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Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia

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Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia El Informe describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. Trece por ciento de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril y el 16 de octubre del 2021 fueron contra jóvenes afrocolombianos en edades entre los 17 a 24 años y más de la mitad fueron realizados por la policía. Así lo señala el Informe Nacional “SILENCIO E IMPUNIDAD. Racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia” que se presenta este 8 de noviembre en Bogotá. El Informe, adelantado por 4 organizaciones que hacen seguimiento y análisis sobre el abuso policial como Temblores Ong, Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, describe los patrones y tipos de violencia que ejerce la policía nacional contra la población afrodescendiente, destacando sus impactos, los grupos más afectados a partir del análisis de casos emblemáticos de violencia policial racista. De acuerdo con María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos “desde hace mucho tiempo organizaciones afrocolombianas han denunciado la violencia policial racista. Hay unos altos grados de impunidad en estos casos de violencia policial, y una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, por lo cual incluso hemos llegado a solicitar medidas cautelares para que haya garantías para acceder a la justicia”. El Paro Nacional demostró la importancia de seguir reflexionando y visibilizando el fenómeno de la violencia policial racista no solo como parte del accionar de la policía sino como una expresión de la violencia estatal y como una consecuencia de la discriminación racial estructural en Colombia hacia personas afrodescendientes. “El racismo es un problema estructural y es un problema institucional y la policía no está exenta de tener conductas racistas”, señala Ana Margarita González, abogada de Ilex Acción Jurídica. Al respecto, el Informe muestra que la violencia policial racista es una expresión de violencia institucional en la que agentes del orden reprimen, discriminan y hacen uso excesivo de la fuerza, basados en patrones históricos de criminalización y prejuicios raciales. Como resultado del perfilamiento racial, las y los jóvenes afrodescendientes representaron el 39,7 % de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, muestra el Informe. En el caso de Cartagena, se recogen casos representativos de violencia policial como el homicidio del joven Harold David Morales Payares, joven de 17 años, futbolista candidato a la selección sub20 que murió a causa de un disparo realizado por la espalda por el agente de la policía Octavio Porras Vides. En el Informe se hacen recomendaciones para las instituciones públicas frente a la necesidad de implementar una reforma policial con enfoque étnico-racial y de género que vaya en contra de prácticas racistas y la reproducción de violencias basadas en identidad de género y orientación sexual diversa, y llama a establecer garantías de acceso a la justicia que reconozcan las barreras sistemáticas que viven personas afrodescendientes producto del racismo estructural que se reproduce en todo el sistema de justicia con garantías de no repetición y medidas de reparación inmateriales y materiales. Para la elaboración del Informe se utilizaron técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa con el análisis de datos agregados de diversos años de la violencia policial contra personas afrodescendientes, al igual que entrevistas sobre las experiencias de personas afrodescendientes, y hubo revisión de diversas fuentes secundarias.

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial

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Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Las amenazas y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia son una preocupación tanto nacional como internacional. En la actualidad, diferentes organizaciones de la sociedad civil afirman la existencia de sistematicidad en la comisión de estos delitos. Este fenómeno ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de entidades del Estado y la sociedad civil, razón por la cual existen varios sistemas de monitoreo que buscan entender la dimensión real del problema. Sin embargo, ello no ha sido del todo posible debido a la complejidad de lograr la interacción y diálogo entre estos sistemas. La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Al hacer un análisis de las cifras disponibles sobre amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se presenta una paradoja entre la informació geográfica de estas violencias y las cifras de violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Es decir, aunque las zonas en las que se registran la mayoría de estas violencias coinciden con los municipios que tienen alta presencia de comunidades negras, al consultar las cifras de afectación a los liderazgos afros, estas se presentan como mínimas o, en muchos casos, como nulas. Esto es lo que llamamos un subregistro de las violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Nos interesa dejar claro que, en este documento usamos las categorías “persona defensora de derechos humanos” y “líder” o “lideresa”, con pleno conocimiento y conciencia de las diferencias que se discuten al respecto, aunque en algunos apartes parezca usarse indistintamente. En el caso de las personas particulares que fueron entrevistadas en el desarrollo de la investigación, aclaramos que nos referimos a ellas como líderes y lideresas, respetando el autorreconocimiento que esa persona hizo en el desarrollo de la correspondiente entrevista. Reconocemos la necesidad de seguir reflexionando conjuntamente sobre este tema. Este documento no pretende llegar a conclusiones que cierren las brechas y problemas identificados en tanto su magnitud impide tal objetivo, sino identificar algunas dificultades y seguir construyendo el camino hacia su superación. Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

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Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial en América Latina El documento aborda la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina En América Latina ser una persona afrodescendiente significa transitar la vida en situación de desventaja. Ser una mujer afro descendiente implica hacerlo en situación de doble desventaja. Pese a la poca información estadística existente, se estima que los grupos afro (y en particular, las mujeres afro) tienen un menor acceso a la educación de calidad y menores probabilidades de conseguir un empleo formal en comparación con las personas no afro. Aun cuando se observa a las personas afro que acceden al empleo, en general sus salarios son más bajos en comparación con las personas no afro. En este contexto, las políticas fiscales no son neutrales. Los Estados tienen la obligación de recaudar recursos y asignar presupuesto con el fin de diagnosticar, visibilizar y compensar las desigualdades de facto a las que las poblaciones afro se ven sometidas. Parte de la problemática estructural de pobreza y desigualdad que afecta a estos grupos se explica por la falta de políticas fiscales enfocadas en asegurar una reparación histórica y el cumplimiento de programas destinados a garantizar el acceso a sus tierras ancestrales. Te invitamos a leer este documento, donde junto con ILEX Acción Jurídica abordamos la necesidad de crear políticas fiscales adecuadas para dar respuesta a las múltiples desigualdades que afectan a las poblaciones afro en América Latina. Con apoyo en los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, nos referimos al deber de los Estados de realizar esfuerzo fiscales para invertir en sistemas estadísticos robustos, desarrollar las capacidades técnicas profesionales de la población afrodescendiente, incentivar el desarrollo de empleos en zonas productivas donde se encuentra la población afro, garantizar el derecho al territorio, y asegurar su reparación simbólica, económica y memorial. Finalmente, establecemos algunas recomendaciones para los distintos actores que influyen tanto en los procesos de evaluación y formulación de la política fiscal, como de políticas destinadas a garantizar los derechos de las poblaciones afro descendientes. Aquí puedes descargar el documento y aquí puedes acceder a un artículo sobre el mismo.

ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

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ABC de derechos territoriales y titulación colectiva ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios. “La titulación colectiva es un derecho fundamental para los pueblos negros, Afrocolombianos, Raizal y Palenquero, por eso yo titulo mi propiedad”, se lee en la pared lateral de una vivienda anclada al Consejo Comunitario de Villa Gloria, en el norte del Cartegena. Desde la entrada en vigor de Ley 70 de 1993 en el país, alrededor de seis millones de hectáreas han sido reconocidas como propiedad colectiva las comunidades que han venido ocupando estos territorios, garantizando así la materialización del derecho fundamental colectivo al Territorio y la aplicación efectiva de la igualdad en el plano formal y material. Sin embargo, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, en la actualidad hay por lo menos 401 comunidades del país en espera de trámite y culminación de titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos resultados evidencian un estancamiento de los avances en lo que refiere a la protección del Estado de los derechos territoriales y la diversidad étnica y cultural de Colombia. En este contexto, ILEX Acción Jurídica, como parte de su línea de trabajo de derecho al territorio y justicia ambiental, presenta la cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva, una herramienta práctica y accesible para fortalecer la formación de estas comunidades a fin de abordar principalmente el derecho al territorio, su exigencia, garantía y protección. Nuestro documento tiene tres unidades, en los cuales hacemos un recuento de conceptos y definiciones básicas; presentamos el paso a paso para su formalización haciendo énfasis en las etapas en las que la comunidad interviene de manera más activa, además hacemos énfasis en algunos obstáculos que se han identificado para la materialización de este derecho, aterrizados en casos específicos del Caribe, como una breve reflexión sobre las implicaciones del Covid-19 en el contexto actual. También presentamos una caja de herramientas jurídicas, a partir de la jurisprudencia colombiana, reconociendo a la Corte Constitucional como una aliada en su calidad de intérprete de la Constitución. Adicionalmente, referimos un capítulo relacionado con las afectaciones territoriales en el marco del conflicto armado, los mecanismos para la protección y restitución formal y material de los derechos territoriales de las comunidades negras.