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Afrolatinas y caribeñas unidas contra el empoderamiento tóxico

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Por: Sher Herrera En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora que tiene lugar cada 25 de julio, si eres una persona que consume contenido sobre temas afro, seguro el algoritmo te ha bombardeado con miles de mensajes de empoderamiento sobre mujeres negras. En vista de que el exceso de mensajes e imágenes que promueven el empoderamiento –entendido no sólo las ideas recurrentes de que podemos con todo, sino como un problema individual– está tornándose nocivo para nosotras, hoy nos quiero dedicar estas letras para hacer un llamado al autocuidado y a los cuidados colectivos, y en especial, cuestionar nuestra obsesión por ir más allá de las expectativas para comprobar nuestra valía y tratar de encarnar el “mito de la minoría modelo”. El “mito de la minoría modelo” consiste en la idea muy bien extendida por la supremacía blanca, de que existen “minorías” étnicas superiores a otras, dada su capacidad de adaptarse – aguantarse las imposiciones de las sociedades hegemónicas y más privilegiadas. Esta supuesta capacidad de adaptación está acompañada de otras técnicas de triangulación por parte del sistema en la jerarquía racial, literalmente para poner a competir a los grupos oprimidos y generar rivalidades, como por ejemplo, aplaudir una mayor capacidad de trabajo, disciplina y hasta afirmar una supuesta superioridad intelectual, como históricamente se ha dicho sobre las personas asiáticas, lo cual también ha causado mucho daño a esta comunidad en contextos como los Estados Unidos. Las mujeres negras, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, nunca hemos sido reconocidas por el sistema capitalista como una “minoría modelo”, todo lo contrario. Es precisamente por eso que, creo, se ha convertido en una tremenda aspiración encarnar el mito o lograr entrar en el régimen de respetabilidad de la blanquitud como sistema. Nos han empoderado diciendo que podemos con todo, que somos súper mujeres, que nuestras ancestras la tuvieron peor y que debemos estar agradecidas, ratificando creencias que nos deshumanizan. Y es precisamente, desde lo humanamente posible, no tenemos que poder con todo; podemos cometer errores sin que sea una apuesta todo o nada en cada aspecto de la vida. Esa gratitud frente a la idea de que puede ser peor, es una trampa. Para merecer una vida digna y con garantías de derechos, solo debemos ser humanas. ¿Somos humanas, el racismo, tal como lo ha explicado Fanon nos sigue sometiendo por debajo de la línea del no ser?. Decimos todo el tiempo “Quisiera tener la confianza de un hombre promedio, blanco y heterosexual” Ojalá lo logremos, porque lo merecemos. Disfrutar de nuestras comidas favoritas sin remordimiento, dormir hasta tarde un domingo y despertarnos sin culpa, trabajar y pedir ayuda si algo nos sobrepasa sin miedo a parecer insuficientes, sentirnos merecedoras de placer… etc, ojalá pueda ser nuestra gran aspiración, porque como dice una gran amiga “tanto sufrir pa uno morirse”. Y no se confundan, no vengo a decir que no debemos poner nuestro mejor esfuerzo en cada proyecto y sentirnos orgullosas de los resultados, ya sea la preparación de una cena familiar, el proyecto de jardinería o las responsabilidades laborales, que en el mejor de los casos se dan en condiciones dignificadas y nuestras familias pueden apreciarlas, cosa que no es tampoco lo más común. Muchas mujeres negras se quedan con la sensación de que después de haber dado más allá de todo, sus familiares, sus jefes y sus parejas aún se muestran muy inconformes con los resultados y, abiertamente, en un ejercicio de triangulación sobrevaloran a otras personas por menos. Hay que creer en la meritocracia para pensar que sobreponernos a los sistemas de poder es una tarea y responsabilidad individual, que es cuestión de “creernos el cuentos”, de sentirnos bellas, de sentirnos fuertes, de sentir que podemos con todo, cuando en realidad son nuestros sentimientos son insignificantes para las estructuras, y cualquier cambio sobre ellas es posible solo desde la colectividad. Sin embargo, seguimos creyendo que es cuestión de “hacer más esfuerzos”. Hemos aceptado el injusto acuerdo de que para cumplir nuestras metas y aspiraciones debemos trabajar el doble que los hombres negros y que las mujeres blancas, y el triple que los hombres blancos sin quejarnos. La razón para acogernos a estas presiones y tratar a toda costa de cumplir las expectativas sociales, es que ya sabemos que se siente que nos traten como inferiores y por eso, creemos que no podemos cometer errores, por más pequeños que puedan ser, que nos exponga al escrutinio y sirvan para comprobar los estigmas que la blanquitud ha impuesto sobre nuestras cuerpas. Esfuerzos que nunca son del todo valorados y devoran nuestra salud física y emocional. No es casualidad, ni mucho menos nuestra culpa actuar de esa manera. Respondemos humanamente a los estímulos externos de un sistema racista y capitalista que nos vende la falacia de la meritocracia, y nos desafía en todo momento a superar la ‘falla racial’. Superar la falla de ser mujeres negras con la disposición infinita de sacrificarnos por los demás en labores de cuidado, con títulos académicos, con el respaldo científico de todo lo que decimos — porque todo lo que decimos será mirado bajo la lupa de la desconfianza—, entre muchos otros esfuerzos para no ser tratadas o enmarcadas en los estereotipos negativos históricamente impuestos sobre los cuerpos de las mujeres negras. Pero pareciera que nunca fuera suficiente ¿alguna vez has tenido la sensación de que te han descartado por estar “sobre calificada”? contradictoriamente en una sociedad que siempre pone en duda nuestras capacidades, desarrollar tantas cualidades y talentos pueda ser motivo de desconfianza, una amenaza y, por lo tanto, también un motivo más de ser descartada o excluidas. Es como si no existiera una manera de escapar de la exclusión y el desdén. Algo muy triste de todo esto es que presionamos a otras mujeres y niñas negras para encajar en el modelo porque de no ser así por “su culpa” nos van a juzgar a todas las mujeres negras. Aquí es importante pensarse

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Carta para mi papá ausente

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Escrita por Dayana Blanco Acendra De mi papá, aunque ausente, heredé riquezas incalculables. La riqueza de la alegría y el amor por la música jíbara, el pulpo guisao’ y un bocachico. Heredé todo lo que se del baseball, una gorra y su guante de pitcher. También el apasionamiento extremo por la parranda vallenata con caja, acordeón, guacharaca y ron. Heredé las mil Barbies que me mandaba al año y alguno que otro carro que también me regaló, tal vez sabía algo que yo todavía no. Esos carritos me acompañaron toda la vida. Me hubiese gustado jugar con él a los carritos, al constructor. Me gustaría saber ¿qué me habría dicho cuando salí del closet? Tengo de mi papá una riqueza que se cuenta en risas, en el tamaño de mis ojos, en el color de mi piel y la firmeza del pelo que también le heredé. Sin embargo, no pude con esa riqueza pagar la comida de mi lonchera, ni los útiles escolares, ni la matrícula, ni el almuerzo, ni la cena. No pude pagar con esa riqueza heredada de mi padre ausente, mis gastos de salud, ni la matrícula de la universidad, ni la buseta que en esa época costaba 900 pesos, ni las copias, ni los libros. No pude pagar nada. En días como hoy, que el comercio le ha regalado a los padres, pienso en el mío como aquel sujeto que me visitó tres o cuatro veces al mes desde que nací hasta mis 10 años y que ya luego fui viendo menos. Al que tengo 10 años sin ver en persona y al que deseo salud y también que la alegría que me heredó, le acompañe siempre. Para mi padre ausente no tengo odios porque lo que no me dio, lo recogí en mi madre multiplicado. La plata del bus y el amor al salir del closet, de ella todo multiplicado. Tampoco tengo para mi padre brazos abiertos, ni espera, porque con la ausencia cerré puertas y ventanas. Es mi padre pero está en una foto o en algún cuento de infancia, en ningún otro lugar. Feliz día para él porque de sus 11 hijos, que conozco, alguno le habrá llamado papá y tendrá para él en este día un regalo. Lastimosamente, para mi no estuvo, no me vio crecer y brillar con todos mis colores. No disfrutó de la parternidad bajo esta luz y esta escarcha. Sin embargo, sé de padres decididos, presentes y que acompañan a sus hijes desde su humanidad, con conciencia, solidaridad y valentía. Feliz día en especial a aquellos padres de personas con orientaciones sexuales diversas que saben que el amor es superior a la cajita diminuta del género y la heteronorma. Feliz día a los papás presentes que abrazan, que besan, que dan para el bus y las copias, y que también van a las marchas.

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491 AÑOS DE CARTAGENA: Una vieja que renace en su juventud negra

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Por: Vanessa Castro Alvarez, comunicadora de ILEX Acción Jurídica Cartagena, la ciudad de muralla y de spots de fotos, la de historias, poesías y canciones, hoy cumple 491 años. También cumple la Cartagena viva, la del barrio y el picó. La Cartagena de calles llenas de barro y casitas de tabla, la que celebra los lunes y los martes la vida porque trabaja los fines de semana. La Cartagena que es Crespito, Flor del Campo y mi barrio Villa Corelca. En su cumpleaños, queremos celebrar a la Cartagena batalladora, negra e incansable, barrial que grita su lucha y defiende, como hace siglos, su dignidad. Esa Cartagena de tantos siglos, hoy más que nunca renace con su juventud negra. Activa y digna de admiración ante sus batallas de cuadra, de colegio, de calle, de paredes con grafitis, de bailes de semáforo. Afuera de las murallas, la ciudad se debate entre la alegría de la música champeta y salsa y el bullicio de la ficha de dominó estrellándose contra la mesa y la rabia constante ante la injusticia de la necesidad básica insatisfecha, la policia persiguiendo a los pelaos, el recibo de la luz llegando llevándose medio sueldo y la ausencia, y los yates acechando a las pelaitas. En Cartagena, a diario, se dan pequeñas batallas por la seguridad, dignidad y vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, impulsadas por ellxs mismos y con la esperanza firme de cambiar así sea a gritos y el pie en suelo sus realidades, con conciencia política y generando espacios de confianza, mientras apuestan por la justicia social de sus contextos. Frente a esta población y en particular, para su protección y seguridad, el alcalde elegido Dumek Turbay Ayala, ha propuesto un Plan que bautizó Titán a través del Decreto 03 de 2024. Con su dios griego, ha pretendido atacar la criminalidad y el mal llamado turismo sexual al que se ven expuestas las niñas y jóvenes. No obstante, esa Cartagena joven ha alertado los peligros que este puede significar para sus vidas sobre todo de juventudes y mujeres negras afrodescendientes, los criterios de la fuerza pública para ejecutar estos planes sesgados por prejuicios y estereotipos racistas que atentan contra los derechos fundamentales de nuestra población que, históricamente ha sido criminalizada, expuesta y vulnerada. Dicho lo anterior, en el marco de este cumpleaños y poniéndonos los lentes de una perspectiva étnico racial, desde ILEX analizamos la Política de Juventudes que también fue presentada este año y que, a grandes rasgos, parece tener buenas intenciones, pero que una vez más, no pone la lupa en lo que representaría la mayoría de la ciudad: la juventud afrodescendiente. Lo primero es que, aunque la Política menciona la violencia policial como uno de los problemas a tratar – realidad de la que también se habla hasta hace poco en la ciudad -, no es específica en mencionar que en Cartagena la violencia policial racista es un hecho que ha cobrado vidas de jóvenes y tampoco, hace énfasis en las acciones que va a tomar frente a esto. Nomás, por mencionar dos casos mediáticos, recordamos a Martín Elías Manjarres o Harol David Morales, ambos adolescentes negros que recibieron un impacto de bala por agentes del orden y por los que aún, sus familiares esperan que se haga justicia. Estos hechos se dieron en Villa Estrella y San Francisco, respectivamente. Zonas periféricas de la ciudad en las que “la Policía tiene mayor presencia y acción, teniendo en cuenta las estrategias gubernamentales de vigilancia focalizada en respuesta ante la inseguridad. En estos contextos los jóvenes afrodescendientes se ven expuestos a experimentar más procedimientos policivos que en otros lugares de Cartagena”. A partir de esto, también identificamos que no hay un reconocimiento de las condiciones de marginalidad a los que se enfrentan jóvenes afrodescendientes en estas zonas específicas de la ciudad, que responde precisamente a procesos de racialización territorial y a la no consciencia de lo que pasa fuera de las murallas del Centro Histórico. Como mencioné anteriormente, aunque existe un Plan, las acciones concretas para dar solución a la violencia policial racista, no solo es una tarea pendiente, sino también una conversación que no se puede seguir dando entre las lágrimas de las madres de las víctimas y los colectivos negros que exigen respuestas, sino que tiene que plantarse, sobre todo, desde la institucionalidad. Cabe resaltar y llama la atención, que en esta ciudad del Gran Caribe, capital del tercer departamento con mayor población afrodescendiente del país (27,6%), se enuncian y aprueban políticas sin un enfoque étnico-racial, ni de género. En la Política de Juventudes, si bien se tiene en cuenta factores específicos de diferenciación e incluso se intenta dar un concepto de “enfoque diferencial” con el propósito de “brindar una atención diferenciada a los jóvenes a partir de sus particularidades durante la implementación de la política”, y hasta se habla de derechos humanos “sin ningún tipo de exclusión o discriminación por motivos étnicos, raciales, de género, de discapacidad, de ideologías, preferencias políticas, zona habitada de la ciudad…”, no es claro cuáles son esas particularidades y cuáles serían las atenciones diferenciadas que se atenderán en los 10 años de vigencia de este documento. Cartagena ha sido sobre analizada, sobre estudiada y discutida en infinidades de conversatorios, pero las consecuencias del colonialismo, el racismo estructural y la falta de voluntad política que hemos acarreado por cientos de años, nos sigue pesando en la ausencia de políticas que tengan como centro a las poblaciones y a las personas que diariamente son marginalizadas y criminalizadas, que hagamos análisis y tomemos acciones más profundas y que se reflejen en el tiempo. Nos sigue pesando la ausencia de datos que permitan que se atiendan una a una las necesidades de los y las cartageneras. Nos sigue impidiendo que cerremos la herida que nadie ha estado dispuesto a sanar.

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¿QUÉ PASA CON MIN. INGUALDAD Y QUÉ FUE LO QUE DIJO LA CORTE?

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A diferencia de lo que se ha dado a entender por los titulares de los medios y plataformas digitales, el Ministerio de la Igualdad no desaparece automáticamente. Su existencia ahora depende de que el Congreso, a iniciativa del Gobierno Nacional, apruebe nuevamente la ley cumpliendo con los requisitos constitucionales. Si esto no se logra en dos años, el Ministerio desaparecerá legalmente. Por lo tanto, es crucial analizar el impacto jurídico del pronunciamiento de la Corte Constitucional y sus implicaciones políticas y sociales. El día 25 de enero de 2023 en ejercicio del derecho a la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal, Paola Andrea Holguín y otros, presentaron demanda contra la Ley 2281 de 2023, por la cual se crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad y se adoptan los elementos de su estructura orgánica. Las demandantes argumentaron que la forma en que se aprobó la ley tenía fallas. Según el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda propuesta de ley debe explicar claramente cómo afectará el presupuesto del país, incluyendo si es compatible con el plan de gastos a mediano plazo. Pero en este caso, de acuerdo a la demanda, eso no se hizo. Además, la ley no dejaba muy claras las facultades especiales que le daba al Presidente de la República. Luego de un año y tres meses de vigencia de la Ley y puesta en marcha del Ministerio de Igualación y Equidad, en sesión del mayo 8 de 2024, tras una votación la Corte Constitucional decidió la demanda ciudadana. La ponencia correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. En su fallo, la Sala Plena de la Corte, que todavía no ha emitido comunicado oficial ni ha publicado la sentencia, afirmó que el trámite de la ley tiene error de procedimiento al no realizarse un estudio sobre cómo la creación del Ministerio de la Igualdad afectaría el presupuesto, como lo exige la Ley 819 de 2003. Esta omisión legislativa violó el artículo 151 de la Constitución Política, que establece los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias. Basándose en este argumento, la Corte en Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023. ¿Pero qué es el análisis de impacto fiscal y a quién le correspondía hacerlo? Es un estudio que debe hacerse en el marco del trámite de un proyecto de ley para saber sus costos y el impacto de su implementación. Según el art. 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. Esta es una tarea compartida entre el Gobierno y el Congreso de la República, Sentencia C-110 de 2019: Asimismo, la Corte también decidió que las consecuencias de este fallo no serán inmediatas, como suele ser común en las decisiones judiciales. Esto se debe a que eliminar la ley inmediatamente llevaría a la desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad y todo su sector administrativo. En consecuencia, para evitar interrupciones en las políticas que protegen los derechos especiales de ciertos grupos, la Corte dio tiempo al Congreso y al Gobierno para corregir la ley o ajustar las funciones del Ministerio y hacer los cambios necesarios en la administración pública. ¿Qué significa y cuál es el alcance que tiene la declaratoria de constitucionalidad diferida de la ley del Ministerio de Igualdad? Uno de los asuntos que más controversia ha causado es el efecto de la declaratoria de constitucionalidad diferida que la Corte Constitucional utilizó en esta sentencia. En términos sencillos, la constitucionalidad diferida es una medida judicial que la Corte emplea cuando detecta un defecto en el procedimiento legislativo que hace que una ley sea inconstitucional. Sin embargo, en lugar de eliminarla de inmediato, la Corte decide mantenerla en el ordenamiento jurídico debido a que su derogación podría ocasionar problemas mayores o “desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”. Por lo tanto, la permanencia del Ministerio queda condicionada a que el Gobierno Nacional y el Congreso vuelvan a tramitar la ley dentro de un plazo de dos años. Durante este periodo, el legislador debe corregir los errores de forma que surgieron durante el proceso legislativo inicial, llevando a cabo nuevamente todo el proceso de creación de la norma. Esto nos lleva a señalar lo siguiente: Considerar todo lo anterior implica reconocer que la desaparición del Ministerio de la Igualdad no es un proceso automático. Su continuidad o supresión depende de la corrección de la inconstitucionalidad durante las dos legislaturas de 2025-2026. De no adoptarse por parte del Congreso las medidas correctivas sobre la ley que lo establece durante este período legislativo, desaparecerá la única institución específicamente encargada de abordar las brechas de injusticia y discriminación histórica y estructural que afectan desproporcionadamente a grupos y sujetos de especial protección constitucional. Para estos grupos, aún queda pendiente la promesa de garantía de sus derechos fundamentales. Sin lugar a duda, este escenario implica riesgos institucionales para la correcta ejecución programática y presupuestal del sector de igualdad y equidad, en la medida en que deja condicionada su existencia al trámite en el Congreso, y por ende a la voluntad política del legislador. Es decir, que lo que ocurra en los próximos seis meses será fundamental para garantizar que se supere la incertidumbre sobre la materialización de las funciones para las que fue creado el ministerio. Desde la perspectiva de la justicia y los principios constitucionales que deben guiar al Estado colombiano, la superación de este problema no es solo necesaria, sino que demanda un liderazgo y una colaboración armónica entre las ramas del poder público ejecutivo y legislativo. Esto es fundamental

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EDITORIAL | La Corte vio la luz: ¡Elegida Fiscal General!

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Larga y dramática ha sido la espera en la que ha estado el país para saber finalmente el nombre de la persona que liderará la Fiscalía General de la Nación. Entre trinos, titulares de periódicos y pasquines, declaraciones del presidente de la Corte sobre la seguridad de la institución y sus magistrados, y acusaciones de presiones indebidas del gobierno, nos han tenido en vilo y preguntándonos ¿Por qué tanta demora para elegir uno de los cargos más importantes del Estado? La pregunta sobre la demora de la Corte en elegir resulta incómoda y chocante cuando estuvimos por primera vez frente a una terna conformada sólo por mujeres. No sólo la demora sino los debates que se dieron sobre si esta terna era válida o no. Entre estos debates, destacó el generado por el magistrado Botero Zuluaga, quien argumentó, a través de una acción de tutela, que la terna era inválida y violaba el derecho a la igualdad al no incluir también a hombres. Esta controversia puso en tela de juicio el proceso de selección y dejó al descubierto las tensiones en torno a la equidad de género en las altas esferas del poder judicial. Esperan ver mis ojos el día en que esas ternas además de ser conformadas solo por mujeres, se les de por integrar a mujeres indígenas y/o negras-afrodescendientes. Que el país camine hacia ese propósito de garantías en la participación, debe ser una tarea de todos como sociedad. A lo largo de este camino de espinas, vimos a las ternadas y sus familias ser expuestas a los medios y las redes, estos fieles a escudriñar en la intimidad del otro confundiendo las dinámicas propias de la esfera personal y familiar con la aptitud y preparación para asumir altos cargos públicos. Tal fue el caso de Amelia Perez quien el 12 de marzo presentó su renuncia irrevocable a la terna de fiscal general, unos minutos antes de que la Corte entrara a una nueva sesión para elección. La trama de la selección de la nueva fiscal parecia sacada directamente de un guión de telenovela, con giros inesperados que mantenial al público en vilo, al mejor estilo de producciones televisivas como televisa y telemundo. El pasado 13 de marzo, por lo menos no fue martes, conocimos finalmente, después de tres meses y cinco rondas de votaciones, el nombre de la persona que ocupará por 4 años el cargo, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, el titular de los periódicos esta vez era ¿Bueno y quién es Luz Adriana? Sobre el perfil de la nueva fiscal general destacaré los aspectos relevantes , para luego desarrollar mi cartita de pendientes de la fiscalía en relación con las personas afrodescendientes y el papel que puede jugar la nueva fiscal en esta agenda. La nueva fiscal es una destacada penalista que cuenta entre los logros de su carrera ser fiscal delegada y magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y haber integrado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig-ONU). Es reconocido su trabajo en investigación contra la corrupción y la parapolítica. También podría decirse que cuenta con el necesario sentido de justicia social, importante para que la institución que liderará aterrice en las necesidades de la sociedad colombiana e impulse cambios para la real transformación de la administración de justicia para y por los colombianos. Esto se dejó ver tímidamente en su discurso de presentación ante la Corte Suprema. Sus propuestas sobre priorización con enfoque territorial, fortalecimiento sobre atención a las víctimas podría abrir algunas puertas para conversaciones que interesan a grupos históricamente marginados, como la población afrodescendiente. Sobre su labor en el cargo, quisiera recomendarle dos cosas que nos interesan particularmente desde la labor que venimos haciendo en la transformación de la policía nacional y el mejoramiento de las bases de datos administrativas. Sobre lo primero, hemos insistido en la necesidad de transformación de la estructura de la Policía para su desarrollo en pro de la comunidad y la sociedad, es decir una Policía desmilitarizada que sirva para garantizar derechos humanos desde su servicio público. Para esto, el papel de la fiscalía es fundamental. Desde la Mesa por la Reforma a la Policía, las organizaciones sociales que la integran hemos estructurado un pliego de peticiones, que contiene algunas propuestas para la fiscalía que retomaré ante la ahora fiscal general: Para lo anterior, serán necesarias no solo mesas de trabajo; será indispensable que el Estado demuestre voluntad política real, garantizando la escucha y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Además deberá comprometerse a gestionar los cambios institucionales, de infraestructura y normativos necesarios. Esperemos que no ocurra lo mismo que ha sucedido con otras instituciones oficiales, donde destacados profesionales con un fuerte sentido de justicia social, algunos de ellos antiguos activistas, se han visto absorbidos por la burocracia y la parálisis inherente a sus instituciones. Esto nos ha llevado a un desgaste entorno a discusiones sobre la reforma a la policía que aún no han dado resultados concretos. En cuanto a lo segundo, en un afán por superar la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en bases de datos administrativas, hemos insistido ante las entidades del sector justicia sobre la urgente necesidad de mejoramiento en la recolección del dato. En nuestra investigación “¿Superar la desigualdad racial sin datos?”, damos algunas recomendaciones a esta institución para mejorar la captación de la variable étnico racial en sus bases de datos pues si bien distintos tratados internacionales obligan al Estado colombiano a recoger esta información desagregada, hay un vacío por parte de las instituciones del sector justicia, como ocurre con las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nacional y en la Policía Nacional en las que no se capta la variable étnico-racial de manera obligatoria. De acuerdo con la respuesta ofrecida por esta institución en el año 2022, la recolección de este tipo de información no cabe dentro de su competencia. Tal como lo informamos en nuestra investigación la fiscalía señala que

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LA INCAPACIDAD DE RECONOCER LA BRUTALIDAD POLICIAL RACISTA

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Por Eliana Alcalá de Avila, Coordinadora de Acceso a la Justicia y Política Criminal La fuerza pública se ha inscrito en nuestra memoria como un actor violento, que más allá de protegernos, se ha ensañado en esparcir desde lo físico y lo simbólico el mensaje de represión y violencia. No por nada el 24 de febrero es el Día Nacional de la Brutalidad Policial, mismo día que, por medio de la directiva transitoria 0205 de 1999, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) un cuerpo que fue y ha sido un actor reconocido como perpetrador de múltiples hechos de uso excesivo de la fuerza en medio de la protestas, cobrando la vida de muchas víctimas que, aún hoy, no han recibido justicia. Es importante anotar que no solo el ESMAD ha cometido estas acciones, y la Policía Nacional, en su conjunto, han replicado prácticas violentas sobre aquellos que deberían proteger y ha ejercido el control de lo que está fuera del status quo, además de enfocarse especialmente en los cuerpos que históricamente se han considerado como peligrosos, no deseables y sujetos de apropiación: “ los sospechosos”. Sin embargo, esta última idea, la de la violencia ejercida por parte de la fuerza pública sobre las personas marginalizadas y discriminadas en razón de factores como la identidad etnico-racial, el género, su orientación sexual, entre otras, ha sido constantemente invisibilizada. Sí, ya sabemos que existe la percepción general de que la policía es violenta, en especial, que jóvenes han sido víctimas de estas acciones y que por eso se ha marchado y se ha exigido múltiples veces condenas y procesos de reforma policial. Sin embargo, es importante cuestionarse ¿cuándo estas demandas han analizado los impactos que la violencia policial tiene sobre la población afrodescendiente e indígena de forma específica? Creo que no recuerdo ninguna con la suficiente fuerza para convertirse en el foco principal de lo que se exige. Solo hasta hace muy poco empezamos a hablar sobre el fenómeno de violencia policial racista a nivel nacional, de las dinámicas violentas de los agentes del orden sobre la población afrodescendiente, de reconocer cómo los perfiles raciales que es el uso de criterios subjetivos basados en la pertenencia étnico-racial, son motivadores para perseguir grupos específicos como la población afrodescendiente. Esta invisibilidad de siglos, es en parte un proceso legitimación y normalización de la discriminación racial, reconociendo que estamos en un Estado racista que en su estructura más profunda, ha perpetuado las condiciones de desigualdad y violencia hacia la población afrodescendiente. En 2020, se podría decir que fue el año donde mundialmente se hizo más evidente la violencia policial racista a partir del movimiento “Black Lives Matter” (La vidas negras importan) en Estados Unidos, motivado por la muerte de George Floyd entre otros factores contextuales. Las Naciones Unidas incluso generaron órdenes que empezaron a analizar el comportamiento de los agentes del orden hacia la población afrodescendiente a nivel mundial, hasta se creó por primera vez un mecanismos especial enfocado solo en este tema, que es el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. No obstante, esto no tuvo el mismo efecto catalizador en Colombia y mucho menos en las acciones del Estado para preguntarse si se estaban ejerciendo prácticas de violencia policial racista. Atravesamos el Paro Nacional del 2021 en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que ciudades como Cali, con mayoría de población afrodescendiente, había sido el epicentro de la violencia por parte de la fuerza pública, en la que se pudo evidenciar el uso excesivo de la fuerza motivada por criterios racista que incluso se manifestó en declaraciones de funcionarios públicos. En razón de esto, se recomendaron procesos de formación con aplicación de enfoques diferenciales, procesos de reparación, incluso la necesidad de información estadística desagregada. Asimismo hemos conocido los homicidios de jóvenes afrodescendientes como Anderson Arboleda, Milton Andres Peralza, Johan Estaban Infante, Harold Morales, Martín Elias Manjarres, que son solo la punta del iceberg de la violencia policial racista. El proceso de invisibilización se ha dado de manera tan profunda, que hoy desconocemos las cifras reales de los homicidios por parte de la fuerza pública de personas afrodescendientes debido, además, a la negación constante de la institucionalidad por tener información estadística desagregada de forma adecuada. Así como también y en su mayoría, ignoramos las dinámicas internas de los territorios donde se encuentra la población afrodescendiente, que se ve sometida a la persecución, al hostigamiento, a la judicialización injustificada por los patrones de criminalización y perfilamiento. Son entonces las personas líderes de estos territorios, quienes en medio de sus procesos comunitarios y con lo que tienen a la mano, deben asumir la lucha que nadie ve y que pocos defienden, solo por tratar de sobrevivir al control policial y por rescatar la memoria de aquellos que se han ido injustamente, para salvar a quienes todavía están. Al parecer nada de lo relatado, ni ningún esfuerzo es suficiente para que se reconozca la necesidad de atender la violencia policial racista. Muestra de ello es que estamos en medio de una aparente reforma integral de la Policía que desconoce completamente la urgencia de integrar un enfoque étnico-racial, pese a las distintas exigencias. Ningún documento ni directiva ha evidenciado un interés real por asumir que la brutalidad policial racista existe, ninguno. Cuando hemos visto expresiones como “raza”, “etnia” o “enfoque diferencial” en lo que ha surgido de este proceso, solo se hace referencia a la necesidad de procesos culturales, como si el perfilamiento racial y la criminalización, fuera un asunto de no conocer la cultura, en vez de entenderlo como parte de la discriminación estructural a la que se ha sometido la población afrodescendiente. Adicionalmente, en el ejercicio desgastante de estos espacios de reforma, reflexionamos sobre qué tanto se escuchan nuestras voces, que además son muy pocas y que realmente no son representativas frente al universo total de las personas afectadas por este fenómeno. Es como estar en un foro donde los micrófonos

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El Impacto del Sistema Laboral Colombiano en las Mujeres Afrodescendientes

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El sistema laboral colombiano presenta complejidades significativas y las mujeres afrodescendientes, en particular, se enfrentan a una serie de desafíos que demandan una atención estratégica y novedosa. De acuerdo con el DANE, a cierre del año 2023, en diciembre, la tasa de desempleo se ubicó en 10,0%. Este resultado para las personas afrodescendientes llegaba al 13,5%, número que superaba en 3,5 puntos porcentuales (pps) la cifra nacional y al resultado de las personas sin ninguna pertenencia étnico-racial. La situación de las mujeres afrodescendientes es aún más alarmante. La tasa de desempleo llegó a 19,5%; superando en 10,7 pps a la registrada en los hombres afrodescendientes y 7,1 pps, a las mujeres sin ninguna pertenencia étnico-racial. Estos datos reflejan la alta vulnerabilidad en términos de autonomía económica y de movilidad social que enfrentan las mujeres afrodescendientes en comparación a otros grupos poblacionales. Así mismo, según las cifras de la encuesta de Calidad de Vida 2022 y el último censo, alrededor del 30% de las mujeres afrodescendientes ocupan su tiempo a realizar oficios del hogar, resultado disminuye a 3% en hombres afrodescendientes. Es decir, existe una conexión entre las responsabilidades de cuidado no remunerado, la falta de valoración de estas labores y la inequidad en el ámbito laboral. Por otro lado, la sobre representación de las mujeres afrodescendientes en empleos domésticos remunerado y su limitada participación en el sector formal resaltan la necesidad de abordar estas cuestiones desdeuna perspectiva estructural. ¿Pero qué hace el sistema laboral para corregir su alta tasa de desempleo y formalidad? Lo primero que debemos mencionar, es que el sistema laboral no funciona bien, caracterizado por su alta informalidad, su estructura regulatoria y los sesgos contra los jóvenes y las mujeres ya existentes. Por lo general, el sistema laboral exhibe al menos dos variables que obstaculizan su funcionamiento y generan una rigidez que afecta especialmente a las poblaciones históricamente discriminadas (por no mencionar a la sociedad colombiana en su conjunto). Uno de los aspectos fundamentales que contribuye a esta problemática, radica en que el financiamiento de seguridad social recae en buena parte sobre el costo del trabajo, limitando las condiciones óptimas para la generación de empleo formal, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Perpetuando la informalidad laboral, evidenciada por una proporción de ocupados informales que supera el 50% en Colombia. Ante la necesidad de reducir costos, las empresas se ven obligadas a mantener nominas reducidas y optan por vincular al menos una parte de su personal de manera informal. Esta estrategia no solo refleja una medida económica y financiera de cada empresa, sino que también plantea interrogantes acerca de quiénes serán los principales afectados por dicha informalidad, y como se ha mostrado en diferentes informes serán las mujeres y los jóvenes quienes enfrentan estas condiciones laborales. Otro de los múltiples problemas está vinculado a los aspectos regulatorios, es el conjunto de leyes y normativas que regulan o rigen el sistema laboral que, no necesariamente, está alineado con la estructura económica y productiva del país. Esto se manifiesta entre otras cosas, en la rigidez de la contratación, dificultando la adaptación a necesidades cambiantes y entornos de muchas empresas. Ahora bien, ¿por qué las mujeres afrodescendientes podrían verse afectadas por este tipo de problemas que tiene el sistema laboral? Consideremos el siguiente escenario: una mujer afrodescendiente está en búsqueda de empleo, al igual que otras mujeres sin ninguna pertenencia étnico-racial. Sin embargo, debido la alta carga de financiamiento de seguridad social que recae sobre el costo del trabajo, la empresa a la que se presentó, tiene la capacidad para contratar de manera formal a un número limitado de personas, pero aun así necesita a otras personas para llevar a cabo algunas labores dentro de la empresa. Al final, la empresa opta por contratar de manera formal a la mujer sin ninguna pertenencia étnico-racial, pese a tener las mismas cualidades académicas y de experiencia laboral que la mujer afrodescendiente. El anterior escenario fue real y evidencia que existe al menos una discriminación implícita, es decir, la empresa orienta a tener sesgo discriminatorio que la llevan a preferir a la persona sin ninguna pertenencia étnico-racial en el cargo formal, a pesar de la igualdad en los méritos profesionales. Por lo anterior, el sistema laboral colombiano tiene aspectos técnicos inmersos en el que dificultan la inserción laboral en Colombia, además de contemplar prácticas discriminatorias que obstaculizan y limitan lamovilidad social de ciertos grupos poblacionales. Estas problemáticas no solo contribuyen a perpetuar la informalidad laboral, sino que también sostiene la persistencia de desigualdades sociales y brechas de género. Por lo anterior, es importante que las reformas que se planteen sobre el sistema laboral aborden diferentes perspectivas. Por ejemplo, se sugiere reducir la dependencia de los costos laborales, mediante la exploración de alternativas como la viabilidad de financiar dichos recursos a través de la tributación, en especial al de personas naturales (es decir, mayor progresividad del sistema tributario) y por último, por qué no, que existan aspectos de monitoreo para evaluar las prácticas de equidad de género y racial en el contexto laboral, con incentivos para aquellas empresas que demuestran dichas prácticas inclusivas, similar a las políticas implementadas en relación con el trabajo joven en Colombia que, por cierto, no han sido lo suficientemente exitosas y deben ser mejor diseñadas.

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Editorial: Con la bota en el cuello ¿Cómo descansa uno?

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Por: Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Estos primeros días de enero me han llevado a cuestionar si realmente logré descansar durante las vacaciones. Mientras escribo sobre esta reflexión desde la perspectiva de una defensora de derechos humanos, debo confesar que la sensación de descanso no ha sido tan evidente como pensaba. Como solemos decir quienes rondamos los treintas, “dormí pero no descansé”. Y esta falta de descanso, o mejor dicho, mi resistencia a entregarme plenamente a él, creo que está intrínsecamente ligada a mi ocupación. Voy a compartir con ustedes el paso a paso de mi experiencia, para que juntos reflexionemos sobre la compleja relación entre el descanso y la incansable labor de defender derechos humanos. Porque, como descubrí, a veces el verdadero desafío está en encontrar la paz en medio tanta injusticia. PRIMER PASO: ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? y la culpa por descansar Soy Dayana Blanco Acendra, mi pronombre es ella y dirijo una organización que se dedica a la lucha contra la discriminación racial y la defensa de derechos de las personas afrodescendientes en Colombia. Siendo el racismo mi peor enemigo, si el racismo no descansa, ¿Por qué y cómo podría hacerlo yo? Siendo la defensa de derechos humanos una de las principales actividades a las que dedico mi tiempo, viviendo en este país y sufriendo la agitación de estos tiempos, ¿cómo podría encontrar descanso? La conciencia de los afanes del mundo, las injusticias sociales y las necesidades de las personas con las que trabajo y mías, porque mi trabajo es mi lucha personal, son factores que complejizan mi relación con el descanso pues mi cuerpo y espíritu se mantienen en constante alerta y una pregunta me aborda cuando tengo la posibilidad de descansar: ¿Puedo descansar si otres están sufriendo? En esa pregunta del “¿puedo?”, se atraviesa la cuestión moral de si está bien o mal hacerlo en relación con la situación de otres. Siendo la defensa de derechos humanos una de las principales actividades a las que dedico mi tiempo, viviendo en este país y sufriendo la agitación de estos tiempos, ¿cómo podría encontrar descanso? Para responder esta pregunta, entonces entro en la proyección de las imágenes del mundo actual: i. Gaza y el genocidio del pueblo Palestino a manos de Israel. No solo lo digo yo, ya lo dijo Sudáfrica que en un acto de dignidad y humanidad denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por violación a la Convención sobre el Genocidio. ii. El asesinato de Michell Dayana y la situación de las niñas negras en Colombia. Michell no es un caso aislado sino una constante en la vida de la niñez afrodescendiente, casi invisible para la sociedad colombiana, iii. Las denuncias de discriminación racial y requerimientos de líderes sociales que llegan a los canales de ILEX para atención legal de emergencia, iv. Un factor material directo que se atraviesa en mi descanso: las tareas técnicas y administrativas de final de año y la avalancha de correos que quieren resolverlo todo a último momento, y por último, mientras nos preparábamos para sacar esta editorial el pasado domingo, ver cómo se perdían vidas en la carretera Medellín -Quibdó. Esas vidas que no le importan a nadie y que están condenadas a perderse de maneras absurdas. ¿Quién puede descansar? ¿Y cómo lidiar con la culpa si lo hago? SEGUNDO PASO: Convencerme de que necesito descansar y entrar en la aceptación Quienes hayan llegado hasta acá en la lectura, seguro estarán pensando que además de ser muy consciente de las desigualdades del mundo y sufrir por ello tengo otros problemas en el relacionamiento con mi trabajo que debo tratar en terapia, y sí. Cuando hablo con algunes colegas que se dedican también a la defensa de los derechos humanos, llegamos a la conclusión de que tenemos muchos problemas para desconectarnos y para decir que no. Valdría la pena reflexionar un poco más sobre el activismo y la desconexión laboral, reconociendo el activismo como trabajo. O sobre el desafío del autocuidado en el activismo. Lo que me ha funcionado de manera muy efectiva es pensar en mi equipo. Para llegar a la conclusión de que necesito descansar y efectivamente hacerlo, parto de la certeza de que mi equipo necesita descanso y en tanto yo me mantenga activa, ninguno de ellos lo hará. Entonces todes descansamos. Otra herramienta muy útil es pensar en mi cuerpo. Creo firmemente que mi cuerpo me agradece el descanso, eso sí, debo primero evitar la culpa por hacer nada. Esa es otra forma de la culpa distinta a la de descansar siendo activista. Hecho esto, acepto el descanso y aprovecho para hacer ejercicio, leer, caminar y mi actividad favorita del mundo mundial: Ver lejos. Dícese del acto de escoger un punto en el vacío y observarlo por un tiempo indeterminado. TERCER PASO: Aceptar que voy a descansar y mantenerlo El 6 de enero acepté el descanso y como Alexis Play me dije “Yo solo quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal del celular”, entonces me fui al mar dos largos días y metí los pies en el agua para recordar lo dicho por el artista: “Déjenme coger mi carretera destapa’Sí, porque parece que así se van a quedarPa’ coge’ el camino que me va a llevarA donde está el río que me va a limpiarDe tanta vaina, de tanta mala energíaCon la que han mirado a la tierra míaY antes de que esto me vaya a enloquecerVoy cogiendo camino (…)” Lastimosamente, después de lo ocurrido el pasado viernes en la carretera, esta canción cobra una dolorosa vigencia de racismo y muerte. Una carretera destapá es lo que nos dejan hasta para descansar. Esa delgada línea que separa el descanso y la muerte en regiones del país como el pacífico colombiano. Mientras estaba en el mar pensé en leer pero no llevé libros porque el que estoy leyendo ahora se llama “Laberintos de prohibición y regulación, los grises de la mariguana en Colombia”

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El derrumbe de la vía Quibdó-Medellín: Una tragedia anunciada a la sombra del Racismo

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Una columna escrita por: Audrey Mena, subdirectora general de ILEX Acción Jurídica Chocó hoy está de luto y sabemos que esta tragedia no es un simple accidente, que el departamento haya sido declarado en calamidad pública obedece a una clara negligencia y racismo estructural del Estado. La vía que une Quibdó con Medellín, a pesar de su importancia geográfica y social, ha sido dejada a la sombra, olvidada por las promesas de desarrollo que deberían acompañar cualquier arteria vital de la nación. En el mapa, la distancia entre Medellín y Quibdó se presenta como una simple línea de 215 kilómetros, una cifra que debería sugerir cercanía y accesibilidad. Sin embargo, detrás de esta aparente proximidad se esconde una realidad desafiante que revela las profundas desigualdades y ausencia de Estado que presenta la infraestructura vial de nuestro país. Sorprendentemente, de esos 215 kilómetros, aproximadamente 90 km de estos no están pavimentados, convirtiendo un trayecto que debería ser ágil y eficiente en una odisea que consume tiempo y recursos. No se trata de un tema nuevo, desde agosto de 2016 y a causa de un paro cívico nacional el gobierno se comprometió a dejar financiadas la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó- Pereira. Un año más tarde se realizó un nuevo paro cívico reiterando las mismas peticiones, la muerte de más de 33 personas que podrían ser más con el paso de las horas son evidencia del incumplimiento. No se trata de un tema nuevo, desde agosto de 2016 y a causa de un paro cívico nacional el gobierno se comprometió a dejar financiadas la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó- Pereira. No obstante, no es solo una cuestión de baches y falta de cemento, es la negligencia deliberada que priva a comunidades y población, en su mayoría afrodescendiente de oportunidades y acceso igualitario a los recursos. Mientras otras rutas son modernizadas y priorizadas, la de Quibdó-Medellín se mantiene en un estado crítico, reforzando el hecho de que ciertas vidas y regiones no son dignas de inversión. Caminar por esta carretera es desentrañar una historia de decisiones gubernamentales que nos han relegado a una posición de desventaja. La falta de pavimentación, la carencia de señalización adecuada y la ausencia de servicios básicos son más que simple negligencia; son manifestaciones tangibles de un racismo estructural que persiste en ignorar las necesidades de las personas afrodescendientes e indígenas del Chocó. En este punto, cabe decir que el departamento del Chocó comprende el 82% de la población afrodescendiente del país y existen 50 consejos comunitarios referentes a la Región Pacífica, de la misma manera que aproximadamente se encuentran 12 comunidades indígenas. Por lo anterior, no puede separarse el accidente ocurrido el día de ayer en la carretera Quibdó-Medellín es del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Los accidentes, lejos de ser meras fatalidades, son el resultado de un sistema que antepone ciertas vidas y desatiende otras. En el juego de las prioridades, la vía Quibdó-Medellín ha quedado rezagada, una elección que no puede desvincularse de la herencia de discriminación racial que persiste en la Colombia contemporánea. Esta carretera, más que un simple tramo de asfalto, se convierte en un reflejo tangible de cómo el racismo estructural permea incluso las infraestructuras fundamentales de nuestro país.La discriminación estructural y sistemática se manifiesta de manera flagrante en la falta de inversión en medidas de seguridad vial y en la ausencia de mantenimiento adecuado de la carretera. Mientras las comunidades afrodescendientes luchan por acceder a servicios médicos de calidad y a educación, la vía que debería ser su puente hacia oportunidades se transforma en un peligro constante. No puede separarse el accidente ocurrido el día de ayer en la carretera Quibdó-Medellín es del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Las estadísticas son implacables, cada vez hay una tragedia peor. La cantidad de noticias y víctimas que ha cobrado la mal llamada “Trocha de la muerte”, ha significado para las comunidades afrodescendientes que habitan en las regiones a lo largo de esta carretera, enfrentarse a condiciones desfavorables, desde la falta de infraestructuras básicas hasta el acceso limitado a servicios de emergencia. El estado de la carretera misma, marcado por la negligencia, se convierte en un símbolo tangible de las injusticias raciales y la misma incapacidad de reconocer que aún persisten estas dinámicas en Colombia. El tiempo de viaje, que debería ser una cuestión de horas, se convierte en díasy los costos económicos y humanos se acumulan para aquellos que dependen de esta vía. Esto, sin contar que para viajar a esta zona del país, los costosos tiquetes aéreos torna a una gran mayoría, que no cuenta con el recurso económico suficiente, en las víctimas escogidas de este tipo de tragedias. La discriminación no siempre se presenta en formas obvias; a veces, se manifiesta en la omisión estratégica y en la falta de compromiso con el bienestar de comunidades afrodescendientes. Lo que ha pasado hoy, nos tiene que llevar a afirmar que la vía Quibdó-Medellín se erige como un símbolo de una negligencia racista e histórica estatal y confirmar la necesidad apremiante de desmontar las estructuras que perpetúan la desigualdad racial. El pavimento roto, los deslizamientos, no son sólo un obstáculo físico, es un recordatorio de la deuda histórica que el Estado tiene con estas comunidades. Hasta que todas las vías en Colombia sean tratadas con igualdad, seguiremos conduciendo sobre el pavimento de la injusticia y la muerte.

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Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica: Un paso fundamental en el reconocimiento de las deudas pendientes a las poblaciones étnicas

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El 12 de octubre de 2022 se llevó a cabo la instalación de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos, creada mediante decreto 820 de 2023. Esta Comisión es la puesta en marcha de la implementación de políticas, programas, acciones y normas dirigidas a la reparación histórica. La creación de esta instancia, es parte del reconocimiento de la obligación de reparación histórica en favor de los pueblos que fueron víctimas del colonialismo, la esclavización y la trata transatlántica como: indígenas, africanos/nas y afrodescendientes; y además reconoce que esas victimizaciones no son una cuestión del pasado, sino que actualmente se experimentan las herencias del pasado colonial que esclavizó, segregó, explotó, abusó y exterminó a determinados sujetos que hoy se mantienen viviendo en profundas condicones de desigualadad, de precaridad en el acceso y garantía de derechos y siendo víctimas del racismos y la discriminación estructural por su pertenencia etnico-racial. Así que, aunque la mera creación de una Comisión no resuelve los problemas que requieren ser resueltos, creemos que es un paso fundamental para reconocer que lo ocurrido en el pasado tiene legados de opresión materiales y simbólicos presentes y actuales que afectan de manera desproporcionada a ciertas poblaciones como los pueblos étnicos. En el caso concreto de las poblaciones afrodescendientes, puesta en situaciones, posiciones y condiciones sistemáticas de desigualdad social que ha impedido el goce de derechos fundamentales, la idea de pensar con seriedad y desde un espacio concreto sobre reparaciones históricas pone en la agenda del país y movilización social negra/afro la celebración de ser escuchados. Además, creemos que esta Comisión da lugar en las conversaciones actuales a la necesidad de hablar de la pertinencia de afrorreparaciones como formas de, para efectos de comprensión de las complejidades de las afectaciones a los pueblos negros/afros, tender puentes entre el pasado y el presente desde una visión de la memoria que posibilita la conexión entre la esclavitud y sus consecuencias con las opresiones y desigualdades estructurales del presente; y además las agendas de liberación antiesclavista del pasado con las agendas de la movilización antirracista del presente. Esto tiene efectos simbólicos políticos, académicos y, con seguridad, debería tener también efectos materiales. Desde Ilex, resaltamos esta Comisión Intersectorial porque, entre otras razones, consideramos importante entender que las condiciones de desigualdad de la población afrodescendiente, se soportan en siglos exclusión y hoy, como antes, la discriminación racial y las estructuras que le soportan son sistemas quepermean las instituciones e impactan en el goce de derechos. Finalmente, queremos anotar algunos comentarios sobre la creación y el funcionamiento de esta Comisión, a saber: Es importante que el proceso de reparación pueda enfocarse en garantizar condiciones de vida digna para los pueblos étnicos víctimas del racismo, la discriminación racial y el colonialismo. Se deben plantear medidas efectivas de reparación, comprensivas de la complejidad, diversidad y presencia de las poblaciones étnicas en los distintos lugares del país. Esto requiere una actitud analítica y crítica sobre buena parte de las normas que han permitido avanzar en el reconocimiento de derechos, pero que también significan obstáculos para el acceso a ellos. Por ejemplo: la existencia de grandes comunidades negras/afro en zonas urbanas; la presencia y dinamicas de estas poblaciones en zonas del país que la Ley 70 y sus decretos reglamentrios no imaginaron; la necesidad de desencializar la negritud para reconocer la diversidad; la materialización de la justicia económica para las poblaciones negras/afro; la invisibilidad estadistica y el borramiento de las poblaciones negras/afro de las bases de datos para la toma de decisiones públicas; el acceso sin dilaciones a la propiedad de la tierra; la justicia tributaria en favor de los históricamente oprimidos; el anlaisi del cambio climatico y las afectaciones que sobre los pueblos negros/afros está teniendo y tendrá; entre otros muchos temas que son esenciales a la reperación historica de los los pueblos étnicos víctimas del racismo, la discriminación racial y el colonialismo.

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