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| Ago 19, 2020 | Dayana Blanco Acendra Mi conciencia no me deja ir a dispararle a mi hermano, O a gente de piel oscura, O alguna pobre gente hambrienta en el barro Por la gran y poderosa América. ¿Y dispararles por qué? Nunca me llamaron ¨negro¨, Nunca me lincharon, nunca me echaron los perros encima, No me quitaron mi nacionalidad, no me violaron Y no mataron a mi madre y padre… ¿Dispararles por qué? ¿Cómo puedo dispararle a gente pobre? (Muhamad Ali, Feb, 1978)  Cuando eres consciente de la realidad del mundo, del sufrimiento de lxs otrxs, mantenerte en calma, salvar la alegría, abrazarte a tu propia alma es un trabajo diario, casi una prueba de tu propia existencia. Mantener la fe, creer en el cambio y predicar el amor es el afán de cada día. Es desgastante tener que explicarse a unx mismx, ¿Cómo amanecemos en un lugar del mundo que lleva tantos años derramando su propia sangre?, en el que las personas se matan las unas a las otras, donde, claro, unas ponen mas muertxs que otras. Un país donde cinco niños afrocolombianos fueron asesinados, hallados en un cañaduzal por sus familias, uno donde a Luis de 17 años le mutilaron el brazo con un machete por ser gay, el mismo país donde otros dos niños de 12 y 17 años, fueron asesinados camino a su colegio. ¿Cómo sobrevive uno a su propio país? ¿Qué clase de cementerio es Colombia? Un lugar que adoba su sangrienta realidad con el odio hacia lxs otrxs, sobre todo hacia el otro negro, hacia el otro pobre, hacia el otro indio, hacia el otro marica. Un país que narra al otro desde esta orilla tan infame, tres titulares de prensa que relatan nuestra propia miseria: “Joven perdió su brazo tras ser atacado con un machete en presunto ataque homofóbico en Colombia” NTN24, 12 de agosto de 2020. “5 niños afro fueron masacrados en el barrio Llano Verde en Cali”. Contario Radio, 12 de agosto 2020. “Dos menores iban a dejar la tarea al colegio y paramilitares los mataron” Revista Semana, 12 de agosto de 2020 Estos titulares, la realidad en sí y sobre todo la indiferencia del país ante este tipo de violencias, tienen algo en común: Quienes mueren y sufren son personas negras, personas empobrecidas, personas diferentes, son lo que llamaría Toni Morrison “Los Otros”. En su libro -El Origen de los Otros-, Morrison explica con claridad, por qué estas muertes no duelen, por qué el brazo de Luis no genera la merecida indignación, por qué hay una realidad para unos y una realidad para “Los Otros”, y sobre todo, por qué lo que se narra del mundo, no se compadece con el sufrimiento de esos “otros”. Morrison nos cuenta cómo se usa el color como un fetiche, como un instrumento para narrar morbo, para criminalizar al otro. Al negro, por ejemplo, porque su nombre no basta para describirlo porque su humanidad y su carácter, según esta sociedad, está atada a su color de piel. En otros casos, en los casos que importan, explica Morrison que se omite el color, por ejemplo, en el caso de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, autoridades del gobierno, por ejemplo, lamentan la muerte pero no reflexionan por qué son jóvenes negros los que están condenados a morir así. No cuestiona el sistema que los mata, ni siquiera lo menciona. Luis y su familia, que han logrado recoger algún dinero para su prótesis, gracias a la solidaridad de unos pocos, esperan que se haga justicia por el acto homófobo sucedido en Sincelejo. Las familias de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, y de los dos niños asesinados entre Cauca y Nariño, esperan justicia por las circunstancias de sus muertes. Todos ellos lloran su dolor, pasan su rabia en medio de narrativas absurdas con transfondo racista y heterosexista. Porque eso es al final del día, eso son estos sistemas que construyen verdades acomodadas y justificaciones sobre la pertenencia de unos y la exclusión de otros en la sociedad, quién merece justicia, quién merece trabajo, quién merece educación, quién merece respeto, quién merece dignidad y quién merece la vida. …Y siguen contando muertes en un país donde mientras uno se desahoga escribiendo sobre el dolor de estas masacres, todos los días te sorprenden las noticias con otras y otras. Masacre en Samaniego, Nariño: nueve jóvenes fueron asesinados. Periódico El Tiempo, 16 de agosto de 2020. #URGENTE Al parecer ocurrió una nueva masacre en Camawari(…) Habría cuatro jóvenes muertos y varios heridos. Paz y Reconciliación, 18 de agosto de 2020. “¡Cuánta sangre en mi memoria! En mi memoria están las lagunas. Están cubiertas de cabezas de muertos. No están cubiertas de nenúfares. En mi memoria hay lagunas. En sus orillas no se han extendido ceñidores de mujeres. Mi memoria está rodeada de sangre. iMi memoria tiene su cinturón de cadáveres! y metralla de barriles de ron genialmente rociador de nuestras innobles rebeliones, pasmos de ojos dulces por haber trasegado la libertad feroz” (Aime Césaire, Cuaderno de retorno a un país natal)

| Mar 6, 2020 | Por Maryluz Barragán El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia.  Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección. Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra. El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía. En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria. Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para  los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio. El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU. Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.