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Conectividad en los territorios afros: ¿un derecho o un privilegio?

De acuerdo al más reciente ranking de países con mayor cobertura de acceso a internet, Colombia se encuentra en la posición número 27 en una lista de 100 países analizados, ubicándose un lugar debajo de Argentina y trece, por encima de naciones latinoamericanas como Venezuela y Perú. Pensaríamos entonces que el país tiene una población que, a pesar de las dificultades sociales y económicas, cuenta con amplia cobertura de internet.    El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC),  a corte del último trimestre de 2021, informó que Colombia superó las 46,5 millones de conexiones a internet con acceso fijo por encima de la meta trazada (45 millones). Es decir, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 16,53 a diciembre de 2021, frente a la tasa de 15,5 registrada en el 2020.  Al revisar cómo se encuentran los departamentos con población mayormente afro en lo que refiere a la conectividad, encontramos que según las estadísticas del  DANE (2018), los niveles de acceso a internet en Valle del Cauca (46%), Chocó(15%), Nariño (5%), Bolívar (21%), y Antioquía (34%), son inferiores a la tasa de conectividad registrada en Bogotá (72%), Cundinamarca (54%), Santander (61%) y Risaralda (54%).  El panorama de la población afrodescendiente en este escenario resulta bastante limitante, pues solo el 26,3% de esta población tiene acceso a internet (Dane, 2019). Esto, propio del abandono, ausencia de Estado y falta de infraestructura que se ha dado históricamente en estos territorios.  La situación de inequidad es mucho desalentadora si se voltea la mirada hacia el 33,3% de la población afrodescendiente que habita en territorios rurales, según el Dane (2020). De acuerdo con las estadísticas de esa entidad, tan solo el  23,8% de estos hogares cuentan con acceso a internet. La cifra es casi tres veces inferior a la tasa de cobertura en las zonas urbanas: 66,5%.   En Bolívar, mientras la zona urbana cuenta con un 31% de conectividad a internet, en las zonas rurales la cobertura sólo llega a ser del 2%. Más al sur del país, en Nariño, la cobertura de internet en cabeceras municipales es del 9 % y en las zonas rurales llega a ser de un alarmante 1%.  Estas cifras no solo nos dan a conocer las enormes brechas digitales que existen en el país, sino que además representan obstáculos frente a los nuevos escenarios de desarrollo y competitividad, en otras palabras, imposibilita que las personas afrocolombianas accedan a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, información, entre otros.  De acuerdo con el DANE (2018),  solo el 14% de la población negra en Colombia cuenta con educación superior y la mayoría (31,3%) solo culminó estudios de básica primaria. A esta preocupante radiografía se suma el hecho de que, según la CEPAL (2020), el 47,8% de las personas afrocolombianas se encuentran bajo la línea de pobreza.   En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, emitida por Naciones Unidas, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se afirma que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el derecho a la libertad expresión y asegurar el respeto de derechos como la educación, salud y trabajo.  Que los territorios y poblaciones afros puedan estar conectados no solo abre oportunidades, sino que también da la posibilidad de que se garanticen los derechos fundamentales de esta población y se pueda obtener un balance de movilidad social igualitaria y equitativo frente al resto del país. 

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¿Qué está pasando en Buenaventura?

Los enfrentamientos entre las grupos armados locales mantienen confinados y en medio de la zozobra a miles de personas en la zona de Baja Mar del Distrito.  Este martes, unidades de la policía de Buenaventura fueron hostigadas por más de dos horas por grupos al margen de la ley, en los barrios Kennedy, San Luis y Juan XXIII.  “En el marco de las confrontaciones que se viene librando por parte de los “Shotas” y los “Espartanos” de la organización multicrimen la “Local”. (…) En el barrio Juan XXIII del Distrito de Buenaventura se presentó un intercambio de disparos entre estas dos estructuras (…) por lo cual se genera una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y la Armada Nacional que permitió oportunamente las circunstancias protegiendo la vida e integridad de los moradores”, manifestó en un comunicado Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura.  Así reportaron la emergencia algunos/as  lideres/as de la ciudad en sus redes sociales:  Los Shotas y Los Espartanos son dos facciones armadas de La Local,  un grupo multicrimen descendiente de las estructuras narco-paramilitares que cooptaron y formaron a toda una generación de niños y niñas bonaverenses en las lógicas de la guerra desde mediados de la década del 2000. Estas bandas también han capitalizado el resentimiento, la rabia o el ánimo de venganza de algunos jóvenes cuyos familiares o amigos han sido víctimas del mismo ciclo de violencia. “Ante la ausencia de oportunidades educativas y de empleo en la ciudad, los actores armados se convirtieron en los principales agentes socializadores para estas nuevas generaciones de bonaverenses”, señala la Comisión de la Verdad.  De acuerdo con la Defensoría, en el último año, tanto Los Shotas como Los Espartanos han incrementado sus presiones para que niños, niñas y adolescentes se unan a cada una de las organizaciones criminales.  Estos grupos ejercen control territorial en 40 barrios y nueve veredas donde se disputan el control de las rutas del narcotráfico, cobran extorsiones y envían mensajes a través de homicidios selectivos y actos de violencia basada en género. Los reportes de las autoridades señalan que en Buenaventura también hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Comando Coordinador de Occidente, a través de la Columna Móvil Jaime Martínez, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Fuerza Unida del Pacífico (FUP) y Defensores del Pacífico.   Exigimos al Estado desarrollar acciones efectivas para garantizar la “vida digna”, la seguridad y los derechos humanos de la población afro de Buenaventura.  Reitaramos que Estado Colombiano tiene la tarea de impulsar políticas públicas antirracistas, que promuevan la igualdad material y la desarticulación de  las formas sistemáticas de violencia que afectan a la población afrodescendiente, sobre todo a los jóvenes.

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Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes

Conferencia dictada por Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, durante la Semana De La Inclusión Trust. En el marco de la Semana De La Inclusión Trust, Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, dictó la conferencia “Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes.” En el espacio se abordaron las principales barreras que las personas afrodescendientes experimentan en el acceso al trabajo en el país y América Latina. Te invitamos a ver la conferencia completa:

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Resistir no es aguantar: 8 hallazgos del capítulo Étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad presentó este 2 de agosto ‘Resistir no es aguantar’, el capítulo Étnico del Informe Final que da cuenta de lo acontecido durante más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Este capítulo recoge los relatos dolorosos escuchados por los y las comisionadas en los territorios de los pueblos indígenas, ROM y afrodescendientes del país. El capítulo evidencia cómo el racismo estructural, la invisibilidad estatal y la ausencia de garantías de seguridad fueron cómplices para la perpetuación del conflicto en estos pueblos. Compartimos ocho de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en este capítulo del Informe Final: “El trato colonial y el racismo estructural vivido por los pueblos étnicos en Colombia a lo largo de un continuum de violencias en que el Estado, por acción u omisión, ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminar ni revictimizar a ningún sector de la población, ya sea por su color de piel, pertenencia étnica o ubicación en la geografía nacional”.  “El trato colonial persiste en pensamientos, discursos y prácticas basados en el proyecto identitario europeo que subordina a otras culturas para disolverlas dentro de sí […] El continuum de violencias contra los pueblos étnicos fue asimilado y replicado en el accionar de los grupos armados en el conflicto armado y causó daños e impactos desproporcionados”.  De acuerdo con la Comisión, existen por lo menos diecisiete corredores del conflicto armado en  territorios étnicos: “Estos corredores son dinámicos y han constituido el epicentro de la confrontación de los grupos armados que disputan las rentas de seguridad para desarrollar economías extractivas legales e ilegales”.  “El trato colonial y el racismo estructural están expresados en la invisibilidad de información estadística sobre los pueblos étnicos, narrativas del conflicto armado y la violencia histórica, lo que ha impedido a la sociedad colombiana, bajo su propia voz y análisis, conocer la realidad de la historia de los pueblos étnicos y la dimensión de las violencias y daños sufridos en el marco del conflicto armado”.  La Comisión explica que la barbarie del conflicto armado y las violencias históricas contra los pueblos étnicos han generado “graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización, y al territorio”. “El territorio y la naturaleza fueron víctimas del conflicto armado. Estos sufrieron múltiples daños y fueron profanados por el accionar violento de los grupos armados en asocio con sectores económicos o políticos que se beneficiaron del conflicto armado”. “Las violencias continuas contra los pueblos indígenas u originarios evidencian prácticas recurrentes que permiten la imposición cultural mediante procesos de invasión, ocupación del territorio y sometimiento de las comunidades y de sus miembros, lo que contribuye, en el marco del conflicto armado, al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas”. Par la Comisión, la “negación del ser al pueblo negro”, es decir, la privación de sus derechos a un territorio, a una cultura y a una nación libre de discriminación racial, ha sometido a esta población, en el marco del conflicto armado, a “ciclos desproporcionados de desterritorialización, ocupación de territorios, despojo y desprotección”. 

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La masacre de Melilla y las políticas fronterizas de la muerte

El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural. La masacre de al menos 23 ciudadanos africanos en la valla fronteriza de Melilla (España) el pasado 24 de junio de 2022, es otra dolorosa muestra de las políticas migratorias de la muerte que rigen los pasos fronterizos hacia el “primer mundo”.  Las cruentas  imágenes del hecho muestran a decenas de hombres africanos tendidos en el suelo, en condiciones inhumanas, después de ser asesinados por los agentes del orden cuando intentaban cruzar la valla fronteriza de Mellilla. De acuerdo con la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, de las 2.000 personas que se acercaron ese día a las inmediaciones de España, 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, consiguieron llegar y ahora se encuentran recluidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Otros inmigrantes fueron devueltos de forma violenta e ilegal, lo cual representa una clara vulneración a la legislación internacional de derechos humanos.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo incluir el enfoque étnico y de género en la actuación de la Policía?) En una carta enviada a las Naciones Unidas, firmada por ILEX Acción Jurídica y otras 63 organizaciones de la sociedad civil, advertimos que las fuerzas del orden marroquíes, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, “violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. “Violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural donde la supremacía blanca como ideología establece nuestro valor, nuestra humanidad. Las organizaciones denunciamos que “la forma en que se despojan de los derechos humanos básicos de determinados grupos raciales y étnicos se justifica bajo el “control” de la migración eludiendo las leyes antidiscriminatorias y el derecho internacional de los derechos humanos bajo la garantía de la seguridad en suelo europeo”.  Miembros del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (MIEI) de la ONU calificaron la masacre de Melilla como un hecho “gravemente preocupante” y recalcaron que “todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la  ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad,  proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”.  Los expertos solicitaron a los gobiernos de España y Marruecos información detallada  sobre el incidente y sobre parámetros internos en cuanto al uso de la fuerza y las medidas adoptadas para garantizar que  no se repita una situación similar en estas álgidas fronteras.  Más que preocupante, el panorama es aterrador. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014 más de 34.000 migrantes han muerto en su travesía hacia los países del “Norte Global”, de ese total, casi 24.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo.  Las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones del “Norte Global” se han transformado en escenarios de barbarie, deshumanización, abuso de la fuerza, impunidad y criminalización, amparados y aplaudidos por gobernantes que implementan políticas de selección y exclusión de migrantes, en base a criterios jerárquicos de opresión y exterminio  como el origen, la nacionalidad, el género y la raza. En este entramado “necropolítico”, son estas categorías las que terminan por  definir la distancia entre la persona migrante y la bala. (Te recomendamos leer: De Minneapolis a Bogotá) Por ahora, el círculo de migración y despojo pareciera estar lejos de cerrarse. Adriana Estévez, ​​doctora en Derechos Humanos, considera que la migración masiva hacía estos destinos no es más que el  “resultado  residual  de  estrategias  deproducción  capitalista  que  los  necropoderes  utilizan  para  deshacerse  de  la  gente  que  habita  geografías  ricas  en  recursos  naturales  renovables  y  no  renovables mientras se benefician de tecnologías mortales como la violencia criminal y de pandillas, y la violencia sexual y de género, las cuales producen muerte  lucrativa  de  hombres  y  mujeres  diferenciadamente”.  Las fronteras de Europa y Estados Unidos son expresiones de un “necropoder” que deshumaniza, subyuga y distingue formas “válidas” de vida, de muerte y de muerte en vida.

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¿Independencia para quién? 

​La proclamación de la independencia del imperio Español no significó el fin de la esclavitud en Colombia.  Las declaraciones de igualdad y fraternidad escritas por los próceres de la era republicana, herederos del sistema colonial, no contemplaron la libertad de los esclavizados pese a que muchos de estos hicieron parte de los ejércitos libertarios como oficiales o soldados.  Después de recorrer varios puertos caribeños tras la caída del segundo intento de gobierno republicano en 1814, Simón Bolívar viajó a Haití y se comprometió a dejar en libertad a los esclavizados de la nueva república a cambio de la ayuda de un batallón de soldados, municiones y barcos ofrecidos por Alejandro Petión, líder de la revolución afro que conquistó la independencia en 1791, antes que cualquier otra nación de América. Sin embargo, Bolívar no cumplió con su promesa y muchos soldados volvieron a quedar bajo el poder de sus amos después de dejar el alma en la titánica campaña libertadora.  En una carta enviada al director de la Gaceta Real de Jamaica en 1815,  Bolívar justificó sus causas para postergar la libertad de los esclavizados:  “El colono español no oprime a su doméstico con trabajos excesivos: lo trata como a un compañero; lo educa en los principios de moral y de la humanidad, que prescribe la religión de Jesús. […] El esclavo en América española vegeta abandonado en las haciendas, gozando, por decirlo así, de la inacción, de la hacienda de su señor y de una gran parte de los bienes de la libertad. Como la religión le ha persuadido que es un deber sagrado servir, ha nacido y existido en esta dependencia doméstica, se considera en su estado natural, como un miembro de la familia de su amo, a quien ama y respeta. La experiencia nos ha mostrado que, ni aún excitado por los estímulos más seductores, el siervo español no ha combatido contra su dueño; y por el contrario, ha preferido muchas veces la servidumbre pacífica a la rebelión”.  La carta de Bolívar evidencia cómo los próceres criollos estaban más preocupados por conservar los beneficios del sistema colonial, que por garantizar un proyecto de nación humanista, que protegiera los derechos de  todxs.  En Las Claves Mágicas de América, el escritor Manuel Zapata Olivella asegura que “los nuevos amos criollos entendían que el régimen neocolonialista debía contar, al menos por algún tiempo, con la mano esclava […] La libertad de los africanos en América no podría ser un acto de mera actitud filantrópica y de declaración de principios humanitario El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  “La justicia, la política, y la Patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza, he venido en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados”, sentenció Bolívar.  No obstante, los intereses de los dueños de los esclavizados se impusieron sobre la justicia que demandaba la libertad de los antiguos comandantes y soldados esclavizados. Bolívar tampoco utilizó su poder para exigir el cumplimiento del decreto.  La libertad de todas las personas esclavizadas en Colombia fue concedida en 1851, 37 años después de la promesa que Bolívar le hizo a Petión. Aunque se desconoce la cantidad de esclavizados que participaron en la campaña independentista, varias investigaciones señalan que fueron pocos los esclavizados que obtuvieron la libertad después de prestar servicio militar.

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De pe a pa: 5 conceptos para entender cómo opera el racismo en Colombia

¿Qué es la raza?  La raza es una construcción social, una categoría que describe la jerarquización social de acuerdo con características como el fenotipo o la apariencia física, el linaje o la descendencia, e incluso factores culturales, como la etnia o la religión. ¿Qué es el racismo? El racismo es normalmente conceptualizado como una ideología que afirma que los seres humanos pueden ser clasificados en «razas» de acuerdo con factores biológicos o culturales. Esta idea sostiene que existen «razas» superiores e inferiores y aduce que las «razas superiores» tienen el derecho a subyugar a aquellas consideradas inferiores. Igualmente, el racismo incluye posturas ideológicas que defienden la separación de «las razas» como una forma de mantener su «pureza». ¿Qué es discriminación racial?  La expresión «discriminación racial» denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Artículo 1 –  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). ¿Qué es Racismo estructural?  La discriminación estructural es el conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y estándares de comportamiento, tanto de jure como de facto, que dan lugar a una situación de exclusión hacia un grupo de personas en un sentido generalizado, que se perpetúa en el tiempo. La discriminación estructural se refleja en la mentalidad colectiva y en los estereotipos y prejuicios continuos (CIDH / IACHR. ¿Qué es Racismo institucional?  El concepto del racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes, incluso en lo que se refiere al racismo estructural e institucional, se entiende como la operación de un complejo, interrelacionado sistema de leyes, políticas, prácticas y actitudes en las instituciones del Estado, el sector privado y estructuras sociales que, combinadas, resultan en directa o indirecta, intencional o no intencional, de discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia de jure o de facto sobre la base de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico (ONU).

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Los descendientes de esclavizados y el acceso a la tierra: debates sobre la propiedad en el Caribe

La sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la categoría “descendientes de esclavos libertos” como elemento de identificación colectiva para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras.  Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica En el 2016, la Corte Constitucional  ordenó, con la sentencia T-601, la calificación y titulación de tierras a “descendientes de esclavos libertos” de la antigua Hacienda Arroyo Grande, que se encuentra en la zona de influencia de varios consejos comunitarios de comunidades negras en Cartagena y Bolívar.   La sentencia puso en la arena de las disputas identitarias la categoría de “descendientes de esclavos libertos”, como una de los sujetos o figuras para acceder a la titulación de tierras de la antigua Hacienda Arroyo Grande, y abrió otro debate sobre las disputas por la identidad negra para el acceso a derechos territoriales en el Caribe.  El derrotero de este conflicto tiene más de dos siglos. Gran parte de la historia de Colombia, asociada con la exigencia de derechos, está ligada a las luchas campesinas por la tierra, y en la historia reciente al movimiento campesino conglomerado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que tiene en el Caribe a sus representantes más radicales en la disputa por la reforma agraria.  Aunque el nacimiento de la ANUC en los años 70 revistió a la lucha por la tierra de nociones relacionadas históricamente con procesos campesinos, a partir de los años 2000 se gestó en el Caribe un discurso alrededor la etnicidad y se empezaron a crear consejos comunitarios que solicitaron al Estado el reconocimiento de la propiedad colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993 -o Ley de Comunidades Negras-, tal como había estado ocurriendo en la zona del Pacífico por lo menos una década atrás.  Cabe señalar que la expedición de una normativa especial de reconocimiento del derecho al territorio de las comunidades negras rurales se dio luego del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, con base en el cual se establecen herramientas que facilitan el trámite de demandas de reconocimiento, demarcación y protección de territorios colectivos. Esa disposición fue desarrollada por la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, creando instituciones, competencias y rutas de gestión de los derechos territoriales para las “comunidades negras”. Según la normativa, la “comunidad-negra” que demande el reconocimiento de derechos territoriales debe cumplir los siguientes requisitos: demostrar ocupación ancestral de las tierras (una historia común de poblamiento y ocupación de las tierras, que pueden ser baldíos nacionales o reservados por el Estado, propiedad pública con o sin derechos de uso y disfrute colectivo, o tierras de propiedad particular u otras formas de propiedad de otras personas que son o no de la comunidad); existencia de un proceso de autorreconocimiento como comunidad negra; y conformación de organizaciones y elección de autoridades encargadas de presentar la solicitud de titulación colectiva y de administrar el territorio (consejo comunitario, junta directiva, representante legal).  En contraste con el Pacífico, en varias zonas del Caribe, la conformación de consejos comunitarios se dio en plena agudización de la violencia y con posterioridad a los desplazamientos masivos de población a causa de la guerra. De hecho, si se piensa en la historia contemporánea de zonas del Caribe como Montes de María, Sur de Bolívar,  Córdoba, Cesar y Magdalena, se puede evidenciar que la violencia afectó de manera importante a los pueblos de mayor presencia de gente negra o afrodescendiente, de acuerdo con el censo del 2005.  Estas organizaciones que antes se auto-reconocían como campesinas, se fueron apropiando de los lenguajes y prácticas de la etnización, lo que posibilitó la articulación de demandas al Estado sobre títulos colectivos, atención de necesidades con enfoque diferencial étnico, entre otros. Es así como la creación de consejos comunitarios ha puesto sobre la mesa disputas identitarias que tienen por objetivo un fin común: el acceso a derechos territoriales (sin que se limite a ellos). De manera concreta, el acceso a derechos territoriales por parte de poblaciones racializadas, como las negras/afro, se ha articulado desde diversos y complejos tránsitos de reconocimiento y autorreconocimiento identitario. En el Caribe estos tránsitos van desde el reconocimiento y posicionamiento de sujetos campesinos, organizados y no organizados, categoría sin distingo de razas/etnias; pasando por la identificación como comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, atravesada por el multiculturalismo introducido con la Constitución de 1991; y llegando a complejas situaciones de tensión identitaria que se disputan las políticas de la identidad al tiempo que el acceso a derechos como los territoriales (afrocaribeños, afro palenqueros, renacientes, entre otros). En este sentido, la sentencia T-601 de la Corte Constitucional plantea ciertas preguntas sobre la idea de “descendientes de esclavos libertos” como elemento o categoría de identificación para el reconocimiento del derecho al territorio de comunidades negras discriminadas e históricamente excluidas. Entre las cuestiones puede señalarse:  ¿cómo se está apropiando la categoría “descendientes de esclavos libertos” por parte de las poblaciones negras/afros de la zona de Arroyo Grande?, ¿qué nos dice esa categoría sobre la relación raza-propiedad-esclavitud en la actualidad? y ¿cuáles son las tensiones o conflictos que genera esa categoría con las de “comunidad negra” o “consejo comunitario” para el acceso a tierras? El debate apenas comienza.  *Esta columna nace de una ponencia presentada en la en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 al 10 de junio de 2022.  

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Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso

En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado.  De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente.  En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.  En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución  y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.   (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación  de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó.  [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321

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‘Con esa cara hay que requisarla’: hablemos del racismo contra personas afro en supermercados 

Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes. Esta semana, la artista Cary Sol denunció haber sido víctima de un acto de discrminación racial en una tienda de la marca de ropa Bershka, en  Bogotá. La joven relató haber sido perfilada  y requisada sin motivo alguno por la vigilante del establecimiento, quien posteriormente la agredió con comentarios racistas.  La artista también denunció haber sido víctima de abuso policial por parte de los agentes que la esposaron y retuvieron injustamente tras salir de la tienda. No es  un caso fortuito. Por causa de los prejuicios raciales, las personas que trabajan en tiendas o supermercados tienden a sospechar más de las personas afrodescendientes y las persiguen injustamente con vigilancia y llamadas a la Policía, a pesar de que las estadísticas muestran que las personas que roban en tiendas provienen, por igual, de todas las razas*. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Consumer Culture (2020), el 80% del total de personas afrodescendientes encuestadas en Estados Unidos afirmó haber experimentado actos de discrminación racial mientras compraba en alguna tienda.  Este sesgo “anti-afros”, además de ser un delito, impacta negativamente las experiencias de compras de las personas afrodescendientes, quienes a menudo perciben que son perfiladas según estereotipos raciales y sujetas a un mal servicio y trato inferior por su color de piel.  La investigación también señaló que hay dos estereotipos ligados a esta forma de perfilamiento racial. El primero es la asociación del crimen con la “negritud”. Las personas afrodescendientes suelen ser vistas como “ladrones potenciales” y señaladas como criminales.  El segundo es la asociación de la pobreza con la “negritud”. Se considera que las personas afrodescendientes son demasiado pobres y no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para realizar una compra en un determinado local comercial.  También se han conocido casos de trabajadores de  supermercados, farmacias, boutiques y grandes almacenes que han establecido códigos  para alertar a los vendedores sobre el ingreso de personas afrodescendientes al establecimiento.  Continuamente,  las personas afrodescendientes están sujetas a prácticas de seguridad innecesarias como el registro de sus bolsos al salir de una tienda después de haber realizado una compra, mientras que los clientes blanco-mestizos no suelen ser  sometidos a registros similares.  Para tener en cuenta:  Actos de discriminación racial como los denunciados por Cary Sol  corresponden a conductas  delitivas sancionadas por el Código Penal colombiano con penas que varían entre los  12 y  36 meses de prisión.  Además, reiteramos a los miembros de la Policía que no pueden utilizar más fuerza de la estrictamente  necesaria para lograr la protección del orden público, ni incurrir en conductas discriminatorias o racistas en el ejercicio de sus funciones.

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