Por: Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica
El viche, la bebida ancestral de los pueblos negros del Pacífico colombiano, atraviesa hoy una situación contradictoria: es legal y tiene reconocimiento como patrimonio cultural, pero al mismo tiempo es sometido a un sistema fiscal que no le permite existir en sus propios términos. Esto significa que, en la práctica, las comunidades que sostienen esta tradición atraviesan una serie de obstáculos para producirlo, transportarlo y comercializarlo. Todo porque la política fiscal no está diseñada para la realidad del viche.
El país dio un paso importante al expedir la Ley 2158 de 2021, reconociendo esta bebida como una práctica ancestral de las comunidades afrodescendientes del Pacífico. Luego avanzó en su reglamentación mediante el Decreto 1456 de 2024, incorporando criterios sobre producción, calidad y salvaguarda cultural. En el papel, esto debería haber abierto una ruta clara para que las comunidades vivan de lo que históricamente han sabido hacer. Pero en la práctica, esa ruta sigue bloqueada.
La política fiscal, que comprende las reglas de tributación, control fiscal, gasto público, entre otros aspectos, está mal diseñada para este tipo de economías. Es decir, el problema radica en que la arquitectura institucional está diseñada históricamente para grandes industrias licoreras y no para economías ancestrales comunitarias, como la del viche. El monopolio rentístico de licores, previsto en la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley 1816 de 2016, fue concebido para regular la producción industrial de bebidas alcohólicas. Su lógica es garantizar el recaudo del impuesto al consumo y controlar la circulación de licores en el territorio.
En este orden, el sistema de rentas opera mediante distintos mecanismos de trazabilidad y control fiscal sobre la producción, almacenamiento y circulación comercial de bebidas alcohólicas. Entre ellos, se encuentran los sistemas de estampillado, almacenamiento autorizado y circulación controlada. Las bebidas alcohólicas sujetas al régimen de monopolio deben contar con estampilla o mecanismo equivalente que acredite el control fiscal y los permisos exigidos por las entidades territoriales. Estos instrumentos permiten de alguna manera verificar la legalidad tributaria y comercial de los productos; cuando esto no se acredita, existen mecanismos de aprehensión y decomiso orientadas a verificar la legalidad tributaria y comercial de los productos dentro del sistema, es decir, no cumplir estos requisitos podría dar lugar a decomiso de productos.
Esto funciona bien cuando se aplica a grandes productores, pero cuando se hace lo mismo con el viche, sin ninguna distinción, se convierte en un mecanismo de exclusión.
Las comunidades productoras no cuentan con la infraestructura, los volúmenes ni la capacidad administrativa para sostener ese modelo. Acceder a estampillas implica entrar al circuito formal del monopolio; operar bodegas exige inversiones y estándares técnicos; tramitar guías requiere estar reconocido dentro del sistema.
Ahí aparece lo que, desde una lectura jurídica y política podríamos llamar una formalización condicionada al sistema fiscal. Porque el viche puede formalizarse, pero no en sus propios términos, sino en la medida en que se somete a este sistema que está diseñado para otra realidad productiva. El problema del viche, entonces, no es la informalidad, sino la existencia de asimetrías regulatorias entre la economía industrial y las economías ancestrales. Es decir, el problema no se reduce a la carga tributaria del producto, sino al modelo de control fiscal y monopolio rentístico bajo el cual opera la circulación de bebidas alcohólicas en Colombia. La formalización no opera como un mecanismo de incorporación económica autónoma de las comunidades productoras, sino como un proceso de subordinación a estructuras preexistentes de intermediación fiscal y comercial.
Esta situación se hace evidente en experiencias recientes de formalización en departamentos como el Chocó, donde, por primera vez, el viche entra de forma legal al circuito económico departamental. En apariencia, esto representa un avance, pero el acceso a ese mercado no es directo para las comunidades porque el ente territorial aún no está preparado. Por ejemplo, en este departamento una licencia de introducción y venta de licores puede superar los dos millones de pesos. En términos prácticos, esto implica trasladar costos de entrada incompatibles con las capacidades económicas de muchas unidades productivas comunitarias y ancestrales. Entonces, ¿Qué le queda a las productoras y productores? Bueno, para cumplir con las exigencias de estampillado, almacenamiento y circulación, las productoras deben vincularse a distribuidores que ya están organizados dentro del sistema. Son estos actores quienes tendrían la capacidad de adquirir estampillas, operar bodegas y gestionar las autorizaciones necesarias.
Las comunidades, en consecuencia, no comercializan y circulan directamente su producto. Deben integrarse a un modelo de negocio definido por terceros, aceptar condiciones que no controlan y ceder parte del valor que generan. El reconocimiento patrimonial del viche no modificó la estructura económica bajo la cual debe operar. Es decir, el Estado reconoció el valor cultural y ancestral del producto, pero no cambió las reglas del juego, aquellas que determinan quién puede participar efectivamente en el mercado.
Desde el derecho fiscal, el sistema está funcionando. Desde una perspectiva de justicia económica, está reproduciendo una relación desigual. La institucionalidad reconoce el viche como patrimonio, como saber ancestral, como oportunidad de desarrollo territorial. Pero cuando ese mismo producto entra al sistema económico, es tratado como cualquier otro licor, sin que exista un puente real entre el reconocimiento cultural y la viabilidad económica. Es decir, hay una brecha entre el reconocimiento de la diversidad que ya hizo el derecho, pero que aún no hace la política fiscal.
Y esa brecha tiene consecuencias: limita la capacidad de las comunidades negras para sostener su actividad productiva, restringe su acceso a mercados y las obliga a depender de intermediarios para operar dentro de la legalidad. En ese contexto, la formalización deja de ser un proceso de fortalecimiento y se convierte en un proceso de subordinación. Cuando un diseño institucional aparentemente neutral produce barreras desproporcionadas sobre economías históricamente racializadas, en este caso el viche, el resultado no es únicamente exclusión económica, sino la reproducción de formas de racismo estructural. El caso del viche es ilustrativo de este fenómeno porque nos muestra cómo un Estado puede avanzar en el reconocimiento jurídico y simbólico sin transformar las condiciones materiales que hacen posible ese reconocimiento.
Este caso plantea una pregunta de fondo: ¿Puede un país que se reconoce diverso sostener un sistema económico que no incorpora esa diversidad en su diseño? La respuesta, por ahora, es no. Mientras la formalización siga condicionada al sistema fiscal existente, el viche seguirá ocupando ese lugar incómodo, reconocido en la ley, reglamentado en el papel, pero limitado en la práctica. La tensión jurídica surge porque el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural no ha sido traducido en un diseño diferenciado del régimen económico y fiscal aplicable a las economías ancestrales.
Y en esa distancia entre lo que el Estado dice y lo que permite, es donde se define realmente quién puede vivir de su conocimiento o innovaciones ambientales y quién no.
Una posible ruta de transformación institucional no pasa por desmontar el sistema fiscal ni eliminar los mecanismos de control sobre bebidas alcohólicas. El problema no es la existencia de regulación, sino la ausencia de un diseño diferencial que reconozca las particularidades culturales, territoriales y productivas del viche ahora en el sistema fiscal. Por ello, el desafío consiste en construir un modelo de formalización compatible con las economías ancestrales y no condicionado exclusivamente a lógicas industriales de producción y comercialización.
En este punto, es necesario crear un régimen diferencial de circulación y comercialización para bebidas ancestrales y tradicionales producidas por comunidades negras. Actualmente, el sistema de monopolio rentístico y control fiscal opera bajo parámetros uniformes pensados para grandes cadenas industriales, lo que genera barreras desproporcionadas para economías comunitarias de pequeña escala. Un régimen diferencial permitiría adaptar requisitos de estampillado, almacenamiento y trazabilidad a la realidad territorial y organizativa de las comunidades productoras, garantizando control estatal sin imponer cargas imposibles de cumplir.
En segundo lugar, resulta necesario desarrollar mecanismos de trazabilidad comunitaria y territorial. Hoy el sistema exige guías de movilización, operadores formalizados bajo estándares empresariales convencionales. Sin embargo, el viche se produce en contextos rurales, colectivos y dispersos, donde las dinámicas de circulación responden a otras formas de organización económica y social. En lugar de trasladar toda la carga de cumplimiento a las comunidades productoras, el Estado podría reconocer sistemas comunitarios de certificación, registros territoriales de productores y esquemas colectivos de almacenamiento y distribución administrados por consejos comunitarios u organizaciones locales.
Asimismo, se requiere una flexibilización regulatoria basada en el principio de proporcionalidad. No todas las economías productivas pueden ser tratadas bajo los mismos criterios administrativos y fiscales. Aplicar idénticos estándares a una industria licorera de gran escala y a una producción ancestral comunitaria desconoce las profundas asimetrías existentes entre ambas formas de producción. Por ello, la regulación debería incorporar criterios de escala, volumen, territorialidad y finalidad cultural, de manera que las obligaciones administrativas y fiscales sean razonables y compatibles con la sostenibilidad económica de las comunidades productoras.
