Comunicación estrategica e incidencia

Crisis climática amenaza la biodiversidad y supervivencia de los territorios afro del Colombia

Además de albergar a un gran número de comunidades afrodescendientes de nuestro país, en el Litoral Caribe y el Chocó biogeográfico se concentran gran parte de los territorios colectivos que se han adjudicado o se encuentran en procesos de titulación colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993. En este orden de ideas, la mirada étnico racial debe ser central en la conversación sobre la adaptación y mitigación de este fenómeno mundial que afecta de forma desproporcional a los grupos étnicos del país.. En la actualidad sabemos que el litoral caribe cuenta con una baja cobertura boscosa que cada día disminuye más exponiéndose a que fenómenos como las sequías e inundaciones se manifiesten de forma más extrema en cada periodo seco y de lluvias. De la misma forma, el Chocó biogeográfico, identificado como el lugar más biodiverso del planeta por unidad de área, experimentará la pérdida acelerada de especies de fauna y flora debido principalmente a la degradación forestal, la deforestación, así como la elevación de las temperaturas medias del océano que afectan directamente el ecosistema manglar. Conforme al índice poblacional del DANE (2018), las comunidades negras que se verán mayormente  afectadas por estos modificaciones propias del cambio climático estarían en todos los departamentos del Chocó biogeográfico (Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño); y en los departamentos de Bolívar, Cesar, Atlántico y Magdalena para el Caribe.  La emergencia no da tregua. En La Guajira, la aridez de las tierras y los crecientes fenómenos climáticos extremos, aunados a otros desafíos socioeconómicos, han generado condiciones adversas para el Pueblo Indígena Wayuú en lo que respecta a cultivar y criarganado. Como resultado, muchas comunidades indígenas se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según se destaca en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2021). Ya en el Chocó biogeográfico, la comunidad del territorio colectivo y ancestral de COCOMASUR, ubicado sobre la cuenca del río Tolo y la zona costera sur del municipio de Acandí, ha emprendido desde el 2005 estrategias para afrontar el cambio climático y asegurar la subsistencia y la permanencia de las familias; esto ha implicado esfuerzos comunitarios, compromiso y entrega de hombres y mujeres que trabajan de forma voluntaria para conservar y proteger los bosques, la biodiversidad y la comunidad dentro del territorio colectivo. En este orden de ideas, es trascendental reconocer los elementos de la biodiversidad que convierten a estas regiones en dos lugares claves para la supervivencia de la vida en el planeta Tierra.  Se extiende desde el Cabo Tiburón en el Golfo de Urabá, al Noroccidente del país, y en su extremo oriental con Venezuela, hasta el Hito Castilletes. Cuenta con una extensión cercana a los 1.642 kilómetros cuadrados. El clima en el Caribe colombiano es modulado por la posición geográfica de la zona de convergencia intertropical y por el movimiento meridional del sistema de monzones americanos (Andrade, 2000). Algunos de los fenómenos climatológicos más frecuentes en el litoral Ccaribe colombiano relacionados con la intervención de los vientos son Ciclones tropicales, Ondas tropicales, Marejadas y Mar de leva. Colombia ocupa la mayor parte de la cuenca occidental de la extensión del Caribe. Este mar semicerrado, de aguas cálidas y de relativa poca profundidad, presenta características ambientales complejas que determinan una gran cantidad de especies y de endemismos.  El mar Caribe está influenciado, además, por gran cantidad de aporte fluviales provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Rió Magdalena y en sector suroccidental de los ríos Atrato y Sinú. RECURSOS HÍDRICOS La vertiente Caribe está conformada por los ríos que vierten sus aguas directamente o a través de alguno de sus afluentes al mar Caribe. Entre dichos ríos, los más importantes son El Magdalena y sus tributarios, el río Atrato y sus tributarios y los ríos Sinú, San Jorge y Ranchería, entre otros.  Dada la gran cantidad de cuencas y microcuencas definidas (más de 700.000), Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos. En la cuenca de la región Caribe se vierten 15.430 m3/s de agua (IDEAM, 2008)  La tabla 1 muestra los principales afluentes y su caudal. Las ciénagas han sido clasificadas independientemente, se han reportado 1900 ciénagas plenamente identificadas que cubren 451.419 ha y 13000 cuerpos de agua no identificados que cubren cerca de 130.000 ha. Tabla 2, es importante mencionar que casi el 60 % de las mencionadas áreas están ubicadas en los departamentos de Bolívar y Magdalena.  BIOMAS TERRESTRES Los biomas (zonas bioclimáticas) son unas divisiones apropiadas para organizar el mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en ellos. Dentro de los elementos primarios que determinan los diferentes biomas se cuentan el clima, los suelos y la vegetación. Dentro de cada uno de los biomas hay asociaciones animales y vegetales que les son propias, con un componente de biodiversidad específico dependientes del clima y la vegetación y sus adaptaciones. Desde el nivel del mar hasta las colinas adyacentes de la región de la costa Caribe continental, especialmente de la Serranía de la Macuira y el basamento de la Sierra Nevada de Santa Marta, es probable encontrar tipos de vegetación terrestre como cardonales, Bosque Seco Tropical y bosque de colinas (Rangel et al.,1997). ECOSISTEMAS MARINOS La pérdida de hábitat litorales es un problema de dimensiones globales que afecta a muchos de los medios marinos más ricos y productivos en biodiversidad. Casi la mitad de las marismas y manglares del mundo han sido despejados, desecados, tapiados o terraplenados. Del 5% al 10% de los arrecifes coralinos del mundo han sido prácticamente eliminados por contaminación o destrucción directa y otro 60% corre el riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. Incluso las playas -que no son especialmente productivas, pero que son esenciales para muchas especies marinas, como las tortugas – están en peligro, ya …

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Racismo en la pantalla: 10 cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes 

¿Qué emociones quieres que el contenido genere en las audiencias y con qué propósito? ¿Los sentimientos de tristeza e ira son los más constructivos o se puede tener más esperanza? Las imágenes de personas afrodescendientes son utilizadas constantemente por medios de comunicación y creadores de contenido que, de forma irresponsable, reproducen estereotipos negativos y vinculan a esta población a narrativas de pobreza y exclusión, vulnerando así la dignidad de las personas retratadas.  En la mayoría de los casos tampoco se contemplan los efectos futuros que estas publicaciones tendrán en la vida de las personas retratadas, ni en las reacciones generales que estos contenidos suscitarán en las audiencias.  De acuerdo con un estudio sobre comunicación visual realizado por el proyecto Radi-Aid en seis países africanos, el uso de imágenes negativas sobre la población afrodescendiente en campañas publicitarias o medios de comunicación perpetúa ideas racistas y desprovee de su identidad y agencia a las personas retratadas.  El estudio recomienda “preservar la dignidad” de las personas que aparecen en piezas informativas o campañas publicitarias,  y contar historias más matizadas y diversas sobre las personas en situación de vulnerabilidad. “Hay más en una persona que ser pobre, las personas son complejas y tienen una variedad de experiencias, sentimientos y relaciones que las definen de diferentes maneras”, agrega la investigación.  Cabe recordar que, según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 098 del 2006), los medios de comunicación también deben “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”.  A continuación, y retomando las recomendaciones del proyecto Radi-Aid,  listamos diez cuestiones que deben ser consideradas a la hora de utilizar imágenes de personas afrodescendientes:  En conclusión, la principal recomendación es mantener la dignidad de los personas afrodescendientes retratadas en las publicaciones (imágenes, videos, textos), especialmente cuando se representa a niños y a personas en situación de vulnerabilidad. También se debe dar espacio a relatos más diversos que exploren elementos de la identidad y agencia de las comunidades retratadas. Comunícate con nosotras para conocer más sobre nuestro programa de formación en contenidos de comunicaciones para la justicia racial.

El Congreso debatirá este año la ratificación de la CIRDI, ¿por qué es importante?

Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente. A pesar de que Colombia firmó en 2014 la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), el instrumento que busca combatir la discriminación racial en todas sus esferas y fortalecer los sistemas jurídicos en contra de la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, aún no ha sido ratificado por los y las congesistas del país. El panorama actual parece esperanzador. El 3 de noviembre del 2022 un grupo de congresistas, acompañados por representantes del Gobierno Nacional, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo la ratificación de la CIRDI. Aunque no se puede desconocer que han existido intentos recientes para la ratificación de este instrumento en el Congreso, estos proyectos han fracasado ante la falta de voluntad política de gobiernos anteriores. Teniendo en cuenta las probabilidades de que este proyecto de ley sea aprobado en la primera legislatura de 2023. A continuación, resaltamos algunos puntos sobre lo que implicaría la ratificación de la Convención: Desde desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado a los y las congresistas para que avancen este 2023 en la ratificación de la Convención Interamericana Contra El Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). Es esencial que el Estado colombiano integre este tratado al ordenamiento jurídico nacional y emprenda medidas públicas antirracistas que garanticen el acceso a los derechos y la vida digna de la población afrodescendiente.

Conoce los hitos de ILEX Acción Jurídica durante el año 2022

Desde ILEX Acción Jurídica queremos compartirles lo que para nosotros fue este 2022, un año lleno de muchos retos, pero también de importantes  triunfos colectivos que contribuyeron al goce efectivo de los derechos de la población afrodescendiente en Colombia y América Latina.  Nos alegra mucho saber que en cada una de nuestras líneas estratégicas logramos avanzar y crecer aún más como organización. Por eso, les invitamos a ver un poco de cómo fue nuestro año.  A todxs, les deseamos un gran 2023 y esperamos seguir compartiendo y encontrándonos en el camino de nuestras luchas.

Perfiladxs: así opera la violencia policial racista en Colombia

La Violencia Policial Racista contra personas afrodescendientes en Colombia está vinculada a patrones históricos de discriminación. Los cuerpos negros, especialmente los cuerpos de las mujeres, son constantemente vulnerados, humillados y abusados sexualmente por la policía. Desde ILEX Acción Jurídica, Vigía Afro y Posá Suto, estamos orgullosxs de compartir con ustedes este proyecto audiovisual, en el que además de explicar las raíces de la violencia policial racista en Colombia, resaltamos, desde un enfoque interseccional, los impactos diferenciales de este fenómeno en los cuerpos y biografías de las mujeres negras y personas afro LGBTIQ+. Este video fue realizado con el apoyo del International Service for Human Rights, organización que coordina la Coalición Internacional Antiracista de la cual hace parte ILEX Acción Jurídica.

‘La policía cree que solo por ser afro uno es un criminal’: denuncian nuevo caso de perfilamiento racial en Cartagena 

ILEX brindará acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la policía en Cartagena. Para Ariel Valdez es difícil recordar con exactitud el número de ocasiones en las que ha sido víctima de perfilamiento racial en su natal Cartagena. Ser un reconocido artista de las faldas del Cerro de la Popa y haber sido nombrado embajador para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en 2018, tampoco lo ha librado de las constantes requisas, hostigamientos y malos tratos por parte de los agentes de policía en la ciudad.  El caso más reciente se presentó el pasado 27 de octubre.  Ariel y otros cuatro jóvenes afrodescendientes que hacen parte del proyecto Barrio Fino Mundial, un colectivo que promueve entornos de paz por medio de la producción musical en los barrios vulnerables de la ciudad, fueron perfilados, retenidos y traslados injustamente a una Estación de Policía ubicada cerca a la Plaza de la Aduana. “Esa noche habíamos salido de un evento en el Centro de Convenciones y nos encontramos en  la Plaza de la Trinidad con Sheyla, una comunicadora con la que estamos trabajando en un proyecto cultural. Pasaron diez minutos y fuimos interceptados por cuatro policías que atravesaron toda la plaza hasta llegar a donde estábamos nosotros. Sin más, no pidieron una requisa. Cuando preguntamos por qué el motivo de la requisa, no recibimos una respuesta. Lo único que nos dijeron fue: “que a quien le moleste, que no salga de su casa””, denunció Ariel.   La situación escaló rápidamente. De acuerdo con el relato de Sheyla Blanco, la comunicadora social y gestora cultural que se encontraba con los jóvenes en la Plaza de la Trinidad, uno de los integrantes del grupo, sin justificación alguna, fue conducido por los agentes hasta un vehículo de la policía, pese a que ya se le había hecho la requisa.  “En ningún momento nos dijeron a dónde se iban a llevar al compañero. Todo el tiempo nos trataron de forma muy agresiva. Ahí fue cuando todos decidimos montarnos en el camión de la policía y acompañarlo”, recuerda Sheyla.  Los jóvenes  también relataron a ILEX Acción Jurídica que fueron víctimas de hostigamientos e intimidaciones verbales por parte de los agentes que los escoltaron en el camión hasta una estación de policía. Allí se toparon con otros treinta jóvenes que también habían sido retenidos esa noche, en su mayoría afrodescendientes, artistas y vendedores informales que trabajan en el gentrificado Centro Histórico de la Ciudad. “Me duele mucho que estas situaciones pasen. Lo he vivido en un banco en un barrio como Manga, como Crespo, simplemente por parecer sospechoso para la policía mereces ser requisado y conducido sin explicación a un CAI. Y si pides explicaciones y ellos se sienten ofendidos, quizás, hasta te pegan, en esta ciudad es así. No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad”, denunció Ariel en un video grabado tras salir de la estación.  No tiene sentido que esto nos pase a quienes estamos apoyando la cultura en Cartagena. No tiene sentido que los afros  no podamos gozar como los turistas de los espacios turísticos en nuestra ciudad” En las imágenes se ve al grupo de jóvenes con los rostros desconfigurados por las esquirlas de la violencia policial racista que acecha a diario los cuerpos de las personas afrodescendientes en una de las ciudades con mayor proporción de población afro en todo el país. “Por este tipo de situaciones es que cada vez nuestros chicos van menos al centro. Nos están desplazando del Centro Histórico. Uno no puede estar ahí porque enseguida le cae la policía porque creen que solo por ser afro uno es un criminal. No podemos seguir callando, estos hechos tienen que ser denunciados”, sentencia Sheyla.  Desde  ILEX Acción Jurídica condenamos este caso de perfilamiento racial y brindaremos acompañamiento jurídico a los jóvenes del colectivo Barrio Fino Mundial que fueron retenidos y trasladados de forma irregular por la Policía en Cartagena. Además, reiteramos a la Policía que no puede hacer uso de la fuerza sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y no discriminación , ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones.  Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnico-racial en Colombia. La violencia policial racista que se esconde tras las murallas de Cartagena El “corralito de piedra” es un territorio inseguro para las juventudes afro. En los últimos dos años, ILEX Acción Jurídica ha registrado un aumento sustancial en el número de denuncias de homicidios y casos de violencia policial racista contra jóvenes afrodescendientes en la ciudad.  El 24 de agosto del 2020, durante el periodo de aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, fue asesinado en Cartagena, a manos de la policía, el adolescente afro, Harold Morales Payares, de 17 años de edad.  Sobre el caso, el antiguo comandante de la policía de Cartagena y actual director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, afirmó en su momento que el joven resultó herido en medio de un enfrentamiento armado con agentes de la policía. No obstante, tras una investigación alentada por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía pudo demostrar que le dispararon por la espalda mientras corría luego de un cruce de palabras con policías que lo asediaron en su lugar de trabajo. Por estos hechos fueron judicializados tres policías.  Ocho meses después del asesinato de Harold, el 7 de febrero del 2021, …

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Raíces del Manglar: las mujeres concheras que son ejemplo de economía solidaria en Tumaco

Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina La concha o piangua es un bivalvo que tiene como hábitat los bosques de manglar del Chocó biogeográfico y es fuente de alimento de las comunidades del Pacífico sur colombiano. Es por esta razón que un grupo de mujeres, llamadas concheras, generan ingresos a partir de la extracción de este molusco de los manglares. Aunque se trata de una práctica ancestral, fundamental para la cultura del territorio, las concheras no cuentan con condiciones laborales dignas y sus ingresos no les permiten salir de la pobreza, pese al arduo esfuerzo en su labor. Raíces del Manglar, mujeres concheras, ejemplo de economía solidaria en Tumaco, es un documental realizado por Play Tumaco y la Asociación de Mujeres Concheras Raíces Del Manglar, con el apoyo de ILEX Acción Jurídica y la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal. Desde ILEX Acción Jurídica hacemos un llamado al Estado para que implemente medidas efectivas que permitan a las mujeres concheras de Tumaco desarrollar esta actividad de forma digna, garantizando así su autonomía económica y el desarrollo sostenible de sus comunidades.   La conchería es una actividad que hace parte de la identidad étnico y cultural de la población afrodescendiente. Cuando el Estado al no protege a las concheras está poniendo un riesgo un activo cultural esencial dentro de las dinámicas de los territorios y los lazos comunitarios que esta implica. Así mismo, insistimos en la necesidad de implementar políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico racial, que subsanen de forma efectiva la desigualdad que afronta la población afrodescendiente en el país, especialmente en el Pacífico colombiano. Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina

¿Qué está pasando en Buenaventura?

Los enfrentamientos entre las grupos armados locales mantienen confinados y en medio de la zozobra a miles de personas en la zona de Baja Mar del Distrito.  Este martes, unidades de la policía de Buenaventura fueron hostigadas por más de dos horas por grupos al margen de la ley, en los barrios Kennedy, San Luis y Juan XXIII.  “En el marco de las confrontaciones que se viene librando por parte de los “Shotas” y los “Espartanos” de la organización multicrimen la “Local”. (…) En el barrio Juan XXIII del Distrito de Buenaventura se presentó un intercambio de disparos entre estas dos estructuras (…) por lo cual se genera una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y la Armada Nacional que permitió oportunamente las circunstancias protegiendo la vida e integridad de los moradores”, manifestó en un comunicado Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura.  Así reportaron la emergencia algunos/as  lideres/as de la ciudad en sus redes sociales:  Los Shotas y Los Espartanos son dos facciones armadas de La Local,  un grupo multicrimen descendiente de las estructuras narco-paramilitares que cooptaron y formaron a toda una generación de niños y niñas bonaverenses en las lógicas de la guerra desde mediados de la década del 2000. Estas bandas también han capitalizado el resentimiento, la rabia o el ánimo de venganza de algunos jóvenes cuyos familiares o amigos han sido víctimas del mismo ciclo de violencia. “Ante la ausencia de oportunidades educativas y de empleo en la ciudad, los actores armados se convirtieron en los principales agentes socializadores para estas nuevas generaciones de bonaverenses”, señala la Comisión de la Verdad.  De acuerdo con la Defensoría, en el último año, tanto Los Shotas como Los Espartanos han incrementado sus presiones para que niños, niñas y adolescentes se unan a cada una de las organizaciones criminales.  Estos grupos ejercen control territorial en 40 barrios y nueve veredas donde se disputan el control de las rutas del narcotráfico, cobran extorsiones y envían mensajes a través de homicidios selectivos y actos de violencia basada en género. Los reportes de las autoridades señalan que en Buenaventura también hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Comando Coordinador de Occidente, a través de la Columna Móvil Jaime Martínez, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Fuerza Unida del Pacífico (FUP) y Defensores del Pacífico.   Exigimos al Estado desarrollar acciones efectivas para garantizar la “vida digna”, la seguridad y los derechos humanos de la población afro de Buenaventura.  Reitaramos que Estado Colombiano tiene la tarea de impulsar políticas públicas antirracistas, que promuevan la igualdad material y la desarticulación de  las formas sistemáticas de violencia que afectan a la población afrodescendiente, sobre todo a los jóvenes.

Alumbradoras de vida

    El primer parto que atendió Magdalena Obregón fue “impulsivo”, trepidante, inesperado. La matrona recuerda que muy joven tuvo que alumbrar el camino del bebé de una mujer que se encontraba sola y clamando por atención médica en su rancho perdido en la selva del Pacífico colombiano. “Atendí ese parto y dije tengo que capacitarme y aprender más, porque esto, la partería, fue lo que me tocó hacer en la vida”, asegura Magdalena con el espíritu fatigado. En estos más de cuarenta y tres años que lleva ejerciendo el oficio ancestral de la partería, la matrona ha alumbrado el camino a la vida de decenas de niños y niñas en Buenaventura, y socorrido a un centenar de mujeres que, bien sea por falta de recursos o por la baja cobertura del sistema de salud en la región, no pudieron contar con acompañamiento médico durante el parto. Sin embargo, la satanización histórica de la medicina ancestral de las comunidades negras ha sometido a las parteras a ejercer su trabajo bajo la sombra alienante del racismo estructural en el país. Magdalena, vinculada a la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa), la cual agrupa a más de 254 sabedoras de la región, relató que en muchas ocasiones se sintió discriminada y pordebajeada por el personal médico de los centros de salud a donde ingresa a las madres gestantes. Que nos anexen al Sistema de Salud significa que ya nosotras estamos a la par; ya nos van a ver con otros ojos y nosotras nos vamos a sentir recompensadas”. “Que nos anexen al Sistema de Salud significa que ya nosotras estamos a la par; ya nos van a ver con otros ojos y nosotras nos vamos a sentir recompensadas”, afirma la partera haciendo referencia a la sentencia T-128 del 2022, con la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. El fallo, publicado el pasado 19 de mayo, se dio en respuesta a una acción de tutela interpuesta en febrero de 2021 por ILEX Acción Jurídica, las Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) y la  Asociación de la Red Interétnica de parteras y parteros del departamento del Chocó (Asoredipar – Chocó). De acuerdo con la Sala Sexta de Revisión de la Corte, el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la no discriminación y a la diversidad étnica de las parteras y parteros de Asoparupa y Asoredipar – Chocó, al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19 y al excluirlas del reconocimiento económico previsto en el Decreto Legislativo 538 de 2020, aún cuando atendieron personalmente a pacientes contagiados del virus.           La decisión de la Corte rompe con una cadena histórica de vulneraciones de las que han sido víctimas las personas que ejercen la partería a lo largo y ancho del país. Eduvina Mena Ramírez, residente en el municipio de Medio San Juan (Chocó) y una de las 1.050 parteras afiliadas a Asoredipar-Chocó, denunció que ha tenido dificultades con los médicos en los hospitales porque a ellos “no les gusta que los partos se atienden en casa. También nos ponen trabas para emitir el Certificado del Nacido Vivo”.  Cergelia Hernández Angulo, partera del Corregimiento de Santa María, en Timbiquí  (Cauca), aseguró que también ha sido vetada de las salas de parto de los hospitales y que en muchas ocasiones su trabajo de acompañamiento médico no ha sido remunerado por estas instituciones.  Para las parteras, su vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud representa una oportunidad para combatir la alta tasa de mortalidad materna en la región porque muchas veces los centros médicos “no tienen la capacidad de saber cuándo un niño viene atravesado o con una trama”. Además,  las parteras brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen.  De acuerdo con una investigación de la Universidad del Valle, la tasa de mortalidad materna en la región Pacífico es de 86,1 por cada 100.000 habitantes, 11,2 puntos más que el promedio nacional: 74.9. En el departamento del Chocó, la tasa asciende a 227,4, muertes de madres gestantes por cada 100.000 habitantes. En Cauca llega a 97,1 y en Nariño a 75,9.           Para el Ministerio de Cultura, los partos llevados a cabo a través de la  partería tradicional, reconocida en 2017 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación,  reafirman el vínculo de las comunidades con su territorio y constituyen un acto de confianza que afianza los lazos de solidaridad existentes entre ellos. La cartera ha señalado  que  “al ser conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas y otros alimentos, también brindan estos conocimientos para interpretar la salud y la enfermedad de todas las personas de la comunidad y sus servicios son una alternativa confiable, frente al sistema de salud”.  Al ser conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas y otros alimentos, también brindan estos conocimientos para interpretar la salud y la enfermedad de todas las personas de la comunidad y sus servicios son una alternativa confiable, frente al sistema de salud”.  Informes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han aseverado que  la partería contribuye a aliviar la saturación de los servicios de salud, brinda acceso a atención en salud en aquellos lugares donde no hay puestos médicos y tiene el potencial de disminuir la violencia contra la mujer y la discriminación que las comunidades raciales pueden experimentar por parte de algunas personas del personal hospitalario. En este orden de ideas, el fallo de la Corte Constitucional representa un hito para el país porque, además de estatuir un criterio de igualdad y no discriminación, establece una guía para que el Estado ejerza los compromisos de respetar, reconocer y resguardar la pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de …

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Derecho a la Verdad: el racismo justificó la violencia sufrida por la población afro durante el conflicto armado 

Informe Final de la Comisión de la Verdad señala que el racismo propició graves hechos de violencia contra comunidades negras, indígenas y ROM.  En Colombia se han desarrollado sistemáticamente  prácticas discriminatorias en todos los espacios de la vida social. En el marco del conflicto armado, esas prácticas han deshumanizado, subyugado y sometido a los pueblos étnicos a una secuencia interminable de vulneraciones de sus derechos.  La Comisión de la Verdad, en el tomo ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del Informe Final presentado al país el pasado 28 de junio, explica que “negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios. Pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser, también, los que más han sufrido los efectos de la guerra”. El documento, resultado de un trabajo investigativo de más de cuatro años en el que se escucharon a más de 30.000 víctimas y actores del conflicto, explica que el racismo validó las narrativas esclavistas y colonizadoras y, también, propició hechos de barbarie que desgarraron a las comunidades negras, indígenas y ROM durante una guerra de más de medio siglo. Durante todo ese tiempo,  las guerrillas no reconocieron las autonomías de las comunidades étnicas; mientras que el paramilitarismo, apoyado por las élites de poder,  masacró y despojó de sus tierras a las comunidades étnicas.  “Negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios”. En su propósito de demostrar la superioridad de su aparato bélico, las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública cometieron acciones atroces en contra de esta población históricamente discriminada. En el marco del evento de Reconocimiento por la Verdad del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, una mujer que fue marcada con un hierro por un comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia en Montes de María aseguró que fue violentada “porque era negra”: “Y me marcó como si fuera una esclava. En la época de la esclavitud marcaban las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí las autodefensas”. La discriminación y el prejuicio racial conllevaron a la deshumanización de las personas negras durante el conflicto, incluso al interior de las filas de los grupos armados: “Entonces hay maltrato al interior de las instituciones por el hecho de tu ser afro. Los mandos medios y altos no respetan la diferencia y te maltratan a ti por como tú hablas. Te maltratan por como tú eres. No te llaman por tu apellido, sino “negro, venga acátal cosa”. Todo es la palabra negro, que el negro es el sujeto fuerte, que el negro debe aguantarmás que los otros soldados porquees negro, y asociamos a los negros con aquel peón fuerte que puede soportar todo como una bestia”, relató a la Comisión un hombre afro, víctima del conflcito.  La desprotección estatal y el despojo  En el informe de la Comisión de la Verdad se sostiene que el racismo estructural también es conexo a los altos niveles de pobreza, desprotección estatal y acceso marcadamente desigual de las comunidades étnicas a sus derechos. Estos grupos también han sido excluidos de forma permanente y persistente del relato nacional,  y vilipendiados implícita y explícitamente, con narrativas racistas instaladas en organismos institucionales, espacios de poder, medios de comunicación  y otros actores decisores del país. A este entramado de exclusión y desprotección estatal se ha sumado, dice el Informe,  “la baja aplicación de leyes que se han logrado con enormes luchas en la búsqueda de la equidad”. Entre ellas se destacan la autonomía de los gobiernos indígenas y la Ley 70 de 1993, la cual tiene por objeto reconocer a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva. Sobre esta última, aunque han pasado 27 años desde que se promulgó, la Ley aún no se ha reglamentado en su totalidad, lo que ha impedido que estas comunidades accedan al goce efectivo de sus derechos.  De acuerdo con la Comisión, la  concepción colonial y dominante  de los territorios indígenas y negros basados en tres elementos: “i) espacios “baldíos”, ii) la relación entre violencia y economía y, iii) el acaparamiento de tierras como sinónimo de riqueza y poder, junto con la adopción de políticas de desposesión territorial,  militarización y de exterminio y asimilación cultura que, también dieron lugar a la imposición sistemática de intereses ajenos sobre las formas tradicionales de vida y conservación territorial”, situación que se evidencia en violaciones como “el desplazamiento, el despojo, la apropiación y el control de los territorios y ante todo, la destrucción espiritual de estas poblaciones”.  (También puedes leer: ABC DE DERECHOS TERRITORIALES Y TITULACIÓN COLECTIVA) Fue así como la definición de los territorios étnicos como espacios “salvajes”, una herencia colonial mantenida una “visión de productividad” en Occidente, permitió que se perpetuara la costumbre de “civilizar mediante el saqueo y el despojo”. Con la llegada de la explotación de petróleo a la región del pueblo barí en 1930, por ejemplo, se produjo un exterminio de la población, la cual fue reducida en un 80 % y despojada del 70 % de su territorio ancestral. Las violencias sufridas por las comunidades negras e indígenas en el Bajo Atrato evidencian la magnitud de lo que ha sido este engranaje de despojo y desolación. Desde finales de 1996, luego de los desplazamientos forzados generados por las operaciones Génesis de la Brigada XVII y el Bloque Elmer Cárdenas, la expulsión violenta de aproximadamente 15.000 personas de la región, así como el posterior reordenamiento territorial y social, facilitó que, en el marco de las alianzas que establecieron algunos agentes económicos (gremio bananero, Ecopetrol, multinacionales mineras, industria azucarera) con las AUC, miembros de la fuerza pública y funcionarios estatales, se consolidaran proyectos económicos a gran escala en los territorios despojados. El informe señala que la política de “repoblación” implementada por los paramilitares en los territorios étnicos  buscaba, por medio de la violencia y el control territorial y …

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