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LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

| Sep 15, 2021 | Según lo relatado por Laudicina Ramírez (2020), en una sociedad racista, desigual y regida por un modelo heteronormado, el covid-19 plantea un escenario que reafirma cifras preocupantes[1] y más aún cuando planteamos el plano de la reactivación económica, donde el Estado no tiene políticas fiscales que contemplen la población vulnerable del país, por tanto, es trascendental adoptar medidas de emergencia que defiendan el estado de derecho, protegiendo y respetando la democracia configurada en el acceso a los derechos fundamentales. A pesar del gran subregistro de la población afrocolombiana del Censo 2018, según el cual la población afrodescendiente se redujo de manera inexplicable en un 30.8%[2],  la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, de acuerdo con el estimativo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 realizada por el DANE, representa el 9,34% del total nacional, siendo 4.671.160 personas. De estas, el 50,4% son mujeres y el 49,6 son hombres y habitan mayoritariamente en el Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó y La Guajira[3]. Dos tercios de la población reside en zonas urbanas y un tercio en zonas rurales.  En los municipios con participación igual o mayor al 50% de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, los índices de pobreza multidimensional arrojaron un puntaje entre 80% y 85%, donde resaltan los municipios de Medio Baudó, López de Micay, Bajo Baudó (Chocó); Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño). Murindó (Antioquia) y municipios entre Turbo y Acandí arrojaron entre 50% y 51% y en ciudades como Providencia, Andalucía, Puerto Tejada y San Andrés, presentan los índices más bajos entre 14 % y 17%. Estas desventajas históricamente acumuladas se exacerban con la pandemia producida por el covid-19[4] que, tal como se evidenció con el estallido social del paro nacional, puso las economías altamente informales en una categoría que contempla retos que deben ser estudiados y desarrollados por el Estado, ya que la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica del 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y desigualdad[5]. Las respuestas a la pandemia en los países altamente informales requieren contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, créditos, y/o entrenamientos ligados a oportunidades dignas[6]. Lo anterior es necesario para comprender el actual contexto recrudecido por las situaciones laborales, académicas y de pobreza multidimensional que tiene como una de sus consecuencias el aumento de la violencia hacia personas afrodescendientes y afro LGBTIQA.  La situación de descontento social histórico en el país, exacerbada por la crisis que generó el covid-19 ha suscitado reclamos por parte de sectores invisibilizados de la sociedad colombiana, sobre todo, aquellos representados por las personas empobrecidas, negras, LBGT, indígenas que se lanzaron a las calles el 28 de abril reclamando mejoras en la calidad de vida y el respeto de esta. En el contexto de la movilización nacional, la población afro y afro LGBT ha tenido un rol muy importante, considerando que los diferentes colectivos a nivel nacional han salido a las calles a protestar, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, también contra factores estructurales como desempleo, falta de acceso a educación superior, discriminación, junto con otras violencias que agudizan la crisis nacional y siguen vigentes contra las personas con orientaciones, expresiones o identidades de género diversas, especialmente aquellas pertenecientes a la población afrodescendiente. Deborah Skenassy, directora de la Fundación Santamaría, relata que las personas trans han sido carne de cañón por años ante las desigualdades sociales, y que con motivo de la pandemia han visto sus derechos vulnerados y son expuestas a situaciones de alto riesgo, al punto de no contar con acceso a derechos básicos, como salud, vivienda, trabajo y alimentación. De ahí que la calle sea el espacio público por excelencia porque, parafraseando a Déborah, la calle, la esquina, el barrio, el parche de amigos han sido espacios de transformación social y de resistencia ante un estado “identicida” que en palabras de Skenassy, asesina, rechaza y desaparece personas por su identidad de género[7]. Otro asunto preocupante es la situación de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, pues están pasando situaciones de extrema vulnerabilidad pues sus ingresos no alcanzan ni para comer, por eso se han hecho ollas comunitarias en dos zonas de la ciudad de Cali para responder a esta situación de emergencia, aunque se hace de manera anónima por miedo a recibir agresiones por parte de la policía, ya que han intentado desaparecer a dos de sus compañeras en medio de las jornadas de protesta[8]. Las falencias estructurales en la garantía de los derechos fundamentales de las personas negras, que se han hecho mas evidentes y agudas en el marco de la pandemia, influyen directamente en la exacerbación de violencias racistas y homolesbotransbifobicas. Por tanto, es importante que el Estado colombiano para la reactivación económica tome medidas de impacto, como lo ha recomendado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9]. Es imperativo implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales que esta genera, siguiendo las políticas fiscales que deben cumplir con los Objetivos y metas del desarrollo Sostenible -ODS-. Asignar mayores recursos de gasto publico para potencializar el acceso a la salud en Colombia, mejorar la eficiencia del gasto, resguardar las fuentes de trabajo y los ingresos de las familias, y, sobre todo, resguardar a la población mas vulnerable antes, durante y después de la pandemia por covid-19. Frente al panorama actual, es importante que el Estado refuerce los sistemas sanitarios y haga frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia, lo que conlleva una mayor inversión del gasto público. De igual manera, Colombia al ser un país altamente informal requiere contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, crédito y/o capacitación ligados a oportunidades laborales dignas. Por último, es importante pensar y aplicar alternativas que ayuden a la reactivación de la

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LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS

| Ago 5, 2021 | La Constitución Política de 1991 representó avances jurídicos para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y demás grupos étnicos, entre los que se destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7); lenguas y dialectos (Art. 10); su protección (Art. 8); el derecho a la igualdad real y efectiva (Art. 13). También abrió la puerta para el reconocimiento del derecho a la titulación colectiva de las comunidades negras (Art. Transitorio 55). El desarrollo legal y jurisprudencial de estas normas ha permitido entender y ampliar el alcance de estos derechos. En el marco de este reconocimiento de derechos, el derecho fundamental al territorio ha resultado trascendental para la defensa y supervivencia de las comunidades étnicas, específicamente negras en Colombia.  La Ley 70 de 1993, producto del ejercicio de la movilización y exigibilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera[1], intentó responder a la búsqueda de soluciones estructurales a necesidades históricas de formalidad de la tierra, reconocimiento de ocupación ancestral, protección de la diversidad y la cultura, entre otras. En conjunto con esta ley se han expedido otras normas como el Decreto 1745 de 1995 sobre el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras; el  Decreto 1320 de 1998 sobre la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio; el  Decreto 140 de 2006 sobre atención educativa para grupos étnicos, catedra de estudios afrocolombianos, proceso de selección de etnoeducadores/as y su ingreso a la carrera administrativa. Sin embargo, su aplicación ha sido accidentada e insuficiente para los casi 30 años que han pasado desde la expedición de su norma superior. La mayoría de las comunidades étnicas colombianas tienen histórica permanencia en el territorio y han desarrollado una relación especial con el mismo. Los derechos territoriales de las comunidades étnicas se traducen en “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Estos derechos territoriales están comprendidos dentro del conjunto de derechos colectivos de las comunidades negras, derivados de los usos y costumbres ancestrales o de sus sistemas de derecho propio. El Estado, en el marco de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991), está obligado a reconocer y proteger los territorios de las comunidades negras en Colombia, su propiedad,  posesión sobre la tierra de manera integral, esto es la garantía de otros derechos y libertades como la consulta previa,  uso y goce de recursos naturales y su autodeterminación y Gobierno. El territorio es la base fundamental para desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad, su subsistencia económica y cosmovisión. De allí que se entienda la tierra o territorio “no como un objeto de propiedad sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por esto, la propiedad de la tierra no se asume de manera individual sino colectiva”. El acceso a la tierra por parte de las comunidades negras es un medio de conservación, pues “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”. A pesar de la importancia del territorio para esta población y las obligaciones nacionales e internacionales del Estado por garantizarlo como derecho fundamental, los procesos de titulación colectiva avanzan a paso de tortuga, en ocasiones, luego de años de radicación de la solicitud se les comunica que hacen falta documentos, dando cuenta de la nula gestión del asunto hasta ese momento por parte de las entidades oficiales. En Colombia, para el año 2010, de acuerdo con Indepaz, hay 276 consejos comunitarios mayores, integrados por 1.454 consejos comunitarios locales. De estos, hasta la fecha, en el Ministerio del Interior se encuentran inscritos solo 298 y uno está  en estado de aprobación. Así mismo,  desde la aprobación de la Ley 70 de 1993 hasta abril de 2021 se han expedido 210 resoluciones de titulación colectiva a su favor, lo que en promedio son poco menos de 10 resoluciones por año. A la lenta implementación de los procesos de titulación colectiva se le suman las constantes amenazas a liderazgos que defienden el territorio y los desplazamientos,  que se han duplicado en lo que va del 2021. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de marzo, “Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano-. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”. Son muchos los casos que podemos citar respecto de estas demoras y limitaciones al derecho fundamental al territorio. Sobre esta problemática, Mónica P. Hernández en su ponencia Regímenes racistas de propiedad en el Caribe Colombiano: la revocatoria del título colectivo a la comunidad negra de La Boquilla, producto de su investigación doctoral Afro Colombian Communities, Conflict, and Collective Land Titling, expone que las comunidades étnicas son queridas hasta que se convierten en un obstáculo para quienes desean implementar/imponer sus proyectos y en la costa Caribe a diferencia que en el Pacífico se empeñan en desligar a las comunidades negras de su relación con el territorio y defensa del medio ambiente, pues los “capaces” de realizar esa protección son los proponentes de megaproyectos. Hernández agrega que producto de su investigación no se evidenciaba una sistematicidad en la titulación, pero sí en el despojo e identifica elementos de esta estrategia, como desvirtuar la posesión, criminalizar a la población, y presentarlos desligados de la protección del medio ambiente,  incapaces de autogestionarse, adaptarse a los cambios, especialmente los climáticos. Curiosamente esta es la virtud que más destacan poseer dichos megaproyectos, mientras que las comunidades serían ocupadores de alto riesgo. En el informe “Despojo invisible de una selva chocoana” presentado por Verdadabierta.com, se alerta,

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LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

Ilex | Jul 23, 2021 | Opinión Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta nación que reconoce, en su mayoría, la labor de los hombres mientras omite los nombres y legados de ellas. Este mes de la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que ha coincidido con la celebración de los 30 años de la constitución de 1991, debemos recordar que lo obtenido en el proceso de la constituyente, es también un logro de muchas mujeres afrodescendientes dentro del escenario político directo de la asamblea. Mujeres como Mercedes Moya,  impulsaron la ley 70 de 1993 y participaron activamente del proceso constituyente que conocemos hoy. La Red de Mujeres Negras del Pacífico Sur que desde temprano en 1992, puso en la mesa las reivindicaciones de género y la integración de las mujeres en los procesos políticos. En el Caribe, las mujeres afrodescendientes también son la representación de resistencia y lucha por sus derechos y los de sus comunidades. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, son una fiel muestra de cómo los procesos conjuntos de mujeres resultan escenarios de reparación y reconstrucción del tejido social a partir de distintas expresiones simbólicas que son su voz para narrar lo ocurrido en el conflicto armado y su forma de reivindicar derechos. Esta lucha es también compartida por mujeres afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que a través de formas de resistencia como la comparsa diversa de las fiestas de San Pacho en Quibdó, liderada por mujeres trans afrodescendientes, les recuerdan a sus comunidades que existen, transforman y resisten. Las mujeres negras, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora encarnan autonomía, liderazgo y ciertamente la voz para enfrentar y transformar las realidades que enfrenta la población afrocolombiana. En ese escenario, tal vez por ello y por las violencias que sufren, se han convertido en figuras de defensa en medio del conflicto armado, defensa del medio ambiente, abanderadas de las luchas por la igualdad de género y las libertades sexuales. Son la voz líder en los barrios marginalizados, en los escenarios de la guerra, y responden, muchas con veces hasta con sus vidas,  a la discriminación estructural y violencia institucional que les afecta. Son distintos los contextos donde las mujeres afrodescendientes han demostrado su capacidad de liderazgo y defensa por los derechos humanos. En el campo político, social, ambiental y comunitario han sido el sustento de la población, pese a la tendencia de su invisibilización y contante amenaza. Mujeres como Johana Maturana, Erlendy Cuero,  Juana Ruiz,  Francia Márquez, Teresa Cassiani, Inis Mosquera, Yolanda Perea, Charo Mina, Regina Miranda, entre otras muchas, han vivido la experiencia de ser impulsoras, lideresas, promotoras de derechos de la población afrocolombiana. Hoy las reconocemos en su lucha que ha permitido que la realidad de nuestra población se transforme un poco, y quienes vienen encontrarán un camino gracias a ellas. Esta semana, en particular fue un día histórico para la población afrocolombiana, para el pueblo negro,  Francia Márquez anunció que oficializaba su precandidatura a la presidencia, la primera mujer negra en aspirar a este cargo de forma pública y con la visibilidad suficiente como para impactar en las discusiones de cara a las elecciones del 2022.

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Medidas de protección a líderes sociales: ausencia de cifras reales y de un enfoque étnico-racial adecuado

| Jun 16, 2021|  Por: Yuly Paola Campiño,  abogada- ILEX Acción Jurídica A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las  medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as. La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades. La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad. La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado. En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección. Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno. En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-. Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

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CON ORGULLO Y LUCHANDO POR NUESTRA CIUDADANÍA

| Jun 28, 2021|  Por Dayana Blanco *Texto originalmente publicado en blog del Fondo Noruego para los derechos humanos Barbara Smith, escritora y feminista afroamericana y queer, explicaba en un artículo en el The New York Times porqué dejó de hacer parte del mainstream del Orgullo Gay que se celebra en junio. La razón era obvia, muchas personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer, sobre todo aquellas marginadas por su color de piel u origen étnico, siguen privadas de derechos, bienes y servicios; siguen viviendo al margen. Si bien no podemos comparar el contexto queer afroamericano de los EEUU con el Latinoamericano sí podríamos afirmar que la situación de las personas LGBTQIA+ en la región mejora a pasos de caracol y que no tenemos mucho que celebrar. En Colombia, las difíciles condiciones en las que vive la mayoría de esta población, los crímenes por perjuicio y odio, el conflicto armado que azota las zonas rurales y las constantes amenazas a procesos organizativos y liderazgos precariza su vida, bienestar y, al final del día, su ciudadanía.En junio debemos recordar esta lucha con orgullo y seguir reclamando nuestra ciudadanía con fuerza. Ha sido largo el camino demandando seguridad, salud, trabajo, educación, no violencia, entre otras garantías que más accesibles desde la heteronormatividad y la binariedad. Desde los disturbios del Stonewall Inn (Nueva York, Estados Unidos) en junio de 1969, o desde 1982, año en que se realizó la primera marcha por el Orgullo Gay en Colombia, contamos con algunas victorias, pero no con la materialización y disfrute de nuestra ciudadanía completa. Hemos logrado la despatologización de las identidades trans y de género diverso, la despenalización de la homosexualidad, que en Colombia solo se alcanzó hasta 1980, y el reconocimiento de derechos patrimonialespor parte de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007, pero en Colombia seguimos recibiendo trato de ciudadanos de segunda categoría. Solo hasta 2018 supimos cuántxs habitamos en zonas urbanas de país, pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE- no hizo la medición en zonas rurales. La invisibilidad estadística de esta población es una de las primeras barreras para el mejoramiento de la calidad de vida. Esas personas LGBTQIA+ que viven en la ruralidad y que aun no vemos, han sufrido limitaciones históricas en el acceso servicios básicos y los embates del conflicto armado. Desplazamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidios, torturas, crímenes por perjuicio y odio, han sido documentados por distintas organizaciones de derechos humanos que han denunciado la precaria situación de esta población en zonas rurales, agravado por su identidad étnico-racial. “Los episodios empezaron cuando era apenas un adolescente, a los 14 años. La guerrilla empezó a contactarlo, pues había ganado cierta visibilidad por su participación en grupos de danza tradicional afro-pacífica. A los ojos de los integrantes del grupo armado, el hecho de que Alex fuera homosexual (o leído como tal) lo convertía automáticamente en una persona extrovertida, amiguera y con una amplia vida social, recursos todos muy beneficiosos para su organización. Intentaron entonces persuadirlo de que trabajara como informante para ellos de diversos modos (mediante mensajes de texto, mensajes con otras personas o conversaciones directas). Sin embargo, fallaron en su cometido, pues Alex se negó sistemáticamente a vincularse a las actividades ilícitas del grupo. A partir de allí se desató un torrente de rumores que señalaban a Alex como portador de VIH, una enfermedad que lo convertía en un sujeto indeseable y blanco de todas las violencias higienizadoras” (Ver informe ¿Quién nos va a contar?- Colombia Diversa) Organizaciones como la Red Comunitaria Trans, nos recuerdan que aún no se ha esclarecido la muerte de Alejandra Monocuco, que en lo que va de 2021 se han asesinado a varias mujeres trans. Frente a esta realidad, las personas LGBTQIA+ sobre todo aquellas que lideran procesos sociales y defensoras de los derechos humanos siguen denunciando crímenes y violencia por prejuicio debido a la orientación sexual o el género como actos que constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas” [CIDH]. Por lo anterior, se ha reiterado la necesidad de que las autoridades públicas y la sociedad en general implementen herramientas adecuadas para identificar y sistematizar los escenarios de riesgo y las agresiones, realizar acciones de reconocimiento desde la institucionalidad para que se hagan efectivos los derechos de estas personas, fortalecimiento colectivo de las organizaciones en los territorios, entre otras. Entonces, ¿qué podemos celebrar en junio? Tomémonos el mes para conmemorar toda esta lucha, recordar a las personas LGBTQIA+ que murieron esperando atención médica, acceso a la justicia, un mejor trabajo, que no las mataran por trabajadoras sexuales o por machorras, una ciudanía real. Celebremos que no nos golpeen, a veces, que podemos entrar al baño tranquilxs, a veces, y que podamos cenar en navidad con nuestras parejas y familia, a veces. Marcharemos para, algún día, poder eliminar el “a veces” de este párrafo y para dejar de ser el “medio ciudadano marica”, que no importe con quién te acuestas o qué llevas entre las piernas, para saber qué derechos tienes.

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LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

| Mar 29, 2021 | En el mes de marzo, cuando conmemoramos la lucha contra la discriminación racial y la lucha por la equidad y la justicia para las mujeres, reflexionamos sobre la fortaleza y resistencia de quienes están en la intersección entre el género y la raza. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la igualdad de género tiene cara de mujer, de mujer negra, por eso en esta ocasión queremos dedicar este espacio a reconocer la labor de personas, en su mayoría mujeres negras, que se dedican a la defensa de la vida y la salud en los territorios, las parteras. La partería entre la población afro es una práctica ancestral que se remonta, en Colombia, a la vergonzante época de la  esclavización, en la que las mujeres, en su mayoría,  mantenían en sus comunidades aprendizajes y conocimientos sobre el parto y la salud reproductiva. Esto ha representado hasta el día de hoy un elemento esencial de la identidad de las comunidades afrodescendientes, la unidad de los territorios y la protección de la integridad de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se ha logrado a través de un ejercicio continuo de resistencia que pese al abandono estatal y el conflicto armado presente en los territorios ha insistido en esta práctica como una forma de supervivencia no solo cultural, también física, ante la ausencia de un sistema de salud integral que atienda las necesidades de la población. La partería se compone de procesos de comadraje y sororidad entre mujeres para la conservación de su salud mental y física, compartir vivencias de su ejercicio y escuchar a las otras como iguales. El Plan Especial de Salvaguarda de los saberes asociados a la partería afro del pacifico, enmarcado en el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de la nación, reconoce a las mujeres que ejercen la partería, como aquellas que respetan los derechos de las mujer, pues su actuar se guía en la libertad, el respeto por el cuerpo y sus deseos autónomos. Estos pilares implican que las relaciones que se crean entre las mujeres y las parteras sea un ejercicio de confianza colectivo, que preserva el sentido de lo comunitario y el arraigo al territorio. Las parteras son personas que contrarían el sistema guiado por el individualismo y la despersonalización del otro. En ese sentido, la partería puede ser vista como una practica contestataria que relaciona lo propio con lo sagrado, que pervive, incluso, en medio del conflicto armado que azota al pacifico colombiano. Que, en la actualidad, las plantas tradicionales para las curaciones y tratamientos se cultiven incluso en las azoteas o patios de las viviendas de las aprendices de partería y no en los territorios que se vieron obligados a abandonar, es una muestra valiosa de lo que implica la transformación de las practicas culturales que se resisten a desaparecer. Ni las entidades territoriales ni el gobierno han comprendido que ellas son las que salvan las vidas de cientos de personas en los territorios, quienes se ven enfrentadas no solo a la ausencia de un sistema de salud, sino al conflicto armado que se ha recrudecido en zonas como Chocó y Buenaventura. Este grupo también se enfrenta a violencias económicas porque no tienen recursos suficientes para su sustento y al no incluirlas en el talento humano de salud, no se les dio el reconocimiento el derecho a atención prioritaria en el marco de la pandemia. Además, las omisiones de las ayudas solicitadas por asociaciones como ASOPARUPA y ASOREDIPARCHOCO, escasez de elementos de bioseguridad, han obligado a las parteras a menguar sus servicios, a cerrar los nichos donde atienden a mujeres y comunidad en general, a aislarse pues se exponen a la muerte al prestar sus servicios, debido a que la mayoría de sus miembros son personas de avanzada edad y con enfermedades preexistentes. Este es un llamado a la protección real de estas mujeres que hoy resisten para no perder lo construido y lo conservado. Reconocemos el logro alcanzado el 23 de marzo de 2021 con la aprobación en primer debate del proyecto de Ley “Por medio del cual se define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección”, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta propuesta cuenta con seis artículos y busca que el gobierno nacional y sus distintas instituciones adopten medidas para garantizar la sostenibilidad de la partería. Sin embargo, esto es solo un pequeño paso frente al reconocimiento legítimo y las condiciones que se deben brindar a las parteras para ejercer su oficio en condiciones de dignidad, sobre todo en la situación de desigualdad estructural que ha develado la pandemia.

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EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

| May 18, 2021 | El 11 de mayo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,  protegió los derechos a la consulta previa de las comunidades afrodescendientes e indígenas del pacifico nariñense frente a la aspersión área con glifosato y ordenó la suspensión de las diligencias de licenciamiento ambiental y la realización de la consulta previa para garantizar una participación acorde a las características y necesidades de los territorios. Este es un nuevo revés a la pretensión del Gobierno de fumigar con glifosato y pone en la mesa la necesidad estar atentos/as a sus esfuerzos por imponerlo. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el Decreto 380 de 2021, que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, el cual como veremos, no cumple las condiciones para proteger la integridad de las comunidades. En primera medida, dentro de la parte motiva del decreto y su articulado  se omite por completo contemplar dos normatividades que deben guiar el PECIG: el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acto legislativo 02 de 2017) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- (Decreto – ley 896 de 2017). Estas normas son determinantes porque el punto 4.1.3.2 del Acuerdo de Paz, establece que en los casos donde no exista consenso con las comunidades, el Gobierno debe propender por la erradicación manual y en última instancia en las aspersiones, sin embargo, no hay mención alguna en el decreto. Tampoco se hace referencia a las comunidades que están cobijadas por los programas de sustitución voluntaria, y que en la actualidad están expuestas a los incumplimientos del Gobierno. Lo mencionado, no es una observación caprichosa, es una orden de la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019, que dispuso que toda política pública que se desarrolle dentro de la política de drogas debe derivarse de lo acordado en el punto 4 del acuerdo. De otro lado, una de las precisiones para contemplar la reanudación de aspersiones con glifosato que hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, fue que los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación de riesgo.  En relación con este punto observamos que: Las entidades encargadas de recibir estas quejas y determinar si son procedentes para hacer una evaluación, son las mismas que han estado en la posición de aceptar el uso del glifosato, que, en contraste con experiencias anteriores, no es del todo confiable. II.En relación con quejas por riesgo de salud, se precisa el criterio de un médico tratante y una atención del sistema de salud, exigencia que desconoce las barreras que sufren las comunidades, especialmente étnicas para llegar a centros hospitalarios. III. La decisión de la pertinencia de las quejas presentadas por las comunidades, se limita a los criterios de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional Agropecuario. Encima,  con el decreto 333 de 2021, las tutelas que son interpuestas precisamente en situaciones de peligro inminente en el marco de las aspersiones son restringidas a la competencia del Consejo de Estado, lo que implica trabas y retrasos a un asunto de especial urgencia, especialmente para las comunidades afrocolombianas e indígenas marginadas y excluidas. Como asunto anexo se deben anotar las pocas garantías de la participación. El decreto, pese a incluir espacios participación de las comunidades, en ningún punto refleja que estos tendrán incidencia en las decisiones que puedan definir el uso o no del glifosato en los territorios. Lo más preocupante,  es que tiende a negar el deber de incluir a las comunidades que serían afectadas por encontrarse en las áreas de aspersión. Se anuda también que  resultó paradójico encontrar que una de las formas de participación efectiva sea a través de las páginas web de las instituciones, aun sabiendo que hay múltiples comunidades étnicas excluidas, que no han sido llamadas a los “espacios concretos” y que tienen un paupérrimo o inexistente acceso a internet y tecnologías de la información. Sin duda alguna, estas anotaciones muestran la política del Gobierno de espaldas a las realidades de las comunidades y a la urgencia de proteger sus derechos humanos. Si bien este decreto no significa que se reanuden las aspersiones, sí demuestra una decisión clara de adoptar una estrategia nociva para combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, por encima de las poblaciones que están en medio del abandono y la discriminación estructural.

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MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

| Mar 17, 2021 | Cuando en 1977 se institucionalizó el 8 de marzo por la ONU como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, las luchas, reivindicaciones y consignas distaban de tener en cuenta los tejidos de resistencia, rebeldía y construcción de nuevos pensamientos de las mujeres empobrecidas, negras, barriales  y LBT ( Lesbianas,Bisexuales y Transgénero), ubicadas en este lado del mundo. El feminismo como lo conocemos ahora, no es uno ni homogéneo, se ha ido transformando por la llegada de pensamientos y reflexiones de otras mujeres de procedencias étnicas, raciales y sexuales diversas, que han sido excluidas e invisibilizadas los espacios de construcción de conocimiento, mujeres que instalan nuevas preguntas y ponen de relieve problemáticas que tienen su origen en la estructura e historia de la sociedad y que, de alguna manera, no habían sido denunciadas por el feminismo en sus orígenes. Han sido los feminismos negros – antirracistas, decoloniales, trans y LB, entre otros, los que han dado un sentido más profundo a la búsqueda de justicia social para todas las mujeres, sobre todo, para las más vulnerables y ,con ello, han establecido las bases para una real transformación de la sociedad. Una de las representantes más reconocidas de estos feminismos transformadores es Ángela Davis que en una frase resume el impacto de la lucha de las mujeres negras, barriales, empobrecidas y diversas: «Cuando la mujer negra se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella, porque todo se desestabiliza a partir de la base de la pirámide social en la que se encuentran las mujeres negras, se cambia la base del capitalismo». En  su ensayo sobre la triple discriminación de las mujeres negras, Lorena Álvarez, expone que  las mujeres negras históricamente han sufrido los efectos de la división histórica que existe entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, en donde el primero, es reconocido económica y socialmente como trabajo en las sociedades industrializadas y reservado según el imaginario colectivo a los hombres; y el segundo es definido como aquellas actividades reservadas al mundo femenino, que están destinadas a llevar la labor del cuidado y a mantener la infraestructura familiar del hogar, por las cuales no se recibe ninguna remuneración o salario, y permanecen invisibles social y económicamente. En ese sentido, la lucha feminista negra está atravesada por variables de opresión sobre las mujeres, como la raza, el género y la clase, que exacerban las condiciones de desigualdad que experimenta esta población en un contexto dado. Como consecuencia, en los espacios sociales como las escuelas, los territorios, las actividades económicas y los hogares, entre otros, persisten las condiciones de marginalidad, pobreza y falta de reconocimiento para muchas mujeres negras, quienes además de desempeñar labores de cuidado, desarrollan labores económicas y en los territorios luchan por conservar el conocimiento tradicional. En relación con el legado de lucha por preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades negras, es necesario destacar en Colombia el trabajo de las parteras del Pacifico y de organizaciones como Asoparupa, que acoge a más de 250 parteras y aprendices, y resalta el valor de la tradición, la cultura afro y la medicina ancestral. Liceth Quiñones, directora de Asoparupa,  le aseguró a la Revista Semana que  “la partería es algo tan natural, íntimo y humano que uno se mete a la vida, al alma de esa mujer que tiene a su bebe”, y que, además, “la partera aporta identidad cultural y territorial en las comunidades. Simboliza y refuerza esos diálogos ancestrales en relación con el autocuidado y el cuidado mutuo del cuerpo”. Con respecto al territorio, las mujeres negras han tenido un aporte significativo de liderazgo en su defensa y  han sido vital para la materialización de los postulados de la Ley 70 de 1993, ley que es estratégica para la lucha por la vida y el territorio. “En la construcción de esa propuesta fuimos lideresas, convocando, llamando a la gente, empezamos a liderarlo mujeres allá en el río, porque éramos las que más le llegamos a la comunidad, en ese momento solo estaba nuestra organización de mujeres que nació en el 80. 87 y 88 ya empezamos con lo del transitorio (Artículo Transitorio 55), después en ONUIRA (organización del río Anchicayà) llega más gente, no solo mujeres sino mixta y empezamos a luchar por todo lo que tenía que ver con la organización de nosotros como pueblo negro. El papel protagónico siempre ha sido de las mujeres”, aseguró Beatriz Mosquera en una investigación que hizo para la Universidad del Valle en 2010. Debe seguirse impulsando el reconocimiento del trabajo de las mujeres negras en los movimientos sociales en la defensa del territorio para que este no sea invisibilizado. De acuerdo a Lozano Lerma en el artículo ‘El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas’, estas mujeres han sido amenazadas, muchas otras desplazadas de sus comunidades, y aun así son resilientes de estos actos violentos. Desde ellas se crean medidas de autocuidado y de protección interna para que los procesos “no se mueran”, demostrando que su resistencia y lucha son políticas. La invitación es repensar el feminismo desde un enfoque de raza y género, para así situar las opresiones más allá de la categoría de género, visibilizando el contexto individual, la colonización y la mirada occidental que existe en los propios discursos, para pensarse un feminismo latinoamericano, negro, indígena, lésbico, trans y de resistencia. Tal y como lo plantea Yuderkys Espinosa en su artículo ‘Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica’, la destrucción de la idea de patriarcado solo es posible desde el reconocimiento con la otra, la igual. Es precisa la lucha y garantía de los derechos de las mujeres negras LBT para poder hablar de justicia social ya que, si los derechos no son garantizados, no existe democracia. El feminismo tendrá que ser antirracista y anti-transfóbico, o no será.

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PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

| Ene 14, 2021 | En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019 , en días pasados fue sancionada la prórroga de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas,  y sus Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, este último para la Restitución de Derechos Territoriales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), cuyo siguiente trámite está en manos del Congreso, donde se debatirá el proceso de ejecución y cumplimiento de la normatividad. Si bien debe reconocerse este gran paso hacia la reparación integral de las más de 9.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, la prórroga per sé no garantiza la materialización de los derechos de las víctimas, y en menos medida los de las victimas NARP y sus territorios, debido a que en este caso es necesario consolidar los temas operativos y presupuestales que hagan posible la implementación integral  de dicha política. En relación con el Decreto Ley 4635 del 2011, la restitución de derechos territoriales busca el retorno al territorio, la caracterización de afectacciones territoriales y la garantía de derechos de las comunidades NARP. Sin embargo, a la fecha, los procesos que se encuentran en curso han superado los términos de ley para decidir sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas en etapa administrativa e, incluso, para dictar sentencia en etapa judicial. Las comunidades esperan entre 3 a 5 años para obtener un fallo de restitución. Asimismo, en la etapa postfallo, el cumplimiento de este tipo de sentencias soporta las limitaciones institucionales de las entidades que hacen parte del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), entre estas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de un asunto cardinal de todo este proceso, la titulación de territorios de comunidades negras. El Estado debe adoptar políticas integrales para la etapa procesal y posfallo de restitución de tierras donde se cuente con los recursos suficientes para garantizar la implementación, seguimiento a las sentencias judiciales, la ejecución de órdenes acerca de la restitución material y jurídica de las tierras en cuestión, la aplicación de reparaciones colectivas, y las condiciones necesarias para el retorno digno y seguro. Por otro lado, es necesario analizar el escenario de incertidumbre presupuestal sobre la  financiación, que se recrudece por la pandemia del Covid-19. Según la Contraloría General de la República (20 de agosto de 2020), se advierte que por la crisis derivada de la pandemia puede que del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. De manera global, el presupuesto para la atención y reparación de las comunidades NARP víctimas han disminuido en las últimas dos vigencias. De 2017 a 2019, los recursos apropiados para la atención y reparación de las víctimas NARP descendieron en un 43%, según el último informe de la Defensoría del Pueblo en esta materia. Es así como, tras la sanción de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos ley, debe existir una revisión de la capacidad institucional y presupuestal para garantizar que la misma sea determinante en el cumplimiento de los principios de la justicia transicional. Es imperante destacar que en la actualidad y posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los territorios de las comunidades NARP siguen inmersos en escenarios de riesgo por el acercamiento de otros grupos armados, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP. En medio de la pandemia por el Covid-19 se han reportado casos como los ocurridos en las comunidades negras del Cauca (Jamundí y Buenos Aires), que recibieron mensajes intimidantes. Por otra parte, en Nariño, un grupo armado denominado FARC-EP Frente Oliver Sinisterra, enfrenta a la disidencia que se encuentra en la zona de Patía. De igual forma, las autoridades han reportado que en el Chocó, Bolívar y Magdalena continúa la coerción por parte de grupos armados y la ejecución de violencias como el desplazamiento forzado, la delincuencia, el enfrentamiento entre pandillas, el asesinato selectivo, las barreras invisibles y el microtráfico. Es así como esta prórroga debe garantizar la materialización de los derechos territoriales de las comunidades NARP, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y operativas evidenciadas por los organismos de control , así como el recrudecimiento del conflicto, la inseguridad de líderes sociales afro y las consecuencias sociales y económicas del Covid-19. Seguiremos de manera atenta la sanción presidencial de la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, más específicamente al decreto Ley 4635 de 2011, que son derroteros en los derechos de las comunidades NARP víctimas del conflicto armado, para continuar apoyando a las comunidades negras de Colombia.

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EL TERRITORIO Y LOS LIDERAZGOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA A LA LUZ DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

| Jul 15, 2021 | “El territorio para nosotros es el cuerpo y alma, en ese orden de ideas el territorio para nosotros lo es todo, no se podría lastimar una parte del cuerpo sin que él sienta, […] cada hoja, cada árbol es como si se tocase cada cabello, esto es integral” (Entrevista realizada por la Universidad de los Andes (2011) para el informe “La disputa por los recursos naturales en los territorios afrocolombianos”). La Constitución Política de 1991 en su artículo 55 transitorio reconoce el derecho al territorio de las comunidades negras. Este artículo y otros concordantes de la constitución y distintos tratados internacionales, dieron lugar a lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 y al amplio desarrollo jurisprudencial alrededor del territorio como derecho fundamental. La Corte Constitucional en Sentencia T-188 de 1993 manifestó que las comunidades indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre sus territorios y para ello es vital el reconocimiento de derechos territoriales pues “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”. En julio, cumplimos 30 años del nacimiento de esta constitución que tanto celebramos y su apertura a derechos y avances internacionales en relación con población afrodescendiente y comunidades étnicas, específicamente comunidades negras. Sin embargo, aún son muchos los retos a los que nos enfrentamos para que los postulados de la Carta sean una realidad. Entre estos pendientes encontramos las grandes dificultades que aún persisten para la materialización de derechos territoriales, la falta de titulación, la llegada de proyectos al territorio sin la realización a satisfacción de procesos de consulta previa con las comunidades, la presencia de actores armados, cultivos de uso ilícito y proyectos económicos ilegales ponen en riesgo la materialización de los postulados de la Constitución. Uno de los más preocupantes y que ha tomado más fuerza los últimos años es el asesinato de líderes sociales, en especial afrocolombianas/os que dedican sus vidas a defender derechos territoriales y recursos naturales. Según el informe anual “Defendiendo el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente” de En el 2019, 212 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas por trabajar en la protección de los territorios, de la tierra, de los ríos y en contra de la explotación por parte de sectores industriales de gran escala. Así mismo, si observamos la recolección de cifras que realiza INDEPAZ (2021), desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 1.202 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, y de lo que va del 2021, la cifra asciende a 86 personas. En la última cifra, se encuentran 9 líderes campesinos, 6 afrodescendientes, 2 ambientalistas y 28 indígenas. Anudado a lo anterior, en cumplimiento a la Resolución 43/1, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó ante la CIDH el informe sobre racismo sistémico contra personas afrodescendientes por parte de agentes del orden, en donde hizo énfasis a 14 homicidios a defensores afrodescendientes en el año 2020. Sobre esto, es preocupante la respuesta del Gobierno de Colombia, en donde hace un llamado a verificar las cifras sin tener en cuenta las razones y causas estructurales del problema. Debido al preocupante aumento de ataques en contra de las personas defensoras en Colombia, es importante recordar lo que han venido señalando de manera insistente las organizaciones de la sociedad civil: es necesario fortalecer el enfoque étnico-racial de las medidas de protección, es fundamental indagar sobre las causas estructurales que originan las amenazas a los/as líderes/as sociales, la labor de la comunidad internacional es importante para superar esta problemática. En relación con esto último, en las últimas semanas. La falta de ratificación del Acuerdo de Escazú choca con esta situación de urgencia en la que se encuentra la defensa de derechos territoriales y los liderazgos afrodescendientes, ya que entre sus objetivos se encuentra el mejoramiento de la calidad de la información de violencias hacia líderes/as y defensores de derechos humanos, garantizar mayor participación ciudadana y de los defensores y, crear una relación eficaz entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades estatales en la recolección de cifras. La adopción del acuerdo garantizaría, en parte, los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, ya que busca que los estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, organizaciones de la sociedad civil, colectivas o grupos que promueven la protección del medio ambiente. La lucha por proteger el medio ambiente no puede ni debe ser un riesgo para la vida. Para las comunidades negras, el territorio es la base de la construcción de la autonomía y la autodeterminación. En el territorio se crea y recrea la identidad cultural. Los liderazgos al interior de estas comunidades se ven obligados a luchar contra las consecuencias del conflicto armado e iniciativas legales e ilegales relacionadas con recursos naturales. La misma Corte Constitucional en Auto 005 de 2009, destacó que las presiones legales e ilegales generadas por los proyectos mineros y agrícolas que se desarrollan en las zonas históricamente habitadas por las comunidades afro han generado dinámicas de confinamiento y resistencia. Teniendo en cuenta la situación descrita y que ha sido ampliamente denunciada por los/as líderes/as y las organizaciones de la sociedad civil, se ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos a la vida, el territorio y la consulta previa en territorios de las comunidades negras y  las  consecuencias de licencias de explotación de minerales, y recursos en beneficio de particulares nacionales e internacionales. La garantía de estos derechos va de la mano con el respeto a la vida y dignidad de los líderes/as sociales que defienden este territorio. El acuerdo de Escazú marca una hoja de ruta inicial para los países cuyas problemáticas ambientales y de protección de liderazgos sociales se encuentran invisibilizadas a causa de la brecha en el acceso a la justicia, la falta de garantías sociales, la poca participación ciudadana y voz y voto

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