Al menos el 15% de las personas con discapacidad en Colombia se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Pero las cifras no son del todo confiables.
Según el registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia existen 1,3 millones personas con discapacidad. La cifra, a corte del 2020, equivale al 2,6% de la población nacional.
Yina Pérez, activista y líder de Mujeres Sobre Ruedas, fundación que vela por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, asegura que esta población cuenta con “múltiples capacidades” y “aportes a la construcción de la ciudadanía y los espacios socioculturales.” Por ello, coincide en que es importante que las personas con discapacidad denuncien las barreras que les restan autonomía.
Una de las principales barreras para el acceso a derechos de esta población es la invisibilidad estadística. El Registro de Localización y Caracterizacion de Personas con Discapacidad (RLCPD), principal mecanismo estatal de suministro de información sobre esta población, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por la falta de datos robustos y confiables.
(Te recomendamos leer: Sin justicia de datos no hay justicia racial: una investigación sobre invisibilidad estadística y su impacto en los derechos de la población afro)
De acuerdo con el último reporte del RLCPD, al menos el 15% de las personas registradas se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero.
Tal como lo ha evidenciado ILEX Acción Jurídica, contar con información estadística verídica y de calidad sobre las condiciones vitales, sociales y económicas de las personas negras con discapacidad impedirá el diseño de políticas públicas, planes sociales y distribución de presupuesto ajustado a la realidad de esta población.
La invisibilidad estadística también impacta su acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Según ONU Mujeres, las principales razones por las que esta población presenta mayores inconvenientes en el acceso a este derecho está relacionada con las barreras de acceso a estos servicios. De ese total, el 53% corresponde a barreras administrativas, en el 29% la falta de apoyos y ajustes razonables, el 11% la falta de información, y el 8% a otras barreras.
Un ejemplo que resulta preocupante respecto al acceso a la salud, tiene que ver con el goce de derechos de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. A pesar de que el marco normativo colombiano protege este derecho y de que el Sistema Nacional de Salud tiene el deber de garantizarlo, la falta de ajustes razonables y las barreras administrativas continúan obstaculizando su acceso.
De acuerdo con la activista, Yina Perez, a las personas con discapacidad “se les niega la maternidad, la autonomía, y los derechos sexuales y reproductivos. Esto se evidencia cuando practican una citología sentada a una mujer usuaria de silla de ruedas, colocándola en una situación de dolor e incomodidad. Este un tema que atraviesa todo el sistema de derechos”.
(También puedes leer: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial)
Respecto a la educación el panorama no es muy alentador. Según el Censo poblacional de 2018, el promedio de analfabetismo en el país para la población en general se encuentra en 5,2%, mientras que para las personas con discapacidad el porcentaje llega al 17%. Por lo anterior, ONU Mujeres señala que entre los obstáculos para el acceso y permanencia en el sistema educativo se encuentran la falta de voluntad de la comunidad educativa y la falta de apoyos o ajustes de movilidad.
En este estudio, la ONU Mujeres concluye que, “la educación se ubica como una de las principales prioridades y acciones que debe realizar el gobierno nacional, local y la cooperación internacional para mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia”.
De este modo, la principal recomendación, en procura de la dignidad de las personas negras con discapacidad, es el fortalecimiento y unificación de sistemas de registros y caracterización, los cuales cumplen un papel fundamental en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de acceso, tal y como se requiera a los sistema nacionales de Salud y Educación, dando espacios a las voces de las personas con discapacidad, para que estos cambios se realicen desde la diversidad y desde un enfoque de género y étnico-racial.