve que el viche sea considerado un patrimonio de la Nación si a los emprendedores y emprendedoras de la bebida les “dan la puñalada trapera”, cerrándoles las puertas para comercializar su producto.  (Consulta aquí nuestra cartilla ABC de protección y defensa de los recursos culturales) ILEX Acción Jurídica ha evidenciado cómo en los últimos años este desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del Pacífico.   Cabe recordar que aunque  la ley 2158 de 2021 ordenó a las autoridades sanitarias  la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve sus prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica,  a la fecha, tanto el Invima como el Ministerio de Salud han postergado la reglamentación de dicha categoría (AE).  Hace más de siete meses, luego de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica que buscaba amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral, el Ministerio de Cultura informó que la normativa estaría lista en enero de 2023 y que a partir de este mes los vicheros comenzarían a presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y pasarían a obtener el certificado que los acredita como vicheros tradicionales. Para esto se crearía un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de cada departamento.  Sin embargo, las promesas siguen sin cumplirse y los derechos de las familias negras productoras de esta bebida continúan siendo vulnerados. Las restricciones sanitarias y comerciales  que pesan actualmente sobre el viche,  dificultan la consolidación de cadenas productivas y el acceso de estas comunidades a mercados más estables y de mayor envergadura.  El “Gobierno del Cambio” no puede seguir permitiendo el extractivismo racista y rampante de nuestros recursos culturales.

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Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes 

¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas.  En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias.  De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas.  El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias,  y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación.  Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”.  A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid,  listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes:  En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

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Las huellas del conflicto armado colombiano en los cuerpos de las mujeres negras

Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, entre ellas, el desplazamiento, las violencias sexuales y el despojo.  En  Mi Cuerpo es la Verdad, el volúmen del Informe Final que muestra los actos intolerables que sufrieron las 10.864 mujeres escuchadas por la Comisión de la Verdad, se da cuenta de cómo el racismo, como una estructura de poder histórica que ordena las relaciones sociales sobre principios de superioridad e inferioridad y jerarquiza de acuerdo con valoraciones raciales, incidió en la barbarie perpetrada por los actores armados en contra de las mujeres afrodescendientes.  “A mi esposo lo asesinaron las Autodefensas Gaitanistas como en el 2014, y después de eso empezaron a venir a la casa y me pedían que les guardara armas. Después dijeron que se iban a quedar y me obligaban a lavar ropa sucia de sangre, y en la noche venían y me obligaban a estar con ellos; no me dejaban salir, ni de día ni de noche. Me tenían como una esclava y me decían: “Maldita negra, tú sirves es para esto”. Yo descansé cuando lo pusieron preso”, dijo a la Comisión una mujer negra de Arjona (Bolívar).  Los testimonios son desgarradores. Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Leidy, mujer negra del Cauca, narró que fue víctima de abuso sexual por parte de actores de armados que le ordenaban bañarse más porque decían que su olor era “más fuerte” y la obligaban a tener el cabello alisado “porque mi cabello natural les daba asco”.  El conflicto armado también obligó a miles de mujeres afrodescendientes a desplazarse de sus territorios hacia lugares desconocidos, sin contar con vínculos que les permitieran enfrentar la pobreza, el hambre y la desprotección. “El desplazamiento me marcó la vida completamente. ¿Por qué? Antes de salir de mi territorio yo fui víctima de violencia sexual, abusada por un guerrillero […] que ya falleció, y también después de llegar a la ciudad de Cartagena, donde vino el contraste de llegar a una ciudad donde tú no conoces a nadie, donde tienes que empezar de cero, donde todo mundo te rechaza por tu connotación de ser negro. Pero además de ser negro tienes un estigma de ser desplazado, víctima. Sufrí una nueva violación en pleno centro de Cartagena”, relató una mujer afro.  “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”.  Comisión de la Verdad  De acuerdo con la Comisión, los trabajos domésticos y sexuales forzados que han desempeñado las mujeres negras, entre otras prácticas de jerarquización social, también están basadas en prejuicios racistas que imperan desde el período colonial. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”, asegura el Informe. Aquí puedes descargar el tomo Mi Cuerpo es la Verdad.

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Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia

Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Tras conocer la noticia, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y futura ministra de la Igualdad, afirmó que se creará una “institucionalidad para garantizarle los derechos de la igualdad a todo el pueblo colombiano y de manera muy especial a las mujeres, a la población con discapacidad, a las comunidades LGTBQ+, a las poblaciones étnicas, a los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros”.  ¿Qué viene ahora?  Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Ministerio, ni se ha brindado mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema nacional de cuidado que implementaría la cartera.  Desde ILEX Acción Jurídica, presentamos diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. (También puedes leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) 1. No esperar hasta la creación del Ministerio para desarrollar la agenda normativa y programática del gobierno en temas de igualdad.  Los temas clave en la agenda de igualdad deben ser incorporados de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio, como la reforma agraria, la reforma a la policía, el plan nacional de desarrollo, entre otros.  Si bien desde el plan de gobierno se previó la creación del Ministerio de la Igualdad, el alistamiento normativo, administrativo y técnico del Ministerio puede demorar meses, puesto que implica la aprobación de una ley de la república y su posterior reglamentación. Además, deben considerarse posibles escollos que demoren aún más la entrada en funcionamiento del Ministerio, como lo ocurrido en relación con el Ministerio de Ciencia, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al haber desconocido normas superiores relativas a la necesidad de regular de la estructura orgánica del Ministerio.  En consecuencia, es importante garantizar que las apuestas de la nueva administración en materia de igualdad y no discriminación avancen de manera paralela al proceso de creación de la cartera de igualdad. Debería buscarse que asuntos clave en la agenda de igualdad se incorporen de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio.  Así, por ejemplo, sería significativo que los asuntos de igualdad se incorporen en proyectos de ley como: a) la reforma tributaria; b) la reforma agraria; c) la reforma a la Ley 30 sobre educación superior; d) la reforma a la policía; e) el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo; f) la reforma a la ley 100 de 1993 sobre salud y pensionales; g) los proyectos de ley que se presenten sobre el sistema nacional de cuidado, entre otras.  Muchos de estos proyectos de ley ya podrían encontrarse en discusión al interior de los movimientos políticos o en los procesos de empalme y se podrían empezar a radicar una vez se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, por lo que sería fundamental conocer el estado de dichos proyectos de ley y participar en su elaboración o, al menos, hacer comentarios sobre los borradores para asegurar que incorporen criterios de igualdad y no discriminación que luego faciliten el trabajo del Ministerio.  2. Evitar la redundancia funcional con otras instituciones del Estado, concentrando funciones en el Ministerio de Igualdad. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones.  Muchos de los asuntos relacionados con grupos de especial protección constitucional ya tienen un lugar institucional (o lugares) dentro de la estructura orgánica del Estado. Así, por ejemplo, existe ya una dirección de comunidades negras y otra sobre indígenas, minorías y Rrom dentro del Ministerio del Interior, una Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Departamento de la Prosperidad Social maneja múltiples programas sociales del Estado dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social, etc. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones.  Evitar la redundancia institucional no significa necesariamente desmantelar estas otras instancias de institucionalización de las necesidades de grupos de especial protección constitucional, sino que bastaría con garantizar que sus funciones y misión sean distintas y no se traslapen de manera injustificada con otros órganos del Estado. Esto implicaría negociar con las cabezas de las carteras afectadas por esta reestructuración institucional, puesto que sería previsible que haya oposición hacia esta posibilidad debido a sus implicaciones presupuestales.  3. Evitar que el Ministerio quede reducido buscar la “transversalización” de enfoques poblacionales.  El Ministerio debe servir como una instancia que irradie las demás instituciones del Estado en asuntos de igualdad y no discriminación, pero no puede quedarse en este rol meramente simbólico o de carácter asesor, en especial porque, de ser así, no tendría capacidad de ejecución presupuestal adecuada.  Sería importante velar porque el Ministerio de la Igualdad no se considerase

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“No podemos confiar en un sistema que no nos protege, ni nos cuida”: hermana de joven afro asesinado por la policía

El evento de lanzamiento de nuestro informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, también fue una oportunidad para escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de este fenómeno.  Una de ellas fue María Mercedes Majanrrés Mora, hermana de Martín Manjarres, un  joven de 16 años de edad que fue asesinado por agentes de la policía de Cartagena que  le dispararon por la espalda después de un cruce de palabras en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías.   A continuación, publicamos la versión completa del discurso que exclamó María Mercedes el pasado 8 de noviembre ante lxs asistentes al evento:   Mi nombre es Maria Mercedes Manjarres Mora, vengo de la ciudad de Cartagena, tengo 29 años y actualmente resido aquí en Bogotá. El día de hoy, vengo en representación de cuatro almas que buscamos justicia por el asesinato de mi hermano Martín a manos de la policía y por el abuso, la violencia de la cual hemos sido víctimas. El asesinato de mi hermano ocurrió en el barrio Villa Estrella, donde mi familia y yo vivimos, un sector, como muchos en Cartagena, donde vive gente trabajadora y en su mayoría, negra. Mi hermano se llamaba Martín Elías Manjarres Mora, y tenía 16 años el día que murió. Fue un domingo 7 de febrero de 2021, faltando casi un cuarto para la medianoche. ¿Cómo sucedió? Mi hermano como cualquier joven ese día, quería salir a dar una vuelta. Mi papá no quería, pero al final con la insistencia de Martín, le da un poco de dinero para que compre algo y luego regrese a la casa.  Al ver que Martín no llegaba, mi papá se duerme. Desafortunadamente despierta, y lo hace porque siente unos golpes en la ventana de personas que trataban de localizar desesperados al papá de Martín. Cuando él escucha que a mi hermano le habían disparado, no podía entenderlo, no se podía poner la ropa, no encontraba las llaves… Mi papá sale de nuestra casa en Cartagena, y ve cómo llevan a su hijo herido, montado en una moto. Grita fuertemente su nombre y ve cómo Martín mueve la cabeza, e intenta buscarlo con la mirada. Los testigos comentan cómo los policías llegaron, no siendo de nuestro cuadrante, sino de San José de los Campanos, y se encuentran con tres muchachos que vienen caminando. Estábamos en época de pandemia todavía y aún estaban las medidas de pico y cédula, y sabiendo que esta institución no siempre ha infundido respeto, sino miedo, mi hermano y sus amigos se asustaron.  Posterior a eso, ellos vieron un predio – que actualmente es un conjunto residencial que está en la septima cuadra del sector del prado nacional en villa estrella – y dos de ellos cruzan la malla, pero Martín que era un chico de 1,70 de estatura, se queda atascado y ahí es cuando le pegan una patada en la cara, quedando aturdido.  Martín intenta levantarse y el policía le dispara. La comunidad le grita de una que por qué le dispara, y aunque mi hermano intenta caminar unos cuantos metros, cae y se desangra. La bala le atravesó el pulmón derecho, lastimó su corazón y salió por el tórax. Fue un impacto que acabó con su vida en cuestión de minutos, por eso llega a la Clínica Madre Bernarda sin signos vitales.  Los policías cuando vieron que mi hermano no se levantaba, uno de ellos alcanzó a gritarle y pedirle que se levantara. Tampoco supieron qué pasó luego de, porque al no poder capturar a los otros dos muchachos, huyeron y no le prestaron ningún auxilio. Lo dejaron morir.  Posterior a esto, mi padre hace la denuncia y logró hacer contacto con los abogados que le llevan el caso a la señora Lizeth, madre de Harold Morales, otro joven que fue asesinado en San Francisco. Se hace el respectivo proceso, enterramos a Martín con una caminata hasta el cementerio en compañía de la comunidad que fue muy solidaria.  Nosotros recibimos mucho apoyo del barrio, también hicimos velatones, hemos dado entrevistas y acudimos a los medios para poder dar a conocer lo que pasó con Martín: Un homicidio violento, un acto de discriminación, un perfilamiento racial por parte de la policía, que asumió que mi hermano era un delincuente, como quedó claro del comunicado policial en el que se señaló que Martín hacía parte de un atraco y añadiendo supuestos integrantes de una banda, que no estaban esa noche.  Al sentirse amenazados, los agentes dijeron a vox populi que ellos tuvieron que dispararle a Martín, porque estaban en un operativo y él les había disparado primero, cuando el único casquillo que se encontró en la escena, provenía del arma del policía. La necropsia cuenta cómo mi hermano no estaba bajo efectos de ninguna sustancia, y que lo que sí pasó, fue un claro caso de violencia policial racista.  En cuanto al proceso del caso, ha sido muy lento, negligente e insuficiente por parte de un fiscal que, a pesar de tener la información de una investigación completa, que también conoce las incongruencias y falencias que se conocieron en la investigación interna que hace la institución, no toma una decisión para capturar a los culpables. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cara, pero nosotros al estar en todo este proceso, nos sentimos preocupados por la seguridad de nuestra familia y la mía.  En el barrio Villa Estrella y en toda Cartagena, nuestros derechos humanos están desprotegidos. No tenemos un alcalde que nos represente o que conozca lo que estamos viviendo. Los jóvenes están siendo asesinados diariamente de manera injusta, sobre todo, en los barrios del sur. Así como Martín, otros chicos mueren por su color de piel, por el barrio del que proceden, y esto lo que muestra es cómo la institución de la Policía está usando armas letales en contra de los ciudadanos.  Mi familia y yo, Maria Mercedes, no podemos confiar en un

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