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#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

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Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región. En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares. Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares. Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó: “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena. Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.

Aurora Vergara y la primavera de un sueño colectivo

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La historia de vida de la nueva Ministra de Educación encarna luchas históricas de la población afro por el acceso a educación de calidad. El nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación representa la primavera de una lucha de casi un siglo por el acceso al derecho a la educación de la población afrocolombiana, que ha sido liderada por decenas de miles de maestras y maestros que promueven la enseñanza como principal herramienta para superar las barreras sociales impuestas por el legado colonial. Vergara, Socióloga de la Universidad del Valle y doctora en Sociología de la Universidad de Massachussetts-Amherst (EE.UU), ha manifestado que sus principales banderas serán la “revolución de la infraestructura educativa en las regiones que más lo requieren” y “el aumento de la cobertura para garantizar que muchas personas que necesitan acceder al sistema de educación superior puedan encontrar una oportunidad para alcanzar la formación de sus sueños”. Además, trabajará porque las instituciones “pongan en el centro de su gestión el reconocimiento de la dignidad de cada persona”. La llegada de la ganadora del premio Martin Diskin de LASA (2014) a uno de los cargos públicos más importantes del país también representa un desafío a los imaginarios racistas de un Estado que ha discriminado y marginalizado históricamente a las mujeres negras, al considerarlas como objetos y no como sujetas pensantes, o productoras de conocimiento. Con el fin de romper estas cadenas de opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres de la Diáspora, Aurora Vergara -siguiendo los pasos luminosos de sus maestras en la Normal Superior de Itsmina- ha enfocado su vida profesional hacía el desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad, la equidad y múltiples formas de acceso a la educación en Colombia y América Latina. Estas mismas banderas marcaron su gestión como Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF (2013 -2022), y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi (2012 -2022). En el Pacífico colombiano, región madre de Aurora Vergara, la educación tiene poderes inconmensurables. Mary Grueso, escritora y narradora oral, asegura que el acceso a la escolaridad es lo que le ha permitido a las mujeres confrontar las opresiones del pensamiento patriarcal, reivindicar su identidad individual y colectiva, y alcanzar su emancipación, su autonomía. “Por eso cuando llega a la ciudad, anhela lo que no tiene en su municipio o río de origen y siempre ha deseado: el acceso a la educación. […] Por eso trabaja como vendedora de chontaduro, platonera o empleada doméstica, a la vez que cursa la primaria para aprender a leer y a escribir. En términos de género, esta mujer adopta el modelo alternativo, sin renunciar por completo a las enseñanzas del modelo tradicional, y transforma su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela”, expone Grueso en ‘Las muchachas se fueron. De Migraciones y Sentires’, un análisis sobre la construcción del sujeto femenino en la poesía Afropacífico. La enseñanza también nos ha permitido construir proyectos de resistencia colectiva. En regiones como el norte del Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en la costa Caribe, principalmente en San Basilio de Palenque y en los pueblos raizales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las profesoras afrodescendientes han liderado procesos educativos que integran la cultura local de estas comunidades a sus procesos curriculares, como método para enfrentar los modelos desarrollistas y garantizar la cohesión de la vida sociocultural y comunitaria. De acuerdo con la etnoeducadora y representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, esta forma de concebir la educación también le ha permitido a los pueblos étnicos del país fortalecer su autonomía, reencontrarse con su memoria colectiva, recuperar sus lenguas tradicionales y reafirmar su sabiduría ancestral. El acceso a la educación superior de calidad ha posibilitado a las mujeres afrodescendientes llegar a espacios de poder antes restringidos. Las investigadoras Diana Caicedo y Lizeth Sinisterra afirman que desde estos cargos las mujeres afro se han caracterizado por ejercer liderazgos políticamente activos y promover la democratización de la educación y “otras formas organizativas de participación, inclusive de lazos de solidaridad en sus propios territorios ancestrales”. Los desafíos son titánicos. Como ministra, Aurora tendrá el reto de liderar políticas públicas antirracistas que promuevan el cierre de las brechas en el acceso a la educación que impactan de manera diferencial a la niñez afrodescendiente del país. El ecosistema de inequidad también cimenta las barreras históricas que enfrentan hombres y mujeres de estas regiones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo. La educación fue y sigue siendo una bandera importante en la lucha por tener la capacidad de brindar oportunidades para superar las barreras sociales impuestas por el colonialismo a la población afrodescendiente. Desde ILEX Acción Jurídica extendemos nuestras felicitaciones a Aurora Vergara Figueroa por su nombramiento y le deseamos grandes éxitos en este imperioso reto.

Usurpadores de tradición: el viche del Pacífico está siendo decomisado y lo están suplantando en decenas de bares exclusivos en Bogotá

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Por falta de reglamentación del Invima, familias productoras no pueden transportar sus productos ni comercializarlos por redes sociales. Las familias productoras tradicionales del viche en el Pacífico colombiano no están sintiendo en sus bolsillos los beneficios económicos del “furor” por la inclusión del viche en los menús de los bares y restaurantes más exclusivos del país. De acuerdo con sus denuncias, a pesar del acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Policía en agosto del 2022, sus productos siguen siendo decomisados por las autoridades en varios territorios de la región. La falta de reglamentación por parte del Invima de la categoría “Artesanal Étnico (AE)”, estipulada en la Ley del Viche (Ley 2158 del 2021), ha sometido también a las familias productoras a persecuciones por parte Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que les prohíbe promocionar y comercializar sus productos por redes sociales. “Por un lado nos dicen que estamos bien y luego nos notifican que si seguimos vendiendo por redes sociales nos van a multar, incluso, ya nos cerraron la cuenta con más seguidores en Instagram”, explicó a Blu Radio Daniela Angulo, gerente de Herencia Guapireña, empresa que lleva más de 30 años vendiendo Viche y sus derivados en Cali. (Le recomendamos leer: Así va el proceso jurídico con el que buscamos amparar los derechos de lxs productorxs de esta bebida ancestral) La cantaora y productora de Viche, Nidia Góngora, también ha elevado su voz de protesta ante este engranaje racista y extractivista que pareciera sólo estar beneficiando económicamente a las élites de la industria gastronómica colombiana. “Ahora no es viche del Pacífico sino viche de Bogotá. Mientras a los productores y transformadores del Pacífico se les decomisa su viche, en Bogotá hay cuchumil marcas de viche”, escribió Nidia en una publicación en Facebook. En una declaración a el diario EL País de Cali, María Yaneth Riascos, vichera y portadora de tradición, afirmó que nada sirve que el viche sea considerado un patrimonio de la Nación si a los emprendedores y emprendedoras de la bebida les “dan la puñalada trapera”, cerrándoles las puertas para comercializar su producto. (Consulta aquí nuestra cartilla ABC de protección y defensa de los recursos culturales) ILEX Acción Jurídica ha evidenciado cómo en los últimos años este desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación indebida por explotadores del viche a gran escala, quienes operan sin el control ni las reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los pequeños productores artesanales de viche del Pacífico. Cabe recordar que aunque la ley 2158 de 2021 ordenó a las autoridades sanitarias la creación de un Registro Sanitario especial que considere y preserve sus prácticas de producción ancestral, artesanal y étnica, a la fecha, tanto el Invima como el Ministerio de Salud han postergado la reglamentación de dicha categoría (AE). Hace más de siete meses, luego de que fuera admitida una acción de tutela interpuesta por Viche Canao e ILEX Acción Jurídica que buscaba amparar los derechos a la igualdad y no discriminación de los productoras de esta bebida ancestral, el Ministerio de Cultura informó que la normativa estaría lista en enero de 2023 y que a partir de este mes los vicheros comenzarían a presentar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y pasarían a obtener el certificado que los acredita como vicheros tradicionales. Para esto se crearía un sistema de información a partir de la constancia expedida por el respectivo consejo comunitario y por la asociación de vicheros de cada departamento. Sin embargo, las promesas siguen sin cumplirse y los derechos de las familias negras productoras de esta bebida continúan siendo vulnerados. Las restricciones sanitarias y comerciales que pesan actualmente sobre el viche, dificultan la consolidación de cadenas productivas y el acceso de estas comunidades a mercados más estables y de mayor envergadura. El “Gobierno del Cambio” no puede seguir permitiendo el extractivismo racista y rampante de nuestros recursos culturales.

Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes

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¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas. En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias. De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas. El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias, y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación. Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”. A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid, listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes: En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

Las huellas del conflicto armado colombiano en los cuerpos de las mujeres negras

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Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, entre ellas, el desplazamiento, las violencias sexuales y el despojo. En Mi Cuerpo es la Verdad, el volúmen del Informe Final que muestra los actos intolerables que sufrieron las 10.864 mujeres escuchadas por la Comisión de la Verdad, se da cuenta de cómo el racismo, como una estructura de poder histórica que ordena las relaciones sociales sobre principios de superioridad e inferioridad y jerarquiza de acuerdo con valoraciones raciales, incidió en la barbarie perpetrada por los actores armados en contra de las mujeres afrodescendientes. “A mi esposo lo asesinaron las Autodefensas Gaitanistas como en el 2014, y después de eso empezaron a venir a la casa y me pedían que les guardara armas. Después dijeron que se iban a quedar y me obligaban a lavar ropa sucia de sangre, y en la noche venían y me obligaban a estar con ellos; no me dejaban salir, ni de día ni de noche. Me tenían como una esclava y me decían: “Maldita negra, tú sirves es para esto”. Yo descansé cuando lo pusieron preso”, dijo a la Comisión una mujer negra de Arjona (Bolívar). Los testimonios son desgarradores. Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Leidy, mujer negra del Cauca, narró que fue víctima de abuso sexual por parte de actores de armados que le ordenaban bañarse más porque decían que su olor era “más fuerte” y la obligaban a tener el cabello alisado “porque mi cabello natural les daba asco”. El conflicto armado también obligó a miles de mujeres afrodescendientes a desplazarse de sus territorios hacia lugares desconocidos, sin contar con vínculos que les permitieran enfrentar la pobreza, el hambre y la desprotección. “El desplazamiento me marcó la vida completamente. ¿Por qué? Antes de salir de mi territorio yo fui víctima de violencia sexual, abusada por un guerrillero […] que ya falleció, y también después de llegar a la ciudad de Cartagena, donde vino el contraste de llegar a una ciudad donde tú no conoces a nadie, donde tienes que empezar de cero, donde todo mundo te rechaza por tu connotación de ser negro. Pero además de ser negro tienes un estigma de ser desplazado, víctima. Sufrí una nueva violación en pleno centro de Cartagena”, relató una mujer afro. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”. Comisión de la Verdad De acuerdo con la Comisión, los trabajos domésticos y sexuales forzados que han desempeñado las mujeres negras, entre otras prácticas de jerarquización social, también están basadas en prejuicios racistas que imperan desde el período colonial. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”, asegura el Informe. Aquí puedes descargar el tomo Mi Cuerpo es la Verdad.

Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia

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Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Tras conocer la noticia, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y futura ministra de la Igualdad, afirmó que se creará una “institucionalidad para garantizarle los derechos de la igualdad a todo el pueblo colombiano y de manera muy especial a las mujeres, a la población con discapacidad, a las comunidades LGTBQ+, a las poblaciones étnicas, a los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros”. ¿Qué viene ahora? Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Ministerio, ni se ha brindado mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema nacional de cuidado que implementaría la cartera. Desde ILEX Acción Jurídica, presentamos diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. (También puedes leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) 1. No esperar hasta la creación del Ministerio para desarrollar la agenda normativa y programática del gobierno en temas de igualdad. Los temas clave en la agenda de igualdad deben ser incorporados de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio, como la reforma agraria, la reforma a la policía, el plan nacional de desarrollo, entre otros. Si bien desde el plan de gobierno se previó la creación del Ministerio de la Igualdad, el alistamiento normativo, administrativo y técnico del Ministerio puede demorar meses, puesto que implica la aprobación de una ley de la república y su posterior reglamentación. Además, deben considerarse posibles escollos que demoren aún más la entrada en funcionamiento del Ministerio, como lo ocurrido en relación con el Ministerio de Ciencia, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al haber desconocido normas superiores relativas a la necesidad de regular de la estructura orgánica del Ministerio. En consecuencia, es importante garantizar que las apuestas de la nueva administración en materia de igualdad y no discriminación avancen de manera paralela al proceso de creación de la cartera de igualdad. Debería buscarse que asuntos clave en la agenda de igualdad se incorporen de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio. Así, por ejemplo, sería significativo que los asuntos de igualdad se incorporen en proyectos de ley como: a) la reforma tributaria; b) la reforma agraria; c) la reforma a la Ley 30 sobre educación superior; d) la reforma a la policía; e) el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo; f) la reforma a la ley 100 de 1993 sobre salud y pensionales; g) los proyectos de ley que se presenten sobre el sistema nacional de cuidado, entre otras. Muchos de estos proyectos de ley ya podrían encontrarse en discusión al interior de los movimientos políticos o en los procesos de empalme y se podrían empezar a radicar una vez se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, por lo que sería fundamental conocer el estado de dichos proyectos de ley y participar en su elaboración o, al menos, hacer comentarios sobre los borradores para asegurar que incorporen criterios de igualdad y no discriminación que luego faciliten el trabajo del Ministerio. 2. Evitar la redundancia funcional con otras instituciones del Estado, concentrando funciones en el Ministerio de Igualdad. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Muchos de los asuntos relacionados con grupos de especial protección constitucional ya tienen un lugar institucional (o lugares) dentro de la estructura orgánica del Estado. Así, por ejemplo, existe ya una dirección de comunidades negras y otra sobre indígenas, minorías y Rrom dentro del Ministerio del Interior, una Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Departamento de la Prosperidad Social maneja múltiples programas sociales del Estado dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social, etc. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Evitar la redundancia institucional no significa necesariamente desmantelar estas otras instancias de institucionalización de las necesidades de grupos de especial protección constitucional, sino que bastaría con garantizar que sus funciones y misión sean distintas y no se traslapen de manera injustificada con otros órganos del Estado. Esto implicaría negociar con las cabezas de las carteras afectadas por esta reestructuración institucional, puesto que sería previsible que haya oposición hacia esta posibilidad debido a sus implicaciones presupuestales. 3. Evitar que el Ministerio quede reducido buscar la “transversalización” de enfoques poblacionales. El Ministerio debe servir como una instancia que irradie las demás instituciones del Estado en asuntos de igualdad y no discriminación, pero no puede quedarse en este rol meramente simbólico o de carácter asesor, en especial porque, de ser así, no tendría capacidad de ejecución presupuestal adecuada. Sería importante velar porque el Ministerio de la Igualdad no se considerase …

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“No podemos confiar en un sistema que no nos protege, ni nos cuida”: hermana de joven afro asesinado por la policía

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El evento de lanzamiento de nuestro informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, también fue una oportunidad para escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de este fenómeno. Una de ellas fue María Mercedes Majanrrés Mora, hermana de Martín Manjarres, un joven de 16 años de edad que fue asesinado por agentes de la policía de Cartagena que le dispararon por la espalda después de un cruce de palabras en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías. A continuación, publicamos la versión completa del discurso que exclamó María Mercedes el pasado 8 de noviembre ante lxs asistentes al evento: Mi nombre es Maria Mercedes Manjarres Mora, vengo de la ciudad de Cartagena, tengo 29 años y actualmente resido aquí en Bogotá. El día de hoy, vengo en representación de cuatro almas que buscamos justicia por el asesinato de mi hermano Martín a manos de la policía y por el abuso, la violencia de la cual hemos sido víctimas. El asesinato de mi hermano ocurrió en el barrio Villa Estrella, donde mi familia y yo vivimos, un sector, como muchos en Cartagena, donde vive gente trabajadora y en su mayoría, negra. Mi hermano se llamaba Martín Elías Manjarres Mora, y tenía 16 años el día que murió. Fue un domingo 7 de febrero de 2021, faltando casi un cuarto para la medianoche. ¿Cómo sucedió? Mi hermano como cualquier joven ese día, quería salir a dar una vuelta. Mi papá no quería, pero al final con la insistencia de Martín, le da un poco de dinero para que compre algo y luego regrese a la casa. Al ver que Martín no llegaba, mi papá se duerme. Desafortunadamente despierta, y lo hace porque siente unos golpes en la ventana de personas que trataban de localizar desesperados al papá de Martín. Cuando él escucha que a mi hermano le habían disparado, no podía entenderlo, no se podía poner la ropa, no encontraba las llaves… Mi papá sale de nuestra casa en Cartagena, y ve cómo llevan a su hijo herido, montado en una moto. Grita fuertemente su nombre y ve cómo Martín mueve la cabeza, e intenta buscarlo con la mirada. Los testigos comentan cómo los policías llegaron, no siendo de nuestro cuadrante, sino de San José de los Campanos, y se encuentran con tres muchachos que vienen caminando. Estábamos en época de pandemia todavía y aún estaban las medidas de pico y cédula, y sabiendo que esta institución no siempre ha infundido respeto, sino miedo, mi hermano y sus amigos se asustaron. Posterior a eso, ellos vieron un predio – que actualmente es un conjunto residencial que está en la septima cuadra del sector del prado nacional en villa estrella – y dos de ellos cruzan la malla, pero Martín que era un chico de 1,70 de estatura, se queda atascado y ahí es cuando le pegan una patada en la cara, quedando aturdido. Martín intenta levantarse y el policía le dispara. La comunidad le grita de una que por qué le dispara, y aunque mi hermano intenta caminar unos cuantos metros, cae y se desangra. La bala le atravesó el pulmón derecho, lastimó su corazón y salió por el tórax. Fue un impacto que acabó con su vida en cuestión de minutos, por eso llega a la Clínica Madre Bernarda sin signos vitales. Los policías cuando vieron que mi hermano no se levantaba, uno de ellos alcanzó a gritarle y pedirle que se levantara. Tampoco supieron qué pasó luego de, porque al no poder capturar a los otros dos muchachos, huyeron y no le prestaron ningún auxilio. Lo dejaron morir. Posterior a esto, mi padre hace la denuncia y logró hacer contacto con los abogados que le llevan el caso a la señora Lizeth, madre de Harold Morales, otro joven que fue asesinado en San Francisco. Se hace el respectivo proceso, enterramos a Martín con una caminata hasta el cementerio en compañía de la comunidad que fue muy solidaria. Nosotros recibimos mucho apoyo del barrio, también hicimos velatones, hemos dado entrevistas y acudimos a los medios para poder dar a conocer lo que pasó con Martín: Un homicidio violento, un acto de discriminación, un perfilamiento racial por parte de la policía, que asumió que mi hermano era un delincuente, como quedó claro del comunicado policial en el que se señaló que Martín hacía parte de un atraco y añadiendo supuestos integrantes de una banda, que no estaban esa noche. Al sentirse amenazados, los agentes dijeron a vox populi que ellos tuvieron que dispararle a Martín, porque estaban en un operativo y él les había disparado primero, cuando el único casquillo que se encontró en la escena, provenía del arma del policía. La necropsia cuenta cómo mi hermano no estaba bajo efectos de ninguna sustancia, y que lo que sí pasó, fue un claro caso de violencia policial racista. En cuanto al proceso del caso, ha sido muy lento, negligente e insuficiente por parte de un fiscal que, a pesar de tener la información de una investigación completa, que también conoce las incongruencias y falencias que se conocieron en la investigación interna que hace la institución, no toma una decisión para capturar a los culpables. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cara, pero nosotros al estar en todo este proceso, nos sentimos preocupados por la seguridad de nuestra familia y la mía. En el barrio Villa Estrella y en toda Cartagena, nuestros derechos humanos están desprotegidos. No tenemos un alcalde que nos represente o que conozca lo que estamos viviendo. Los jóvenes están siendo asesinados diariamente de manera injusta, sobre todo, en los barrios del sur. Así como Martín, otros chicos mueren por su color de piel, por el barrio del que proceden, y esto lo que muestra es cómo la institución de la Policía está usando armas letales en contra de los ciudadanos. Mi familia y yo, Maria Mercedes, no podemos confiar en un …

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Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

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Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro. Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz. De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX. En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro. (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación:

Decálogo para enfrentar la violencia policial racista en Colombia

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Recomendaciones al Gobierno Nacional presentadas en el informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’. Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

RED DOROTY: visibilizando las experiencias de vida de las mujeres trans afro del Pacífico colombiano

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ILEX acompañó el proceso de consolidación de la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY, durante su primera juntaza en Quibdó, Chocó. El pasado 10 de noviembre, las integrantes de la colectiva participaron en talleres de comunicación étnica para la justicia racial, impartidos por ILEX Acción Jurídica, con el objetivo de promover estrategias para la visibilización de los discursos y formas de “re-existencia” de esta población. “Les invitamos a que se unan a esta juntanza, a que nos acompañen en este proceso que apenas inicia. Sabemos que es una carrera larga, pero no difícil, porque las mujeres trans del Pacífico insistimos, resistimos y perseveramos”, afirmó María Victoria Palacios, integrante de la Red. María Victoria agregó que es importante abordar la realidad de las mujeres trans desde la conexión entre cuerpo y territorio, dos categorías que atraviesan a diario la experiencias de vida de las personas con expresiones de género diversas, principalmente en territorios marginalizados, como lo es Pacífico colombiano. Esta opinión fue apoyada por Bicky Bohorquez, de Palmira (Valle del Cauca), quien afirmó que son necesarias más políticas públicas para la población trans, desde un enfoque feminista e interseccional. Estas actividades están enmarcadas en nuestra línea Derechos de mujeres negras y personas afrodescendientes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, por medio de la cual brindamos apoyo técnico jurídico y en comunicaciones para la garantía del acceso a derechos. *La Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY es una iniciativa que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres TRANS AFRO del pacifico colombiano, visibilizando las violencias desde cada territorio y de ese modo descentralizar las dinámicas desde los privilegios blancos y un sistema patriarcal machista.

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