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Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin Hace unas semanas, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó  tres leyes que, de acuerdo con el Gobierno son “clave” para la reforma policial estructural que había prometido a raíz de lo sucedido en el paro nacional de 2021. Sin embargo, tanto al Gobierno, como al Congreso  y a quienes han analizado estos cambios a la legislación, se les ha olvidado tener en cuenta los impactos diferenciales que estas medidas traerían a las personas con pertenencia étnico- racial. Es así como ‘El estatuto disciplinario policial (Ley 2196 de 2022’), la ‘Ley por la cual se crea la categoría de patrullero y se fortalece la profesionalización para el servicio nacional de policía (Ley 2179 de 2021’) y la ‘Ley de seguridad ciudadana (Ley 2197 de 2022)’, siguen sin incluir herramientas para combatir la discriminación racial en las instituciones (policivas) del Estado. Ver :   https://twitter.com/IvanDuque/status/1486165236533145600 A partir de un análisis preliminar de este paquete legislativo, hemos identificado varios asuntos problemáticos. En primer lugar, es preciso destacar que las leyes sancionadas omitieron la inclusión de las demandas ciudadanas de organizaciones de DDHH, entre ellas las organizaciones afrodescendientes, así como las recomendaciones de la CIDH, que instó al Gobierno a plantear una reforma policial nacional que reforzara la naturaleza civil de la institución con la finalidad de proteger a las personas desde un enfoque de derechos humanos, sin dejar a un lado la importancia de los enfoques diferenciales. También puede leer https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf La Ley de Seguridad Ciudadana, que no fue lo suficientemente discutida y que además genera mucho conflicto sobre lo que se supone debería hacer el Gobierno para combatir la criminalidad sin caer en el punitivismo populista, no solo contiene un conjunto amplio de artículos que reforman el Código Penal y el Código de Policía, sino que aumenta los factores de riesgo para la población afrodescendiente. Una de las principales preocupaciones respecto de esta ley es que la figura de traslado por protección (TPP) otorga un amplio margen de discrecionalidad por parte de la Policía Nacional y se produce el riesgo de que sea usada como una forma de castigo y no como un mecanismo de protección, tal como está formalmente contemplado. Asimismo,  el punto que hace referencia a la legítima defensa privilegiada” (Artículo 3 – 6.1), que amplía el concepto de legítima defensa y otorga facultades a los ciudadanos para ejercer fuerza letal de manera “excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”,  pone en evidencia que no se consideraron los riesgos de una sociedad civil armada que se caracteriza por tener prejuicios racistas y usarlos para ejercer la violencia. Las organizaciones afrodescendientes hemos denunciado la prevalencia de discriminación racial en la actividad policial tanto en jornadas de protesta como en actividades de seguridad ciudadana. En ese sentido, el Estatuto Disciplinario Policial recién aprobado, si bien establece lo que se debe entender por disciplina policial y que esto incluye la obediencia a los derechos humanos,  no integra  ninguna disposición que reconozca acciones racistas como  uno de los problemas estructurales dentro de la institución en el desarrollo de la actividad policial. Asimismo, cuando la ley se refiere a los sistemas de garantías para la formulación, consulta y seguimiento ciudadano, no establece lineamientos para la supervisión ciudadana, atendiendo a criterios diferenciales. Esto resulta problemático, considerando los impactos  de las acciones policiales en la población afrodescendiente y la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de agentes policiales. Por su parte, la Ley 2179 toca varios aspectos, uno de ellos la regulación de la categoría de patrullero y otra de formación profesional y en derechos humanos. En este último  componente no se incluyen aspectos relacionados con estándares de uso de la fuerza y el cumplimiento de principios básicos como el de no discriminación. Por otro lado,  dentro de los conocimientos previos  del personal docente se incluye la formación en derechos humanos, derechos  de las mujeres, de las  comunidades religiosas y de  la comunidad LGBTI, dejando por fuera a las comunidades afrodescendientes e indígenas, pese a que, como lo hemos señalado, los agentes del orden requieren una formación integral que incida en la eliminación de estigmas y prejuicios raciales. Lo anterior, no pretende ser un análisis exhaustivo de las leyes mencionadas, sino generar advertencias que tendrán un desarrollo a nivel nacional mucho más profundo sobre lo que esta reforma implica para la población afrodescendiente y los escenarios de vulneración potenciales de derechos humanos, así como la desatención de las recomendaciones que se han dado por las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales. Hacemos énfasis La ley de seguridad ciudadana pone en riesgo el derecho a la protesta y marca una represión de esta con la criminalización del uso de la capucha desde el aumento de penas por obstruir la vía pública que afecta el orden público. Oportunidad para ejercer perfilamiento a la población afrodescendiente. La ley de seguridad ciudadana al crear la legítima defensa privilegiada estaría dando un paso a peligrosas situaciones donde una sociedad civil armada pondría en peligro a grupos en situación de vulnerabilidad-como afrodescendientes-. Lo que genera situaciones de violencia como las ocurridas en el Paro Nacional de 2021. La Ley de Seguridad Ciudadana sigue dejando un amplio margen de discrecionalidad frente al uso de la figura de traslado por protección del Código de Policía. La Policía Nacional aún no tiene estándares claros y estrictos para no usar esta figura como castigo. Esto afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente, quienes con la criminalización y perfilamiento son más propensos a ser sujetos de persecución. El Estatuto Disciplinario Policial no deja claro la participación de la ciudadanía en el seguimiento de los procesos que sancionan las faltas de la Policía, especialmente si estos mecanismos tendrán criterios diferenciales, teniendo en cuenta los niveles de impunidad y falta de investigación en los casos de violencia policial racista. La Ley de Profesionalización, no atiende la necesidad de una formación que combata el racismo estructural de la institución,

| Oct 29, 2021 Faltando pocos días para Halloween, para algunos ‘La Fiesta de Disfraces’ o simplemente el 31 de octubre, es importante saber cómo evitar caer en la reproducción de estereotipos racistas a la hora de escoger los disfraces. Acá dejamos algunas recomendaciones. Lo primero que debemos hacer es reconocer que en Colombia, al igual que en América Latina, persisten ideas, imaginarios y prácticas heredadas de la colonización. Por tanto, el racismo permanece de forma estructural tanto en las instituciones como en el relacionamiento social, “fijando huellas de la esclavitud” de manera naturalizada, como lo menciona Rosa Campoalegre Septien en su texto ‘Educar en resistencias y contra hegemonías más allá del decenio’. De igual forma, es importante entender que los disfraces, en general, se usan para las fiestas y carnavales, bajo un contexto burlesco y desfigurativo, que puede llegar a ser ofensivo con las identidades de las demás personas y sus  factores culturales o históricos. El siguiente paso es cuestionarse si el disfraz que se quiere utilizar está asociado al tono de piel de una persona. Advertencia: es fundamental tachar el blackface, los disfraces de negra/ negro, esclavizados o cualquiera que se base en la identidad étnico-racial de las personas. No olvidemos que el blackface fue y sigue siendo una práctica ofensiva e hiriente. Recordemos que «todas estas representaciones en las que se hace burla de las personas negras, y de su cuerpo, buscan reforzar la ideología racista», como lo dijo el historiador panafricanista español de origen colombiano Antumi Toasijé en un reportaje de la BBC  Mundo sobre el blackface en 2019. En caso de que el disfraz pretenda hacer referencia a un hecho o periodo histórico es importante investigar y a partir de allí preguntarse si revictimiza, es insensible frente al dolor padecido por algún grupo de personas o saca de contexto alguna práctica cultural o conocimiento tradicional de un grupo poblacional / comunidad. Así mismo, es clave hacer énfasis en evitar disfraces que apelen a la hipersexualización de las personas racializadas. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de acciones ahonda en las afectaciones físicas y psicológicas que han tenido que sobrellevar las personas afrodescendientes, derivadas de la relación entre la colonización y sus cuerpos. ¿Y qué pasa con los disfraces de español o que hacen alusión a personas blancas? El personaje de Samantha White en la serie ‘Dear White People’ de Netflix responde lo siguiente frente a un debate similar cuando en el campus de la universidad personas blancas  se disfrazan de negros en una fiesta de disfraces: “La diferencia es esta: mis bromas no encarcelan a sus jóvenes a tasas alarmantes o hacen que sea inseguro para ustedes caminar por sus vecindarios, pero las suyas sí, cuando se burlan o nos denigran, refuerza el sistema imperante, cuando un policía apunta un hombre negro no ve un ser humano, ve una caricatura, un delincuente, un negro. Así que no, no pueden disfrazarse de estereotipos de nosotros en una fiesta de Halloween y decir que es irónico o alegar ignorancia, ya no”.

| Sep 21, 2021 | La aprobación de la ‘Ley del viche’ por el Senado, significa, sin duda alguna, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, representada en el conjunto de prácticas tradicionales de las comunidades negras del Pacífico.  Es un avance histórico en materia de garantías de derechos étnicos colectivos de las comunidades negras en Colombia. Este marco normativo generará impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades étnicas y vuelve a establecer la discusión sobre la protección, uso y administración del acervo tradicional intelectual colectivo, detrás de la elaboración de una botella de viche o sus derivados. A través de esta ley, el Congreso por primera vez, marca un hito para la explotación económica de un producto como el viche, que es el resultado de producciones intelectuales que se han dado por generaciones de formas particulares y dotadas de especificidades que las distinguen de las producciones intelectuales ordinarias de otro tipo de bebidas, así mismo plantea un modelo de administración institucional que incluye la creación de  diferentes instancias de aval y otorgamiento de los derechos de explotación . Lo anterior, plantea cuestiones de protección jurídica relacionadas, por un lado, con los derechos fundamentales colectivos cimentados en el principio de autonomía de las comunidades, frente a las dinámicas de participación con las que se vayan a orientar la reglamentación del proyecto de ley en los próximos meses. En este caso, la participación se constituye más que en un elemento, en una demanda de las comunidades étnicas para entablar cualquier relación respetuosa relacionada con el uso y administración de sus conocimientos tradicionales materializados en el viche. Lo anterior, porque para este tipo de recursos culturales como el viche, que reúne conocimiento tradicional relacionado con las formas de uso de la biodiversidad, pero que también encierra unas expresiones culturales alrededor de su uso, el alcance de los derechos fundamentales parte de la identidad del sujeto étnico que lo crea y no del valor del uso y venta del producto sobre el cual se materialice el conocimiento tradicional étnico colectivo. Por otro lado, plantea cuestiones jurídicas de protección frente al riesgo de generación de cargas operacionales y de apropiación indebida y desbalance en el mercado, que un proceso de explotación del viche a gran escala sin el acompañamiento y financiación efectiva del Gobierno nacional pueda generar en las comunidades como pequeñas productoras frente a las grandes industrias de licores en el país. Finalmente, entre otras disposiciones, la normatividad aprobada les brinda a las comunidades étnicas afrodescendientes del Pacífico la posibilidad de reclamar la propiedad intelectual del viche a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso, producción, comercialización y distribución, según el tipo de protección utilizada registro marcario o denominación de origen, así mismo como flexibilidades para la obtención del registro Invima. Sin embargo, el uso de la expresión “propiedad intelectual” tiene una carga ideológica que termina por reducir y limitar el acervo tradicional milenario e  intelectual colectivo de las comunidades afrodescendientes, a una cosa, ?al y como lo hace la  protección que se ofrece sobre el individualismo posesivo de la propiedad privada. De ahí qué, cualquier propuesta de regulación debe reconocer y proteger la dimensión colectiva detrás de un producto como el viche.