Por: Sibelys K. Mejía Rodríguez, directora de Movilización Legal y coordinadora de la línea de Territorios, Justicia Ambiental y Paz de ILEX Acción Jurídica
Entre el 24 y el 29 de abril de 2026, en Santa Marta, se celebró la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la que también por primera vez, en un proceso climático global, los pueblos afrodescendientes participaron como una delegación reconocida. Este hecho, en sí mismo, marca un punto de inflexión, pero también expone con claridad una tensión que atraviesa toda la discusión sobre la transición energética. Esta tensión es la respuesta a las preguntas sobre quién decide, quién gana y quién ha cargado históricamente con los impactos del cambio climático y las decisiones sobre las fuentes de energía, así que no se trata de si cambiamos o no las fuentes, se trata de cómo participan en esa decisión muchas comunidades marginadas, y sobre para qué y para quién se realiza ese cambio.
Durante décadas, los territorios afrodescendientes han concentrado actividades extractivas, infraestructura energética y cargas ambientales desproporcionadas. Una realidad vinculada a procesos históricos de colonialismo, despojo y racialización de territorios, que siguen organizando la economía global y las decisiones sobre el cambio climático. Tal como lo manifestamos desde la delegación afrodescendiente: la economía fósil está entrelazada con sistemas de opresión más amplios, y cualquier transición que no los aborde corre el riesgo de reproducirlos.
La evidencia de la mencionada tensión, estuvo presente incluso en el propio proceso de la conferencia. Mientras se reconocía formalmente la participación afrodescendiente, también se registraron exclusiones concretas, como la negación de visas a delegados africanos y la aparente exclusión de los afrodescendientes como grupo en las observaciones de la sesión plenaria de clausura de esta Primera Conferencia y en los preparativos para la Segunda Conferencia en 2027.
Sin embargo, y pese a que estos hechos revelan los límites actuales de la gobernanza climática internacional y la necesidad de transformarla, desde la delegación afrodescendiente que pudo llegar al espacio, realizamos propuestas concretas para la transición, claramente ancladas territorial, histórica y políticamente. Abogamos, entre otras cosas, por el reconocimiento jurídico de los espacios colectivos habitados por comunidades afrodescendientes, tanto en contextos urbanos como rurales, como condición para garantizar decisiones efectivas sobre el territorio; por el fortalecimiento de economías territoriales que sostienen la vida y los ecosistemas, y que pueden reducir la dependencia de actividades extractivas; por el impulso de comunidades energéticas que permitan una participación directa en la generación y gestión de la energía; y por la transformación de la gobernanza climática global, incluyendo el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como sujetos políticos con capacidad de decisión, y la incorporación de conocimientos tradicionales en la formulación de políticas y en la toma de decisiones.
En las discusiones que dimos y propusimos como delegación, también llamamos la atención sobre un elemento que suele quedar fuera del debate: la relación entre transición energética, militarismo y sistemas económicos globales. En muchos contextos, la instalación y operación de infraestructura extractiva ha estado acompañada por presencia militar, regímenes de seguridad especiales y restricciones a la organización comunitaria. Estas condiciones han sido parte fundamental del funcionamiento del modelo energético actual. A lo que se debe sumar el impacto directo de las actividades militares en términos de consumo de combustibles fósiles y emisiones, que con frecuencia no se incorporan en los balances, evaluaciones y compromisos climáticos de los Estados.
Otro elemento es el papel de las mujeres en los territorios, para decir que, además del reconocimiento de los impactos diferenciados, se debe entender su rol en la sostenibilidad de sistemas económicos y sociales propios que han permitido resistir la expansión extractiva y sustentar formas de vida en medio de condiciones adversas, y, por supuesto, la creación de mecanismos robustos que garanticen su participación real en la toma de decisiones.
Finalmente, debatimos sobre la forma en que se estructura el conocimiento en estos escenarios y procesos globales de discusión climática, mediada por lenguajes altamente especializados que tienden a excluir a comunidades cuyos conocimientos son igualmente rigurosos, aunque se expresen en otras formas o con lenguajes menos tecnificados. Esa estructuración, al dejar por fuera información directamente venida de los territorios más afectados por el cambio climático y el modelo energético, limita la participación y empobrece las decisiones tanto en su eficiencia y eficacia como en su legitimidad.
En ese sentido, la discusión sobre transición energética debe revisar las maneras en que se organizan la producción, el comercio, el financiamiento y las decisiones sobre los territorios. Implica también decisiones sobre la reorganización profunda de la economía, del uso de la tierra y los territorios y maretorios, y de las relaciones de poder. Los acuerdos alcanzados en Santa Marta sobre la urgencia de medidas, sobre la necesidad de ir más allá de la discusión de emisiones y la relevancia de la confluencia de esfuerzos globales son un paso importante, pero no resuelven por sí mismos los problemas generados por el modelo de explotación y energético actual. Sin embargo, el éxito de todo esto, y de las demás decisiones y acuerdos que se deben alcanzar, dependen de si se abordan las condiciones que han producido las desigualdades actuales o si estas se mantienen bajo nuevas formas.
Aquí, la participación de la delegación afrodescendiente en Santa Marta al tiempo que simboliza una ampliación de la participación de sectores poblacionales amplia y desproporcionadamente afectados por el cambio climático y el modelo energético, introduce una perspectiva que conecta la crisis climática con procesos históricos de desigualdad, y plantea condiciones concretas para avanzar. Atender a las condiciones en que se toman las decisiones y a quiénes han asumido históricamente sus costos, es parte central de cualquier discusión seria sobre el futuro energético.
