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Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia

El presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, radicaron este 18 de octubre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tendrá como objetivo liderar, coordinar y ejecutar las políticas públicas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales que afectan a la población de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados.  La nueva cartera estará bajo la batuta de Francia Márquez, y tendrá la tarea de proteger, desde un enfoque diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, y migrantes. Sin embargo, el proyecto de ley condensado en cuatro páginas y 11 artículos, deja algunos interrogantes importantes en cuanto a la estructura, presupuesto y alcance del ministerio.     ¿Cuál es el presupuesto para la igualdad? En el texto del proyecto se menciona que el patrimonio con el que funcionará el Ministerio de Igualdad y Equidad saldrá de las sumas que se aprueben en el presupuesto nacional, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para la cartera y las donaciones que se reciban de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. No obstante, aún no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de esta cartera. Esta cuestión es trascendental si se tiene en cuenta que combatir el hambre y la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo implica una inversión importante de recursos.  Desde ILEX Acción Jurídica planteamos que, por un lado, la construcción de presupuestos desde un enfoque etnico-racial debe responder a las necesidades específicas de la población diferencialmente racializada a partir de un análisis territorial en el que se pueda evaluar la pertenencia étnico-racial y su proporción. De igual forma,  siguiendo las recomendaciones  consignadas en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), consideramos que estos presupuestos deben contar con metas e indicadores que puedan evaluar y orientar las asignaciones de recursos,  así como garantizar la participación representativa de estos grupos en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Los presupuestos públicos reflejan las prioridades reales de los gobiernos, tanto en la forma como se captan recursos, como en la forma en que se gastan.  El Gobierno debe demostrar su voluntad política haciendo incidencia en el Congreso para que el presupuesto que se le asignen al Ministerio contribuya de forma efectiva al cierre de las brechas de inequidad en el país.  ¿Cuáles serán las entidades que conformarán el Ministerio?  El proyecto señala que la cartera liderará el sector administrativo de la Igualdad y Equidad y que las demás entidades del Ministerio “serán asignadas a través de una ley”. Además, se le otorgarán al presidente Petro facultades extraordinarias, por el término de seis meses, “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”.  Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), adelantó por su parte que la cartera asumirá las funciones de dos consejerías claves para la equidad: la de la Mujer y la de la Juventud. “Lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que han estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.  Por ahora, desde ILEX consideramos que es indispensable que el Ministerio  se articule de forma sólida con todas las carteras, pues consideramos que para alcanzar la equidad y la justicia racial es necesario la implementación de medidas que promuevan transformaciones sociales profundas en Colombia. La lucha por la igualdad de género y la garantía de los derechos de la población históricamente marginalizada debe ser una política de Estado.  ¿Cuáles serán los alcances del Sistema Nacional de Cuidado?  El Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales banderas de campaña del nuevo Gobierno, tendrá como objetivo “reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado”, desde un enfoque diferencial, de género, étnico e interseccional, y por medio de un modelo corresponsable entre familias, el Estado, la sociedad y el mercado. El objetivo es uno: “compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la injusta división sexual del trabajo”. Aunque reconocemos que este proyecto representa un avance importante hacia el cierre de brechas de género, el texto no brinda mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema que sería implementado por un Estado que sigue en mora de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan actualmente las labores de cuidado en el país.  Aquí puedes leer el proyecto de ley completo:

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Reforma tributaria: lo bueno, lo malo y sus implicaciones en la población afro

El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad.  Columna escrita por Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica.  Dada la necesidad de aumentar el recaudo, el pago de la deuda, las necesidades sociales, los desequilibrios que dejó la pandemia por el Covid-19, se hace necesaria una reforma tributaria. La presentada por el Gobierno actual espera recaudar alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir, 25 billones de pesos, estos estarán sustentados, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de la siguiente forma: $8,1 billones del 1% de las personas más ricas, $7 billones de recursos del uso del subsuelo, $5,1 billones de la reducción de exenciones y deducciones para las empresas, $2,5 billones de impuestos saludables y ambientales y $2,2 billones de otras medidas.  El proyecto de ley, que ya fue presentado por el Gobierno ante el Congreso, tiene características positivas que de alguna manera son transversales, como la equidad y la progresividad.  Ambos elementos van con objetivos importantes como la reducción de la desigualdad del ingreso y la mejora del recaudo. No obstante, como lo han mencionado instituciones como la Universidad de los Andes y Fedesarrollo, la reforma también tiene aspectos negativos, pues podría afectar la generación el crecimiento económico y la generación de empleo.  En cuanto a lo positivo, la reforma plantea aumentar la carga tributaria del 1% más rico del país, es decir, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Este aspecto es importante por la progresividad, pues este atributo logra promover la redistribución, y es posible que se reduzca la presión o tensión en las personas de menores ingresos (desde el punto de vista del impuesto directo), beneficiando así a la población que está en situación de pobreza o vulnerabilidad.  Otro de los puntos importantes es la implementación del impuesto a los patrimonios de más 3.000 millones de pesos. Este impuesto, como ya lo ha mencionado la CEPAL y otros organismos como la OCDE, mejora la equidad vertical del sistema tributario y contribuye a la disminución de la desigualdad, pues, según la Cepal, la riqueza se distribuye incluso más desigual que otras bases imponibles como el consumo o el ingreso.   En ese sentido, desde la perspectiva del recaudo y la progresividad vía impuestos directos, la reforma está bien encaminada ya que, de alguna manera, hay beneficios a una buena parte de la población, mediante programas sociales u otro tipo de intervención dado el aumento del recaudo para financiar el gasto público, estos pilares mejoran la redistribución y afecta positivamente a las personas que están en vulnerabilidad, como es el caso de la población afrodescendiente.  Los aspectos esenciales de la reforma (progresividad y recaudo) son recomendados también  en el documento desarrollado por Ilex Acción Jurídica “Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina”, en donde se reafirma la importancia de estos dos pilares para llegar a una justicia racial, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la política fiscal tiene las herramientas necesarias para garantizar la disminución y el cierre de brechas. Dentro del documento hay recomendaciones que se recogen en la actual reforma tributaria, entre ellas la lucha contra la evasión y elusión, impuestos directos como el patrimonio y progresividad general en el sistema tributario.  No obstante, dentro de la reforma existen algunos aspectos que pueden afectar a la población vulnerable (ya sea positiva o negativamente). Un ejemplo de ello, son la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En cuanto al primero, el exdirector el DANE Juan Daniel Oviedo señaló que este podría tener una incidencia directa en los hogares de los más vulnerables, pues son estos quienes más la consumen.  Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas está en función del contenido de azúcar en la bebida y no al precio, tiene dos visiones: la primera es incentivar la producción de bebidas con menores cantidades de azúcar, y así en el mediano y largo plazo afectar positivamente en la salud de las personas que más consumen (lado positivo) y la otra, es que aunque no esté en función del precio, es posible que este impuesto afecte más a las personas vulnerables o pobres, entre ellas la población afrodescendiente; considerando que este grupo poblacional se concentra en zonas geográficas que más consumen este tipo de bebidas, como así lo señalo el DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2021, donde evidenciaron los departamentos que más consumen bebidas azucaradas son San Andrés (88,7%) Atlántico (79%), Córdoba (74,2%) , Bolívar (71,7%) y por el lado del pacifico esta Chocó (64,9%) y Valle del Cauca con el 59,8%.  Por lo anterior, aunque el impuesto tenga una función deseable para la salud pública, como lo es prevenir la obesidad entre otros problemas ocasionados por este tipo de bebidas, no es claro cómo se pretende sustituir la bebida en poblaciones que carecen de un sustituto como el agua. Por lo tanto, es necesario que la reforma y las acciones de gobierno también sean acompañadas con inversión social en territorio,tal y cómo ha sido afirmado desde el Ejecutivo. Otro aspecto que se debería estudiar a mayor profundidad es el impacto en el crecimiento económico, inversión y el empleo, según la Universidad de los Andes en la Nota Macro número 44 se explica que, la reforma tributaria puede golpear la inversión, dada la nueva carga tributaria (impuesto a los dividendos) que podría afectar las personas con muy altos ingresos (aquellos que pueden generar inversiones) y esto al final podría desincentivar la inversión. El informe destaca otros puntos importantes, que, aunque son plausibles como la eliminación de beneficios tributarios, no se realiza con otro tipo de medidas como la reducción de la tarifa corporativa. En ese sentido, como se menciona en el mismo informe, existe una carga tributaria a quienes realizan inversiones

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Siempre vigilado: testimonio de un hombre afro víctima del conflicto armado

*Testimonio de un hombre afrodescendiente víctima del conflicto armado en El Piñal, Meta. Tomado del tomo Cuando los pájaros no cantaban, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Puedo decirle que en esa guerra la raza que más se vio afectada fue la raza negra. Nosotrosllegamos a Piñal, éramos ocho muchachos, ocho personas. Todos negros. En la época en quellegamos, Camerún había sido campeón. Tonces ya la gente conocía el poderío del fútbol africano en el territorio. Un día nos invitaron a jugar fútbol, y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya nos decían «la selección de Camerún». Éramos la verraquera en El Piñal. Empieza a llegar mucho negro al territorio, muchísimo. La mayoría era del Pacífico, que se había asentado en Cali durante muchos años. Cuando llegamos nosotros hacía un verano… y no se conseguía trabajo. Empecé a investigar y me dijo un negro al que le decían el Palomo: «Paisano, venga que le voy a contar algo. Con los negritos es delicado por aquí. Nadie quiere a los negros. Yo no he tenido problemas. Al principio fue muy duro. Tenga muchísimo cuidado porque a ustedes ya los tienen investigados. Andan detrás de ustedes a ver dónde se descachan. Sepan lo que dicen, lo que hablan». Inmediatamente reuní a los muchachos: «Muchachos, tienen que tener mucho cuidado porque no conocemos a nadie y no sabemos quién es el que manda». Luego supimos que eran las FARC. Los guerrilleros andaban de civil. Por su racismo inventaban cualquier cosa y aparecía un negro muerto. Al que le daba gana de matar un negro lo hacía y nadie le decía nada. Fuimos aprendiendo a vivir en ese territorio. Fui conociendo mucha gente, me fui empoderando, llenando de amigos. Los comerciantes grandes del pueblo me fueron conociendo. Me empezó a ir muy bien en mi negocio, gracias a Dios. Pero comenzaron a llegar más gentes, mucho raspa. Encontraba usted gente que tenía 70 negros trabajando en la finca. Había un tipo al que le decían «el Patrón de los Negros». Ese señor le daba trabajo en su finca, en la vereda Gorgona, a todo negro que llegaba. En las otras partes era difícil conseguir trabajo. Cualquier negro que medio la embarrara porái lo amarraban, lo sacaban, lo mataban. Eso era muy delicado. Uno tenía que andar es a lo bien, como quien dice, con toda la aliniatura. A veces los patrones se inventaban cualquier cosa para no pagar.«¡Váyase, negro triplehijueputa!». Y cuando el negro empezaba a reclamar, llegaba un miliciano que se lo llevaba. Ya era un desaparecido. Uno mantenía con ese temor y ese dolor por escuchar esa represión tan grande. Un día hubo una balacera muy inmensa. Duró toda la mañana. Empezó como a las cinco de la mañana, hacia el lado de la sabana. Esa bala no paraba de sonar. Era un enfrentamiento del Frente 27 con los paramilitares que se venían metiendo por esos sectores. Fue una pelea que duró como una semana. Hubieron muchas bajas de la guerrilla. Lo malo de esa pelea fue que, supuestamente, habían unos negros muy grandes a los que no les entraba la bala, y esos eran los que más bajas le daban a las FARC. Los milicianos empiezan a mirar a todo negro como objetivo militar. Para ellos, un negro era desconocido, un infiltrado, el perezoso, el ladrón o alguna cosa. Era lo malo en todos los sentidos. Los muchachos con los que llegué, ya con platica en el bolsillo, cogieron pa los pasajes para irse. Ahí se acabó ya el grupo que con el que andaba. Empezaron fue a dentrar otros negros de otra parte que uno no conocía. Del Valle, de todas partes. Dentraron unos que les decían Los Vallunos, y esos manes empezaron a calentar El Piñal. Se empezaron a perder televisores, a atracar a los borrachos. No sé quién dijo: «Son los negros», y ahí sí se intensificó la matazón de negros. Cuando terminó la pelea con los paramilitares, todo negro se volvió un objetivo militar. Nos dijeron que teníamos que irnos, nos decían: «El señor Alberto Pitufo mató 20 negros en un solo día». Uno se acostumbró a escuchar: «Ayer mataron tres, cuatro negros». «Ahorita están recogiendo los negros y Pitufo cargó tres buses y los mandó a botar en Villavicencio». «Este domingo recogió otros dos buses y los llenó, y le pagó al chofer para que los botara en Villavicencio. Porque ningún negro puede quedarse si un patrón no responde por él». Esas eran las órdenes. Masivamente mataron negros por aquí. El Frente 27 de las FARC. Toda esa gente era civil. Hacían fosas comunes. Loprimero que hacían los negros cuando los capturaban era su propio hueco. Allá quedaron. Sucedían esas cosas y usted tenía que olvidarlas. Eran temas que no podía volver a tocar. Usté no podía preguntar: «¿Verdá que mataron a tal fulano?». Nadie le contestaba. «¿Será que mataron a…?, ¿cómo lo mataron?». Nadie decía nada. Era la ley del silencio. Mi hijo salió de este territorio, se fue a Nariño. Allá también las FARC tenían un frente. Mi hijo estuvo un tiempo en el pueblo, empezó a trabajar en el río Satinga, donde estaba mi madre. Una vez tuvo un problema con un muchacho en el río. Ahí empezaron las rencillas y un día cualquiera vinieron, lo cogieron y se lo llevaron. Se lo llevaron a él y a otros dos adonde tenían sus campamentos, por allá a orilla del mar. Y no apareció. No apareció. Yo busqué y busqué, y él nuncavolvió más. No se podía denunciar allá en la Personería porque era peligroso. Entonces tocó denunciar por acá. Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja Internacional y lo metieron en su grupo de desaparecidos. Y sí, confirmaron que había sido muerto en El Bajito. Hace tres días tuve la llegada de la Cruz Roja. Vinieron con la psicóloga y me confirmaron la muerte de mi hijo. Yo fui desplazado en esa época, en el 2003. En el sector

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CASO 09: JEP investigará crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos

Para los pueblos étnicos del país, la apertura del Caso 09 representa la oportunidad histórica de ser escuchados, restaurados, de manera individual y colectiva. La Jurísdicción Especial para la Paz (JEP) investigará  los crímenes contra los pueblos y los territorios étnicos durante el conflicto armado en Colombia. Así lo anunció el 13 de septiembre la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa corporación, al explicar que por medio del Caso 09 se investigará, juzgará y sancionará los hechos cometidos por grupos ilegales y agentes del Estado y terceros, contra personas con pertenencia étnica, sujetos colectivos de derecho o contra territorios étnicos.  De acuerdo con un amplio dossier en manos de la JEP,  en los últimos sesenta años los pueblos étnicos han sido víctimas de múltiples conductas criminales como el asesinato selectivo de autoridades tradicionales, lideres y lideresas étnicas; amenazas, hostigamientos, persecuciones y confinamientos de  familias y comunidades.  Los informes sobre las vulneraciones de derechos sufridas por estas poblaciones también dan cuenta de casos de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo territorial, ocupaciones de espacios colectivos y la imposición de controles de comportamiento en las comunidades.  En el marco de las indagaciones por el Caso 09, la JEP llamará a versiones voluntarias a los comandantes y demás miembros de las estructuras legales e ilegales señaladas en los 435 informes presentados a la corporación por entidades estatales y por organizaciones indígenas, afrocolombianas y organizaciones defensoras de derechos humanos.  La investigación se enfocará en tres patrones de macrocriminalidad:  1.”Conductas no amnistiables cometidas por las Farc-EP contra la autodeterminación y la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos y territorios étnicos en ejercicio del control social y territorial”.  2. “Conductas no amnistiables cometidas por integrantes de la fuerza pública u otros agentes del Estado, o en connivencia con terceros civiles o paramilitares, dirigidas a la privación de derechos fundamentales individuales, colectivos y territoriales de los Pueblos y Territorios Étnicos en ejercicio del control territorial y la radicalización de lucha contrainsurgente”. 3. “Conductas no amnistiables cometidas por la fuerza pública y las Farc-EP contra la integridad física, cultural, espiritual y territorial de los Pueblos y Territorios Étnicos en el marco de las hostilidades”. En lo que refiere a la definición de las penas para los responsables de esta barbarie, la Sala de Reconocimiento de Verdad partirá de la individualización de los mandos, teniendo en cuenta “los hallazgos en reglamentos internos, modos de operación, cadenas de mando, posiciones jerárquicas de facto y responsabilidades de cada unidad”.  Para los pueblos étnicos del país, la apertura del Caso 09 representa la oportunidad histórica de ser escuchados, restaurados, de manera colectiva e individual, y de que sean garantizados sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición.  Descarga aquí el Auto de la JEP. 

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Cristobal Colón y los 530 años del holocausto indígena en Abya Yala (América)

Cristóbal Colón, un viejo navegante italiano del Mediterráneo que ya había sido atacado por piratas, partió de las islas Canarias el 8 de septiembre, y llegó a una isla en el occidente del Atlántico el día 12 de octubre de 1492.  Agotado, el “héroe” colonial* escribió en su diario que finalmente había llegado a las islas del Asia oriental, cerca de “Cipango” (Japón):   “Vuestras Altezas (los reyes Católicos de España), como católicos y cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana […], y enemigos de la secta de Mahoma […], pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a dichas partes de India, para ver los dichos príncipes, y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas. y de todo. y la manera que se pudiera tener para la conversión dellos a nuestra santa fe”, se lee en la versión de Bartolomé de las Casas del Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón. Durante el primer siglo de la “Europa Latina”, las enfermedades que desembarcaron con los colonizadores y el sistema esclavista gestaron el exterminio de más del 90% de la población originaria de todo Abya Yala.  Este fue el segundo periodo más mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, tan solo superado por la Segunda Guerra Mundial. La historia de la barbarie ha sido históricamente invisibilizada. Poco se habla de las minas de plata de Potosí (hoy Bolivia) en donde fueron aniquiladas millones de personas indígenas (“cuerpos de extracción”), explotadas, envenenadas y calcinadas por los europeos.  Tampoco es casualidad que los libros de historia en las escuelas oculten lo que fue el genocidio de Tóxcatl, en México, en 1520; o el magnicidio del Inca Athahuallpa, y miles de personas indígenas que lo acompañaban en Cajamarca, Perú, en mayo de 1533.  Durante la “asimilación” colonial, católicos y protestantes, argumentando que tenían la “única religión verdadera”, despojaron a estas comunidades indígenas de sus dioses y de su humanidad y orquestaron una empresa de aculturación de consecuencias inconmensurables: “Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea”, escribió el inglés William Howitt, en 1838. Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las razas que se llamaban cristianas en todas las partes del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar no encuentran antecedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea Varios siglos después, en los relatos de los estados americanos sobre la nación, los pueblos indígenas siguieron siendo descritos como “bárbaros, no modernos e incivilizados”, y las comunidades negras como “inexistentes” o, en el mejor de los casos, como “una extensión de lo indígena”. Las conmemoraciones por el 12 de octubre son otra oportunidad para reiterar al Estado colombiano su obligación de implementar medidas que promuevan el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de los pueblos índigenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  Las reparaciones históricas son necesarias para resarcir los impactos de un legado colonial que, como denunció Frantz Fanon, distorsionó, desfiguró y destruyó el pasado y saberes ancestrales de las poblaciones oprimidas, gestando así un “epistemicidio masivo”.  Manuel Zapata Olivella describió así este episodio de barbarie en las Claves Mágicas de América (2020):  “​​La mente asustada trata siempre de imaginar que el genocidio contra la etnia indígena de América pertenece a un pasado superado. Infortunadamente el miedo, como en el caso del avestruz, no destruye la realidad. Los sobrevivientes de los pocos grupos aborígenes que aún quedan en América están amenazados de muerte en todas partes”.

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De pe a pa: 6 libros para entender por qué el feminismo debe ser antirracista 

¿Cuál es el rol del feminismo decolonial en las manifestaciones populares que, antes de la pandemia, explotaron en varios sitios del Abya Yala (América)? Black Feminism: Teoría crítica, violencias y racismo El libro recopila conferencias y conversaciones entre Angela Davis y Gina Dent, que fueron asumidas como una invitación a pensar las luchas colectivas alrededor de objetivos políticos y no exclusivamente en torno a un atributo identitario. Además, se propone entender la corriente del Black Feminism (Feminsmo Negro) como una oportunidad para analizar el racismo como una cuestión feminista y la injusticia social como resultado del trabajo conjunto de distintas formas de opresión.  El libro fue editado por la afrocolombiana Mara Viveros Viyoga,  economista y doctora en antropología. Mujeres, raza y clase – Angela Davis  Respondiendo a la pregunta “¿Cómo es posible que la voz y las reivindicaciones de las mujeres negras hayan sido sistemáticamente invisibilizadas por el feminismo blanco liberal?”, Angela Davis traza toda una genealogía de los movimientos radicales de liberación norteamericana en la que se muestran las raíces comunes de las luchas antiesclavistas y de los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres.  -Reseña de la editorial Cervantes y Compañía Libros.  Feminismos decoloniales y transformación social – Ochy Curiel Dialoga con Diego Falconí Trávez Ochy Curiel y Diego Falconí Trávez dialogan en este libro sobre los retos contemporáneos del feminismo decolonial centrándose, especialmente, en tres preguntas :¿Cómo debe situarse este feminismo en el contexto actual de desigualdad entre el Norte y el Sur global? ¿Son solamente las mujeres lxs sujetos del feminismo decolonial o también otras corporalidades pueden encarnar esta propuesta política, teórica y vital? ¿Cuál es el rol del feminismo decolonial en las manifestaciones populares que, antes de la pandemia, explotaron en varios sitios del Abya Yala (América)? -Reseña de la Editorial Traficantes.  Feminismo de barrio – Mikkie Kendall  De acuerdo con el libro, el movimiento feminista actual tiene, paradógicamente, un punto ciego evidente: las mujeres. El texto discute el hecho de que la corriente principal del feminismo excluye de sus discusiones temas como la inseguridad alimentaria, el acceso a una educación de calidad, los barrios seguros, un salario digno y la atención médica de las mujeres.  AFÁN. Raza, género y política cultural – bell hooks  Afán reúne una amplia serie de ensayos sobre género, raza, medios de comunicación y crítica cultural. La teórica feminista y activista negra, Bell hooks aparece así como crítica cultural, escritora, profesora e hija de un tiempo en el que la revisión de las políticas de segregación no dio lugar a un mundo con menor discriminación, sino más bien todo lo contrario. Lo que unifica este complejo collage es sin duda el profundo afán de hooks por transformar y acabar con las estructuras de dominación. La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género La invención de las mujeres es, sencillamente, un libro fascinante, desafiante y de obligada lectura para los feminismos descoloniales de la Abya Yala. A través de una arqueología de los discursos, la autora documenta cómo y por qué se implantó «el género» en la sociedad Yorùbá del suroeste de Nigeria, que fue colonizada por los ingleses desde 1862.  -Reseña de la librería Utópicas. 

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El estremecedor relato de una médica víctima de racismo en un hospital de Cali

*Esta denuncia fue recibida por medio de las plataformas de contacto de ILEX Acción Jurídica. Compartimos este testimonio con la autorización de la víctima. “El paciente ingresó al hospital alrededor de las tres de la mañana. Tenía una herida en la mano derecha que necesitaba ser suturada y que al parecer había sido realizada con una navaja. Cuando ingresó al consultorio realizó gestos ofensivos y respondió todas las preguntas de la historia clínica de una forma grosera. Supuse que no quería que lo atendiera una médica negra  como yo. Cuando le estaba realizando la sutura de la herida, el señor se alteró y me dijo que lo estaba atendiendo de forma “horrible”. En cierto punto percibí que estaba dispuesto a pegarme, a agredirme físicamente. Cuando el vigilante del hospital le llamó la atención, el paciente respondió: “¿Qué es lo que estás diciendo negro inmundo?”. Después de escuchar ese insulto, le dije al vigilante que sacara al paciente del consultorio porque no iba a tolerar sus comentarios racistas. El señor aseguró que yo era una “loca” porque no quería atenderlo, a lo que respondí que así como él tiene sus derechos, también tiene deberes como paciente, entre ellos, respetar al personal de la salud. Finalmente, el paciente fue atendido por otra doctora de la institución.  Días después me citaron para revisar el caso de ese paciente. El señor interpuso una queja verbal en la gerencia del hospital en la que aseguró que el vigilante, el camillero y yo (todos afrodescendientes) lo atendimos de forma “horrible”.  La coordinadora del hospital revisó las anotaciones que yo había hecho en la historia clínica, leyó los relatos de las personas que presenciaron el hecho y aseguraron que el paciente fue grosero y que estaba con una actitud hostil  desde que ingresó. Esta experiencia fue muy dolorosa. Las médicas negras estamos expuestas a muchas situaciones de racismo por parte de  pacientes, colegas y profesores. Las personas ven nuestro color de piel y creen que somos enfermeras, auxiliares, camilleras, pero nunca médicas. Genera mucha impotencia tener que atender todos los días a pacientes racistas que nos tratan de forma despectiva y nos insultan solo por nuestro color de piel. Si has sido víctima de racismo y quieres reportar tu caso para recibir acompañamiento, coméntanos tu caso haciendo clic en el  botón denuncia. 

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¿Qué está pasando en el barrio San Francisco de Cartagena?

De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas La comunidad del barrio San Francisco y organizaciones de derechos humanos en Cartagena denunciaron que fueron víctimas de acciones violentas y abusivas por parte de 12 miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía de la ciudad.  Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre y, según manifestó la comunidad, los hombres armados golpearon y trataron de forma violenta a tres mujeres durante un “falso operativo”, una de ellas menor de edad. De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas de este territorio que ha sido criminalizado y militarizado desde el inicio de la pandemia por el Covid-19.  Desde ILEX Acción Jurídica reprochamos estas graves vulneraciones a los derechos humanos y nos sumamos al llamado de la comunidad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el caso y la protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH en la comunidad. Insistimos en la necesidad de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar, que responda a un plan de emergencia de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para reducir los altos  niveles de violación de derechos humanos en la zona. Aquí puedes leer el comunicado completo:

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El escrache y la injusticia epistémica 

El escrache tiene sentido  como forma de justicia testimonial, en tanto  mecanismo de respuesta a la violencia sistémica  contra las mujeres. Análisis. Escrito por: Sibelys Mejía Rodríguez*, directora del área de Litigio de ILEX Acción Jurídica. *Este artículo fue publicado originalmente en la edición número 105 de la revista Cien Días vistos por Cinep. Introducción  En el presente texto, retomo una reflexión que  había abandonado hace unos meses. Regreso a ella  con ocasión de la sentencia T-061 de febrero de  2022, en la que la Corte Constitucional decide la  tutela promovida por un docente de la Universidad  Nacional de Colombia, pidiendo la protección de  sus derechos al buen nombre y a la intimidad. No  me referiré a los hechos de esta sentencia, ya que  esta solo ha sido una excusa para abordar nueva mente un tema que había interrumpido. Aquí  abordaré el escrache, apelando a una propuesta de  lectura de Miranda Fricker, y para defender el  escrache como un mecanismo de protesta y de visibilización ante las violencias institucionalizadas  que, muchas veces, terminan replicando las violen cias que piden ser atendidas.   En su libro Injusticia epistémica, Miranda Fricker  ofrece un marco conceptual para describir aquellos  agravios que ocurren cuando la gente produce y  circula conocimiento. Según su propuesta, habría  dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y  la hermenéutica. La primera ocurre cuando una  persona recibe menos credibilidad, como resultado  de un prejuicio identitario negativo por parte de  quien la escucha; la segunda injusticia se refiere a  una brecha en el conocimiento que no le permite a  la gente comprender su experiencia social (Fricker,  2017).   La propuesta de Fricker me hizo pensar en el  escrache. Es una estrategia de denuncia pública y  de presión social contra los perpetradores de actos  reprochables, así como para aliviar a las víctimas  (Tapia Jáuregui, 2020). En los últimos años lo han venido usando colectivos o movimientos  feministas, generalmente para enfrentar el  silenciamiento al que se ven sometidas las mujeres  que son víctimas de violencia sexual, es decir, como  un mecanismo de exposición en redes sociales o en  espacios públicos de los agresores en casos de  violaciones, maltratos, acosos o abusos. Podría  decirse que es una estrategia para interrumpir la  injusticia testimonial que pesa sobre las mujeres.  Sin embargo, al intentar analizar con detalle los  dilemas que ha suscitado esta práctica desde la  propuesta de Fricker, me encontré algunos límites.  En este ensayo describo cuáles son, y propongo  algunas ideas para superarlos, con el fin de nutrir el  concepto de injusticia testimonial.  Entre el escrache y el debido proceso  A finales de 2018, en los pasillos, baños y salones de  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional (sede Bogotá), comenzaron a  aparecer grafitis o pintas en las paredes, en los que  se acusaba a estudiantes y profesores de ser  acosadores sexuales. Algunas solo eran denuncias  abstractas, pero otras listaban con nombre propio a  los presuntos agresores o especificaban los hechos  con detalles. Esto fue una ola de escraches. Varias  organizaciones estudiantiles de mujeres habían  comenzado a manifestarse mediante esta práctica,  pues los canales institucionales de la Universidad  no les estaban brindado el apoyo que necesitaban  para enfrentar la violencia sexual. Así que optaron  por usar la exposición social y la denuncia pública.  Considero que las causas de la deficiente atención  institucional son muchas, y entre ellas podría  ubicarse la injusticia testimonial: se le resta  credibilidad a las mujeres que denuncian. Estas  palabras de una las estudiantes de la Facultad, lo  ilustra:  Yo fui a poner una denuncia, para lo del  Protocolo de Género, porque pues yo quería  denunciar a alguien por algo que hizo, y fue un  embolate. Y luego denuncio y me comienzan a  preguntar “pero mira, ¿qué hiciste?, ¿por qué?,  ¿cómo lo hiciste?, ¿pero tú sí querías?, ¿tú  estabas segura que no querías?” Entonces yo  siento que esa inoperancia todo el tiempo  hace que uno diga ¿para qué denuncio? Y  “¿para qué denuncio” se conlleva a que tu sigas  callada y que el man siga, y el man siga… (Flujo  Audiovisual Universidad Externado, 2019).  A las denunciantes se les cuestionan los detalles de  la agresión en su contra, por ejemplo, con soporte  en estereotipos dominantes según los cuales las  mujeres pueden acusar falsamente a los hombres  por venganza o por llamar la atención (Gamero,  2018; Rodríguez Peñaranda, 2018). Así, el escrache  es defendido como un mecanismo para que la voz  de las mujeres sea escuchada, en lugar de  silenciarse en las oficinas de las burocracias. ¿Esta  forma de denuncia social sería una estrategia para  combatir la injusticia testimonial?   En la polémica que siguió a estas manifestaciones,  algunos miembros de la comunidad universitaria,  incluyendo a presuntos acosadores denunciados,  criticaron los escraches porque no respetaban la  presunción de inocencia y el debido proceso, ya  que quienes aparecen en las listas no tienen la  misma posibilidad de contrastar las versiones de  las supuestas víctimas, por lo que a las mujeres se  les daría un exceso de credibilidad cuando  exponen sus casos, en contraste con el rechazo y el  estigma que reciben los hombres acusados,  independientemente del contenido de su versión.  Esta reacción frente a los escraches alega que  existe una injusticia epistémica en contra de los  hombres denunciados, ya que su credibilidad se ve  reducida por el hecho de ser presentados como acosadores.   Los temores de este sector que defiende el debido  proceso de los acusados no son infundados.  Existen casos de mujeres que han realizado falsas  denuncias, lo que le ha generado mucho daño a  quienes han sido injustamente acusados y a sus  familias (Semana, 2021; Rodríguez, 2019; Semana,  2015). Sin embargo, también es cierto que los casos  de falsas denuncias son muy pocos, en  comparación con las acusaciones que han sido  confirmadas, así como si se les contrasta con la  enorme cantidad de casos de violencia sexual que  no llegan a ser denunciados (Kauffman, 2015). Pero  entonces, ¿cómo sabemos quién está siendo  víctima de injusticia epistémica cuando alguien es  acusado en un escrache? ¿Cómo sabemos que el  hombre acusado no está entre los excepcionales  casos

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Las claves del proyecto de ley que busca el ‘reconocimiento, perdón y reparación histórica’ de la población afrocolombiana

El pasado 26 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley que busca el perdón, reconocimiento y reparación en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes y estructurado con base en los hallazgos y recomendaciones del informe defensorial ‘Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo’. Además, contó con los  aportes de las comunidades, líderes y lideresas, expertos, académicos y representantes de organizaciones afrodescendientes.  Con la propuesta legislativa se busca que se adopten “medidas especiales de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y combatir el racismo y la discriminación racial que afecta a estas comunidades”. Una de las principales pretensiones del proyecto es que el Estado y la sociedad en general reconozcan  y se comprometan con los “actos materiales y simbólicos de perdón en favor del pueblo afrocolombiano, por los injustos y dolorosos hechos del pasado que los han puesto en desventaja”. También se busca que se adopten medidas efectivas para garantizar los derechos del pueblo afrocolombiano, la visibilización de sus contribuciones a la construcción de la nación y que se promuevan acciones permanentes tendientes a incentivar gestos de perdón y reconciliación por actos de racismo.  (Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina) En cuanto a las medidas que se implementarían con la nueva “política estatal de reconocimiento, perdón y reparación histórica”, el proyecto señala que se deberán realizar actos públicos de petición de perdón por parte de las tres ramas del poder público,  promover el acceso equitativo al empleo público y privado, y a la educación, especialmente en el nivel superior.  El articulado también propende por la participación equitativa de la población afro en el Plan Nacional de Desarrollo, el acceso a medios de comunicaciones oficiales y la “reconstrucción de la memoria patria reivindicando los aportes del pueblo afrocolombiano”, mediante la inclusión de estos elementos en los textos escolares.  Cabe señalar que para la elaboración de las normas que se desarrollen de esta ley, el Gobierno Nacional deberá consultar a la población afrocolombiana a través de las autoridades y organizaciones representativas, siguiendo los parámetros del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y dando cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada.  Este proyecto de ley se presentó con el acompañamiento de varios representantes a la Cámara, entre ellos algunos afrodescendientes y pertenecientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Desde ILEX Acción Jurídica seguiremos exigiendo al Estado colombiano la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, que ayuden a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente del país.

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