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El estremecedor relato de una médica víctima de racismo en un hospital de Cali

*Esta denuncia fue recibida por medio de las plataformas de contacto de ILEX Acción Jurídica. Compartimos este testimonio con la autorización de la víctima. “El paciente ingresó al hospital alrededor de las tres de la mañana. Tenía una herida en la mano derecha que necesitaba ser suturada y que al parecer había sido realizada con una navaja. Cuando ingresó al consultorio realizó gestos ofensivos y respondió todas las preguntas de la historia clínica de una forma grosera. Supuse que no quería que lo atendiera una médica negra  como yo. Cuando le estaba realizando la sutura de la herida, el señor se alteró y me dijo que lo estaba atendiendo de forma “horrible”. En cierto punto percibí que estaba dispuesto a pegarme, a agredirme físicamente. Cuando el vigilante del hospital le llamó la atención, el paciente respondió: “¿Qué es lo que estás diciendo negro inmundo?”. Después de escuchar ese insulto, le dije al vigilante que sacara al paciente del consultorio porque no iba a tolerar sus comentarios racistas. El señor aseguró que yo era una “loca” porque no quería atenderlo, a lo que respondí que así como él tiene sus derechos, también tiene deberes como paciente, entre ellos, respetar al personal de la salud. Finalmente, el paciente fue atendido por otra doctora de la institución.  Días después me citaron para revisar el caso de ese paciente. El señor interpuso una queja verbal en la gerencia del hospital en la que aseguró que el vigilante, el camillero y yo (todos afrodescendientes) lo atendimos de forma “horrible”.  La coordinadora del hospital revisó las anotaciones que yo había hecho en la historia clínica, leyó los relatos de las personas que presenciaron el hecho y aseguraron que el paciente fue grosero y que estaba con una actitud hostil  desde que ingresó. Esta experiencia fue muy dolorosa. Las médicas negras estamos expuestas a muchas situaciones de racismo por parte de  pacientes, colegas y profesores. Las personas ven nuestro color de piel y creen que somos enfermeras, auxiliares, camilleras, pero nunca médicas. Genera mucha impotencia tener que atender todos los días a pacientes racistas que nos tratan de forma despectiva y nos insultan solo por nuestro color de piel. Si has sido víctima de racismo y quieres reportar tu caso para recibir acompañamiento, coméntanos tu caso haciendo clic en el  botón denuncia. 

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¿Qué está pasando en el barrio San Francisco de Cartagena?

De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas La comunidad del barrio San Francisco y organizaciones de derechos humanos en Cartagena denunciaron que fueron víctimas de acciones violentas y abusivas por parte de 12 miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía de la ciudad.  Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre y, según manifestó la comunidad, los hombres armados golpearon y trataron de forma violenta a tres mujeres durante un “falso operativo”, una de ellas menor de edad. De acuerdo con la denuncia, los sujetos armados también realizaron detenciones arbitrarias, destruyeron inmuebles y amenazaron a las lideresas de este territorio que ha sido criminalizado y militarizado desde el inicio de la pandemia por el Covid-19.  Desde ILEX Acción Jurídica reprochamos estas graves vulneraciones a los derechos humanos y nos sumamos al llamado de la comunidad para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el caso y la protección especial de lideresas y líderes que trabajan en defensa de DDHH en la comunidad. Insistimos en la necesidad de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Humanitario y No Militar, que responda a un plan de emergencia de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para reducir los altos  niveles de violación de derechos humanos en la zona. Aquí puedes leer el comunicado completo:

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El escrache y la injusticia epistémica 

El escrache tiene sentido  como forma de justicia testimonial, en tanto  mecanismo de respuesta a la violencia sistémica  contra las mujeres. Análisis. Escrito por: Sibelys Mejía Rodríguez*, directora del área de Litigio de ILEX Acción Jurídica. *Este artículo fue publicado originalmente en la edición número 105 de la revista Cien Días vistos por Cinep. Introducción  En el presente texto, retomo una reflexión que  había abandonado hace unos meses. Regreso a ella  con ocasión de la sentencia T-061 de febrero de  2022, en la que la Corte Constitucional decide la  tutela promovida por un docente de la Universidad  Nacional de Colombia, pidiendo la protección de  sus derechos al buen nombre y a la intimidad. No  me referiré a los hechos de esta sentencia, ya que  esta solo ha sido una excusa para abordar nueva mente un tema que había interrumpido. Aquí  abordaré el escrache, apelando a una propuesta de  lectura de Miranda Fricker, y para defender el  escrache como un mecanismo de protesta y de visibilización ante las violencias institucionalizadas  que, muchas veces, terminan replicando las violen cias que piden ser atendidas.   En su libro Injusticia epistémica, Miranda Fricker  ofrece un marco conceptual para describir aquellos  agravios que ocurren cuando la gente produce y  circula conocimiento. Según su propuesta, habría  dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y  la hermenéutica. La primera ocurre cuando una  persona recibe menos credibilidad, como resultado  de un prejuicio identitario negativo por parte de  quien la escucha; la segunda injusticia se refiere a  una brecha en el conocimiento que no le permite a  la gente comprender su experiencia social (Fricker,  2017).   La propuesta de Fricker me hizo pensar en el  escrache. Es una estrategia de denuncia pública y  de presión social contra los perpetradores de actos  reprochables, así como para aliviar a las víctimas  (Tapia Jáuregui, 2020). En los últimos años lo han venido usando colectivos o movimientos  feministas, generalmente para enfrentar el  silenciamiento al que se ven sometidas las mujeres  que son víctimas de violencia sexual, es decir, como  un mecanismo de exposición en redes sociales o en  espacios públicos de los agresores en casos de  violaciones, maltratos, acosos o abusos. Podría  decirse que es una estrategia para interrumpir la  injusticia testimonial que pesa sobre las mujeres.  Sin embargo, al intentar analizar con detalle los  dilemas que ha suscitado esta práctica desde la  propuesta de Fricker, me encontré algunos límites.  En este ensayo describo cuáles son, y propongo  algunas ideas para superarlos, con el fin de nutrir el  concepto de injusticia testimonial.  Entre el escrache y el debido proceso  A finales de 2018, en los pasillos, baños y salones de  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional (sede Bogotá), comenzaron a  aparecer grafitis o pintas en las paredes, en los que  se acusaba a estudiantes y profesores de ser  acosadores sexuales. Algunas solo eran denuncias  abstractas, pero otras listaban con nombre propio a  los presuntos agresores o especificaban los hechos  con detalles. Esto fue una ola de escraches. Varias  organizaciones estudiantiles de mujeres habían  comenzado a manifestarse mediante esta práctica,  pues los canales institucionales de la Universidad  no les estaban brindado el apoyo que necesitaban  para enfrentar la violencia sexual. Así que optaron  por usar la exposición social y la denuncia pública.  Considero que las causas de la deficiente atención  institucional son muchas, y entre ellas podría  ubicarse la injusticia testimonial: se le resta  credibilidad a las mujeres que denuncian. Estas  palabras de una las estudiantes de la Facultad, lo  ilustra:  Yo fui a poner una denuncia, para lo del  Protocolo de Género, porque pues yo quería  denunciar a alguien por algo que hizo, y fue un  embolate. Y luego denuncio y me comienzan a  preguntar “pero mira, ¿qué hiciste?, ¿por qué?,  ¿cómo lo hiciste?, ¿pero tú sí querías?, ¿tú  estabas segura que no querías?” Entonces yo  siento que esa inoperancia todo el tiempo  hace que uno diga ¿para qué denuncio? Y  “¿para qué denuncio” se conlleva a que tu sigas  callada y que el man siga, y el man siga… (Flujo  Audiovisual Universidad Externado, 2019).  A las denunciantes se les cuestionan los detalles de  la agresión en su contra, por ejemplo, con soporte  en estereotipos dominantes según los cuales las  mujeres pueden acusar falsamente a los hombres  por venganza o por llamar la atención (Gamero,  2018; Rodríguez Peñaranda, 2018). Así, el escrache  es defendido como un mecanismo para que la voz  de las mujeres sea escuchada, en lugar de  silenciarse en las oficinas de las burocracias. ¿Esta  forma de denuncia social sería una estrategia para  combatir la injusticia testimonial?   En la polémica que siguió a estas manifestaciones,  algunos miembros de la comunidad universitaria,  incluyendo a presuntos acosadores denunciados,  criticaron los escraches porque no respetaban la  presunción de inocencia y el debido proceso, ya  que quienes aparecen en las listas no tienen la  misma posibilidad de contrastar las versiones de  las supuestas víctimas, por lo que a las mujeres se  les daría un exceso de credibilidad cuando  exponen sus casos, en contraste con el rechazo y el  estigma que reciben los hombres acusados,  independientemente del contenido de su versión.  Esta reacción frente a los escraches alega que  existe una injusticia epistémica en contra de los  hombres denunciados, ya que su credibilidad se ve  reducida por el hecho de ser presentados como acosadores.   Los temores de este sector que defiende el debido  proceso de los acusados no son infundados.  Existen casos de mujeres que han realizado falsas  denuncias, lo que le ha generado mucho daño a  quienes han sido injustamente acusados y a sus  familias (Semana, 2021; Rodríguez, 2019; Semana,  2015). Sin embargo, también es cierto que los casos  de falsas denuncias son muy pocos, en  comparación con las acusaciones que han sido  confirmadas, así como si se les contrasta con la  enorme cantidad de casos de violencia sexual que  no llegan a ser denunciados (Kauffman, 2015). Pero  entonces, ¿cómo sabemos quién está siendo  víctima de injusticia epistémica cuando alguien es  acusado en un escrache? ¿Cómo sabemos que el  hombre acusado no está entre los excepcionales  casos

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Las claves del proyecto de ley que busca el ‘reconocimiento, perdón y reparación histórica’ de la población afrocolombiana

El pasado 26 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley que busca el perdón, reconocimiento y reparación en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes y estructurado con base en los hallazgos y recomendaciones del informe defensorial ‘Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo’. Además, contó con los  aportes de las comunidades, líderes y lideresas, expertos, académicos y representantes de organizaciones afrodescendientes.  Con la propuesta legislativa se busca que se adopten “medidas especiales de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en el reconocimiento, perdón y reparación histórica en favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y combatir el racismo y la discriminación racial que afecta a estas comunidades”. Una de las principales pretensiones del proyecto es que el Estado y la sociedad en general reconozcan  y se comprometan con los “actos materiales y simbólicos de perdón en favor del pueblo afrocolombiano, por los injustos y dolorosos hechos del pasado que los han puesto en desventaja”. También se busca que se adopten medidas efectivas para garantizar los derechos del pueblo afrocolombiano, la visibilización de sus contribuciones a la construcción de la nación y que se promuevan acciones permanentes tendientes a incentivar gestos de perdón y reconciliación por actos de racismo.  (Te recomendamos leer: Política fiscal y justicia racial: el desafío de transformar las realidades de la población afro en América Latina) En cuanto a las medidas que se implementarían con la nueva “política estatal de reconocimiento, perdón y reparación histórica”, el proyecto señala que se deberán realizar actos públicos de petición de perdón por parte de las tres ramas del poder público,  promover el acceso equitativo al empleo público y privado, y a la educación, especialmente en el nivel superior.  El articulado también propende por la participación equitativa de la población afro en el Plan Nacional de Desarrollo, el acceso a medios de comunicaciones oficiales y la “reconstrucción de la memoria patria reivindicando los aportes del pueblo afrocolombiano”, mediante la inclusión de estos elementos en los textos escolares.  Cabe señalar que para la elaboración de las normas que se desarrollen de esta ley, el Gobierno Nacional deberá consultar a la población afrocolombiana a través de las autoridades y organizaciones representativas, siguiendo los parámetros del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y dando cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada.  Este proyecto de ley se presentó con el acompañamiento de varios representantes a la Cámara, entre ellos algunos afrodescendientes y pertenecientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Desde ILEX Acción Jurídica seguiremos exigiendo al Estado colombiano la implementación de políticas fiscales progresivas, con enfoque étnico-racial, que ayuden a la reducción de la desigualdad, la pobreza y a la materialización de las reparaciones históricas hacia la población afrodescendiente del país.

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Conectividad en los territorios afros: ¿un derecho o un privilegio?

De acuerdo al más reciente ranking de países con mayor cobertura de acceso a internet, Colombia se encuentra en la posición número 27 en una lista de 100 países analizados, ubicándose un lugar debajo de Argentina y trece, por encima de naciones latinoamericanas como Venezuela y Perú. Pensaríamos entonces que el país tiene una población que, a pesar de las dificultades sociales y económicas, cuenta con amplia cobertura de internet.    El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC),  a corte del último trimestre de 2021, informó que Colombia superó las 46,5 millones de conexiones a internet con acceso fijo por encima de la meta trazada (45 millones). Es decir, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 16,53 a diciembre de 2021, frente a la tasa de 15,5 registrada en el 2020.  Al revisar cómo se encuentran los departamentos con población mayormente afro en lo que refiere a la conectividad, encontramos que según las estadísticas del  DANE (2018), los niveles de acceso a internet en Valle del Cauca (46%), Chocó(15%), Nariño (5%), Bolívar (21%), y Antioquía (34%), son inferiores a la tasa de conectividad registrada en Bogotá (72%), Cundinamarca (54%), Santander (61%) y Risaralda (54%).  El panorama de la población afrodescendiente en este escenario resulta bastante limitante, pues solo el 26,3% de esta población tiene acceso a internet (Dane, 2019). Esto, propio del abandono, ausencia de Estado y falta de infraestructura que se ha dado históricamente en estos territorios.  La situación de inequidad es mucho desalentadora si se voltea la mirada hacia el 33,3% de la población afrodescendiente que habita en territorios rurales, según el Dane (2020). De acuerdo con las estadísticas de esa entidad, tan solo el  23,8% de estos hogares cuentan con acceso a internet. La cifra es casi tres veces inferior a la tasa de cobertura en las zonas urbanas: 66,5%.   En Bolívar, mientras la zona urbana cuenta con un 31% de conectividad a internet, en las zonas rurales la cobertura sólo llega a ser del 2%. Más al sur del país, en Nariño, la cobertura de internet en cabeceras municipales es del 9 % y en las zonas rurales llega a ser de un alarmante 1%.  Estas cifras no solo nos dan a conocer las enormes brechas digitales que existen en el país, sino que además representan obstáculos frente a los nuevos escenarios de desarrollo y competitividad, en otras palabras, imposibilita que las personas afrocolombianas accedan a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, información, entre otros.  De acuerdo con el DANE (2018),  solo el 14% de la población negra en Colombia cuenta con educación superior y la mayoría (31,3%) solo culminó estudios de básica primaria. A esta preocupante radiografía se suma el hecho de que, según la CEPAL (2020), el 47,8% de las personas afrocolombianas se encuentran bajo la línea de pobreza.   En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, emitida por Naciones Unidas, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se afirma que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el derecho a la libertad expresión y asegurar el respeto de derechos como la educación, salud y trabajo.  Que los territorios y poblaciones afros puedan estar conectados no solo abre oportunidades, sino que también da la posibilidad de que se garanticen los derechos fundamentales de esta población y se pueda obtener un balance de movilidad social igualitaria y equitativo frente al resto del país. 

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¿Qué está pasando en Buenaventura?

Los enfrentamientos entre las grupos armados locales mantienen confinados y en medio de la zozobra a miles de personas en la zona de Baja Mar del Distrito.  Este martes, unidades de la policía de Buenaventura fueron hostigadas por más de dos horas por grupos al margen de la ley, en los barrios Kennedy, San Luis y Juan XXIII.  “En el marco de las confrontaciones que se viene librando por parte de los “Shotas” y los “Espartanos” de la organización multicrimen la “Local”. (…) En el barrio Juan XXIII del Distrito de Buenaventura se presentó un intercambio de disparos entre estas dos estructuras (…) por lo cual se genera una oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y la Armada Nacional que permitió oportunamente las circunstancias protegiendo la vida e integridad de los moradores”, manifestó en un comunicado Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura.  Así reportaron la emergencia algunos/as  lideres/as de la ciudad en sus redes sociales:  Los Shotas y Los Espartanos son dos facciones armadas de La Local,  un grupo multicrimen descendiente de las estructuras narco-paramilitares que cooptaron y formaron a toda una generación de niños y niñas bonaverenses en las lógicas de la guerra desde mediados de la década del 2000. Estas bandas también han capitalizado el resentimiento, la rabia o el ánimo de venganza de algunos jóvenes cuyos familiares o amigos han sido víctimas del mismo ciclo de violencia. “Ante la ausencia de oportunidades educativas y de empleo en la ciudad, los actores armados se convirtieron en los principales agentes socializadores para estas nuevas generaciones de bonaverenses”, señala la Comisión de la Verdad.  De acuerdo con la Defensoría, en el último año, tanto Los Shotas como Los Espartanos han incrementado sus presiones para que niños, niñas y adolescentes se unan a cada una de las organizaciones criminales.  Estos grupos ejercen control territorial en 40 barrios y nueve veredas donde se disputan el control de las rutas del narcotráfico, cobran extorsiones y envían mensajes a través de homicidios selectivos y actos de violencia basada en género. Los reportes de las autoridades señalan que en Buenaventura también hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Comando Coordinador de Occidente, a través de la Columna Móvil Jaime Martínez, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Fuerza Unida del Pacífico (FUP) y Defensores del Pacífico.   Exigimos al Estado desarrollar acciones efectivas para garantizar la “vida digna”, la seguridad y los derechos humanos de la población afro de Buenaventura.  Reitaramos que Estado Colombiano tiene la tarea de impulsar políticas públicas antirracistas, que promuevan la igualdad material y la desarticulación de  las formas sistemáticas de violencia que afectan a la población afrodescendiente, sobre todo a los jóvenes.

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Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes

Conferencia dictada por Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, durante la Semana De La Inclusión Trust. En el marco de la Semana De La Inclusión Trust, Daniel Gómez Mazo, abogado fundador de ILEX Acción Jurídica, dictó la conferencia “Racialización del trabajo en Colombia: aproximación a las experiencias de empleabilidad de profesionales afrodescendientes.” En el espacio se abordaron las principales barreras que las personas afrodescendientes experimentan en el acceso al trabajo en el país y América Latina. Te invitamos a ver la conferencia completa:

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Resistir no es aguantar: 8 hallazgos del capítulo Étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad presentó este 2 de agosto ‘Resistir no es aguantar’, el capítulo Étnico del Informe Final que da cuenta de lo acontecido durante más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Este capítulo recoge los relatos dolorosos escuchados por los y las comisionadas en los territorios de los pueblos indígenas, ROM y afrodescendientes del país. El capítulo evidencia cómo el racismo estructural, la invisibilidad estatal y la ausencia de garantías de seguridad fueron cómplices para la perpetuación del conflicto en estos pueblos. Compartimos ocho de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en este capítulo del Informe Final: “El trato colonial y el racismo estructural vivido por los pueblos étnicos en Colombia a lo largo de un continuum de violencias en que el Estado, por acción u omisión, ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminar ni revictimizar a ningún sector de la población, ya sea por su color de piel, pertenencia étnica o ubicación en la geografía nacional”.  “El trato colonial persiste en pensamientos, discursos y prácticas basados en el proyecto identitario europeo que subordina a otras culturas para disolverlas dentro de sí […] El continuum de violencias contra los pueblos étnicos fue asimilado y replicado en el accionar de los grupos armados en el conflicto armado y causó daños e impactos desproporcionados”.  De acuerdo con la Comisión, existen por lo menos diecisiete corredores del conflicto armado en  territorios étnicos: “Estos corredores son dinámicos y han constituido el epicentro de la confrontación de los grupos armados que disputan las rentas de seguridad para desarrollar economías extractivas legales e ilegales”.  “El trato colonial y el racismo estructural están expresados en la invisibilidad de información estadística sobre los pueblos étnicos, narrativas del conflicto armado y la violencia histórica, lo que ha impedido a la sociedad colombiana, bajo su propia voz y análisis, conocer la realidad de la historia de los pueblos étnicos y la dimensión de las violencias y daños sufridos en el marco del conflicto armado”.  La Comisión explica que la barbarie del conflicto armado y las violencias históricas contra los pueblos étnicos han generado “graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización, y al territorio”. “El territorio y la naturaleza fueron víctimas del conflicto armado. Estos sufrieron múltiples daños y fueron profanados por el accionar violento de los grupos armados en asocio con sectores económicos o políticos que se beneficiaron del conflicto armado”. “Las violencias continuas contra los pueblos indígenas u originarios evidencian prácticas recurrentes que permiten la imposición cultural mediante procesos de invasión, ocupación del territorio y sometimiento de las comunidades y de sus miembros, lo que contribuye, en el marco del conflicto armado, al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas”. Par la Comisión, la “negación del ser al pueblo negro”, es decir, la privación de sus derechos a un territorio, a una cultura y a una nación libre de discriminación racial, ha sometido a esta población, en el marco del conflicto armado, a “ciclos desproporcionados de desterritorialización, ocupación de territorios, despojo y desprotección”. 

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La masacre de Melilla y las políticas fronterizas de la muerte

El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural. La masacre de al menos 23 ciudadanos africanos en la valla fronteriza de Melilla (España) el pasado 24 de junio de 2022, es otra dolorosa muestra de las políticas migratorias de la muerte que rigen los pasos fronterizos hacia el “primer mundo”.  Las cruentas  imágenes del hecho muestran a decenas de hombres africanos tendidos en el suelo, en condiciones inhumanas, después de ser asesinados por los agentes del orden cuando intentaban cruzar la valla fronteriza de Mellilla. De acuerdo con la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, de las 2.000 personas que se acercaron ese día a las inmediaciones de España, 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, consiguieron llegar y ahora se encuentran recluidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Otros inmigrantes fueron devueltos de forma violenta e ilegal, lo cual representa una clara vulneración a la legislación internacional de derechos humanos.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo incluir el enfoque étnico y de género en la actuación de la Policía?) En una carta enviada a las Naciones Unidas, firmada por ILEX Acción Jurídica y otras 63 organizaciones de la sociedad civil, advertimos que las fuerzas del orden marroquíes, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, “violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. “Violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural donde la supremacía blanca como ideología establece nuestro valor, nuestra humanidad. Las organizaciones denunciamos que “la forma en que se despojan de los derechos humanos básicos de determinados grupos raciales y étnicos se justifica bajo el “control” de la migración eludiendo las leyes antidiscriminatorias y el derecho internacional de los derechos humanos bajo la garantía de la seguridad en suelo europeo”.  Miembros del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (MIEI) de la ONU calificaron la masacre de Melilla como un hecho “gravemente preocupante” y recalcaron que “todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la  ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad,  proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”.  Los expertos solicitaron a los gobiernos de España y Marruecos información detallada  sobre el incidente y sobre parámetros internos en cuanto al uso de la fuerza y las medidas adoptadas para garantizar que  no se repita una situación similar en estas álgidas fronteras.  Más que preocupante, el panorama es aterrador. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014 más de 34.000 migrantes han muerto en su travesía hacia los países del “Norte Global”, de ese total, casi 24.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo.  Las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones del “Norte Global” se han transformado en escenarios de barbarie, deshumanización, abuso de la fuerza, impunidad y criminalización, amparados y aplaudidos por gobernantes que implementan políticas de selección y exclusión de migrantes, en base a criterios jerárquicos de opresión y exterminio  como el origen, la nacionalidad, el género y la raza. En este entramado “necropolítico”, son estas categorías las que terminan por  definir la distancia entre la persona migrante y la bala. (Te recomendamos leer: De Minneapolis a Bogotá) Por ahora, el círculo de migración y despojo pareciera estar lejos de cerrarse. Adriana Estévez, ​​doctora en Derechos Humanos, considera que la migración masiva hacía estos destinos no es más que el  “resultado  residual  de  estrategias  deproducción  capitalista  que  los  necropoderes  utilizan  para  deshacerse  de  la  gente  que  habita  geografías  ricas  en  recursos  naturales  renovables  y  no  renovables mientras se benefician de tecnologías mortales como la violencia criminal y de pandillas, y la violencia sexual y de género, las cuales producen muerte  lucrativa  de  hombres  y  mujeres  diferenciadamente”.  Las fronteras de Europa y Estados Unidos son expresiones de un “necropoder” que deshumaniza, subyuga y distingue formas “válidas” de vida, de muerte y de muerte en vida.

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¿Independencia para quién? 

​La proclamación de la independencia del imperio Español no significó el fin de la esclavitud en Colombia.  Las declaraciones de igualdad y fraternidad escritas por los próceres de la era republicana, herederos del sistema colonial, no contemplaron la libertad de los esclavizados pese a que muchos de estos hicieron parte de los ejércitos libertarios como oficiales o soldados.  Después de recorrer varios puertos caribeños tras la caída del segundo intento de gobierno republicano en 1814, Simón Bolívar viajó a Haití y se comprometió a dejar en libertad a los esclavizados de la nueva república a cambio de la ayuda de un batallón de soldados, municiones y barcos ofrecidos por Alejandro Petión, líder de la revolución afro que conquistó la independencia en 1791, antes que cualquier otra nación de América. Sin embargo, Bolívar no cumplió con su promesa y muchos soldados volvieron a quedar bajo el poder de sus amos después de dejar el alma en la titánica campaña libertadora.  En una carta enviada al director de la Gaceta Real de Jamaica en 1815,  Bolívar justificó sus causas para postergar la libertad de los esclavizados:  “El colono español no oprime a su doméstico con trabajos excesivos: lo trata como a un compañero; lo educa en los principios de moral y de la humanidad, que prescribe la religión de Jesús. […] El esclavo en América española vegeta abandonado en las haciendas, gozando, por decirlo así, de la inacción, de la hacienda de su señor y de una gran parte de los bienes de la libertad. Como la religión le ha persuadido que es un deber sagrado servir, ha nacido y existido en esta dependencia doméstica, se considera en su estado natural, como un miembro de la familia de su amo, a quien ama y respeta. La experiencia nos ha mostrado que, ni aún excitado por los estímulos más seductores, el siervo español no ha combatido contra su dueño; y por el contrario, ha preferido muchas veces la servidumbre pacífica a la rebelión”.  La carta de Bolívar evidencia cómo los próceres criollos estaban más preocupados por conservar los beneficios del sistema colonial, que por garantizar un proyecto de nación humanista, que protegiera los derechos de  todxs.  En Las Claves Mágicas de América, el escritor Manuel Zapata Olivella asegura que “los nuevos amos criollos entendían que el régimen neocolonialista debía contar, al menos por algún tiempo, con la mano esclava […] La libertad de los africanos en América no podría ser un acto de mera actitud filantrópica y de declaración de principios humanitario El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  “La justicia, la política, y la Patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza, he venido en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados”, sentenció Bolívar.  No obstante, los intereses de los dueños de los esclavizados se impusieron sobre la justicia que demandaba la libertad de los antiguos comandantes y soldados esclavizados. Bolívar tampoco utilizó su poder para exigir el cumplimiento del decreto.  La libertad de todas las personas esclavizadas en Colombia fue concedida en 1851, 37 años después de la promesa que Bolívar le hizo a Petión. Aunque se desconoce la cantidad de esclavizados que participaron en la campaña independentista, varias investigaciones señalan que fueron pocos los esclavizados que obtuvieron la libertad después de prestar servicio militar.

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