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Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes

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¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas. En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias. De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas. El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias, y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación. Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”. A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid, listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes: En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

Las huellas del conflicto armado colombiano en los cuerpos de las mujeres negras

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Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, entre ellas, el desplazamiento, las violencias sexuales y el despojo. En Mi Cuerpo es la Verdad, el volúmen del Informe Final que muestra los actos intolerables que sufrieron las 10.864 mujeres escuchadas por la Comisión de la Verdad, se da cuenta de cómo el racismo, como una estructura de poder histórica que ordena las relaciones sociales sobre principios de superioridad e inferioridad y jerarquiza de acuerdo con valoraciones raciales, incidió en la barbarie perpetrada por los actores armados en contra de las mujeres afrodescendientes. “A mi esposo lo asesinaron las Autodefensas Gaitanistas como en el 2014, y después de eso empezaron a venir a la casa y me pedían que les guardara armas. Después dijeron que se iban a quedar y me obligaban a lavar ropa sucia de sangre, y en la noche venían y me obligaban a estar con ellos; no me dejaban salir, ni de día ni de noche. Me tenían como una esclava y me decían: “Maldita negra, tú sirves es para esto”. Yo descansé cuando lo pusieron preso”, dijo a la Comisión una mujer negra de Arjona (Bolívar). Los testimonios son desgarradores. Mujeres afrodescendientes relataron a la Comisión que los actores armados también las violentaron reproduciendo estereotipos negativos mediante frases e insultos deshumanizantes. Leidy, mujer negra del Cauca, narró que fue víctima de abuso sexual por parte de actores de armados que le ordenaban bañarse más porque decían que su olor era “más fuerte” y la obligaban a tener el cabello alisado “porque mi cabello natural les daba asco”. El conflicto armado también obligó a miles de mujeres afrodescendientes a desplazarse de sus territorios hacia lugares desconocidos, sin contar con vínculos que les permitieran enfrentar la pobreza, el hambre y la desprotección. “El desplazamiento me marcó la vida completamente. ¿Por qué? Antes de salir de mi territorio yo fui víctima de violencia sexual, abusada por un guerrillero […] que ya falleció, y también después de llegar a la ciudad de Cartagena, donde vino el contraste de llegar a una ciudad donde tú no conoces a nadie, donde tienes que empezar de cero, donde todo mundo te rechaza por tu connotación de ser negro. Pero además de ser negro tienes un estigma de ser desplazado, víctima. Sufrí una nueva violación en pleno centro de Cartagena”, relató una mujer afro. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”. Comisión de la Verdad De acuerdo con la Comisión, los trabajos domésticos y sexuales forzados que han desempeñado las mujeres negras, entre otras prácticas de jerarquización social, también están basadas en prejuicios racistas que imperan desde el período colonial. “Las violencias, en estos casos sustentadas en principios racistas, pusieron en riesgo la existencia misma de un pueblo. Fueron un mensaje por medio del cual las mujeres negras y afrodescendientes se vieron forzadas a recordar que su vida, su cuerpo, sus comunidades y sus territorios eran espacios de dominio de quienes se creían sus dueños y las veían como seres inferiores”, asegura el Informe. Aquí puedes descargar el tomo Mi Cuerpo es la Verdad.

Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia

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Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Tras conocer la noticia, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y futura ministra de la Igualdad, afirmó que se creará una “institucionalidad para garantizarle los derechos de la igualdad a todo el pueblo colombiano y de manera muy especial a las mujeres, a la población con discapacidad, a las comunidades LGTBQ+, a las poblaciones étnicas, a los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros”. ¿Qué viene ahora? Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Ministerio, ni se ha brindado mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema nacional de cuidado que implementaría la cartera. Desde ILEX Acción Jurídica, presentamos diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. (También puedes leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) 1. No esperar hasta la creación del Ministerio para desarrollar la agenda normativa y programática del gobierno en temas de igualdad. Los temas clave en la agenda de igualdad deben ser incorporados de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio, como la reforma agraria, la reforma a la policía, el plan nacional de desarrollo, entre otros. Si bien desde el plan de gobierno se previó la creación del Ministerio de la Igualdad, el alistamiento normativo, administrativo y técnico del Ministerio puede demorar meses, puesto que implica la aprobación de una ley de la república y su posterior reglamentación. Además, deben considerarse posibles escollos que demoren aún más la entrada en funcionamiento del Ministerio, como lo ocurrido en relación con el Ministerio de Ciencia, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al haber desconocido normas superiores relativas a la necesidad de regular de la estructura orgánica del Ministerio. En consecuencia, es importante garantizar que las apuestas de la nueva administración en materia de igualdad y no discriminación avancen de manera paralela al proceso de creación de la cartera de igualdad. Debería buscarse que asuntos clave en la agenda de igualdad se incorporen de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio. Así, por ejemplo, sería significativo que los asuntos de igualdad se incorporen en proyectos de ley como: a) la reforma tributaria; b) la reforma agraria; c) la reforma a la Ley 30 sobre educación superior; d) la reforma a la policía; e) el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo; f) la reforma a la ley 100 de 1993 sobre salud y pensionales; g) los proyectos de ley que se presenten sobre el sistema nacional de cuidado, entre otras. Muchos de estos proyectos de ley ya podrían encontrarse en discusión al interior de los movimientos políticos o en los procesos de empalme y se podrían empezar a radicar una vez se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, por lo que sería fundamental conocer el estado de dichos proyectos de ley y participar en su elaboración o, al menos, hacer comentarios sobre los borradores para asegurar que incorporen criterios de igualdad y no discriminación que luego faciliten el trabajo del Ministerio. 2. Evitar la redundancia funcional con otras instituciones del Estado, concentrando funciones en el Ministerio de Igualdad. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Muchos de los asuntos relacionados con grupos de especial protección constitucional ya tienen un lugar institucional (o lugares) dentro de la estructura orgánica del Estado. Así, por ejemplo, existe ya una dirección de comunidades negras y otra sobre indígenas, minorías y Rrom dentro del Ministerio del Interior, una Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Departamento de la Prosperidad Social maneja múltiples programas sociales del Estado dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social, etc. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones. Evitar la redundancia institucional no significa necesariamente desmantelar estas otras instancias de institucionalización de las necesidades de grupos de especial protección constitucional, sino que bastaría con garantizar que sus funciones y misión sean distintas y no se traslapen de manera injustificada con otros órganos del Estado. Esto implicaría negociar con las cabezas de las carteras afectadas por esta reestructuración institucional, puesto que sería previsible que haya oposición hacia esta posibilidad debido a sus implicaciones presupuestales. 3. Evitar que el Ministerio quede reducido buscar la “transversalización” de enfoques poblacionales. El Ministerio debe servir como una instancia que irradie las demás instituciones del Estado en asuntos de igualdad y no discriminación, pero no puede quedarse en este rol meramente simbólico o de carácter asesor, en especial porque, de ser así, no tendría capacidad de ejecución presupuestal adecuada. Sería importante velar porque el Ministerio de la Igualdad no se considerase …

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“No podemos confiar en un sistema que no nos protege, ni nos cuida”: hermana de joven afro asesinado por la policía

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El evento de lanzamiento de nuestro informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, también fue una oportunidad para escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas de este fenómeno. Una de ellas fue María Mercedes Majanrrés Mora, hermana de Martín Manjarres, un joven de 16 años de edad que fue asesinado por agentes de la policía de Cartagena que le dispararon por la espalda después de un cruce de palabras en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías. A continuación, publicamos la versión completa del discurso que exclamó María Mercedes el pasado 8 de noviembre ante lxs asistentes al evento: Mi nombre es Maria Mercedes Manjarres Mora, vengo de la ciudad de Cartagena, tengo 29 años y actualmente resido aquí en Bogotá. El día de hoy, vengo en representación de cuatro almas que buscamos justicia por el asesinato de mi hermano Martín a manos de la policía y por el abuso, la violencia de la cual hemos sido víctimas. El asesinato de mi hermano ocurrió en el barrio Villa Estrella, donde mi familia y yo vivimos, un sector, como muchos en Cartagena, donde vive gente trabajadora y en su mayoría, negra. Mi hermano se llamaba Martín Elías Manjarres Mora, y tenía 16 años el día que murió. Fue un domingo 7 de febrero de 2021, faltando casi un cuarto para la medianoche. ¿Cómo sucedió? Mi hermano como cualquier joven ese día, quería salir a dar una vuelta. Mi papá no quería, pero al final con la insistencia de Martín, le da un poco de dinero para que compre algo y luego regrese a la casa. Al ver que Martín no llegaba, mi papá se duerme. Desafortunadamente despierta, y lo hace porque siente unos golpes en la ventana de personas que trataban de localizar desesperados al papá de Martín. Cuando él escucha que a mi hermano le habían disparado, no podía entenderlo, no se podía poner la ropa, no encontraba las llaves… Mi papá sale de nuestra casa en Cartagena, y ve cómo llevan a su hijo herido, montado en una moto. Grita fuertemente su nombre y ve cómo Martín mueve la cabeza, e intenta buscarlo con la mirada. Los testigos comentan cómo los policías llegaron, no siendo de nuestro cuadrante, sino de San José de los Campanos, y se encuentran con tres muchachos que vienen caminando. Estábamos en época de pandemia todavía y aún estaban las medidas de pico y cédula, y sabiendo que esta institución no siempre ha infundido respeto, sino miedo, mi hermano y sus amigos se asustaron. Posterior a eso, ellos vieron un predio – que actualmente es un conjunto residencial que está en la septima cuadra del sector del prado nacional en villa estrella – y dos de ellos cruzan la malla, pero Martín que era un chico de 1,70 de estatura, se queda atascado y ahí es cuando le pegan una patada en la cara, quedando aturdido. Martín intenta levantarse y el policía le dispara. La comunidad le grita de una que por qué le dispara, y aunque mi hermano intenta caminar unos cuantos metros, cae y se desangra. La bala le atravesó el pulmón derecho, lastimó su corazón y salió por el tórax. Fue un impacto que acabó con su vida en cuestión de minutos, por eso llega a la Clínica Madre Bernarda sin signos vitales. Los policías cuando vieron que mi hermano no se levantaba, uno de ellos alcanzó a gritarle y pedirle que se levantara. Tampoco supieron qué pasó luego de, porque al no poder capturar a los otros dos muchachos, huyeron y no le prestaron ningún auxilio. Lo dejaron morir. Posterior a esto, mi padre hace la denuncia y logró hacer contacto con los abogados que le llevan el caso a la señora Lizeth, madre de Harold Morales, otro joven que fue asesinado en San Francisco. Se hace el respectivo proceso, enterramos a Martín con una caminata hasta el cementerio en compañía de la comunidad que fue muy solidaria. Nosotros recibimos mucho apoyo del barrio, también hicimos velatones, hemos dado entrevistas y acudimos a los medios para poder dar a conocer lo que pasó con Martín: Un homicidio violento, un acto de discriminación, un perfilamiento racial por parte de la policía, que asumió que mi hermano era un delincuente, como quedó claro del comunicado policial en el que se señaló que Martín hacía parte de un atraco y añadiendo supuestos integrantes de una banda, que no estaban esa noche. Al sentirse amenazados, los agentes dijeron a vox populi que ellos tuvieron que dispararle a Martín, porque estaban en un operativo y él les había disparado primero, cuando el único casquillo que se encontró en la escena, provenía del arma del policía. La necropsia cuenta cómo mi hermano no estaba bajo efectos de ninguna sustancia, y que lo que sí pasó, fue un claro caso de violencia policial racista. En cuanto al proceso del caso, ha sido muy lento, negligente e insuficiente por parte de un fiscal que, a pesar de tener la información de una investigación completa, que también conoce las incongruencias y falencias que se conocieron en la investigación interna que hace la institución, no toma una decisión para capturar a los culpables. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cara, pero nosotros al estar en todo este proceso, nos sentimos preocupados por la seguridad de nuestra familia y la mía. En el barrio Villa Estrella y en toda Cartagena, nuestros derechos humanos están desprotegidos. No tenemos un alcalde que nos represente o que conozca lo que estamos viviendo. Los jóvenes están siendo asesinados diariamente de manera injusta, sobre todo, en los barrios del sur. Así como Martín, otros chicos mueren por su color de piel, por el barrio del que proceden, y esto lo que muestra es cómo la institución de la Policía está usando armas letales en contra de los ciudadanos. Mi familia y yo, Maria Mercedes, no podemos confiar en un …

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Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

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Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro. Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz. De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX. En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro. (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación:

Decálogo para enfrentar la violencia policial racista en Colombia

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Recomendaciones al Gobierno Nacional presentadas en el informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’. Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista.

RED DOROTY: visibilizando las experiencias de vida de las mujeres trans afro del Pacífico colombiano

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ILEX acompañó el proceso de consolidación de la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY, durante su primera juntaza en Quibdó, Chocó. El pasado 10 de noviembre, las integrantes de la colectiva participaron en talleres de comunicación étnica para la justicia racial, impartidos por ILEX Acción Jurídica, con el objetivo de promover estrategias para la visibilización de los discursos y formas de “re-existencia” de esta población. “Les invitamos a que se unan a esta juntanza, a que nos acompañen en este proceso que apenas inicia. Sabemos que es una carrera larga, pero no difícil, porque las mujeres trans del Pacífico insistimos, resistimos y perseveramos”, afirmó María Victoria Palacios, integrante de la Red. María Victoria agregó que es importante abordar la realidad de las mujeres trans desde la conexión entre cuerpo y territorio, dos categorías que atraviesan a diario la experiencias de vida de las personas con expresiones de género diversas, principalmente en territorios marginalizados, como lo es Pacífico colombiano. Esta opinión fue apoyada por Bicky Bohorquez, de Palmira (Valle del Cauca), quien afirmó que son necesarias más políticas públicas para la población trans, desde un enfoque feminista e interseccional. Estas actividades están enmarcadas en nuestra línea Derechos de mujeres negras y personas afrodescendientes con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, por medio de la cual brindamos apoyo técnico jurídico y en comunicaciones para la garantía del acceso a derechos. *La Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico – DOROTY es una iniciativa que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres TRANS AFRO del pacifico colombiano, visibilizando las violencias desde cada territorio y de ese modo descentralizar las dinámicas desde los privilegios blancos y un sistema patriarcal machista.

Hablemos de violencia policial racista en Colombia: revive nuestra participación en el programa El Lunes, de Canal Capital

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El diálogo se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país. Este 31 de octubre, previo al lanzamiento de nuestro informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’, Ana González, abogada y cofundadora de ILEX Acción Juíridica, conversó en el programa El Lunes, de Canal Capital, sobre los graves impactos de este fenómeno en Cali, Cartagena y Bogotá. El diálogo, moderado por el periodista Santiago Rivas, se centró en la exposición de los principales hallazgos del informe y en el análisis de los engranajes de opresión racial y violencia policial que aún vulneran la cotidianidad de las personas afrodescendientes en el país. “El racismo es un problema institucional y estructural, y la policía no está exenta de ello. Hay conductas racistas dentro de la institución porque hay miembros que vienen con prejuicios racistas y dentro de la institución estos se refuerzan”, explicó González, y advirtió que la violencia policial racista en el país se rige bajo la lógica “amigo-enemigo” y el perfilamiento constante de las personas afrodescendientes. En cuanto a los principales retos para la documentación de este fenómeno, González señaló que aunque desde hace mucho tiempo varias organizaciones afrodescendientes han denunciado la violencia policial racista, encontrar datos desagregados con enfoque étnico-racial sigue siendo un desafío. Como ya lo habíamos advertido, la barrera que impone la invisibilidad estadística implica un subregistro en los casos, y en consecuencia una ausencia de análisis de cómo la pertenencia étnico-racial impacta en el relacionamiento con los agentes de la fuerza pública. María Fernanda Escobar, representante en Colombia de Raza e Igualdad, una de las organizaciones que participó en la construcción del informe, afirmó que la investigación nació con el objetivo de ofrecer una mirada diferente sobre lo que estaba ocurriendo durante el Paro Nacional de 2021, combinando estrategias de investigación cuantitativas y cualitativas, con énfasis especial en los casos de violencia policial racista reportados por población afrodescendiente en el marco de la protesta. El informe ‘Silencio e Impunidad: Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia’ será presentado oficialmente a las 5:00 p.m. de este martes, 8 de noviembre, en la Sala 2 de la Cinemateca Distrital de Bogotá. El evento, organizado por ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES-, y la Corporación Raza e igualdad, contará con la participación de personas afrodescendientes víctimas de violencia policial racista en Cali y Cartagena. Además, se realizará el lanzamiento oficial de un microdocumental animado que explica los entreverados de la violencia policial racista en Colombia. Inscríbete aquí en el listado de asistentes al evento de lanzamiento del informe.

Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia

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El presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, radicaron este 18 de octubre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tendrá como objetivo liderar, coordinar y ejecutar las políticas públicas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales que afectan a la población de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados. La nueva cartera estará bajo la batuta de Francia Márquez, y tendrá la tarea de proteger, desde un enfoque diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, y migrantes. Sin embargo, el proyecto de ley condensado en cuatro páginas y 11 artículos, deja algunos interrogantes importantes en cuanto a la estructura, presupuesto y alcance del ministerio. ¿Cuál es el presupuesto para la igualdad? En el texto del proyecto se menciona que el patrimonio con el que funcionará el Ministerio de Igualdad y Equidad saldrá de las sumas que se aprueben en el presupuesto nacional, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para la cartera y las donaciones que se reciban de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. No obstante, aún no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de esta cartera. Esta cuestión es trascendental si se tiene en cuenta que combatir el hambre y la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo implica una inversión importante de recursos. Desde ILEX Acción Jurídica planteamos que, por un lado, la construcción de presupuestos desde un enfoque etnico-racial debe responder a las necesidades específicas de la población diferencialmente racializada a partir de un análisis territorial en el que se pueda evaluar la pertenencia étnico-racial y su proporción. De igual forma, siguiendo las recomendaciones consignadas en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), consideramos que estos presupuestos deben contar con metas e indicadores que puedan evaluar y orientar las asignaciones de recursos, así como garantizar la participación representativa de estos grupos en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Los presupuestos públicos reflejan las prioridades reales de los gobiernos, tanto en la forma como se captan recursos, como en la forma en que se gastan. El Gobierno debe demostrar su voluntad política haciendo incidencia en el Congreso para que el presupuesto que se le asignen al Ministerio contribuya de forma efectiva al cierre de las brechas de inequidad en el país. ¿Cuáles serán las entidades que conformarán el Ministerio? El proyecto señala que la cartera liderará el sector administrativo de la Igualdad y Equidad y que las demás entidades del Ministerio “serán asignadas a través de una ley”. Además, se le otorgarán al presidente Petro facultades extraordinarias, por el término de seis meses, “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”. Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), adelantó por su parte que la cartera asumirá las funciones de dos consejerías claves para la equidad: la de la Mujer y la de la Juventud. “Lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que han estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”, afirmó en entrevista con Caracol Radio. Por ahora, desde ILEX consideramos que es indispensable que el Ministerio se articule de forma sólida con todas las carteras, pues consideramos que para alcanzar la equidad y la justicia racial es necesario la implementación de medidas que promuevan transformaciones sociales profundas en Colombia. La lucha por la igualdad de género y la garantía de los derechos de la población históricamente marginalizada debe ser una política de Estado. ¿Cuáles serán los alcances del Sistema Nacional de Cuidado? El Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales banderas de campaña del nuevo Gobierno, tendrá como objetivo “reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado”, desde un enfoque diferencial, de género, étnico e interseccional, y por medio de un modelo corresponsable entre familias, el Estado, la sociedad y el mercado. El objetivo es uno: “compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la injusta división sexual del trabajo”. Aunque reconocemos que este proyecto representa un avance importante hacia el cierre de brechas de género, el texto no brinda mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema que sería implementado por un Estado que sigue en mora de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan actualmente las labores de cuidado en el país. Aquí puedes leer el proyecto de ley completo:

Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro

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El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Columna escrita por Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica. Dada la necesidad de aumentar el recaudo, el pago de la deuda, las necesidades sociales, los desequilibrios que dejó la pandemia por el Covid-19, se hace necesaria una reforma tributaria. La presentada por el Gobierno actual espera recaudar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, 25 billones de pesos, estos estarán sustentados, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de la siguiente forma: $8,1 billones del 1% de las personas más ricas, $7 billones de recursos del uso del subsuelo, $5,1 billones de la reducción de exenciones y deducciones para las empresas, $2,5 billones de impuestos saludables y ambientales y $2,2 billones de otras medidas. El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad. Ambos elementos van con objetivos importantes como la reducción de la desigualdad del ingreso y la mejora del recaudo. No obstante, como lo han mencionado instituciones como la Universidad de los Andes y Fedesarrollo, la reforma también tiene aspectos negativos, pues podría afectar la generación el crecimiento económico y la generación de empleo. En cuanto a lo positivo, la reforma plantea aumentar la carga tributaria del 1% más rico del país, es decir, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Este aspecto es importante por la progresividad, pues este atributo logra promover la redistribución, y es posible que se reduzca la presión o tensión en las personas de menores ingresos (desde el punto de vista del impuesto directo), beneficiando así a la población que está en situación de pobreza o vulnerabilidad. Otro de los puntos importantes es la implementación del impuesto a los patrimonios de más 3.000 millones de pesos. Este impuesto, como ya lo ha mencionado la CEPAL y otros organismos como la OCDE, mejora la equidad vertical del sistema tributario y contribuye a la disminución de la desigualdad, pues, según la Cepal, la riqueza se distribuye incluso más desigual que otras bases imponibles como el consumo o el ingreso. En ese sentido, desde la perspectiva del recaudo y la progresividad vía impuestos directos, la reforma está bien encaminada ya que, de alguna manera, hay beneficios a una buena parte de la población, mediante programas sociales u otro tipo de intervención dado el aumento del recaudo para financiar el gasto público, estos pilares mejoran la redistribución y afecta positivamente a las personas que están en vulnerabilidad, como es el caso de la población afrodescendiente. Los aspectos esenciales de la reforma (progresividad y recaudo) son recomendados también en el documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, en donde se reafirma la importancia de estos dos pilares para llegar a una justicia racial, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la política fiscal tiene las herramientas necesarias para garantizar la disminución y el cierre de brechas. Dentro del documento hay recomendaciones que se recogen en la actual reforma tributaria, entre ellas la lucha contra la evasión y elusión, impuestos directos como el patrimonio y progresividad general en el sistema tributario. No obstante, dentro de la reforma existen algunos aspectos que pueden afectar a la población vulnerable (ya sea positiva o negativamente). Un ejemplo de ello, son la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En cuanto al primero, el exdirector el DANE Juan Daniel Oviedo señaló que este podría tener una incidencia directa en los hogares de los más vulnerables, pues son estos quienes más la consumen. Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas está en función del contenido de azúcar en la bebida y no al precio, tiene dos visiones: la primera es incentivar la producción de bebidas con menores cantidades de azúcar, y así en el mediano y largo plazo afectar positivamente en la salud de las personas que más consumen (lado positivo) y la otra, es que aunque no esté en función del precio, es posible que este impuesto afecte más a las personas vulnerables o pobres, entre ellas la población afrodescendiente; considerando que este grupo poblacional se concentra en zonas geográficas que más consumen este tipo de bebidas, como así lo señalo el DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2021, donde evidenciaron los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés (88,7%) Atlántico (79%), Córdoba (74,2%) , Bolívar (71,7%) y por el lado del pacifico esta Chocó (64,9%) y Valle del Cauca con el 59,8%. Por lo anterior, aunque el impuesto tenga una función deseable para la salud pública, como lo es prevenir la obesidad entre otros problemas ocasionados por este tipo de bebidas, no es claro cómo se pretende sustituir la bebida en poblaciones que carecen de un sustituto como el agua. Por lo tanto, es necesario que la reforma y las acciones de gobierno también sean acompañadas con inversión social en territorio,tal y cómo ha sido afirmado desde el Ejecutivo. Otro aspecto que se debería estudiar a mayor profundidad es el impacto en el crecimiento económico, inversión y el empleo, según la Universidad de los Andes en la Nota Macro número 44 se explica que, la reforma tributaria puede golpear la inversión, dada la nueva carga tributaria (impuesto a los dividendos) que podría afectar las personas con muy altos ingresos (aquellos que pueden generar inversiones) y esto al final podría desincentivar la inversión. El informe destaca otros puntos importantes, que, aunque son plausibles como la eliminación de beneficios tributarios, no se realiza con otro tipo de medidas como la reducción de la tarifa corporativa. En ese sentido, como se menciona en el mismo informe, existe una carga tributaria a quienes realizan inversiones …

Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro Leer más »

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