septiembre 2022

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial

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Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Las amenazas y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia son una preocupación tanto nacional como internacional. En la actualidad, diferentes organizaciones de la sociedad civil afirman la existencia de sistematicidad en la comisión de estos delitos. Este fenómeno ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de entidades del Estado y la sociedad civil, razón por la cual existen varios sistemas de monitoreo que buscan entender la dimensión real del problema. Sin embargo, ello no ha sido del todo posible debido a la complejidad de lograr la interacción y diálogo entre estos sistemas. La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Al hacer un análisis de las cifras disponibles sobre amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se presenta una paradoja entre la informació geográfica de estas violencias y las cifras de violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Es decir, aunque las zonas en las que se registran la mayoría de estas violencias coinciden con los municipios que tienen alta presencia de comunidades negras, al consultar las cifras de afectación a los liderazgos afros, estas se presentan como mínimas o, en muchos casos, como nulas. Esto es lo que llamamos un subregistro de las violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Nos interesa dejar claro que, en este documento usamos las categorías “persona defensora de derechos humanos” y “líder” o “lideresa”, con pleno conocimiento y conciencia de las diferencias que se discuten al respecto, aunque en algunos apartes parezca usarse indistintamente. En el caso de las personas particulares que fueron entrevistadas en el desarrollo de la investigación, aclaramos que nos referimos a ellas como líderes y lideresas, respetando el autorreconocimiento que esa persona hizo en el desarrollo de la correspondiente entrevista. Reconocemos la necesidad de seguir reflexionando conjuntamente sobre este tema. Este documento no pretende llegar a conclusiones que cierren las brechas y problemas identificados en tanto su magnitud impide tal objetivo, sino identificar algunas dificultades y seguir construyendo el camino hacia su superación. Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

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Nilson Antonio Velasquez Gil fue el primer líder social cuya vida perdimos en 2022. El pasado 10 de enero, el afrodescendiente de 51 años de edad y líder comunitario en el Medio San Juan (Chocó), fue torturado y asesinado durante una arremetida violenta de la guerrilla del ELN que generó el desplazamiento masivo de las comunidades de Paimadó, Choqui y Calle del Fuerte. Siete días después, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia denunció el homicidio de Mario Jonathan Palomino, afrodescendiente, defensor del medio ambiente y profesor de una escuela rural en la vereda La Chapa, del municipio El Carmen Viboral. Sin embargo, a pesar de que los dos crímenes estarían ligados a la grave crisis humanitaria que asola a buena parte de los territorios afrodescendientes en el país, la pertenencia étnico-racial de los líderes asesinados fue invisibilizada en las bases de datos de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. La ausencia de un sistema robusto, con parámetros claros y unificados para el registro o monitoreo sobre las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, ha permitido que en muchos casos el registro de amenazas y asesinatos (dos de las principales violaciones registradas) de defensores y defensoras deje de lado el factor étnico-racial cuando este no es identificado como la principal causa del riesgo. Esta situación también explicaría las discrepancias en las cifras de los consolidados sobre asesinatos de líderes líderes, lideresas y personas negras/afrodescendientes defensoras de derechos humanos en Colombia.

¿Qué está pasando en el barrio San Francisco de Cartagena?

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De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas La comunidad del barrio San Francisco y organizaciones de derechos humanos en Cartagena denunciaron que fueron víctimas de acciones violentas y abusivas por parte de 12 miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía de la ciudad. Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre y, según manifestó la comunidad, los hombres armados golpearon y trataron de forma violenta a tres mujeres durante un “falso operativo”, una de ellas menor de edad. De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas de este territorio que ha sido criminalizado y militarizado desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. Desde ILEX Acción Jurídica reprochamos estas graves vulneraciones a los derechos humanos y nos sumamos al llamado de la comunidad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el caso y la protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH en la comunidad. Insistimos en la necesidad de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar, que responda a un plan de emergencia de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para reducir los altos niveles de violación de derechos humanos en la zona. Aquí puedes leer el comunicado completo:

El escrache y la injusticia epistémica

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El escrache tiene sentido como forma de justicia testimonial, en tanto mecanismo de respuesta a la violencia sistémica contra las mujeres. Análisis. Escrito por: Sibelys Mejía Rodríguez*, directora del área de Litigio de ILEX Acción Jurídica. *Este artículo fue publicado originalmente en la edición número 105 de la revista Cien Días vistos por Cinep. Introducción En el presente texto, retomo una reflexión que había abandonado hace unos meses. Regreso a ella con ocasión de la sentencia T-061 de febrero de 2022, en la que la Corte Constitucional decide la tutela promovida por un docente de la Universidad Nacional de Colombia, pidiendo la protección de sus derechos al buen nombre y a la intimidad. No me referiré a los hechos de esta sentencia, ya que esta solo ha sido una excusa para abordar nueva mente un tema que había interrumpido. Aquí abordaré el escrache, apelando a una propuesta de lectura de Miranda Fricker, y para defender el escrache como un mecanismo de protesta y de visibilización ante las violencias institucionalizadas que, muchas veces, terminan replicando las violen cias que piden ser atendidas. En su libro Injusticia epistémica, Miranda Fricker ofrece un marco conceptual para describir aquellos agravios que ocurren cuando la gente produce y circula conocimiento. Según su propuesta, habría dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y la hermenéutica. La primera ocurre cuando una persona recibe menos credibilidad, como resultado de un prejuicio identitario negativo por parte de quien la escucha; la segunda injusticia se refiere a una brecha en el conocimiento que no le permite a la gente comprender su experiencia social (Fricker, 2017). La propuesta de Fricker me hizo pensar en el escrache. Es una estrategia de denuncia pública y de presión social contra los perpetradores de actos reprochables, así como para aliviar a las víctimas (Tapia Jáuregui, 2020). En los últimos años lo han venido usando colectivos o movimientos feministas, generalmente para enfrentar el silenciamiento al que se ven sometidas las mujeres que son víctimas de violencia sexual, es decir, como un mecanismo de exposición en redes sociales o en espacios públicos de los agresores en casos de violaciones, maltratos, acosos o abusos. Podría decirse que es una estrategia para interrumpir la injusticia testimonial que pesa sobre las mujeres. Sin embargo, al intentar analizar con detalle los dilemas que ha suscitado esta práctica desde la propuesta de Fricker, me encontré algunos límites. En este ensayo describo cuáles son, y propongo algunas ideas para superarlos, con el fin de nutrir el concepto de injusticia testimonial. Entre el escrache y el debido proceso A finales de 2018, en los pasillos, baños y salones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional (sede Bogotá), comenzaron a aparecer grafitis o pintas en las paredes, en los que se acusaba a estudiantes y profesores de ser acosadores sexuales. Algunas solo eran denuncias abstractas, pero otras listaban con nombre propio a los presuntos agresores o especificaban los hechos con detalles. Esto fue una ola de escraches. Varias organizaciones estudiantiles de mujeres habían comenzado a manifestarse mediante esta práctica, pues los canales institucionales de la Universidad no les estaban brindado el apoyo que necesitaban para enfrentar la violencia sexual. Así que optaron por usar la exposición social y la denuncia pública. Considero que las causas de la deficiente atención institucional son muchas, y entre ellas podría ubicarse la injusticia testimonial: se le resta credibilidad a las mujeres que denuncian. Estas palabras de una las estudiantes de la Facultad, lo ilustra: Yo fui a poner una denuncia, para lo del Protocolo de Género, porque pues yo quería denunciar a alguien por algo que hizo, y fue un embolate. Y luego denuncio y me comienzan a preguntar “pero mira, ¿qué hiciste?, ¿por qué?, ¿cómo lo hiciste?, ¿pero tú sí querías?, ¿tú estabas segura que no querías?” Entonces yo siento que esa inoperancia todo el tiempo hace que uno diga ¿para qué denuncio? Y “¿para qué denuncio” se conlleva a que tu sigas callada y que el man siga, y el man siga… (Flujo Audiovisual Universidad Externado, 2019). A las denunciantes se les cuestionan los detalles de la agresión en su contra, por ejemplo, con soporte en estereotipos dominantes según los cuales las mujeres pueden acusar falsamente a los hombres por venganza o por llamar la atención (Gamero, 2018; Rodríguez Peñaranda, 2018). Así, el escrache es defendido como un mecanismo para que la voz de las mujeres sea escuchada, en lugar de silenciarse en las oficinas de las burocracias. ¿Esta forma de denuncia social sería una estrategia para combatir la injusticia testimonial? En la polémica que siguió a estas manifestaciones, algunos miembros de la comunidad universitaria, incluyendo a presuntos acosadores denunciados, criticaron los escraches porque no respetaban la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que quienes aparecen en las listas no tienen la misma posibilidad de contrastar las versiones de las supuestas víctimas, por lo que a las mujeres se les daría un exceso de credibilidad cuando exponen sus casos, en contraste con el rechazo y el estigma que reciben los hombres acusados, independientemente del contenido de su versión. Esta reacción frente a los escraches alega que existe una injusticia epistémica en contra de los hombres denunciados, ya que su credibilidad se ve reducida por el hecho de ser presentados como acosadores. Los temores de este sector que defiende el debido proceso de los acusados no son infundados. Existen casos de mujeres que han realizado falsas denuncias, lo que le ha generado mucho daño a quienes han sido injustamente acusados y a sus familias (Semana, 2021; Rodríguez, 2019; Semana, 2015). Sin embargo, también es cierto que los casos de falsas denuncias son muy pocos, en comparación con las acusaciones que han sido confirmadas, así como si se les contrasta con la enorme cantidad de casos de violencia sexual que no llegan a ser denunciados (Kauffman, 2015). Pero entonces, ¿cómo sabemos quién está siendo víctima de injusticia epistémica cuando alguien es acusado en un escrache? ¿Cómo sabemos que el hombre acusado no está entre los excepcionales casos …

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Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos

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La vida de la lideresa vallecaucana, María Antonia Caicedo Angulo, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia (2022), se entreteje en una secuencia admirable de luchas por la protección de los derechos de la población vulnerable de su territorio. María Antonia es directora de la fundación Paciamancao, miembro de la Corporación de Educadores del Litoral Pacifico (CORELIPA) y excandidata a la Circunscripción Afro de la Cámara de Representantes. En ejercicio de sus actividades de liderazgo y defensa de derechos humanos, ha sido víctima de tortura, secuestro, violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, lesiones personales físicas y psicológicas. Sin embargo, esto no ha sido capaz de quitarle su convicción y ganas de luchar por la defensa de derechos humanos, la protección de la vida y la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias sexuales. Durante más de dos décadas, desde la fundación Paciamancao, María Antonia ha promovido importantes procesos culturales y artísticos que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los barrios vulnerables y afectados por la violencia en Yumbo. Estas acciones, como parte de su arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos, la hicieron merecedora de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle y de la alcaldía de Yumbo en diciembre de 2021. “Me ha costado ser mujer”, exclamó la lideresa durante el primer Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras de Derechos Humanos. El verso hace parte de un poema estremecedor en el que María Antonia describe las violencias de las que ha sido víctima por ser mujer, afrodescendiente y defensora de derechos humanos: “Más que hablar de mi color / Yo he sufrido por ser mujer / en la lucha contra eso me ha tocado correr / Entre insultos, amenazas y sonrisas / Me he topado con mil hombres que me exigen esa visa / De cambiar mi propia vida y volverme una sumisa”. Intervencion de Maria Antonia Caicedo en el marco del 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 12 de agosto 2021 #LiderazgosAfroparaSanar @haurralde @Afromurcia @afropresencia @CimarronCol pic.twitter.com/Wbi0DCCUrj — ForoIberoamericanoAfroMujeres (@afro_foro) September 4, 2021 Para Maria Antonia, la nominación a este premio “significa un proceso valeroso, simbólico, que reconoce el valor, fortaleza y valentía de las mujeres de a pie que estamos al otro lado de la historia, discriminadas, estigmatizadas e invisibilizadas integralmente, poniendo nuestra vida, cuerpo y dignidad por la defensa de los derechos humanos”. Y agrega: “En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible”. En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible María Antonia Caicedo Angulo Las adversidades que marcan su biografía tampoco han amainado su espíritu de lucha. En diciembre de 2019 María Antonia fue víctima de violencia sexual, tortura y amenazas por parte de sujetos armados. Dos años después, el 12 de junio de 2021, la lideresa fue abordada y subida a la fuerza a un carro por sujetos armados en el barrio Calima, en Cali. Posteriormente, fue trasladada a una especie de bodega y retenida en contra de su voluntad durante casi veinte horas. La lideresa denunció haber sido amenazada y sometida a crueles torturas mientras era cuestionada por la labor que desempeñaba como defensora de derechos humanos en su territorio. De acuerdo con un concepto emitido por la Fiscalía General de la Nación, María Antonia fue víctima de “secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en concurso heterógeneo con tortura”. Sin embargo, luego de que en noviembre de 2021 solicitara el registro de estos hechos victimizantes ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la lideresa recibió la amarga noticia de que la entidad había decidido no reconocer el secuestro que padeció, pues, a su consideración, “no se logró determinar” que el caso “haya ocurrido en el marco de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. En palabras de la lideresa, la decisión de la UARIV, además de atentar contra su derechos como víctima, representó una vulneración a su “dignidad” y una afrenta a su dolor y a su sufrimiento: “Ha sido muy traumático, desgastante y humillante todo este proceso con la UARIV, utilizan cualquier cantidad de procesos tardíos, barreras burocráticas y administrativas haciendo caminar a las víctimas sobre pisos enjabonados, techos de cristal, escaleras de arena, vulnerando los derechos de las víctimas, pero sobre todo violando la Ley 1448 de 2011”, afirma.. Para colmo de males, y a pesar de los recursos jurídicos interpuestos por María Antonia, la entidad se negó en repetidas ocasiones a reconocer el hecho victimizante de secuestro, sometiendo así a la lideresa a un tortuoso ciclo de revictimizaciones y negándole el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición. Sibelys Mejía, abogada y directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, explica que este caso es evidencia de las múltiples violencias y revictimización a las que son sometidas las víctimas del conflicto y lo liderazgos que han dedicado su vida al trabajo a defender los derechos de sus comunidades. “Aplicar una interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011, según la cual la forma en que posiblemente se dieron los hechos no dan …

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Las claves del proyecto de ley que busca el ‘reconocimiento, perdón y reparación histórica’ de la población afrocolombiana

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El pasado 26 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley que busca el perdón, reconocimiento y reparación en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes y estructurado con base en los hallazgos y recomendaciones del informe defensorial ‘Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo’. Además, contó con los aportes de las comunidades, líderes y lideresas, expertos, académicos y representantes de organizaciones afrodescendientes. Con la propuesta legislativa se busca que se adopten “medidas especiales de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y combatir el racismo y la discriminación racial que afecta a estas comunidades”. Una de las principales pretensiones del proyecto es que el Estado y la sociedad en general reconozcan y se comprometan con los “actos materiales y simbólicos de perdón en favor del pueblo afrocolombiano, por los injustos y dolorosos hechos del pasado que los han puesto en desventaja”. También se busca que se adopten medidas efectivas para garantizar los derechos del pueblo afrocolombiano, la visibilización de sus contribuciones a la construcción de la nación y que se promuevan acciones permanentes tendientes a incentivar gestos de perdón y reconciliación por actos de racismo. (Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina) En cuanto a las medidas que se implementarían con la nueva “política estatal de reconocimiento, perdón y reparación histórica”, el proyecto señala que se deberán realizar actos públicos de petición de perdón por parte de las tres ramas del poder público, promover el acceso equitativo al empleo público y privado, y a la educación, especialmente en el nivel superior. El articulado también propende por la participación equitativa de la población afro en el Plan Nacional de Desarrollo, el acceso a medios de comunicaciones oficiales y la “reconstrucción de la memoria patria reivindicando los aportes del pueblo afrocolombiano”, mediante la inclusión de estos elementos en los textos escolares. Cabe señalar que para la elaboración de las normas que se desarrollen de esta ley, el Gobierno Nacional deberá consultar a la población afrocolombiana a través de las autoridades y organizaciones representativas, siguiendo los parámetros del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y dando cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada. Este proyecto de ley se presentó con el acompañamiento de varios representantes a la Cámara, entre ellos algunos afrodescendientes y pertenecientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Desde ILEX Acción Jurídica seguiremos exigiendo al Estado colombiano la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, que ayuden a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente del país.

Conectividad en los territorios afros: ¿un derecho o un privilegio?

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De acuerdo al más reciente ranking de países con mayor cobertura de acceso a internet, Colombia se encuentra en la posición número 27 en una lista de 100 países analizados, ubicándose un lugar debajo de Argentina y trece, por encima de naciones latinoamericanas como Venezuela y Perú. Pensaríamos entonces que el país tiene una población que, a pesar de las dificultades sociales y económicas, cuenta con amplia cobertura de internet. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), a corte del último trimestre de 2021, informó que Colombia superó las 46,5 millones de conexiones a internet con acceso fijo por encima de la meta trazada (45 millones). Es decir, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 16,53 a diciembre de 2021, frente a la tasa de 15,5 registrada en el 2020. Al revisar cómo se encuentran los departamentos con población mayormente afro en lo que refiere a la conectividad, encontramos que según las estadísticas del DANE (2018), los niveles de acceso a internet en Valle del Cauca (46%), Chocó(15%), Nariño (5%), Bolívar (21%), y Antioquía (34%), son inferiores a la tasa de conectividad registrada en Bogotá (72%), Cundinamarca (54%), Santander (61%) y Risaralda (54%). El panorama de la población afrodescendiente en este escenario resulta bastante limitante, pues solo el 26,3% de esta población tiene acceso a internet (Dane, 2019). Esto, propio del abandono, ausencia de Estado y falta de infraestructura que se ha dado históricamente en estos territorios. La situación de inequidad es mucho desalentadora si se voltea la mirada hacia el 33,3% de la población afrodescendiente que habita en territorios rurales, según el Dane (2020). De acuerdo con las estadísticas de esa entidad, tan solo el 23,8% de estos hogares cuentan con acceso a internet. La cifra es casi tres veces inferior a la tasa de cobertura en las zonas urbanas: 66,5%. En Bolívar, mientras la zona urbana cuenta con un 31% de conectividad a internet, en las zonas rurales la cobertura sólo llega a ser del 2%. Más al sur del país, en Nariño, la cobertura de internet en cabeceras municipales es del 9 % y en las zonas rurales llega a ser de un alarmante 1%. Estas cifras no solo nos dan a conocer las enormes brechas digitales que existen en el país, sino que además representan obstáculos frente a los nuevos escenarios de desarrollo y competitividad, en otras palabras, imposibilita que las personas afrocolombianas accedan a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, información, entre otros. De acuerdo con el DANE (2018), solo el 14% de la población negra en Colombia cuenta con educación superior y la mayoría (31,3%) solo culminó estudios de básica primaria. A esta preocupante radiografía se suma el hecho de que, según la CEPAL (2020), el 47,8% de las personas afrocolombianas se encuentran bajo la línea de pobreza. En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, emitida por Naciones Unidas, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se afirma que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el derecho a la libertad expresión y asegurar el respeto de derechos como la educación, salud y trabajo. Que los territorios y poblaciones afros puedan estar conectados no solo abre oportunidades, sino que también da la posibilidad de que se garanticen los derechos fundamentales de esta población y se pueda obtener un balance de movilidad social igualitaria y equitativo frente al resto del país.

septiembre 2022

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