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Editorial: Con la bota en el cuello ¿Cómo descansa uno?

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Por: Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Estos primeros días de enero me han llevado a cuestionar si realmente logré descansar durante las vacaciones. Mientras escribo sobre esta reflexión desde la perspectiva de una defensora de derechos humanos, debo confesar que la sensación de descanso no ha sido tan evidente como pensaba. Como solemos decir quienes rondamos los treintas, “dormí pero no descansé”. Y esta falta de descanso, o mejor dicho, mi resistencia a entregarme plenamente a él, creo que está intrínsecamente ligada a mi ocupación. Voy a compartir con ustedes el paso a paso de mi experiencia, para que juntos reflexionemos sobre la compleja relación entre el descanso y la incansable labor de defender derechos humanos. Porque, como descubrí, a veces el verdadero desafío está en encontrar la paz en medio tanta injusticia. PRIMER PASO: ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? y la culpa por descansar Soy Dayana Blanco Acendra, mi pronombre es ella y dirijo una organización que se dedica a la lucha contra la discriminación racial y la defensa de derechos de las personas afrodescendientes en Colombia. Siendo el racismo mi peor enemigo, si el racismo no descansa, ¿Por qué y cómo podría hacerlo yo? Siendo la defensa de derechos humanos una de las principales actividades a las que dedico mi tiempo, viviendo en este país y sufriendo la agitación de estos tiempos, ¿cómo podría encontrar descanso? La conciencia de los afanes del mundo, las injusticias sociales y las necesidades de las personas con las que trabajo y mías, porque mi trabajo es mi lucha personal, son factores que complejizan mi relación con el descanso pues mi cuerpo y espíritu se mantienen en constante alerta y una pregunta me aborda cuando tengo la posibilidad de descansar: ¿Puedo descansar si otres están sufriendo? En esa pregunta del “¿puedo?”, se atraviesa la cuestión moral de si está bien o mal hacerlo en relación con la situación de otres. Siendo la defensa de derechos humanos una de las principales actividades a las que dedico mi tiempo, viviendo en este país y sufriendo la agitación de estos tiempos, ¿cómo podría encontrar descanso? Para responder esta pregunta, entonces entro en la proyección de las imágenes del mundo actual: i. Gaza y el genocidio del pueblo Palestino a manos de Israel. No solo lo digo yo, ya lo dijo Sudáfrica que en un acto de dignidad y humanidad denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por violación a la Convención sobre el Genocidio. ii. El asesinato de Michell Dayana y la situación de las niñas negras en Colombia. Michell no es un caso aislado sino una constante en la vida de la niñez afrodescendiente, casi invisible para la sociedad colombiana, iii. Las denuncias de discriminación racial y requerimientos de líderes sociales que llegan a los canales de ILEX para atención legal de emergencia, iv. Un factor material directo que se atraviesa en mi descanso: las tareas técnicas y administrativas de final de año y la avalancha de correos que quieren resolverlo todo a último momento, y por último, mientras nos preparábamos para sacar esta editorial el pasado domingo, ver cómo se perdían vidas en la carretera Medellín -Quibdó. Esas vidas que no le importan a nadie y que están condenadas a perderse de maneras absurdas. ¿Quién puede descansar? ¿Y cómo lidiar con la culpa si lo hago? SEGUNDO PASO: Convencerme de que necesito descansar y entrar en la aceptación Quienes hayan llegado hasta acá en la lectura, seguro estarán pensando que además de ser muy consciente de las desigualdades del mundo y sufrir por ello tengo otros problemas en el relacionamiento con mi trabajo que debo tratar en terapia, y sí. Cuando hablo con algunes colegas que se dedican también a la defensa de los derechos humanos, llegamos a la conclusión de que tenemos muchos problemas para desconectarnos y para decir que no. Valdría la pena reflexionar un poco más sobre el activismo y la desconexión laboral, reconociendo el activismo como trabajo. O sobre el desafío del autocuidado en el activismo. Lo que me ha funcionado de manera muy efectiva es pensar en mi equipo. Para llegar a la conclusión de que necesito descansar y efectivamente hacerlo, parto de la certeza de que mi equipo necesita descanso y en tanto yo me mantenga activa, ninguno de ellos lo hará. Entonces todes descansamos. Otra herramienta muy útil es pensar en mi cuerpo. Creo firmemente que mi cuerpo me agradece el descanso, eso sí, debo primero evitar la culpa por hacer nada. Esa es otra forma de la culpa distinta a la de descansar siendo activista. Hecho esto, acepto el descanso y aprovecho para hacer ejercicio, leer, caminar y mi actividad favorita del mundo mundial: Ver lejos. Dícese del acto de escoger un punto en el vacío y observarlo por un tiempo indeterminado. TERCER PASO: Aceptar que voy a descansar y mantenerlo El 6 de enero acepté el descanso y como Alexis Play me dije “Yo solo quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal del celular”, entonces me fui al mar dos largos días y metí los pies en el agua para recordar lo dicho por el artista: “Déjenme coger mi carretera destapa’Sí, porque parece que así se van a quedarPa’ coge’ el camino que me va a llevarA donde está el río que me va a limpiarDe tanta vaina, de tanta mala energíaCon la que han mirado a la tierra míaY antes de que esto me vaya a enloquecerVoy cogiendo camino (…)” Lastimosamente, después de lo ocurrido el pasado viernes en la carretera, esta canción cobra una dolorosa vigencia de racismo y muerte. Una carretera destapá es lo que nos dejan hasta para descansar. Esa delgada línea que separa el descanso y la muerte en regiones del país como el pacífico colombiano. Mientras estaba en el mar pensé en leer pero no llevé libros porque el que estoy leyendo ahora se llama “Laberintos de prohibición y regulación, los grises de la mariguana en Colombia” …

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El derrumbe de la vía Quibdó-Medellín: Una tragedia anunciada a la sombra del Racismo

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Una columna escrita por: Audrey Mena, subdirectora general de ILEX Acción Jurídica Chocó hoy está de luto y sabemos que esta tragedia no es un simple accidente, que el departamento haya sido declarado en calamidad pública obedece a una clara negligencia y racismo estructural del Estado. La vía que une Quibdó con Medellín, a pesar de su importancia geográfica y social, ha sido dejada a la sombra, olvidada por las promesas de desarrollo que deberían acompañar cualquier arteria vital de la nación. En el mapa, la distancia entre Medellín y Quibdó se presenta como una simple línea de 215 kilómetros, una cifra que debería sugerir cercanía y accesibilidad. Sin embargo, detrás de esta aparente proximidad se esconde una realidad desafiante que revela las profundas desigualdades y ausencia de Estado que presenta la infraestructura vial de nuestro país. Sorprendentemente, de esos 215 kilómetros, aproximadamente 90 km de estos no están pavimentados, convirtiendo un trayecto que debería ser ágil y eficiente en una odisea que consume tiempo y recursos. No se trata de un tema nuevo, desde agosto de 2016 y a causa de un paro cívico nacional el gobierno se comprometió a dejar financiadas la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó- Pereira. Un año más tarde se realizó un nuevo paro cívico reiterando las mismas peticiones, la muerte de más de 33 personas que podrían ser más con el paso de las horas son evidencia del incumplimiento. No se trata de un tema nuevo, desde agosto de 2016 y a causa de un paro cívico nacional el gobierno se comprometió a dejar financiadas la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó- Pereira. No obstante, no es solo una cuestión de baches y falta de cemento, es la negligencia deliberada que priva a comunidades y población, en su mayoría afrodescendiente de oportunidades y acceso igualitario a los recursos. Mientras otras rutas son modernizadas y priorizadas, la de Quibdó-Medellín se mantiene en un estado crítico, reforzando el hecho de que ciertas vidas y regiones no son dignas de inversión. Caminar por esta carretera es desentrañar una historia de decisiones gubernamentales que nos han relegado a una posición de desventaja. La falta de pavimentación, la carencia de señalización adecuada y la ausencia de servicios básicos son más que simple negligencia; son manifestaciones tangibles de un racismo estructural que persiste en ignorar las necesidades de las personas afrodescendientes e indígenas del Chocó. En este punto, cabe decir que el departamento del Chocó comprende el 82% de la población afrodescendiente del país y existen 50 consejos comunitarios referentes a la Región Pacífica, de la misma manera que aproximadamente se encuentran 12 comunidades indígenas. Por lo anterior, no puede separarse el accidente ocurrido el día de ayer en la carretera Quibdó-Medellín es del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Los accidentes, lejos de ser meras fatalidades, son el resultado de un sistema que antepone ciertas vidas y desatiende otras. En el juego de las prioridades, la vía Quibdó-Medellín ha quedado rezagada, una elección que no puede desvincularse de la herencia de discriminación racial que persiste en la Colombia contemporánea. Esta carretera, más que un simple tramo de asfalto, se convierte en un reflejo tangible de cómo el racismo estructural permea incluso las infraestructuras fundamentales de nuestro país.La discriminación estructural y sistemática se manifiesta de manera flagrante en la falta de inversión en medidas de seguridad vial y en la ausencia de mantenimiento adecuado de la carretera. Mientras las comunidades afrodescendientes luchan por acceder a servicios médicos de calidad y a educación, la vía que debería ser su puente hacia oportunidades se transforma en un peligro constante. No puede separarse el accidente ocurrido el día de ayer en la carretera Quibdó-Medellín es del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Las estadísticas son implacables, cada vez hay una tragedia peor. La cantidad de noticias y víctimas que ha cobrado la mal llamada “Trocha de la muerte”, ha significado para las comunidades afrodescendientes que habitan en las regiones a lo largo de esta carretera, enfrentarse a condiciones desfavorables, desde la falta de infraestructuras básicas hasta el acceso limitado a servicios de emergencia. El estado de la carretera misma, marcado por la negligencia, se convierte en un símbolo tangible de las injusticias raciales y la misma incapacidad de reconocer que aún persisten estas dinámicas en Colombia. El tiempo de viaje, que debería ser una cuestión de horas, se convierte en díasy los costos económicos y humanos se acumulan para aquellos que dependen de esta vía. Esto, sin contar que para viajar a esta zona del país, los costosos tiquetes aéreos torna a una gran mayoría, que no cuenta con el recurso económico suficiente, en las víctimas escogidas de este tipo de tragedias. La discriminación no siempre se presenta en formas obvias; a veces, se manifiesta en la omisión estratégica y en la falta de compromiso con el bienestar de comunidades afrodescendientes. Lo que ha pasado hoy, nos tiene que llevar a afirmar que la vía Quibdó-Medellín se erige como un símbolo de una negligencia racista e histórica estatal y confirmar la necesidad apremiante de desmontar las estructuras que perpetúan la desigualdad racial. El pavimento roto, los deslizamientos, no son sólo un obstáculo físico, es un recordatorio de la deuda histórica que el Estado tiene con estas comunidades. Hasta que todas las vías en Colombia sean tratadas con igualdad, seguiremos conduciendo sobre el pavimento de la injusticia y la muerte.

Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica: Un paso fundamental en el reconocimiento de las deudas pendientes a las poblaciones étnicas

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El 12 de octubre de 2022 se llevó a cabo la instalación de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos, creada mediante decreto 820 de 2023. Esta Comisión es la puesta en marcha de la implementación de políticas, programas, acciones y normas dirigidas a la reparación histórica. La creación de esta instancia, es parte del reconocimiento de la obligación de reparación histórica en favor de los pueblos que fueron víctimas del colonialismo, la esclavización y la trata transatlántica como: indígenas, africanos/nas y afrodescendientes; y además reconoce que esas victimizaciones no son una cuestión del pasado, sino que actualmente se experimentan las herencias del pasado colonial que esclavizó, segregó, explotó, abusó y exterminó a determinados sujetos que hoy se mantienen viviendo en profundas condicones de desigualadad, de precaridad en el acceso y garantía de derechos y siendo víctimas del racismos y la discriminación estructural por su pertenencia etnico-racial. Así que, aunque la mera creación de una Comisión no resuelve los problemas que requieren ser resueltos, creemos que es un paso fundamental para reconocer que lo ocurrido en el pasado tiene legados de opresión materiales y simbólicos presentes y actuales que afectan de manera desproporcionada a ciertas poblaciones como los pueblos étnicos. En el caso concreto de las poblaciones afrodescendientes, puesta en situaciones, posiciones y condiciones sistemáticas de desigualdad social que ha impedido el goce de derechos fundamentales, la idea de pensar con seriedad y desde un espacio concreto sobre reparaciones históricas pone en la agenda del país y movilización social negra/afro la celebración de ser escuchados. Además, creemos que esta Comisión da lugar en las conversaciones actuales a la necesidad de hablar de la pertinencia de afrorreparaciones como formas de, para efectos de comprensión de las complejidades de las afectaciones a los pueblos negros/afros, tender puentes entre el pasado y el presente desde una visión de la memoria que posibilita la conexión entre la esclavitud y sus consecuencias con las opresiones y desigualdades estructurales del presente; y además las agendas de liberación antiesclavista del pasado con las agendas de la movilización antirracista del presente. Esto tiene efectos simbólicos políticos, académicos y, con seguridad, debería tener también efectos materiales. Desde Ilex, resaltamos esta Comisión Intersectorial porque, entre otras razones, consideramos importante entender que las condiciones de desigualdad de la población afrodescendiente, se soportan en siglos exclusión y hoy, como antes, la discriminación racial y las estructuras que le soportan son sistemas quepermean las instituciones e impactan en el goce de derechos. Finalmente, queremos anotar algunos comentarios sobre la creación y el funcionamiento de esta Comisión, a saber: Es importante que el proceso de reparación pueda enfocarse en garantizar condiciones de vida digna para los pueblos étnicos víctimas del racismo, la discriminación racial y el colonialismo. Se deben plantear medidas efectivas de reparación, comprensivas de la complejidad, diversidad y presencia de las poblaciones étnicas en los distintos lugares del país. Esto requiere una actitud analítica y crítica sobre buena parte de las normas que han permitido avanzar en el reconocimiento de derechos, pero que también significan obstáculos para el acceso a ellos. Por ejemplo: la existencia de grandes comunidades negras/afro en zonas urbanas; la presencia y dinamicas de estas poblaciones en zonas del país que la Ley 70 y sus decretos reglamentrios no imaginaron; la necesidad de desencializar la negritud para reconocer la diversidad; la materialización de la justicia económica para las poblaciones negras/afro; la invisibilidad estadistica y el borramiento de las poblaciones negras/afro de las bases de datos para la toma de decisiones públicas; el acceso sin dilaciones a la propiedad de la tierra; la justicia tributaria en favor de los históricamente oprimidos; el anlaisi del cambio climatico y las afectaciones que sobre los pueblos negros/afros está teniendo y tendrá; entre otros muchos temas que son esenciales a la reperación historica de los los pueblos étnicos víctimas del racismo, la discriminación racial y el colonialismo.

El poder de las mujeres afrodescendientes en Colombia

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En Colombia hay 22,6 millones de mujeres que lideran 14,2 millones de núcleos familiares. Esto es equivalente a que el 40.7% de los hogares los lidera una mujer según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018. De este porcentaje el 47% que se autorreconoce dentro de un grupo étnico, residen en las zonas rurales del país y el 33.1% se consideran negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes. Apropósito del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, es imprescindible reflexionar sobre la situación de estas mujeres en Colombia, sobre su aporte en la movilización de economías locales en las regiones con alta influencia étnica y en cómo han estructurado formas diferentes de vivir, donde la riqueza no está en la capacidad de acumular, sino en la capacidad de distribuir, en la capacidad de coexistir con las otras. Pese a que hablar de justicia economía en Colombia, claramente tiene unas variables de género, clase, etnia y orientación sexual, que determinan su crecimiento y presentan diferencias dependiendo de dónde y de quién vengan, a este punto de nuestra historia, es necesario reconocer que en Colombia las mujeres afrodescendientes han demostrado un doble poder. Por un lado, su capacidad de impulsar los sistemas económicos locales en los distintos territorios, que, aunque aún no les permiten romper ciclos de pobreza, si les permite hacer resistencia económica y cultural dentro de los mismos. Y por otro, el poder de desafiar los estereotipos arraigados en una sociedad estructurada desde el racismo y la discriminación. La invisibilización histórica de las mujeres afrodescendientes ha perpetuado una realidad de discriminación y exclusión. A menudo, se encuentran en desventaja tanto por su género como por su origen étnico, lo que se traduce en dificultades para acceder a la educación, el empleo y la salud. Esta situación se agrava en las zonas rurales y en comunidades afrodescendientes aisladas, donde los recursos y servicios básicos son escasos. Generalmente las mujeres afrodescendientes son relacionadas principalmente, actividades como la docencia, agricultura, labores domésticas e incluso actividades sociales y culturales que, particularmente, son ejecutadas desde la voluntariedad y sin mucha remuneración. No obstante, ellas han generado sin querer un modelo de prosperidad inclusiva que va desde la transformación de recursos propios de la biodiversidad en los territorios, hasta llegar a las artesanías locales y culturales como medio de subsistencia. Sin embargo, como sociedad, erróneamente se nos ha enseñado que, en las manos de estas mujeres, la artesanía, la agricultura, el arte y la docencia no generan escenarios potenciales de desarrollo. Que productos como las cocadas del Pacífico y el Caribe, el dulce de leche del Valle del Cauca, el cacao en Tumaco y la producción de Viche no tiene el potencial suficiente para generar plataformas de un posible mercado de exportaciones para Colombia. Pero lo cierto es que muchas familias se han sostenido desde estos sistemas, pese a las condiciones estructurales de desventajas en el acceso a recursos básicos de vida. Por ejemplo, la concha o piangua es un bivalvo que tiene como hábitat los bosques de manglar del Chocó biogeográfico y también es una fuente de alimento de las comunidades del Pacífico sur colombiano, liderado por las mujeres en estos territorios, que representa un ingreso clave en los hogares, además de ser uno de los alimentos propio de los municipios que conforman el andén costero del Pacífico. Otro ejemplo es que, pese a que las mujeres negras trabajan el concepto de cuidado desde la óptica de la familia extensa donde, ya sea en términos de salud, educación y economía, hay una ayuda mutua que viene de sus saberes ancestrales. El trabajo doméstico o trabajo del hogar remunerado es una actividad laboral que cuenta con muy poca valoración a nivel social, al igual que la remuneración económica y otros factores que enfrenta como la desprotección social y precariedad. No obstante, este ha sido fundamental para la sostenibilidad de los núcleos familiares afrodescendientes en Colombia. En esta fecha es necesario pensar que, en el caso de las mujeres afrocolombianas, negras raizales y palenqueras, hablar de autonomía económica no es solo una cuestión de derechos humanos. Es decir, de que las mujeres tienen derecho de participar en igualdad frente a los hombres en el mercado laboral y ser autosuficientes. Es un asunto de eficiencia económica en los territorios, tiene que ver con que las mujeres tengan, no solo ingresos propios, sino también la capacidad de generarlos de manera individual y colectiva y administrarlos por sí mismas. Y esto, de alguna manera, también tiene que ser asistido desde el Estado. Hoy más que nunca, es necesario articular los emprendimientos desarrollados por las mujeres negras con cadenas productivas que les otorguen condiciones de generación y apropiación de valor agregado que les permitan ampliar sus niveles de acumulación y su poder de negociación individual y colectivo. Por Audrey Mena. La autora es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la subdirectora de ILEX Acción Jurídica.

“Aunque las enfermeras sabían que soy un hombre trans, me llamaron insistentemente con pronombres femeninos”: Lucas Loaiza, víctima de ‘deadnaming’

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Las personas trans están expuestas constantemente a la invisibilización y vulneración de sus derechos a ser llamadas y reconocidas por su nombre. Lucas ‘Lulo” Loaiza es un hombre trans de Manizales que accedió a la mastectomía a través de su EPS y terminó sufriendo un calvario dentro de la clínica que lo atendió por cuenta de prácticas discriminatorias y transfobicas en esta institución. La cadena de vulneraciones comenzó cuando Lucas se registró en el centro médico. “Cuando llegué a la clínica a la que me iban a realizar el procedimiento, pues me tuve que registrar, y lo primero que me pareció extraño al entrar a la clínica fue que en mi manilla de identificación decía: “Lucas Loaiza. Sexo: mujer”, recordó el joven cocinero. A pesar de que su relación con el anestesiólogo y el cirujano se habían llevado con total tranquilidad, después de la cirugía tuvo que soportar el uso constante del pronombre “ella” por parte de los funcionarios de la clínica que lo atendieron durante su recuperación. “Eso me pareció extraño. Yo ya había realizado todos los cambios en todas las bases de datos, al menos del sistema de salud porque ya había realizado mi cambio de nombre y componente también en la cédula”, afirmó Lucas. La pesadilla se prolongó durante varios días. ¿Qué pasó después de la operación? Se supone que esta cirugía era una cirugía ambulatoria, pero yo me compliqué. Me dejaron en observación y me tuve que quedar hasta el otro día. Y ahí fue donde empezó lo maluco, porque tenía que ser auxiliado, porque estaba impedido para ir al baño. Aunque las enfermeras sabían por la historia clínica que yo era un hombre trans, ellas me llamaban insistentemente con pronombres femeninos. Todo el tiempo tuve que estar rectificándome en que era un hombre trans. Cuando llegó el tercer día de hospitalización yo exploté. Les pedí el traslado de clínica, o que me dejaran ir. Pensé en renunciar a mi derecho a la salud porque ya estaba supremamente incómodo. Pensaba que era mejor ir a descansar a mi casa porque mi salud mental se estaba viendo afectada. ¿En algún momento se retractaron? Se les notaba mucho el prejuicio. Cuando me miraban, cuando me tocaban. Incluso a mi acompañante le tocaba ir a decirle: “Oye, se te olvidó ponerle el medicamento a Lucas”. Muchas cosas que tenían que hacer, no las hacían. Y su disculpa era que ellos casi no atendían personas trans. Eso no es excusa porque es que nosotrxs hemos existido toda la vida. ¿Ha pasado por otras situaciones de discriminación similares? Yo me salí de la universidad porque no pude con la burocracia. Cuando yo le informé a la directora del programa que realicé un cambio de nombre, de componente en la cédula y que necesito hacerlo efectivo en sistema, ella me dice que le avise a los profesores. Cuando eso sucede, uno de estos señores me responde: “Sí, bueno no hay problema. Pero me va a tener que paciencia, porque yo lo conozco de antes” Fue como una batalla maluca, de derecho de petición y todo. O sea, me pedían que entrara a las clases con el anterior correo, que renunciara a mi identidad. Porque legalmente, cuando estamos en estos ámbitos virtuales, esto no está muy establecido, pero tengo entendido que tu correo es tu identidad. El ‘deanaming’ y el marco jurídico colombiano Los casos de ‘deadnaming‘ o ‘necrónimo’ a personas trans o personas no binarias jurídicamente no tienen muchas referencias. Sin embargo, sí hay una protección a la identidad de genero de las personas trans frente a los hechos de discriminación. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la identidad de género como aquel que tiene una conexión intrínseca con la dignidad, la igualdad, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad de la persona. A la vez, ha reconocido que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional y deben recibir un tratamiento que esté acorde a su identidad de género. Ahora bien, frente al respeto del cambio de nombre y por esta expresión de afirmación de la identidad, la jurisprudencia precisa que la ausencia de reconocimiento del cambio o corrección de la identidad de género de las personas trans constituye un obstáculo frente al respeto de los derechos de estas, tal como ocurrió en el caso concreto. Es necesario mencionar también que, pese a que en una primera medida se reconozca que no llamar a una persona por el nombre por el cual se identifica es una vulneración a la identidad de genero y los derechos relacionados, exponiéndole a situaciones de discriminación, lo ocurrido con Lucas, por ejemplo, añade la dimensión de entender las garantías que se le deben dar a una persona trans cuando interactúa con el sistema de salud. Como establece la sentencia T-771 de 2013: La relación entre el derecho a la salud y la identidad sexual de las personas trans demanda la garantía de acceso a un servicio de salud apropiado con el fin de asegurar su derecho a reafirmar su identidad sexual o de género; y, por último, (v) la garantía de acceso a atención médica apropiada para las personas trans implica reconocer no solo las particularidades de los asuntos de salud relativos a las transiciones emocionales, mentales y físicas al momento de reafirmarse sino también la situación de marginación y discriminación que enfrentan, la cual constituye una barrera de acceso al Sistema de Seguridad Social. Además de esto, las implicaciones psicológicas y emocionales que tiene atravesar por esta situación puede representar limitaciones en el proceso de identidad de las personas trans o no binarias. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, los principales hechos de violencia denunciados por la población transgénero en Colombia son la violencia psicológica, con 122 registros, y la violencia física, con 74 casos. Las regiones donde se han presentado la mayor cantidad de estos casos son Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Bogotá, Magdalena y Boyacá Algunas acciones jurídicas que puedes …

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Las personas afrodescendientes con discapacidad necesitan garantías para el acceso a la educación y a sus derechos sexuales y reproductivos

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Al menos el 15% de las personas con discapacidad en Colombia se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Pero las cifras no son del todo confiables. Según el registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia existen 1,3 millones personas con discapacidad. La cifra, a corte del 2020, equivale al 2,6% de la población nacional. Yina Pérez, activista y líder de Mujeres Sobre Ruedas, fundación que vela por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, asegura que esta población cuenta con “múltiples capacidades” y “aportes a la construcción de la ciudadanía y los espacios socioculturales.” Por ello, coincide en que es importante que las personas con discapacidad denuncien las barreras que les restan autonomía. Una de las principales barreras para el acceso a derechos de esta población es la invisibilidad estadística. El Registro de Localización y Caracterizacion de Personas con Discapacidad (RLCPD), principal mecanismo estatal de suministro de información sobre esta población, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por la falta de datos robustos y confiables. (Te recomendamos leer: Sin justicia de datos no hay justicia racial: una investigación sobre invisibilidad estadística y su impacto en los derechos de la población afro) De acuerdo con el último reporte del RLCPD, al menos el 15% de las personas registradas se identifican como pertenecientes de un grupo étnico. De ese total, sólo el 26,8% se autorreconoce como negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Tal como lo ha evidenciado ILEX Acción Jurídica, contar con información estadística verídica y de calidad sobre las condiciones vitales, sociales y económicas de las personas negras con discapacidad impedirá el diseño de políticas públicas, planes sociales y distribución de presupuesto ajustado a la realidad de esta población. La invisibilidad estadística también impacta su acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Según ONU Mujeres, las principales razones por las que esta población presenta mayores inconvenientes en el acceso a este derecho está relacionada con las barreras de acceso a estos servicios. De ese total, el 53% corresponde a barreras administrativas, en el 29% la falta de apoyos y ajustes razonables, el 11% la falta de información, y el 8% a otras barreras. Un ejemplo que resulta preocupante respecto al acceso a la salud, tiene que ver con el goce de derechos de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. A pesar de que el marco normativo colombiano protege este derecho y de que el Sistema Nacional de Salud tiene el deber de garantizarlo, la falta de ajustes razonables y las barreras administrativas continúan obstaculizando su acceso. De acuerdo con la activista, Yina Perez, a las personas con discapacidad “se les niega la maternidad, la autonomía, y los derechos sexuales y reproductivos. Esto se evidencia cuando practican una citología sentada a una mujer usuaria de silla de ruedas, colocándola en una situación de dolor e incomodidad. Este un tema que atraviesa todo el sistema de derechos”. (También puedes leer: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial) Respecto a la educación el panorama no es muy alentador. Según el Censo poblacional de 2018, el promedio de analfabetismo en el país para la población en general se encuentra en 5,2%, mientras que para las personas con discapacidad el porcentaje llega al 17%. Por lo anterior, ONU Mujeres señala que entre los obstáculos para el acceso y permanencia en el sistema educativo se encuentran la falta de voluntad de la comunidad educativa y la falta de apoyos o ajustes de movilidad. En este estudio, la ONU Mujeres concluye que, “la educación se ubica como una de las principales prioridades y acciones que debe realizar el gobierno nacional, local y la cooperación internacional para mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia”. De este modo, la principal recomendación, en procura de la dignidad de las personas negras con discapacidad, es el fortalecimiento y unificación de sistemas de registros y caracterización, los cuales cumplen un papel fundamental en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de acceso, tal y como se requiera a los sistema nacionales de Salud y Educación, dando espacios a las voces de las personas con discapacidad, para que estos cambios se realicen desde la diversidad y desde un enfoque de género y étnico-racial.

#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

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Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región. En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares. Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares. Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó: “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena. Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.

Aurora Vergara y la primavera de un sueño colectivo

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La historia de vida de la nueva Ministra de Educación encarna luchas históricas de la población afro por el acceso a educación de calidad. El nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación representa la primavera de una lucha de casi un siglo por el acceso al derecho a la educación de la población afrocolombiana, que ha sido liderada por decenas de miles de maestras y maestros que promueven la enseñanza como principal herramienta para superar las barreras sociales impuestas por el legado colonial. Vergara, Socióloga de la Universidad del Valle y doctora en Sociología de la Universidad de Massachussetts-Amherst (EE.UU), ha manifestado que sus principales banderas serán la “revolución de la infraestructura educativa en las regiones que más lo requieren” y “el aumento de la cobertura para garantizar que muchas personas que necesitan acceder al sistema de educación superior puedan encontrar una oportunidad para alcanzar la formación de sus sueños”. Además, trabajará porque las instituciones “pongan en el centro de su gestión el reconocimiento de la dignidad de cada persona”. La llegada de la ganadora del premio Martin Diskin de LASA (2014) a uno de los cargos públicos más importantes del país también representa un desafío a los imaginarios racistas de un Estado que ha discriminado y marginalizado históricamente a las mujeres negras, al considerarlas como objetos y no como sujetas pensantes, o productoras de conocimiento. Con el fin de romper estas cadenas de opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres de la Diáspora, Aurora Vergara -siguiendo los pasos luminosos de sus maestras en la Normal Superior de Itsmina- ha enfocado su vida profesional hacía el desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad, la equidad y múltiples formas de acceso a la educación en Colombia y América Latina. Estas mismas banderas marcaron su gestión como Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF (2013 -2022), y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi (2012 -2022). En el Pacífico colombiano, región madre de Aurora Vergara, la educación tiene poderes inconmensurables. Mary Grueso, escritora y narradora oral, asegura que el acceso a la escolaridad es lo que le ha permitido a las mujeres confrontar las opresiones del pensamiento patriarcal, reivindicar su identidad individual y colectiva, y alcanzar su emancipación, su autonomía. “Por eso cuando llega a la ciudad, anhela lo que no tiene en su municipio o río de origen y siempre ha deseado: el acceso a la educación. […] Por eso trabaja como vendedora de chontaduro, platonera o empleada doméstica, a la vez que cursa la primaria para aprender a leer y a escribir. En términos de género, esta mujer adopta el modelo alternativo, sin renunciar por completo a las enseñanzas del modelo tradicional, y transforma su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela”, expone Grueso en ‘Las muchachas se fueron. De Migraciones y Sentires’, un análisis sobre la construcción del sujeto femenino en la poesía Afropacífico. La enseñanza también nos ha permitido construir proyectos de resistencia colectiva. En regiones como el norte del Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en la costa Caribe, principalmente en San Basilio de Palenque y en los pueblos raizales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las profesoras afrodescendientes han liderado procesos educativos que integran la cultura local de estas comunidades a sus procesos curriculares, como método para enfrentar los modelos desarrollistas y garantizar la cohesión de la vida sociocultural y comunitaria. De acuerdo con la etnoeducadora y representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, esta forma de concebir la educación también le ha permitido a los pueblos étnicos del país fortalecer su autonomía, reencontrarse con su memoria colectiva, recuperar sus lenguas tradicionales y reafirmar su sabiduría ancestral. El acceso a la educación superior de calidad ha posibilitado a las mujeres afrodescendientes llegar a espacios de poder antes restringidos. Las investigadoras Diana Caicedo y Lizeth Sinisterra afirman que desde estos cargos las mujeres afro se han caracterizado por ejercer liderazgos políticamente activos y promover la democratización de la educación y “otras formas organizativas de participación, inclusive de lazos de solidaridad en sus propios territorios ancestrales”. Los desafíos son titánicos. Como ministra, Aurora tendrá el reto de liderar políticas públicas antirracistas que promuevan el cierre de las brechas en el acceso a la educación que impactan de manera diferencial a la niñez afrodescendiente del país. El ecosistema de inequidad también cimenta las barreras históricas que enfrentan hombres y mujeres de estas regiones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo. La educación fue y sigue siendo una bandera importante en la lucha por tener la capacidad de brindar oportunidades para superar las barreras sociales impuestas por el colonialismo a la población afrodescendiente. Desde ILEX Acción Jurídica extendemos nuestras felicitaciones a Aurora Vergara Figueroa por su nombramiento y le deseamos grandes éxitos en este imperioso reto.

Usurpadores de tradición: el viche del Pacífico está siendo decomisado y lo están suplantando en decenas de bares exclusivos en Bogotá

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Por falta de reglamentación del Invima, familias productoras no pueden transportar sus productos ni comercializarlos por redes sociales. Las familias productoras tradicionales del viche en el Pacífico colombiano no están sintiendo en sus bolsillos los beneficios económicos del “furor” por la inclusión del viche en los menús de los bares y restaurantes más exclusivos del país. De acuerdo con sus denuncias, a pesar del acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Policía en agosto del 2022, sus productos siguen siendo decomisados por las autoridades en varios territorios de la región. La falta de reglamentación por parte del Invima de la categoría “Artesanal Étnico (AE)”, estipulada en la Ley del Viche (Ley 2158 del 2021), ha sometido también a las familias productoras a persecuciones por parte Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que les prohíbe promocionar y comercializar sus productos por redes sociales. “Por un lado nos dicen que estamos bien y luego nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, explicó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña, empresa que lleva más de 30 años vendiendo Viche y sus derivados en Cali. (Le recomendamos leer: Así va el proceso jurídico con el que buscamos amparar los derechos de lxs productorxs de esta bebida ancestral) La cantaora y productora de Viche, Nidia Góngora, también ha elevado su voz de protesta ante este engranaje racista y extractivista que pareciera sólo estar beneficiando económicamente a las élites de la industria gastronómica colombiana. “Ahora no es viche del Pacífico sino viche de Bogotá. Mientras a los productores y transformadores del Pacífico se les decomisa su viche, en Bogotá hay cuchumil marcas de viche”, escribió Nidia en una publicación en Facebook. En una declaración a el diario EL País de Cali, María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, afirmó que nada sirve que el viche sea considerado un patrimonio de la Nación si a los emprendedores y emprendedoras de la bebida les “dan la puñalada trapera”, cerrándoles las puertas para comercializar su producto. (Consulta aquí nuestra cartilla ABC de protección y defensa de los recursos culturales) ILEX Acción Jurídica ha evidenciado cómo en los últimos años este desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del Pacífico. Cabe recordar que aunque la ley 2158 de 2021 ordenó a las autoridades sanitarias la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve sus prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica, a la fecha, tanto el Invima como el Ministerio de Salud han postergado la reglamentación de dicha categoría (AE). Hace más de siete meses, luego de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica que buscaba amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral, el Ministerio de Cultura informó que la normativa estaría lista en enero de 2023 y que a partir de este mes los vicheros comenzarían a presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y pasarían a obtener el certificado que los acredita como vicheros tradicionales. Para esto se crearía un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de cada departamento. Sin embargo, las promesas siguen sin cumplirse y los derechos de las familias negras productoras de esta bebida continúan siendo vulnerados. Las restricciones sanitarias y comerciales que pesan actualmente sobre el viche, dificultan la consolidación de cadenas productivas y el acceso de estas comunidades a mercados más estables y de mayor envergadura. El “Gobierno del Cambio” no puede seguir permitiendo el extractivismo racista y rampante de nuestros recursos culturales.

Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes

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¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas. En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias. De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas. El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias, y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación. Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”. A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid, listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes: En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

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